Los “aprietes” internacionales de Pfizer y su incumplimiento de contratos

Luego del acaparamiento de vacunas por parte de un puñado de países imperialistas, una nueva denuncia devela las apretadas de Pfizer a numerosos estados de la periferia: “La compañía farmacéutica Pfizer, con sede en Estados Unidos, está exigiendo un rescate a los países, interfiriendo con su legislación e incluso exigiendo bases militares como garantía” (Inventia, 26/2 y Wionews, 25/2).

 Esto fue calificado como un acto “terrorista” por parte de la farmacéutica norteamericana (ídem). 

 Las compañías farmacéuticas fueron financiadas por diferentes Gobiernos y organismos internacionales y por subas espectaculares de sus acciones. Utilizaron “su poder para lucrar y se aprovechan tanto de un hecho desafortunado que recurren incluso al acoso” (ídem). 

 Pfizer “parece haber olvidado la necesidad del momento y, en cambio, ha recurrido a tácticas baratas para ganar cuota de mercado y aumentar sus ventas”, en referencia al uso de la piratería y la extorsión. El socio alemán de Pfizer, BioNtech, recibió 445 millones de dólares del gobierno de Alemania; EEUU le pagó 2 mil millones de dólares en julio de 2020. 

 “Pfizer se encuentra en una ola de extorsión de países pobres en nombre de la vacuna Covid-19” (inventia, 26/2). Pfizer tiene acuerdos comerciales con muchos países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. “Esto hace que uno se pregunte (...) a qué tuvieron que renunciar: ¿bases militares, activos soberanos?”. 

 Negocios y acaparamiento 

Pfizer está buscando ganar $ 15 mil millones con las ventas de vacunas este año. Está en conversaciones con 100 países y organizaciones de todo el mundo. El 22 de enero de 2021, Pfizer firmó un acuerdo con Covax, la alianza global de vacunas, comprometió 40 millones de dosis a países pobres este año, mientras que anunció que enviará en breve 300 millones de vacunas sólo a EEUU (para julio) y que tiene pensado producir 2.000 millones más. La compañía publicó un comunicado de prensa del presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla: “En Pfizer, creemos que cada persona merece ser vista, escuchada y cuidada, es por eso que desde el comienzo de nuestro programa de desarrollo de vacunas, Pfizer y BioNtech, se ha comprometido firmemente a trabajar por el acceso equitativo y asequible de las vacunas covid -19 para personas de todo el mundo”, una total y completa mentira.

 El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió sobre el acaparamiento, ante un anuncio del G-7 de donar 7.500 millones dólares al fondo COVAX, “si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada”. Según las previsiones de la OMS, se esperan 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países, algo que no llegaría a vacunar ni al 20% de la población de esos países (página12, 23/2).

 Argentina y Brasil 

Argentina y Pfizer negociaron en junio de 2020 un acuerdo para proteger a la compañía en caso de demandas judiciales que inicien los usuarios. La empresa solicitó cargar los costos de cualquier resarcimiento ordenado por la justicia sobre Argentina. Es lo que aprobó el parlamento argentino en octubre de 2020. Sin embargo, Pfizer protestó porque la ley no la cubría en casos de “negligencia”. Argentina ofreció enmendar la ley, para definir la negligencia para incluirla más claramente como “distribución y entrega de vacunas por negligencia” (Wionews), o sea a la logística. Pero Pfizer no acordó. “En los Estados Unidos, la ley PREP, que es la ley de preparación pública y preparación para emergencias, otorga total inmunidad a empresas como Pfizer y Moderna. Pero esto no se aplica a la negligencia, sino a la intencionalidad” (Inventia, ídem). Cuando Pfizer vio rechazado este reclamo, exigió que Argentina contrate un “seguro internacional” para pagar posibles causas judiciales contra la empresa”. Esto sí habría sido aceptado por Alberto Fernández. Para los desmemoriados, es oportuno recordar que en 2001 el gobierno de De la Rúa sacó un seguro para la convertibilidad. Cuando el peso se vino abajo, en 2002, ni el Deustche Bank, ni el Morgan cumplimentaron el contrato. 

 “Pero aquí no es donde Pfizer terminó su acoso: en noviembre, Pfizer regresó con más demandas. Esta vez quería activos soberanos como garantía. Pfizer quería que Argentina pusiera, contenga la respiración, ¡sus reservas bancarias, su base militar y los edificios de su embajada como garantía!” (ídem). El sabotaje de Pfizer, que había hecho pruebas clínicas en el Hospital Militar, como anticipo de un contrato de vacunas, forzó las urgentes negociaciones de Argentina con Rusia. Ahora espera convertirse en productor de ella en asociación con México. 

