La semana pasada la Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró inconstitucional el procesamiento contra siete militantes de izquierda y de DDHH: Irma Leites, líder de la agrupación Plenaria Memoria y Justicia, Jorge Zabalza, Patricia Borda, Álvaro Jaume, militante ambientalista, Aníbal Varela, dirigente del sindicato de municipales ADEOM y los activistas Diego y Eduardo Jaume, todos procesados por el delito de asonada (consignado en el artículo 145 del Código Penal), a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa, por lo cual se entiende que se ha procedido a la absolución del cargo que se les imputaba.
2013: año represivo y de persecución contra la izquierda
En febrero de 2013, ante el traslado de la jueza Mota, la cual tenía a cargo la investigación de casos de violación de DDHH en la dictadura, hubo una manifestación pública en la sede de la Suprema Corte de Justicia por considerar que su traslado frenaría las investigaciones. En tal manifestación participaron diversas organizaciones de DDHH, tanto opositoras como oficialistas, la cual terminó en una represión a cargo del oficial Miguel Iraola. Posteriormente los ministros de la Corte, responsables de la decisión del traslado de la jueza y del pedido de desalojo de la manifestación, hicieron una denuncia penal contra siete de los cientos de manifestantes, no por casualidad todos militantes vinculados a sindicatos y organizaciones de izquierda no oficialistas. El trabajo posterior quedó a cargo del fiscal reaccionario Zubía, quien tuvo el cinismo de pedir el procesamiento con prisión de 4 de ellos, y de la jueza Merialdo, quien procesó a los siete militantes de izquierda.
Este suceso abrió un año represivo de persecución contra la izquierda, en un accionar conjunto entre la justicia y el aparato represivo y de criminalización de los luchadores y la izquierda. La policía a través del DOE (Departamento de Operaciones Especiales) - un aparato de espionaje fundado en la dictadura – y bajo la dirección del Ministro del Interior Bonomi (ratificado en el cargo por el gobierno de Vázquez), desplegaron un amplio programa de persecución y hostigamiento contra activistas de DDHH y sociales.
Espionaje uruguayo, al mejor estilo del Proyecto X argentino
La política represiva y de persecución contra la izquierda desplegada desde el estado es comparable al Proyecto X en Argentina, denunciado por variados organismos de DDHH como el CEPRODH y partidos de izquierda en especial el PTS. Solo para hacer un recuento sumario, luego de los sucesos de febrero el DOE se encargó de espiar y perseguir periodistas, militantes de izquierda, docentes de secundaria que en ese año estaban en huelga, detuvieron y torturaron militantes anarquistas en diversas marchas, los cuales fueron sometidos a diversos maltratos y amenazas entre otras irregularidades y abusos. A esto se sumaba la política del Ministerio del Interior contra la juventud pobre mediante los mega-operativos, y el asesinato en noviembre de 2013 de Sergio Lemos, un joven del barrio Santa Catalina, convirtiéndose en un caso emblemático del gatillo fácil.
La impunidad de ayer y de hoy
Pero todo este accionar no fue casual sino que quedó demostrado la continuidad entre la impunidad de los crímenes de la dictadura - con la garantía de los pactos de los grandes partidos del régimen - y la impunidad de la represión hoy día. Asimismo, la negativa del Ministro de Defensa Huidobro de brindar información en los juicios que tenía a su cargo la jueza Mota, e incluso a abrir todos los archivos del Ministerio de Defensa que corresponden a esa época, son ejemplos de impunidad desde la cúpula misma del gobierno “progresista”. El mismo gobierno que instaló una política de reconciliación con las FFAA, a través de declaraciones del en ese momento presidente de la República José Mujica de que “no quería más viejitos presos”. Todo esto puso más que en evidencia el interés de los grandes partidos del régimen de cerrar toda posibilidad de avance en el juicio y castigo a los represores de la dictadura y de forzar una reconciliación con las FFAA, con el objetivo de preservar al aparato represivo.
El carácter de clase de la Justicia y el Estado
Ante los nubarrones de crisis que se aproximaban ya por 2013 - con la respuesta de la histórica huelga docente que llegó a movilizar miles de trabajadores – la burguesía y sus administradores, no dudaron en poner los recursos a su disposición para perseguir y criminalizar la protesta social y política, manteniendo a raya a organizaciones de DDHH, sindicales y políticas, que de una forma u otra son una voz crítica dentro del ambiente de unanimidad en el régimen político.
Frente único contra la impunidad
Desde la Agrupación universitaria Tesis XI de Facultad de Humanidades en 2013, nos pusimos a disposición de los compañeros perseguidos y organizamos una campaña en su defensa y de denuncia a los aparatos represivos que estaban en febril actividad en ese momento. Organizamos el Foro Contra la Impunidad al que asistieron más de 130 personas y que contó, además de la presencia de varios de los siete compañeros procesados, de importantes figuras de los DDHH como Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos uruguayos y nieta recuperada, militante del CEPRODH y el PTS de Argentina), Norma Morroni (activista de DDHH y madre de uno de los asesinados en la marcha del Filtro en 1994), Baldemar Taroco (ex preso político y dirigente de CRYSOL), Roger Rodriguez (periodista e investigador de DDHH), entre otros.
Como dijo Victoria Moyano Artigas en el citado Foro, “...hay una avanzada contra todo aquel que lucha contra la impunidad de los crímenes en la dictadura y en democracia, contra la juventud pobre, contra los trabajadores de izquierda que se organizan y luchan en procesos antiburocráticos, como los docentes y otros luchadores. Esto debe ser una lucha de todos, porque luchar por estos compañeros ahora es luchar por nosotros mismos también”. Y llamó a unirse en las calles para enfrentar esta ofensiva y acabar de una vez por todas con la impunidad en Uruguay.
La Izquierda Diario
No hay comentarios:
Publicar un comentario