lunes, 29 de junio de 2020
domingo, 28 de junio de 2020
La DEA «vuelve» a Uruguay
El ministro de Interior Larrañaga ha confesado que se está en tratativas para el regreso al país de la DEA norteamericana. La agencia dependiente del Departamento de Justicia yanqui se retiró en marzo del año pasado trasladándose a Buenos Aires. En un episodio por demás oscuro la explicación fue que se estaba efectuando una “reorganización de recursos”. El gobierno (de entonces) por boca de Bonomi dijo que se iban porque en Uruguay el narcotráfico no era un problema y la oposición porque la DEA no había recibido respuestas favorables. En honor a la verdad hay que decir que esto es un juego de sombras, pues la oficina de la DEA funcionaba en la embajada de Estados Unidos, es decir que nunca se fueron, pero sí les interesaba dar ese mensaje.
Morabito
Rocco Morabito, ciudadano italiano, vivió más de diez años en Punta del Este con identidad falsa. En su país era una de las cinco personas más buscadas por tráfico internacional de drogas. Líder del Cartel Ndrangheta, unos de los brazos de la Mafia Calabresa. En junio del año pasado se fue caminando literalmente de Cárcel Central. Jorge Diaz fiscal de Corte aseguró que la investigación fue “compleja porque involucra muchas cosas (…) El día que esa investigación salga a la luz muchos se van a llevar muchas sorpresas.” (El Observador 29/5). Es que la fuga del italiano era imposible sin colaboración interna. “El núcleo de quien arregló estas cosas está ahí adentro», dijo en ese encuentro el por entonces subsecretario de Interior, Jorge Vázquez” (ídem). Se sabe que Morabito está en la zona de la Triple Frontera Brasil-Paraguay-Argentina, según trascendió protegido por “grupos criminales” y además se tiene casi la certeza de que estarían involucradas las policías locales.
DEAler
Desde la anunciada partida de la DEA se produjeron al menos tres casos de repercusión Internacional: La fuga de Morabito, junio; y dos incautaciones en Europa de cargamentos de cocaína muy voluminosos: 600 kilos en Francia trasportado en un jet privado, valuado en 180 millones (julio) y el gigantesco cargamento descubierto por las autoridades alemanas en un contenedor proveniente de Uruguay de 4.5 toneladas de cocaína camuflados entre granos de soja. El escándalo meses antes de finalizar la segunda administración de Vázquez y en medio de la campaña electoral fue de proporciones. Se especuló con la renuncia del ministro y varios otros jerarcas. En el caso del cargamento capturado en Francia la Europol y (vaya) la DEA sabían de su existencia desde por lo menos mayo.
No asistimos a una pelea entre narcos y policías, sino a bandos entrelazados con el crimen organizado. La DEA tutela estas relaciones y rige sobre ellas según los intereses del momento del imperialismo. Resulta muy claro que Uruguay es un país de paso de la droga, aunque algunos observadores han señalado que también se ha transformado en uno de acopio.
En medio de estos tejemanejes se ha filtrado el audio de la vicepresidencia con un elemento lumpen de su propio entorno que insinúa un sistema de escuchas telefónicas todo terreno. El bochorno tiene otros ingredientes: consumo de drogas, extorciones y amenazas en las altas esferas del poder del país. La cloaca es profunda.
Todo este pantano no ha hecho mosquear al Frente Amplio que no sale de los comunicados de prensa de su bancada, mientras el gobierno utiliza la “guerra al narcotráfico” (una bravuconada) para un avance represivo de mayor alcance. El factor común es que tanto Argimon-Lacalle como el Frente Amplio forman parte de este mismo régimen social podrido y su estado. El griterío contra los atropellos policiales por parte de los legisladores del FA no debe llamar a engaño, fueron ellos quienes reforzaron legal e instrumentalmente la represión y el sistema de conspiración contra el pueblo: Guardian y ley de faltas. A la vez que le vota LUC y venias a los “fascistas”.
Sobre eso se apoyan ahora la coalición derechista para avanzar en la línea de habilitar los allanamientos nocturnos, que tiene que ver muy secundariamente con el combate al narcotráfico. Mientras por puertos y aeropuertos salen contenedores y bolsos repletos de cocaína o los morabitos se van de la cárcel en Uber, Larrañaga nos viene con el cuento que hay que permitir irrumpir por las noches en los domicilios para desarticular carteles inexistentes, pues las bocas de los barrios apenas llegan al narcomenudeo, una parte ridícula del total de sustancias que circula en el país.
Para defender a la juventud en los barrios contra los narcos y sus eventuales mafias y la policía que colabora activamente en la preservación de este delito junto a funcionarios corruptos desde aduanas a los juzgados y la política los trabajadores deben tomar la lucha contra el flagelo de las drogas en sus manos.
La LUC presentada como la vacuna contra todos los males no va a resolver nada, en cualquier caso, empeorar las arbitrariedades y acoso a la población en los barrios. En esa línea hay que rechazar también los allanamientos nocturnos, la presencia de la DEA y reclamar la apertura de los archivos de todos los servicios, en dictadura y democracia.
Camilo Márquez
26/06/2020
Miles de millones de niños castigados por la pandemia
El “gran cierre” persiste mes tras mes. El virus prosigue su marcha por todo el mundo; la enfermedad continúa infectando personas y arrancando vidas. La incertidumbre nos afecta a todos, sin saber si se ha alcanzado el pico de la enfermedad y si el “gran cierre” se levantará pronto y si lo hará lentamente. En lugares como Brasil, India y Estados Unidos, gobiernos irresponsables e incompetentes están ansiosos por abrir todos los sectores para impulsar la actividad económica; no parecen preocuparse por romper la cadena de la infección. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería que las pruebas se ralentizaran, una peligrosa declaración que va en contra de todos los consejos de la Organización Mundial de la Salud. No tiene sentido terminar con el “gran cierre” si la apertura no va a conseguir más que seguir infectando a las personas y evitar un final adecuado de la pandemia.
Hay cifras inmensas de víctimas de este “gran cierre”. Los ingresos se han derrumbado para la mitad de la población mundial, mientras que las tasas del hambre van en aumento. Pero hay otras bajas, otras víctimas, de las que a menudo nos acordamos menos.
Brecha digital
Los padres de todo el mundo se han visto sorprendidos por el cierre de escuelas. Sus hijos han tenido que permanecer en casa, experimentando con diferentes formas de educación en el hogar. Las escuelas han cerrado en 191 países, con al menos 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de maestros de primaria y secundaria fuera de las aulas. Donde se dispone ampliamente de Internet, los niños han podido seguir sus estudios a través de plataformas digitales, aunque el carácter de ese aprendizaje pueda ser dudoso. La concentración ha disminuido y la profundidad de la experiencia educativa se ha vuelto superficial.
Donde no se dispone de Internet, los niños no han podido continuar con sus estudios. Un estudio de UNICEF de 2017 mostraba que el 29% de los jóvenes en todo el mundo no disponen de conexión con Internet; en el continente africano, el 60% de los niños no están conectados, en comparación con el 4% de los niños europeos.
Muchos de esos niños pueden conectarse a través de un teléfono haciendo uso de datos celulares que les resultan muy costosos; no tienen ordenador ni conexiones inalámbricas a Internet en el hogar. Un estudio reciente de la UNESCO descubrió que la mitad de los niños que no están en un aula, es decir, 830 millones de estudiantes, no tienen acceso a un ordenador; más del 40% de los niños no tienen Internet en casa. En África subsahariana, casi el 90% de los estudiantes no tienen ordenador en casa y el 82% no puede conectarse a través de banda ancha. La brecha digital es real y continúa impactando en las oportunidades educativas de los niños durante esta pandemia.
No está nada claro que estos niños puedan regresar a la escuela pronto. Se están estudiando formas creativas para continuar el aprendizaje a distancia, como el uso de estaciones de radio y canales de televisión comunitarios. Pero no ha habido voluntad de imponer un mandato para una programación educativa en canales privados de televisión y emisoras de radio.
Violencia
En junio, la OMS, junto con otras agencias de la ONU, lanzó un estudio trascendental: «Informe Global sobre la Prevención de la Violencia contra los Niños 2020». Lamentablemente, este estudio, como la mayor parte de las informaciones sobre la situación de los niños en nuestro tiempo, no ha recibido prácticamente la cobertura de los medios.
Los datos sobre la violencia contra los niños antes del gran confinamiento son impactantes. Uno de cada dos niños de 2 a 17 años sufre cada año alguna forma de violencia. Un tercio de los estudiantes entre las edades de 11 y 15 años fueron intimidados por sus compañeros durante el último mes, mientras que aproximadamente 120 millones de niñas han sufrido algún abuso sexual antes de los 20 años (es importante tener en cuenta que no hay números globales sobre las tasas de violencia sexual contra los niños). El informe ofrece la primera cifra mundial de homicidios en niños menores de 18 años; en 2017: 40.000 niños fueron víctimas de homicidio. Existen leyes en el 88% de los países del mundo que prohíben todas estas atrocidades; sin embargo, las tasas de información son bajas, y en al menos el 47% de los países, esas leyes se aplican de forma miserable.
El estudio de la OMS dice que las tasas de violencia contra los niños han aumentado durante la pandemia y que tal violencia “va a tener, probablemente, consecuencias negativas duraderas». En muchos países, como Estados Unidos, hay una disminución en la notificación de casos de abuso infantil a los servicios de protección infantil. Esto, argumentan los autores del estudio, se debe a que los “proveedores esenciales de servicios comunitarios, como los maestros, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, que en circunstancias normales reconocerían los signos de abuso, ya no tienen contacto directo con los niños y, por lo tanto, no pueden denunciar las sospechas de abuso”. En el Reino Unido, las llamadas a la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños han aumentado en un 20%.
Las restricciones al movimiento, desempleo, aislamiento, hacinamiento y otros factores, señala el informe, “han aumentado los niveles de estrés y ansiedad en padres, cuidadores e hijos”. Para aquellos hogares donde la violencia familiar es ya un problema, es un escenario de pesadilla. “Las medidas para quedarse en casa han limitado las fuentes habituales de apoyo para familias e individuos, ya sean amigos, familiares o profesionales, erosionando aún más su capacidad para hacer frente con éxito a las crisis y nuevas rutinas de la vida cotidiana”. En su artículo en The Atlantic, Ashley Fetters y Olga Khazan dicen que esta es “la peor situación imaginable para la violencia familiar”.
Soluciones
Mientras el “gran cierre” prosiga, no hay buenas soluciones para la brecha digital o la violencia dentro de los hogares. Sin un sector público robusto que invierta en el acceso gratuito y universal a Internet y proporcione un ordenador a cada niño, no habrá un avance real sobre la brecha digital.
Del mismo modo, a menos que los gobiernos transformen sus sistemas de salud pública y sus programas de trabajadores sociales para que puedan tener un contacto frecuente con los hogares de las comunidades, no habrá una forma real de identificar casos de abuso infantil para proteger a los niños.
Ninguna privatización o filantropía puede resolver los problemas de la brecha digital y la violencia contra los niños. Lo que se necesita son programas bien financiados por un Estado descentralizado pero fuerte, con wifi gratuito y oficinas de salud pública y trabajo social en el vecindario. En un mundo posterior a la COVID-19, tales demandas políticas deberían estar en boca de todo el mundo. Es el único enfoque que podrá brindar protección a los niños.
Vijay Prashad
Fuentes: CounterPunch - Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Vijay Prashad es historiador y periodista, de origen indio. Ha sido profesor del Trinity College y actualmente es director del Instituto Tricontinental en Delhi. Es autor de numerosas obras, entre ellas: The Darker Nations: A People’s History of the Third World and The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, No Free Left: The Futures of Indian Communism (New Delhi, LeftWord, 2015) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017).
Colapsa Bolivia, único país que atraviesa la pandemia con dictadura
Bolivia, cumplidos 100 días de cuarentena, reporta hasta el 24 de junio 27.487 contagios, 876 muertes y un promedio de mil contagios por día. Pero también cierre parcial de hospitales y laboratorios, contagio de personal sanitario, falta de insumos de bioseguridad y muertos en las calles, ante la falta de políticas y la corrupción del gobierno de facto.
El sistema sanitario colapsó en Beni y Santa Cruz, y es inminente que suceda lo mismo en Cochabamba y La Paz. Estos cuatro departamentos concentran el 92% de los contagios y Santa Cruz con el 60% de infectados es el foco.
Bolivia es el único país de la región que atraviesa la pandemia con una dictadura, y se dirige, sin una política de estado de prevención y de contención del Covid-19, al colapso absoluto a nivel nacional. No se cuenta con un plan de contingencia coordinado, ni con un comité científico idóneo, y hay demanda urgente de médicos especialistas, insumos y equipos de salud.
Lo que la presidenta de facto Jeanine Áñez realiza es la mera administración de cifras oficiales de contagios y muertes.
