A 48 años del triunfo de Salvador Allende

Revolucionando a la democracia: El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)

A la memoria
de las y los cientos
de detenidos desaparecidos.
A todas y todos
aquellos que entregaron
su vida por la noble causa socialista
que viven en la memoria del pueblo.

“Chile es hoy la primera nación de la tierra
llamada a conformar el segundo modelo
de transición a la sociedad socialista…
edificada según un modelo
democrático, pluralista y libertario”.

Salvador Allende, mayo de 1971.

Presentación

Al cumplirse los 48 años del triunfo electoral de la Unidad Popular, que determinó, por primera vez en la historia de Chile, latinoamericana y mundial, el acceso al gobierno de un presidente socialista, Salvador Allende, y de una coalición de partidos políticos marxistas y revolucionarios, la Unidad Popular (UP), la discusión histórica y política sobre el carácter y proyección teórica y política de la inédita vía democrática (pacífica) hacia el socialismo inaugurada por la izquierda chilena, volverá estar en palestra pública. Por cierto, que se instalará, también, la disputa por el pasado reciente y las responsabilidades y culpabilidades políticas de lo ocurrido desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, Tal como ha ocurrido en los últimos años, con menor fuerza se discutirá sobre lo acontecido en esos “mil días que estremecieron al mundo”, al decir, del historiador F. Gaudichaud. Sin lugar a duda, que la polémica de esta cuestión estará, en esta ocasión, enmarcada en la coyuntura política abierta por la discusión sobre el carácter histórico-político del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y, en menor medida, por los odiosos dichos del presidente S. Piñera, sobre que el presidente Allende, “validaba la violencia y los mecanismos no democráticos” como por la particular y exótica idea del gobierno de construir un museo histórico de la democracia.
Este ensayo de reflexión histórico-política tiene como objetivo exponer algunos aspectos de lo que fue la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende (1970-1973) para la sociedad chilena, especialmente, para sus sectores populares y trabajadores, es decir, para el pueblo. Como también exponer cuál fue el desde mi parecer el principal conflicto político y social librado durante los tres años de gobierno popular cuya resolución abrió la puerta a la barbarie y al actual presente histórico. Se organiza en dos apartados. En el primero, planteo la relevancia política de la experiencia popular, su relación con la democracia y brevemente sus realizaciones. Y, en la segunda, expongo el conflicto político central de la UP. Todo esto, como señalo al cierre de este opúsculo, con el objeto de elaborar una explicación histórico-política plausible del porqué de la “masacre del pueblo” perpetrada por las Fuerzas Armadas y de Orden, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990.

1.- Democracia y Socialismo en la Unidad Popular

La experiencia revolucionaria de la UP tuvo la capacidad y la audacia histórica y política de plantearse la transformación radical de la sociedad capitalista nacional, utilizando para ello, la institucionalidad democrática. Sin plantearse la posibilidad de suspender el ejercicio de la misma con el objetivo de construir un camino democrático al socialismo. Por esa razón, descarto de manera categórica la idea de que esta experiencia haya sido una experiencia reformista o populista como la han calificado algunos analistas nacionales e internacionales. Fue un genuino proceso revolucionario radical. O sea, una revolución social. En decir, un intento de transformar el modo de producción existente.
Para conseguir dicho fin, el gobierno popular implemento en los tres años de su gestión un conjunto de medidas y acciones que afectaron directamente la estructura y las fuentes del poder de las clases dominantes, tanto de la burguesía nacional como internacional. Las transformaciones estructurales que realizo la UP fueron acompañadas, como veremos, por un conjunto de medidas que favorecieron ampliamente a los sectores sociales populares que habían sido permanente postergados y olvidados por la mayoría de los gobiernos burgueses que le precedieron. El gobierno popular revolucionó, alteró y modificó radicalmente a la sociedad chilena y sus instituciones y, al mismo tiempo, que potenció el carácter revolucionario de la democracia.
El triunfo político electoral en las elecciones presidenciales el 4 septiembre de 1970 del candidato de la izquierda Salvador Allende Gossens constituye uno de los acontecimientos más relevante de la historia política chilena, latinoamericana y mundial del siglo XX. De acuerdo al historiador británico, Eric Hobsbawn, “un caso único” que carecía “de precedentes” históricos concretos. Sin embargo, esta experiencia política, había sido anticipada por el principal teórico de la revolución social, Carlos Marx allá por 1872: la probabilidad teórica que era posible transitar pacíficamente al socialismo, utilizando o empleando los mecanismos e instrumentos que instalaron los regímenes políticos democrático modernos.
Esto último suponía que la democracia en cuanto régimen tenía un conjunto de requisitos mínimos tales como: la existencia de elecciones libres, imparciales, transparentes y frecuentes; sufragio universal; libertad de reunión y de asociación; libertad de expresión y de opinión; información plural y alternativa y derecho ciudadano a competir sin ninguna restricción por cargos públicos; un sistema político de partidos en competencia y sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y político. Todos estos requisitos o condiciones procedimentales e institucionales necesarias que configuran un régimen político democrático se habían logrado en Chile, tan solo tres años antes de la elección de Salvador Allende.
En efecto, la democracia plena ha tenido en Chile solo una vigencia de seis años, entre 1967 y 1973. Antes de ese periodo el régimen democrático tenía una serie de defectos que limitaban su existencia. Entre otras, por ejemplo, la exclusión y manipulación del sufragio popular, la prohibición de la participación política de las mujeres, la exclusión de los campesinos de los procesos de toma de decisión política y de la organización sindical; exclusión, censura política, persecución política y reclusión política durante 10 años, etcétera. La lista de las imperfecciones de la democracia chilena, entre 1932 y 1967, es bastante larga y son muchas para que se siga sosteniendo que Chile contaba con una tradición democrática de larga duración, con una democracia estable y pacífica previo a la ruptura democrática de 1973. Esa democracia existe o es parte de la mitología histórica y política nacional.
Cabe señalar que la izquierda chilena a lo largo del siglo XX denunció de manera, permanentemente, las limitaciones como los vicios de esa mala democracia. Por ello, uno de sus objetivos políticos era reemplazarla o ampliarla sustantivamente. Más que un régimen democrático estable durante el siglo XX, en Chile se verifico un largo proceso de democratización política con avances, quiebres y retrocesos. Es, justamente, ese conflictivo proceso político lo que permite la instalación de la democracia plena entre 1967-1973. Con posterioridad a la elección presidencial de 1970, durante el gobierno popular, la democracia política se amplió significativamente. Pues, el proceso democratización popular se extendió hacia el ámbito económico, social y cultural.
Ahora bien, la democratización de la democracia fue posible por la existencia y la participación activa de un conjunto de hombres e incluso mujeres que lucharon de manera constante por establecer e imponer algunos de los requisitos necesarios para nombrar o calificar al régimen político como democracia. Y, sobre todo, fue necesario la existencia de un ancho, diverso y plural movimiento social y político ciudadano por la democracia. Fueron estos factores, lo que permitió que hacía fines de la década de los años sesenta el régimen democrático lograra superar los principales obstáculos que los sectores antidemocráticos levantaron permanentemente con el objeto de impedir la instalación de un régimen democrático pleno.
Salvador Allende Gossens, era uno de los principales líderes políticos y sociales de la izquierda socialista y marxista nacional, que durante 43 años (1930-1973), como lo han demostrado la mayoría de los historiadores y analistas, tanto nacionales como extranjeros que han estudiado su trayectoria política, lucho por instalar la democracia en Chile. Allende, desde el inicio de su carrera política, situó a las formas y mecanismos democráticos como principios fundamentales y primordiales de su praxis política y revolucionaria.
Por esa razón, defendió categóricamente las instituciones democráticas, especialmente, aquellas que permitían acceder al gobierno, por medios institucionales y por la expresión directa de la voluntad ciudadana popular. Teniendo claro esos principios, construyó y elaboró una específica estrategia política destinada obtener la presidencia y el gobierno al interior de un Estado capitalista: la vía política institucional.
Esta vía se define esencialmente como democrática estaba destinada a ganar electoralmente la presidencia y acceder al gobierno en representación de las fuerzas sociales populares y de izquierda, desde su formulación, a comienzos de los años 50 del siglo XX, busco potenciar el carácter revolucionario de la democracia. Ella constituye el principal aporte práctico, teórico e histórico concreto legado por Salvador Allende a la izquierda no solo nacional sino latinoamericana y mundial.
Salvador Allende liderando a la izquierda chilena en el FRAP (Frente de Acción Popular), primero, se presentó como candidato presidencial en 1958 y 1964. Luego en 1970, liderando a la UP. Sin embargo, su afán presidencial se había iniciado en 1952 cuando lidero el Frente del Pueblo, coalición política que construyó como protesta política en contra de la decisión del Partido Socialista Popular, su partido, de apoyar al exdictador Carlos Ibáñez del Campo. Su consecuencia política democrática impedía por principios y valores éticos apoyar a un dictador.
Ahora su afán de ganar una elección presidencial y convertirse en presidente de la República no tenía una ambición personal tampoco tenía el objeto de administrar políticamente el Estado y la sociedad capitalista, sino que su objetivo político fundamental y trascendental era revolucionar y transformar la sociedad para iniciar el camino hacia el socialismo. Durante 20 años, 1952-1970, Allende luchó y defendió ese proyecto político-histórico. Murió el 11 de septiembre de 1973, defendiendo no solo el gobierno popular que dirigía sino, esencialmente, a la democracia.
Si bien, tomo las armas en ese momento definitivo fue para defender la democracia de aquellos que a través de la violencia política buscaban destruirla. Régimen político que él se había comprometido respetar y respaldar por voluntad popular. Además, era el régimen que había permitido poner en marcha la experiencia socialista, revolucionaria, popular allendista y de la Unidad Popular.
La experiencia allendista de la Unidad Popular (1970-1973) fue considerando un proyecto político extremadamente peligroso para la dominación y hegemonía capitalista, pues, como he dicho, le devolvía a la democracia, bajo su forma liberal representativa, la potencia revolucionaria con la cual, ésta, había irrumpido en la política moderna durante el siglo XVIII, especialmente, con la revolución francesa de 1789. Además, la experiencia popular allendista, no solo potenciaba ese carácter, sino que sumaba a ella, también, la potencia revolucionaria del proyecto socialista, triunfante en la revolución bolchevique de 1917. O sea, la revolución chilena, conducida por Salvador Allende y la Unidad Popular, a diferencia de las revoluciones burguesas (XVIII y XIX) no tenía como objetivo hacer viable la dominación capitalista derribando las formas de gobierno obsoletas como la monarquía, sino, que buscaba cambiar y destruir la sociedad capitalista. Construyendo en su reemplazo la sociedad socialista democrática. Para esos fines, había que subvertir, modificar, transformar, o sea, revolucionar la democracia. Y, eso es lo que hizo el gobierno popular.
El triunfo popular en septiembre de 1970 encendió todas las alarmas y puso en alerta al capital tanto nacional como internacional. El capital se agito nerviosamente en sus centros de poder. Richard Nixon, presidente estadounidense, histéricamente ordenó, al entonces director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), Richard Helms “hacer un esfuerzo a fondo para evitar que Salvador Allende tomara posesión” de su cargo. Y, autorizo 10 millones de dólares para que el “marxista chileno no se siente en la silla presidencial”. De manera desde el mismo día del triunfo popular, el imperialismo yanqui coludido con la derecha chilena, puso en marcha una estrategia política destinada a enfrentar el triunfo popular con todos los recursos humanos, logísticos y financieros posibles.
El miedo imperial lo expresaba Henry Canciller, el canciller del gobierno de Nixon, en cuatro puntos a pocos días del triunfo allendista: 1.- “si Allende era ratificado por el Congreso surgiría en Chile un régimen comunista y que Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir este ejemplo”; 2.- “la toma del poder por parte de Allende… nos planteara graves problemas a nosotros mismos (USA) y a nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del hemisferio occidental”; “la evolución política de Chile es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de EE.UU. por razón de sus efectos en Francia e Italia” y 4.- “El gobierno de Allende puede estar en el origen de problemas en el funcionamiento de Comité de Defensa Interamericano y en el de la OEA”.
La preocupación del Canciller era comprensible, el fracaso de la apuesta reformista que había representado el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que constituía la solución política al avance de los movimientos populares y revolucionarios en América Latina, dejaba abierta la solución militar, es decir, el uso de la violencia armada. Desde el principio el gobierno popular estuvo bajo la amenaza del imperio.
La estrategia imperial tuvo como objetivo, inicial, obstaculizar o impedir el ascenso al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, fracaso. Debió, entonces, desplegar, desarrollar e implementar un conjunto de acciones destinadas a derrocar al gobierno popular. Esta estrategia nunca descarto la violencia política terrorista. Todo lo contrario. Ella fue el principal instrumento utilizado para desestabilizar al gobierno popular. La invocación a la violencia política no era una apelación retórica como ocurría en ciertos sectores de la izquierda chilena de la época, sino, la derecha, la puso en práctica de manera concreta. No tenía problema para ello, pues tenía toda una experiencia histórica acumulada en su utilización. La había usada en reiteradas veces en el pasado en contra del pueblo.
El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, el 25 de octubre de 1970, por parte de un torpe comando armado de derecha, constituye el hito histórico-político que inaugura la violencia política en el país. La cual tendrá una vigencia durante 20 años (1970-1990). Como he dicho la violencia terrorista será la principal herramienta utilizada por la dictadura cívico militar, instalada por las clases dominantes, en contra del pueblo chileno.
El uso de la violencia política por parte del capital, o sea, por la derecha nacional, a objeto de frenar la democratización de la sociedad chilena no era una novedad en la historia del país. En esta oportunidad, el uso de la violencia tenía un fin último de más largo alcance impedir el éxito de la vía democrática al socialismo por todos los medios posibles. Sin embargo, los logros y éxitos del gobierno popular no pudieron ser frenados durante los mil días de gobierno popular.
El avance social, económico, político y cultural experimentado por los sectores populares producto de las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular, afectaron directamente los intereses internos y externos de los grupos dominantes. Durante tres años, esas realizaciones agudizaron la conflictividad social y política, en otras palabras, la lucha de clases, se hizo manifiesta en toda la formación social chilena. Todo estaba en disputa.
Una vez instalado en el gobierno, el 4 de noviembre de 1970, Allende y la Unidad Popular iniciaron un ingente proceso de democratización política, social, económica y cultural dirigido a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, las y los campesinos, las y los pobladores, de las y los estudiantes, de las y los pueblos originarios, de los hombres, mujeres, niños y niñas populares. Por primera vez, en 160 años de vida independiente, el gobierno del Estado de Chile, gobernaba para el pueblo y con el pueblo.
El gobierno popular realizó una serie de transformaciones revolucionarias de carácter estructural que fueron acompañadas de un conjunto de medidas aparentemente menos importantes, pero profundamente significativas para la vida social de los sectores populares. Por ejemplo, el plan de medio litro de leche diario para todos las niñas y los niños y madres sin distinción social o de clase. Las y los niños fueron prioridad uno del gobierno de la Unidad Popular. Esta medida significo, entre otras cosas, la disminución de la mortalidad infantil. Y, sobre todo la felicidad de los niños y niñas populares.
La organización popular impulso nuevas formas democráticas de participación política y fomento el desarrollo del poder popular. Los trabajadores iniciaron un conjunto de experiencias de autogestión de sus centros productivos, en los diversos cordones industriales, ya sea de la ciudad capital como de otras ciudades del país. Los pobladores se organizaron para hacer frente a la ofensiva patronal y de los sectores pequeños burgueses mercantiles, especialmente, de los comerciantes minoristas. Se crearon las Juntad de Abastecimiento y Precios (JAP), para implantar un sistema de distribución de alimentos y artículos esenciales “democrático y equitativo”.
Si bien, la educación, fue uno de los ámbitos en donde la lucha clases y la conflictividad social y cultural entre los dos proyectos de sociedad, el capitalista y el socialista, en pugna, se hizo sentir con inusitada virulencia y odiosidad de parte de los defensores del orden capitalista. Recibió, la educación, una atención preferencial de parte del gobierno popular. Las escuelas y liceos se transformaron en espacios de libertad, participación y compromiso social y político. Las universidades se abrieron para los sectores populares. El derecho a la educación fue una realidad para todas y todos. La inclusión social abrió los colegios y liceos reservados solo para los sectores medios y altos a las y los jóvenes populares.
La cultura dejó sus estrechos marcos elitistas durante los tres años del gobierno popular. El teatro, el ballet y la música “culta”, especialmente, aquella que estaba encerrada en el Teatro Municipal, espacio oligárquico por excelencia, recorrió con sus acordes los espacios populares, las industrias y poblaciones. Roberto Matta, pinto su mural: El Primer Gol del Pueblo de Chile, en una pared popular de la población San Gregorio, de la comuna de La Granja, en la zona sur de Santiago. Pablo Neruda obtenía el premio Nobel de Literatura en 1971. Y, la editorial Quimantú, distribuyó millones de ejemplares del libro conmemorativo en honor al vate. La poesía nerudiana llegó millones de niñas y niños de Chile.
De manera que bajo el gobierno de la Unidad Popular surgieron nuevas formas de organización popular tales como los cordones industriales, comandos comunales, regionales, que constituían el germen de un nuevo orden social impulsado por el poder social popular y por los trabajadores para reemplazar el Estado burgués y acelerar el tránsito del capitalismo al socialismo.
Durante los mil días que estremecieron a la sociedad chilena la frontera que cerca a la democracia capitalista fue presionada y tensionada al máximo. En efecto, la acción más revolucionaria que emprendió la Unidad Popular fue, justamente, poner fin a la frontera de la democracia capitalista, que no es otra, que el derecho de propiedad privada de los medios de producción. Las realizaciones estructurales del gobierno popular tienen relación directa con la principal fuente poder social del capital y, sobre la cual, se levanta la sociedad capitalista. Veamos de manera específica este punto.

