domingo, 27 de abril de 2014

La cultura del encierro: Menos fugas, pero más mano dura en el INAU




Los éxitos en la reducción de fugas y motines en los centros del inau tienen una contracara de graves violaciones de los derechos de los menores, denunciadas en el Parlamento.

Golpizas reiteradas, tratos abusivos para preservar la seguridad, hacinamiento intolerable y sanciones colectivas prohibidas por normas nacionales e internacionales, son una parte de la realidad en algunos de los 17 centros de internación de menores del inau, según denunció la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) en el Parlamento.
En otros centros, según se consigna en cinco informes presentados a los miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la situación es más alentadora y se verifican adelantos en la superación de problemas, lo que, en opinión de los miembros de la inddhh, revela disparidad de criterios y políticas que dependen, en cada caso, de las orientaciones u omisiones de los directores o encargados de cada hogar o centro administrado por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
El presidente del inau-Sirpa, Ruben Villaverde, (1) negó implícitamente las denuncias, y en declaraciones radiales se mostró molesto, aduciendo que las situaciones registradas por la inddhh refieren a mayo de 2013 y que ya fueron encaradas y superadas. Sin embargo hay informes de noviembre de ese año y de febrero de 2014 que confirman la persistencia de violaciones a los derechos de los menores. Villaverde retrucó: “El que escucha este informe debe pensar que esto poco menos que son las catacumbas, pero en medio de una serie de dificultades propias de la lentitud de procedimientos (…) nosotros en el mismo período logramos salir del paisaje de un motín y una fuga atrás de la otra, eran cuatro fugas por día”.
En la comisión se informó que existe un documento reservado que fue elevado al Sirpa y que contiene denuncias de malos tratos y la identificación de algunos funcionarios responsables. “Lo que más nos preocupa en este momento es el centro ser –dijo la abogada Mirtha Guianze a los diputados–. Es por ello que hemos hecho cinco visitas a ese centro. Hasta el momento no tuvimos respuesta de ese informe del mes de febrero, con relación al tipo de castigos físicos, maltrato y tratos humillantes o degradantes.”
Según se pudo saber, un menor internado en el ser fue víctima de una golpiza tal que le provocó una herida en la cabeza, que terminó infectada. Fue trasladado al hospital Pasteur, donde le drenaron la herida y después permaneció recluido en un centro de Montevideo para posibilitar el tratamiento con antibióticos. La inddhh recibió la denuncia días después y sus directivos pudieron observar cómo ese menor seguía con la cabeza vendada. Se obtuvo la historia clínica, lo que posibilitó una denuncia penal en un juzgado de Pando. “Logramos que el defensor se pusiera en contacto con Villaverde y que el chico permaneciera en Ceprili, donde se encuentra actualmente”, narra la ex fiscal. Villaverde no hizo ninguna referencia a ese grave caso de maltrato ocurrido en febrero pasado.
Según la doctora Guianze, los malos tratos se repiten en el ser y también los nombres de los funcionarios responsables. Pero, reveló, los menores y sus padres se abstienen de formular denuncias porque, dicen los familiares, “a los que denuncian después les pegan”. Guianze reiteró ante la comisión parlamentaria que “son determinados funcionarios cuyos nombres nosotros ya proporcionamos al Sirpa, y que se repiten. Son chicos que han estado, que han salido y que han vuelto. Incluso algunos que están en cárceles de mayores dicen: ‘Acá no pasa nada; ¡las palizas que me daba fulano de tal cuando estaba en el ser!’”. Según Guianze, en las visitas de los especialistas de la inddhh a los centros se comprobaron menores con escoriaciones y hematomas, pero esos elementos no son suficientes para elevar denuncias.
A la inddhh le preocupa particularmente la situación de los menores de entre 12 y 15 años, especialmente vulnerables. Los informes se refieren, además de a las golpizas, a los casos graves de hacinamiento (“que es una especie de tortura”), al aislamiento y al encierro prolongado. “Hay lugares donde pueden estudiar y tener un material de trabajo –puntualizó Guianze–. Pero hay otros en los que a uno le dicen que un lápiz puede servir para sacar un ojo y un libro para hacer un incendio. Entonces, ocho muchachos en una celda no tienen un libro en todo el día.”