Tres ministros de Salud que se han relevado durante la cuarentena, presentaron su “plan estratégico”, en base a promesas de adquisiciones de insumos y equipos de salud, que no se verifican en la realidad. Añez no cumplió con el objetivo de la cuarentena de abastecer al sistema sanitario de insumos, equipos de salud, infraestructura, contratación de personal, etc., para atender la gran demanda que se podía producir.
No hay coordinación de acciones entre el nivel central y los niveles gubernamentales y municipales, tampoco con los diversos sectores de la sociedad, lo que hace imposible entablar un abordaje serio de contingencia.
El “comité científico” carece de idoneidad: de su composición se excluyó a seis sociedades científicas, de medicina crítica, terapia intensiva, medicina interna, infectología, neumonología, pediatría y a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA.) de Bolivia.
El mismo está conformado por ocho médicos sin experiencia en la materia y cuyo presidente era el yerno de Áñez, Mohammed Mostajo, quién fungía de asesor, definía las acciones del plan contra el Covid-19 y la compra de insumos y equipos. Implicado en el “caso respiradores”, se fugó a EU bajo el argumento de que “su trabajo como asesor había terminado”, en pleno colapso sanitario.
Desde el inicio de la cuarentena se registraron en el país numerosas marchas de médicos suplicando por insumos y equipos de bioseguridad, capacitación, contratación de personal, etc. También, los alcaldes reclamaron que se les gire el presupuesto correspondiente para abonar los sueldos atrasados de los médicos.
El departamento de Beni, de donde es oriunda Áñez se encuentra colapsado y un 50% de sus médicos llegó a contagiarse, según Jorge Gómez, director del servicio departamental de salud (SEDES), debido a la falta de equipos de bioseguridad. Trinidad, su capital es el foco. El 22 de mayo el gobernador de Beni declaró el desastre sanitario y tuvo que pedir ayuda a un distrito limítrofe con Brasil.
Recién el 25 de mayo, una delegación de seis ministros, entre ellos la actual titular de Salud, Eidy Roca arribaron a Beni, con 10 ambulancias y con donaciones de la ONG “Mano a mano” de insumos de bioseguridad y tres avionetas ambulancias. De tal forma, venden una imagen de una Bolivia “pobre” que sobrevive con donaciones.
La herencia recibida
Añez acusa a Evo Morales por la “herencia recibida”. En Bolivia el presupuesto en salud hasta el 2005 era de 362 millones de dólares, en 13 años Evo lo multiplicó por 7 a 2.600 millones de dólares. Entre 1825-2005 (época republicana), habían 2.870 hospitales en el país, entre el 2006-2018, el gobierno de Evo construyó 1.061 hospitales.
La contratación de personal de salud, de 1825- 2005 era de 17.175 ítems, se incremento del 2006-2018 con 18.550 ítems llegando al total de 35.725. Solo 579 ambulancias había en todo el país al 2005, y el gobierno popular de Evo las incremento a 2.076.
Se implementó el Sistema Único de Salud (SUS), garantizando la atención sanitaria universal y gratuita al 51% de las y los bolivianos que no poseían seguro de salud. Se realizó transferencia de tecnología del INVAP argentino a tres centros de oncología de Bolivia, algo inédito en la historia del país.
Médicos bolivianos fueron becados a especializarse a Cuba, Rusia, Argentina, China, entre otros países, y estaba estipulado para este año la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología, hecho que quedó trunco por el golpe de estado.
Hay 20 hospitales de segundo y tercer nivel que el gobierno de Morales dejó próximos a inaugurar, que no son utilizados. Lo mismo sucede con las avionetas ambulancias que se adquirieron.
La pandemia
El 10 de marzo se registró el primer caso en el país y el 22 de marzo se declaro la cuarentena. El 1 de junio el país implementó la cuarentena dinámica con el fin de abrir diversos sectores de la economía y, como en otros países, en simultáneo, controlar la curva de contagios.
En Bolivia sucedió algo insólito, el gobierno central sin plan de salida gradual de la cuarentena rígida se desligó de su responsabilidad de contención frente al Covid-19, y la trasladó a las gobernaciones y alcaldías. Diversas regiones se autoencapsularon al ver avanzar sus niveles de contagio.
En La Paz y Cochabamba se cerraron varios hospitales, entre ellos el Tórax y el Viedma por el contagio masivo de personal que no es reemplazado, y se volvió a endurecer la cuarentena esta semana.
Resultado del desgobierno de Áñez, se reportaron 10 muertos en las calles, algunos de ellos en las puertas de los hospitales y otros en sus casas sin recibir atención médica. Las imágenes recuerdan la cruda realidad de Guayaquil. Uno caso demoledor ocurrió en Cochabamba con el cadáver de un hombre en la calle que peregrinó por siete hospitales durante cinco horas solicitando asistencia sin lograrlo.
Otros casos se registraron en Beni, Santa Cruz y La Paz. El 24 de junio un paciente con Covid-19 se suicido al complicarse su cuadro a falta de medicamentos y se lanzó del tercer piso del hospital Solomon Klein, en Cochabamba.
Por otro lado, el Instituto de investigaciones forenses reportó 50 muertes diarias en los domicilios por insuficiencia respiratoria en Santa Cruz, a la espera de confirmar si son positivos. En Cochabamba se reportaron 13 cuerpos en sus domicilios y se habilitaron fosas comunes por el colapso del horno crematorio para cuerpos no identificadas.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó que las muertes reportadas en las calles ocurrieron porque hay personas que “esperan hasta último momento para ir al hospital”. En contraposición, la Comisipón Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “estas muertes se deben a la imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de los hospitales”.
El país requiere en carácter de urgencia insumos y equipos de salud.
Según la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBMCTI), en el país hay 210 médicos intensivistas y se precisa duplicar esta cifra, pero Áñez no permite la entrada de médicos cubanos. Solo se cuenta con 100 camas destinadas a Covid-19, cuando se requiere 700 en el país.
Al respecto, el 16 de abril Mohammed Mostajo, anunció la compra de 500 camas de unidades intensivas y de 450 mil reactivos. Las camas nunca llegaron y luego de casi dos meses, recién el 3 de junio llegaron solo 70 mil reactivos. Los ex ministros de salud Aníbal Cruz y Marcelo Navajas prometieron 500 respiradores hace tres meses, y llegaron el 15 de mayo 170 respiradores con sobreprecios e inservibles para pacientes críticos con Covid-19.
El 22 de junio se conoció la compra de solo 10 respiradores que desaparecieron y otra vez con sobreprecios.
En el país hay faltante de reactivos desde el inicio de la cuarentena y las pruebas se restringieron a pacientes con “toda la sintomatología activa”, de tal manera Bolivia pasó a ser el que menos pruebas realiza de la región. Las insuficientes pruebas que se realizan llegan posmortem, luego de más de una semana porque deben ser trasladados por tierra a los laboratorios de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
Recién hace un mes, se pusieron en funcionamiento laboratorios en Tarija, Beni y Chuquisaca. El colapso en los laboratorios es inminente por falta de personal. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el laboratorio más importante de Santa Cruz se declaró en emergencia al no recibir los termocicladores requeridos para procesar las pruebas y tiene cuatro mil análisis en espera.
Lo llamativo es que en el país hay 33 laboratorios, según lo anunciado el 16 de abril por Mohammed Mostajo, 23 pertenecientes al programa HIV y tuberculosis y 10 donados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (Pnud), lo que permitiría tener tres laboratorios en los nueve departamentos del país.
Por otro lado, en las clínicas privadas las pruebas cuestan un promedio de 150 dólares, por lo que Bolivia es el segundo país de la región de mayor costo en pruebas.
El 18 de junio Áñez, que sostiene un falso discurso de preocupación por la salud, evitó la entrada de un avión de China con una carga con sobreprecios de hasta el 400% de 1.600.000 insumos de bioseguridad: 800 mil barbijos, 500 mil barbijos N95, 200 guantes, 50 mil overoles, 5 mil termómetro, 20 mil gorros y 10 mil lentes que tenían como destino a empresas privadas y al Ministerio de Energía que intervino en la compra.
El vuelo se canceló para evitar otro escándalo de corrupción ante la filtración de la información.
Administración macabra de cifras epidemiológicas para evitar elecciones.
Al principio de la cuarentena las cifras epidemiológicas del país eran bajas y se vendieron como un “éxito”. De repente, cuando el pueblo boliviano puso en agenda la demanda electoral, en simultáneo las cifras oficiales se dispararon, y Eidy Roca, actual ministra de Salud, proyectó más de 130 mil contagios para la fecha de las elecciones del 6 de septiembre, casi triplicando las proyecciones del ex ministro de Salud Aníbal Cruz de 48 mil contagios.
El golpismo administra desde el principio macabramente las cifras epidemiológicas en función de intereses y cálculos electorales con el fin de evitar las elecciones en el país. Debido a la inacción del gobierno de facto, se desconoce con exactitud las cifras epidemiológicas, no solo porque no se realizan las pruebas masivas y hay muchas a la espera de los resultados, también porque Áñez oculta y manipula sistemáticamente información al respecto.
Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
El sistema sanitario colapsó en Beni y Santa Cruz, y es inminente que suceda lo mismo en Cochabamba y La Paz. Estos cuatro departamentos concentran el 92% de los contagios y Santa Cruz con el 60% de infectados es el foco.
Bolivia es el único país de la región que atraviesa la pandemia con una dictadura, y se dirige, sin una política de estado de prevención y de contención del Covid-19, al colapso absoluto a nivel nacional. No se cuenta con un plan de contingencia coordinado, ni con un comité científico idóneo, y hay demanda urgente de médicos especialistas, insumos y equipos de salud.
Lo que la presidenta de facto Jeanine Áñez realiza es la mera administración de cifras oficiales de contagios y muertes.
Tres ministros de Salud que se han relevado durante la cuarentena, presentaron su “plan estratégico”, en base a promesas de adquisiciones de insumos y equipos de salud, que no se verifican en la realidad. Añez no cumplió con el objetivo de la cuarentena de abastecer al sistema sanitario de insumos, equipos de salud, infraestructura, contratación de personal, etc., para atender la gran demanda que se podía producir.
No hay coordinación de acciones entre el nivel central y los niveles gubernamentales y municipales, tampoco con los diversos sectores de la sociedad, lo que hace imposible entablar un abordaje serio de contingencia.
El “comité científico” carece de idoneidad: de su composición se excluyó a seis sociedades científicas, de medicina crítica, terapia intensiva, medicina interna, infectología, neumonología, pediatría y a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA.) de Bolivia.
El mismo está conformado por ocho médicos sin experiencia en la materia y cuyo presidente era el yerno de Áñez, Mohammed Mostajo, quién fungía de asesor, definía las acciones del plan contra el Covid-19 y la compra de insumos y equipos. Implicado en el “caso respiradores”, se fugó a EU bajo el argumento de que “su trabajo como asesor había terminado”, en pleno colapso sanitario.
Desde el inicio de la cuarentena se registraron en el país numerosas marchas de médicos suplicando por insumos y equipos de bioseguridad, capacitación, contratación de personal, etc. También, los alcaldes reclamaron que se les gire el presupuesto correspondiente para abonar los sueldos atrasados de los médicos.
El departamento de Beni, de donde es oriunda Áñez se encuentra colapsado y un 50% de sus médicos llegó a contagiarse, según Jorge Gómez, director del servicio departamental de salud (SEDES), debido a la falta de equipos de bioseguridad. Trinidad, su capital es el foco. El 22 de mayo el gobernador de Beni declaró el desastre sanitario y tuvo que pedir ayuda a un distrito limítrofe con Brasil.
Recién el 25 de mayo, una delegación de seis ministros, entre ellos la actual titular de Salud, Eidy Roca arribaron a Beni, con 10 ambulancias y con donaciones de la ONG “Mano a mano” de insumos de bioseguridad y tres avionetas ambulancias. De tal forma, venden una imagen de una Bolivia “pobre” que sobrevive con donaciones.
La herencia recibida
Añez acusa a Evo Morales por la “herencia recibida”. En Bolivia el presupuesto en salud hasta el 2005 era de 362 millones de dólares, en 13 años Evo lo multiplicó por 7 a 2.600 millones de dólares. Entre 1825-2005 (época republicana), habían 2.870 hospitales en el país, entre el 2006-2018, el gobierno de Evo construyó 1.061 hospitales.
La contratación de personal de salud, de 1825- 2005 era de 17.175 ítems, se incremento del 2006-2018 con 18.550 ítems llegando al total de 35.725. Solo 579 ambulancias había en todo el país al 2005, y el gobierno popular de Evo las incremento a 2.076.
Se implementó el Sistema Único de Salud (SUS), garantizando la atención sanitaria universal y gratuita al 51% de las y los bolivianos que no poseían seguro de salud. Se realizó transferencia de tecnología del INVAP argentino a tres centros de oncología de Bolivia, algo inédito en la historia del país.