La democratización de la propiedad privada de los medios de producción

La historia del siglo XX en la formación social chilena está marcada por el conflicto político, social y económico entre el capital y el trabajo. Y, es al interior de este conflicto donde hay que situar no solo la crisis del capitalismo nacional durante la década de los sesenta y setenta, sino también al gobierno de la Unidad Popular. Lamentablemente, ese conflicto tuvo una resolución a favor del capital, a través del Golpe de Estado de septiembre de 1973, hace cuatro décadas y media. La instalación de la dictadura cívico-militar de carácter terrorista, la reestructuración neoliberal del capitalismo nacional y la emergencia de la sociedad neoliberal son parte constitutiva de esa resolución. Pero, ello no significa, de ninguna manera, la superación ni su desaparición; todo lo contrario, durante estos 45 años, el poder del capital ha impuesto su total y más completa hegemonía y dominación sobre el trabajo. La conflictividad entre el capital y el trabajo, actualmente, se manifiesta de manera distinta de la forma como se exteriorizó durante el periodo del capitalismo industrial. Pero, insisto sobre este punto, no ha dejado de existir ni ha desaparecido. La lucha clase sigue siendo el motor de la historia, tal como lo fue durante el gobierno de la Unidad Popular.
El triunfo de la Unidad Popular en 1970, es parte de la lucha política de clases, o sea, la manifestación política del conflicto entre el capital y el trabajo. Ese triunfo dice relación directa con la capacidad que tuvo el trabajo de desarrollar un efectivo contrapoder contrahegemónico. Se trata del poder de las y los trabajadores y de los sectores populares que, durante el siglo XX, se conformó como un poder subversivo y transformador de las fuentes directas del poder social del capital, o sea, de las relaciones sociales de producción.
Este contrapoder social, político e histórico se había venido fortaleciendo tanto social como políticamente desde las últimas décadas del siglo XIX. Hacia 1970, tenía casi un siglo de experiencia política acumulada. Este contrapoder de los trabajadores, en particular, y de los sectores populares, en general, se identificó histórica y políticamente con la lucha por la democracia social, política y económica, o sea, en otras palabras, con el socialismo desde los inicios del siglo XX.
Por eso, democracia y socialismo en el proyecto histórico popular eran sinónimos y se potenciaban recíprocamente. Esa era la fuerza del proyecto democrático y socialista de la Unidad Popular y del Gobierno de Salvador Allende. Este tenía como núcleo central de sus propósitos políticos e históricos: poner fin a la explotación del “hombre por el hombre” y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.
Por esa razón, el proyecto político, social e histórico de los trabajadores y de los sectores populares se caracterizó desde siempre por su vocación anticapitalista. Y, lo anticapitalista se expresaba de forma muy concreta: poner fin a la fuente principal de la explotación y de la desigualdad social y económica: la propiedad privada de los medios de producción. La mayoría de los programas sociales, económicos y políticos de las primeras organizaciones proletarias y populares nacionales, a inicios del siglo XX, se plantearon como objetivo primordial y central de su lucha política, la socialización de la propiedad y la creación de la propiedad social. Por esa razón, socialización y/o la estatización de la propiedad privada, especialmente, de los medios de producción ya sea industriales, mineros y agrarios, siempre estuvo presente en el imaginario político de los trabajadores y los sectores populares. La base material del socialismo lo constituía la propiedad social de los medios de producción.
La vocación revolucionaria y anticapitalista del movimiento social popular lo expresa de manera ejemplar el principal líder de los trabajadores chilenos Luis Emilio Recabarren quien, en su proyecto de constitución política de 1921, en el artículo 7° establecía que:
“En la República Federal Socialista de Chile, sólo hay “propiedad social” administrada por la “Asamblea Industrial”, por la “Municipalidad” y por la “Asamblea Nacional”;
y en artículo 9 señalaba que:
“Es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos, transportes y cuanto no sea de inmediata utilidad o uso individual”.
Cincuenta años más tarde en 1970, el Programa de la Unidad Popular, establecía como objetivo central del gobierno popular, la constitución del Área Social de la Producción. El programa justificaba la creación del Área Social de la Producción en los siguientes términos:
“Las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.

