La impunidad se destapa y salpica tanto a militares como al mismo partido de gobierno. Maniobras y pujas por el poder operan minuto a minuto. La imposibilidad del progresismo de enfrentar a la derecha y la necesidad de la movilización popular.
El pueblo uruguayo se alegró al conocerse la noticia de la remoción de los militares integrantes del Tribunal Especial de Honor Militar que dejó pasar las declaraciones de Gavazzo. También estuvimos de acuerdo en que el gobierno debía echar al Ministro de Defensa y a su vice, por no actuar en consecuencia sabiendo el contenido de las actas. Pero de todo esto, aún queda un sabor amargo, y es la necesidad de que se corte de una buena vez con el manto de impunidad que abarca no solo a los militares que asesinaron, torturaron, violaron e hicieron desaparecer, sino también a quienes hoy los siguen encubriendo.
El poder de las Fuerzas Armadas y el sostenimiento de la impunidad
Lo que demuestra todo el escándalo de encubrimiento de los militares, que salpicó a Poder Ejecutivo mismo, son básicamente dos cosas. La primera es el poder mafioso de las Fuerzas Armadas que, al mantenerse sus privilegios y conservando intacto su poder, operan y desafían al poder político buscando imponer una relación de fuerzas a favor de preservar la impunidad. Se trata de sectores que se niegan a retractarse de lo ocurrido en la dictadura, y a brindar información sobre los desaparecidos; que juegan con los familiares, que justifican las torturas y el Terrorismo de Estado poniendo como enemigo la “amenaza comunista”, y que hoy día defienden la Doctrina de Seguridad Nacional. Estamos hablando que quienes perpetraron los peores crímenes realizados en territorio uruguayo – operando regionalmente desde el Plan Cóndor y amparados, financiados y promovidos por los Estados Unidos – hoy se preservan y pujan por seguir manteniendo sus nichos de poder.
Es inevitable hacer un paralelismo con la intención del presidente de Brasil Jair Bolsonaro de querer conmemorar el aniversario del golpe de estado de 1964 con lo que pasó en nuestro país. Esa reivindicación a ultranza de la dictadura y del poderío militar es la misma que hoy la cúpula militar uruguaya hace en la pulseada con el gobierno. Son las mismas fuerzas porque nadie les sacó su poder en todos estos años desde la restitución de la democracia.
La segunda constatación que se demuestra es que los años de impunidad han domesticado a las fuerzas gobernantes, ya sean estas de derecha o de izquierda, y todas mantienen la impunidad como “cuestión de Estado”. En especial el Frente Amplio, que hoy en las elecciones se postula como la alternativa al avance de la derecha en la región y en el país, se encuentra involucrado en una serie de encubrimientos de los peores criminales.
Tanto se les permitió la sobrevida a los militares golpistas que hasta figuras emblemáticas, presos políticos, rehenes de la dictadura, dirigentes con prestigio y reconocimiento como José Mujica o Eleuterio Fernández Huidobro los protegieron personalmente, haciendo que la sociedad se reconcilie con ellos y de vuelta la página.
Hoy Tabaré aparece como el adalid de la democracia, como aquel que quiso enfrentar al poder mafioso anidado en las Fuerzas Armadas, pero en realidad no hizo más que salvar la institución presidencial de un escándalo mayor, y actuó “de contragolpe” cuando se terminaron filtrando las declaraciones de Gavazzo.
Esta maniobra le costó tener que hacer renunciar a su Ministro de Defensa y su vice, y hoy pende de un hilo el puesto de Secretario de la presidencia Miguel Ángel Toma.
El Frente Amplio en el poder, durante sus tres mandatos, no facilitó ni aceleró los juicios de lesa humanidad, es más, ha puesto trabas desde el Ministerio de Defensa en los pedidos de la Justicia. El FA relevó de su cargo a la Jueza Mariana Motta que investigaba las causas de derechos humanos y estaba especializada en eso. No anuló la Ley de Caducidad mientras tuvo mayoría parlamentaria. Propició la reconciliación con las Fuerzas Armadas lavando su cara y mostrándolas como aliadas del pueblo. Además de toda la política represiva que implementó (represión en el Codicen, decreto antipiquetes, mega-operativos en los barrios pobres, espionaje e infiltración en las marchas, detenciones arbitrarias como en la Marcha del Agua) que, por supuesto, contribuye a generar un clima propicio para la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos.
