Los desafíos después de la huelga general en Paraguay

La huelga general en Paraguay despertó nuevos desafíos para las organizaciones políticas y sociales del país. Frente a un gobierno aliado de Estados Unidos y de profundo corte neoliberal, el pueblo dio una muestra de resistencia que hacía décadas no se vivía en el país

Tras 20 años, trabajadoras y trabajadores paraguayos del campo y de la ciudad realizaron el pasado miércoles 26 de marzo una huelga general con un acatamiento de casi el 80% y una paralización de las actividades del país.
Centrales sindicales, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, barriales y fuerzas políticas, exigieron al gobierno de Horacio Cartes la derogación de la ley de Alianza Público-Privada (APP) y la ley de Defensa, como también un reajuste salarial del 25%, control de precios de la canasta familiar, defensa del derecho a la organización y la libertad sindical, y la aplicación de una reforma agraria. La huelga general se alzó como la movilización general y acción unitaria más grande e importante para la vida nacional, tras las movilizaciones de resistencia al golpe de Estado en junio del 2012.

Antecedentes de la huelga

El 15 de junio del 2012, con la masacre de Curuguaty, se inició el golpe de Estado en el país, que avanzó con la destitución del gobierno legal y legítimo de Fernando Lugo el 22 de junio del mismo año, y se consumó con las elecciones generales de abril del 2013, donde a través de una farsa eleccionaria, el Partido Colorado (PC) volvió al gobierno, con Horacio Cartes a la cabeza.
Tras su asunción el 15 de agosto del 2013, el gobierno de Cartes logró la rápida aprobación de un paquete de tres leyes que constituyen las claves para su proyecto de profundización de la dependencia a través de la privatización de los bienes públicos y la militarización del país.
A menos de 15 días de asumir el gobierno, Cartes envió al Congreso y logró aprobar la modificación de la Ley 1.337/99 De defensa y seguridad interna, permitiendo a las Fuerzas Armadas asumir tareas de seguridad interna con la sola autorización del Poder Ejecutivo. Con ello, Cartes mantiene militarizados los principales departamentos de la zona norte del país, principal foco de la resistencia campesina contra el avance del agronegocio.
Seguidamente, el gobierno consiguió la aprobación de la Ley de responsabilidad y disciplina fiscal, que establece un tope al presupuesto general de gastos de la nación, impulsando el ajustes de los gastos públicos, que se traducen principalmente en la reducción de los gastos sociales -salud, educación, protección social, etc-. Por último, el 28 de octubre logró la aprobación de la Ley de promoción de la inversión en infraestructura pública (APP), uno de los principales detonantes de la huelga.
Esta norma establece la concesión de todos los bienes y servicios públicos -rutas, puertos, ríos, educación, telefonía, agua, luz, etc.- al capital privado, por 30 a 40 años, asumiendo el Estado el riesgo de la inversión y dejando toda mediación a cargo de los árbitros internacionales. La ley implica el endeudamiento del Estado paraguayo a través de créditos internacionales y bonos soberanos emitidos al mercado internacional, lo que significa una mayor traba al desarrollo nacional.
Junto a las leyes, el gobierno de Cartes fortaleció una política de represión y persecución, principalmente en el campo, pero asimismo en la ciudad, y de elevación del costo de vida. Para diciembre de 2013 se registraba una inflación acumulada de 3,7%, y en enero del 2014 un 0,7% de suba de los precios de la canasta básica, a lo que hay que agregar el aumento del precio del pasaje de transporte urbano en 20%.
El trasfondo de la huelga es este profundo malestar que existe entre las clases mayoritarias del país por el atraso económico al que están condenadas, por causa de la dominación de un grupo pequeño de latifundistas, banqueros y comerciantes que concentran grandes fortunas, y de los monopolios norteamericanos, brasileños y europeos que se apoderan de todas las riquezas nacionales. Esta situación de atraso afecta también a las clases dominantes locales, que profundizan la explotación para mantener sus lujos y privilegios.
Esta situación obliga a las masas a unirse y luchar contra los terratenientes y la burguesía. La huelga ha sido una experiencia unitaria sumamente importante en este sentido.