Para tal efecto,

“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con la política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que están en el poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios internos”.
Entre el proyecto socialista de Recabarren y el programa de gobierno de la Unidad Popular hay una continuidad ideológica y política que permite sostener que la izquierda chilena y el movimiento popular tenía una profunda convicción de que la única forma de superar la desigualdad y la explotación era poniendo fin al capitalismo. La principal diferencia entre lo que postulaba Recabarren y lo postulado por la Unidad Popular estaba en quien debía administrar la propiedad social. Para él primero, era el Municipio, es decir, el poder local, mientras que, para los segundos, el Estado, o sea, el poder central. No obstante, esa diferencia, muy relevante, la abolición de la propiedad privada era, entonces, para la izquierda una condición necesaria y fundamental en la construcción de la sociedad socialista.
Durante el gobierno popular la lucha social y política que marca el periodo esta signada por la democratización/socialización/estatización popular de la propiedad privada de los medios de producción. El impulso y desarrollo del poder popular que se expresó en la ocupación y dirección por los trabajadores de cientos de centros productivos evidenciaban que la pérdida del poder social que experimentaban los sectores capitalistas.
La acción social y política de los trabajadores y sectores populares (pobladores, campesinos, indígenas, etcétera) de expropiar la base material del poder del capital implicaba la creación y desarrollo de su propio poder. La base material del poder popular estaba, justamente, en la conformación de la propiedad social. Este proceso fue dual. Tanto por arriba, es decir, a través de la acción gubernamental como por abajo a través de la acción directa de los trabajadores. Los iconos históricos y políticos de este proceso fueron:

(a) la Reforma Agraria, que permitió la expropiación de los grandes latifundios con el objeto distribuirlos entre los campesinos sin la tierra;

(b) la Nacionalización de la gran minería del Cobre, en junio de 1971, que recupero para uso y disfrute de la sociedad chilena los recursos naturales mineros;

(c) la estatización de la banca nacional como extranjera, anunciada el 30 de diciembre de 1970;

(d) la expropiación de la emblemática industria textil: Yarur Santiago, el 28 de abril de 1971, iniciándose con ella el traspaso de la industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores y,

(e) la estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales.

(f) La toma directa de tierras, industrias y empresas por parte de los trabajadores para incorporarlas al área social de la producción.

La democratización de la propiedad no fue solo un acto gubernamental, sino, también, fue la expresión del poder los sectores dominados: trabajadores, pobladores, mineros, campesinos, indígenas, de hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad.
Estos sectores sociales no tienen derecho ni acceso a la propiedad privada de los medios de producción en las sociedades capitalistas. Pero tampoco el derecho a disponer de un espacio donde poder habitar, por ejemplo, en la ciudad. Por esa razón, desde fines de los años 50 del siglo pasado, se había iniciado la ocupación de los espacios urbanos tanto fiscal como privados para “encontrar un sitio” donde habitar y vivir. A través de las “tomas de terreno”, el movimiento social popular de trabajadores sin viviendas, comenzaron a ocupar terrenos para construir sus casas. Primero, fueron las “poblaciones callampas” y luego, los campamentos y las poblaciones populares.
La “toma” fue un acto de apropiación colectiva de la propiedad privada se transformó entre 1970-1973, en la principal forma de acceso de los sectores populares y trabajadores a la propiedad. Este proceso fue otra modalidad de democratización de la propiedad por el poder popular que conducía a la transformación radical de la sociedad capitalista.
Dado que la democratización de la propiedad consistía en despojar, arrebatar y expropiar el poder social, económico y político que la propiedad de los medios de producción confería a la clase capitalista nacional como extranjera, las clases dominantes tomaron consciencia de que el centro neurálgico del conflicto se encontraba situado fuera del campo institucional de la democracia. Puesto, que dicho proceso, no solo se democratizaba a la propiedad sino también al Estado y hacía extensiva la democracia a todos y todas. La propiedad privada de los medios de producción dejaba de ser un patrimonio individual o familiar un pequeño y selecto sector de la sociedad, sino que se volvía una propiedad social colectiva-pública-estatal-común. Los “no propietarios”, por ejemplo, los campesinos que accedieron a la tierra, gracias la reforma agraria, de manera colectiva, durante el gobierno de la Unidad Popular, adquirieron no solo un poder social, económico y político, sino, sobre todo, dignidad.
La expansión democrática social asumió una clara orientación subversiva pues desafío y discutió frontalmente la dominación, la hegemonía y la violencia del capitalismo –desde la explotación de la fuerza de trabajo al uso represivo del Estado-. La democratización del Estado, implico la expulsión relativa de las clases propietarias de él y su ocupamiento parcial por parte de los sectores sociales no propietarios. Esta situación profundizo la crisis política de la dominación capitalista abierta por la acción del gobierno de la Unidad Popular.
Las clases propietarias nacionales como extranjeras comprendieron que debían defender a cualquier precio, la propiedad de los medios de producción. Para tal fin, estos grupos propietarios nacionales buscaron el apoyo de los sectores medios, a través de una alianza política y social en defensa del capitalismo.
Agrupados y organizados en el Frente Nacional del Área Privada (FNAP), que reunía a los dueños del capital y de los grandes, medianos y pequeños empresarios y propietarios de la industria y el comercio, lograron el apoyo de las organizaciones gremiales de profesionales autónomos y técnicos, tales como los Colegios Profesionales, orientándolos en una intensa campaña contra el gobierno popular y el socialismo. El FNAP, logro conseguir el apoyo y solidaridad de los sectores medios pro-capitalista. Potenciando su oposición política y social al socialismo con la progresiva alineación del Partido Nacional con la Democracia Cristiana que concluyó en 1973, al conformarse la Confederación Democrática (CODE). La unidad de las fuerzas antisocialistas acentúo, intensifico e incremento la lucha clases en el país.
Conformándose dos grandes bloques políticos sociales, por un lado, los defensores de la vía chilena al socialismo y el gobierno popular, la UP; y, por otro, los defensores del capitalismo, la CODE. Ambos conglomerados, a pesar, de la aguda conflictividad buscaron resolver el conflicto por la vía institucional. Concurrieron con dicha intención a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Los primeros lograr amplios apoyos electorales al gobierno y los segundos, alcanzar la mayoría parlamentaria requerida y necesaria para destituir constitucionalmente, o sea, políticamente, al presidente Allende y así poner fin al gobierno popular. El resultado, fue inesperado para la oposición anticapitalista. El 44,23% obtenido por la UP, marcaba un significativo aumento del apoyo ciudadano popular a la gestión del gobierno de Salvador Allende. Mientras que el 55,49% obtenido por la oposición antisocialista, implicaron dos cosas, a) los sectores anti UP experimentaron en tres años, una reducción porcentual de 8 puntos. En 1970, la candidatura de R. Tomic, demócrata cristiano, obtuvo un 28,08% de las preferencias ciudadanas y el candidato de la derecha Jorge Alessandri, el 35,29%. Los sectores antisocialistas en 1970, sumaban el 63,37%. Tres años eran menos, tan solo el 55,49%. En términos generales, a pesar que estos sectores eran mayoría en la sociedad chilena, el proceso democrático del presidente Allende amplio su apoyo electoral pasando de 36,63% a un 44,23%. Cabe señalar, que Allende fue el primer presidente que vio crecer el apoyo electoral inicial de todos los presidentes de la República, que lo precedieron en el periodo de 1932 a 1973. Esa era la fuerza electoral de la vía democrática al socialismo.
La fortaleza institucional adquirida por la democracia política bajo el gobierno allendista, a pesar de su proceso de trasmutación hacia una democracia social y económica, robustecía y potenciaba el proyecto popular al aumentar su fuerza electoral. Sin embargo, al mismo tiempo, endurecía, enfurecía y desesperaba a la oposición antisocialista nacional como imperialista. Fundamentalmente, porque el análisis de la proyección futura de los resultados electorales de marzo de 1973, apuntaban a señalar que la UP, dado el crecimiento electoral experimentado entre 1970 y 1973, podía volver a ganar la elección presidencial de 1976. De manera que las parlamentarias notificaron a las fuerzas antisocialistas dos cosas, por un lado, la vigencia e importancia de las instituciones democráticas para el proceso político impulsado por la UP y, por otro, la imposibilidad de frenarlo o derrotarlo a través de los mecanismos democráticos.
El gobierno de la UP desde su inicio fue, técnicamente, lo que se conoce en el lenguaje politológico, un “gobierno dividido”. Nunca tuvo mayoría en el parlamento. Por esa razón, debió buscar instrumentos disponibles en la institucionalidad para lograr hacer avanzar su programa de gobierno y llevar a cabo las realizaciones estructurales propuestas. Uno de esos instrumentos fueron los “resquicios legales”. Estas eran disposiciones legales olvidadas dictadas por gobiernos precedentes con distintos fines. Uno de esos instrumentos era el Decreto-Ley 520 dictado durante el gobierno de la República Socialista de 1932. Este texto legal y constitucional había sido utilizado por diferentes gobiernos posteriores a esa fecha, incluso de la derecha empresarial de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).
Del DL-520 permanecían vigentes cinco artículos referidos a la propiedad privada de los medios de producción que declaraban la utilidad pública de las empresas agrícolas, industriales y de comercio y de los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad. Por lo tanto, todos eran susceptibles de ser expropiados.
Armado con esta legalidad el gobierno popular inicio la emblemática construcción del Área Social de Producción el 1 de diciembre de 1970 con la expropiación de la no menos emblemática industria textil Bellavista-Tomé. A partir de esa fecha todas las expropiaciones de empresas e industrias ya sea impulsadas por el ejecutivo como por la acción directa de los trabajadores estuvieron amparadas legalmente en el DL-520. Tal como lo expresó el lienzo de colocaron las obreras y obreros en la industria textil Yarur Sumar, requisada en abril de 1971, desde ese momento los espacios productivos de Chile, constituían “territorios libres de explotación”.
Ese había sido el compromiso del “compañero presidente” a las y los trabajadores. Allende en su visita a la industria Yarur Sumar, había dicho, dirigiéndose y respondiendo el discurso de recibimiento que había pronunciado el dueño de la empresa Amador Yarur y ante medio millar de trabajadores: “…si soy elegido, Amador…aunque seamos amigos, te quitaré esta industria. Pertenecerá a los trabajadores y al pueblo de Chile”. El profundo miedo a la reacción del patrón, solo cuatro obreros se atrevieron a aplaudir las palabras de Salvador Allende. Sus dichos no eran palabras lanzadas al aires o buena promesa de campaña electoral, no lo eran. Era un compromiso ético y político con los trabajadores de todo el país y con el pueblo de Chile. Los trabajadores exigieron y demandaron tempranamente al presidente Allende su compromiso. Y, el día 28 de abril de 1971, el gobierno popular requiso la industria Yarur. Cumpliendo con la promesa presidencial. Ese día los trabajadores lo recordaran hasta el día de hoy, a pesar que la industria ya no existe, como “el día de la liberación”.
La forma como se logró la expropiación de la industria Yarur Sumar no solo inauguro la transición efectiva del capitalismo al socialismo, sino también, otra forma, otra praxis política y social, la de las y los trabajadores, diferente y contradictoria con la vía institucional propiciada por el presidente Allende, la acción revolucionaria directa y el socialismo participativo, un socialismo desde abajo. Era otra forma de buscar el mismo fin y al mismo tiempo superar y sobrepasar los obstáculos que les imponía al proceso la institucionalidad existente.
Desde el primer momento la lucha por la democratización del derecho de propiedad privada y el fin de la explotación se libró en dos niveles como fue la norma a lo largo de todo el gobierno popular. Por un lado, la dimensión jurídico-político, o sea, al interior del régimen político que confrontaba al Ejecutivo y al Parlamento. Y, por otro lado, la acción directa de las y los trabajadores. Los cuales a través de la “toma” y la ocupación de las industrias, exigían al Ejecutivo, su incorporación al área social de la producción. Mientras la discusión jurídica-política se estancaba por arriba. Por abajo, cientos de empresas e industrias, pequeñas, medianas y grandes, pasaron a estar bajo el control obrero. Muchas de ellas fueron ocupadas por el poder popular y obrero en reacción al intento de golpe de estado del 29 de junio de 1973. Impulsado por el Partido Nacional, la agrupación nacionalista Patria y Libertad y un sector del Ejército.
La apelación coyuntural a las Fuerzas Armadas, por parte de la derecha extrema, fue la reacción desesperada a la promulgación de la normativa que institucionalizaba y constitucionalizaba el Área Social de la Producción por parte del gobierno popular.
Las Fuerzas Armadas van intervenir, finalmente, no solo para dar “solución” al conflicto por la propiedad, sino del sistema capitalista nacional. Instalando en el poder la dictadura cívico militar del General Augusto Pinochet (1973-1990). La dictadura del capital puso en marcha un violento proceso de restauración de su dominación y hegemonía. Para tal efecto, destruyó íntegramente el contrapoder de los trabajadores y de los sectores populares. Poniendo en marcha una maquinaria de guerra y destrucción con el objeto de masacrar al pueblo.
Conjuntamente con el genocidio popular, la dictadura militar destruyó la democracia. Reestructuro completamente el modo de producción capitalista. Restaurando el derecho de propiedad privada de los medios de producción y el poder social de las clases dominantes. Para tal efecto, devolvió las industrias, empresas y campos a sus “propietarios”. Y, estos echaron a las y los trabajadores, en palabras de Jorge González, líder de Los Prisioneros: “les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron se escondieron. Merodean por nuestra ciudad”
El asesinato no solo de Salvador Allende sino del pueblo de Chile, fue posible, fundamentalmente, porque la experiencia revolucionaria del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende fue: una revolución democrática desarmada.