 Brasil, el tercer país más afectado del mundo por la pandemia, también recibió aprietes. Pfizer reclamó a Brasil que creara un fondo de garantía y depositara dinero en una cuenta bancaria extranjera, “una demanda tan extraña y despiadada” (ídem). El 23 de enero de 2021, el Ministerio de Salud de Brasil emitió una declaración en la que citaba a expertos de las cláusulas previas al contrato de Pfizer: “Brasil renunciaría a la soberanía de sus activos en el exterior a favor de Pfizer, las reglas del país no se pueden aplicar a Pfizer, Brasil toma en consideración el retraso en la entrega, Pfizer no será penalizado por el retraso en la entrega, en caso de efectos secundarios, Pfizer quedará exento de toda responsabilidad civil” (ídem). Como consecuencia, Pfizer retrasó la entrega de vacunas, lo que costará miles de vidas, en Brasil donde mueren 1.400 personas por día. Bolsonaro se agarró desesperado a la vacuna Sinopharm, a pesar de haber denunciado durante meses al “virus de Wuhan”. 

 Emiliano Monge 

 28/02/2021

Biden bombardea Siria

La naturaleza del imperialismo. 

 A tan solo un mes de su llegada a la presidencia, Joe Biden ordenó su primer bombardeo en Medio Oriente, lo que ya se ha convertido en una tradición de los mandatarios yanquis (desde Ronald Reagan en adelante, todos lo han hecho). Fue en Siria, en la frontera con Irak, y estuvo dirigido pretendidamente contra milicias proiraníes que operan en el país mesopotámico. 

 El ataque, que según algunas fuentes habría causado más de veinte muertos, se hizo en franca violación de la Carta de Naciones Unidas, que no autoriza respuestas armadas contra un país que no esté involucrado en la agresión previa. Fue justificado por el gobierno yanqui como una represalia ante un ataque contra objetivos norteamericanos en Irak a mediados de mes.

 Preocupado por los retrocesos norteamericanos en materia de política exterior en los últimos años, Biden ya había confirmado al comienzo de su mandato su intención de recuperar el terreno perdido, al expresar que “Estados Unidos está de vuelta”. Credenciales no le faltan: como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó las invasiones de Afganistán e Irak.

 Como parte de su política exterior, Biden prepara una línea más dura contra Rusia y mantendrá la guerra comercial con Beijing y los ejercicios militares en el Mar de China Meridional, lo que ya desató roces con el gigante asiático. Al mismo tiempo, ha expresado algunos contrapuntos con Trump, por ejemplo en el propósito de retomar los acuerdos con Irán abandonados por el magnate (este bombardeo, de todos modos, es una piedra en el zapato de esa tentativa). 

 El ataque aéreo llega cuando la guerra y las sanciones económicas han agudizado las penurias de las masas en Siria. Un funcionario de la ONU asegura que el 60% de la población no tiene “acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos” (Europa Press, 26/2). También advierte sobre el desarrollo de la desnutrición infantil. La guerra en Siria ya ha dejado más de 500 mil muertos y 11 millones de desplazados y refugiados, sobre una población de 22 millones al comienzo del conflicto.

 En el complejo escenario sirio se entrecruzan los intereses del imperialismo yanqui, de Rusia y otras potencias regionales, como Turquía e Irán, que están desangrando al país. Bachar Al-Assad, que cuenta con el apoyo de rusos e iraníes, ha logrado mantenerse en el cargo. La oposición islamista quedó reducida a algunas áreas de la provincia de Idlib, donde resisten grupos ligados a Al Qaeda y otros relacionados con Turquía. El Estado Islámico, por su parte, fue derrotado a partir de la acción de una coalición internacional. 

 Uno de los objetivos norteamericanos en Siria es el control del petróleo. Bajo el gobierno de Trump, en nombre de priorizar la situación doméstica, se ordenó en octubre de 2019 el retiro de las tropas norteamericanas en el país, cuando Turquía emprendió una ofensiva contra los kurdos en la frontera norte (lo que fue leído por estos como una entrega por parte de los yanquis). Sin embargo, estas tropas se fueron reubicando después sobre los pozos petroleros.

 La orden del retiro fue aprovechada por Putin para ganar una mayor gravitación en la región. Arribó a un acuerdo con Turquía para establecer una zona de seguridad (que desplazó a los kurdos) y patrullajes conjuntos. Pero posteriormente, a comienzos de 2020, Turquía y Rusia se vieron fuertemente enfrentados ante la ofensiva del gobierno sirio sobre Idlib.

 A contrapelo de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán han ido ganando mayor influencia en Siria. 

 En Irak, donde operan las milicias proiraníes que fueron atacadas (el llamado Hezbollah iraquí y Kataib Sayyid al-Shuhada, integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular creadas en 2014 para enfrentar al Estado Islámico), Estados Unidos tiene desplazados 5 mil soldados. En 2019, estalló una rebelión popular contra el gobierno de Adel Abdul-Mahdi, debido al desempleo masivo y la falta de agua potable y luz. En la represión hubo cientos de muertos. Tras su caída, se instauró en 2020 un gobierno liderado por Mustafa al Kadhimi, apoyado tanto por Estados Unidos como por Irán. El régimen corrupto de reparto de esferas de influencia entre distintos grupos confesionales se mantiene. Este gobierno también ha reprimido de forma criminal las recientes movilizaciones contra la devaluación monetaria, que amenazan con agudizar el empobrecimiento de las masas. 