Es imposible que Vázquez no supiera
El mismo comunicado de la Presidencia del 1 de abril, aunque es bastante confuso, es terminante en que “El expediente administrativo referido al contenido de los fallos emitidos, fue puesto a consideración de la Presidencia de la República a los efectos de pronunciarse sobre la homologación o no de dichos fallos”.
Según el mismo comunicado, el 12 de marzo se homologaron los actos administrativos correspondientes, aunque con observaciones formuladas por la Presidencia donde se respondía al cuestionamiento de Manini Ríos respecto del accionar del Poder Judicial. Crítica que le valiera su destitución.
Y el comunicado sigue diciendo “El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”.
O sea que, como mínimo, el presidente Vázquez tenía en su poder las actas que contenían las declaraciones de Gavazzo desde el 12 de marzo, pero recién la Fiscalía General de la Nación intervino luego de que las declaraciones se filtraran a la prensa. ¿Por qué Presidencia dejó pasar tantos días (19 días) para dar conocimiento a la Justicia? Es, como mínimo, raro.
Todo el sector frenteamplista ha venido culpabilizando – correctamente - a los integrantes del Tribunal Especial de Honor por no informar a la Justicia sobre la declaración de Gavazzo, ya que es obligación hacerlo, más si se ejerce un cargo público. Pero esa misma obligación le cabe al Ministro de Defensa y al mismo Poder Ejecutivo que sabían de esto, como mínimo desde el 12 de marzo. Es más, en la prensa ha trascendido que Menéndez le habría informado al Presidente acerca de las declaraciones de Gavazzo desde el mes de febrero, cuando funcionó el Tribunal Especial de Honor.
En el marco de lo importante que son las declaraciones de este asesino, “rata humana” como lo llaman los sobrevivientes de sus crueles torturas y dejaciones, no podemos concebir que el Presidente Tabaré Vázquez no se tome un minuto para leer las actas. Demuestra la poca preocupación sobre los temas del pasado reciente.
La reacción de Vázquez de destitución tanto de los militares como del Ministro y vice, debería ser seguida por exigir que se conozca la verdad, que los militares destituidos digan todo lo que saben y luego deberían detenerlos y juzgarlos por encubrimiento.
“Asumo la responsabilidad”
Si bien en el día de hoy el Presidente Tabaré Vázquez asumió la responsabilidad por no haber leído las actas, esto no minimiza el problema, y mantiene un dejo de duda respecto a lo que verdaderamente pasó.
El Frente Amplio opera para dejar intacta la figura del Presidente, máxime en medio de la campaña electoral. Pero no puede responder a la pregunta de por qué en todos estos años mantuvo a los militares sin juzgamientos. Tampoco puede responder por qué designó a José González como reemplazante de Manini siendo el primero parte del Tribunal Militar y por ende responsable de haber sobreseído a Gavazzo y a Silveira de los crímenes cometidos. Tampoco pueden responder por qué tardaron tanto en dar comunicación a la Justicia de las declaraciones de Gavazzo.
Esta situación de encubrimiento e impunidad, no solo es muy dolorosa, sino que es tan grave que nadie puede quedar de brazos cruzados. Las organizaciones de derechos humanos, el PIT-CNT y la FEUU y todas las organizaciones de base deben convocar a la mayor de las movilizaciones para acabar con la impunidad. Una movilización independiente de todos los partidos que integran este régimen político basado en el Pacto del Club Naval, que exija el procesamiento y la cárcel para los encubridores de los militares asesinos, que pida la apertura de los archivos que todavía siguen en manos de las Fuerzas Armadas, que reclame la anulación de la Ley de Caducidad y el fin de los privilegios de los militares condenados. Si no acabamos de verdad con la impunidad, el pasado está condenado a repetirse, aunque siempre más trágicamente.
Karina Rojas
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