Cierre

Tal como escribí en mi tesis doctoral hace ya 18 años, hoy ante las burdas declaraciones del abominable e innombrable exministro, de las declaraciones destempladas de la derecha y del canciller, tenía la obligación ética de escribir y construir una explicación que les haga justicia a todas y todos los ciudadanos populares muertos, desaparecidos, torturados y humillados, vejados y violentados durante los 17 años dictadura. Cuyo único delito fue haberse tomado en serio aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y el pueblo.
Debía y debo seguir escribiendo y difundiendo esta explicación que explica de manera sucinta, la masacre popular perpetrada por la Fuerza Armadas y de Orden. Pues, sigo sosteniendo que no escribir una explicación que haga justicia a la lucha social de miles de compañeras y compañeras por una sociedad más justa e igualitaria, no puede ser política e intelectualmente aceptable. Sobre todo, se hace necesario develar y poner en conocimiento de todas y todos que la masacre perpetrada por los clases dominantes-propietarias, con el apoyo del gobierno estadounidense en alianza con los sectores medios, se hizo, fundamentalmente, aunque no solo por esa razón, en defensa del derecho de propiedad privada.
En razón de esa defensa, violaron sistemáticamente los derechos humanos, asesinando a miles de hombres, mujeres niños y niñas. O sea, para proteger sus propiedades, mataron. Y, estoy seguro, que lo volverían hacer, pues, el irrespeto por la vida humana de parte de los sectores propietarios, cuando se trata de defender sus intereses, ha sido una actitud históricamente fundada desde el siglo XVI.

Juan Carlos Gómez Leyton

Nota bibliográfica:

El presente artículo se escribe en base a dos libros que son complementarios. Aunque tienen distintos “objeto de análisis” coinciden en mostrar la potencialidad revolucionaria del proceso político abierto por el gobierno de la Unidad Popular. Al mismo tiempo dan cuenta de la limitación intrínseca del gobierno popular o si se quiere de la vía política institucional al socialismo: una vez abierto el conflicto por la propiedad privada, o sea, por el poder real, no puede ser resuelto por los mecanismos e instrumentos ofrecidos por la democracia. O sea, en otras palabras, poner fin al capitalismo sin requerir de la violencia revolucionaria es un camino político inviable.

Franck Gaudichaud: Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder Popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende. LOM Ediciones, 2016.

J.Carlos Gómez Leyton: La Frontera de la Democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973. LOM Ediciones, 2004.

*Juan Carlos Gómez Leyton es doctor en Ciencias Sociales y Política

Hay que enfrentar los cierres de fábricas y empresas

Las pérdidas de puesto laborales se suceden sin pausa mientras la central sindical se preocupa más por mantener la “paz social” y se muestra impotente frente a las patronales.

Esta semana el panorama político se vio sacudido por el cierre de la planta de Samán en Río Branco y el quiebre inminente de Motociclo.
El fantasma del aumento del desempleo sobrevuela situación nacional en el contexto de la crisis argentina, la suba del dólar y la inestable situación internacional.
No se trata de pérdidas de puesto de trabajo aisladas o puntuales, por el contrario desde hace ya algunos años de manera lenta pero persistente los cierres de fábricas y empresas se suceden en todo el país.
A los cerca de 30000 puestos perdidos en la construcción se suman otros sectores (lácteos, arroceros, supermercados etc.) que vienen cayendo en su nivel de ocupación.
En lo referente al empleo la situación se complementa con los bajos salarios que perciben la gran mayoría de los trabajadores, con unos 400000 que perciben menos de 20mil pesos al mes.
La actual ronda de consejos de salarios conjuga la orientación de las patronales de retacear aumentos con las pautas salariales que dio el gobierno las cuales tienden a la pérdida del salario real al estar prácticamente por debajo de la inflación real. Para citar dos ejemplos en el sector rural los empresarios se retiraron de las negociaciones negándose a dar aumentos irrisorios (300 o 400 pesos por trabajador) y en supermercados la cámara del sector está ofreciendo un aumento de salarios por dos años con la mitad de la inflación para compensar esta pérdida recién al final del periodo.

La impotencia del gobierno y de la dirección del PIT-CNT

El fin del “viento de cola” para las economías dependientes y exportadoras de productos primarios deja al desnudo la situación real económica del país; tras el fin de la burbuja que tuvo lugar en buena parte de los periodos de gobierno frenteamplista reaparecen con fuerza las condiciones de atraso y dependencia que se mantuvieron inalterables.
En los aspectos más estructurales el Frente Amplio fue incapaz de llevar adelante algún cambio, más bien por el contrario profundizó la matriz extractivista, de extranjerización de la tierra y de primarización de la economía. Su “política” de generación de empleos estuvo básicamente ligada a la apertura económica, buscando atraer inversiones con subsidios y exoneraciones fiscales, lo que supuestamente repercutiría en mayor demanda de mano de obra.
En la actual situación, con la caída de la producción en algunos sectores y los cierres de fábricas y empresas, se puede ver lo endeble y falaz de esa orientación. La crisis en el sector arrocero deja ver además como a nivel regional países como Paraguay (con costos de producción significativamente más bajos) actúan como una fuerte competencia; propiciando la relocalización de algunos sectores y por lo tanto el cierre de sus plantas en Uruguay. Un chantaje por parte de las patronales, que utilizarán esta dinámica para intentar imponer nuevas condiciones laborales en nuestro país buscando el aval de la dirección sindical.
En el movimiento obrero, que siente en carne propia el desempleo y los bajos salarios, la posición de la dirección del PIT-CNT constituye un dique de contención a cualquier tendencia de lucha y resistencia frente a los ataques del capital.
Si en los años de las vacas gordas se esforzó por presentar al gobierno como un defensor de los trabajadores, en los tiempos de crisis y ajuste intenta preservar al mismo gobierno recargando las tintas en los empresarios.
A lo sumo desde la central sindical han salido a decir que ven al gobierno “quieto y sin marcar agenda” ante “el clima de inestabilidad que generan los empresarios en una campaña electoral adelantada”. La dirección del PIT-CNT parece no querer ver que los impactos negativos en los trabajadores son más que un clima generado por los empresarios (que igualmente siempre están dispuestos a sacar tajada) sino más bien una consecuencia del modelo económico que llevó adelante el Frente Amplio.
Sacar esta conclusión les obligaría a dejar de lado su seguidismo al gobierno, cuestión que no podemos esperar de los dirigentes de la central obrera.
Tomando nota que los trabajadores perciben que la situación es de ataque a las condiciones de vida (desempleo, bajos salarios, precarización laboral, etc.) intentan posar de combativos; y mientras en los hechos avalan la política del gobierno y son impotentes ante los ataques patronales, verbalmente amagan con poner en marcha un “plan de acción”; aún después de haber levantado un paro convocado para fines de julio y haberse esmerado porque el paro del 22 de agosto fuera pasivo y sin movilizaciones.

Poner en marcha un verdadero plan de lucha

Para poder defender los puestos de trabajo, mejorar las condiciones laborales y subir los salarios los trabajadores tienen que superar la política que lleva adelante la dirección de la central obrera.
Solo un verdadero plan de lucha discutido democráticamente con asambleas de base podrá poner en movimiento toda la fuerza de la clase trabajadora y hacer retroceder a las patronales y gobierno.
El reparto de las horas de trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, la apertura de los libros de contabilidad de las empresas, la nacionalización bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida personal son algunas de las medidas que permitirán enfrentar el fantasma del desempleo.

Hernán Yanes

Fidel habla del Moncada

La Mesa Redonda retransmite las valoraciones que el Comandante en Jefe Fidel Castro hiciera para este programa el 24 de julio de 2000, sobre los acontecimientos vinculados al Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en 1953.

El papa Francisco enfrenta la peor crisis interna en sus cinco años de papado

La guerra interna en la Iglesia católica está lejos de encontrar su fin. Los sectores ultraconservadores impulsan una ofensiva contra el papa, envalentonados por el avance de grupos de ultraderecha en Estados Unidos y Europa.
La acusación del arzobispo Viganò, exnuncio (representante diplomático del Vaticano) en Washington entre 2011 y 2016, contra Bergoglio por “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick sigue generando repercusiones dentro y fuera de la Iglesia.
El exnuncio hizo pública su carta contra el actual pontífice justo cuando el Papa visitaba Irlanda, un viaje donde las víctimas de abusos le reclamaron por la inacción de la Iglesia contra los curas abusadores.
Bergoglio trata de bajarle el tono a la denuncia. "La verdad es templada, la verdad es silenciosa y no hace ruido", dijo una misa matutina que celebró en la capilla de Casa Santa Marta. "Con las personas que no tienen buena voluntad, que buscan solo el escándalo, que buscan solo la división, que buscan solo la destrucción, también en las familias (lo que hay que hacer es), silencio y oración" agregó.
Pero mientras el Papa pide guardar “silencio” sectores de la Iglesia a favor y en contra de él se pronuncian sobre el tema. Obispos de Argentina o el jefe del Consejo Episcopal latinoamericano salieron a respaldar a Bergoglio. En contra se pronunciaron sectores de la Iglesia estadounidense pudiendo tomar en serio la acusación de Viganò.