 En definitiva, allí donde están los intereses norteamericanos, las masas lo sufren. Pero no son solo los yanquis. Hay un incremento notable de la intervención militar de las potencias imperialistas para defender sus privilegios de exacción de las riquezas nacionales (Francia, Italia, etc.). La agudización de la crisis económica capitalista las “obliga” a crecientes aventuras militaristas y masacres de los pueblos. ¡Fuera yanquis e imperialistas de Siria, Irak y Medio Oriente! Para la izquierda norteamericana, en particular para los sectores que activan dentro del Partido Demócrata, es un deber imperativo denunciar y movilizarse contra estas acciones militaristas-imperialistas. El “progresismo” si no es antiimperialista deviene en cómplice reaccionario. 

 Gustavo Montenegro

Poder simbólico - poder fáctico

El año anterior marchaban rumbo a Montevideo centenas de jinetes levantando "divisas ya desmerecidas" al decir de Serafin J García. 

 Patrones y asociación rural, vinculado al empresariado y el capital financiero, asumían el control del aparato del ESTADO. 

 Ese factor simbólico era reproducido y ampliado por los medios masivos de comunicación, auténticos moldeadores de la opinión pública. 

 Hay fenómenos de última generación, no ocurre únicamente en el mundo de la tecnología, esto también se da en los eventos sociales y políticos. 

 El autoritarismo devenido en fascismo sublima sus aristas más groseras en conferencias de prensas y en anuncios para complacientes amanuenses tenedores de micrófono. 

 A todo eso agréguele el miedo, real o ficticio, en última instancia opera y actúa como manipulador. Nueva o última generación, eso es el cuadro mundial. Silenciadas las masas, aislada, con tapa bocas y responsabilidad culposa, porque de esto también se trata. 

 El anterior año y aún sin pandemia en nuestro país. *2020 y un compilado de rasgos que ya estaban. "Es la recaptura de su instrumento, era el poder ejecutivo y por lo mismo era el gobierno. Los progresismo no entienden de esto, de ascenso FASCISTA, ellos todavía encierran el deseo "amenazante"... volveremos, volveremos... 

Esto es más complicado que el "jingle", esto es clase y lucha de clase. La dinámica social, el PODER y las clases sociales, eso es lo que reafirma la época y la etapa. Detener el tiempo y enarbolar eufemismo para atenuar el cuadro social es un acto irresponsable. El autoritarismo y el fascismo conforme el nivel de lucha y resistencia se desenmascara.. 

 Primero se apoyan en la legalidad de clase y luego la desbordan, cuando les resulta estrecha. De ese modo y de otros se va entrando en un espiral de sometimiento y asfixia. Preparan el aparato burocrático represivo y luego vienen por abolir derechos ganados. 

 Fascismo... En realidad en aquel momento decíamos esto, es una publicación de hace 3 o mas años....hoy ayuda a comprender "la concatenación de los hechos" ascendentes. 

 Es el del fascismo, es el mismo que la humanidad, la región, nuestro pais ya conocieron. Son los mismo que actuan por medio de la manipulación, la propaganda, socavando incluso su propia legalidad en tanto esta ya no le sea funcional. En la región y concretamente Venezuela vive esta situación hace ya casi una decada, los gobiernos progresistas muchos de ellos aun distraídos, no han aquilatado el riesgo latente. Ciertas complicidades de algunos y también algún sesgo de complicidad, llevan a desestimar estos eventos ya mas generalizados.

 Es indudable que la lucha de clase se va tensando, no siempre la clase obrera tiene incidencia en los progresismo, en otras una "aristocracia" obrera ve como crecen sus beneficios circunstanciales, por tanto aun prevalece en muchos casos un "conflicto" de facciones de la clase dominante. 

 La clase obrera aun no ha podido quitarse la "losa" de una dirección colaboracionista aspecto este que también esta vinculado a los niveles de crecimiento generados en la región, esa situación favoreció el auge reformista y conciliador. 

Ahora la situación acá en la región ya no es la misma, rasgos de desaceleración y en algunos caso de recesión de la economía se manifiestan. 

 La contraofensiva orientada por lo mas "vernáculo" de la clase dominante comienza a levantar la voz, incluso en nuestro pais esto ya sucede. 

Batlle (este ya muerto, en aquel momento vivía), resucitado Sanguinetti, 

Lacalle chico, Larrañaga, e incluso viejos y vergonzantes revisionistas hablan, levantan la voz. Hoy y ahora se suman otros que publicitan su mas sórdido discurso y practica reaccionaria, estos son otros de igual significación y peor: Manini, Novikv, Zubia y hay otros.

 Puro cinismo seria, pero no. No lo es, es la vieja practica socavadora de la clase dominante, con la complicidad si del "izquierdismo" reciclado, es que no podría ser de otra forma. 

Ayer arrancaban por Ucrania, como tantos otros ejemplos debe llamarnos a la reflexión, en Venezuela hay un golpe en marcha de esto hace ya varios años, en México hay un Estado narco asesino (este material tiene algún tiempo ya, más el cuadro general no varió).

 Los fascistas del ISIS armados por los Estados Imperialistas, las operaciones "caza terroristas" no han terminado con el 11 de setiembre del 2001, solo fue el comienzo. 

