jueves, 30 de agosto de 2018

El acuerdo Estados Unidos-México




El reciente acuerdo no resuelve la cuestión más explosiva de todas, el tema del muro y los migrantes

Estados Unidos y México acaban de cerrar un acuerdo comercial para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). La noticia fue celebrada por un alza en la bolsa neoyorquina y mexicana. Trump lo exhibió como un triunfo de la agenda que prometió al momento de postularse en la carrera presidencial. El magnate, recordemos, llegó a la Casa Blanca tachándolo de ser el “peor acuerdo de la historia”, culpable de la pérdida de la base industrial y de puestos de trabajo en Estados Unidos (por la competencia con costes más baratos). Las negociaciones comenzaron en agosto de 2017, atravesadas por choques y continuos ataques del mandatario estadounidense a su vecino del sur por la inmigración.
El nuevo pacto aumentará el requisito de contenido regional en vehículos producidos en América del Norte, pasando del actual 62,5 al 75%. Además, se exigirá que el 40% del valor provenga de zonas con salarios de unos 16 dólares la hora. Los vehículos ensamblados en plantas existentes que no cumplan con esto pagarán aranceles de 2,5%.
Otro de los temas controvertidos fue que Trump quería un mecanismo de caducidad automática cada cinco años para decidir si se renovaba. El acuerdo firmado tiene una vigencia inicial de 16 años, pero pasados los primeros seis años del pacto, se hará una revisión y así sucesivamente.

Extorsión

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha terminado cediendo a la escalada de la Casa Blanca. Un sector clave lo constituye la industria automotriz. Con los nuevos parámetros, Estados Unidos confía reequilibrar el intercambio comercial que, hasta el momento, era desfavorable para Estados Unidos. El nuevo esquema establece que el 40% del contenido de los automóviles debe estar fabricado por empleados que ganan al menos 16 dólares por hora, y excluye casi en su totalidad a las autopartistas presentes en México.
Otra de las principales imposiciones yanquis está referida a la solución de controversias. México ha aceptado suprimir el mecanismo de solución de disputas de los inversores con los gobiernos vigentes hasta ahora, que otorgaba a los Estados una capacidad de arbitraje que ahora se remueve.
Otra logro de Washington es el referido a la propiedad intelectual, en el que se apuntalan las prerrogativas y mecanismos de protección de patentes, e invenciones de las corporaciones norteamericanas, empezando por las tecnológicas. En este sentido, se refuerzan las medidas para evitar que circulen por la zona productos falsificados o piratas, así como para combatir el tráfico de secretos comerciales.
Otro de los capítulos son los servicios financieros, que le aseguran a Estados Unidos una libertad de acción en territorio azteca. El objetivo es evitar que se impongan restricciones que limiten el negocio de bancos y del gran capital norteamericano.
Importa señalar que estos acuerdos han contado con el guiño favorable de López Obrador, cuyos emisarios participaron en las comisiones que tuvieron a su cargo la negociación. La prensa incluso señala que las tratativas se aceleraron a partir del triunfo del futuro presidente. La Casa Blanca quería asegurarse, antes de firmar, que tuviera el visto bueno de la gestión entrante.
Uno de los puntos más sensibles en la negociación era precisamente el de la energía, pues López Obrador venía denunciando la reforma energética vigente en el país durante la última campaña electoral. La continuidad de dicha reforma es fundamental para Estados Unidos, pues buena parte de las empresas que han logrado contratos de explotación de hidrocarburos en México en los últimos años son estadounidenses.
Aunque no ha trascendido el detalle de lo acordado, todo indicaría que el esquema se mantendría y López Obrador dejaría de lado sus pretensiones de revisión en la materia.
En lo que se refiere a la agricultura, se preservaría una zona libre de aranceles para los intercambios entre los dos países, lo que va a contramano de las promesas hechas por el presidente mexicano electo de promover la “autosuficiencia” alimentaria, privilegiando la producción local y a los campesinos del país.

La otra cara

De todos modos, no todo lo que brilla es oro. En el acuerdo está ausente Canadá, la administración norteamericana aceleró las tratativas bilaterales con México con la finalidad, entre otras cosas, de aislar al gobierno canadiense y forzarlo a un pacto. Es necesario recordar que las relaciones entre Trump y Trudeau, el jefe de Estado de aquel país, han llegado a un máximo grado de tensión. Canadá es reticente a firmar varias de las cláusulas en que México ha cedido, entre ellas, las disputas por controversias, uno de los puntos más calientes en las negociaciones que ya fue uno de los mayores motivos de disputa entre Ottawa y Washington durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de 1994.
Pero, además, y quizás lo más relevante sea que el litigio comercial abierto por Estados Unidos tras la aplicación del arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio no se revierte con la firma de este acuerdo. Es, también, una vía para mantener una presión sobre el gobierno canadiense -que se juega mucho más que México en este punto- para que se sume al pacto. De momento, las cosas siguen como hasta ahora: Estados Unidos mantiene sus aranceles y México sus medidas de represalia, también tarifarias.
Todo esto habla de que el escenario de guerra comercial está lejos de haberse desactivado. El conflicto en las relaciones entre los socios del Nafta sigue latente y puede potenciarse en un futuro próximo. Ni qué hablar que sigue pendiente en la agenda la cuestión más urticante y explosiva de todas, el tema de los migrantes, y los planes de Trump, quien nunca ha abandonado la intención de levantar la muralla y poner una barrera al ingreso dentro de Estados Unidos de mexicanos a los que se agregan legiones, cada vez más numerosas, de centroamericanos.
De todos modos, algunos analistas advierten que el pacto, aún con las concesiones del país azteca, no asegura una resurrección industrial de Estados Unidos ni una recuperación significativa de puestos de trabajo. “Los incentivos a los productos automóviles y autopartes en México siguen siendo muy grandes, debido a la gran diferencia salarial (…). En unos pocos años, quedará claro que la renegociación del Nafta y las otras medidas proteccionistas (como las tarifas del acero) están haciendo poco y nada para recuperar los empleos en Estados Unidos” (Clarín, 27/8).
Mientras que las supuestas ventajas entran en un cono de sombras crecen, en cambio, las voces contra los riesgos y perjuicios económicos en torno de las creciente represalias comerciales. La burguesía norteamericana está dividida y va ganando terreno los sectores que plantean la necesidad de ponerle freno a la ofensiva comercial. “Pese al buen resultado del mercado laboral, los empresarios estadounidenses temen que la imposición de aranceles al comercio internacional frene la generación de nuevos empleos y las inversiones” (El País, 27/8).
Salvo el sector siderúrgico, la mayoría de las organizaciones empresariales estadounidenses consideran decepcionante y antiproductiva la imposición de aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio importados de la Unión Europea, Canadá y México. “Es un duro golpe para el sector manufacturero estadounidense restringir la cadena de aprovisionamiento de materias primas mediante la imposición de derechos aduaneros a las importaciones provenientes de nuestros más cercanos socios comerciales”, dijo Paul Nathanson, vocero de una asociación formada por unas 30.000 empresas, cuya producción depende del acero y el aluminio (ídem). Los efectos del proteccionismo impactan igualmente en el agro, pulmón económico de los Estados que llevaron al presidente a ganar las elecciones de 2016, debido a que México y Canadá ya anunciaron represalias aduaneras contra bienes estadounidenses.

Crisis política y económica

A partir de lo expuesto, no es exagerado afirmar que el apuro en la firma del acuerdo obedece a la creciente presión de franjas importantes de la clase capitalista norteamericana que temen que el remedio del magnate sea peor que la enfermedad.
Pero, además, y probablemente más perentorio, sea la necesidad del presidente norteamericano de atender el frente interno en el plano político. Trump está urgido por exhibir logros en sus promesas electorales, en momentos que tiene que hacer frente, por un lado, a las elecciones de noviembre de medio término, donde corre el riesgo de perder la mayoría de ambas cámaras y, por otro lado, la amenaza de un impeachment, que ha ganado en intensidad en las últimas semanas, con las revelaciones y el pago de sobornos por parte del magnate, originados en diferentes escándalos sexuales.
El acuerdo Estados Unidos-México se entrecruza con la crisis económica y política norteamericana y la transición convulsiva de la nación azteca.

Pablo Heller

miércoles, 29 de agosto de 2018

Nuevo atentado esta vez contra el memorial ubicado en el Cerro




Otro atentado más en una cadena de atentados contra los memoriales esta vez contra el Memorial a los Desaparecidos en el parque Vaz Ferreira en el barrio del Cerro.

Se repite nuevamente la acción de la impunidad contra la memoria y la lucha por los derechos humanos. Durante el fin de semana se atentó contra el Memorial de los Desaparecidos que recuerda a los detenidos desaparecidos uruguayos por el Plan Cóndor y la dictadura cívico militar.
Durante este año ya se habían registrado otros atentados contra otros memoriales, en junio el militar retirado Carlos Díaz Vecino atentó contra dos placas de la memoria una de ellas la que se encuentra frente al Hospital Militar y la otra en el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR). Díaz Vecino fue sancionado penalmente a 6 meses de libertad vigilada por dos delitos de “daño agravado en reiteración real”. Posteriormente a pocas horas de la realización de un acto de repudio contra estos atentados se volvió a registrar otro atentado contra el memorial ubicado en las inmediaciones del Hospital Militar.
En este atentado según la información trascendida y como muestra el material gráfico se llevó a cabo con pintura, que se sospecha eran bombas por el procedimiento llevado a cabo por la investigación policial en el lugar.

No son hechos aislados

Como señalaron las organizaciones sociales y de derechos humanos que habían realizado el acto de repudio estos atentados no vienen de “un personaje aislado”, sino que “el marco de impunidad vigente permite que aun hayan criminales de lesa humanidad libres y prófugos por amparos y complicidades. Expresan una ofensiva de los sectores más reaccionarios que pretenden además emprender una escalada represiva como lo han vivido trabajadores y estudiantes en distintas luchas que llevan adelante por sus derechos. La impunidad protege al fascismo y a sus exponentes activos.”
Hasta ahora el poder judicial solamente sancionó a Diaz Vecino aisladamente sin indagar e investigar más a fondo, este último hecho comprueba que la sistematicidad de estos atentados van más allá de un individuo aislado.
No se puede olvidar tampoco el atentado contra el GIAF (grupo de antropólogos que investigan sobre los restos de desaparecidos) y las amenazas a figuras de derechos humanos realizadas por el autodenominado Comando Barneix.

Se sienten protegidos

La impunidad del régimen y del Pacto del Club Naval es el marco para el accionar de estas bandas reaccionarias que intentan continuar estigmatizando la memoria de los detenidos desaparecidos y atacan a su vez a todos aquellos que luchamos y nos pronunciamos contra la impunidad.
También es una reacción al tímido avance del poder judicial y la investigación que solo es a base de la lucha y la denuncia de familiares, ex presos y organizaciones de derechos humanos, junto a la discusión pública acerca de los privilegios de casta que tienen los militares.
Pero la impunidad que les sigue garantizando el régimen junto a la nueva convalidación que se les da a las FFAA para la represión interna es una garantía para el accionar de este sector reaccionario.
Solo la movilización masiva de las organizaciones de derechos humanos, de trabajadores y estudiantes, puede frenar estos avances reaccionarios y terminar de torcerle el brazo al régimen de impunidad reinante.