Acusados y acusadores, todos parte de una trama de encubrimiento

La acusación que hace el exnuncio no está apoyada en pruebas concretas, pero lo inquietante es que resulta creíble teniendo en cuenta el accionar del Papa Francisco en casos similares y el historial de las autoridades eclesiásticas.
El entramado de encubrimiento, complicidad e impunidad relacionados con los casos de abusos de menores por parte de miembros de la Iglesia católica salen a la luz en varios países a diario, implicando hasta las más altas autoridades incluido el Vaticano.
Julian Maradeo, autor del libro La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia católica, explica en una entrevista en El Círculo Rojo que existe en la Iglesia un sistema de encubrimiento que “tiene dos patas: uno es el traslado geográfico de los curas cada vez que se identificaba un caso de abuso. El otro es, lo que el Comité de Derechos del Niño de la ONU denominó como ley del silencio”. Ese silencio de los casos de abuso operaba “sobre los niños abusados y los curas que se animaban a denunciar los abusos”.
El diario inglés The Guardian reveló en 2009 que el representante del Vaticano ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en un intento por minimizar el escándalo por los casos de abusos, aseguró que entre el 1,5 y el 5 por ciento del clero católico participó en abusos sexuales. Maradeo en su libro asegura “Si la comunidad religiosa de la Iglesia católica, apostólica y romana alcanza la cifra e alrededor de 440 mil personas, los involucrados en situaciones de pedofilia oscilan entre las 6.600 y las 22.000”.
Bergoglio no ha estado alejado de esa trama. Por el contrario, ha quedado involucrado por la defensa pública a miembros de la Iglesia chilena acusados de encubrimiento, por poner un ejemplo. Tampoco se puede obviar que quienes lo atacan tienen su cuota de responsabilidad en que estos casos hayan sido silenciados durante años.

La ofensiva ultraconservadora

Al arzobispo Viganò no lo mueve un espíritu altruista, ni repentinamente ha decidido limpiarse de pecados. Viganò es parte del ala de la curia reconocida por sus posiciones contra el divorcio o la homosexualidad, fue protagonista en las primeras noticias de Vatileaks que culminaron con la “jubilación” del anterior papa Benedicto XVI.
El exnuncio y el sector de la curia al que pertenece tienen relaciones con organizaciones de la ultraderecha estadounidense. En febrero del 2017, el diario The New York Times detectó que el exjefe de consejeros del presidente Trump, Steve Bannon, buscaba organizar a los prelados ultraconservadores contrarios a las posiciones de Francisco. Para esta gente, relacionada al ultraconservador Tea Party, la rama fundamentalista del Partido Republicano, se requiere una fuerza religiosa cristiana tradicional para detener la expansión del islam, y defienden las políticas islamofóbicas de Trump y la ultraderecha europea, además de coincidir en el repudio a los homosexuales y al aborto y la defensa de la familia tradicional.
Estos sectores identifican a Bergoglio como un “enemigo” por su política que acompañó a la administración de Barack Obama, que en el marco de la crisis del orden neoliberal y de la decadencia hegemónica estadounidense aplicó una política “menos agresiva” para imponer las condiciones imperiales a fin de mantener el status quo global. El rol político jugado por el Vaticano en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tan celebrado por sectores del progresismo latinoamericano, coincidió con la búsqueda de un nuevo camino, en pos del avance de la restauración capitalista en la isla, encarado por el gobierno estadounidense.
No es casual que la acusación emparente a Bergoglio con el cardenal McCarrick. Su relación no fue circunstancial. El estadounidense se transformó en un consejero destacado del pontífice y nexo fundamental para la muy buena relación que estableció el actual Papa con la administración Obama, uno de los grandes éxitos que permitió la reubicación del Vaticano en la esfera geopolítica mundial.

Una guerra que desnuda la crisis moral de la Iglesia

Marcelo Larraquy, autor de dos libros sobre la llegada de Francisco al Vaticano, Recen por él (2013) y Código Francisco (2016), señala que la crisis de la Iglesia estaba y está marcada por dos cuestiones centrales: la crisis moral de valores cristianos que pregona, jaqueados por las continuas denuncias contra curas pederastas y sus encubridores -crisis moral que potenció el crecimiento de las iglesias evangélicas en regiones como América Latina- y los innumerables casos de corrupción.
Bergoglio buscó, desde su nombramiento como Papa, retomar “la misión evangelizadora” que había marcado una parte del papado de Juan Pablo II, pero ahora el centro del discurso papal se enfoca en lo “social” y en la “igualdad” ante la creciente desigualdad producto de la crisis capitalista, para de esa manera recuperar una parte de la autoridad de la Iglesia.
El Papa Francisco logró recuperar por algunos años parte de esa “autoridad moral”, cuestión que fue facilitada por sectores que reivindicaron el perfil reformador y social del papado. Pero lo cierto es que su defensa a ultranza de la doctrina eclesiástica y a las cruzadas reaccionarias en defensa de la moral de la sociedad se sumaron los cada vez más notorios encubrimiento en los casos de curas pedófilos, volviendo a poner en jaque la autoridad del Vaticano y la Iglesia.
Mientras Bergoglio y un sector de la autoridad eclesiástica buscan salir de esta guerra interna con el menor daño posible, los enfrentamientos actuales han vuelto a poner ante la vista del mundo el carácter reaccionario y la podredumbre interna de esta institución.

Diego Sacchi
@sac_diego

Argentina: Hay salida a la catástrofe económica

El anuncio de Mauricio Macri del adelanto de los desembolsos del FMI aceleró la corrida al dólar. Al derrumbe económico y al saqueo en curso hay que contraponerle un programa de los trabajadores.

A las diez de la mañana del miércoles 29 se conoció el mensaje grabado del presidente Mauricio Macri con el anuncio de las conversaciones que sostuvo con el FMI para adelantar desembolsos: “Nos va a permitir retomar la confianza”, afirmó el presidente.
Lo acordado contempla adelantar a 2019 los desembolsos que originalmente estaban planeados para 2020 y 2021. Pasado el mediodía, fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas informaron que son U$S 29 mil millones los recursos que pondría a disposición el Fondo hacia el año próximo.
De esta forma, la deuda pública cuando termine el mandato de Cambiemos, la alianza de gobierno, podría alcanzar a los U$S 400 mil millones, casi el doble que el stock existente al momento de asumir Macri.
El oficialismo buscó llevar calma a los “mercados” dado que hace semanas se discute la posibilidad de un default (imposibilidad de pago) de la deuda pública por las inconsistencias del programa financiero.
Cinco horas más tarde del anuncio presidencial, el cierre de las operaciones bancarias mostró a la cotización del dólar rozando los $ 35 en algunas entidades cuando al inicio de la semana cotizaba $31,40 y había iniciado agosto en torno a los $28. También se observó el hundimiento de las acciones de empresas argentinas en Nueva York.
Luego del cierre de las operaciones, Christine Lagarde difundió una declaración de apoyo al Gobierno haciendo referencia a la conversación que mantuvo con Macri.
“Teniendo en cuenta las condiciones más adversas del mercado internacional, que no se habían anticipado plenamente en el programa original con Argentina, las autoridades trabajarán para revisar el plan económico”, afirmó la directora gerente del FMI.
Un detalle: lo anunciado todavía no está aprobado por el Directorio del FMI. La improvisación da una dimensión de la crisis en curso. No obstante, el apoyo de Lagarde muestra al imperialismo jugado a sostener al Gobierno argentino, una de las nuevas caras de la derecha regional. Hasta el más confiado puede prever que la revisión del plan traerá más ajuste.
El lunes 13 de agosto el gabinete económico implementó una serie de medidas para contener la escalada del dólar frente al impacto de la crisis de Turquía: suba de la tasa de interés con el consecuente efecto recesivo; un reemplazo de las subastas de los dólares de Hacienda por los del Banco Central, que implicaba un cambio en relación a lo acordado originalmente con el FMI; y un rescate a los tenedores de Lebac (Letras del Banco Central) que son el principal intrumento financiero con el que el Banco Cenrtal intentó contener la inflación pero que se han convertido en una bonba de tiempo. La situación no se calmó.
En las últimas semanas, hubo una peregrinación de funcionarios del oficialismo a los Estados Unidos que concluirá con el encuentro de Mauricio Macri con los fondos “buitres” BlackRock y Templeton hacia fines de septiembre, en ocasión de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. Allí no encuentran compasión: los especuladores quieren más sudor y sangre del pueblo trabajador. El macrismo se está inmolando en el altar de las finanzas.
Pasaron dos meses y medio desde que el 20 de junio el FMI aprobó el Acuerdo Stand-By por U$S 50 mil millones, el crédito más importante en la historia del organismo.
Desde entonces el derrumbe económico adquiere una dinámica que no se detiene: los números de la actividad de junio son catastróficos y la inflación se está estimando desde un nuevo piso de 35 % hacia arriba, cuando el acuerdo original fijaba un límite máximo de 32%. Son sólo las primeras consecuencias de lo acordado con el Fondo. La vuelta a discutir el programa económico traerá nuevos recortes.
La historia no se repite dos veces, pero la dinámica económica tiene semejanzas a la experimentada entre los años 2000 y 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que se convirtió en la última gran crisis del país con más de 35% de pobreza y 22% de desempleo.
El denominador común está en los anuncios permanentes con el objetivo de generar confianza de los sospechosos de siempre: los “mercados”. Pero los anuncios no permiten recobrar la confianza y el vaciamiento del país no se detiene.
Frente al derrumbe económico, existen rumores de todo tipo: desde cambios en el gabinete, nuevos préstamos otorgados por el Tesoro de los Estados Unidos hasta medida más drásticas, consideradas como una herejía al espíritu neoliberal cambiemita.

Ellos o nosotros

Aquel 20 de junio cuando se acordó con el FMI, el Ministerio de Finanzas difundió un comunicado en el cual señalaba que “el plan incluye medidas para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad manteniendo el gasto social y, en caso de que las condiciones sociales desmejoraran, abriendo margen para incrementar el gasto en la red de protección social argentina”.
Las condiciones sociales están desmejorando a ritmo vertiginoso, pero habrá que ver qué queda de aquella promesa. Seguramente nada: la discusión del ajuste apunta cada vez más sobre jubilados y los niños que reciben ayudas estatales.
El retroceso de la actividad económica todavía no expresa de manera plena el efecto de la recesión que tuvo inicio en abril (y se decretará en septiembre en tanto técnicamente requiere de dos trimestres) y del recorte presupuestario que vendrá. Pero al malestar se está expresando en luchas como la del Astillero Río Santiago, empresa estatal emblemática que resistió la ola de privatizaciones de los años 90. También en la defensa de la universidad pública que entra en su cuarta semana de conflicto debido a que la oferta salarial es de un 15% de aumento cuando la inflación de proyecta en 35%.
La cotización del dólar nadie sabe a ciencia cierta cuánto más volará, pero todos acuerdan que impactará sobre la inflación. La retroalimentación entre devaluación e inflación es uno de los círculos viciosos del actual curso económico.
Lo mismo ocurre con los aumentos de las tarifas de servicios públicos con un sistema de servicios energéticos privatizados dolarizado y con el precio de los combustibles. Para agosto los analistas esperan una inflación mensual del 4 %, que sería récord en el año. Como se dijo, el nuevo piso de inflación anual se ubica en 35 %. La devaluación impone el ajuste más “democrático”: deteriora los ingresos de la mayoría que vive de su salario.
La clase trabajadora y la juventud necesitan un programa propio ante el saqueo desenfrenado del plan de Macri y el FMI. En el actual desorden económico todos los cálculos se evaporan de un día a otro. El único mecanismo para detener un mayor robo del salario es el aumento de acuerdo a la inflación con indexación mensual automática, partiendo de un mínimo igual a la canasta familiar, que en la actualidad ronda los $ 30 mil.
También resulta vital frenar los aumentos de tarifas. Nicolás Caputo, el amigo íntimo de Mauricio Macri, con negocios en toda la cadena energética, se enriquece con el deterioro de los ingresos del pueblo trabajador. Lo mismo que Pampa Energía, otra de las grandes jugadoras del mercado energético y también comandada por otro amigo presidencial, Marcelo Mindlin.
Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional bajo gestión de sus trabajadores y control de los usuarios populares.
La lucha universitaria nacional puso negro sobre blanco las disyuntivas del momento: los pagos de intereses y capital de la deuda alcanzarán este año los U$S 78 mil millones. Es casi la fortuna de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o el equivalente a veintitrés presupuestos universitarios.
Hay plata para destinar para la salud y la educación, pero el macrismo tiene otras prioridades.

