Persecución del comunismo. El impulso ilegalizador recorre el viejo continente

Europa recurre a viejos fantasmas para justificar una nueva caza de brujas anticomunista con la que intenta frenar la influencia de las ideas de Marx, Engels y Lenin así como la resistencia de estos movimientos ante sus políticas neoliberales antisociales.

La caída de los regímenes comunistas del bloque soviético avivó en el Viejo Continente una nueva ola anticomunista que ha reactivado la caza de brujas, sobre todo en los países del Este europeo, en forma de ilegalizaciones, presentación de currículos certificando no haber tenido relación con aquellos sistemas y distintas iniciativas destinadas a limitar la influencia de las organizaciones comunistas en la sociedad. Es el caso de algunos países que han ingresado recientemente en la Unión Europea, como Polonia, República Checa, Rumanía, Hungría y las repúblicas bálticas de Letonia, Estonia y Lituania.
Una de las últimas actuaciones de esta ofensiva anticomunista fue el proceso iniciado en 2005 en la República Checa que acabó, en octubre de 2006, con la ilegalización del KSM, las juventudes del Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Pero no se trata de un hecho aislado, sino de una persecución que busca ser trasladada al conjunto de países en el ámbito europeo, donde ya existen precedentes de ilegalización de organizaciones revolucionarias, que luchan por la liberación nacional o que simplemente confrontan abiertamente con el sistema.
Y en esa ofensiva represiva se enmarcan las resoluciones de marcado carácter anticomunista aprobadas en mayo de 2005 por el Parlamento Europeo y en enero de 2006 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que integra a 46 estados del continente.
La resolución que sacó adelante el Consejo de Europa condena «con vigor las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas por los regímenes comunistas totalitarios» que imperaron en Europa y otros lugares del mundo y que «sin excepción» se caracterizaron por «la violación masiva de los derechos humanos». Equiparó a aquellos con el nazismo al señalar que tras su caída sus «crímenes» no fueron sometidos a una investigación internacional ni sus responsables fueron llevados ante la justicia internacional como ocurrió como en el caso del nacionalsocialismo y consideró que, por este motivo, la opinión pública es «muy poco consciente de los crímenes cometidos» por los regímenes comunistas.
Su Asamblea Parlamentaria declaró que esas «violaciones» incluyen «los asesinatos y ejecuciones, ya fueran individuales o colectivas, las muertes en campos de concentración, la muerte por hambre, las deportaciones, la tortura, el trabajo forzado y otras formas de terror físico colectivo», y recogía que la antigua Unión Soviética supera a otros pueblos en número de víctimas.
Además, este órgano paneuropeo, que, tal y como dijo el compositor y comunista griego Mikis Theodorakis, nunca cuestiona los innumerables crímenes de su gran hermano EEUU, invitó a todos los partidos comunistas de sus estados miembros que aún no lo hubieran hecho a «reexaminar la historia del comunismo y su propio pasado».
Theodorakis, que encabezó una iniciativa contra este intento de criminalización de los comunistas «comparando a los héroes con criminales», aseguró no tener más que una palabra para dirigir a esas «señorías: ¡Vergüenza!».
En la República Checa, después de un año de proceso, el Gobierno conservador ilegalizó a las juventudes del Partido Comunista, cuya presencia social y electoral es considerable, alegando que su defensa de la abolición de la propiedad privada atentaba contra el Estado de Derecho. Algunos parlamen- tarios de derechas reclamaron también la ilegalización del Partido Comunista e, incluso, la criminalización de la pertenencia a estas organizaciones y la exhibición de símbolos comunistas.
Sin embargo, el enorme movimiento de solidaridad que provocó la ilegalización del KSM tanto dentro de la República Checa como en el resto de Europa, ha evitado, por el momento, que las autoridades vayan más allá. Y, mientras, las juventudes comunistas checas hacen frente a su situación continuando con su lucha y su actividad, tal y afirma el presidente del KSM, Milan Krajca, a pesar del bloqueo de su página web, del control policial y de las provocaciones de la Policía secreta. Desde hace año y medio esperan una resolución favorable de los tribunales que deje sin efecto la decisión del Ministerio de Interior.
De hecho, en estos momentos el KSM se encuentra inmerso en la organización de un movimiento amplio contra la posibilidad de construcción de una base militar de Estados Unidos como parte de su escudo de defensa antimisiles que, ahora mismo, asegura Krajca, es la principal preocupación de la ciudadanía.
En situación complicada se encuentra también el Partido Comunista de los Trabajadores Húngaros, cuya dirección -siete miembros- ha sido condenada a dos años de prisión por «injurias», por haber calificado de política una intervención judicial previa en los asuntos del partido que anuló las decisiones adoptadas en el congreso de 2005
En el caso de las repúblicas bálticas, los partidos comunistas están prohibidos desde hace tiempo, pero en Estonia fueron más allá al aprobar su Parlamento, en enero de 2007, una ley que prohibía el uso de símbolos comunistas salvo para, en palabras de su ministro de Justicia, Rein Lang, «su uso en investigaciones o representaciones teatrales». En este país, en abril, el Gobierno ordenó retirar un monumento dedicado a los soldados del Ejército Rojo que murieron en la Segunda Guerra Mundial al combatir contra la ocupación alemana en 1944.
En varios estados del Este europeo, los funcionarios están obligados a demostrar que no colaboraron con los servicios de inteligencia de los regímenes comunistas. El caso más extremo es el del Polonia, tras la llegada al poder de los hermanos Kazcynsky. Allí, hubo voces que incluso reclamaron que la medida incluyera también la pertenencia al partido comunista.

Mirari Isasi