El peligro de un apoyo explícito al presidente en el medio de la campaña electoral y la necesidad de un movimiento de DDHH masivo, crítico, independiente y movilizado para acabar con la impunidad, dos temas del pasado y del presente.
En la concentración realizada el pasado 11 de abril, y convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, el PIT-CNT y la FEUU se resaltó el apoyo al presidente Tabaré Vázquez por haber removido a los militares del Tribunal de Honor, además del Jefe del Ejército y del Ministro de Defensa y su vice, a raíz de las declaraciones de Gavazzo que se filtraron a la prensa. “Medida ejemplar” dijeron. Pero el presidente actuó de contragolpe y solo porque el hecho tomó carácter público. Vázquez tomó las medidas que tomó a partir del escándalo público, y no antes.
El respaldo al accionar del presidente, por su parte, genera una contradicción. Ya que por supuesto estaremos todas y todos de acuerdo con la decisión de remoción de generales y ministros. Pero nada se dice de la responsabilidad del mismo Tabaré Vázquez en la búsqueda de los desaparecidos y en la política de reconciliación que siempre tuvo.
“Uruguayos contra uruguayos nunca más” fue la forma en que Vázquez planificó centralmente su primer mandato, de manera de poder realizar algunas acciones y gestos simbólicos, pero que no iban al hueso de la cuestión. “Cambiar algo para que no cambie nada”, como se dice en estos casos. Así los 4 restos de los desaparecidos encontrados y la decena de militares encarcelados (que hoy gozan de privilegios con sus prisiones domiciliarias) fueron las monedas de cambio para aparecer como comprometido con los DDHH, cuando en realidad lo que quería era dar vuelta la página y terminar con este tema, tan escabroso para todos, avanzando en la reconciliación con las FFAA.
Contradictoriamente se sentenció en la proclama "Señoras y señores, el clavo no está en si el presidente sabía o no sabía, si le dijo o no le dijo. Ahí no hay que martillar". Lamentablemente aquí no se detienen en las responsabilidades políticas por la existencia de la impunidad, sino que solo se quiere poner el foco en las atrocidades realizadas por los militares. Una operación peligrosa que linda con el apoyo explícito al gobierno frenteamplista, en medio de la campaña electoral. Operación que, no dudamos, fue realizada por el Partido Comunista del Uruguay entre otros sectores frentistas, que impusieron este contenido a las y los Familiares de Desaparecidos.
La amenaza del golpe
Las organizaciones convocantes de la concentración explicaron, por su parte, que la consigna “en defensa de la democracia” era por los “desbordes” que viene teniendo las Fuerzas Armadas en el último tiempo (resistencia a la reforma de la Caja Militar, cuestionamientos a ministros y a la Justicia). Si bien es correcto que se los sancione por todos estos hechos, nos preguntamos: si las FFAA se quedaran calladas y no dijeran ni una palabra, ¿las vamos a premiar con la impunidad reinante?
Atendiendo a que las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún tipo de purga ni de revisión profunda y, por tanto, se mantienen intactas desde los tiempos de la dictadura, es probable que a su interior haya corrientes gustosas nuevamente de hacerse del poder estatal y desplegar todo su accionar reaccionario y asesino. Sin duda. Esto es gracias a la impunidad reinante. Sin embargo, hoy no podemos decir que estemos frente a esa situación.
Es muy fácil para el Frente Amplio en el gobierno agitar el cuco del golpe para poder capitalizar en estas elecciones el temor a una nueva etapa signada por el terror y la muerte. Otra operación deleznable del PCU y sus amigos.
El verdadero rol de las Fuerzas Armadas
En la proclama se pudo escuchar: “Queremos Fuerzas Armadas cuya función sea defender las fronteras de un enemigo externo y que dejen atrás la doctrina de seguridad nacional y su noción de enemigo interno”. Pero las Fuerzas Armadas, y menos en Uruguay, no están para velar por las fronteras nacionales, sino que en última instancia son reservorios armados para que intervengan cuando la situación interna se vuelva insostenible desde el punto de vista de la lucha de clases. Las Fuerzas Armadas son el brazo armado del poder dominante, tanto a nivel nacional como internacional, son quienes preservan los privilegios de la clase que detenta el poder económico y político, y a éste responden.