Se fugaron más de un PBI

Durante el miércoles 29 el Banco Central subastó U$S 300 millones, pero no logró detener la escalada del dólar. En un día se fugó el equivalente a una vez y media lo supuestamente pagado en las coimas denunciadas en el #CuadernoGate, el caso de corrupción donde se investiga a varios funcionarios del gobierno pasado y algunos de los empresarios más poderosos del país, al mejor estilo Lava Jato.
Existen muchas estimaciones sobre cuál es la cantidad de capital fugado por argentinos en el exterior, la mayoría efectuada por el gran empresariado. Se trata de billetes, depósitos en paraísos fiscales como Panamá, propiedades en otros países (como departamentos en Miami y otras latitudes), bonos públicos y acciones de empresas, ocultos en el exterior. Su naturaleza opaca dificulta los cálculos.
Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadistica y Censos ubican los activos de argentinos en el exterior en unos U$S 250 mil millones. Otros cálculos llegan hasta U$S 400 mil millones. Con el dólar a $ 35, considerando los datos oficiales, el PIB de Argentina fue en el primer trimestre del años de U$S 342 mil millones. Es decir, que se fugaron más de un PIB.
Las grandes empresas periodísticas intentan establecer un sentido común sobredimensionando la corrupción con la obra pública (que claro que la hay, pero no llega en el más científico de los cálculos al 10 % del PBI) para ocultar este saqueo cotidiano de las riquezas del país que producen diariamente millones de trabajadores y que son apropiadas por la burguesía. En simultáneo no cuestionan los casi U$S 200 mil millones de dólares del “pago serial” de deuda ni la fuga de capitales que se efectuó durante el kirchnerismo.
El blanqueo de capitales impulsado por Cambiemos, votado en el Congreso gracias al peronismo y las develaciones posteriores exhibieron que los “mejores” exponentes del empresariado también evade impuestos y fugan capitales: entre ellos el primo del presidente Ángelo Calcaterra, la familia Rocca dueña de Techint, Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo.
El libro Endeudar y Fugar, editado por Eduardo Basualdo, muestra cincuenta grupos que fugaron capitales al calor de la crisis de 2001: Pérez Companc, Telefónica de Argentina, Repsol, Telecom, Nidera, Shell y otros tantos.
Está en curso un saqueo similar con la complicidad de los grandes bancos locales e internacionales: es bien conocido el dato que la J.P. Morgan y otro banco internacional se llevaron U$S 2 mil millones de las reservas del Banco Central cuando comenzó la corrida a fines de abril.
La nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores no sólo quitaría una herramienta que el gran capital utiliza para la fuga, también permitiría evitar la confiscación a los pequeños ahorristas, como hizo al principio de su gestión Carlos Menem o de la Rúa. Una banca estatal única sería una herramienta poderosa para el crédito barato para la vivienda popular o para el pequeño comerciante ahogado por la crisis.

Quién le para la mano a Macri

El blindaje del FMI para garantizar el pago de deuda y la fuga de los especuladores, es ampliado por otro blindaje: el de la contención del peronismo y el kirchnerismo con su lema “hay 2019” que, jugando con las ilusiones de un retorno en las próximas elecciones presidenciales, intenta amordazar al movimiento de masas mientras transcurre el vaciamiento del país.
El peronismo negocia el presupuesto de ajuste para el año próximo, tal como lo hizo en el 2000 con el gobierno de la Alianza. Es ilusorio pensar que en 2019, aunque medie el oficio papal, alguien va a realizar el milagro de devolver los puestos de trabajo y el salario que se pierdan hoy.
Ahora es cuando para derrotar los planes de Macri, sino las consecuencias sociales serán catastróficas. Es urgente (no dentro de un mes como quiere la burocracia que mantiene maniatado al movimiento obrero) un paro activo nacional de 36 horas, que sea el comienzo de un plan de lucha que termine en la huelga general.
Para construir esa medida es necesario impulsar, desde los sindicatos y centros de estudiantes, asambleas en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios, y coordinadoras de los sectores en lucha, siguiendo el ejemplo del movimiento estudiantil que se autoorganiza democráticamente y que el día de hoy convoca a una marcha que se espera sea masiva.
Contra el régimen de saqueo y corrupción, siendo que la mayoría del pueblo trabajador no comparte aún el objetivo estratégico de la izquierda de conquistar un gobierno de los trabajadores, proponemos luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se plantee reorganizar el país en función de las necesidades obreras y populares.

Pablo Anino
@PabloAnino

Lula proscrito por la justicia electoral brasileña

La justicia electoral brasileña dio un nuevo paso en el golpe institucional y proscribió en la noche del viernes la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) protagonizó este viernes un festival de arbitrariedad para cancelar de manera "express" el registro de la candidatura del expresidente Lula da Silva.
Seis de los siete jueces del TSE votaron por la proscripción de Lula consumando la continuidad del golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff. Los jueces Barroso, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira y Rosa Weber votaron para impedir que Lula pueda ser candidato en las próximas elecciones.
La sesión del TSE había sido convocada para discutir la "vehiculización de la campaña electoral de Lula en TV", y fue transformada en una sesión para juzgar el registro de la candidatura de Lula. Para vetarla.
El "juicio relámpago" del Tribunal Superior Electoral (TSE) es una grotesca violación de los derechos políticos de Lula. Ni siquiera se respetaron los plazos previstos por el propio Poder Judicial, que tenía hasta el 17 de septiembre para definir si permitía que Lula sea candidato, ya que su objetivo era presionar al PT para que cambie la candidatura de Lula por la de Fernando Haddad, registrado por el PT como candidato a vicepresidente, antes del sábado, cuando comienza el horario electoral gratuito en la televisión.
Para que quede claro que buscaban presionar al PT para que baje a Lula, los jueces del TSE se juntaron a puerta cerrada al finalizar la sesión para definir cómo puede usar el PT el espacio de propaganda televisiva. Las opciones que le dieron son dos: si mantienen a Lula solo pueden hacer propaganda en TV con la figura de Haddad como vicepresidente y sin que aparezca Lula. Pero si bajan a Lula y nombran a Haddad como candidato presidencial entonces Lula podría aparecer en hasta un 25% del espacio para apoyar a Haddad. Una resolución que pinta de cuerpo entero la arbitrariedad del Poder Judicial y su compromiso con la proscripción de Lula y los objetivos golpistas.

La continuidad del golpe

El jueves, esta misma casta judicial aprobó la nefasta "tercerización irrestricta", que habilita la tercerización de trabajadoras y trabajadores en las actividades principales de las empresas, lo que estaba prohibido y era una importante demanda de las patronales parte del plan golpista. El mismo día aumentaron en 5.500 reales (cerca de 50.000 pesos argentinos) sus salarios, que ya eran extraordinarios (un total de 10.000 dólares mensuales). Al día siguiente, mueven las piezas para que las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán en octubre, sean manipuladas para darle continuidad al proyecto golpista.
Este resultado implica que la candidatura de Lula ya no puede ser considerada "bajo juicio", y el PT no podrá participar del horario electoral gratuito hasta sustituir a Lula por Fernando Haddad, registrado por el PT para la vicepresidencia. El PT podría apelar a la Corte Suprema para rever la decisión que tome el TSE.
Al comienzo de la sesión, la defensa de Lula dijo que el proceso no estaba listo para ser juzgado porque no hubo tiempo para que las partes presenten los alegatos finales. El juez informante del caso de Lula en el TSE, Luís Roberto Barroso, dijo que el tribunal estaba listo para juzgar el caso, aun reconociendo cínicamente que los colegas "tuvieron poco tiempo para analizar el caso".
Barroso leyó su informe con un resumen de los argumentos de la procuradora general Raquel Dodge, del Partido Novo y del candidato ultra derechista Jair Bolsonaro, que presentaron impugnaciones a la candidatura de Lula, además de los argumentos de la defensa del petista.
Ubicándose como parte de la casta judicial, el abogado de la alianza del candidato Bolsonaro, lanzó la frase que sintetiza el espíritu de oligarquía reunida en el TSE: "podemos mucho, a decir verdad, podemos todo", antes de ratificar la impugnación de la candidatura de Lula. Los golpistas alabaron sus propios superpoderes.
Raquel Dodge dijo que la "decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU no es de la competencia de la Justicia Electoral y cita jurisprudencia de la Corte Suprema". Así justificó la impugnación de la candidatura de Lula.
Los abogados defensores de la candidatura de Lula argumentaron la legitimidad y el reconocimiento por parte del Estado brasileño de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU. También denunciaron el trato diferencial de Lula con respecto a más de 1.000 otros casos similares en los que los candidatos pudieron hacer campaña y revirtieron su impugnación después de haber sido elegidos. También solicitaron las garantías procedimentales que permitan hacer valer un resultado favorable y apelar uno desfavorable.
El medio local Folha de S.Paulo reconoció que hay cerca de 400 casos similares al de Lula ya analizados por el TSE, en los los candidatos condenados en segunda instancia pudieron hacer campaña, y en el 50% de los casos, la situación cambió hasta la entrega del diploma.
El primer juez a emitir su voto fue Barroso. Abrió su justificación de voto citando a Kant para decir que "había que cumplir su deber", que según él era la "defensa de las instituciones". Este juez, que en la víspera votó a favor de la tercerización irrestricta del trabajo, votó en contra del registro de la candidatura de Lula.
El segundo voto fue el del juez Fachin, único juez que votó a favor de hacer lugar a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el registro de la candidatura de Lula.
Pero luego les siguieron los jueces Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira y Rosa Weber, que votaron contra la candidatura de Lula, consiguiendo la mayoría para la proscripción del candidato del PT. Weber, presidenta del TSE, consideró que la decisión del organismo no es impedimento para que Lula siga en campaña hasta que haya una decisión de la Corte Suprema, a la que el PT todavía puede apelar. Su posición sin embargo quedó en minoría.

Lo que dijeron las candidatas anticapitalistas

Diana Assunção, candidata del MRT a diputada federal por el PSOL en San Pablo, dijo en las redes sociales que "lo que está ocurriendo en el TSE es continuidad del golpe institucional", y agregó "No defiendo el voto del PT pero defiendo el derecho del pueblo a decidir a quién votar".
Maíra Machado, candidata a diputada estadual por el MRT en San Pablo dijo que "Se trata de un veto absurdo, sin cualquier fundamento jurídico, que viola los derechos políticos más elementales de un político que tiene el 40% de intención de voto en Brasil", y agregó que "Si este régimen golpista le hace esto a Lula, ¿qué queda para los trabajadores, la izquierda y los sindicatos?". Finalmente, declaró que "No apoyamos el voto a Lula o a cualquier candidatura del PT. Batallamos por superar la tragedia de la conciliación de clases petista. Pero no cerramos los ojos ante esta embestida de la derecha. Repudiamos todas las leyes que implican más restricciones antidemocráticas. Defendemos incondicionalmente el derecho de Lula a candidatearse, y la primacía de la soberanía popular. Exigimos la caída de toda ley que restrinja ese derecho".

