viernes, 20 de junio de 2014

“Cuando la violencia es institucional”




Sergio Lemos tenía apenas 19 años, provenía de una familia de trabajadores, ayudaba en la barraca familiar y había conseguido su primer trabajo formal.

“Los métodos de opresión, no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido”
Pablo Freire

Con el fin de albergar pescadores que llegaban hasta la costa para trabajar y aficionados a la pesca en busca de la tranquilidad, se construyeron los primeros ranchos en lo que hoy es el casco viejo de Santa Catalina, eso fue a mediado de los años 50. En ese entonces no había luz, agua potable, ni ningún servicio estatal. La segunda tanda de habitantes, comenzó a llegar a fines de la dictadura y principio de la recién instaurada democracia en busca de la posibilidad de construir una vivienda propia. Para ir a trabajar, estas personas debían caminar cuatro kilómetros hasta camino Sanfuentes. Uno o dos tanques diarios de doscientos litros de agua potable, eran traídos hasta aquí por Juan Lucas, fue entonces cuando los vecinos comenzaron a organizarse para traer los servicios públicos hasta el barrio. Alrededor del año 80, los habitantes del barrio construyeron la primera escuela en Víctor Hugo y poco más tarde la antigua policlínica que estaba ubicada en la calle Pez Espada. En la década del 90, cuando el bum de los asentamientos hizo erupción en Uruguay, en Santa Catalina no quedaron terrenos por ocupar y de a poco llegaron las mejoras al pueblo gracias a la fuerza y persistencia de los vecinos organizados. La llegada del transporte urbano trajo consigo la afluencia de más personas que disfrutaban de las playas y sumó la posibilidad de abrir nuevos comercios. Alrededor del 2000, se ocupó la segunda parte, el “San Martín I” y el “San Martín II” se ocupó en el 2005. La historia de la formación del barrio dejó como herencia una dinámica de organización vecinal y solidaridad colectiva, lo que conlleva a que a pesar de las dificultades económicas y estructurales haya un vínculo entre los habitantes del barrio. No menos importante es el fuerte sentido de identidad que poseen quienes viven aquí desde hace años
En la actualidad existen dos escuelas, una de ellas es de tiempo completo, también está en marcha la construcción de una UTU y un centro de educación preescolar, contamos con un centro comunal y dos CAIF. También existe una policlínica financiada por el Comando Sur de los EEUU y aproximadamente 100 metros de camino Burdeos que cual pista de aterrizaje, conducen a la regasificadora. Es un barrio sin veredas y con calles que en tiempos de lluvia se tornan intransitables, abundan las cañadas y los perros y niños circulan libremente por las calles y playas, todos se conocen y saben quien es quien.
La realidad social de las personas que habitan Santa Catalina, es, como en cualquier otro barrio, distinta de caso a caso. Hay quienes están marginados por la situación socioeconómica en la que viven, también existe una mayoría de trabajadores de bajos ingresos y otro tanto que reciben ingresos medios. En suma se puede definir como un barrio pobre de la periferia de Montevideo. Las y los niños suelen conseguir “changas” para ayudar en la casa o cuidan hermanos más pequeños y muchas veces desertan del sistema educativo a temprana edad, varios de ellos tienen problemas de aprendizaje, situación que suma dificultades a la hora de culminar los estudios. Se han detectado casos de saturnismo (contaminación por plomo) pero esto no ha trascendido ni existe un control serio de la situación. El consumo de pasta base es un problema real, como en el resto de la ciudad. No hay saneamiento, las cañadas que arrastran aguas servidas desembocan en la playa convirtiéndola en una de las más contaminadas de Montevideo con altos valores de coliformes fecales. A pesar de eso, la playa se llena de bañistas locales y de quienes vienen de otras zonas de Montevideo y la policlínica atiende varios casos diarios de gastroenterocolitis. Debido a esta situación, la intendencia retiró las actividades veraniegas de educación física y canotaje en la que participaban varios niños y niñas del barrio.
Tampoco hay veredas y las calles, en su enorme mayoría de balastro, están agrietadas y llenas de pozos, cuando llueve, el agua arrastra parte de ellas formando grandes zanjas que las convierten en caminos intransitables.