Sebastián Artigas

martes, 28 de agosto de 2018

Irlanda, una gira de pesadilla para el Papa




“La Iglesia protege pedófilos”, denuncia uno de los carteles que se vieron en las protestas que recibieron al Papa en Dublin

Este fin de semana el Papa Francisco visitó la Isla Esmeralda en un contexto de enorme repudio por los escandalosos casos de abuso por parte de curas a menores y adultos en el Estado de Pensilvania, Estados Unidos, y otros casos de similar aberración en el resto del mundo. En Irlanda en particular, a los abusos se suman la denuncia probada de robo de bebés a madres solteras que se encontraban en situación de esclavitud en instituciones de la Iglesia. Los bebés eran expropiados de sus madres y vendidos, mayormente a parejas estadounidenses.
Irlanda supo ser la cuna del catolicismo mundial por el enorme peso social que tenía la Iglesia católica. Luego de la hambruna de 1840 que mató a más de un millón de irlandeses y provocó la emigración de otro millón, la Iglesia se apoyó sobre la miseria y penuria del pueblo irlandés para instalarse en su vida cotidiana. Tan profunda fue su estructuración en la Isla que fue, en el imaginario popular, un elemento de resistencia contra la Inglaterra protestante que hasta el día de hoy controla parte de Irlanda.
La Iglesia gobernó durante décadas la vida social de los irlandeses con una autoridad total. Luego de que se derrumbaran las anchas paredes de sus instituciones y empezara a aflorar la verdad sobre el terror de los abusos, el robo de bebés, la esclavitud a la que sometían a internas, etc., Irlanda comenzó un largo proceso de secularización sobre la base de un repudio a las formas de vejación a las que fue sometido su pueblo de la mano de la Iglesia católica. De hecho, se transformó en el primer país europeo en legalizar el matrimonio igualitario por consenso popular (2015) y este último mayo votó masivamente para eliminar la prohibición al aborto de su Constitución.
Los números hablan por sí solos acerca de la pérdida de autoridad de la Iglesia en Irlanda. La cantidad de gente movilizada fue muy inferior respecto a la que recibió en 1979 a Juan Pablo II, y abundaron las manifestaciones artísticas y callejeras en repudio a su presencia en la Isla.
En su discurso, el Papa reconoció lo que es evidente a los ojos de todos los irlandeses y de todo el mundo; que la Iglesia cometió “crímenes repugnantes” y pidió esfuerzos para adoptar normas severas para que no se vuelvan a repetir. El cinismo de su discurso se repite en cada una de sus declaraciones, todas terminan aseverando que “los culpables” serán sentenciados a una vida de… oración y penitencia. Al Papa Francisco le falta reírse abiertamente en la cara todas las víctimas de abuso, a quienes les “presta su oído” pero no les ofrece la verdad de todas las denuncias que duermen en los tenebrosos archivos del Vaticano.
Activistas como Colm O' Gorman, víctima de abusos sexuales cometidos por la iglesia, ha denunciado nuevamente que el Papa Francisco tuvo la oportunidad de hablar claro y decirle la verdad a la gente de Irlanda pero, en su lugar, “desvió la atención extraordinariamente”.
La gira del Papa por Irlanda dejó a los sobrevivientes de los crímenes que cometió la Iglesia sin ninguna respuesta. Las víctimas exigen resarcimiento y que los responsables sean juzgados por la justicia penal. El Papa, que asumió en el cuadro de un enorme desprestigio y crisis de la Iglesia por las denuncias de corrupción y abusos (Vatileaks), no ha podido sacar a la institución de su lodazal.
Por si todo esto fuera poco, en una rueda de prensa, un periodista le preguntó al Papa Francisco qué les diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en sus hijos. Luego de decir que ignorar “a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad”, él aconsejó que "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas”. Es notable: el jefe máximo de la institución en la que se desenvuelve la red más grande de abusadores y pedófilos llama a los homosexuales a ir al psiquiatra.
El Papa Francisco, encubridor de curas abusadores y pedófilos, insiste con imponer una moral retrógrada y aberrante, poniendo el dedo acusador en quienes eligen libremente su sexualidad. La frutilla en la torta que falta para demostrar que el carácter reaccionario y oscurantista de esta institución, no tiene posibilidad de reforma. El abuso, la esclavitud, la lucha contra los derechos de las mujeres y los derechos sexuales de las personas son parte constitutiva de una institución cuya razón de existir en la actualidad, es garantizar que las grandes masas sufran, con la cabeza gacha, la miseria y la explotación que impone este sistema capitalista.

María Chuli

"Socialismo", hiperinflación y regresión social

¿Nicolás Maduro tiene un plan? «Socialismo», hiperinflación y regresión social

En el marco del «nuevo comienzo» prometido en la última campaña electoral, el presidente Nicolás Maduro anunció el Programa de Recuperación, crecimiento y prosperidad económica, un nombre demasiado exagerado para un paquete de medidas que busca sacar al país de la hiperinflación más alta de la historia latinoamericana. En verdad, no se conocen más que anuncios aislados y es difícil saber si detrás de ellos existe un verdadero plan económico para revertir el desastre económico y social más allá de la retórica oficial.
Casi nadie se atreve a negar que Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo, el país presentará la inflación más alta del mundo (estimada en 82,766% para el período de julio de 2017 a julio de 2018. En julio de 2018 la inflación del mes alcanzó el 125% y la inflación acumulada en 2018 roza el 10.664,7%. De este modo, el país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación.
Venezuela posee además un déficit fiscal que ronda el 20% del PIB (al menos por sexto año consecutivo), el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (menos de 8.500 millones de dólares) y una aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas). El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se ha incrementado en más de 9.900% en lo que va de 2018.
Sobre ese infausto panorama el presidente Nicolás Maduro lanzó lo que dio en llamar «Programa de Recuperación y Prosperidad Económica». El plan de «salvación» es aún desconocido. Pero se difundieron una serie de anuncios que prometen ser un gran viraje en la política económica nacional. Veremos de manera sintética el núcleo de esas proclamas y el contexto concreto del cual dimanan.

La hiperinflación anualizada más alta de la historia

Mientras que las hiperinflaciones ocurren por lo general sin caídas dramáticas de la producción, la hiperinflación de Venezuela presenta un fuerte derrumbe en el suministro de bienes ya que la economía se ha reducido drásticamente cada año desde 2014. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2016 la producción disminuyó un 16,5% y la caída de 2017 y 2018 se estima en unas valores semejantes. Cálculos propios arrojan que la caída en el PIB para el período 2013 a 2018 podría llegar a rozar el 45%.
Si la inflación del mes de julio (la más alta en nuestra historia) se repitiese por los próximos 11 meses, hablaríamos de una inflación anualizada de 1.683.411,21%. Si la primera hiperinflación registrada en noviembre de 2017 (el primer mes de hiperinflación, con 56,7%) se repitiese como promedio mensual, la inflación anualizada sería 21.919%, un escenario que quizás el gobierno maneje como «deseable», pero ya imposible. Para Steve Hanke, especialista en procesos de hiperinflación en el mundo, la hiperinflación anualizada (julio 2017 a julio 2018) alcanzó la escalofriante cifra de 65.320 %. Esta inflación fue medida a través de las variaciones del tipo de cambio paralelo, puntualmente el indicador de Air TM.
A simple vista el «elefante en la sala» parece ser la hiperinflación, en segundo lugar la profunda caída de la producción y en tercer lugar de la destrucción voraz del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Siendo estos tres ejes nodales en la crisis económica, el gobierno ha decidido atacar a los tres a la vez. Veamos…

¿En qué consiste el «plan»?

I. El plan económico no existe o no se ha dado a conocer al público. Si el gobierno anhela credibilidad y confianza en su plan secreto, este debería dejar de serlo y abrirse los venezolanos.
II. Al no conocerse el plan, todas las medidas lucen aisladas y dispersas. Propuestas llamativas parecen saltar de la chistera de un mago sin ninguna organicidad o armonía.
III. El «plan» no tiene el más mínimo consenso entre diversos sectores gremiales, políticos, sindicales, populares ni académicos. Por ende, genera más dudas, temores e incertidumbre que esperanzas.
IV. Un diálogo abierto hubiera podido pulir las aristas problemáticas del «plan» y generado cierta sensación de participación, lo que hubiera podido dar lugar a compromisos y apoyos sociales indispensables. Pero tal como fue implementado, los anuncios suenan como órdenes, como gritos de cuyo incumplimiento acarrea castigos.
V. Los anuncios atacan factores esenciales de la economía, pero dejan de lado muchísimos ámbitos importantísimos que son sintomáticamente olvidados. El «plan» debería estar disponible para su exhaustiva revisión, y éste debe ufanarse de ser lo más completo posible.
VI. Y para ser un verdadero plan, debería tener metas específicas en cuanto a fechas, indicadores y magnitudes a las cuales se quiere llegar. La ausencia de toda prospección técnica hacer parecer a los anuncios como una declaración de intenciones muy optimista y etérea. El wishful thinking habitual.

Extractos comentados de anuncios sueltos

I. La varias veces pospuesta reconversión monetaria fue confirmada para el 20 de agosto. Luego de anunciar que se le quitarían 3 ceros al Bolívar, hace unos días se decidió que fueran 5 ceros. El «bolívar fuerte» pasa a llamarse «bolívar soberano».
El problema de esta medida necesaria es que es apresurada porque no tiene la preparación que requiere un cambio tan drástico en la familia dineraria que hoy en día, según el Banco Central de Venezuela, apenas puede cubrir el 0,9 % de la liquidez monetaria. Es evidente que la cantidad de billetes requeridos no está disponible, que coexistirán los nuevos billetes con los anteriores (más sus dos ampliaciones) y que debieron eliminar 6 ceros en lugar de 5. Obviamente debemos destacar que desde 2008 se le han quitado unos 8 ceros a la moneda y que la reconversión monetaria debió ser la guinda del pastel de un programa de estabilización macroeconómica y no precederlo. De no tomarse con seriedad las medidas económicas antiinflacionarias es evidente que en pocos meses los cientos de millones de dólares invertidos en la reconversión habrán caído en un saco roto por el ritmo inflacionario.