Redacción Esquerda Diário

La insolvencia económica y política de la Argentina del capital

“A los niveles actuales, la deuda pública de Argentina puede llegar al 90% del PBI – con el 80% nominado en dólares”. Esta información no la ofrece un ‘agitador febril’ sino el Financial Times de hoy, que cifra las “necesidades de financiamiento” para Argentina en u$s77 mil millones hasta fines de 2019. La raíz de esta nueva bancarrota es, entonces, la misma que la del pasado, pero multiplicada varias veces: la impagable deuda externa. En diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de los ejecutivos de finanzas, la deuda pública representaba ya un monto enorme y era hasta un 70% más alta que en 2001, cuando alcanzaba alrededor de la mitad del producto bruto. El incremento de la deuda externa, en más de dos años, ha sido, aproximadamente, de u$s160 mil millones.

La deuda externa de siempre, peor

¿Por qué semejante endeudamiento? Simplemente para financiar la salida del ‘cepo’ de los K, que reclamaba todo el capital nacional e internacional. Esto significó piedra libre para pagar a fondos buitres, expatriar dividendos, utilidades y pago de servicios. Más el gasto en turismo, este drenaje consumió el 60% de la nueva deuda, más la emisión de Lebacs para acumular reservas ficticias – la deuda del banco central creció en u$s40 mil millones en dos años. Argentina se convirtió en el país que pagó más caro el endeudamiento internacional. En resumen, el endeudamiento financió el vaciamiento financiero de Argentina.
Estos números ponen en evidencia que Argentina enfrenta una nueva insolvencia financiera como consecuencia de la deuda externa. La charlatanería patronal, con la venia del FMI y el capital financiero internacional, la caracteriza de otro modo – dice que la bancarrota de Argentina obedece al llamado “déficit primario” del Tesoro Nacional, o sea, a que el Estado “gasta” más de lo que recauda. Pero este déficit primario llegó en junio pasado a 70 mil millones de pesos, lo que representaba entonces menos de u$s3 mil millones, y ahora, a 40 pesos el dólar, menos de dos mil millones, o sea porotos. En cambio, el déficit financiero del Tesoro era, a esa fecha, de 300 mil millones de pesos, en un 80% por el pago de la intereses de la deuda pública. Ahora, los intereses de la deuda se fueron a las nubes por la disparada del dólar y la inflación. Esos intereses se pagan en dólares o en pesos ajustables por inflación. La deuda podría haber alcanzado, en estos días, un número mayor que el PBI. Ocurre que éste se desvalorizó en dólares: era de u$s600 mil millones con el dólar a 16 pesos; de menos de 500.000 millones con el dólar a $25; a 40 pesos podría haber retrocedido a u$s400 mil millones.
El macrismo y sus cómplices de la oposición fingen ignorar el crecimiento enorme de la hipoteca de la deuda externa, y reclaman reducir a cero el déficit primario, y pagar por completo, sin embargo, el déficit financiero. Para eso quieren acentuar el tarifazo, vaciar el Fondo de Garantía de Anses y reducir el ajuste de las jubilaciones por inflación. De este modo, dolarizarían por completo la energía, las obras públicas y el transporte, y tratarían de volver al régimen de las AFJP. Explotan la crisis con la intención de confiscar la fuerza de trabajo.
Pero incluso un déficit primario cero o hasta un superávit no alcanzarían para pagar los intereses de la deuda, que son muy superiores, ni menos todavía amortizar siquiera una parte de la deuda que vence en el próximo año y medio.
Esto explica la insolvencia en que ha caído el Estado nacional. Esta insolvencia se refleja en la explosión de los seguros contra default de Argentina y en la suba astronómica de la tasa de interés que se debe pagar por una refinanciación de la deuda externa – más de doce por ciento en dólares y subiendo – una carga prohibitiva.

El capital y el estado en default

Mientras el ‘déficit primario’ puede ser financiado con crédito nacional, porque se encuentra en pesos, el financiero requiere dólares, o sea crédito externo. Aplicar deuda externa para financiar un déficit en pesos es simplemente un negociado para la banca internacional. No es la devaluación del 99% del peso lo que ha causado este derrumbe, sino el derrumbe, o sea la imposibilidad de pagar la deuda externa, lo que fogonea la devaluación. La devaluación transforma a la cesación internacional de pagos en una quiebra de la economía nacional. “La mayor preocupación, dice el FT, es si Argentina puede hacer frente a sus necesidades financieras en los años que vienen, mientras navega una recesión inminente y una inflación que se desborda…”.
De nuevo, la charlatanería patronal presenta las cosas como conviene a sus intereses. También en 2001, como ahora, vuelve a defender “la salud” del sistema bancario. ¿Por qué, entonces, las acciones del Supervielle, Macro, Galicia y el resto, caen como plomo en la bolsa de Nueva York, acompañando a los bonos argentinos? Bien mirado, esas acciones, que cotizan en dólares, no deberían estar afectadas, y las que cotizan en pesos deberían subir por el ajuste a la inflación. Más allá del impacto de los ‘cuadernos’, la desvalorización se explica bien: tienen en encaje títulos públicos o semi-públicos, como Lebacs, Leliqs y de otro tipo, y una deuda en dólares, por un lado internacional y por el otro con sus depositantes en esa divisa, que se pasaron de pesos a dólares. De acuerdo al Cronista (30.8), los depósitos en dólares subieron mil millones y aquellos en pesos cayeron (a plazo fijo y caja de ahorro) en 48 mil millones de pesos. El pasivo bancario crece y es mentira que calce con su activo pesificado. A los bancos se les impuso una refinanciación forzada de Lebacs con una prima que ha llegado al 60% de interés anual, el martes reciente. En síntesis, el derrumbe capitalista provoca la devaluación, no al revés.

El FMI “se equivocó”

Lo más instructivo de esta crisis es que los charlatanes culpan ahora al acuerdo con el FMI, que antes elogiaron, por todo este desastre. “Hay una crisis cambiaria, dice Redrado a Clarín (31.8)… que se profundiza con el programa del FMI”. Esto lo advertí antes de que se llegara al pacto con el FMI (“A dos voces”), ante un panel de ‘consultores’. En efecto, el Fondo puso la condición que el préstamo que otorgaba no debía ser usado para defender la cotización del peso – un salvavidas, pero de plomo, porque dio luz verde para la corrida cambiaria en desarrollo. De otro lado, exigió que se ‘saneara’ al Banco Central, en un plazo determinado, a un precio enorme. Primero, ‘desarmando’ las Lebac, una deuda de u$s60 mil millones del Banco Central, equivalentes a un billón de pesos, y rescatar las ‘letras intransferibles’ del Tesoro en el Banco Central, de otros u$s30 mil millones. Liquidar el pasivo y valorizar el activo del Banco, del orden de los u$s100 mil millones, a cargo del Tesoro nacional, que empezó a emitir deuda para financiar ese despropósito. Ante el derrumbe monetario que generó el planteo, el FMI suspendió el rescate de las letras intransferibles para otra ocasión. Tampoco se ha terminado de liquidar las Lebac: entre estas y la emisión monetaria hay combustible todavía para llevar arriba de los 40 pesos al dólar.
El acuerdo generó, de este modo, una mayor corrida cambiaria, cuando el objetivo de la firma, como fue presentado, era evitarlo. El desarme incompleto de Lebacs fue hecho mediante una mayor emisión directa de moneda, y por otro lado mediante una emisión indirecta, a través de la compra de Letras del Tesoro (Letes) que financian gasto público y aumentan la deuda impagable, por el monto y por los plazos cortos de vencimiento. El FMI y el gobierno son los responsables principales de la corrida cambiaria. Según Ámbito (29.8), la emisión neta de moneda fue, de enero a agosto, de 180 mil millones de pesos. Consumado el propósito de financiar con deuda externa el vaciamiento financiero de Argentina, el FMI impuso la mega devaluación del peso para ‘reequilibrar’ la economía a un nivel histórico aún menor. Este derrumbe explica el último paso (en todo el sentido de la palabra) del gobierno, de solicitar al FMI que desembolse de una vez el préstamo prometido en cuotas hasta 2020, lo que sin duda será rechazado. Como dice un columnista de La Nación (Carlos Pagni), el desequilibrio existencial del macrismo precipita la caída al abismo.
La continuidad del gobierno actual es un obstáculo absoluto a una salida de la bancarrota. Es la conclusión a la que se arrima el ‘medio hegemónico’, en el editorial del viernes 31. “Es claro que el esquema de gobierno de Macri está en estado crítico. También se sabe que el gobierno es reacio a hacerlos (cambios)”. En este marco, la industria sufre caídas enormes, crece el desempleo, la pobreza – Argentina enfrenta un escenario de depresión económica; hasta Wal Mart decidió hacer los petates. El punto de partida para cualquier salida histórica de este nuevo derrumbe es poner fin al pago de la deuda externa y nacionalizar, sin resarcimiento, al capital bancario y financiero.
La bancarrota ha llevado a la burguesía a reconsiderar su punto de vista acerca del ‘populismo’ – “…estarían pidiendo una mayor intervención en el mercado, no solo en el cambiario”, escribe el agroindustrial Clarín (31.8). Este cambio de frente se manifiesta en la crisis al interior del gobierno, y en el reacomodamiento del pejotismo y la promoción política de Lavagna; la burocracia de la CGT se ha dividido entre uno y otro campo y asegura que quiere preservar “el plan económico, la contención social y la democracia”. Este realineamiento levanta un programa módico, que parte de defender el pago de la deuda externa: congelar tarifas, aumentar algunos impuestos directos e indirectos (retenciones), salvar la obra pública de las denuncias de los ‘cuadernos’, o sea seguir con el cuento de ajustar el ‘déficit primario’ y salvar de la cárcel a la patria contratista. Emilio Apud, un agente de las petroleras nacionales e internacionales, acaba de escribir en Clarín que la solución para las corruptelas de la patria contratista es entregar la obra pública a las contratistas internacionales. La crisis política invade todos los campos patronales.

Una crisis internacional

Al igual que la bancarrota de 2001, la quiebra actual de Argentina se integra a una crisis internacional, pero todo a un nivel superior. Se manifiesta en la periferia en forma catastrófica – devaluaciones en Turquía, Brasil (deuda externa de un billón de dólares), Sudáfrica, Rusia, China). La deuda internacional de Estados Unidos y el consecuente aumento de la tasa de interés y la guerra económica, sumada a la crisis de deuda que se acentúa en China, junto a la salida de capitales de este país y la desvalorización de su moneda, el yuan; todo esto constituye un determinante de la crisis de Argentina y los países periféricos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha insinuado que podría frenar la suba de la tasa de interés internacional por el temor a provocar varias crisis de deuda y bancarias en la llamada periferia. La Nación (31.8) advierte que “la pelea entre EEUU y China afectará (el precio) de los granos”, o sea que ni una buena cosecha suscita el optimismo. La crisis de sobreproducción mina las bases de la especulación financiera, amenazando a los países centrales. Esto se ve ya en Italia, Francia o España, pero también en Estados Unidos, donde la “euforia” se encuentra dopada por una enorme reducción de impuestos al capital; vuelve a asomar una crisis de endeudamiento hipotecario y de la educación universitaria. De acuerdo al FT (30.8, columnista Lex), tampoco el sistema bancario se encuentra a salvo. En definitiva, la crisis mundial se recicla, potenciando las crisis nacionales.
En base a esta caracterización – una crisis fenomenal de conjunto, no episódica sino que se desarrolla y entrelaza con la crisis internacional y la lucha de las masas –; una crisis que ha cobrado un carácter netamente político; en base a esto planteamos la convocatoria de una Constituyente soberana, o sea que se hace cargo del poder político para tomar todas las medidas necesarias que la crisis impone a los trabajadores, sin las cortapisas del orden constitucional y jurídico agotado , y llamamos a los trabajadores a asumir el liderazgo de esta lucha. Llamamos a la huelga general para poner fin al plan de las patronales y el FMI, y a deliberar en congresos de bases de los sindicatos, regionales, centrales obreras, organizaciones populares, para que la clase obrera dirija la lucha de conjunto, netamente política. La crisis encuentra a las masas con un espíritu de resistencia e incluso de rebelión. El desafío político está al rojo vivo.