Por eso EEUU se ocupó de entrenarlas en la Escuela de las Américas, no para el enemigo extranjero, sino para “el comunismo interno” y toda expresión política y sindical que cuestionara el poder de los capitalistas. Por eso hay que desmantelarlas.
La Doctrina de la Seguridad Nacional y el Estado de excepción, que figura en la Constitución de la República, debe ser revisado desde su origen y no solo en los planes educativos en los liceos militares.
Las actas demuestran el horror y el encubrimiento militar y también civil
En el mismo escándalo de las temerarias actas del Tribunal de Honor Militar, entregadas la semana pasada al Parlamento, estuvo salpicado el propio Tabaré Vázquez, quien se excusó de su contenido diciendo que no las había leído. Pero esto tampoco lo exime de su responsabilidad de entregarlas a la justicia para que estos asesinos sean juzgados, cuestión que realizó solo después de que las mismas se filtraran en la prensa. También salpicó a su secretario de la presidencia Miguel Ángel Toma que tampoco dijo ni hizo nada con el contenido de las actas. La operación del gobierno fue cargar toda la responsabilidad en el hoy fallecido ministro Menéndez y a su vice, pero el mismo Menéndez declaró que Vázquez estaba al corriente de su contenido cuando homologó la resolución y también cuando designó a José Gonzalez, integrante del Tribunal de Honor que protegió a Gavazzo y a Silveira.
Estas actas demuestran que no fue un grupito de locos, sino que se utilizaron a todas las fuerzas represivas para aplicar un plan sistemático de encarcelamiento y tortura contra toda una generación de militantes sindicales, sociales y políticos que estaban cuestionando el poder vigente. Un plan para frenar el ascenso obrero en curso. Eso se llama Terrorismo de Estado. Además, muestra cómo las FFAA uruguayas integraron el Plan Cóndor y operaban en toda la región.
Las actas demuestran que los militares, como dice el periodista Peláez en su columna de Cosechando Amigos del 10 de abril “desde 1985 han contado con protección infinita de sus pares; dirigentes políticos y gobernantes colorados, blancos y frentistas, además de gran parte del sistema judicial”. Y continúa “Es cierto que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se continuaron acciones comenzadas por Jorge Batlle con la Comisión para la Paz que culminaron con el hallazgo de los restos de cuatro desaparecidos y la prisión de algo más de una decena de represores. Y nada más”.
Por un movimiento de DDHH independiente y en las calles
Debemos ser miles y miles, debemos llenar plazas, calles y avenidas, debemos manifestarnos sin ningún tipo de cuestionamiento, ni condicionamiento ni restricción por parte de ningún partido o sector político. Debemos levantar sin dudar la bandera de Verdad, Memoria y Justicia. Que los asesinos y violadores paguen con la cárcel común, perpetua y efectiva y no con prisión domiciliaria como tiene el mismo Gavazzo. Que se caigan todas las leyes que amparan la impunidad. Que se investigue para saber dónde están los restos de nuestros compañeros y compañeras.
Hoy sabemos quiénes estaban a cargo de los batallones y cuarteles que fueron utilizados como centros de tortura, solo tenemos que juzgarlos. Tenemos que sentar en el banquillo de los acusados a todos los militares violadores de los derechos humanos que fueron señalados en más de una oportunidad por las y los ex presos políticos. Y también a los jueces que avalaron las detenciones, el encarcelamiento masivo y los asesinatos.
Esta lucha la dará un movimiento que sea independiente de todos los partidos que están involucrados con la impunidad a través del Pacto del Club Naval. Solo así lograremos ajustar cuentas con nuestro pasado reciente y evitar que se repita.
Karina Rojas
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