II. El gobierno decidió «anclar» el bolívar al Petro y darle a este un valor oscilante de 60 dólares. El valor del Petro será entonces de 3.600 bolívares soberanos (el tipo de cambio implícito será de 60 bolívares soberanos por dólar, es decir 6.000.000 de bolívares fuertes).
El Petro es una «critptomoneda» que carece de venalidad. Las supuestas miles de ofertas de compra por el Petro jamás se concretaron y el Petro no se compra ni se vende. El Petro está respaldado por las reservas de petróleo del Bloque I de la Faja petrolífera del Orinoco. El asunto es que (aparte de ser violatorio de la Constitución y la Ley de Hidrocarburos) la garantía real de cada Petro no existe, ya que el petróleo que la «sustenta» está cientos de metros por debajo de la tierra en una zona donde no hay extracción ni procesamiento del mismo. Extraer ese petróleo extrapesado cuesta decenas de miles de millones de dólares que Petróleos de Venezuela (PDVSA) no tiene. Para ser un respaldo real, el Petro debería ser canjeable por una cantidad de petróleo clara y específicamente establecida.
El tipo de cambio y el valor del Petro se decidieron de una manera completamente arbitraria. Aunque sabiamente se derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, no se anunció la eliminación del Control de Cambio ni se planteó un nuevo sistema de cambio libre.

III. Maduro fijó «el salario mínimo, las pensiones, y la base de salario para todas las tablas del país» en 1.800 bolívares soberanos (180.000.000 de bolívares fuertes). El actual salario es de apenas 3 millones de bolívares fuertes, si a este adherimos el bono de alimentación, la remuneración mínima legal mensual sería de 5.196.000 de bolívares fuertes, es decir, 51,96 bolívares soberanos. El presidente no especificó si el aumento del salario incluía o excluía el bono de alimentación. Partiendo que este representa una gran parte del salario (lo que amerita una reforma a la Ley del Trabajo) diríamos que el aumento neto porcentual fue de 3.364 %, de un solo plumazo. A dólar oficial (DICOM) representa 30 dólares mensuales, justo en el umbral de la pobreza extrema que se calcula por debajo de un dólar por día. A la cotización del dólar paralelo el salario mínimo es de unos 18 dólares mensuales, un terrible salario de miseria e inanición.
El asunto de este «munificente» incremento salarial es que es asombrosamente elevado para las capacidades de pago del 95% de las empresas. Por más doloroso que parezca ni el arruinado y deficitario Estado ni los quebrados empresarios tienen el suficiente dinero como para pagar ese incremento ya que su producción y la productividad correlativa del trabajo son extremadamente bajas. Por ende, no hay base económica para un aumento semejante ya que se está en el estadio más álgido de la crisis, es decir, de la caída de la producción motivada al cierre o paralización de cientos de miles de empresas.
Aunque muchas empresas sobrevivirán a este incremento extrínseco en su nómina, es de esperar una fuerte ola de despidos, ya que casi ninguna empresa pequeña que no haga exportación puede soportar de un solo golpe una nómina 33 veces más alta. El despido podría ampliar el «ejército industrial de reserva» y peor aún, sumergir a otros cientos de miles de trabajadores en población obrera sobrante consolidada. Ello aumentaría la oferta de trabajo y reduciría los salarios reales. A su vez, los despidos y paralización de la producción aumentarían la escasez, lo que empujaría los precios hacia arriba y licuaría aún más rápido el incremento nominal de los salarios, azuzando el ritmo inflacionario.
Para que el Estado cancele su propia nómina de alrededor de 3 millones de empleados más 4 millones de adultos mayores pensionados, requerirá 33 veces más dinero del que erogaba hasta agosto pasado. Si el mismo gobierno admitió que está en déficit fiscal (que sus egresos son mayores a sus ingresos) no podrá pagar ese incremento con otra herramienta que no sea la emisión de dinero sin respaldo, es decir, dinero inflacionario. Ello será gasolina para la fogata de la hiperinflación, esa acción amenaza con darle un ritmo inflacionario tremendo que haría desaparecer el incremento salarial en alrededor de 2 o 3 meses (en el mejor de los casos).
Por si fuera poco, Maduro anunció que asumirán el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria y de sectores privados durante 90 días. Si más del 90% de las empresas del país son pymes (alrededor de 126.000) podemos decir que el gobierno también pagaría directamente a más de 3 millones de trabajadores adicionales, un enorme gasto añadido a sus 7 millones de dependientes. ¿Más?, bueno el gobierno prometió pagar un bono de 600 bolívares soberanos a 10 millones de personas afiliadas al bolivariano Carné de la patria.
¿Hay que aumentar el salario real de manera significativa? Sí. ¿Los aumentos nominales del salario son el camino para incrementar el salario real? No. Desde 2013 hasta junio de 2018, Maduro aumentó el ingreso mínimo legal (salario más bono de alimentación) en 129.000%. En ese mismo período, la caída del salario real ha sido de 86%. Es muy necesario entender que el poder adquisitivo no se eleva por decretos ni ucases. Requiere de un sólido y sostenido incremento en el desarrollo de las fuerzas productivas, una expansión de la productividad y de la magnitud de la producción. Sobre esta última base se pueden desarrollar todas las luchas obreras posibles por ampliar la remuneración, por reducir la plusvalía arrebatada por el capital. Sin esa base es imposible aspirar a ninguna mejora.

IV. Lo más insólito de las medidas es que tienen un «remate» en el cual el presidente dice que van a ir hacia un déficit fiscal cero y que su norte es la disciplina fiscal. En tal sentido se anunció una batería de impuestos fuertemente contractivos que chocan con su interés de generar crecimiento económico inmediato:
-El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentará 4 puntos porcentuales, de un 12% a un 16%, para los bienes suntuarios, manteniendo las exenciones de bienes y servicios esenciales. Se aumenta el impuesto más regresivo y desestimulante del consumo mientras se mantienen exenciones del pago del impuesto sobre la renta (ISLR) (un impuesto progresivo) a las grandes petroleras, desde PDVSA a las empresas mixtas.
-El ISLR establece el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales. En el sector financiero asegurador el pago será del 2%. El rango para el pago de anticipos mensuales del ISLR será de entre 0,5% y 2%. Cargas importantes al sector privado que aunado a los siderales aumentos impuestos a cada nómina, dificultarán aún más la actividad productiva.
-Se fija un impuesto a las «grandes transacciones financieras» en un rango que va de 0% al 2% para el universo de contribuyentes especiales, exceptuando el sector industrial necesario para dinamizar la actividad productiva nacional.

Corolario

El rosario de anuncios presidenciales es una increíble mezcolanza de anhelos económicos. El gobierno busca 3 objetivos cuyas políticas exigen gradualidad y resolver, a modo de escalera, un paso a la vez. Los anuncios pretenden resolver todos los problemas con soluciones intrínsecamente contradictorias. Por ejemplo, uno de los anuncios que no comentamos busca «obligar» a que los precios no suban (luego del aumento de 3.300 % en la nómina salarial) a fuerza de más regulación y acción punitiva. El ideal es que la inflación en septiembre sea 0% a pesar de haber incrementado el salario en 33 veces (como mínimo).
Es realmente trágico que la alta burocracia crea que la economía es un pony de circo que hace todas las piruetas y volteretas que su gentil amo le ordena. No se entiende que la economía no «obedece» a los designios y a la abstracta voluntad del planificador. Aún el gobierno está a tiempo de discutir, dialogar y pulir (o eliminar) diversas aristas del «plan» que aún se desconoce, pero que es menester debatir y criticar.
Según las cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unos 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Colombia, Ecuador, Perú y Brasil son los principales destinos de acogida. La mayor parte de los que emigraron cita la falta de alimentos como la principal razón de su salida, con datos que señalan que 1,3 millones de personas sufren malnutrición. Las nuevas medidas anunciadas pueden hacer que la diáspora empeore sensiblemente. La acelerada quiebra de empresas podría acelerarse al ritmo de la hiperinflación. No está demás decir que la fuga de fuerza de trabajo calificada y la exportación del llamado bono demográfico pueden dificultar enormemente la recuperación de una senda productiva, ya que la escasez de profesionales formados en diversas áreas es muy severa. Tristemente en el «plan» no asoma la posibilidad de generar estrategias para repatriarlos.

Manuel Sutherland
Nueva Sociedad

Una "guerra non sancta" dentro del Vaticano




Una carta del exnuncio Carlo Maria Viganò acusando al Papa Bergoglio de encubrir las acusaciones por abuso contra el cardenal Theodore McCarrick, vuelven a destapar la guerra interna en la Iglesia.

"Algo huele mal en el Vaticano" se podría decir, parafraseando las líneas de la famosa obra del inglés William Shakespeare, luego de que en una extensa carta del ultraconservador exnuncio Carlo Maria Viganò atacó al Papa Francisco.
El arzobispo Viganò, exnuncio (representante diplomático) en Washington entre 2011 y 2016, acusa en una carta de 11 páginas a Bergoglio de “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick y en esa misma misiva pide que el actual Papa “dimita” por haber mirado hacia otro lado.
Viganò, un miembro del ala de la curia reconocida por sus posiciones contra el divorcio o la homosexualidad, fue protagonista en las primeras noticias de Vatileaks que culminaron con la “jubilación” del anterior papa Benedicto. El exnuncio hizo pública su carta contra el actual Pontífice en medio de la visita papal a Irlanda y cuando las víctimas de abusos le reclamaron por la inacción de la Iglesia contra los abusadores.
La carta asegura que él personalmente le informó a Bergoglio que el cardenal McCarrick había sido acusado por acoso sexual a un adolescente. Según la carta la respuesta de Bergoglio a Viganò nunca llegó, y el Vaticano no actuó hasta que el caso salió a la luz a través de los medios. La acusación no se sustenta con pruebas, pero resulta creíble teniendo en cuenta el accionar del Papa Francisco en casos similares, como sucedió en Chile donde Bergoglio defendió al obispo Barros acusado de encubrir los abusos de menores por parte de curas en ese país.
La relación de Bergoglio con McCarrick no fue circunstancial, de hecho lo transformo en un consejero destacado para los siguientes nombramientos de las autoridades eclesiásticas en Estados Unidos que hiciera el Vaticano. Además lo utilizó para la muy buena relación que estableció el actual Papa con la Administración Obama. Todo eso sucedía dejando de lado que entre 1994 y 2008, obispos estadounidenses, el representante del Vaticano en Washington y hasta el papa Benedicto XVI fueron informados de abusos del cardenal con seminaristas adultos, según información que recolecto el New York Times. Y todo sucedía mientras McCarrick se transformaba en un importante promotor de la nueva política de tolerancia cero de la Iglesia en contra del abuso infantil.
“Algo huele mal en el Vaticano” empezando por la hipocresía de sectores de la cúpula eclesiástica que utiliza los casos abusos a menores, a los que todos los altos cargos de la Iglesia han contribuido a encubrir, para sacar tajada en la guerra interna.
Una “guerra santa” que no tiene su centro en la disputa entre ultraconsevadores y reformadores, como muchos analistas insisten en marcar buscando darle un aura “progre” al papado de Bergoglio el mismo que supo encabezar la “guerra santa” contra el matrimonio igualitario o el aborto legal en Argentina, sino que tiene el objetivo de conquistar el “botín” de la administración del Vaticano y los altos cargos de la Iglesia en el mundo.

