El gobierno de Milei acaba de publicar un decreto que representa la liquidación lisa y llana del derecho de huelga en la Argentina. Bajo la forma de una “reglamentación” de las actividades “esenciales” y otras “trascendentales”, la medida oficial cancela la posibilidad de la huelga bajo cualquier circunstancia.
En la condición de servicio esencial, el decreto incluye a la energía, el petróleo y las telecomunicaciones, aviones, puertos y transporte por agua. La “esencialidad” abarca también a la educación preescolar, primaria y secundaria, así como al conjunto de los trabajadores de la salud. Para todas estas actividades, el decreto establece una prestación mínima del 75%, que equivale a la proscripción lisa y llana de cualquier huelga.
Pero la norma “crea” también la estrambótica categoría de “servicio trascendental”, donde la cobertura laboral de la actividad debe llegar al menos al 50% en caso de huelga. Aquí se encuentra el conjunto del transporte público, los bancos, la gran industria de “proceso continuo”, la industria alimentaria y toda industria afectada “a la exportación”, además de la gastronomía y el turismo. Es difícil encontrar cuál actividad no sería afectada. Pero por si ello ocurriera, el decreto plantea la constitución de una “Comisión de Notables” encargada de dictaminar sobre la inclusión de otras actividades. Los criterios que establece el decreto para incluir otras ramas es suficientemente amplio como para incluir a la totalidad de los trabajadores. En un extremo, puede declararse como actividad “trascendental” a toda aquella que “pudiera afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Con excepción del narcodelito, todas las demás actividades tributan impuestos.
El decreto que acaba de lanzar Milei es un refrito del capítulo laboral incluido originalmente en el DNU 70, y que quedó suspendido por un fallo judicial. Ahora, forma parte del paquete de las iniciativas de “desregulación” que pilotea Sturzenegger.
Este ataque feroz al derecho a huelga tiene lugar cuando en varios de los llamados sectores “esenciales” -como el transporte público o la docencia bonaerense- se están produciendo movimientos de lucha de carácter autoconvocado, en oposición a las burocracias sindicales que firman paritarias a la baja. El decreto de los liberticidas no es contra los aparatos burocráticos que han convalidado su política: apunta contra la clase obrera que comienza a rebelarse contra los cepos salariales y sus gendarmes sindicales. Ni qué decir que la Comisión de Notables que prevé el decreto le guardará algún lugar a los burócratas, para sumarlos a la proscripción en marcha.
Marcelo Ramal
21/05/2025
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