El propagandeado "terrorismo" fue la "punta de lanza" de la contraofensiva del enemigo de clase. Enemigos de clase sí y no esa tontera de "adversarios" el fascismo es enemigo irreconciliable de la clase obrera y de los pueblos que luchan por su liberación. 

 Hacerse el distraído en estas circunstancias es un acto de complicidad. 

 HOMBRES Y MUJERES DE LA RESISTENCIA

 Osbaldo Zuñiga

Vargas Llosa: elogio del narcogobierno

Decepcionado con el “modelo chileno” del cual fue un obstinado propagandista durante más de treinta años el novelista hispano-peruano acaba de publicar el pasado domingo un artículo que completa el proceso de descomposición moral de su pensamiento político. 

 Huérfano de referentes ejemplares a los cuales señalar en la región, en su desgraciada intervención no se le ocurre nada mejor que exaltar a los narcogobernantes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque como ejemplos que los demás países de Latinoamérica deberían emular. 

 Las afirmaciones que desgrana en ese artículo son una mescolanza de mentiras y disparates que exceden a las que ya nos tiene acostumbrados. Es más, un fiscal celoso podría llegar a considerarlas como apología del delito, dado que el narcotráfico está así tipificado en casi todos los países. Se nota que los años no pasan en vano y las tendencias al desvarío del escritor se tornan incontrolables, especialmente cuando voltea su mirada sobre Venezuela y sus adyacencias. Digo esto porque lo que origina su nota del domingo fue la promesa de Iván Duque de regularizar la situación de los inmigrantes venezolanos radicados en Colombia. 

 Esta iniciativa merece ser aplaudida, y ojalá que se convierta en realidad. Pese a una incertidumbre que llama a la cautela, el sólo anuncio de Duque desató la desbocada respuesta del peruano que escribió nada menos que “ningún otro (país) ha sido más libre, civil y democrático en ese mismo período” que Colombia. Se refiere a la etapa inaugurada con el Bogotazo, en 1948, y que llega hasta la actualidad. Con la furia y la ceguera propia de los conversos asegura que mientras las guerrillas mataban, secuestraban y perpetraban toda clase de atentados terroristas “la Colombia ‘civilizada’ (énfasis en el original) tenía una vida política democrática, con libertad de prensa y elecciones limpias, salvo el pequeño período de la dictadura militar de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957.” La consecuencia de un clima político y social tan favorable, acota Vargas Llosa, no fue otra que facilitar las actividades del empresariado colombiano, que “ha hecho progresar al país a unos niveles que envidia el resto de América Latina.” Al otorgársele al casi millón de migrantes venezolanos sus documentos de identidad podrán “acceder a puestos de trabajo, así como a la seguridad social y a la educación en las instituciones colombianas.” Esto será posible debido a que supuestamente la población local no da abasto para satisfacer la demanda de mano de obra que existe en Colombia y que los que no consiguen trabajo saben que su bienestar está asegurado por la amplia cobertura de la seguridad social existente en el país y la extensión de su sistema de educación gratuita en todos los niveles.

 Sin embargo, los datos de la realidad no avalan las demenciales ocurrencias del autor de La Casa Verde. En efecto, según datos oficiales la tasa de desempleo nacional entre septiembre y noviembre de 2020 fue de 14,6 por ciento, aumentando 4,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año 2019. Difícil que bajo estas condiciones los migrantes venezolanos encuentren el paraíso laboral que les promete Vargas Llosa. Por otra parte, la seguridad social es una planta exótica en Colombia que sólo una minoría puede disfrutar, y la educación pública, sobre todo la universitaria, está fuera del alcance de las grandes mayorías nacionales. De hecho, la mayoría del alumnado universitario está matriculado en instituciones privadas y las universidades públicas no son gratuitas, aunque los aranceles varían según los casos y la condición social del alumno. 

 Al elogiar la actitud de Duque hacia los migrantes el novelista destila su ponzoña en contra de quien por largos años fuera su ídolo, Sebastián Piñera, y resalta la diferencia entre la actitud del presidente colombiano y “la del Gobierno de Chile que acaba de expulsar a muchos venezolanos.” Nadie puede asegurar que la promesa de Duque de regularizar la situación de los migrantes venezolanos será concretada. Pero Vargas Llosa tiene una memoria selectiva y soslaya mencionar un ejemplo notable que no puede ignorar: la legalización de la situación de unos cuatro millones de residentes invisibilizados en Venezuela, buena parte de los cuales eran colombianos. Esas personas carecían de documentos de identidad, vivían en los cerros en calles sin nombres y ranchitos sin número y que gracias a Hugo Chávez se convirtieron en ciudadanas y ciudadanos de Venezuela. Ese masivo proceso se llamó la “cedulación”, y luego fue completado con un gigantesco programa de construcción de viviendas populares, la extensión de los servicios de salud por todo el país (Programa Barrio Adentro) y un enorme impulso a la educación. Ninguna de estas tres cosas figura en la agenda de Iván Duque. Mentiroso impenitente, Vargas Llosa oculta lo que conoce porque el objetivo de sus notas de opinión no es esclarecer e informar al público sino mentir, difamar a las personas y procesos que repudia y apoyar a sus “amiguetes” conservadores en la región o fuera de ella. O, para usar el lenguaje que él también usa, aupar a sus “hijos putativos” en Latinoamérica, que son más de los que quisiéramos. Sólo que ahora están en decadencia. Por eso exhorta a los gobernantes del Grupo de Lima para que imiten a Duque, que hagan lo que éste dice que quiere hacer: “legalizar la presencia de las decenas de miles (o millones) de venezolanos que han llegado a sus playas … esos exiliados podrían encontrar trabajo legal, acudir a la sanidad y sus hijos acceder a la escuela pública, que ahora les está vedada.” 

