Tal como lo venía anunciando desde hace unos meses el presidente Lacalle finalmente presentó su proyecto de reforma de la seguridad social.
Aún resta un largo camino por delante ya que aún no hay acuerdo con los socios de la coalición y además el objetivo es que salga con el apoyo de la oposición.
Por más que quieran presentarla como una reforma beneficiosa, todo el régimen político sabe que se trata de una reforma antipopular, y nadie quiere pagar el costo político de su aprobación.
Las principales propuestas de la reforma de Lacalle
Si bien la llamada “comisión de expertos” ya había anticipado aspectos claves del proyecto, con la presentación formal del gobierno se conocen concretamente las propuestas que impulsan. Entre otros aspectos podemos destacar que:
Se eleva (en un periodo de 5 años) los años que los y las trabajadores tendrán que trabajar para jubilarse, llevándose a 65 años. Además de esto, se prevé que a partir del 2037 se podrá aumentar aún más esta edad, según aumente la esperanza de vida. Se trataría de un reajuste bianual y estaría determinado por un simple decreto del Poder Ejecutivo.
Si bien se plantean algunas excepciones a este aumento de la edad jubilatoria el Semanario Brecha recogió la opinión de Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, quien señaló que si bien hay sectores que podrían continuar jubilándose con 60 años(la construcción y los rurales) solo abarcaría a “trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma tengan 45 años o más, acumulen al menos 20 años de trabajo en esos puestos y ocho de los cuales tendrán que haberse cumplido en los últimos diez años de su vida laboral”.
El aumento de la edad también tendrá un efecto negativo sobre el empleo que impactará tanto en los jóvenes que se encontraran con mayor competencia, como en las personas mayores que tendrán dificultades en conseguir empleo a edad avanzada y correrán el riesgo de no llegar a los años necesarios de aportes.
Mientras que actualmente se toman en cuenta para el monto de la jubilación los sueldos de los 10 últimos años o los mejores 20, el proyecto prevé tomar como referencia un promedio de los últimos 25 años. Esto implícitamente lleva a una rebaja de jubilación ya que influye los primeros años de la carrera laboral cuando en general los sueldos son más bajos.
Generaliza el llamado ahorro individual obligatorio, extendiéndose el régimen de las AFAPs a todos los subsistemas, con un cambio en la distribución de aportes de los trabajadores: del 15 por ciento del salario, un 8 por ciento iría al sistema de solidaridad intergeneracional y un 7 por ciento, a la capitalización en régimen de las AFAP. La reforma parece hecha a la medida del capital financiero que es el principal beneficiario; por si fuera poco con este proyecto se levantan buena parte de las restricciones que la reforma de 1996 establecía respecto a las inversiones autorizadas a las AFAPs.
Mientras que Uruguay tiene tasa de aportación de los trabajadores más alta de toda América (del 15 por ciento) y los aportes patronales están en el entorno del 7.5% (gracias a la acción de la dictadura militar) esto no tiene ningún cambio. Los empresarios han salido a apoyar este proyecto precisamente porque no aumenta sus aportes; las magras jubilaciones se sostienen por lo que aportan los propios asalariados.
Con respecto a la Caja Militar y también según lo que señaló Ruiz al Semanario Brecha “… en los próximos cinco años no hay ningún cambio y la caja militar va a seguir perdiendo 450 millones de dólares por año”. Se trata precisamente de la Caja que genera el mayor déficit, con jubilaciones de privilegio (entre otros a militares de la dictadura) que ganan en promedio más que los jubilados por BPS en todos los quintiles.
Fiel al dogma neoliberal el proyecto plantea que la renta vitalicia por su ahorro que percibirá el trabajador quedará a cargo del Banco de Seguros del Estado (BSE) o sea que la parte del negocio menos atractiva o que directamente da pérdidas queda en manos del Estado; claramente se favorece a las empresas que lucran con la seguridad social.
El anteproyecto plantea además que el 2% de descuento de IVA que tienen actualmente las compras con débito seria modificado para pasar a formar parte de un “fondo” que se iría acumulando durante los años de actividad laboral, una especie de ahorro que sería devuelto al jubilarse y que mientras tanto sería dinero que administraría las AFAPs.
El derecho a una vejez digna
Es cierto que se necesita una reforma jubilatoria, pero esta tiene que ir en el sentido contrario a lo que propone el gobierno.
Tenemos actualmente un régimen previsional que se sostiene en base a los aportes de los trabajadores, mientras los aportes empresariales están reducidos al mínimo.
Mientras la mayoría de las y los trabajadores han dejado sus vidas en sus trabajos y acceden a jubilaciones miserables los militares tienen jubilaciones de privilegio luego de pocos años de trabajo.
Con la reforma del 96 la jubilación se transformó en una mercancía en manos del capital financiero (las AFAPs) que busca solamente el lucro y maximizar sus ganancias.
Este modelo empresarial es el que hay que reformar, para que aquellas y aquellos que han trabajado toda una vida (cobrando también sueldos bajos) accedan una vejez digna; la jubilación es un derecho que las y los trabajadores nos ganamos luego de décadas de explotación en nuestros trabajos. Para financiar la reforma de la seguridad social hay que aumentar los aportes patronales ( que en algunos sectores como los rurales es de menos del 2%) terminar con los subsidios, exoneraciones y zonas francas, todas medidas de “promoción de inversiones” ( como las que usufructúa la multinacional UPM) que lo que hacen es darle todo tipo de ventajas a los empresarios a costa de sacarle derecho a los trabajadores. Además de terminar con las jubilaciones de privilegio, en especial de la casta militar.
Lo que propone Lacalle es una reforma regresiva, privatizadora y antiobrera que solo podrá ser derrotada en las calles.
La oposición en manos del Frente Amplio no tiene por ahora una postura homogénea, pero ya ha mostrado que hay sectores importantes de la coalición que están dispuestos a acompañar; y aunque no quiere pagar el costo político comparten (como lo han dicho Astori o Mujica) que hay que trabajar más años y mantener las AFAPs. Las bases frenteamplistas que honestamente quieren luchar contra esta reforma no pueden desconocer que sus dirigentes no serán opositores consecuentes a los planes de Lacalle como ya lo han demostrado con sus declaraciones.
El PIT-CNT ha aprobado un paro para fines de agosto o principios de setiembre contra el anteproyecto de Lacalle. Sabemos que con un paro aislado no alcanza, que el programa del gobierno es una guerra contra las y los trabajadores y hay que estar a la altura. Es necesario un plan de lucha consecuente discutido democráticamente desde las bases para enfrentar todos los planes de la derecha, entre ellos esta reforma privatizadora y antiobrera, con un programa que incluya el aumento general de salarios, terminar con la precarización laboral, la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin pérdida de salarios para combatir el desempleo.
Hernán Yanes
Viernes 12 de agosto | 21:48
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