En primer lugar, de los 38 que fueron apresados inicialmente, 33 fueron liberados por “falta de mérito”. Esto significa que las causas judiciales en su contra permanecen abiertas y que la jueza Servini de Cubría no ha tomado una decisión de fondo sobre si llevarlos a juicio o desvincularlos definitivamente. Si bien en su dictamen se refiere a la “orfandad de pruebas” para procesarlos por cualquiera de los delitos que les atribuyó el fiscal Stornelli -una lista de 15 artículos del Código Penal que van de menor a mayor, desde “lesiones” hasta “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”- la jueza ha exhortado a que se presenten fotos y filmaciones. Servini, además, accedió al pedido de Stornelli de pasar todos los casos a sus manos, trasladándolos del fuero de la Ciudad -donde se les atribuían delitos menores- al federal. El fiscal ha seguido la línea bajada desde el gobierno, que acusa que, el miércoles 12, durante la manifestación contra la “ley Bases”, “grupos terroristas” pretendían consumar “un golpe de estado”. La abogada del CELS Agustina Lloret compara: “Stornelli está acusando como si fuera una situación parecida a la que ocurrió en el Capitolio” (Página/12, 21/6). La misma Patricia Bullrich pretende incorporarse a la acusación contra los compañeros para reforzar esta provocación. “Bullrich, si es aceptada como querellante, -sostiene Clarín, 21/6- apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con el agravante del artículo 41 quinquies, previsto para acciones terroristas”. Este artículo fue incorporado al Código Penal por las llamadas “leyes antiterroristas”, aprobadas por el Congreso argentino a instancias de los gobiernos kirchneristas.
Por otro lado, hay cinco manifestantes que permanecen como rehenes de la Justicia. A los cinco, Servini dictó su procesamiento y embargo con prisión preventiva. En un acto -este sí- de terrorismo mediático, Clarín titula hoy (21/6) que “La Justicia estableció que ´un grupo orgánico y coordinado´ de izquierda provocó los incidentes en el Congreso”. En su dictamen, efectivamente, Servini asegura que “hubo un grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes”, pero ordenó retenerlos en prisión, no en base a la hipótesis del complot para tomar el Senado, sino por “lesiones” e “intimidación pública”. Este último cargo, el único que prevé penas de cumplimiento efectiva -de dos a seis años de cárcel- entre los que se les atribuye a los compañeros, penaliza a aquel que se dé los medios “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”. Todavía falta cubrir recorrer un largo trecho jurídico para demostrar que los compañeros detenidos pretendían dar un “golpe de estado”. Por otro lado, la prisión preventiva es además completamente injustificada, ya que el juzgado retiene sus teléfonos celulares y tiene acceso ilimitado a las filmaciones policiales y de las cámaras de seguridad.
Hay sobradas denuncias y registros que confirman que los ´incidente´ fueron iniciados por agentes provocadores, que quedaron fuera del radar judicial. La burocracia sindical reconoció abiertamente que estaba en conocimiento de que se producirían ´desmanes´ a través de servicios de inteligencia.
Sin embargo, a pesar de toda la inconsistencia de la prueba, de las vacilaciones y contradicciones de la jueza y de las poco menos que ridículas acusaciones del fiscal Stornelli, el caso reviste una extrema gravedad. No sólo por el hecho de que hay cinco compañeros que continúan detenidos y a que sobre los liberados pende todavía una espada de Damocles. El propósito del gobierno es construir un estado policial, prohibir la protesta callejera e incluso el derecho a huelga. La ley Bases califica de “grave injuria laboral” la participación en piquetes y ocupaciones de empresas. Bullrich lo complementa con el lanzamiento de un programa de “seguridad productiva”, apuntado a militarizar empresas y yacimientos estratégicos. La persecución judicial contra las organizaciones políticas y sociales opositoras, especialmente de la izquierda, completa este programa reaccionario.
La vocación represiva de Bullrich y Milei -que alcanza ribetes verdaderamente perversos- es inseparable del programa antiobrero de su gobierno. Ya ha alcanzado proyección internacional: el Alto Comisionado de la ONU lo criticó por “socavar” los derechos humanos y le reclamó “pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”. Pero la dictadura civil de Milei no podría sostenerse sin el andamiaje y la colaboración de los demás partidos, de los ´opositores dialoguistas´ y también de los otros, que dieron quórum y votaron total o parcialmente la infame “ley Bases”.
La lucha contra los represores de hoy no puede estar encabezada por los represores de ayer, como promueven algunos grupos que se reivindican de izquierda, en nombre del ´frente único´ – por caso, estos supuestos ´aliados´ ni siquiera aparecieron en la Plaza de Mayo el martes pasado, para reclamar la libertad de los compañeros.
Jacyn
21/06/2024
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