La vocera de Plenaria Memoria y Justicia es una de los siete luchadores uruguayos por los derechos humanos que habían sido procesados por el delito de “asonada”, procesamiento que fue recientemente declarado inconstitucional. En conversación con La Izquierda Diario, Leites nos habla de las particularidades de este fallo, de la situación de los DDHH en Uruguay y del sistema de espionaje, el que compara con el Proyecto X de Argentina.
Reproducimos a continuación la primera parte de una serie de entrevistas realizadas a tres de los siete luchadores que habían sido imputados por el delito de “asonada”. Este delito ha sido incluido en la Constitución uruguaya copiando el Código Penal del mussolinismo y atenta gravemente contra el derecho a la protesta y a la manifestación.
En el marco de las movilizaciones que se realizaron en 2013 ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para repudiar el traslado de la jueza Mariana Mota del fuero penal al civil - siendo que ella se encontraba a cargo de varias de las causas por crímenes cometidos en dictadura – la justicia y las fuerzas represivas montaron un procesamiento estigmatizador de estos siete luchadores, un ejemplo de criminalización de la protesta social y de los referentes de la izquierda no oficialista.
En esta primera entrega presentamos la entrevista a Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, mientras que en una segunda entrega publicaremos las realizadas a Aníbal Varela, dirigente del sindicato de municipales de Montevideo ADEOM y Álvaro Jaume, ex preso político y luchador ambientalista.
Las entrevistas fueron realizadas los días previos al 20 de Mayo, aniversario de la Marcha del Silencio.
¿Cómo se llegó a este fallo de la SCJ y qué efectos tiene?
IL: Me parece que al fallo se llegó a partir de la judicialización de las protestas. Se nos procesa en una situación donde participan cientos de personas que venían a repudiar la separación de la jueza Mariana Mota del fuero penal, y toda la posterior secuencia de una cantidad de hechos, de archivos de expedientes, como es el caso de Chiquito Perrini … yo creo que se da una instancia de absolución de un supuesto delito que en ese momento parecía imposible, porque hasta se nos amenazó con prisión, se nos incriminó de que habíamos hostigado la movilización … este fallo judicial lo más importante que tiene es que le restituye el rol a la gente, y no quedamos 7 locos habiendo realizado un hecho que lo protagonizó mucha gente.
¿Por qué pensás que los procesaron a ustedes? ¿Hay alguna explicación política?
IL: En la Conferencia de Prensa que dimos, yo decía que ellos habían querido llegar muy lejos y dar un mensaje de que “esto es lo que te puede pasar” si luchás. Pero en nuestro caso, y como la SCJ estaba involucrada en nuestro juicio, tuvieron que armar por sorteo otra “corte” que fallara, porque no se puede ser juez y parte, aunque en general lo son. Pero esto es un toma y daca, porque nuestra absolución se dio en el marco de la liberación de un torturador, desaparecedor del maestro Julio Castro, como es el caso de Ricardo Zabala. A los pocos días de que a nosotros nos absolvieran, lo absolvieron a él. Entonces los mensajes a la sociedad son contradictorios. Lo de Zabala es una vergüenza histórica y un atropello; el tipo reconoce que secuestró al maestro Julio Castro, después no informa quién lo ejecutó, no informa quién lo desapareció siendo que es claro que lo ejecutaron, y al tipo lo liberan. Por eso el mensaje hay que leerlo muy críticamente. Por eso yo no festejo esto, sí pienso que es un logro de las organizaciones de DDHH que no transamos. Además, los resquicios judiciales hacen que se pueda seguir con el proceso, el fallo no es definitivo.
Pero bueno, nosotros consideramos que se cierra una parte de este capítulo.
En el momento en que fuimos procesados los grandes medios de comunicación, los formadores de opinión, en contra nuestra fueron tremendos, nos condenaron en las plazas públicas, y ahora el efecto de la absolución es relativo, la criminalización queda allí.
¿Qué opinión te merece el sistema de espionaje y persecución que utilizaron como el Departamento de Operaciones Especiales – el DOE?
IL: Ahora volvió a aparecer con El Guardián, pero nosotros sabemos que desde el 2005 en adelante, el Proyecto X en Argentina y el DOE acá van paralelos, ponen muchísimos recursos en esto. Por ejemplo, en un programa televisivo se vio cómo los mismos policías decían claramente que con El Guardián podían filmar una movilización por ejemplo a la SCJ y poner la cantidad de gente que participó, de dónde proviene, los identifican “por si acaso”, y eso sucede hoy, estamos más tecnificados que en el 2013. Yo creo que nosotros deberíamos levantar una acción contra eso, ponerle un límite, como dice nuestro fallo, que habernos procesado le pone un límite a nuestro derecho a la libertad de expresión, acá deberíamos decir lo mismo, porque es un amenaza, y como decimos los organismos de DDHH, es durante las democracias entre comillas que se elaboran las listas negras, y después desatan la represión cuando a ellos les parece. Por ejemplo, en 2014 el compañero que fue detenido por quemar un muñeco de un policía en la columna Cerro-Teja el 1° de mayo, fue al juzgado donde se abrieron unas pantallas y mientras lo interrogaban, en la pantalla iba pasando todo su currículum, todo lo que la policía tenía, y cuando le preguntaban por otras personas, también aparecían los datos. Digo, eso lo están haciendo como una demostración de fuerzas también. Esto es grave, la intervención de los departamentos de inteligencia, de los “tiras” como le decimos acá, los policías vestidos de civil que se infiltran en las marchas, por ejemplo en la marcha contra el procesamiento de 9 personas por ocupar tierras en El Remanso, los milicos estaban infiltrados en la movilización, te filmaban y te sacaban fotos con sus celulares o con sus camaritas, los compañeros los sacaron de la marcha, pero es una operativa habitual.