Médicos bolivianos fueron becados a especializarse a Cuba, Rusia, Argentina, China, entre otros países, y estaba estipulado para este año la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología, hecho que quedó trunco por el golpe de estado.
Hay 20 hospitales de segundo y tercer nivel que el gobierno de Morales dejó próximos a inaugurar, que no son utilizados. Lo mismo sucede con las avionetas ambulancias que se adquirieron.
La pandemia
El 10 de marzo se registró el primer caso en el país y el 22 de marzo se declaro la cuarentena. El 1 de junio el país implementó la cuarentena dinámica con el fin de abrir diversos sectores de la economía y, como en otros países, en simultáneo, controlar la curva de contagios.
En Bolivia sucedió algo insólito, el gobierno central sin plan de salida gradual de la cuarentena rígida se desligó de su responsabilidad de contención frente al Covid-19, y la trasladó a las gobernaciones y alcaldías. Diversas regiones se autoencapsularon al ver avanzar sus niveles de contagio.
En La Paz y Cochabamba se cerraron varios hospitales, entre ellos el Tórax y el Viedma por el contagio masivo de personal que no es reemplazado, y se volvió a endurecer la cuarentena esta semana.
Resultado del desgobierno de Áñez, se reportaron 10 muertos en las calles, algunos de ellos en las puertas de los hospitales y otros en sus casas sin recibir atención médica. Las imágenes recuerdan la cruda realidad de Guayaquil. Uno caso demoledor ocurrió en Cochabamba con el cadáver de un hombre en la calle que peregrinó por siete hospitales durante cinco horas solicitando asistencia sin lograrlo.
Otros casos se registraron en Beni, Santa Cruz y La Paz. El 24 de junio un paciente con Covid-19 se suicido al complicarse su cuadro a falta de medicamentos y se lanzó del tercer piso del hospital Solomon Klein, en Cochabamba.
Por otro lado, el Instituto de investigaciones forenses reportó 50 muertes diarias en los domicilios por insuficiencia respiratoria en Santa Cruz, a la espera de confirmar si son positivos. En Cochabamba se reportaron 13 cuerpos en sus domicilios y se habilitaron fosas comunes por el colapso del horno crematorio para cuerpos no identificadas.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó que las muertes reportadas en las calles ocurrieron porque hay personas que “esperan hasta último momento para ir al hospital”. En contraposición, la Comisipón Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “estas muertes se deben a la imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de los hospitales”.
El país requiere en carácter de urgencia insumos y equipos de salud.
Según la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBMCTI), en el país hay 210 médicos intensivistas y se precisa duplicar esta cifra, pero Áñez no permite la entrada de médicos cubanos. Solo se cuenta con 100 camas destinadas a Covid-19, cuando se requiere 700 en el país.
Al respecto, el 16 de abril Mohammed Mostajo, anunció la compra de 500 camas de unidades intensivas y de 450 mil reactivos. Las camas nunca llegaron y luego de casi dos meses, recién el 3 de junio llegaron solo 70 mil reactivos. Los ex ministros de salud Aníbal Cruz y Marcelo Navajas prometieron 500 respiradores hace tres meses, y llegaron el 15 de mayo 170 respiradores con sobreprecios e inservibles para pacientes críticos con Covid-19.
El 22 de junio se conoció la compra de solo 10 respiradores que desaparecieron y otra vez con sobreprecios.
En el país hay faltante de reactivos desde el inicio de la cuarentena y las pruebas se restringieron a pacientes con “toda la sintomatología activa”, de tal manera Bolivia pasó a ser el que menos pruebas realiza de la región. Las insuficientes pruebas que se realizan llegan posmortem, luego de más de una semana porque deben ser trasladados por tierra a los laboratorios de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
Recién hace un mes, se pusieron en funcionamiento laboratorios en Tarija, Beni y Chuquisaca. El colapso en los laboratorios es inminente por falta de personal. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el laboratorio más importante de Santa Cruz se declaró en emergencia al no recibir los termocicladores requeridos para procesar las pruebas y tiene cuatro mil análisis en espera.
Lo llamativo es que en el país hay 33 laboratorios, según lo anunciado el 16 de abril por Mohammed Mostajo, 23 pertenecientes al programa HIV y tuberculosis y 10 donados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (Pnud), lo que permitiría tener tres laboratorios en los nueve departamentos del país.
Por otro lado, en las clínicas privadas las pruebas cuestan un promedio de 150 dólares, por lo que Bolivia es el segundo país de la región de mayor costo en pruebas.
El 18 de junio Áñez, que sostiene un falso discurso de preocupación por la salud, evitó la entrada de un avión de China con una carga con sobreprecios de hasta el 400% de 1.600.000 insumos de bioseguridad: 800 mil barbijos, 500 mil barbijos N95, 200 guantes, 50 mil overoles, 5 mil termómetro, 20 mil gorros y 10 mil lentes que tenían como destino a empresas privadas y al Ministerio de Energía que intervino en la compra.
El vuelo se canceló para evitar otro escándalo de corrupción ante la filtración de la información.
Administración macabra de cifras epidemiológicas para evitar elecciones.
Al principio de la cuarentena las cifras epidemiológicas del país eran bajas y se vendieron como un “éxito”. De repente, cuando el pueblo boliviano puso en agenda la demanda electoral, en simultáneo las cifras oficiales se dispararon, y Eidy Roca, actual ministra de Salud, proyectó más de 130 mil contagios para la fecha de las elecciones del 6 de septiembre, casi triplicando las proyecciones del ex ministro de Salud Aníbal Cruz de 48 mil contagios.
El golpismo administra desde el principio macabramente las cifras epidemiológicas en función de intereses y cálculos electorales con el fin de evitar las elecciones en el país. Debido a la inacción del gobierno de facto, se desconoce con exactitud las cifras epidemiológicas, no solo porque no se realizan las pruebas masivas y hay muchas a la espera de los resultados, también porque Áñez oculta y manipula sistemáticamente información al respecto.
Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Estados Unidos: la crisis política en punto de ebullición
¿Puede la rebelión popular conquistar sus objetivos?
Las reformas policiales absolutamente parciales dispuestas por Trump, los distintos proyectos en el Congreso y las disposiciones locales no han logrado convencer al movimiento de lucha desatado contra una profunda opresión social que salga de las calles.
Los once asesinados en la represión de este mes. Los cinco hombres negros que aparecieron ahorcados en distintos puntos del país, de Nueva York a Texas y California. Los nuevos casos de brutalidad policial como el de Sean Monterrosa, hijo de argentinos, fusilado por la policía de la ciudad de Vallejo, California, mientras estaba arrodillado y con las manos en la cabeza, supuestamente porque la policía confundió su martillo de carpintero con un arma. O el de Andrés Guardado, un guardia de seguridad de 19 años, de Gardena, California, asesinado por la policía por portar su arma reglamentaria. Las amenazas con sogas anudadas para ahorcar que han aparecido en lugares públicos y que fue dejada al único conductor negro del Nascar. Cada nuevo hecho ha reforzado la disposición a movilizarse, generando nueva convocatorias de centenares o miles para manifestarse.
En Seattle, la zona autónoma de policía establecida alrededor de la jefatura de policía, abandonada por los efectivos, por el momento se mantiene. Una iniciativa interesante es que han emitido un programa de 30 puntos, que cubre desde el planteo de la abolición de la policía y el fin de la persecución judicial para quienes participan en las protestas a demandas sobre el sistema carcelario, educativo, que se congelen los alquileres y que haya acceso gratuito a la universidad. La reunión de asambleas que fijen un programa es una forma de darle voz política a los protagonistas de la rebelión y la base para una unificación del movimiento de lucha en todo el país. Otra zona autónoma se estaría intentando establecer en la zona cercana a la Casa Blanca en Washington DC, donde se realizó la infame represión para que Trump haga una conferencia, posando con una Biblia en una iglesia ocupada por tropa.
Las protestas han llegado a reproducirse en unas 2.000 ciudades y pueblos. Esto incluye manifestaciones en zonas rurales predominantemente blancas, que han sido una sólida base electoral de Trump, y la zona de reclutamiento de grupos racistas, como el Ku Klux Klan u organizaciones neonazis.
Es muy significativo el ingreso de las huelgas y las protestas obreras al proceso de rebelión. El paro activo portuario de la costa oeste, liderado por las seccionales del gremio Ilwu, que se reivindican clasistas, es una de muchas acciones obreras que se inscriben directamente en los reclamos de la rebelión desatada por el asesinato de George Floyd. De conjunto, más de 800 conflictos laborales registrados desde marzo. La mayoría, vinculados con la seguridad frente a la pandemia, a los salarios o despidos, fueron convocados sin participación de la estructura de los sindicatos. La burocracia sindical, que ha precedido un récord de marginalidad de afiliación sindical, adaptándose a la precarización laboral, se está pasando a un coqueteo sin compromiso con la rebelión, promoviendo declaraciones o medidas simbólicas para no quedar descolocados.
Un comandante en jefe sin soldados
Trump trató de reenfocar la pelea política hacia las elecciones, forzando una agenda de actos de campaña cuando en muchos estados sigue rigiendo la cuarentena.
El fracaso de su acto de lanzamiento en Tulsa retrata el grado extremo de aislamiento de Trump en el propio Estado norteamericano. Hemos asistido a una muestra tras otra de la ruptura de la cadena de mando. Empezando por la negativa del mando militar a involucrar a las fuerzas armadas en la represión. Siguiendo con los sucesivos fallos de la Corte Suprema en favor de derechos de la comunidad Lgbti e inmigrantes, equivalen a un desaire a Trump o a la preparación de una adecuación a una nueva etapa política.
La crisis con el intento de hacer renunciar a Geoffrey Berman, fiscal federal encargado del área de Nueva York, expresa la misma tendencia. Berman negó el anuncio del fiscal general William Barr de que él había renunciado a su cargo, forzando a Trump a destituirlo. La decisión estuvo basada aparentemente en que Berman, que había apoyado a Trump en 2016, estaba investigando a distintos socios políticos y económicos del presidente. En el libro de John Bolton, ex consejero de Seguridad nacional de Trump, que se está dando a conocer en estos días contra los intentos legales del gobierno de impedirlo, se le adjudica a Trump la decisión de colocar gente de confianza en esa fiscalía para frenar una investigación contra el banco turco Halkbank, a pedido del presidente Tayyip Erdogan. Lo seguro es que ha dado lugar a nuevas denuncias de un intento de copamiento de la Justicia y a que la comisión de Justicia de la cámara baja del Congreso empiece a emitir citaciones a declarar sobre el tema.
El control de Trump del Partido Republicano está fuertemente cuestionado. A la declaración del ex presidente George W. Bush de que no apoyaría la campaña de Trump, siguieron derrotas internas de los candidatos favorecidos por Trump en las internas de Virgina, Carolina del Norte y Kentucky.
Trump publicó un tweet planteando su disposición a reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Dirigentes republicanos, como el senador Marco Rubio, de Florida, donde están asentadas las comunidades de emigrados derechistas de Cuba y Venezuela, salieron a diferenciarse de los dichos de Trump, preocupados por un nuevo retroceso en una disputa electoral de resultado dudoso en el Estado.
Todas las encuestas difundidas marcan un crecimiento de la ventaja de Biden, entre un 8 y un 15% a favor. Un cálculo reciente de la revista Economist ha colocado un 13% de posibilidades de que Trump reúna los delegados para conquistar el colegio electoral, con grandes probabilidades de perder estados que fueron clave para su victoria en 2016, como Florida, Michigan o Wisconsin.
Hasta noviembre resta todavía la pelea por la propia organización de las elecciones en la cuarentena, tanto en la posibilidad de votar a distancia como en la distribución de urnas en cada distrito. Esta pulseada por el control de los comicios promete sumar un incidente importante a la crisis política en curso.
Biden, una nulidad en ascenso
Biden está subiendo en las encuestas como beneficiario del impacto de la crisis del manejo de la pandemia y la rebelión contra Trump, no por méritos propios ni un entusiasmo con su programa. El silencio de Biden ayuda a esconder la agenda rabiosamente empresarial que ha defendido toda su vida, evitando desmentir el piropo que le dedicó Noam Chomsky, partidario de Sanders y su Internacional Progresista, que promovió el voto a Biden porque este es un “envase vacío” que carecería de programa propio.
Cada vez más sectores de la clase dominante han decidido soltarle la mano a Trump. La permanencia del magnate en el poder es un factor revulsivo que está haciendo crujir el conjunto del sistema político y puede volverlo ingobernable. La rebelión sigue en desarrollo, con una radicalización de masas que no se ha visto en sesenta años. Este escenario ha terminado por barrer definitivamente el ensayo bonapartista, intentando armar un régimen de poder personal, con el que arrancó su mandato.