 ¿Podrían, de verdad? Basta una mirada superficial a los indicadores sociales de Colombia para comprobar que tal cosa es prácticamente imposible porque los ya mencionados índices de desempleo en Colombia, sumado a la desocupación encubierta, y la histórica desatención de la salud y la educación públicas frustrarán sin duda las rosadas aspiraciones del novelista. Una rotunda desmentida de las prédicas de Vargas Llosa lo brinda un reciente informe oficial de las Naciones Unidas, con base en cifras oficiales del Gobierno colombiano en donde se asegura que hay en el país unas ocho millones de personas desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa de la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico, la apropiación de tierras y el conflicto armado. Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo; 7.816.500 personas al final del 2018, seguramente a causa de la prosperidad y democracia que tanto ha alabado el novelista. ¿Podrá garantizar para los migrantes venezolanos lo que ha demostrado ser incapaz de hacer con su propia ciudadanía? 

 El homenaje que rinde a la “Colombia civilizada” sólo puede caracterizarse como una alucinación, un delirio que arroja un manto de ocultamiento sobre la brutal violación de los derechos humanos en ese país. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, un órgano del Estado colombiano, señala que “753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020” (573 durante la gestión presidencial de Duque) y que aparte “existen otras 4.281 víctimas de otras formas de violencia en Colombia.” ¿Éste es el Gobierno que Vargas Llosa propone nada menos que como “modelo a imitar” en Latinoamérica y el Caribe? ¿Está el novelista en su sano juicio? ¿Se puede llamar “democracia” o proponer como un ideal a emular un régimen de represión y violencia como el colombiano, que ha sembrado de fosas comunes todo el territorio y que perpetró, bajo Uribe, el crimen de los “falsos positivos”: humildes campesinos analfabetos y desempleados que eran reclutados por el Ejército, disfrazados luego como insurgentes de la FARC o el ELN y aniquilados a mansalva para ser presentados ante la prensa como prueba de la eficacia de la lucha antiguerrillera en Colombia, mientras sus familiares los buscaban con desesperación. ¿Es ese el modelo a imitar? 

 Una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUDH, comprobó que “la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, se conoció de 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.” ¿Puede un intelectual público como él, tan atento a las vicisitudes que atribulan a Latinoamérica ignorar algo que cualquier medio de comunicación ha venido informando regularmente? 

 Suficiente con el tema de la violencia y la represión. Examinemos por último los vínculos con el narcotráfico del tan admirado Álvaro Uribe, supuesta víctima de la campaña de desprestigio de la omnipotente izquierda latinoamericana. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicialmente elaborado en Septiembre de 1991, desclasificado en el 2004 y filtrado a la prensa poco después más tenía por objeto lo que exhibimos a continuación: 

 Traducción: “Este informe suministra información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los cárteles para su seguridad, transporte, distribución, colección y ejecución de operaciones de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son también contratados como “sicarios” por los líderes de los cárteles para perpetrar asesinatos.”

 En el número 82 de esa lista, al final de la página 10, figura Álvaro Uribe Vélez, que los redactores lo caracterizan de esta manera: “Político colombiano y senador, dedicado a la colaboración con el cártel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales. Uribe está involucrado en negocios del narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para acceder a una posición de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas de un Tratado de Extradición”. (p. 10 y 11)

 Obviamente que a partir del descubrimiento de estos vínculos de Uribe con el narcotráfico el Gobierno de Estados Unidos observó con atención la progresión de su carrera política y en el momento oportuno algún funcionario de la CIA estacionado en Bogotá se apersonó a él y le dijo algo que imaginamos habrá sido más o menos así: “¡Hellow, Álvaro. Bienvenido a la compañía. Ahora trabajas para nosotros! Puedes negarte si quieres, pero en tal caso terminarás pudriéndote en una cárcel de máxima seguridad por el resto de tu vida.” La lambisconería de Uribe para con la Casa Blanca, y la de sus sucesores, todos cómplices del narco colombiano, hay que entenderla a partir de esta realidad. No sólo porque son oligarcas y reaccionarios. Es gente que carga con un tremendo prontuario sobre sus hombros y deben obedecer sin chistar lo que ordena el Gobierno de Estados Unidos. Si éste les dice que ataquen a Chávez o a Maduro lo hacen; si les pide que organicen un concierto/invasión a Venezuela desde Cúcuta lo hacen; si les ordenan que sus tropas penetren en territorio ecuatoriano en Sucumbíos y arrasen con un campamento guerrillero lo hacen; si les piden destruyan a la UNASUR acatan la orden sin chistar. No tienen opción, porque saben que están en “libertad condicional” que el amo del Norte puede interrumpir en cualquier momento y encerrarlos en un calabozo por el resto de sus días. Narcogobernantes con tales prontuarios son presas fáciles de cualquier extorsión que decida la Casa Blanca. 