¿Cómo te parece que se encuentran los derechos humanos en Uruguay?
IL: Yo creo que hay un estancamiento total, hubo un parate, tú fíjate, no solo absolvieron a Ricardo Zabala, sino que los expedientes están todos trancados, todas las denuncias que hicimos por centro de torturas, todo está archivado, no se tocó más, los milicos que han sido citados a declarar no se han presentado, el Ministerio de Defensa dice no ubicarlos y sin embargo hasta las organizaciones sociales sabemos dónde viven los tipos. Es lo que permite que esa muralla se siga levantando, no? Dando tiempo a que se mueran, a que los datos desaparezcan, no se abrieron los archivos, los pocos jueces y fiscales que estaban investigando los sacaron del ruedo, la UdeLaR le debe los sueldos desde febrero al equipo de antropólogos que venía trabajando, por otro lado habíamos pedido un banco de ADN de todo el Cono Sur… fíjate que ahora Luisa Cuesta está enferma, se va a ir de este mundo sin saber qué pasó con sus familiares, y también podríamos hablar de todos los ascensos en las FFAA que ha hecho (el Ministro de Defensa Eleuterio Fernández) Huidobro, el poner como Secretario de Defensa a Semproni, personaje tétrico junto con él por haber levantado todos los mecanismos parlamentarios para no anular la ley de la impunidad, se fortalece todo ese pacto de silencio, sumado a lo retrógrado de la justicia que por ejemplo no hay juicios públicos, ahora se dice que para el 2017 podrían hacerse los primeros juicios públicos, y eso siempre y cuando el juez lo considere necesario y posible, y la propuesta de Tabaré Vázquez el 1° de marzo proponiendo hacer una Comisión (de la Verdad), donde en primer lugar, y nosotros ya lo denunciamos, están por fuera de ella los sectores que luchan, mientras están sectores que no han tenido que ver con nuestras peleas.
Familiares (de desaparecidos) tomó la postura de mandar un representante, fíjate que estamos en mayo y aquí no hubo una sola información de lo que pasó con esa comisión: si se reúnen, qué están haciendo, todo va a ser secretismo. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso, creemos que hay que ir por otro lugar totalmente distinto que es un solo juicio, público, oral, que los incluya a todos por genocidio, por los delitos económicos, el tema de la deuda externa, lo que ha significado la dictadura del capital y de todo el sistema político en todo este tiempo. El panorama es muy patético.
¿Dentro de unos días se cumplen 20 años de la Marcha del Silencio, ¿creés que desde allí se pueda potenciar el reclamo de justicia?
IL: Con respecto al silencio para nosotros es un debate, pero 20 años mantenido el silencio, ese silencio ¿proviene de dónde? ¿Proviene del homenaje simbólico de los familiares que les rinden a sus desaparecidos, a sus muertos? En parte sí, pero en parte no. Nosotros hemos cuestionado ese silencio, y hoy lo vamos a cuestionar con nuestras consignas y con unas pancartas que vamos a colocar. Nosotros creemos que no es momento de silencio, es momento de gritar. Hoy por hoy hasta los presidentes han ido a la marcha, hasta los mismos defensores de los impunes, hasta los mismos que hablan como Mujica de los pobres viejitos, no importa que hayan sido genocidas, como si fuera un problema de edades. Esas miles y miles de personas que caminan por 18 de julio y que acompañan a los familiares, creemos que tienen que potenciarse para que esa marcha se convierta en un reclamo profundo, fíjate que en esa marcha leemos cada año los nombres de los desaparecidos y se canta el himno, eso habilita a que esa pluralidad lleve a que mucha gente participe pero también lleve a que no se profundice la búsqueda de nada, y cuando apareció algo fue por una maniobra de los gobiernos que hicieron aparecer algo que ya dormía hace mucho tiempo en sus escritorios. Esa marcha tiene este límite. Me han dado mucho palo por criticar el silencio, pero no es el silencio que se guardaba en la tortura para cuidar a los compañeros, esos son los silencios que valen. Pero hoy este silencio, tiene mucho de pacto, es un silencio que ya no nos sirve…
Karina Rojas
Montevideo
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