Diego Sacchi
@sac_diego

lunes, 27 de agosto de 2018

El Frente Amplio en la encrucijada histórica




De izquierda a derecha: Rodney Arismendi (PCU), Zelmar Michellini, Juan Pablo Terra (PDC)

Retomando como insumo para el análisis el último sondeo de la encuestadora Cifra, rumbo a las elecciones nacionales del 2019, queremos historizar el fenómeno político frenteamplista: su pasado, su presente y su incierto porvenir en la escena política nacional.
A menos de un año de las elecciones internas y a un poco más de un año de las elecciones nacionales, no sólo retorna la duda sobre la posibilidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio, sino que se torna más estrecha la chance de obtener por cuarta vez mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

FA del 71: Expresión químicamente pura de un Frente popular

Fundado en Febrero de 1971 y "bautizado" el 26 de marzo del mismo año con su primer acto de masas, el Frente Amplio expresó la fórmula más químicamente pura de la estrategia de los Frentes populares en América Latina, desde el viraje del stalinismo de la política ultraizquierdista denominada del "tercer período" hacia la subordinación de los Partidos comunistas al programa de la colaboración de clases y su orientación contrarrevolucionaria, evidenciada en el proceso de la revolución y la guerra civil española.
Entre los antecedentes más directos a nivel regional, se encontraba la Unidad popular chilena fundada en 1969, que llevó a la presidencia a Salvador Allende en 1971, integrada por el PC y el Partido Socialista más importante e influyente de Latinoamérica y por la izquierda cristiana (MAPU).
Sin embargo el FA creado dos años más tarde, con los precedentes políticos-sindicales de la progresiva plataforma programática del Congreso del Pueblo en 1965; y a nivel electoral antecedida anteriormente con la fallida "Unión popular" de Erro con los socialistas; no sólo expresaba la tradición clásica del stalinismo de los frentes populares, sino que además integraba en su espacio a sectores de la pequeño burguesía como el PDC (Partido Democráta Cristiano) de Terra, "hegemonizando" de esta forma la totalidad del espacio demócrata-cristiano, a diferencia del caso chileno, dónde sólo su fracción de izquierda integraba la Unidad popular.
A su vez, otra pata fundamental del FA fundacional lo constituían los militares "constitucionalistas", Zufriategui, Licandro y Seregni; siendo este último el representante de consenso aceptado por el PCU para la postulación presidencial de la coalición en la elecciones del 71, y de esta forma yendo atrás no de la burguesía nacional como dijese Trotsky, sino de su sombra.
Esta postura del PCU de integrar frentes de colaboración de clases encabezadas por generales del Ejército y las Fueras Armadas constituyó una penosa tradición de la orientación política de los PC lationoamericanos a través de todo el siglo XX, desde el apoyo al gobierno militar-nacionalista de Velasco Alvarado en Perú, hasta la "caracterización" positiva de Jorge Rafael Videla como un militar "desarrollista" en la Argentina, por mencionar tan sólo dos ejemplos, que aunque muy diferentes, demuestran la política del stalinismo de los PC en América Latina y sus trágicas consecuencias para el movimiento obrero continental.

Seguidismo a los cantos de sirena castrenses: Comunicados 4 y 7 del Partido militar

Cuando en Febrero de 1973 el Partido militar lanza a la opinión pública sus comunicados 4 y 7 posicionándose ante la crisis nacional, la mayoría de los partidos y sectores del Frente Amplio principalmente el PCU deciden dar crédito a la emboscada golpista, apoyando una salida "peruanista" a la crisis política en el país; con honrosas excepciones de la intelectualidad crítica nucleada en torno al semanario Marcha y a la figura de Carlos Quijano, y con la salvedad del Movimiento de Independientes del 26 de Marzo en su etapa pre-estalinista actual.
La orientación del Partido Comunista del Uruguay no cambió aún después del golpe, sino que llevó a la derrota la heroica huelga general de Junio-Julio de 1973 contra el golpe, mientras decenas de miles de obreros ocupaban las fábricas y miles de estudiantes se atrincheraban en las facultades, el PCU continuó "apostando" hasta último momento a una solución "militar" de los generales "peruanistas" que nunca aparecieron.
Levantando la huelga el 12 de Julio de 1973 el PCU nunca postuló a la clase trabajadora como caudillo de la nación para enfrentar la reacción, el imperialismo y el golpe; sino que la supeditó a la resistencia pasiva en las fábricas, mientras el poder represivo del Estado preparaban con tiempo la contraofensiva del terror.
Se podría concluir que la dirección de la CNT y del PCU no estuvieron a la altura de los miles de obreros y estudiantes que protagonizaron la huelga política de masas (Rosa Luxemburgo) más importante de la clase obrera uruguaya y su último ensayo general revolucionario, cuyo destino no era la derrota inevitable como la describen falazmente los posibilistas de la entrega, sino que quizás fue la única oportunidad en que objetivamente "la victoria era posible" para la clase obrera uruguaya; siguiendo la estrategia correcta de las milicias obreras y la insurrección para derrotar el golpe y conquistar un gobierno de trabajadores.

El Pacto del Club Naval

A la salida de dictadura, el FA garantizaría junto al Partido Colorado y la Unión Cívica la impunidad de la casta militar genocida, pactando una salida tipo a la chilena como señaláramos en nuestro anterior artículo, con proscripciones de candidaturas para las elecciones de 1984, como la del propio Líber Seregni.
De esta forma el FA en general y el PCU en particular traicionaron la voluntad de la soberanía popular que en el plebiscito de 1980 había dicho No a la Dictadura cívico-militar, como también a la impugnación al régimen autoritario que significó el masivo acto del 1 ero de Mayo de 1983 y la multitudinaria proclama del obelisco del mismo año.
Luego el FA, en todo caso haría el camino inverso que el del Partido Nacional y el wilsonismo, pactando primero con lo militares y luego oponiéndose a ley de caducidad y promoviendo la adhesión al voto verde contra la impunidad. Al contrario del wilsonismo que en primera instancia no acordó con el pacto, pero luego fue responsable junto a Sanguinetti en la elaboración de la ley más anti democrática e "inconstitucional" de la historia de la nación: la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, o sin eufemismos la ley de impunidad para los represores.

El partido de la gobernabilidad en la crisis del 2002

La crisis del 2002 en Uruguay fue el corolario de toda una década de neoliberalismo como patrón de acumulación capitalista y avance sobre los derechos de los trabajadores y los sectores populares; pero a diferencia del "Argentinazo" o del derrocamiento del gobierno en las calles más tarde en Bolivia, Uruguay tuvo en el Frente Amplio a la formación política que concedió gobernabilidad al gobierno de la derecha; y en consecuencia fue imprescindible para las clases dominantes para salir de la crisis económica y la bancarrota nacional sin impugnación al régimen ni revueltas populares como en otros países de América Latina.
En la raíz de la salida de la crisis, sin el protagonismo del movimiento obrero y popular en las calles, es que hay que encontrar la razón de las pocas concesiones de los nuevos gobiernos frenteamplistas al movimiento de masas, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo el venezolano o boliviano, que al caer el gobierno y abrirse una crisis de régimen más profunda, se vieron obligados a hacer mayores concesiones a los trabajadores y los sectores subalternos.
En Uruguay en cambio, Batlle y el Partido Colorado gestionaron amigablemente y en las urnas la "transcisión" al primer gobierno de centroizquierda de colaboración de clases: el Frente Amplio.

El primer gobierno de Vázquez, el imperialismo y la cuestión social

Desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se marcó una orientación macro económica y de política internacional claramente pro imperialista, que tuvo como acto simbólico más aberrante la visita del presidente genocida Goerge W. Bush al país en 2006, que a su vez tuvo como contestación un amplio repudio popular y movilizaciones en contra del belicismo imperialista de Bush.
De todos modos Vázquez y Astori no pudieron imponer su orientación fondomonetarista y proimperialista hasta el final, puesto que fue derrotado el TLC con los Estados Unidos y tan sólo se tuvieron que contentar con la firma del TIFA; sin embargo en el primer gobierno de Vázquez también se instaló la primera planta de celulosa de Botnia-UMP, primera piedra de una política de saqueo de la riquezas nacionales y de entrega de los recursos naturales al servicio de los monopolios imperialistas, protegidos fiscalmente en las zonas francas.
Por otra parte, en los primeros años de gobierno a la vez que gradualmente se recomponía estructuralmente la clase trabajadora con trabajos tercerizados y contratos chatarra, el gobierno impulsaba un conjunto de políticas sociales a través de la creación del MIDES (Ministerio de desarrollo social) y la ejecución del denominado Plan de emergencia; que aunque por una parte representó una ayuda material significativa para los sectores más golpeados por la crisis, por otra parte funcionó como un mecanismo de dominación estatal sobre el pueblo pobre.
En último lugar la educación y la salud pública sufrieron un fuerte proceso de mercantilización, por un lado la ley de educación aporbada en el parlamento desconoció las resoluciones del Congreso Julio Castro que el mismo partido de gobierno había convocado; y por otra parte en especial en esta etapa el sistema de salud, con la creación del FONASA y la gestión antiobrera de la ministra María Julia Muñoz, el gobierno puso el salario de los trabajadores al servicio de la acumulación de capital del gran empresariado médico de las "mutualistas".

El gobierno de Mujica y los derechos democráticos

En el segundo gobierno del FA, que llevó a la presidencia a José Mujica, se promulgaron algunas de las leyes más progresivas del ciclo frenteamplista, principalmente la ley de responsabilidad penal empresarial, así como el conjunto de leyes de avance en mínimos derechos democráticos que se dio en llamar la agenda de derechos: matrimonio igualitario, ley de identidad de género, legalización de la marihuana y derecho al aborto (condicionado y tutelado).
A nivel de política internacional el gobierno fue ambigüo en lo simbólico y discursivo: construyendo un relato lationoamericanista de simpatías con el bloque del Alba (sin integrarlo) y apostando por un "Mercosur" más soberano; sin embargo a pesar de la retórica por "la unidad latinoamericana" compartida con los gobiernos bonapartistas y nacionalistas, el gobierno continuó en una clara orientación proimperialista en la práctica concreta, e incluso en osbcenos filtreos con el gobierno sionista y genocida de Israel.
A su vez, la orientación macro económica profundizó la extranjerización de la tierra y de la economía nacional, primarizando aún más la industria; e intentando la instalación de la megaminería a cielo abierto de la mano de la trasnacional Aratirí; iniciativa que provocó un fuerte movimiento social en defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional que se expresó principalmente en las "Marchas en defensa del agua, la tierra y la vida".

Tercer gobierno: De partido de la contención a partido del orden

El segundo gobierno de Tabaré Vázquez y el tercer gobierno frenteamplista, se caracterizó por un endurecimiento de la política represiva contra los trabajadores, el movimiento estudiantil y los sectores populares: su "bautizo de fuego" fue el decreto de esencialidad (medida antiobrera) en la huelga docente del 2015 y la brutal represión en el CODICEN en setiembre del mismo año, a los jóvenes huelguistas secundarios que estaban ocupando el edificio en reclamo por presupuesto para la educación.
La primera escena represiva del gobierno vazquista no terminó ahí, sino que continuó con la persecución judicial a los activistas y militantes sociales que acompañaban a los estudiantes en su reclamo y que también enfrentaron la represión de la policía militarizada del ministro Bonomi: la guardia republicana.
A los sucesos represivos en el CODICEN, le seguiría dos años más tarde el decreto presidencial más antidemocrático de todo el ciclo frenteamplista: el decreto "antipiquetes", una clara medida de represión y criminalización de la protesta social y la movilización popular; sólo superada quizás por la aprobación del kirchnerismo de la ley "antiterrorista" en la Argentina.