Jorge Altamira

Los restos de Franco

Exhumar los restos de Francisco Franco no será tarea fácil si de una exhumación profunda se trata. Sacar los restos de un féretro no es suficiente para hacer justicia a los miles de asesinados, perseguidos y expulsados por una dictadura. Pero no es poca cosa atreverse a desmontar un monolito simbólico que, derechas y ultraderechas, han defendido y defienden como bandera de sus peores aberraciones criminales. Por cierto, tampoco es un “mérito” atribuible como victoria política significativa a una sola ocurrencia de coyuntura. Hay generaciones enteras comprometidas con esa lucha en tierras propias y ultramarinas. Todavía en Latinoamérica se perciben los tufos de la dictadura franquista.
Exhumar los restos del dictador, además de ser un reclamo de partidos y organizaciones de izquierda, es un repudio en el alma de toda aquella persona digna que no entiende la vida política basada en asesinatos o persecuciones. Lucha de cuerpo y alma de miles de personas ha sido humillada mientras alegremente se puede visitar la tumba de Franco en un lugar para el jolgorio de los desmemoriados y de los no tanto.
Franco, y todos sus cómplices, sometió a España desde el final de la “Guerra Civil” (1936-39) hasta su fallecimiento en 1975. Y eso no ha desaparecido. Queda un menú completo de dimes y diretes exhibiendo palabreríos a destajo, en pro y en contra, de que se toquen los restos y la herencia simbólica impuesta a la posteridad por el capricho de los contertulios del franquismo. Vivos y muertos. La Iglesia anunció que no se opondrá al traslado y algunos descendientes insisten en que la tumba es intocable. Lo importante es lo que diga el pueblo español que ha sido desmembrado a sangre y muerte, en cuya memoria la cosa sigue tan fresca como fresca está la tumba del dictador. Con presupuesto del Estado.
En mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó la iniciativa para la exhumación del dictador. Dicen que el presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, sostiene airadamente que “un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella”. ¿Dijo algo de los miles de cadáveres arrebatados a miles de familias, o algo dijo sobre las miles de exhumaciones imposibles bajo las fosas comunes que aún no se han abierto? Recordemos que “todo está guardado en la memoria”. Cada 20 de noviembre se recuerda la muerte del dictador que dejó su puesto a Juan Carlos y éste a su vez a su hijo. La monarquía sigue tan campante. Mientras tanto las penurias generales de los trabajadores no se taparán con la exhumación de un símbolo de la dictadura franquista, ni habremos de permitir que generaciones de millones de jóvenes tapen la memoria con plañideras de Tirios ni Troyanos.
Son centenares de miles de personas asesinadas, expulsadas, perseguidas por un Estado fascista y no podemos caer en ninguna emboscada efectista que, incluso teniendo las mejores intenciones, no debe ser usada para dar por saldado un pasado macabro que aun vive en las entrañas de la España actual. Debe estar viva en la memoria del pueblo, no para comerciar con el dolor ni maquillar la explotación feroz de los trabajadores españoles que, tanto bajo el franquismo como hasta el día de hoy, soportan todos los pesos de la dictadura.
Sobrevive el régimen franquista en el miedo y la represión que evoluciona hacia un régimen de dictadura financiera sustentada en la pura represión económica, física y mediática junto al ensanchamiento del mercado internacional con todas sus crisis de sobreproducción en el paraíso de los bancos. Sobrevive el franquismo en sus leyes y en sus argucias moralistas, ideológicas y culturales contra la clase trabajadora. Los huesos de Franco no reposan ni reposan los negocios de sus cómplices. Los restos de Franco son demasiada gente y demasiado dinero, terrenos, mansiones, negocios e industrias. La misma iglesia que bendijo fusilamientos y cuerpos en fosas. Hay que abrir el sepulcro para cerrar las heridas causadas por un verdugo sepultado a lado de sus víctimas. Así que, junto a sus restos hay que exhumar los restos de la monarquía heredada de Franco, los jueces, los militares, las calles y los monumentos franquistas.
Ninguna exhumación alcanza para borrar de la Historia a una dictadura que pisoteó todos los derechos elementales con una represión infernal. Fueron sus víctimas miles de activistas de la clase obrera, especialmente los jóvenes. La represión fue siempre la atmósfera asfixiante que envolvía la cotidianidad mientras el terrorismo de clase fue uno de los tantos métodos del día a día multiplicado por un aparato del Estado que perfeccionó, permanentemente, sus artes de represión. Ninguna exhumación ha de servir para tapar los horrores que se multiplicaron disfrazados de “democracia” bajo las aventuras de Juan Carlos de Borbón, garante de la sobrevida del franquismo. Y hasta la fecha.
La exhumación no es un triunfo de un sector de la política ni un conjuro para salvar al franquismo y sus crímenes, ni salvará los privilegios de la Iglesia Católica cómplice. Es que la iniciativa exhumadora volvió a poner de manifiesto que sólo con justicia social los pueblos pueden comenzar a poner en su lugar, histórico y político, todos los episodios criminales de los Estados Sin olvidarlos. Quebrar un símbolo tan odioso para la Historia de España y del mundo, sacándolo de todo contexto de homenaje estatuario o de mausoleo, propone abrir un debate contra toda emboscada ideológica de la oligarquía a condición de que sea obra, también, de organización consciente de las víctimas, directas e indirectas, para hacer de la exhumación y del franquismo, todo un aprendizaje sobre las lecciones del pasado. Ser capaces de neutralizar toda posibilidad de uso político parcial de los huesos del dictador, o lo que de él quede, material e ideológicamente. Esté donde esté.
Si la exhumación ha de ser una reivindicación histórica de las víctimas, sus familiares y sus pueblos, hay que conseguir que sea mucho más que una reivindicación decorativa y pase a ser un plan de lucha simbólica permanente que exhume, de una vez y por todas, los cadáveres que el capitalismo “esconde bajo la alfombra” y nos los vende como logros históricos y morales. Una batalla contra la ideología de la clase dominante y su guerra simbólica, que no se reduce a esconder los cientos de miles de prisioneros políticos, exiliados y ejecutados, sino que sigue operando con toda impunidad, y no pocas veces con nostalgia, en el presente amargo de una España –todavía monárquica- arrodillada por las mafias financieras, inmobiliarias y mediáticas. Entre muchas otras. Será por eso que no pocos insisten en decir: “Los restos de Franco no están en el Valle de los Caídos están en las empresas y están en el congreso”.

Fernando Buen Abad Domínguez

Cobertura de izquierda para la misma política del Frente Amplio

En tiempos en que se anuncian los posibles candidatos del Frente amplio para las próximas elecciones el nombre del dirigente del Partido Comunista suena como una posible alternativa.

Las distintas encuestas que miden las simpatías e intenciones de votos para las próximas elecciones son hoy una preocupación para el Frente Amplio.
La apatía y el descontento popular por la situación económica y social pueden traducirse en una fuga de votos para otros partidos generando un panorama político incierto, con posibilidades reales de que el Frente Amplio pierda las elecciones del año próximo (o las mayorías legislativas).
Un importante sector de desencantados forman parte de la base social histórica de la coalición; trabajadores, estudiantes, jóvenes no esconden su frustración al ver que luego de de tres periodos de gobierno nada ha cambiado estructuralmente. Por el contrario, las fronteras con los partidos tradicionales de la derecha se han hecho borrosas y sus posiciones están alejadas de las tradiciones de la izquierda política.

El rol del Partido Comunista

El Partido Comunista ha sido parte de la columna vertebral histórica del Frente Amplio y un responsable fundamental de su deriva política.
Aunque discursivamente ha tomado distancia de las medidas más antipopulares que se tomaron en estos años (desde la esencialidad en la educación, las rendiciones cuentas ajustadoras, las promesas incumplidas de presupuesto educativo, decreto antipiquetes, represión en el Codicen, etc.) es innegable que garantiza por izquierda, y en especial con su peso en el movimiento obrero, la gobernabilidad necesaria para que Astori y compañía lleven adelante esta política económica.
La posible candidatura del dirigente de la construcción, Oscar Andrade, es una variante que prepara el Partido Comunista para intentar retener y motivar a esos sectores de trabajadores desencantados con las políticas neoliberales que ha llevado adelante el Frente Amplio en el gobierno, y contribuir a ganar una nueva elección.
El propio Andrade ha sido claro cuando en una entrevista decía “¿la candidatura ayuda para que el FA gane el año que viene? Es evidente que mi candidatura no es favorita, pero si ayuda a organizar la presencia política de trabajadores, jóvenes, sectores vulnerables, así como a convocar a determinado frenteamplismo, y eso termina ayudando a que el FA gane la elección, voy para adelante”.

¿Alternativa o continuidad?

En su profunda integración al régimen político uruguayo, el Partido Comunista ni siquiera intenta posar como alternativa a las variantes más de derecha del Frente Amplio.
Andrade aún no ha confirmado su participación como candidato pero si ha dado claro mensajes de cual es su intención con su postulación; algo así como “dinamizar” la militancia, acercarse a los movimientos sociales que hoy están distanciados y fundamentalmente colaborar para que gane el Frente Amplio.
Su discurso intenta mostrarse como sensible a las problemáticas sociales, pero prácticamente no esboza críticas serias a lo que han sido los ejes del gobierno en estos tres periodos.
Andrade también ha manifestado que con uno de los “referentes” con que consultó su posible candidatura ha sido el ex intendente Mariano Arana, de la Vertiente Artiguista. Con estos movimientos y apoyos también muestra el perfil con el que encararía su candidatura. Arana durante su administración llevo adelante políticas privatizadoras y de tercerizaciones en Montevideo y como ex ministro de Vázquez en su primera presidencia avaló la orientación que desarrolló el gobierno.
Aunque Andrade es un trabajador por su origen social, su política se diluye en un frente de conciliación de clases que no apunta a superar el capitalismo sino a gestionarlo y administrarlo. Su posible postulación termina siendo una continuación de lo que él y el Partido Comunista han hecho desde la dirección del Pit-Cnt, es decir asegurar la gobernabilidad para que se desarrollen políticas contrarias a los intereses populares.
En momentos de crisis y de ajustes tenemos que aprender de estas experiencias y sacar las conclusiones necesarias. Los trabajadores y sectores explotados deben contar con su propia herramienta política sin hacer seguidismo a ningún sector burgués; otras estrategias ya mostraron su fracaso y que nada bueno traen para los trabajadores.

Hernán Yanes