 ¿Sólo Uribe? No. En marzo del año pasado la Agencia EFE informaba sobre “la tormenta que empezó a formarse sobre el presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor, el senador Álvaro Uribe, por una supuesta compra de votos en 2018 con la ayuda de un presunto testaferro de narcotraficantes”, José Guillermo Hernández, alias el “Ñeñe”. Y el diario en el que Vargas Llosa publica sus brulotes, El País, informaba en su edición del 11 de marzo del 2020 que “el narcotraficante y testaferro, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil y el propio expresidente y actual senador Álvaro Uribe manifestó en un trino que ‘causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera’. El homicidio sucedió en medio de una vendetta entre narcotraficantes, según las pesquisa. … Desde hacía unos meses, igualmente, en redes circulaban múltiples fotos del presidente Duque, senadores y altos dirigentes del partido Centro Democrático, fundado por Uribe y principal plataforma del actual Gobierno, con el Ñeñe.” 

 Estos delincuentes son los que Vargas Llosa, en su descomposición moral, propone como modelos para Nuestra América. Es el remate lógico de su defensa a ultranza del capitalismo y del neoliberalismo; de la protección de los intereses de sus compinches como el hiper corrupto rey emérito Juan Carlos o el mentiroso serial José M. Aznar y gran parte de la burguesía española y latinoamericana. Mentir y mentir hasta el fin, confiando en que algo quedará en la conciencia de sus lectores. Se equivoca, y debe ser amargo reconocerlo; desesperante también tener que aferrarse en medio del naufragio de sus proyectos políticos a dos bandidos como Álvaro Uribe e Iván Duque. Como apasionado lector de sus novelas, pletórica de personajes queribles y admirables, siento lástima por aquel joven inconformista de San Marcos y la célula Cahuide del Partido Comunista Peruano que el ultraja irreparable de los años –por cierto no para todos- convirtieron en un bárbaro adalid de la derecha, incluyendo a sus más desprestigiados narcogobernantes. 

 Vergüenza debería sentir por proponer tamaño desatino, movido por su odio visceral, incandescente contra quienes luchan por una sociedad mejor basada en el humanismo, la solidaridad, la felicidad colectiva. 

 Atilio A. Boron

 | 26/02/2021 |

Cooperación médica cubana: ¿esclavitud o justa redistribución?

Pablo Hasél y la “justicia” española

El rapero fue condenado a nueve meses de prisión.

 Las togas que condenaron a Pablo Hasél por delitos de opinión, y cuyo encarcelamiento ha provocado una ola de protestas en todo España, están cortadas con la misma tijera: la tijera del franquismo. 

 La jueza Concha Espejel, casada con un coronel de la Guardia Civil, fue condecorada hace un tiempo con la Cruz al Mérito por este mismo cuerpo policíaco-militar de fuerte tradición franquista. Aparte, tiene estrecha relación con el derechista Partido Popular al que intentó favorecer en sus numerosos juicios por corrupción. Es también la jueza que caratuló como “terrorismo” una simple pelea de bar en Altsasu, por la que varios jóvenes ligados al independentismo vasco fueron condenados a penas de cárcel de varios años.

 Por su parte, el otro juez, Nicolás Poveda, directamente fue candidato a senador por el fascista partido Falange en el año 1979. Una joya. Evidentemente no se trata de una casualidad sino que estamos ante un problema de raíz: la columna vertebral del Estado español, la que forman las fuerzas armadas y la judicatura, son herencia política directa del régimen político derivado del triunfo franquista en la Guerra Civil.

 La llamada “Transición española” fue un operativo político de recambio, organizado por Franco en persona, donde se pasó del régimen fascista a una monarquía constitucional encabezada por Juan Carlos I, que garantizó la impunidad de todos los crímenes del franquismo y preservó su aparato político-represivo para asegurar la continuidad de los mismos privilegios económicos. Este operativo, tutelado por la llamada “oligarquía madrileña”, contó con el apoyo de las burguesías vasca y catalana y la complicidad fundamental del Partido Comunista de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. 

 En el ámbito judicial destaca en esa transición la Audiencia Nacional, un verdadero tribunal de excepción sin jurisdicción ni competencias claramente establecidas, que fue creado en 1977 con los mismos funcionarios y en el mismo edificio donde, hasta el día anterior, funcionaba el tristemente célebre Tribunal de Orden Público franquista. Utilizado en los ’80 y ’90 para la represión política contra el movimiento vasco, con el juez “kirchnerista” Baltasar Garzón como punta de lanza y Felipe [González] en el gobierno, cuando se cambiaron las leyes para tipificar como terrorista cualquier manifestación o declaración política de apoyo a la izquierda abertzale y el terrorismo de Estado del GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación] secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas. Más recientemente se dedica a perseguir al independentismo catalán y a los luchadores sociales en general.