¿Cuarto gobierno sin mayoría parlamentaria?

Según la encuestadora Cifra, en su último sondeo de intención de voto para las elecciones nacionales del 2019, se señala un severo piso electoral para el FA de entre 27 y 32 %; elemento cuantitativo que aunque debemos tomarlo con cautela en el análisis político desde el marxsimo revolucionario, constituye un dato de la realidad que atraviesa el Frente Amplio terminando su tercer gobierno e intentando acceder al cuarto.
A poco más de un año de las elecciones presidenciales, aventuramos como hipótesis de que el FA, gane o no las elecciones, ya no tendrá mayoría parlamentaria en ambas cámaras legislativas; un hecho que plantea muchas interrogantes pero también algunas fuertes certezas.
A pesar que la orientación macro económica de endeudamiento, extranjerización y primarización de la economía y ajuste sobre el pueblo trabajador es compartida al unísono por todos los partidos del régimen desde hace varios años; nos preguntamos si un cuarto gobierno del FA sin mayoría en el parlamento no sirve de coartada al gobierno para conciliar con la derecha patronal, aún más de lo conciliado en más de trece años de administración del Estado capitalista.

Reconfiguración en el palacio de los partidos del régimen

El agotamiento político del FA como proyecto histórico de conciliación clases plantea la reconfiguración del sistema de partidos de la democracia capitalista en el país, con directas implicancias y derivaciones para las formaciones políticas en pugna por administrar la caja chica del estado burgués.
Con este nuevo escenario, se plantea la urgente necesidad de la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera en Uruguay, que no sólo participe activamente de la lucha de clases, sino que también desarrolle la lucha ideológica y política en el palacio contra los partidos del régimen, y por la independencia política de los trabajadores.

Matías Matonte

Marcha en Montevideo por la masacre del Filtro




Cientos de manifestantes se movilizaron por las calles de Montevideo en un nuevo aniversario de la masacre del Hospital Filtro.

Respondiendo a la convocatoria de la " Coordinadora 24 de Agosto" cientos de manifestantes recorrieron las calles de Montevideo en recuerdo de un nuevo aniversario de la Masacre del Filtro y la muerte de Fernando Morroni y Roberto Facal.
Bajo una fuerte lluvia la movilización se trasladó desde el Obelisco hasta las inmediaciones del Hospital Filtro, donde se realizó un acto.
Allí se leyó una proclama y hablaron integrantes de gremios de trabajadores y estudiantes, representantes de organizaciones vascas y Norma, la madre de Fernando Morroni.

LID

domingo, 26 de agosto de 2018

La fiebre del cobalto en el Congo




El cobalto se extrae de forma manual en las minas y a menudo participan en el trabajo menores.

Para el pueblo congolés la historia se repite. En tiempo en los que los smartphones y los automóviles eléctricos marcan la pauta, las vastas reservas de cobalto situadas en el subsuelo de la República Democrática del Congo son objeto de codicia por parte de las grandes multinacionales. Empresas chinas y el gigante minero suizo Glencore se reparten un jugoso mercado.

Históricamente, las industrias extractivas de los países occidentales han tenido un papel central en el pillaje de las materias primas no agrícolas de los países del Sur. Según un informe de la Comisión Económica para África, “La mayor parte de los capitales privados extranjeros invertidos en África, entre 1830 y 1935, fueron destinados a la industria extractiva y buena parte de las inversiones públicas coloniales iban destinadas a este sector.”
Un siglo después, esta explotación continúa a un ritmo desenfrenado a pesar de su contribución al cambio climático y de las indiscutibles consecuencias negativas que la explotación minera ha tenido para el grueso de la población y su medio ambiente. De acuerdo con un informe de la WWF publicado en 2015, un tercio del patrimonio natural mundial se encuentra actualmente amenazado por la explotación petrolera, de gas o minera. Un sector que se encuentra controlado por gigantes industriales como Glencore – fundada por Marc Rich, un hombre de negocios con un pasado dudoso – y sus 107 filiales offshore.

UN BOOM DEL COBALTO ALIMENTADO POR LA ESPECULACIÓN

Junto al litio, el cobalto es parte importante de las baterías de litio-ión de los teléfonos móviles de última generación, los smartphones. Aproximadamente un cuarto de la producción mundial de cobalto es utilizada en este tipo de teléfonos. Esas mismas baterías deberían equipar nuestros vehículos eléctricos llamados también “vehículos limpios”, pues se supone que liberarán a la humanidad de los hidrocarburos y contribuirán a disminuir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero.
La República Democrática del Congo, a pesar de ser uno de los Estados más pobres del planeta, está repleta de riquezas. No obstante, desde su colonización por parte del rey de los belgas Leopoldo II, esas riquezas (recursos hidráulicos, oro, diamante, cobre, coltan, uranio y cobalto) han sido explotadas sistemáticamente para el único beneficio de los intereses occidentales. Este país, que es el mayor productor de cobre de África, posee la mitad de las reservas de cobalto de todo el planeta y asegura mas del 50% de su producción, o sea, cerca de 66.000 toneladas de un total global aproximado de 123.000 toneladas en 2016. Los beneficios de esta producción se concentran mayoritariamente en las manos del gigante suizo Glencore (en las minas de Kamoto Copper Company y de Mutanda Mining) y de las firmas chinas China Molybdenum (TFM) y CDM. Para este año 2018, Glencore proyecta producir aproximadamente el 35% de la producción mundial de este metal precioso.
La producción mundial de cobalto está concentrada en dos países: la República Democrática del Congo, sumida en un profundo marasmo político, y China, que es el segundo productor mundial. Esto implica riesgos importantes para empresas multinacionales que dependen fuertemente del suministro de este recurso, tales como Apple, Samsung, Volkswagen o Tesla. De hecho, recientemente, Volswagen anunció su decisión de instalarse en Ruanda para construir una fábrica ensambladora, con el propósito de acercarse a los yacimientos de cobalto de la RDC.

FISCALIDAD REDUCIDA

Es de notar que el mismo Estado congoleño se beneficia muy poco de los ingresos del cobalto, pues según Albert Yuma, presidente de la Federación de Empresas del Congo (FEC) y de la empresa estatal (Gecamines) que explota el cobre y el cobalto en la RDC, solamente 88 millones de dólares (83 millones de euros) de un total de 2.600 millones de dólares de ingresos producidos por las compañías privadas en 2016, fueron a parar a las arcas de Gecamines. Incluso Martin Kwabelulu, ministro de minas de la RDC y cercano al presidente de la República Joseph Kabila, afirmó su deseo de aumentar la tasa de imposición fiscal y “en consecuencia, revisar el código minero ya obsoleto”.
Este código minero que favorece excesivamente a los capitales extranjeros, fue adoptado en 2002 bajo el dictado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La tasa de imposición fiscal inscrita en este código es de solamente del 2% para el cobre y el cobalto. A manera de ejemplo, y según un informe publicado en 2015 por el mismo FMI, la tasa de imposición del cobre en Indonesia es del 4%, en Zambia del 6% y en Chile del 14%.
El boom de la explotación de cobre en la RDC que pasó de una producción de 450.000 toneladas a un millón de toneladas desde que finalizó la guerra en 2002, no benefició realmente ni al Estado – a excepción de algunos intermediarios bien ubicados – ni mucho menos al pueblo congoleño. Esta vez parecería que las autoridades de la RDC están interesadas en beneficiarse más activamente del alza y de la expansión del mercado del cobalto. Sin embargo, esto no implica garantías en cuanto a la transparencia y a una mejor redistribución de los ingresos provenientes de esta renta.

UN INTENSO LOBBY EN TORNO AL NUEVO CÓDIGO MINERO

El primer anuncio de reforma del código minero en 2016 generó fuertes reacciones. En enero de 2018, la Asamblea Nacional y el Senado congoleño adoptaron el nuevo código minero, el cual recibió luz verde por parte de Joseph Kabila… quien a pesar de que su mandato expiró en diciembre de 2016, se mantiene aún en el poder. Este nuevo código prevé un aumento de las regalías del 2% al 10% para aquellos minerales considerados estratégicos, como el cobalto. No obstante, según el ministro de minas, Martin Kabwelulu, los arreglos siempre son posibles en el reglamento que va anexo a la ley. Incluso si este nuevo código intenta un nuevo equilibrio en la repartición de las riquezas, no ataca la corrupción que ha gangrenado a todo el sector. Así el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) nota que “una de las medidas contenidas en el proyecto del nuevo código minero prevé reservar un 10% de las acciones de las empresas operadoras en el sector privado congoleño, pero nada impide que estos sean miembros del gobierno, funcionarios públicos o personas cercanas al poder”, pudiendo acarrear nuevos conflictos de intereses. Finalmente, estas negociaciones parecen haber puesto frente a frente los dos grupos de predadores que se disputan el botín del Congo, extraído por decenas de miles de congoleños, en condiciones cercanas a la esclavitud.

EL TRABAJO INFANTIL Y LA ESCLAVITUD MODERNA EN LAS MINAS

De acuerdo con UNICEF, más de 40.000 niños de entre 3 y 7 años trabajan en las minas del sur del país. Un reportaje de Sky News, difundido en febrero de 2017, muestra como niños de poca edad trabajan bajo condiciones infrahumanas en las minas congoleñas de cobalto, al mismo tiempo que Amnistía Internacional denunciaba, en un informe publicado en noviembre de ese mismo año, las deplorables condiciones del trabajo infantil. Según Lauren Amistead “aproximadamente el 20% de la producción total de cobalto de la RDC se realiza a mano, los niños lo extraen usando herramientas rudimentarias y sin ningún tipo de protección”.
Entre 110 y 150 mil “excavadores” o mineros artesanales venden el mineral bruto en los puestos de compra – controlados en su mayoría por los chinos, como por ejemplo el “deposito de Apple” situado cerca de la ciudad minera de Kolwezi en el sureste del país – a un precio aproximado de 7.000 dólares la tonelada. Los compradores son los que fijan el precio siguiendo teóricamente el curso de la bolsa de Londres, mientras los “excavadores”, quienes por supuesto ignoran las derivas de esta bolsa, sobreviven con ingresos miserables.
En las minas industriales administradas por las multinacionales, las condiciones no son necesariamente mejores, pues según los resultados de una misión de investigación de la Federación Sindical Internacional Industrial realizada en las minas de cobre y de cobalto de Glencore, los empleados en la mina de Kolwezi describieron sus condiciones de trabajo como “de nada menos que esclavitud”. Al no disponer de lavaderos ni de duchas en sus lugares de trabajo, estos deben llevarse la ropa sucia a sus casas, exponiendo a sus familiares a las enfermedades provocadas por el polvo de los minerales. Uno de los trabajadores afirma: “Al volver del trabajo estamos tan sucios, que no podemos ni siquiera abrazar a nuestros hijos”. Por su lado, dos ONG defensoras de los derechos humanos: el Observatorio Africano de Recursos Naturales (AFREWATCH) junto a la Asociación para el desarrollo de las comunidades del lago Kando (ADCLK), ya han alertado a la opinión publica sobre la contaminación de las aguas y la destrucción de los campos como resultado del derrame de sustancias ácidas y toxicas provenientes de las tuberías de la empresa minera Mutanda Mining (MUM), controlada por Glencore, Durante la noche del 16 al 17 de abril de 2017, este liquido toxico se expandió por los campos agrícolas de los habitantes de la zona hasta llegar al rio Luakusha, que a su vez desemboca en el lago Kando.