Pero el cambio de mando que se prepara para la Casa Blanca, no resuelve de ninguna manera los problemas de fondo que han llevado a esta rebelión. Estamos en presencia de una decadencia histórica de Estados Unidos, lo cual se ha potenciado con el salto que ha pegado la crisis capitalista mundial y, más aún, luego del estallido de la pandemia. El “América first” de Trump no ha logrado detener en estos cuatro años una disminución del declive en la capacidad de dominación hegemonica de la burguesía norteamericana a nivel global en términos económicos, una pérdida de posiciones militares y un descenso de la pérdida de la autoridad política de su Estado sobre las masas de su país.
Izquierda demócrata
En este contexto, el desarrollo de la izquierda demócrata merece un balance. La victoria de Alexandra Ocasio-Cortez en las primarias de Nueva York contra candidatos con financiamiento millonario de Wall Street, que se extendió a la victoria de otros candidatos izquierdistas para diputados en la zona como Jamaal Bowman, son una muestra de una radicalización de la posición política. Pero la apuesta a meter al movimiento de lucha atrás de los partidos políticos del régimen es un camino de cooptación y colaboración con los opresores. La mejor prueba de eso es que más allá de la participación indudable de los militantes de base de los demócratas socialistas y organizaciones parecidas en la rebelión, esta corriente no tiene estrategia ni iniciativa alguna frente a la rebelión y la enorme crisis nacional de la cuarentena y la depresión. La dedicación exclusiva de su dirección y estructura a las tareas electorales (y alguna presentación parlamentaria) en el contexto de esta conmoción nacional muestra que el arribismo y la integración al Estado son mutuamente excluyentes con la construcción de una organización revolucionaria. La necesidad de miles de militantes de construir una organización política que exprese los intereses sociales de la clase obrera tiene como punto de partida la conformación de un partido independiente. Sólo rompiendo con el régimen político de la burguesía yanqui y sus partidos demócrata y republicano podemos desenvolver una lucha común los oprimidos en Estados Unidos y los que se enfrentan a su dominación imperial en el mundo.
Por cada protesta, una asamblea
Muchos militantes de esta izquierda posibilista vienen insistiendo en que la rebelión “ya ganó”. Y muestran las reformas parciales instituidas o prometidas, los cambios cosméticos o donaciones solidarias dispuestos por organizaciones deportivas o empresas como muestras de que “la rebelión ya tiene sus conquistas”. Esto coincide sospechosamente con la voluntad de desmovilizar y canalizar la oposición a Trump en los candidatos del Partido Demócrata.
La rebelión efectivamente ha obligado al Estado y las clases dominantes a retroceder en miles de aspectos parciales. Y esto muestra la gran fuerza que ha desplegado. Pero las causas de la rebelión en la opresión capitalista, la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la cuota especial de esta opresión que sufren los negros y otras comunidades de color en la estructura social de Estados Unidos están lejos de ser superadas. El proceso de crisis capitalista reforzará estas tensiones en el futuro, con un gobierno capitalista de cualquier signo. La militarización de las fuerzas policiales y la violencia sobre los trabajadores y los pobres sirven para sostener esta realidad. La política de desmovilización intenta defender este status quo con concesiones simbólicas.
Para lograr una victoria del movimiento, deben replicarse los Seattle y los Ilwu. Asambleas que definan acciones de lucha y programa de las demandas democráticas, sociales y económicas de los explotados en cada pueblo, barrio, lugar de trabajo, sindicato y lugar de estudio. Unificar la lucha de todos los explotados. Derrotar a Trump hoy sin esperar a noviembre. En este camino, los trabajadores y explotados del mundo entero saludamos a la vanguardia de la rebelión, que discute, elabora, actúa y se reagrupa en el curso de la revuelta popular en Estados Unidos.
Guillermo Kane
viernes, 26 de junio de 2020
El rebrote chino y las olas del Covid-19
La aparición de un rebrote del coronavirus en la capital china despertó los temores a una segunda oleada de la enfermedad en el gigante asiático. Entre el 11 y el 21 de junio, en Beijing hubo más de 200 casos positivos, poniendo fin a casi dos meses sin casos domésticos. El brote se habría originado en el mercado de Xinfadi, que abastece del 70% de los alimentos a la capital china.
Las autoridades impusieron una cuarentena en las zonas próximas al mercado donde se produjeron las infecciones e implementaron testeos masivos. Aseguran que todos los casos están relacionados a dicho lugar; o sea, que la enfermedad estaría relativamente circunscripta y controlada, pero habrá que esperar los resultados de los testeos masivos. En cualquier caso, el gobierno mismo reconoce que se trata del peor brote desde febrero.
El rebrote chino es una severa advertencia contra cualquier triunfalismo respecto del Covid-19. Y muestra, a la vez, que el combate de una pandemia precisa de una estrategia global, algo que el mundo capitalista, con las potencias enfrentadas entre sí y un “sálvese quien pueda” de los diferentes Estados, no puede ofrecer.
La marea del Covid-19 y sus olas
A pesar de la desaceleración de los contagios en Europa, no es correcto decir que la “primera ola” de la pandemia haya sido superada. El 19 de junio hubo un récord de 176 mil casos globales, contra 91 mil del mismo día del mes pasado. En todo caso, lo que corresponde es analizar el desplazamiento de la enfermedad, cuyo epicentro ha pasado a ser el continente americano, lo cual en cierto modo se explica porque es adonde llegó última. Estados Unidos, con más de 100 mil muertos, sigue siendo el país más afectado. Aunque la cantidad de casos diarios, no ha vuelto a llegar al pico de casi 37 mil casos del 24 de abril, se producen más de 20 mil casos por día. El foco de la enfermedad, según algunos medios, se habría desplazado de Nueva York a algunos estados del sur y del oeste.
En América Latina, según los datos que ofrece el mapa de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, Brasil -el segundo país más afectado- tuvo el 19 y 21 de junio cifras récord de más de 50 mil casos. México tuvo más de 5 mil infectados el 21, contra 3 mil del mismo día del mes anterior.
Al mismo tiempo, el virus está creciendo en países importantes de Asia y Africa. En la India, la enfermedad viene experimentando un crecimiento sostenido y superó los 15 mil casos diarios el 20 de junio. En este país, los trabajadores de la salud denuncian la falta sistemática de equipos de protección personal. Pakistán registró 12 mil casos diarios el 14 de junio, contra 3 mil del mismo día del mes anterior. La tendencia también es creciente en Bangladesh, que alcanzó los 20 mil casos el 17, contra 1.300 del mismo día del mes anterior. También crece la curva de contagios en Indonesia. En el Medio Oriente, Arabia Saudita registró casi 5 mil casos el 17 de junio contra casi la mitad del 17 de mayo. Irak tocó los 2 mil casos el 20, contra poco más de 100 del mismo día del mes pasado.
En el continente africano, Sudáfrica superó los 20 mil casos el 20/6 (durante el mes de mayo apenas había superado las 2 mil infecciones diarias) y en Egipto las cifras se duplican respecto al mes pasado.
A estos países hay que prestarles particular atención porque son mucho más vulnerables que los países europeos desde el punto de vista sanitario y de las condiciones de vida de su población. Por eso, el más mínimo foco puede desatar una catástrofe. Al respecto, vale señalar que ya se produjo un caso positivo en uno de los campamentos de refugiados de los rohingya, la minoría de origen musulmán perseguida por el gobierno de Myanmar. En esos centros ubicados en Bangladesh se albergan más de 800 mil personas en condiciones de hacinamiento (con una densidad de 40 a 70 mil personas por km2) y dificultades para el acceso al agua potable. Del mismo modo, en Nigeria se advierten sobre las consecuencias calamitosas del potencial ingreso de la enfermedad en los campos de refugiados del norte del país.
Pero volviendo a Europa, así como el ingreso tardío a las cuarentenas y el ajuste previo sobre los sistemas de salud volvieron a la enfermedad mucho más mortífera, ahora se procede a un peligroso discurso sobre el presunto éxito de haber controlado la enfermedad, que es funcional al levantamiento general de restricciones, incluyendo la apertura de fronteras, que reclama la clase capitalista. Este discurso subestima las posibilidades de un rebrote, como el que se acaba de producir en China. La población europea tiene apenas un 5% de su población infectada, lo que está lejos de la “inmunidad de rebaño” requerida para neutralizar la enfermedad.
Cabe recordar, a este respecto, que la gripe española, la fulminante pandemia que se cobró la vida de 50 millones de personas entre 1918 y 1920, fue especialmente mortífera en su segunda e incluso su tercera oleada. Una estrategia seria frente al Covid-19 exige, como punto de partida, tener presente la gravedad de la situación que el mundo está enfrentando. Bajo la forma de nuevos brotes, de una segunda oleada, e incluso de la transformación del Covid-19 en una enfermedad endémica, el continente europeo puede verse otra vez azotado.
Por todo esto, se vuelve particularmente urgente el desarrollo de alguna cura de la enfermedad, pero la investigación de una vacuna aún está en fases preliminares y es campo de choques entre Estados y monopolios.
El impacto económico
El rebrote chino produjo inquietud y una leve caída en las bolsas asiáticas. Es que si el escenario económico ya es penoso con las proyecciones actuales, una segunda oleada en este país y en el continente europeo, que obligue a sus gobiernos a volver a imponer medidas de aislamiento social, haría más catastrófica la situación. La OCDE ha elaborado dos escenarios. En el más optimista, 2020 terminaría con una caída del 6% del PBI global y un desempleo del 9,2% (casi el doble del de fines de 2019). En caso de un rebrote y un endurecimiento de las cuarentenas, la caída del PBI se extendería al 7,6% y el desempleo ascendería al 10%.
La gravedad de la pandemia, de la que a nivel global ni siquiera hemos pasado aún su primera ola, refuerza la necesidad de un programa de los trabajadores, que parta de la centralización de los sistemas de salud y la protección de su personal, y que incluya una agenda de medidas para que los trabajadores no paguen las consecuencias económicas: prohibición de despidos, pago íntegro de los salarios, seguro al parado, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios.
La pandemia ilustra el fracaso del capitalismo y muestra de manera urticante la necesidad de otro tipo de organización social.
Gustavo Montenegro
jueves, 25 de junio de 2020
América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia
Latinoamérica se ha transformado en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de 1,6 millones los casos reportados hasta el momento, y se prevé un rápido ascenso en la curva de contagios. Cuatro ejemplos claros de este panorama lo constituyen Brasil, México, Perú y Chile, que se encuentran entre los 15 países con más cantidad de afectados en el mundo. La bancarrota sanitaria tiene lugar junto con un crecimiento vertiginoso de la pobreza: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), un organismo ligado a la ONU, aseguró que alrededor de 14 millones de personas en la región están sufriendo hambre como producto del impacto del coronavirus y la debacle económica, en un escenario que ya se caracterizaba anteriormente por una tendencia creciente a la miseria social. Uno de los sectores más perjudicados por el parate económico, naturalmente, es el de los trabajadores informales, que componen hasta un 60% de la fuerza de trabajo en América Latina. Asimismo, la pandemia ha servido como coartada de un gigantesco ataque a las condiciones de trabajo, con despidos, suspensiones masivas, flexibilización laboral y recortes de salarios.
Notablemente, los gobiernos regionales han procedido -al calor de los reclamos de las cámaras empresarias- a la flexibilización de las cuarentenas en el momento en que la enfermedad se ha vuelto más explosiva. Si bien hay diferencias en el impacto de la crisis en cada país y en las políticas adoptadas, que oscilan entre planteos negacionistas como el de Bolsonaro y cuarentenas más o menos flexibles, los distintos gobiernos han sido incapaces de contener la estampida pandémica. Esta incapacidad está en la base también de los giros de aquellos gobiernos que se vieron obligados a reimponer medidas de aislamiento tras abandonarlas prematuramente, como ocurrió en la capital chilena.
Se desmadra la crisis sanitaria
Con un millón de casos totales, Brasil es en este momento el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, colocándose solo detrás de Estados Unidos. El sistema de salud se encuentra rebasado y se repiten en todo el país las imágenes de tumbas improvisadas por la gran cantidad de decesos. Esta situación es en buena medida el corolario de una flexibilización sistemática de la cuarentena por parte de los gobiernos estaduales (en San Pablo un 75% de las empresas se hallan funcionando) y del negacionismo del presidente Jair Bolsonaro.
En Chile, el desborde del sistema de salud provocado por el Covid-19 ha forzado, por la manipulación de los datos concernientes a la pandemia, la salida del ministro de salud Jaime Mañalich, lo que es también una expresión de la crisis política en la que se encuentra sumido el gobierno chileno. La política de Sebastián Piñera ha llevado a Chile a un cuadro dramático con 240 mil casos y más de 7 mil muertes, llegando a nuevos récords a diario, a pesar de tratarse de subestimaciones por la escasez de testeos realizados.
Rozando los 50.000 infectados y con 4.156 defunciones al 21 de junio, Ecuador atraviesa la embestida de la pandemia con un desplome de su sistema sanitario por falta de presupuesto e insumos. Sin embargo, Lenín Moreno avanza hacia un desconfinamiento, mientras profundiza su política antiobrera (recientemente el parlamento ecuatoriano votó una reforma laboral encubierta) y da luz verde, acuerdo mediante, a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social.
