Reguero de huelgas, crisis en los sindicatos y los partidos del FA

Salarios a la baja, anuncios de despidos: el gobierno del FA ajusta a los trabajadores. Pero la movilización pone en crisis a la burocracia y a los partidos tradicionales de la izquierda

Desde hace tres semanas se registra en Uruguay "una ola de conflictos sindicales" (EFE, 28/11). Están movilizados trabajadores bancarios, municipales de Montevideo, estatales, controladores aéreos, docentes, empleados de comercio, el sector de la salud y hasta los escribanos.
La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), por ejemplo, anunció que "vamos a trancar la puerta de Montevideo Shopping, porque es un símbolo del comercio en Uruguay". Esos trabajadores exigen que se pongan a funcionar los consejos de salarios, puesto que, sin un acuerdo inmediato, no recibirán el aumento que deben cobrar a partir del 1º de enero. El director nacional de Trabajo, Luis Romero, formuló su amenaza: los sindicatos, dijo, "tienen una enorme cantidad de medidas que pueden tomar en el entorno de los shoppings sin alterar la libre circulación" y, de no ser así, "se tomarán medidas".

Fin de fiesta

La deuda externa neta del Uruguay aumentó en más de 2.000 millones de dólares en el último año. ¿Por qué? En el país ingresan unos 12 mil millones de dólares anuales por exportaciones que ni siquiera pagan retenciones, tienen arancel cero.
Hace un par de meses, Standard & Poor's, una consultora del gran capital financiero, aumentó la calificación de la deuda uruguaya y la puso apenas dos escalones por debajo del llamado "grado de inversión", el "investment grade". Hicieron eso porque el ingreso de capitales y el mejoramiento de los precios de exportación permitían un aumento del PBI en favor de sojeros y de banqueros. Al mismo tiempo, Standard & Poor's señalaba las debilidades estructurales de la economía uruguaya. Es decir, advertía que se trataba de una oferta de temporada. Ahora, cuando explota una nueva fase, más elevada, de la crisis europea, y China anuncia que enfriará su demanda, el fin de fiesta se aproxima.
Así, el gobierno ajusta contra los trabajadores: salarios a la baja, contratos basura, tercerizaciones, anuncios de despidos en la administración pública, reducción presupuestaria en educación y salud. Contra esa política se movilizan los trabajadores, y la movilización obrera hace entrar en crisis a la burocracia sindical y a los partidos tradicionales de la izquierda.

El PC

La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, del PC, va más lejos aún que el gobierno de José Mujica. El presidente del sindicato municipal (Adeom), Álvaro Soto, indicó que la propuesta salarial del municipio, que se niega a ajustar los salarios por el índice de precios al consumidor (IPC), "significa aceptar una rebaja salarial durante cinco años", y recordó que los municipales de Montevideo "no tienen ningún tipo de recuperación salarial desde 2001".
El titular de la Adeom señaló un dato clave: "Nos sorprende terriblemente que la intendenta se haya colocado en esa posición, porque la mayoría de sus camaradas, que militan en los sindicatos, reclaman lo que nosotros reclamamos". Soto agregó: "Sus compañeros de partido reclaman en los sindicatos y en el PIT-CNT que haya convenio, ajuste por IPC y recuperación salarial. Entonces, nos parece que si hay un planteo de que hay que redistribuir la riqueza por parte de corrientes que forman parte del gobierno, es incoherente que se esté planteando una política distinta".
En estos primeros días de diciembre, sesionará el 29º Congreso del PC. Su secretario general, el senador Eduardo Lorier, sostiene la tesis de "gobierno en disputa" y exige del frente popular una política más izquierdista. Por ejemplo, el informe al Congreso propone renegociar la deuda externa o imponer impuestos a la renta de las grandes propiedades agrarias. Sin embargo, el bloque parlamentario del PC se dispone a votar el Presupuesto 2011 de Mujica-Astori, que como mínimo contempla seguir con el pago de la deuda externa.

Lorier no participa

"El senador comunista Eduardo Lorier pidió suplente y no participará durante la discusión en toda la semana. En su lugar entró la senadora Alicia Pintos, que dijo a El País que su partido pidió ‘libertad de acción' a la bancada del FA para no votar parte de la sección de funcionarios públicos: "Si nos dejan, no votaremos algunos artículos" (El País, 30/11). Otro sector del PC, por ejemplo el del dirigente sindical Jorge Bermúdez, dice que la alternativa a la subordinación completa al gobierno sería "pararnos en la vereda de enfrente a tirar piedras". Es también la postura de Ana Olivera y de Marina Arismendi.
La polémica interna del PC -como la del MPP, el partido de Mujica, y la del Partido Socialista- tiene una importancia muy especial, porque es una expresión de las inquietudes de la clase obrera uruguaya frente a la ofensiva antiobrera del que consideró su propio gobierno.

Alejandro Guerrero