¿QUIEN SE BENEFICIA CON LA EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO CONGOLEÑO?

Al igual que el petróleo de Nigeria, en el Congo la materia prima es extraída por las grandes multinacionales para luego ser exportadas a lugares en donde se efectúa su transformación y por lo tanto, se genera allí la plusvalía. El economista y activista Florent Musha asevera que “la RDC no exporta productos acabados y listos para ser utilizados por Apple, Samsung u otro gran utilizador de baterías en el mundo. La RDC exporta un producto minero para ser procesado”. Del procesamiento del cobalto se beneficia principalmente China, que es la principal comercializadora de cobalto refinado en el mundo. Así, 80% de la producción de la RDC sale rumbo a China desde los puertos de Dar es Salaam o desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Al llegar a China una decena de refinerías se encargan de la transformación final del mineral. Alexis Muhima, del Observatorio de la sociedad civil por los minerales de Paz, situado en Goma, al este de la RDC, se queja de que “la explotación de recursos naturales no beneficia para nada a la población congoleña, sino solo a un puñado de personas”. Como lo explica el analista económico Al Kitenge, “uno se percata que la mayoría de los operadores internacionales son sociedades offshore en las que ni siquiera se sabe quienes son sus verdaderos accionistas. Desafortunadamente, esto permite que algunos operadores políticos sean a su vez actores económicos. Esto representa, desde luego, un conflicto de intereses absolutamente inaceptable que nos ha llevado a la lamentable situación en la que nos encontramos actualmente”.

EL MONOPOLIO DE LAS GANANCIAS

En el marco de la celebración de la 30ª Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Addis-Abeba, el comisario de comercio y de industria Albert Muchanga, asevera que “África pierde anualmente 80.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos, de los cuales un 70% proviene de las industrias extractivas, y particularmente de los recursos minerales. Estas pérdidas son el resultado de una variada gama de métodos contables particularmente creativos practicados por las corporaciones multinacionales”. Tales métodos, que incluyen la evasión fiscal y la sobrefacturación, son usuales a la hora de repatriar las ganancias. La multinacional Glencore, regularmente involucrada en casos de contaminación ambiental y ampliamente citada en los “Paradise Papers”, emplea 115.000 personas en 50 países alrededor del mundo, en cifras de 2016, y registró en 2017 un aumento de sus ganancias netas del 319% para colocarse en 5.780 millones de dólares. “Nuestros resultados de 2017 son los más altos de nuestra historia” indica, satisfecho, Ivan Glasenberg, para quien esos resultados no están nada mal, ya que recibió una remuneración estable de 1,5 millones de dólares en 2012, sin contar los 242,4 millones de dólares de dividendos basados en su parte de 8,40% de derechos de voto de la empresa.

Jérôme Duval
El Salto

Cómo Monsanto trasladó sus riesgos a Bayer




En junio de 2018, la corporación alemana Bayer se convirtió en el propietario de Monsanto. Hablaron de un "acuerdo histórico", no solamente por el precio de compra de $ 63 mil millones de dólares. ¿Pero fue realmente un buen negocio? Si es así, ¿para quién? Casi no hay ninguna empresa que sea tan criticada como la compañía química estadounidense. Sus productos como el pesticida glifosato son considerados en todo el mundo responsable por la muerte de las abejas, el cáncer y la contaminación de regiones enteras. ¿Por qué Monsanto?
Dos meses después de la fusión, en agosto de este año, un tribunal de San Francisco condenó a Monsanto, ahora Bayer, de pagar a un jardinero con cáncer terminal, 289 millones de dólares. Hasta ese momento, la empresa alemana no pudo ver los libros internos de Monsanto, recién ahora se da cuenta de la situación legal. Ya hay 5200 juicios pendientes en los EE.UU. y la cifra sigue aumentando. Claro, los jueces estadounidenses van a juzgar ahora con gusto a Monsanto porque la cuenta pagan los alemanes. Por el momento, no está del todo claro qué riesgos sigue enfrentando Bayer y Alemania. Bayer mantiene el acuerdo de fusión con Monsanto secreto. Pero yo lo obtuve de otra fuente y lo puse en mi página de internet.
El que se ha beneficiado hasta ahora con la fusión, es el principal accionista de la Bayer y a la vez de Monsanto, además posee un gran paquete de acciones de la competencia, las dos principales compañías químicas de los Estados Unidos: DuPont y Dow. El administrador de fondos BlackRock. ¿Está él atrás de esa fusión?
En el documental de 22 minutos entrevisté a la ONG que trabaja desde décadas sobre “los peligros de Bayer”, la CBG, ademas al economista sobre los nuevos players en el escenario financiero global. Y cuento de la alianza del complejo químico alemán con la industria de EE.UU., la alianza entre la IG Farben y Standard Oil, en épocas de la Segunda Guerra Mundial.

Gaby Weber

viernes, 24 de agosto de 2018

El mensaje encubridor del Papa ante los abusos en Pensilvania




La crisis imparable de la Iglesia

Luego de las escandalosas denuncias de abuso por parte de al menos mil víctimas que involucran 301 curas de la Iglesia católica en Pensilvania, durante siete décadas, y que pusieron en evidencia el encubrimiento por parte del conjunto de la iglesia y del propio Vaticano, el Papa Francisco escribió una carta dirigida “al pueblo de Dios”.
En ella, frente a las denuncias respaldadas por innegables evidencias no solo de los abusos sino del encubrimiento por parte de la Iglesia católica, admite la existencia de curas abusadores. Con esta afirmación, luego de haber negado y desoído las denuncias de muchas víctimas (como en el caso de los abusos en Chile), el Papa intenta reacomodarse ante el enorme impacto e indignación que han causado –incluso entre millones de fieles católicos- la difusión de la investigación sobre Pensilvania.
Sin embargo, el mensaje papal no estuvo exento de trampas, porque coloca implícitamente a la jerarquía máxima de la Iglesia Católica al margen de los hechos. “Esa cultura [del abuso] era supervisada por el Vaticano y codificada en leyes”, denunció Colm O’Gorman, una de las víctimas de abusos en Irlanda, que organiza las manifestaciones de rechazo que recibirán a Francisco en Dublin.
A su vez, relativiza los hechos al decir que “se pueda decir que la mayor parte de los casos se refiere al pasado”, con la intención de vender una supuesta regeneración institucional que no existe.
El Papa, atento a la apostasía masiva que se está desarrollando en Argentina, se refiere a los “bautizados”, a los que cínicamente llama a involucrarse “en la transformación eclesial y social que tanto necesitamos”.
Luego de citar a sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes cuentan con un prontuario no solo de haber encubierto miles de casos de abuso sino de haber apoyado al nazismo en su política de aniquilamiento de millones de personas, por citar algún ejemplo de una larga lista de participación y complicidad con distintos genocidios a lo largo de la historia, llama… a la penitencia y la oración.

La Iglesia Católica en crisis

El Papa Francisco se encuentra en la difícil tarea de ser la cara de una institución que juega el rol de ser la “reserva moral” del capitalismo, conteniendo a amplias masas laboriosas, que a pesar de sus esfuerzos cotidianos, viven en la miseria a las que las somete este sistema. Son los que llaman a las masas a agachar la cabeza, a tragar saliva frente a la difícil realidad, con el cuento de que en el cielo tendrían una mejor vida. Y cuando las masas ya no quieren esperar a llegar al cielo, la iglesia se coloca en la primera línea de fuego para justificar los peores genocidios como ha sucedido a lo largo de la historia.
Los cuestionamientos que a lo largo del mundo se desarrollan contra la iglesia católica, se encuentran en el contexto de un movimiento de mujeres en alza que colocó el problema del abuso en primera plana. A esto se suma una crisis de corrupción que involucra al Vaticano desde hace años: la iglesia católica se encuentra en una crisis que viene desautorizándola de cualquier postulado moral sobre la sexualidad y el rol de la mujer.
La visita del Papa a Irlanda de esta semana, estará signada por esta crisis y por manifestaciones de rechazo. El Papa intenta superar el enorme golpe que significa la aprobación del matrimonio igualitario hace unos años y el triunfo del referéndum por el derecho al aborto en ese país, donde el peso del clero es abrumador.