Bolivia ha sido noticia por el impacto que generaron las imágenes de infectados muriendo en las calles, fruto del vaciamiento del sistema de salud y la precarización de las condiciones de vida. A esta situación, el gobierno de facto presidido por Jeanine Añez, solo ha respondido con una fuerte presencia militar en las calles con el fin de intentar contener posibles estallidos sociales en el marco de un alza de la pobreza y de ataques hacia las masas. Bolivia contabilizaba 22.500 casos al 21/6 sobre una población de 11 millones.
México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, debutó en esta crisis con un discurso negacionista sobre el virus, en el que finalmente debió recular para dar paso a una cuarentena, está atravesado por una formidable catástrofe social y sanitaria y por un aumento en el número de casos diarios. Hoy México suma más de 20 mil muertes. A partir de junio, el gobierno ha impulsado una “nueva normalidad” que ya dio paso a la reapertura de sectores como el automotriz, la construcción y la minería.
Detrás de Brasil y superando incluso a Italia, Perú es el segundo país de América Latina más afectado, alcanzando los 248 mil contagios al 21/6. El gobierno de Martín Vizcarra fue enfrentado por varias protestas encabezadas por trabajadores de la salud, que desenmascararon su política ajustadora caracterizada por no entregar los EPP (equipos de protección personal) necesarios y que lo convierte en responsable por la muerte de más de 30 médicos y enfermeras (ha muerto más de un médico por día). Mientras tanto, Vizcarra discute la apertura de grandes centros comerciales para el día 22 de junio, sumando más leña al fuego encendido por la continuidad de la actividad minera y otros sectores no esenciales.
Colombia es otro de los países amenazados por la pandemia. El último viernes alcanzó un nuevo récord de contagios diarios que contabilizó 95 muertos. Las medidas emprendidas por el gobierno de Iván Duque para paliar los efectos de la crisis parecen ir en el sentido contrario a las que realmente se necesitan para hacer cara a la situación: busca reactivar la economía con medidas favorables al consumo, pero sin medidas sanitarias, lo que está llevando a aglomeraciones en los centros comerciales.
Sobrepasando los 42 mil casos al 21/6, Argentina padece el crecimiento del coronavirus con un sistema sanitario precario que podría colapsar en las próximas semanas. Este escenario se da en medio de la flexibilización de la cuarentena por parte de Alberto Fernández y los gobiernos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, los dos distritos más afectados. Solo en la provincia de Buenos Aires, cuya fragilidad enciende todas las alarmas, funciona el 85% de la industria. En la Capital, se reabrieron todo tipo de comercios.
La pandemia ha sido usada también por los gobiernos como un pretexto para un reforzamiento del aparato represivo (incluyendo en algunos casos el despliegue de las Fuerzas Armadas), con sus efectivos cometiendo todo tipo de atropellos contra la población oprimida.
Las masas
Al calor de la pandemia, las masas han llevado a cabo diversas acciones de lucha.
Los trabajadores de la salud, en la primera fila del combate del Covid-19, han protagonizado conflictos en reclamo de insumos y equipos de protección (Argentina, Brasil, Perú, Honduras y México, entre otros).
Al mismo tiempo, se han dado conflictos en defensa del pago íntegro de los salarios y contra las suspensiones y despidos (por ejemplo, en Argentina y Brasil).
Y también han tenido lugar, por parte de los sectores más empobrecidos, manifestaciones en reclamo de asistencia alimentaria y de las condiciones materiales mínimas para poder sobrellevar el aislamiento (Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Honduras, entre otros).
La tarea que se desprende de estos procesos es desarrollar un programa frente a la pandemia que incluya la centralización del sistema de salud, el no pago de la deuda externa, la prohibición de despidos y suspensiones, el pago íntegro de los salarios, y un seguro económico al parado. Y unir ese programa a la lucha por el desarrollo de una salida política de los trabajadores, en oposición a las tan mentadas “unidades nacionales” que pregonan los gobiernos en la “lucha contra el virus”, cuyo propósito no es más que desactivar la lucha de clases y entrampar a los trabajadores detrás de variantes capitalistas. Vamos por ello.
Nazareno Kotzev
miércoles, 24 de junio de 2020
Alemania: la precarización laboral detrás de los rebrotes de Covid-19
Más de 1500 infectados en la industria cárnica
Desde hace 5 días, la ciudad alemana de Gütersloh, ubicada en el oeste del país, es noticia por los 1550 trabajadores del frigorífico Tönnies contagiados de Covid-19 en lo que constituye el más grave rebrote de la enfermedad en el país germano donde, teóricamente, la pandemia había sido contenida. Otros rebrotes tuvieron lugar en la ciudad de Gotinga (700 casos) y en un complejo habitacional en Berlín. Alemania suma 187 mil contagiados y 8.830 fallecidos.
Hace una semana, el gobierno de Angela Merkel festejaba el techo alcanzado de nuevos contagios diarios (345) mientras se encamina a una reapertura completa de la cuarentena en sintonía con las medidas flexibilizadoras que están teniendo lugar en todo el continente. Estos rebrotes abren una situación de alarma para los popes de la Unión Europea.
Con 7 mil trabajadores, el frigorífico y su área de influencia son potencialmente una bomba infectológica. Los contagios masivos se deben a las condiciones de precariedad extrema a la que se ven forzados los obreros, en su enorme mayoría provenientes del este europeo, que son alojados en viviendas precarias en condiciones de hacinamiento, con baños, cocinas y dormitorios compartidos, sin posibilidades de mantener distancia social y medidas sanitarias. El alojamiento de los trabajadores es provisto por la misma empresa, que descuenta el alquiler directamente de los salarios. A estas condiciones de vida se le suman las propias de la industria cárnica al ser establecimientos con predominio de temperaturas bajas y presencia constante de vapor de agua, lo que facilita la supervivencia y transmisión del virus a través del aire. Los salarios están por debajo del promedio alemán y el trabajo es temporario y tercerizado.
Este brote en la industria cárnica alemana no es el primero. En mayo se computaron cientos de infectados en plantas en la ciudad de Coesfeld (129 casos) y en Baden-Württemberg (450) (20minutos.es 18/6). No se trata de pequeñas empresas, sino de ejemplos representativos de la gran burguesía alemana; la empresa Tönnies tiene una facturación anual de más de 5 mil millones de euros.
El rebrote en la industria cárnica muestra que, incluso en los países que son mostrados como ejemplares en la política aplicada para combatir la pandemia, lo que se privilegia por sobre la salud es el interés capitalista. Como en todo el mundo, se hace necesaria una intervención obrera decidida para que se garanticen todas las medidas necesarias para que esta crisis no sea pagada con la salud de los trabajadores.
Leandro Morgan
India y China, otro escenario de una guerra mundial
El choque entre tropas de India y China en el Himalaya, dejó el saldo de casi 60 soldados muertos. Aunque se trate del primer choque en 45 años, está lejos de ser un episodio de carácter aislado.
La prensa asegura que esta escalada bélica deviene por los objetivos estratégicos de los dos países. Lo que perturbó a Pekín es la construcción, por parte de la India, de una carretera para conectar con una base de alta altitud que tenían sin funcionamiento desde 2008. “Los chinos se han ofendido por la construcción de eso porque eso permitiría a India movilizar tropas más rápidamente”.
Ocurre que Pekín ha invertido unos US$60.000 millones en la infraestructura de Pakistán, el llamado Corredor Económico China-Pakistán (CECP), como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la carretera es clave para transportar bienes desde y hacia el puerto de Gwadar, en el sur de Pakistán (LN,5/6). India se suma de este modo a un reclamo político de Trump, para bloquear la expansión económica de China. Otra expresión de este choque es la política proteccionista que ha adoptado Nueva Delhi, que afecta especialmente a Huawei, el otro blanco de Trump. En este marco se pone en marcha un fortalecimiento de las relaciones de India con Estados Unidos, Japón y Australia. Esto le ha dado otro cariz a la agitación de la India respecto a retomar la región de Cachemira administrada por Pakistán, aliado de China. El gobierno hindú ha acentuado el chauvinismo anti-musulmán al prohibir la ciudadanía a los residentes musulmanes.
Mientras tanto, la India es el cuarto país en muertes por COVID-19 con casi dos mil por día Estamos ante una movida geopolítica dentro de la confrontación entre Estados Unidos y China, que plantea un escenario de guerra, en otra de las fronteras de China, y que tiene como sujeto al nacionalismo hindú, en el marco de una crisis social explosiva de la India.
Mauri Colón
24/06/2020
La prensa asegura que esta escalada bélica deviene por los objetivos estratégicos de los dos países. Lo que perturbó a Pekín es la construcción, por parte de la India, de una carretera para conectar con una base de alta altitud que tenían sin funcionamiento desde 2008. “Los chinos se han ofendido por la construcción de eso porque eso permitiría a India movilizar tropas más rápidamente”.
Ocurre que Pekín ha invertido unos US$60.000 millones en la infraestructura de Pakistán, el llamado Corredor Económico China-Pakistán (CECP), como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la carretera es clave para transportar bienes desde y hacia el puerto de Gwadar, en el sur de Pakistán (LN,5/6). India se suma de este modo a un reclamo político de Trump, para bloquear la expansión económica de China. Otra expresión de este choque es la política proteccionista que ha adoptado Nueva Delhi, que afecta especialmente a Huawei, el otro blanco de Trump. En este marco se pone en marcha un fortalecimiento de las relaciones de India con Estados Unidos, Japón y Australia. Esto le ha dado otro cariz a la agitación de la India respecto a retomar la región de Cachemira administrada por Pakistán, aliado de China. El gobierno hindú ha acentuado el chauvinismo anti-musulmán al prohibir la ciudadanía a los residentes musulmanes.
Mientras tanto, la India es el cuarto país en muertes por COVID-19 con casi dos mil por día Estamos ante una movida geopolítica dentro de la confrontación entre Estados Unidos y China, que plantea un escenario de guerra, en otra de las fronteras de China, y que tiene como sujeto al nacionalismo hindú, en el marco de una crisis social explosiva de la India.
Mauri Colón
24/06/2020
martes, 23 de junio de 2020
¡No al Pacto Social con el gobierno y los empresarios!
Marcelo Abdala, Pablo Mieres y Pablo Durán.
El gobierno viene amenazando con suspender la ronda de los Consejos de Salarios y congelar las discusiones hasta julio de 2021. Pero, ¿no era que “urgente es la gente”? El PIT-CNT debe impedir que nos roben el salario mientras miles están en el seguro de paro.
El gobierno se ha posicionado durante toda la pandemia a favor de los empresarios: una de las primeras medidas fue habilitar el envío al seguro de paro especial, sin importar cuánto las empresas habían sido afectadas por la crisis sanitaria y la paralización económica del primer mes de aislamiento social voluntario. Así, muchas de ellas se aprovecharon y mandaron a la totalidad de su plantilla al seguro, hoy con pocas expectativas de que todo el personal retome sus actividades.
Para el sector más vulnerable de la sociedad, aquellas familias que reciben las prestaciones del MIDES, el gobierno atinó a incrementar en un porcentaje los magros ingresos, que son menos que paliativos y parecen más una miseria.
Y para los cientos de miles – se calculan entre 300 y 400 mil personas – de trabajadoras y trabajadores informales, el gobierno entregó una partida de $ 1.200, a la que luego se sumó otra partida por el mismo valor, en una actitud cínica y denigrante para quienes de un momento a otro perdieron todo.
También implementó compulsivamente un recorte en los salarios de los empleados públicos que superaran los 120.000 pesos nominales, mientras que mantuvo la ganancia de los empresarios. Toda una muestra de “solidaridad de clase”, con la clase empresaria.
Pérdida de salario real para los privados
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció la propuesta del gobierno: suspender los Consejos de Salarios previstos para este año y topear el aumento de salarios hasta mediados del 2021. Un nuevo regalo para las patronales.
El gobierno propone un “período puente” de un año en el que se fijará un aumento de un 3 % al 10 de enero de 2021, prorrogable al 1° de abril para los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. Este magro aumento es consecuencia de descontar la caída de la economía (PIB) y constituye una pérdida de salario real ya que la inflación, a la fecha, asciende al 11 %.
Frente a esto, se plantea nuevamente la necesidad de pelear por el salario, no solamente para que no se vea reducido sino para que aumente en función de la (verdadera) inflación. El PIT-CNT debe cuidar el salario y no rifarlo en pos de la mantención de los puestos de trabajo.
¿Empleo o salario?
Nuevamente el gobierno nos pone en la falsa dicotomía entre mantener el empleo a costa de reducir el salario, o mantener el salario a costa de despedir masivamente. Pero esta dicotomía es falsa, porque la clase trabajadora no puede mantener el empleo a cualquier costo, es decir, no puede elegir mantener el empleo a costa de reducir sus ingresos o de flexibilizar sus condiciones de trabajo, cuestiones que no son otra cosa que un aumento de la precarización laboral (largas jornadas de trabajo por un sueldo de miseria, y pésimas condiciones laborales).