En la comisión se hizo referencia al caso del hogar Ariel, cuya vieja casona, casi derruida, tiene serias deficiencias edilicias. “Sin embargo los directores y el equipo técnico sacan a los 43 muchachos al patio, y son rapiñeros y homicidas, no niños de pecho. En cambio en otros lugares, en los que están por hurto, no salen nunca al patio. Eso quiere decir que hace falta una política institucional. Hay sitios en los que el hacinamiento se tolera porque justamente la política institucional es buena. En otros no. Por ejemplo, en un lugar en el que seis o siete muchachos salen a hacer teatro con grilletes y esposas, hay cuarenta que quedan adentro y no salen.”
El uso de grilletes y esposas es la norma en algunos centros: los menores concurren a clase engrillados, y además tienen prohibido hablar entre ellos. Es parte de una política que, por ejemplo, aplica sanciones colectivas, que están expresamente prohibidas, y que a veces se adoptan a raíz de la infracción cometida por un solo menor.
En el centro Desafío, según los informes, el hacinamiento llega a una densidad del 153 por ciento; los internos permanecen encerrados la mayor parte del día, faltan actividades educativas y laborales. “Los encierros priorizan la seguridad sobre las medidas socioeducativas.”
En el Centro de Internación Provisoria hay prohibición de mantener material de lectura, y se aplican sanciones que eliminan las visitas, un extremo que los organismos internacionales condenan. En el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas “el hacinamiento es intolerable, hay falta de higiene e inexistencia de privacidad para las necesidades fisiológicas”. En el Centro de Medidas de Contención hay 57 jóvenes para 32 plazas; la mayoría duerme en el suelo. Particularmente, las celdas 9 y 10 no cuentan con las condiciones mínimas indispensables, “el estado es deplorable, carecen de una ventilación aceptable, su aspecto es denigrante, la higiene es pésima, el calor se hace sofocante, agobiante e irresistible”.
El encierro prolongado provoca estrés por confinamiento: “Se configura una serie de condiciones de convivencia interna y propias de esta situación de encierro, donde predomina el aislamiento entre las celdas, la separación y la soledad afectiva, la falta de espacios de intimidad, las restricciones, prescripciones y proscripciones para conducirse como individuo diferente de otros y único en su existencia”.
En el Centro de Diagnóstico y Derivación se verifica hacinamiento, aislamiento, ausencia de actividades educativas. En el Centro de Privación de Libertad, al hacinamiento se suma una política que administra las actividades educativas según un criterio de selección en función de la conducta de cada menor, de modo que “rige un principio de premio-castigo y no el principio rector de una reinserción social futura”.
Por el contrario, los informes subrayan la buena política que se aplica en el hogar Sarandí: pese al hacinamiento y las carencias, las mismas “se toman como una oportunidad de trasmitir valores, apelando a que los adolescentes sean solidarios y roten en el hecho concreto de dormir en el suelo”. Las opciones educativas y recreativas disminuyen notablemente las horas de encierro.
En el centro Las Piedras se consigna que “la higiene general del establecimiento es buena y las celdas permanecen prolijas y aseadas”; en cuanto al trato, “se percibe un buen clima entre los adolescentes y en la interacción con los funcionarios”. En el centro Paso a Paso los informes reconocen “en líneas generales la buena labor que se está llevando a cabo por el personal del centro con los medios disponibles”.
La doctora Guianze concluyó su síntesis a los diputados: “Yo no puedo decirles que todo el Sirpa es malo, si bien hay situaciones que nos preocupan muchísimo. Lo que más nos preo­cupa en este momento es el castigo físico”.

1) Nota de Correspondencia de Prensa: Ruben Villaverde fue director del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, centro de investigación y formación de la central sindical financiado, entre otros, por UGT y Comisiones Obreras de España.

Samuel Blixen
Brecha, Montevideo, 11-4-2014

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