María Chuli

El neoliberalismo destruye la infancia

Varios gobiernos latinoamericanos enfrascados en aplicar agresivas políticas neoliberales con nefastas consecuencias para sus poblaciones infantiles, no han comprendido el pensamiento del apóstol cubano José Martí cuando expresó que los niños son la esperanza del mundo y nacen para ser felices.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (Unicef) define que la pobreza infantil puede perdurar de por vida, tanto a nivel físico como emocional, limita seriamente la capacidad de aprendizaje y condiciona la productividad de la persona en el futuro.
Datos de ese organismo señalan que 600 millones de niños viven en la pobreza; a 131 millones se les niega el derecho a la educación; 352 millones están obligados a trabajar; más de dos millones son forzados a ejercer la prostitución o utilizados en la pornografía, y un altísimo número muere a consecuencia de enfermedades prevenibles o son víctimas del tráfico de seres humanos.
En América Latina el panorama es muy complejo si se tiene en cuenta que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta el 60% de los niños entre 0 y 4 años pertenece a un hogar donde sus madres no tienen trabajo o padecen mediocres condiciones laborales.
Si durante los gobiernos democráticos de Luiz Inacio Lula da Silva y de Dilma Roussef en Brasil, se logró sacar de la pobreza a 40 millones de personas, en su gran mayoría menores de edad, gracias a los programas sociales que se instauraron. Ahora con el inconstitucional régimen de Michel Temer, el 40,2 % de los niños y adolescentes viven en esa situación.
Los datos publicados por la ONG Fundación Abrinq, tomados del informe Escenario de la Infancia y la Adolescencia, revelan que 5,8 millones viven en pobreza extrema (el 13,5%); Cerca de 4 millones de niños viven en favelas y el 17,5 % de las adolescentes han tenido hijos antes de los 16 años.
La educación está casi solo garantizada para los estratos altos de la sociedad, pues los menores de edad de las capas menos favorecidas deben laborar desde tempranas edades para ayudar al sustento familiar. En el gigante sudamericano, 2,6 millones de infantes están obligados a trabajar.
En la Argentina neoliberal de Mauricio Macri, el 48,5 % de los menores viven en la pobreza y el 17,6 % asiste a comedores comunitarios, según una investigación de la Universidad Católica. Adicionalmente el estudio arrojó que el 18,2 % vive en hogares donde no es posible cubrir las necesidades básicas; el 10,23 % sobreviven en condiciones de indigencia y 22 % en hacinamiento.
Las políticas instauradas por Macri han incrementado enormemente esa situación. El diario La Nación asegura que el 28 % de los niños no tiene una prenda de vestir nueva, y los menores entre 2 y 17 años muestran déficit en el consumo de verduras y de alimentación en general.
En Ecuador la situación ha dado un vuelco con respecto a los gobiernos anteriores de Alianza País dirigido por el entonces presidente Rafael Correa pues si en 2016, 168 530 niños se veían obligados a trabaja para ayudar a sus familiares, en 2018, con el gobierno de Lenin Moreno la cifra se elevó a 256 424, según números oficiales aportados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Más de un millón de niños de 1 a 8 años presentan desnutrición.
El Centro Internacional para Investigación de Derechos Humanos de Guatemala informó en un reciente estudio que el Estado no invierte en los grupos de menores edades, lo cual incide en casos de desnutrición y pobreza.
Los programas de seguridad alimentaria para familias campesinas guatemaltecas se encuentran en completo abandono. Por problemas de desnutrición mueren numerosos niños. En 2018 el gobierno, que no tiene interés para resolver esa situación, solo invertirá el 0,58 % del Producto Interno Bruto en ayuda alimentaria a esa población.
Un documento de la Unisef asegura que el 25,5 % de los niños chilenos se hallan en situación de pobreza y agrega que siendo una nación tan desigual, la cifra puede ser mayor.
Cristián Dueñas, sociólogo y director del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales, resalta que la mayoría de las condiciones de bienestar se tienen que generar en la niñez, “y acá ese por ciento de niños vive en hogares con ingresos 60 % inferior a la mediana”.
Otro mal ejemplo es el de Perú donde 3 000 000 de niños laboran en las más disímiles tareas como son el comercio ambulante, los servicios domésticos, minas, producción de ladrillos y en la agricultura. Por las mismas necesidades económicas están impedidos de estudiar o desarrollar actividades propias de su edad.
El Ministerio de Trabajo indicó que el 70 % de ellos labora en el sector agrícola, lo cual hace más altas las condiciones de explotación, a la par que la salud de ellos se encuentra en alto riesgo debido a que se mantienen en constante contacto con químicos para abono y fumigación.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que 50 000 menores peruanos los hacen en minas artesanales con ínfimas condiciones de protección y asegura que al menos 10 000 niños y adolescentes son explotados sexualmente en el país.
Otros dos casos lamentables son los de Colombia y de México, pues en el primero uno de cada tres niños vive en condiciones de pobreza multidimensional; el 15,3 % de la población ocupada es menor de 17 años y lo hacen en labores de sobre explotación.
La Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS) afirmó que el desempleo de los padres o sus precarias condiciones laborales, el limitado acceso a programas de educación, salud, alimentación y recreación, sumados a la inseguridad en los barrios y la pobreza producida por la desigual distribución de la riqueza nacional, siguen siendo las causas principales del trabajo infantil en Colombia.
En cuanto a México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, aseguró que 3,5 millones de menores de 14 años se ven obligados a trabajar, mientras que de los 55 millones de pobres en el país, alrededor de 28 millones son menores de edad.
Degradantes panoramas infantiles muestran esas naciones latinoamericanas (y otras como Honduras, Guatemala o Paraguay) los que se acrecentarán si esos gobiernos continúan aplicando extremas políticas neoliberales.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

jueves, 23 de agosto de 2018

Paro general expresa el descontento con la situación económica




El paro dispuesto por el PIT-CNT tuvo un alto acatamiento expresando el descontento con la situación económica, los bajos salarios y las malas condiciones laborales.

Con la consigna “si al trabajador le va bien al pueblo le va bien” y en el marco de las negociaciones de los Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas, se cumplió en el día de hoy el paro general de 24 horas dispuesto por el PIT-CNT.
De acuerdo a sus dirigentes el paro tuvo un altísimo nivel de acatamiento. Centros educativos, oficinas públicas, servicios de salud cerraron mayoritariamente sus puertas mientras que el acatamiento a la medida también se hizo sentir en fábricas, empresas y comercios. El transporte solo funcionó con servicios de emergencia manejados por patrones en horas del día.

Una señal para el gobierno y para el propio PIT-CNT

La central obrera convocó a este paro general luego de haber levantado el paro que se había definido para fines de julio, y definió que no fuera acompañado por una movilización ni concentración.
A su vez, más allá de que en su plataforma se reclama por la rendición de cuentas, los dirigentes hicieron foco en los Consejos de Salarios y en la posición de las patronales.
Las tenues críticas al gobierno, señalando que se incrementaron los impuestos a los trabajadores pero que no se toca al sector más poderoso de la sociedad, no pasan de una declaración sin ningún tipo de consecuencias ya que la medida del paro no forma parte de ningún plan de lucha y se declara de manera aislada.
Los más de 400000 trabajadores que ganan salarios miserables de 20mil pesos, son consecuencia de las posturas de los empresarios que niegan aumentos o mejores condiciones laborales, pero están avalados por las señales que dio el propio gobierno para estos consejos de salarios. Los aumentos propuestos por el poder ejecutivo prácticamente implican pérdidas de salario real, cuando los índices de inflación tienden a subir por fuera de los rangos planteados por el equipo económico.
El alto acatamiento al paro a pesar de la falta de continuidad que le imponen a las medidas de lucha los dirigentes de la central muestra el descontento de los trabajadores con la situación económica, con los bajos salarios, con el desempleo que amenaza los puestos de trabajo.
El acatamiento también es una señal para el propio PIT-CNT al mostrar que los trabajadores están dispuestos a tomar medidas de lucha, a exigirle al gobierno que cambie su política económica y que están hartos que el costo de la crisis recaiga sobre los trabajadores

Por un verdadero plan de lucha

Aunque la burocracia sindical pretende preservar al gobierno perdiendo de vista la independencia política y la vez intenta no perder prestigio con estas medidas aisladas y pasivas es innegable que el paro fue contundente.
Con este tipo de medidas no alcanza para cambiar la situación económica social del país. Para que haya una salida los trabajadores tienen que imponer un verdadero plan de lucha votado en asambleas en todos los lugares de trabajo, que unifique los distintos reclamos, que pelee por el salario, contra los cierres de fábricas y los despidos y por aumento de presupuesto para salud y educación.

Hernán Yanes

“Limpiar” Irán de comunistas




1952, Teherán: una manifestación contra la monarquía.

La Operación TP-Ajax de la CIA

Han pasado 65 años del golpe de Estado del 19 de agosto del 1953, el primero organizado por la CIA y al que le seguirá una larga lista por todo el mundo. Era un secreto a voces, y Barak Obama en 2013 reconoció, sin pedir perdón, la implicación de su país en aquella intervención que cambió la historia de Irán.
Corría el 1950. El Parlamento iraní cumplía con una de las viejas demandas de la sociedad: aprobaba la Ley de Nacionalización del Petróleo y ponía fin al dominio de la compañía British Persian Oil Company (el “BP” era su sigla), entregando el control sobre la exploración, extracción y la venta del Oro Negro iraní al propio Estado. Los esfuerzos del Gobierno de Winston Churchill de que esta ley incluyera una enmienda que en realidad anulaba la esencia de aquella ley y con trampas mantenía los privilegios del consorcio británico, no dieron resultados deseados.
Hasta el Sha, bajo la fuerte presión popular, se vio obligado a ratificarla, y nombrar primer ministro al doctor (en Derecho por Suiza) Mohammad Mossadeq (1882-1967), que era el jefe de la Comisión de Petróleo del Parlamento, para resolver la denuncia presentada por BP ante la Haya que acusaba a Irán a romper la licencia recibida en 1933. Después de que los jueces dieran la razón al líder iraní, que desautorizaba al propio tribunal por atender un acuerdo que no era “un tratado internacional” e Irán no había infringido ninguna ley, los buques militares británicos, respaldados por EEUU entraron en el Golfo Pérsico.
Pues BP no sólo era la columna vertebral de la economía británica y el petróleo un asunto de Estado, sino que también en EEUU la industria automovilística y su agricultura industrializado necesitaban ingentes cantidades de petróleo para convertir a esta potencia en la superpotencia que iba a enfrentarse a la Unión Soviética. Ya en 1945, Roosevelt firmó el pacto de “petróleo a cambio de seguridad” con el rey de Arabia Abdelaziz, y años después, la «Doctrina Carter» consideró que el control de EEUU sobre los hidrocarburos del Golfo Pérsico será una cuestión de seguridad nacional.
Los gobiernos de Churchill y de Eisenhower boicotearon el petróleo iraní, y lanzaron una amplia campaña de demonización de Mossadeq, acusándoles de comunista (¡hoy le hubieran llamado “terrorista”!), que para más inri había cortado las relaciones oficiales con Israel y ¡no por antisemita! sino por sus estrechos lazos con los servicios de inteligencia del régimen del Sha.
Por lo que el MI6 y la CIA planean acabar con el primer ministro iraní. Encargan al agente británico Christopher Woodhouse crear la red “Bedaman” para provocar desorden, saqueos, incendio de la sede de los sindicatos y partidos políticos progresistas, sobre todo del Partido Comunista de Tudeh, y armar a los señores feudales de regiones con minorías étnicas, amenazando la integridad territorial de Irán.
En el seno del gobierno de EEUU había discrepancias al respecto: un sector temía que la caída de Mossadeq fortaleciera a los comunistas, en un país con 1.600 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética. Por lo que enviaron al diplomático Averell Harriman a Teherán para negociar con el gobierno iraní: fue recibido por decenas de miles de personas que protestaban por su vista. Los antidisturbios mataron e hirieron a cerca de 200 manifestantes en un intento de dispersarles. Uno de los documentos desclasificados, afirma que la CIA había introducido a varios miles de personas contratadas para abultar la manifestación y así mostrar la “amenaza comunista” en su campaña de “que vienen los rojos”, con el fin de justificar sus planes de intervención.
Mientras, el rey de Irán tocaba violín cuando ardía roma: en medio de esta revolución social y las calamidades económicas de y por las sanciones que sufría el pueblo, el Sha se casa con Soraya en una obscena boda en la que manda traer desde países bajos cinco toneladas de orquídea por avión, y regaló a la reina un anillo con un diamante de 22,37 quilates sustraído obviamente de las arcas públicas.
La CIA al ver que el Pahlavi II no mostraba simpatía hacia el plan urdido contra Mossadeq, le envía un mensaje: si no coopera, EEUU no garantizará su reinado. Un año antes, la OTAN había integrado a Turquía, sin ofrecer una “protección” eficaz a la dictadura de Pahlavi. Washington, que busca vasallos que no aliados, vetó la iniciativa del monarca iraní en poner en marcha el Pacto Mediterráneo, al que había invitado a Turquía, Egipto y Grecia. En la década de los 60 EEUU reservará un plan para derrocar al propio persa el hombre había adquirido demasiado poder.