Sin embargo, este no parece ser el razonamiento de los principales dirigentes sindicales del PIT-CNT. El Secretario General, Marcelo Abdala, que además es dirigente del Partido Comunista, mencionó en su discurso de cierre del Paro Parcial del pasado 4 de junio, que “compartir el tiempo de trabajo con el tiempo de seguro de paro (rotación), reducir la jornada de trabajo para que nadie quede afuera, aumentar los tiempos y montos de subsidio de seguro de paro, generar inversión en nuevos lugares de trabajo es esencial", y que "Hay que hacer todos los esfuerzos para que se mantengan los vínculos laborales de los trabajadores y trabajadoras con las empresas”.
Pero la rotación con el seguro de paro redunda en una reducción salarial, por más que se aumenten los porcentajes, nunca es al 100 % del salario (además de que un porcentaje del mismo lo paga el Estado, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras que pagan sus impuestos). O sea que las empresas reciben subsidios, exoneraciones, posibilidad de no pagar la totalidad del sueldo a su plantilla, mientras que las trabajadoras y trabajadores reciben un salario recortado, y tienen que arreglárselas sin chistar … ¡¡y encima esto es visto como un triunfo!!
Por supuesto que la clase trabajadora debe luchar por mantener el empleo, pero no a costa de cobrar una miseria. Si no, veamos lo que sucede en los sectores donde la precarización laboral ha avanzado a lugares insospechados, como en McDonald’s, que mantiene el vínculo con sus jóvenes trabajadores y trabajadoras, pero a costa de pagarles un promedio de $ 2.000 por quincena, ya que flexibiliza al máximo la jornada de trabajo manteniendo los ritmos extenuantes que impone para brindar el servicio de comida rápida. La empresa multinacional mantiene el vínculo laboral pagando una miseria y, cínicamente, no despide a su plantilla ni tampoco la manda al seguro de paro, ya que ni siquiera se podría calcular cuál es el salario nominal por la permanente fluctuación de la jornada laboral.
La reducción de la jornada laboral
No solo Abdala planteó la reducción de la jornada laboral. También lo hizo el Presidente del PIT-CNT y dirigente de la Agrupación Gerardo Cuesta, Fernando Pereira quien, con motivo del paro pasado, afirmó ante la prensa que "estamos dispuestos a bajar la jornada laboral para mantener los puestos de trabajadores". Pero esta reducción, ¿es con reducción del salario? ¿A quién le sirve que se reduzca la jornada laboral cuando también se reduce el salario, y el trabajador o trabajadora verá mermado sus ingresos?
Esta es la puerta de entrada para la precarización laboral ya que, para completar un ingreso digno que permita llegar a fin de mes, los trabajadores y trabajadoras deberán rebuscársela abaratando el valor de su fuerza de trabajo.
No podemos permitir una reducción salarial – y menos en tiempos de pandemia – y, en todo caso, debemos luchar por la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, y así promover que se abran nuevos puestos de trabajo y repartirlo entre todas las manos disponibles. Esta sería una verdadera reivindicación obrera para combatir la pérdida salarial y la desocupación, una medida básica por la que debería luchar el PIT-CNT a través de la concreción de un plan de lucha escalonado y una huelga general hasta imponerla. Esto es lo contrario a lo que proponen Abdala y Pereyra.
¿Y si ajustamos a los empresarios?
Las crisis son descargadas sobre las espaldas de quienes viven de su trabajo, pero, ¿qué pasaría si ajustáramos a quienes viven del trabajo ajeno? Empresas multinacionales instaladas en el país han venido enriqueciéndose a partir de la precarización de la masa laboral y de la superexplotación y la intensificación de los ritmos de trabajo. La multimillonaria McDonald’s, por ejemplo, con posiciones en más de 100 países a nivel mundial, obtiene por día ingresos del orden de los U$S 62 millones por sus ventas.
Un reclamo del PIT-CNT debería ser el de aplicar mayores impuestos a las ganancias de los capitalistas, en vez de permitir que se ajuste el salario obrero.
El Pacto Social no es salida para la clase trabajadora
Abdala, en su discurso, mencionó la idea de bregar por un “Pacto Social”. En el mismo sentido van las frases y alusiones a que “de esta crisis salimos entre todos” y otras similares, que fomentan la idea de una “unidad nacional” contra el Coronavirus y por la defensa de la economía nacional.
Pero los empresarios se salvan a ellos mismos, ayudados por los gobiernos de turno – y hoy toca uno totalmente afín a sus intereses – a costa de hundir en la miseria y la pobreza al conjunto de la clase trabajadora (aún manteniendo el empleo). El aumento de la productividad, la intensificación de los ritmos de trabajos, la flexibilización laboral, la precarización, los contratos basura y otras iniciativas, solo sirven para aumentar las ganancias de los capitalistas a costa de una mayor explotación de la masa laboral.
En este sentido, cualquier Pacto Social con los empresarios – y con su gobierno afín – solo servirá para llevar a la clase trabajadora a confiar en quienes la quieren ver arrodillada, es decir, a un callejón sin salida.
Ni Pacto Social ni Unidad Nacional. Por una salida obrera a la crisis actual
Más allá de la reactivación económica que pueda venir luego de la emergencia sanitaria, los empresarios querrán contratar a menos personal, aumentar los ritmos de trabajo y flexibilizar la mano de obra.
Frente a este panorama, la clase trabajadora debe luchar por imponer su propia salida, una que venga de la mano de un plan de lucha, ya que, si no luchamos, serán los empresarios quienes impongan una relación de fuerzas a su favor.
Una salida obrera a la crisis parte de defender el trabajo y el salario, y luchar por un aumento generalizado de los salarios a nivel de media canasta familiar, y un salario de emergencia de $ 30.000 para quienes hayan perdido todo ingreso debido a la informalidad de su trabajo.
Una salida obrera debe defender los puestos de trabajo, impidiendo que las patronales despidan injustificadamente. El empleo y el salario se defienden luchando por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, sin reducción salarial.
Una salida obrera debe partir de enfrentar la precarización laboral, que hoy padece centralmente la juventud que no tiene derecho a organizarse, ni a pelear por un salario digno, y que debe soportar horarios rotativos y ritmos de trabajo extenuantes que dañan su salud física y mental.
Será necesario plantarse frente a los cierres de fábrica y los despidos masivos, y promover la ocupación de los lugares de trabajo y puesta a producir bajo gestión obrera, para preservar la unidad productiva, y bregar por su estatización, para que sea utilizada para satisfacer las necesidades populares y deje de regirse por la sed de ganancia de los capitalistas.
Tiene que haber un monopolio del comercio exterior, para regular las exportaciones y la circulación de capitales, para evitar la especulación tanto de las empresas del agronegocio como de los fondos de inversión financiera.
Estas y otras medidas mínimas son las que deberían estar al frente de la pelea de la clase trabajadora y de su central sindical.
Karina Rojas
Jueves 18 de junio | 08:50
Chile: catástrofe sanitaria y catástrofe capitalista
Opongámosle al "acuerdo nacional" la salida de los trabajadores
La revelación de los verdaderos números del Covid-19 no solo ha producido la salida de Jaime Mañalich del ministerio de salud, por sobre todo ha puesto en completa evidencia el manejo catastrófico de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Un nuevo informe emitido el sábado 20 por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reveló que los fallecidos por Covid-19 superarían los 7 mil, si se contemplan aquellos que se produjeron sin que los enfermos cuenten con un análisis PCR positivo antes de su deceso. Una semana atrás, el día previo a la salida del ex ministro de Salud, el gobierno anunciaba que los fallecidos por Covid-19 apenas superaban los 3 mil. La explosión de los contagios de las últimas semanas, que hoy ya superan los 230 mil, y la sensible alza de víctimas fatales, es la consecuencia directa del plan de retorno de los trabajadores estatales a sus puestos laborales y la reapertura de comercios y shoppings, que el gobierno impulsó desde mediados de abril en nombre de la ‘nueva normalidad’ y el ‘retorno seguro’.
El gobierno y el Congreso acompañaron la tardía declaración de una cuarentena en regla con un inusitado reforzamiento de la represión estatal. Las penas de hasta 5 años de prisión para quienes violen la cuarentena y el plan de monitoreo digital mediante el GPS de cada celular, que Piñera anunció y que la Cámara de Diputados aprobó, habla del temor del régimen a un nuevo levantamiento popular. Fue, de hecho, el objetivo de declarar el “Estado de catástrofe” en marzo, en el momento del desembarco de la pandemia en nuestro país. Es que el gobierno, más que al Covid-19, le teme a la rebelión popular. Y lo sucedido hace un par de semanas atrás en la periferia de Santiago, cuando se produjeron intensas jornadas de lucha contra la hambruna y se empezaron a organizar las ollas comunes, es un indicio de que las brasas de la rebelión siguen encendidas.
El derrumbe económico y la crisis social
Cuando los números de la catástrofe sanitaria mantenían en vilo a todo Chile, el Banco Central se encargaba de hacer públicos sus propios números de la crisis económica y de la crisis social. El BCCh dejó en claro que las proyecciones del Banco Mundial, cuando estimó que para el 2020 el PIB chileno se contraería un 4,3%, se habían quedado cortas. El jueves, el BCCh anunció que la caída rondaría entre un 5,5% y un 7,5% y que Chile asistiría a su peor derrumbe de los últimos 35 años. Incluso, estipuló que este podría llegar a los dos dígitos en caso de que se extiendieran en el tiempo las medidas de aislamiento. Además de ello, el informe económico del Banco Central dejó en claro que recién para el 2022 la economía podría volver a los niveles previos a octubre de 2019.
Como respuesta a todo este derrumbe, el BCCh comunicó un plan económico para tratar de pilotear la crisis en curso. En primer lugar, anunció la disponibilidad de otros 16 mil millones de dólares para la banca privada a tasas del 0,5%, que se le suman a los 24 mil millones ya utilizados en los meses previos, con el objetivo de facilitar líneas crediticias baratas para industrias y comercios. Esta línea crediticia ha acicateado el crecimiento de una gigantesca deuda corporativa, que ya equivale a más del 130% de PIB. En segundo lugar, el BCCh anunció su pretensión de avanzar en una reforma de su propia carta orgánica y en una reforma constitucional, con el objetivo de quedar habilitado para comprar en el mercado secundario los títulos de la deuda fiscal. Es decir, el Banco Central saldría al rescate de un fisco que se encuentra con sus arcas exhaustas, como consecuencia de toda su política de rescate del gran capital y de la caída de los ingresos de divisas fruto del derrumbe del mercado mundial. De esta manera, terminó por caerse definitivamente el planteo de que la Línea de Crédito Flexible otorgado por el FMI a Chile a principios de mayo, por el orden de los 24 mil millones de dólares, no sería para afrontar el gasto público y que, por ende, no tendría como contrapartida condicionalidades de parte del organismo al país. Más temprano que tarde, el Fondo reclamará contar con su propia oficina en el Banco Central chileno.
El informe elaborado por el BCCh reflejó también una realidad estremecedora para la clase trabajadora. El desempleo se ha disparado y sólo en Santiago llega al 17%. Sin embargo, entre las cifras no se contabiliza ni el empleo informal ni la suspensión de contratos, que ascienden a los 625 mil trabajadores a nivel nacional. El propio informe reconoce que la mitad de los trabajadores suspendidos no podrán volver a sus puestos de trabajo por incapacidad de las empresas de mantener la contratación. Y el cuadro de desocupación en masa se mantendría de manera sostenida hasta el anhelado (dudoso) “repunte del 2022”.
El significado del nuevo “acuerdo nacional”
En el marco de la agudización de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, el único salvavidas del gobierno es el nuevo “acuerdo nacional” que viene de firmar con la mayoría de los bloques del Congreso. El acuerdo busca viabilizar una serie de medidas de asistencia social ultra limitadas y, por sobre todo, un paquete de rescate a los principales grupos empresariales del país. La principal medida asistencial se limita a elevar el monto de la IFE hasta los $100 mil por persona, lo que representaría para una familia de cuatro integrantes un ingreso de $400 mil. Esto, a pesar de que la canasta de pobreza ronda los $500 mil. De los 12 mil millones de dólares que incluye el paquete del “acuerdo nacional”, dos tercios irían destinados al rescate de grupos capitalistas que, mientras absorben los subsidios y rescates estatales, avanzan con los despidos de sus trabajadores, como es el caso de Latam.