Movilizaciones contra la APP y huelga general

Con el avance de las políticas neoliberales y privatistas de Cartes, creció tanto un descontento de la ciudadanía por la crisis económica, como asimismo las acciones y movilizaciones unitarias de las organizaciones nacionales.
Se desarrollaron importantes acciones, como el congreso y la movilización del Congreso Unitario Sindical, Campesino y Social, el Congreso por la Dignidad Sampedrana y el Frente de Defensa de los Bienes Públicos. Ante al inminente tratamiento y aprobación de la ley APP, las organizaciones sociales y políticas fortalecieron la movilización y la coordinación de acciones, llegando el 28 de octubre, día de tratamiento de la norma, a una movilización nacional en la capital y varios puntos del país. Igualmente, la APP fue aprobada por una mayoría de parlamentarios de los partidos Colorado y Liberal, y fue promulgada por Cartes el 4 de noviembre.
Ese mismo día, se lanzó la consigna de la huelga general por la derogación de la APP, que fue siendo trabajada en los distintos frentes. A mediados de diciembre, seis de las siete centrales sindicales del país convocaron a la huelga general para el 26 de marzo pasado, adhiriéndose a este llamado importantes fuerzas nacionales sociales y políticas. La Federación Nacional Campesina definió en febrero acompañar la huelga general con la XXI Marcha del Campesinado Pobre, uniéndose así el 26 de marzo a la movilización contra la política entreguista y antipopular del gobierno de Cartes.

El 26M

La consigna de la huelga general contra la administración de Cartes ha logrado unir a la gran mayoría del pueblo, sumando distintos sectores, cuyas organizaciones participaron activamente con diversas manifestaciones.
A pesar de no haberse logrado una coordinación unificada, desarrollándose la huelga con tres grandes frentes organizados y movilizados, la misma fue un éxito, demostrando la fuerza del pueblo paraguayo. La paralización de la ciudad y la huelga pacífica derrotó al discurso del gobierno y sus aliados de que la medida de fuerza contaría con infiltrados para generar hechos de violencia. También se derrotó el intento del gobierno y del Partido Colorado de frenar la huelga a través de amedrentamientos e intentos de negociaciones.
Desde el domingo 24 se realizaron movilizaciones en algunos puntos del interior del país. El 25 de marzo, a las 18 horas en Asunción, se llevó a cabo el Festival Popular hacia la Huelga General y por la Libertad de los presos políticos de Curuguaty con artistas comprometidos, lanzándose a la medianoche la huelga general.
En ciudades del interior del país se realizaron cortes de rutas en 14 de los 17 departamentos, y se efectuaron más de 21 piquetes en la ciudad de Asunción y el área metropolitana. Desde la madrugada, la Federación Nacional Campesina inició la XXI Marcha del Campesinado Pobre en Asunción. Las movilizaciones convergieron en la plaza frente al Congreso Nacional al mediodía y los actos de cierre se llevaron a cabo a las dos de la tarde.

Las mesas de diálogo y los desafíos a futuro

El gobierno de Cartes convocó el 25 de marzo por la noche, antes del inicio de la huelga, a una mesa de diálogo a las distintas fuerzas, que se iniciaría el 27. La mesa estaría cargo del vicepresidente Afara. Con la soberbia que lo caracteriza, el gobierno declaró: “Nosotros no negociamos, sólo vamos a dialogar”.
La posición de no negociar con el gobierno y de mantener la posición de derogar la ley de APP, así como cumplir con las demás reivindicaciones, ha sido adoptada por dos de las tres grandes fuerzas que llamaron a la movilización del 26M.
Las centrales sindicales han decidido sentarse a dialogar con el gobierno de Cartes, llevando planteos que son importantes y responden a las necesidades de la clase trabajadora: reajuste del salario, respeto a la libertad sindical, políticas de generación de empleo, etc. El desarrollo de las mesas lo veremos en las siguientes semanas.
Con sus contradicciones, avances y retrocesos, la huelga del 26 de marzo ha tenido una fuerte significación histórica. La razón fundamental de ello es que ha sido un paso importante hacia la consolidación de la unidad de las fuerzas populares en esta nueva etapa de luchas que se abrió con el golpe de Estado de 2012.
Los desafíos para el futuro están marcados por la experiencia histórica de la lucha en el país, y con el desafío de fortalecer la movilización para lograr mayores conquistas para el pueblo y vencer al gobierno de Cartes a través de la unidad del pueblo en lucha.

Cecilia Vuyk, desde Paraguay