 La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, llamada “ley mordaza”, ha sido un salto cualitativo en esta deriva fascistoide de la Justicia española. Aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, regimenta el derecho de manifestación, blinda la impunidad policial, le otorga discrecionalidad a la hora de sancionar el derecho a protesta y ha permitido el encausamiento y la condena de miles de activistas y luchadores sociales. Desde los afectados por los desahucios, pasando por los que luchan contra los recortes en sanidad y educación, hasta los militantes de los CDR [Comités de Defensa de la República] catalanes. 

 Justamente en octubre de 2019 una ola de protestas e indignación, similar a la de estos días por la condena a Hasél, sacudió Catalunya. El Tribunal Supremo condenó a altas penas por sedición (entre 9 y 14 años de prisión) al gobierno de la Generalitat que organizó un referéndum de autodeterminación, que fue brutalmente reprimido. Además, los Jordis (los dos líderes de los movimientos civiles catalanes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) sufrieron condenas de 10 años por el solo hecho de subirse a un coche de la Guardia Civil para desconvocar una concentración. 

 El mensaje fue claro: el Estado español no piensa tolerar ningún movimiento que ponga en entredicho el statu quo dominante. El mismísimo rey Felipe VI pronunció un discurso el 3 de octubre de 2017 donde apoyó el uso de la fuerza contra el pueblo catalán. 

 A partir de la experiencia de este frustrado intento secesionista, un sector importante de la burguesía española empieza a ver con buenos ojos, y dar alas y publicidad mediática, al abiertamente fascista partido Vox, un partido surgido de dentro del propio Estado monárquico y con alta adhesión, tanto entre las fuerzas represivas como en el sistema judicial. 

 Pero, producto de la crisis política derivada del proceso independentista catalán, el gobierno de Rajoy cayó en 2018 con una moción de censura y de las elecciones convocadas salió el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias [PSOE y Podemos, respectivamente] que llegaron al poder con la etiqueta de gobierno “de izquierdas y progresista” y que prometió derogar la “ley mordaza” y emprender una reforma del Poder Judicial. Sin embargo, 15 meses después, las promesas no solo no fueron cumplidas sino que se siguen utilizando las mismas leyes y a la misma Justicia para criminalizar y someter al incipiente movimiento de la juventud que se organiza para hacer frente a la insostenible situación de miseria, precariedad y explotación a la que este régimen monárquico podrido (y salpicado por la corruptela y los desfalcos millonarios de Juan Carlos I) las está condenando.

 Sebastián Fischer 

Desde Barcelona

¿Porque vamos contra toda la LUC?

La ley es un conjunto de artículos que abarca diversos temas, pero la atraviesa una lógica ajustadora y represiva con el que el gobierno quiere avanzar en sus propuestas neoliberales. 

No alcanza con la derogación parcial, porque muchos peligrosos artículos quedarían vigentes. Ya cuando era candidato a presidente Luís Lacalle Pou anunciaba que si llegaba al gobierno, propondría una Ley de Urgente Consideración que abarcaría distintos temas y sería el puntapie inicial para el logro de sus objetivos políticos. 

 Aún cuando hacia planteos demagógicos, como bajar tarifas e impuestos, todos sabíamos que la derecha conservadora llegaba para profundizar un ajuste en función de las necesidades de los empresarios y poderosos. 

 Achicar el Estado, y "generar oportunidades de negocios" para el empresariado, bajar el costo laboral ( o sea que los trabajadores pierdan salarios y derechos), avanzar en una reforma de la educación en clave mercantilista, reformar el sistema de jubilaciones son solo algunos de esos objetivos que la derecha se ha planteado para estos 5 años. 

Y para concretar estos cambios, también necesita una plataforma de seguridad y represiva que le permita llevar adelante estos cambios sin resistencia. La Ley de Urgente Consideración es entonces el primer paso de este programa de gobierno, el que implementa los primeros cambios y allana el camino para poder avanzar en los años siguientes. 

 Analizando los principales artículos podemos ver cuales son las medidas principales que votó la Coalición Multicolor: En las áreas de seguridad y represión se flexibiliza la "legítima defensa policial" lo cual abre la puerta al gatillo facil, se aumentan penas y condenas y se recortan garantías y derechos individuales. 

A su vez se restringe el derecho de huelga, prohibiendo la ocupación de lugares de trabajo (tema sobre el que ya había avanzado el Frente Amplio cuando era gobierno). 

 Cuando la crisis económica deteriora las condiciones de vida de grandes sectores, y también cuando se quieren implementar reformas antipopulares se busca una base jurídica que de una respuesta represiva a estas cuestiones. 

La derecha vuelve con sus medidas clásicas, más encierro y más represión, tanto para los pobres como para los que resisten sus planes. 

 Este conjunto de medidas implican una mayor criminilización de la pobreza y un aumento del control social por eso es un apartado central de la LUC. 

 El área educativa es una de la que tiene más extensas referencias en la Ley de Urgente Consideración, y entre otras cuestiones da mayor peso a representantes de la educación privada, así como también elimina los consejos de educación en distintos niveles y con ello, la representación de los trabajadores en dichas instancias. 

Deja abierta la puerta a una mayor mercantilización y lógica lucrativa. La LUC tambíen está relacionada a la anunciada reforma de la seguridad social. 