Al igual que en noviembre pasado con el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, toda la oposición, con el Frente Amplio incluido, suscribió el pacto. Aunque Revolución Democrática, (integrante del FA) y el Partido Comunista no firmaron el acuerdo, no dejan de ser parte del entuerto. Pues los líderes de ambos fuerzas saludaron “los alcances” del mismo. Es evidente que la maniobra del PC repite la realizada en noviembre pasado. A la colaboración estratégica el PC la ejecuta por la vía de la CUT (central obrera), manteniéndola en la parálisis en momentos donde la desocupación y la miseria están planteando el problema de una hambruna generalizada. A tres meses de iniciada la crisis sanitaria, la CUT sólo ha convocado a un acto cultural por Facebook que pretende enaltecer la precarización de las y los trabajadores de la salud.
De conjunto, queda en claro que el nuevo “acuerdo nacional” no representa simplemente un plan de rescate a los capitalistas, sino que, por sobre todo, significa la reafirmación de una línea principista de parte de los partidos del régimen, desde la derecha hasta la ‘izquierda’: mantener un compromiso férreo de oposición a una nueva irrupción de la rebelión popular.
Un planteo de los trabajadores
La lucha contra la catástrofe en curso plantea el levantamiento de un programa propio de la clase trabajadora. Hace falta avanzar con la duplicación del presupuesto sanitario y en la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo el sector público y privado, y ponerlo bajo la dirección de comités de crisis compuestos y electos por los propios trabajadores y profesionales de la salud. Es necesario defender el derecho a cuarentena defendiendo un ingreso mínimo para todos los desocupados, garantizado por el Estado, de $550 mil. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones, actualizar los salarios y poner en pie comités de trabajadores en todos los lugares de trabajo, con poder de paralización de las tareas no esenciales o de las tareas que no respeten los protocolos de seguridad e higiene. Es necesario establecer un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, cesar con el pago de la deuda, romper el acuerdo con el FMI y proceder a la nacionalización de todo el sistema bancario y los recursos estratégicos, para disponer de los recursos del país y así atender la emergencia sanitaria y social.
En definitiva, de lo que se trata es que la crisis la paguen los capitalistas y abrir paso a una salida de los trabajadores. El impulso de esta lucha plantea sacar a la CUT de la parálisis colaboracionista, mediante un congreso de delegados de base de todos los sindicatos que impulse un plan de acción y le oponga al nuevo “acuerdo nacional” la continuidad de la lucha por echar a Piñera y por una asamblea constituyente libre y soberana.
Sebastián Pezo
Fuerza 18 de Octubre
lunes, 22 de junio de 2020
Sartre, intelectual europeo y del Tercer mundo
La obra y la época del filósofo más importante del siglo XX.
domingo, 21 de junio de 2020
El delantero que a los 19 años quedó libre por acordarse de los presos políticos
Julio Filippini hoy en su casa de Canelones.
El caso de Julio Filippini quizás no tenga antecedentes en el mundo. En 1976 le dedicó su único gol en Primera al hermano tupamaro que estaba detenido. Salió campeón con Defensor de Montevideo y no jugó nunca más.
1976 fue un año desgraciado en las dos orillas del Río de la Plata. Los vuelos de la muerte terminaban en vidas sumergidas. Los secuestros se daban de una costa a la otra con un final previsible de desaparición forzada. Al gran estuario color de león -la tonalidad que le vio Leopoldo Lugones- lo sobrevolaba un Cóndor transformado en plan regional de exterminio. En ese contexto represivo montado por las dictaduras argentina y uruguaya había otras historias menos trágicas pero igual de dolorosas.
El fútbol no detenía su marcha, aunque sí era posible que dejara excluidos por pensar distinto. En Montevideo, por la cuarta fecha del torneo, Julio Filippini viviría su debut y despedida con la camiseta lila número 17 del campeón. Defensor, su equipo, no era todavía Defensor Sporting. El producto de una fusión que se produjo en 1989 con el club de básquetbol que le dio su segundo nombre. Al pibe de 19 años que provenía de una familia comprometida con la política, no lo perdonaron por dedicarle un gol a su hermano tupamaro preso. Nunca más jugó un partido oficial en Primera después de aquel 28 de marzo. Todo terminó el 25 de julio con la vuelta olímpica y la hegemonía en títulos durante 44 años de Nacional y Peñarol. Pero el final para el delantero fue un incomprensible pase en blanco.
--Usted les dedicó un gol a su hermano detenido y a los presos políticos de la dictadura militar uruguaya. ¿Ese acto fue deliberado o espontáneo?
--Había pensado hacerlo, saludar a mi hermano. Le habían pasado un partido, sabía que escuchaba la radio y entonces se me ocurrió: si hago un gol se lo dedico, me dije.
--En las entrevistas que dio en Uruguay nunca apareció el nombre de su hermano y es parte importante de esta historia. ¿Por qué no nos habla de él?
--Es verdad, mi hermano Eduardo tiene 68 años, es mayor que yo. El estaba haciendo la facultad de Agronomía, pertenecía al Movimiento Tupamaro. Cayó en el año '75, estuvo siete años en prisión y lo liberaron en noviembre del '82. Tenía dos hijos de antes de caer en prisión y tuvo dos más cuando salió. Hoy recibe una pensión que les da el gobierno a los que sufrieron cárcel y tortura durante el régimen, y vive la vida que le queda.
--¿Cuántos eran en su familia?
--Mis padres, mi hermano mayor Eduardo, mi hermana Mercedes y yo. Ella no era tupamara y se escapó a la Argentina. Pertenecía a un movimiento comunista y se fue para allá. No era de ningún grupo armado y solo por pensar diferente se tuvo que ir. Allá estuvo un año y pico escondida, tuvo un hijo argentino y se asiló en Holanda hasta que volvió en el '82, '83. Estudiaba medicina, tuvo que aprender el idioma en Holanda y empezar de cero hasta recibirse en ese país. Hoy vive acá.
--Cuando debutó en Defensor con 19 años. ¿Se sentía cerca de la política, aunque más no fuera a través de sus hermanos?
--Yo era del Frente Amplio pero no militaba.
--Hay una historia dentro de la historia. Usted le regaló la camiseta de aquel partido a su hermano cuando empataron 2-2 con Nacional. ¿Qué pasó con ella?
--Eduardo estaba en el penal de Libertad del departamento San José. Pasó por diversas unidades militares hasta que lo mandaron ahí. Yo cuando debuté lo hice con la 17, mi número de las inferiores y después de aquel partido se la llevé al penal y cuando él salió se la dejó a otros compañeros. Debe haber quedado en la cárcel, le perdí el rastro.
--Un libro que escribió el periodista Santiago Díaz se llama "Memorias de una hazaña en dictadura" y cuenta la historia de aquel Defensor campeón del '76. ¿Ese título le cabe perfecto a aquel equipo o es exagerado? Porque su caso no fue el único de persecusión al plantel. Hubo otros como los de Pedro Graffigna, Beethoven Javier y el técnico José Ricardo De León…
--No sé si es exagerado, no creo. Fue una hazaña en virtud de la situación política que había porque siempre salían campeones Nacional y Peñarol, y nosotros éramos un cuadro chico y definido como obrero. Porque en ese equipo había trabajadores que no se dedicaban al fútbol nada más. Tenían otras ocupaciones, eran humildes, venían a entrenarse después de laburar, y no había ningún jugador estrella hasta que llegó Luis Cubilla, el único de renombre. Nosotros sabíamos que las cosas estaban mal, pero éramos un grupo muy comprometido.
--¿Ese único partido que jugó fue determinante para definir el título a favor de Defensor?
--Fue determinante y yo lo digo porque cuando me veo con amigos me cargan, dicen que me hice famoso y apenas jugué, pero la verdad es que me siento campeón a pesar de que entré 75 minutos. En ese partido a mí me hicieron el penal, marqué el segundo gol y empatamos 2-2, y ganamos el campeonato por un punto de diferencia.
--¿Es cierto que su padre lo sacó del estadio y lo escondió después de que había trascendido que le dedicó el gol a los presos del penal en una entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales?
--Yo vivía con mis padres y cuando se iban del estadio escucharon la entrevista con Víctor Hugo, dieron la vuelta, mi padre llamó a mi suegra, la madre de Adriana, mi señora en la actualidad. Ella es la que me dio asilo y me escondió cuatro o cinco días.
--¿Su padre era militar?
--Mi padre Romildo Osmundo, al que le decíamos 'Mili', era paraguayo y mi madre belga. El fue militar en Paraguay y en los años '40 participó de un bando revolucionario, cayó preso y lo mandaron a una isla en el norte, cerca de Brasil. Cuando se enteró de que lo iban a fusilar con otros compañeros se escaparon, se metieron en un bote y remaron como dos o tres días seguidos hasta que se separaron, y mi padre decidió viajar a la Argentina. Para ir se subió a un barco que pasó por el puerto de Asunción e iba escondido. También se trasladaban los que serían mis abuelos y mi madre. Ahí se enamoraron mis padres y él, en lugar de ir para Argentina se vino para Uruguay porque mis abuelos bajaban en Montevideo. Fue del Frente Amplio y era un tipo muy rígido, orgulloso, pero muy derecho, muy leal, de un pensamiento progresista.
--¿Tomó conciencia después de la dedicatoria a su hermano que a sus compañeros de equipo los habían ido a buscar?
--Mi conciencia surge cuando a Víctor Hugo lo llevan a declarar y me enteré después que le dijeron: esto es tarjeta amarilla. Yo le fui a pedir disculpas por lo que había pasado. Me dijo: no, tranquilo gurí, no tenés nada que ver, que había sido un saludo y bueno, después de la dedicatoria, no me acuerdo exactamente qué hice y qué no hice.
--¿Cuánto tiempo pasó entre aquel partido y que a usted le comunicaron que lo dejaban libre?
--La fecha del partido fue el 28 de marzo y a mi me dieron la libertad de acción a fin de año, aunque todo el resto del '76 volví a las divisiones inferiores a jugar en cuarta división.
--¿Pensó en ese momento que le habían pasado una factura?
--No, la verdad que no pensé en una represalia. Sí en que no les serviría como jugador, pero nunca en que había sido por la dedicatoria.
--¿En qué puesto jugaba?
--Jugaba de puntero izquierdo y de nueve.
--¿Es raro que a un delantero que debuta y hace un gol contra Nacional lo dejaran libre siendo tan joven?
--Un directivo de las inferiores que había tenido en años anteriores me contó: esto es por política.
--¿Se propuso seguir su carrera en otro club, porque a esa edad tenía todo un futuro por delante?
--Mire, muchas de las cosas de las que he tomado conciencia sobre aquel episodio fueron este año y el anterior. Me estuve enterando ahora por mis ex compañeros de cuarta y de primera división. Yo había ido después a practicar a Bella Vista, que en ese momento estaba en la B. Me fui a probar, jugué, no me dijeron nada de seguir y no volví. También me habían ido a buscar de Fénix, pero surgió la posibilidad de ir a Estados Unidos a una Liga Universitaria, y cuando volví yo decidí dedicarme al estudio. Mi padre siempre me decía que entre el deporte y el estudio tenía que elegir el estudio.
--Usted contó en una entrevista que al profesor José Ricardo De León, el técnico campeón con Defensor del '76, no lo dejaron dirigir la Selección Uruguaya porque era de izquierda. ¿Fue así?
-Era vox populi. Pero jamás que yo recuerde, nos habló de política en ningún entrenamiento. En las prácticas y partidos siempre se charlaba de fútbol y de su filosofía de juego, que quizás no gustaba pero que dio resultados. Nosotros teníamos un equipo en que el preparador físico fue fundamental, volábamos de cómo nos preparaba.
--¿En ese plantel de Defensor los jugadores ganarían salarios más bajos que en Peñarol y Nacional?
--Sí, sí, claro, mucho menos. Pero ese año teníamos un sistema progresivo de premios por partidos ganados. Pero claro, nadie pensaba que podía salir campeón Defensor.
-Hoy a 44 años de aquel campeonato, ¿cómo recuerda lo que le tocó vivir, qué significado tiene para usted?
--Me emociono (se quiebra y hace silencio). Es una situación insólita porque 44 años después se sigue hablando de lo que pasó.
Gustavo Veiga
gveiga@pagina12.com.ar
La historia contada por Víctor Hugo
El contador Julio Filippini vive en Montevideo pero trabaja en el gobierno de Canelones, a poco más de cincuenta kilómetros de la capital uruguaya. Cuando debutó en la primera de Defensor el 24 de marzo de 1976, Víctor Hugo Morales, el relator que haría historia a ambas orillas del Río de la Plata seguía la campaña de su equipo por CX 12 Radio Oriental. Tenía 28 años y era espiado por la dictadura de su país. Durante la entrevista al pibe que le había marcado el gol a Nacional, saludó su dedicatoria al hermano tupamaro preso con un gesto de aprobación.
