En el marco de la pasada Campaña Electoral, el Partido Nacional y toda la Coalición, proyectaron impulsar un recurso de ley denominado: Ley de Urgente Consideración (LUC). “El que suponía mejoras al Estado y al país en su conjunto”. Así lo presentaban.
Hoy con el Gobierno de Coalición instalado, y el proyecto de esta ley que consta de más de 500 artículos ya en curso, fue presentado para su estudio, teniendo sólo 45 días para ser sancionado, de los cuales son 30 días en realidad, y 15 más para posibles modificaciones. Y si este proyecto de ley, no quedara aprobado en los primeros 90 días, su aprobación sería por resolución tácita.
Pero esta ley que pretende implantarse con prepotencia, es ilegítima e inoportuna.
Es ilegítima porque un recurso de este tipo, que debería aplicarse en un momento de crisis nacional, donde la urgencia de una situación determinada no admite los tiempos normales de las leyes, y sólo sería aplicable por la gravedad de una situación particular. Pero esta ley es presentada hoy, con su excesivo número de artículos, siendo aprovechada esta situación por el Gobierno para modificar 60 leyes preexistentes que ya tienen su cometido, y que llevó años aprobarlas. Siendo además inoportuna, porque lo urgente hoy es atender el estado de crisis sanitaria y la miseria que ha provocado la situación actual.
El espíritu de la ley reafirma el sistema neoliberal, afectando la economía del Estado y de la población en general.
Además promueve limitaciones en el legítimo derecho de huelga, y de manifestar, y coarta la posibilidad de ocupación, que es una extensión del derecho de huelga.
Proyecta una reforma en la educación en el área presupuestal, y modifica el sistema de gobernanza de ANEP.
Promueve una modificación en el procedimiento policial, otorgándole lo que se define como “legítima defensa” (gatillo fácil) sin consecuencias penales.
Otorga autonomía absoluta a la URSEC y la URSEA, que hoy dependen del Estado.
Plantea la desmonopolización de ANCAP, generando un negocio para algunos y poniendo en riesgo la fuente laboral de decenas de obreros.
Elimina la bancarización obligatoria, no para evitar el negociado de los grandes bancos, sino con el único objetivo de volver menos cristalinas las transacciones bancarias y de toda índole (deroga la inclusión financiera).
Atenta contra la Constitución perjudicando a la clase obrera derogando leyes que la amparan, además de crear cargos en Ministerios a través de este recurso de ley, que no es para lo que fue creado.
Es ilegítima porque no fundamenta porqué son urgentes esos más de 500 artículos.
Como tampoco permite, ni tiene como objetivo este recurso de ley discutir de forma amplia y participativa lo que toda la sociedad necesita en temas tan importantes como la política de salud, en estos tiempos de Pandemia. No lo permite por sus plazos, y sobre todo porque los objetivos de este gobierno son otros (favorecer a los capitalistas) haciendo que la crisis la pague el obrero. Y sin una política de solución para compensar a los miles de trabajadores que están en el Seguro de Paro con remuneraciones de hambre, y menos aún, a aquellos miles que por estar en situación de informalidad, no perciben nada.
Es medular que la clase trabajadora enfrente este proceso ilegítimo del cual pretende ampararse este gobierno.
Ricardo Curcho, trabajador de Montevideo Gas
Jueves 14 de mayo | 08:21
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