Los jóvenes se quejan de la carencia de actividades propias a su edad, las condiciones de precariedad económica son un claro límite para trasladarse a otros barrios que puedan ofrecérselas. Por ese motivo, las actividades, además de algún partido de fútbol barrial, se limitan a juntarse en la playa o en alguna esquina. Las “picadas” en moto son otra forma más peligrosa de pasar el tiempo.
La noche del 4 de noviembre, fuimos testigos de un violento operativo policial desencadenado por la denuncia del robo a una almacén. Los vehículos policiales transitaban a gran velocidad, arriesgando atropellar a algún transeúnte que no atinara a dejar libre el paso de los mismos a tiempo. En la caja de una camioneta que pasó a gran velocidad por la terminal de ómnibus se veía aun policía con rostro desencajado exhibir su arma en gesto amenazante. Esa misma noche, un joven del barrio terminó su corta vida en manos de la policía. Sergio Lemos tenía apenas 19 años, provenía de una familia de trabajadores, ayudaba en la barraca familiar y había conseguido su primer trabajo formal en FRIPUR. Conocido y apreciado por los vecinos del barrio, llevaba una vida similar a varios de los jóvenes que aquí habitan. Mucho se ha escrito al respecto, pero es importante resaltar que esta muerte fue consecuencia lógica de una serie de hechos acaecidos en el barrio y de una política represiva que se aplica en el resto de los barrios del cinturón periférico de la ciudad de Montevideo.
No es la primera vez que la policía agrede a jóvenes de Santa Catalina, nos enteramos cuando los casos de agresión son divulgados por la prensa, pero la violencia policial, en forma de aparatosos operativos o del “verdugueo” cotidiano es algo a lo que los habitantes de los barrios periféricos están acostumbrados a sufrir. Cuando la represión se convierte en tragedia, o cuando las víctimas se atreven a presentar la denuncia, es cuando nos enteramos públicamente de lo que sucede. La mayoría de las veces, los afectados no se atreven a hacer públicos los casos de agresión policial o tortura por miedo a las represalias.
El día en que asesinaron a Sergio Lemos se apresó a otros jóvenes en condiciones Imagenirregulares, algunos de ellos eran menores de edad, también hubo agresiones a la familia y amigo en el centro coordinado del Cerro. Una muchacha de 20 años que acompañaba a los padres de Sergio, fue esposada y luego golpeada hasta quedar inconciente. En esa ocasión, la víctima fatal fue el muchacho asesinado, pero hubieron otras que pasaron desapercibidas por el hecho de haber tenido la “suerte” de no morir.
Los casos de violencia y abuso policial se han convertido en rutinarios y habituales, varios de ellos están documentados y datan de varios años atrás, ya en el 2012, el abogado de IELSUR, Diego Camaño, declaró que es ilegal detener a una persona por no llevar documentos en el marco de operativos policiales, él sostiene que es un actuar que quedó dentro del procedimiento policial, pero que no está amparado por ninguna ley. Camaño asegura que son formas de actuar que quedaron de la dictadura. Recordemos que el 14 de octubre del 2012, durante un operativo policial en el Marconi, fue asesinado Álvaro Nicolás Sosa, de 25 años de edad. Como la lista es extensa, señalo que el factor en común es que varios de los casos han sido archivados o las sanciones dadas a los efectivos policiales involucrados son en extremo benevolentes. Con el fin de situar al lector en el tema, me limito a dar un pantallazo sobre algunas denuncias de hechos ocurridos durante el 2013 hasta la fecha.
El 6 de abril del 2013 se acusó a policías de torturar a un menor en situación de calle. La denuncia fue presentada por Ielsur y el directorio de INAU. El menor fue llevado en auto a una dependencia policial y allí fue torturado, entre otras cosas le hicieron submarino seco. Ese mismo mes, en Lezica, cinco efectivos policiales irrumpieron violentamente en la casa de una familia que tenía un supermercado. Los esposaron, les pegaron y registraron la vivienda. El dueño de casa, asegura que a las dos horas de eso pusieron pasta base detrás de un ropero que ya habían revisado. Les robaron electrodomésticos y artículos personales del hogar y entraron en el supermercado de donde se llevaron el dinero, cigarros, whisky, golosinas, cerveza y refrescos. Luego fueron conducidos a la seccional 19 donde los instaron a firmar un papel en el que decía que habían encontrado la droga e incautado 1400 pesos. Frente a la negativa a firmar, el hombre fue golpeado, picaneado y le practicaron una suerte de submarino seco con un buzo en la cabeza, terminó en el hospital, frente a las presiones sufridas, la mujer firmó el documento. Fueron trasladados al juzgado, no vieron al juez y posteriormente los liberaron.