Hoy, 44 años después, Víctor Hugo recuerda con precisión algunos detalles de aquel episodio: “Los hechos tienen alguna cosa difusa, pero la cuestión es que él mete el gol, debuta ese día y el muchacho del vestuario me lo pone para que haga la nota. Yo lo felicito por el gol, se lo hago escuchar y cuando termina él me dice: ‘muchas gracias Víctor Hugo, se lo quiero dedicar a mi hermano y a sus compañeros en el penal de Libertad’. Yo le respondo: ‘muy bien, recibido, lo acompaño’, es decir, le doy buena onda a lo que él me dice. Al otro día me llamaron de un cuartel, el cuartel del Prado. Me tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no sabía qué hacer. Pasaban, miraban, y yo era un tipo realmente muy conocido en ese momento. Era feo lo que estaba pasando. Me atendió un militar cuyo nombre no recuerdo y me sienta a una mesa, se sienta enfrente, pone un grabador Geloso en el medio, aprieta un botón y sale el reportaje. Es decir, lo habían grabado y me pregunta: ¿tiene una explicación para esto? Yo le dije: ‘mire, esto se hace siempre. Si me decía que era para mi tía Elena, aunque no son exactamente esas mis palabras, hubiera sido lo mismo. Uno no escucha, no presta atención totalmente al entrevistado, está atendiendo mil cosas’. El tipo me miró y me dijo: ‘usted me va a entender muy bien lo que le quiero decir: tarjeta amarilla’”.
Para el periodista cuyos datos constaban en una ficha de la Junta de Comandantes en Jefe, el caso de Filippini “es la historia fascinante y dolorosa de un chico que debuta con un futuro enorme, mete un gol, le cometen un penal en el otro gol de Defensor, y después de esa pequeña hazaña no juega nunca más. Debe ser una historia única en el mundo…”.
GV
sábado, 20 de junio de 2020
Australia: se pone de pie un movimiento de lucha contra la opresión a la población originaria
Decenas de miles marchan en todo el país al calor del movimiento #Blacklivesmatter
La rebelión del pueblo estadounidense está teniendo un profundo impacto entre los trabajadores y la juventud australiana. Decenas de miles se vienen movilizando en las principales ciudades a lo largo del país, desde Sidney, Melbourne y Canberra hasta Perth en la costa oeste y Darwin en el norte. El factor local que converge con el movimiento global #blacklivesmatter es la sistemática e histórica violencia y segregación que sufre la población originaria australiana.
Una reciente investigación de Change the record, una asociación de defensa de los derechos de los pueblos nativos, señala que desde el año 1991 fallecieron 449 originarios en las cárceles australianas, la mayoría por problemas evitables de haber sido sido tratados médicamente, con lo que se trata de un abandono a conciencia de esa población. A pesar de que los pueblos originarios constituyen el 2,5% de los habitantes, representan más de un cuarto de la población privada de su libertad (CNN, 6/6). A esto se suman todo tipo de atropellos policiales que se reproducen a diario y la continuidad de una política segregacionista: el contraste entre la situación socioeconómica entre la población originaria y el resto de los australianos es abismal, la expectativa de vida es 9 años menor y la tasa de mortalidad infantil sensiblemente mayor.
La historia política del país está marcada por un fuerte segregacionismo, en primer lugar, contra la población nativa (cuyo genocidio fue el punto de partida del Estado australiano), la cual adquirió derechos ciudadanos recién en 1962, siguiendo por el predominio de un criterio supremacista blanco que se expresaba en la prohibición de la inmigración de países no europeos, política finalizada en el año 1967, llegando a esta actualidad de discriminación contra las minorías. Bajo el gobierno del conservador partido liberal, en el poder desde 2013, Australia se ha caracterizado por tener una de las políticas más agresivas contra la inmigración ilegal, colocando a sus fuerzas armadas a controlar las fronteras marítimas y manteniendo cautivos durante años a los migrantes sin papeles (llegó a tener durante años un centro de detención en el lejano atolón de Nauru, que fue cerrado en 2009 ante las múltiples denuncias de abusos sexuales y agresiones físicas). Los hechos de violencia policial también se registran contra migrantes de países africanos o asiáticos, quienes realizan los trabajos más precarios y peor pagos. Las políticas represivas no se restringen a los liberales sino que abarcan a todos los partidos de Estado, incluyendo el laborismo.
Existe un hilo conductor entre esta política de opresión y la dinámica del capitalismo local. Las comunidades originarias poseen el 30% de la tierra del país, principalmente zonas desérticas, pero que con las nuevas y depredadoras técnicas de extracción de minerales se han transformado en objetivo de apropiación por parte de los monopolios mineros, como BHP o Río Tinto, que tienen un fuerte peso en la economía. La minería representa el 35% del total de las exportaciones del país. Recientemente, una disposición en el Territorio Australiano del Norte habilita a BHP a realizar actividad minera en zonas protegidas por ser sitios culturales originarios (Daily Maverick, 11/6). La economía australiana enfrenta en este momento su primera recesión en 29 años.
El surgimiento de este proceso de movilización de masas contra la violencia policial augura un porvenir bienaventurado para la lucha de clases en el país, toda vez que decenas de miles se movilizaron a pesar de la pandemia de covid-19, desoyendo las declaraciones extorsivas en ese sentido realizadas por funcionarios del gobierno del primer ministro Scott Morrison. La profundización de esta lucha es clave, ya que apunta contra uno de los nervios sensibles de un gobierno en toda la línea reaccionario, aliado de Trump y Netanyahu. La lucha contra la opresión hacia las minorías esta indisolublemente ligada a la lucha contra el régimen capitalista que le da sustento y por lo tanto debe extenderse hacia una organización e intervención independiente por parte de los trabajadores.
Leandro Morgan
Bolivia en emergencia nacional por el coronavirus
Para enfrentar la pandemia y la crisis hay que sacarse de encima al golpismo.
Una decena de personas falleció por Covid-19 en La Paz y Cochabamba, en la puerta del hospital, después de haber recorrido otros nosocomios donde no pudieron ser atendidos por estar colapsados. A esto se suma denuncias de decenas muriendo en sus casas, porque no hay hospital que los reciba.
Las situaciones más serias están en el Departamento de Beni y la zona oriental de Santa Cruz. Allí se concentran casi el 80% de los 19 mil infectados, según datos oficiales. Las sociedades médicas consideran que son muchos más, no contabilizados porque no se pueden diagnosticar. En el último mes los casos se han triplicado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) ha expresado su “alarma por propagación del Covid-19 en el pueblo Yuqui, en Cochabamba (centro), donde se reportan 16 personas contagiadas, 5,3% de una población de 300 personas, lo que podría representar grave riesgo para la supervivencia este pueblo indígena”, que habita zona selvática.
La causa de este pico no es un incremento de la agresividad del virus, sino el completo colapso del sistema sanitario.
En Trinidad (capital del Beni) se registran 1.000 casos y 70 muertos. Cifras impactantes para una urbe de 130.000 habitantes, donde los servicios médicos estaban rebasados y solo un tercio de las viviendas tiene saneamiento básico.
El gobernador, Amapo, advirtió: “Los hospitales están repletos y no solo eso, hay poco personal médico y gran escasez de equipamiento y medicamentos”.
El Servicio de Salud de Beni informo -hacia fines de mayo- que más de la mitad de los 150 médicos de servicios públicos habían resultado contagiados y cuatro de ellos fallecido. Con un crecimiento de enfermos del 300%. Lo cual está llevando a la llegada de médicos y enfermeros voluntarios del resto de Bolivia para impedir una catástrofe abismal. Y se realizan colectas nacionales de medicamentos.
El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina de Terapia Intensiva, Adrián Ávila, declaro: “Esto es ya una catástrofe –y no refiriéndose solo al Beni- principalmente porque no se han resuelto los problemas de falta de capacidad de unidades de terapia intensiva que se requieren”.
A mediados de mayo, el Gobierno compró 170 respiradores españoles, que estuvieron envueltos en un escándalo de sobreprecios y corrupción y que las sociedades médicas descartaron por inútiles para terapia intensiva.
Añez también anunció en abril la compra de 500 unidades de terapia intensiva, pero ninguno de estos equipos llego, tornando inútiles a pequeños hospitales de emergencia habilitados en Santa Cruz y Beni.
Prometieron también fortalecer el sistema nacional de diagnóstico, para realizar más de 3000 pruebas diarias desde fines de abril. Pero las autoridades reconocieron (8/6) que había apenas 6 laboratorios dedicados al COVID-19, con capacidad total inferior a 1000 análisis diarios.
El mayor de esos laboratorios, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) de Santa Cruz, se declaró en colapso, por la baja médica de 40% de su personal contagiado por COVID-19 y la falta de equipos y reactivos para acelerar las pruebas. Yelin Roca, jefa de ese laboratorio mostro ante cámaras de TV, centenares de contenedores, apilados en el suelo, que almacenaban más de 2000 muestras de sospechosos de COVID-19 que el Cenetrop no había podido procesar en solo un fin de semana. Solo tres ciudades —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— tienen laboratorios en pleno funcionamiento para diagnosticar COVID-19. Los otros existentes están paralizados por falta de reactivos.
Ávila señaló que Bolivia tenía 490 camas de terapia intensiva cuando comenzó a sufrir el ataque del coronavirus. Pese a varios anuncios gubernamentales de compras masivas y urgentes de equipamiento, hasta principios de junio solo se logro habilitar… ¡30 camas más!
El especialista calcula que solo para atender requerimientos actuales habría necesidad de 700 camas de cuidados intensivos, todas con respiradores mecánicos: el sistema está en colapso, sin que aún se haya llegado a la cúspide de contagios.
El drama de esta pandemia no termina aquí. Los muertos no tienen lugar para cremación o entierro. Hay lugares donde hay que anotarse en ‘lista de espera’. Los cajones han subido entre 50 y 100% su valor, muchos deudos se han visto obligados a usar cajas de cartón o envolverlos en plásticos. En mitad de esta crisis fatal, especuladores hacen sus ganancias.
Por lo que se ve el gobierno golpista de Añez no ha hecho nada para prevenir el desembarco de la pandemia en Bolivia. Solo robar: han sido obligados a renunciar media docena de ministros por fuertes y probadas acusaciones de negociados (vamos por el tercer ministro de salud). La presidenta Añez, cabeza de este inoperante y antipopular gobierno golpista que juega con la vida y salud de su pueblo salió a resaltar su preocupación por la gravedad de la pandemia, planteando… postergar las elecciones nacionales que el Tribunal Electoral convoco para el 6 de septiembre. Por temer el contagio del virus. No quiere promulgar la ley votada por las cámaras parlamentarias. Quiere perpetuarse.
Más grave aún que el corona virus, es la descarga de la crisis capitalista sobre el pueblo trabajador. El gobierno dicto una cuarentena pero no previó medios para que el pueblo explotado pudiera resistirla en sus domicilios. Frente al hambre fueron creciendo e imponiéndose las movilizaciones populares para que se ‘flexibilizara’ y por reclamos paliativos. Añez decreto la “cuarentena dinámica” permitiendo las salidas a la calle en busca de pan y trabajo. Pero esto fue una ilusión para desocupados y changuistas. La crisis golpea fuerte. No hay ventas. Las patronales despiden masivamente. Hay cierre pandémico de fuentes de trabajo.
El pueblo boliviano de gran tradición de lucha a través de la acción directa, está recorriendo este camino. En Potosí, ante la falta de instalación de un –prometido- laboratorio, un Comité Cívico (parte de esos organismos que habilitaron el golpe de Añez) convocó a cortes de ruta y movilizaciones para arrancarlo. Gran cantidad de intendentes han iniciado huelgas de hambre. Se van multiplicando las movilizaciones por mejores condiciones sanitarias y contra la miseria que descarga el gobierno golpista y las patronales sobre los trabajadores.
La Central Obrera (COB) -que habilitó el golpe militar contra Evo Morales, integrando incluso su staff de funcionarios- resolvió “declararse en estado de emergencia y pie de lucha”; advirtiendo que “el gobierno transitorio hunde el país en la crisis económica y social con el despido de trabajadores del sector público y privado, la corrupción, desfalco en las entidades públicas y la “irresponsable” gestión para en encarar la pandemia del coronavirus”.
Convocó una “reunión urgente a sus confederaciones, federaciones, centrales obreras departamentales y regionales para elaborar la agenda nacional”. Pero todo indica que pretende elaborar una “agenda nacional” en consonancia con sectores patronales, y no que parta de las reivindicaciones obreras y de masas frente a la crisis social (reincorporación de los despedidos, etc.), sanitaria (nacionalización de todo el sistema de salud bajo control de sus trabajadores, etc.) y ante la crisis económica (nacionalización de la banca, de la minería, etc.).
Se plantea la necesidad de reclamar un paro nacional con los tradicionales y combativos piquetes y cortes de ruta y una marcha nacional hacia La Paz para imponer que se vaya Añez y el gobierno golpista. Para la militancia de izquierda se le abre una nueva oportunidad para intervenir audazmente en este proceso dinámico de crisis capitalista y tendencias a la movilización de masas. Crear un agrupamiento político independiente de los trabajadores que con la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno obrero y campesino intervenga en el proceso en curso.
Rafael Santos
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