16 de agosto: el primer golpe de Estado

Kermit Roosvelt, el nieto del presidente de EEUU, dirigirá la operación “Boot” (Botas), para llenar las calles del país del terror de la turba lumpen (al estilo de Estado Islámico), quienes destrozan todo lo que encuentran en su camino, allanando la entrada de los tanques.
Sin embargo, los militares comunistas descubren el complot y avisan a Mossadeq, que esperará en su domicilio acompañado por los generales leales para arrestar a los golpistas. El Sha y Soraya huyen del país refugiándose en Irak, y el pueblo clama a Mossadeq, exigiendo la abdicación del monarca.
Salvado, el primer ministro pide a sus seguidores suspender las manifestaciones de apoyo, y se niega a repartir armas entre la población para luchar contra el bando contrario. Los motivos: 1) una ingenua confianza a la fidelidad del ejercito al Estado; 2) el temor a un baño de sangre y 3) el miedo a un giro a la izquierda del movimiento popular.

19 de agosto: el segundo golpe de Estado

La CIA y el MI6 ponen en marcha la Operación TP-Ajax, en la que TP hace referencia a Tudeh Party y Ajax el famoso detergente: iban a “limpiar Irán de los comunistas”, cuando en realidad y a pesar de que el Tudeh era un influyente partido no tenía ninguna posibilidad de tomar el poder.
Los militares tras disparar al domicilio del jefe del Gobierno, entran y le arrestan. El Sha regresa al país y el general golpista, Fazlollah Zahedi, que era el jefe de la policía nacional, ocupa el cargo del primer ministro.
Durante y después del golpe cientos de personas fueron asesinadas y miles detenidas, encarceladas, torturadas y exiliadas, en su gran mayoría activistas de izquierda. Cuatro de los oficiales comunistas condenados a la cadena perpetua, después de ser liberados en 1978 y soportar 25 años de cárcel, fueron ejecutados por la República Islámica en 1983, y un quinto, Ali Amuí, pasó otros 12 años entre rejas: un total de 37 años por defender “pan y paz para todos”.

Los errores de las fuerzas progresistas

Yebheye Mel.li, el Frente Nacional liderado por Mossadeq y el principal protagonista del escenario político, cometió numerosos errores, en gran parte, debidos a la naturaleza burguesa del partido:
Ignoró las advertencias del Partido Tudeh sobre la necesidad de depurar el ejercito (¡lección aprendida por Tayyeb Erdogan!), dirigido por generales vinculados con la CIA y el MI6, e incluso de antecedente nazi, como el propio Zahedi. Quizás no le fue posible porque el Sha cumplió el consejo de su padre: que para ser rey primero hay que tener un control absoluto sobre el ejercito.
Se acercó a EEUU, pidiéndole ayuda para expulsar a los británicos. ¿Pretendía dividirlos o estaba allanando el camino de los americanos? Se preguntaba la izquierda iraní.
Se negó a solicitar ayuda a la URSS, desde un férreo “equilibrio negativo” frente a los bloques. Nehru y Nasser lo hicieron estando en la Organización de los No Alineados.
Formó un gabinete de perfil empresarial de quienes sentían fascinación por EEUU. La única excepción fue el ministerio de Asuntos Exteriores Hosein Fatemi, un periodista republicano de 33 años, que exigía la abdicación del rey. Recibió varias balas de un integrista en un atentado, y después del golpe, fue torturado y ejecutado.
No legalizó al partido comunista. Quizás quiso así reducir la presión de la derecha, pero imposibilitó la formación de un frente amplio unido contra la derecha iraní y el imperialismo.
Por su parte, los principales errores del Partido Tudeh fueron:
A pesar de soportar las acusaciones de la derecha que le tachaban traidor y fiel a los intereses de un país extranjeros (o sea, la URSS), el PC iraní mientras pedía la nacionalización del petróleo del sur de Irán – bajo el dominio de los británicos-, proponía que la explotación del petróleo del norte del país fuese concedida a la Unión Soviética como una “contribución a la lucha anti imperialista y solidaridad mundial de la clase obrera”.
Presionó a Mossadeq para que convocara un referéndum por la república. Él sentía lealtad hacia el jefe del Estado y su partido achacaba todos los males de la monarquía a la hermana gemela del Sha, Ashraf, presentándola como una bruja que manipula a su hermano-rey bobo.
Más allá de estas críticas, lo cierto es que aquel movimiento popular no tenía ninguna posibilidad de ganar la batalla a EEUU y al ejercito.
Desde entonces, la CIA ha mejorado sus técnicas de “Regimen change” y las puso a prueba en Guatemala (1954) con la operación encubierta PBSUCCESS; en Congo con el asesinato de Patrice Lumumba (1961); en Ghana con el golpe contra Kwame Nkrumah, etc. No hace falta recordar los casos recientes y la creación de su obra maestra: el “yihadismo global”, o falsificar documentos sobre las armas de destrucción masiva de Irak, para enviarlo a la Edad de Piedra. ¿Qué países serán sus próximas paradas?

Nazanín Armanian
Público

miércoles, 22 de agosto de 2018

Haití y el marxismo latinoamericano - (Entrevista a Ives Dorestal de Néstor Kohan)




Entrevista sobre "Haití y el marxismo latinoamericano" a Ives Dorestal (profesor haitiano, gran erudito del marxismo mundial, Doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt [Alemania], cuya tesis fue dirigida por Alfred Schmidt). Dorestal es biógrafo de Jacques Roumain (1907-1944), fundador del comunismo haitiano. La entrevista de Brancaleone Films fue realizada por Néstor Kohan en Casa de las Américas [Cuba, 2018], en una Escuela de posgrado de CLACSO y el Instituto de Filosofía de la Habana. Colaboraron Carla Valdés León y Claudia Ruiz Lorenzo del Colectivo Micromundo (Cuba).

Los Benetton, del asesinato de Santiago Maldonado a la masacre en el puente de Génova




El gobierno derechista “antiestablishment”, postrado ante la concesionaria.

Autostrade per l’Italia, la concesionaria de la autopista que cruza el puente que se derrumbó en la ciudad de Génova, Italia, con un saldo de 43 muertos –y cuyo accionar criminal aparece cada día más claro–, es un monopolio que administra más de la mitad de las rutas con peaje de todo ese país y cuya propietaria es la familia Benetton, también la mayor terrateniente de la Argentina, con muchas de sus tierras usurpadas a los mapuches y corresponsable por la represión que provocó la muerte de Santiago Maldonado.
El desastre del puente de Génova no es el primero que protagoniza esta empresa (un puente de Agrigento, en Sicilia, está cerrado desde hace dos años luego que se produjeran varios accidentes fatales por fallas en su construcción), y el odio de la población hacia ella ha ido creciendo a medida que se conocen más datos que muestran su responsabilidad en el derrumbe.
Según indican los medios de prensa europeos, salió a la luz que la concesionaria del puente fue advertida del deterioro del viaducto el pasado mes de noviembre por dos expertos que la misma empresa había contratado, quienes advirtieron sobre el mal estado de algunos componentes, como la oxidación de los cables que lo sostienen.
Ahora se supo que entre los muertos hay también tres empleados municipales que estaban trabajando en un galpón ubicado debajo del puente y que fue tapado por los escombros. Y ya hay más de 600 personas que han debido abandonar sus casas de los humildes barrios ubicados debajo o a los costados del puente, por el peligro de que se caiga otra parte de la estructura.
Sus casas serán demolidas y no pueden regresar a ellas, pero la inmensa mayoría todavía no fue reubicada y no saben cuándo tendrán una nueva vivienda.
La bronca de la población genovesa tiene también como destinatarios a los funcionarios oficiales que no ejercieron el menor control sobre las actividades de la empresa. Y es así que más de la mitad de las familias de los muertos en el derrumbe se negaron a participar y calificaron de “farsa política” al funeral organizado por las autoridades nacionales y locales.
El padre de uno de los jóvenes muertos, Roberto Battiloro, dejó en claro las razones del boicot: “el ­Estado es el que ha causado esto”, dijo, y añadió que “la pasarela de políticos es ver­gonzosa” (La Vanguardia, 18/8).

El gobierno

En una primera bravuconada demagógica, Mateo Salvini, viceprimer ministro y líder de la derechista Liga Norte, culpó a la Unión Europea por sus imposiciones de límites a las obras públicas y planteó que priorizaría el interés de los italianos. Y que se le quitarían todas las concesiones a la empresa de los Benetton.
Pero alcanzó con la amenaza de la compañía de que reclamaría 20.000 millones de euros al Estado si le quitaban la concesión, para que diera marcha atrás y deslizara, sin pudor, que quizá había que replantear el tema de la revocación (ídem) y su segundo, Edoardo Rixi, aclaró que solo se llegaría a esa medida si la concesionaria no muestra “un cambio radical de actitud” (Il Foglio, 17/8).
Los seguidores del Bepo Grillo, líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), el otro partido de gobierno, plantearon que la revocación de las concesiones sea total. Pero el mismo Grillo se había opuesto el año pasado a un proyecto de reemplazo del puente, denominado la Gronda, para la conexión de Génova con el resto del país, a través de varios túneles.
Con el argumento de la defensa del medioambiente y de la austeridad, ya que se trataba “de una obra costosa”, Grillo lanzó hace unos meses una frase que resultó premonitoria: “ahora, los defensores nos van a contar el cuento de que si no se construye la Gronda, un puente podría derrumbarse en cualquier momento”.
La demagogia de los grillistas también duró poco. Danilo Toninelli, ministro de Infraestructura y Transporte, que pertenece a ese partido, solo “exigió” la dimisión de los directivos de Autostrade (lo que ya fue rechazado por la empresa) y planteó como “pena” por la masacre, la posibilidad de imponer una multa de 150 millones de euros a la compañía (La Vanguardia, 18/8), bastante menos de lo que ofreció la propia empresa como compensación.
El actual gobierno italiano, que tiene apenas meses de vida y que se presentó ante el electorado como antiestablishment, da una rápida muestra de cuáles son los intereses de clase a los que responde.
Por esa razón es que no solo las concesiones seguirán en manos de los Benetton, sino que el gobierno ni siquiera ha iniciado una querella contra los propietarios por el accionar criminal que provocó la muerte, nada accidental, de 43 personas.
Como en la masacre de Once de Jaime y De Vido o la de la escuela 49 de Sánchez Zinny y Vidal, entre tantas otras, el desprecio por la vida de la población y la corrupción que saltan a la luz en el desastre de Génova, están intrínsecamente ligados a un sistema en descomposición que ya no tiene nada que ofrecer a la humanidad.

Nelson Marinelli