El 10 de mayo del 2013 allanan el espacio “la Solidaria” sin presentar orden de allanamiento, patean la puerta e insultan y amenazan a los allí presentes, incautan material de la radio.
El 18 de julio del 2013, la Asociación de Prensa Uruguaya hace pública la denuncia por agresión al periodista Gustavo Guisulfo por parte de efectivos de la seccional 1 el día anterior. El periodista fue detenido cuando intentaba documentar la brutal agresión policial hacia otro ciudadano, en el momento de su detención fue golpeado contra un vehículo estacionado y al liberarlo una hora y media después constato que las filmaciones que mostraban las agresiones contra la otra persona habían sido borradas.
En agosto del 2013, tres jóvenes fueron detenidos por la policía y sometidos a malos tratos. Uno de los jóvenes presentó denuncia penal a través de Ielsur tras tener la confirmación del médico forense de que había sido golpeado. El Ministerio del Interior inicia investigación administrativa y traslada a los policías involucrados a otras tareas.
El 2 de setiembre, cinco agentes arremetieron violentamente contra un grupo que estaba reunido en una esquina de Santa Catalina, detuvieron a seis, posteriormente liberaron a tres, los otros tres sufrieron serias agresiones durante la noche.
El 8 de setiembre del 2013, en un partido entre Aguada y Defensor la policía apresó sin ninguna razón a una joven que esperaba en la puerta, la esposaron, insultaron, maltrataron y robaron, en la seccional 3 la desnudaron y la revisaron varias veces hasta que llegó el juez y le dio la libertad. Casos similares, que están documentados han sucedido en otros partidos.
El 4 de noviembre asesinan a Sergio Lemos, apresan a varios jóvenes, algunos de ellos menores de edad y golpean salvajemente a quienes estaban en el coordinado del Cerro acompañando a la familia de la víctima.
El martes 5 de noviembre, un policía asesina a un joven de 20 años cuando huía en una camioneta robada, el joven no iba armado. El agente fue enviado a prisión por la justicia de Pando. Este mismo mes, el órgano estatal autónomo INDDHH (Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay) advirtió sobre varios casos de abusos por parte de la policía y recomendó a las autoridades mejorar la formación del personal policial, al tiempo que llamó a redactar una ley que regule la actividad de inteligencia. También presentó un informe sobre casos de violencia institucional e interpersonal que muestran la existencia de un patrón de conducta generalizado. Dentro del informes se encuentran algunos de los casos arriba nombrados. Juan Faroppa sostiene que debería existir una ley de inteligencia que regule los límites y el alcance que tiene la actividad de inteligencia del estado tanto como los controles que se realizan.
El domingo 8 de diciembre del 2013 en el barrio Casabó un grupo de adolescentes son golpeados, insultados y apresados por la policía. A los padres de los jóvenes se les dice que serán conducidos a la Seccional 24, allí les informan que no estaban enterados de ningún procedimiento en el que esten involucrados menores de edad. Los llevan al hospital Filtro donde la doctora que los atiende los increpa mientras se ríe y se burla de ellos, posteriormente haciendo caso omiso de las heridas que los jóvenes presentaban firma el parte médico donde consta que están en perfecta condición física. Posteriormente los trasladan a la Seccional 24 donde son interrogados y esposados contra la pared. Se les informa a los padres que serán trasladados al INAU. En el INAU les informan que el procedimiento fue irregular ya que nunca se dio parte a el juez o la jueza de turno ni tenían denuncia alguna. Desde el INAU llamaron a una ambulancia del SUAT, la doctora constató que los adolescentes estaban lastimados. De allí los volvieron a trasladar a un calabozo de la Seccional 24 donde llamaron a la jueza de adolescentes de tercer turno, Teresa Larrosa. Después de que habían transcurrido 15 horas desde el apresamiento, les entregan a los jóvenes a los padres sin ninguna explicación sobre lo sucedido.
IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) y SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) elaboraron un comunicado en el que señalan que “el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos”, En el mismo comunicado asocian esta política a la ley de Procedimiento Policial, que fue aprobada en 2008 y advierten que la infiltración no está amparada por la ley, refiriéndose a la infiltración policial en actos, marchas y protestas que según Homero Guerrero (secretario de presidencia de la república), utilizando las mismas palabras de ministro del interior Bonomi, no son infiltrados, son “observadores”
Otra familia cuyos hijos son acusados de cometer un crimen fueron torturados con el fin de que se hicieran autores del delito que se les imputaba, además de golpes, insultos y amenazas, recibieron “submarino seco“, que consiste en ponerles una bolsa de nylon en la cabeza a la vez que se los golpea.
A su vez el abogado penalista Diego Duran y Gustavo Salle, afirman que los allanamientos son cada vez más violentos y que en los mismos se registran robos e incluso se acusa a los efectivos policiales de “plantar” droga para inculpar a los investigados. También se acusa a los policías de causar destrozos innecesarios, entre los que se incluyen daños a juguetes o muebles de los domicilios.
La madre de una numerosa familia de la Cantera del Zorro, cuyo hijo adolescente fue apresado en una redada y posteriormente torturado en jefatura, me explicaba que no presentaba la denuncia porque no podía arriesgase a que se ensañen aún más con sus otros hijos, que también “hacían esquina”
El 8 de febrero del 2014 cuatro policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), realizan otro allanamiento por “error” en Malvín Alto. El procediendo es el mismo, el rostro cubierto, sin identificarse, amenazando con armas de fuego y alterando la orden de allanamiento con lapicera para justificar el error. Hicieron varios destrozos en la casa.
Es de resaltar la frecuencia con la se dan este tipo de equivocaciones, la violencia con la que se llevan a cabo los operativos policiales y la impunidad que los rodea.
Según cifras de la Oficina Nacional de Servicio Civil, en el año 2010 había 28.389 policías en todo el país; en el 2011 29.799 y en el 2012 la cantidad aumentó a 30.461 efectivos. Esto da una cifra de 2.072 nuevos policías ingresados en los tres primeros años del mandato de el ministro del interior Eduardo Bonomi. Otro dato interesante es que en la actualidad un agente de segunda que recién ingresa a la fuerza recibe de sueldo 21.000 pesos nominales.
Los requisitos para la postulación e ingreso a estas dependencias se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Policial.
Según el decreto del Poder Ejecutivo que data del 14 de diciembre del 2005, para aspirar al Curso de Cadetes para la formación de Oficiales en la Escuela Nacional de Policía se necesita haber aprobado enseñanza secundaria completa en cualquiera de sus orientaciones, pero para ingresar a la policía solo se necesita tener aprobado Ciclo Básico. El mismo Perdomo opina en un artículo del País fechado el 23 de enero del 2014 que habría que poner condiciones más exigentes para entrar en la Policía

Análisis

Utilizando las palabras del filósofo y escritor argentino Alejandro Rozitchner, “Vivimos en una “democracia aterrorizada”, porque sus marcas, interiorizadas, permanecen organizando el espacio de la paz política. Es, aunque no se lo note, el fundamento invisible de la ley jurídica y de la legalidad política.
Según Pablo Freire no existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados, en una situación objetiva de opresión. quienes instauran la violencia son los que oprimen y explotan. El terror es instaurado por quienes tienen el poder y no por los débiles.
El relator especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, denunció el jueves en Montevideo que la emergencia carcelaria persiste en Uruguay, que tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la región, y que todavía hay lugares donde las condiciones son inhumanas.

Veronika Engler

Gramsci, A. (2003) Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Buenos Aires: Nueva Visión

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