La "comision de expertos" que está funcionando hace algunos meses fue creada desde uno de los artículos de la ley, y aunque aún está en una etapa que denominan diagnóstica, hay claras señales de hacia donde apunta la reforma. 

 El objetivo que proclama el gobierno es el de crear una Comisión supuestamente amplia y representativa de distintos sectores sociales (hasta el PIT-CNT la está integrando), pero esa amplitud es porque quieren asegurarse un consenso que les permita avanzar sin resistencias.

 Está claro que esto no es una instancia de debate democrático ciudadano sobre la seguridad social; la Comisión es un ambito del gobierno, su propuesta es la que saldrá de allí y nada bueno podemos esperar los trabajadores de estos "expertos". 

 Sobre el contenido, aunque son ambiguos porque saben que son reformas antipopulares que generarán resistencia, han dado claras señales de mantener y profundizar la injerencia privada en el sistema de la seguridad social, aumentando además la edad jubilatoria y bajando los montos a percibir. 

 En relación al Estado, la LUC está impregnada de una mirada neoliberal, apuntando al achicamiento y la privatización de sectores. 

Seguramente a lo largo del gobierno se profundizará en este objetivo , pero ya en la ley se plantean reducir la cantidad de empleados, y reducir el control estatal de sectores claves como la electricidad, el agua y el combustible. 

 En otras áreas, la ley termina con algunos controles financieros sobre el pago electrónico lo que favorece la irregularidad y el trabajo informal, así como también un menor control acerca de los activos económicos de los empresarios. 

 ¿Qué han hecho el Frente Amplio y el PIT-CNT

 La propuesta que manejan algunos colectivos de ir por la derogación parcial es inseparable de las posiciones que han tenido el Frente Amplio y el PIT-CNT frente a la LUC. 

 Aunque el Plenario Nacional del FA ha señalado en un documento que la ley "es inoportuna, antipopular, represiva y regresiva...y que tiende a concentrar los recursos y el poder en los sectores privilegiados de la sociedad” sus representantes en el parlamento han votado casi la mitad de sus artículos, avalando de esa manera partes sustantivas de la ley. 

 A lo sumo su rol ha sido el de intentar "limar" algunos aspectos de la ley a través de la acción parlamenaria y la negociación, pero bien lejos han estado de enfrentar la LUC en las calles y frontalmente. 

 Mientras las bases y los militantes del FA rechazan más categoricamente la iniciativa del gobierno, sus dirigentes aparecen mucho más dubitativos.

 La derogación parcial, parece más un intento de quedar bien con esa base crítica propia y a la vez ser una oposición "responsable" que comparte aspectos centrales de la ley. 

Al fin y al cabo Lacalle y sus socios avanzan sobre el terreno que dejó el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno donde permanecieron intactos puntos claves del modelo neoliberal que se ha impuesto desde los tiempos de la dictadura en adelante.

 Lamentablemente la cúpula del PIT-CNT parece más preocupada en acompañar al FA en su deriva política que en ser la organización de los trabajadores. 

La pérdida de la independencia política de la central se volvió a ver cuando en la Intersocial impusieron su punto de vista pasando por encima de la mayoría de las organizaciones que se habían pronunciado por la derogación total. 

 No podemos olvidar las frases elogiosas (un presidente inteligente y con capacidad de escucha) de Fernando Pereira hacia Lacalle Pou en los primeros meses de "luna de miel" con el gobierno.

 ¿No sabe Pereira a quienes representan los Lacalle, los Sanguinetti, los Manini? ¿podía dudar de los planes antiobreros y ajustadores de este gobierno?. 

Las expectativas e ilusiones solo confunden. Cuando ya estaba claro el contenido de la LUC y había que poner toda las fuerzas disponibles para enfrentantarla en las calles y con los métodos históricos de la clase trabajadora (la movilización por ejemplo)  Pereira daba señales contradictorias y que luego se plasmaron en la oposición a plantear la derogación total. 

 El Frente Amplio, y la dirección del PIT-CNT están jugados a la negociación y acción parlamentaria para ser actores políticos "responsables" y plenamente integrados al régimen y buscan como mucho limitar algunas propuestas del gobierno. 

 ¿Porque un referéndum por la derogación total? 

 El conjunto de organizaciones que vienen impulsando la derogación total no lo hacen por mero capricho, sino porque con la propuesta de derogación parcial quedan vigentes aspectos medulares de la LUC, conservadores, represivos y neoliberales. 

 Estas organizaciones sociales, colectivos, activistas y militantes que venían impulsando acciones y movilizaciones contra la LUC vieron como en la Intersocial el PIT-CNT en una actitud prepotente, pasaba por encima al conjunto de organizaciones y hacia prevalecer una postura en función de la posición del Frente Amplio. 

 Ante tal situación y por ser concientes que no hay nada progresivo en la LUC definen impulsar este referéndumm por la derogación total de la ley del gobierno. 

 Con la opción del Frente Amplio y del PIT-CNT quedan en pie varios aspectos muy negativos de la LUC, entre ellos: Queda en pie la Comisión de expertos que trabajará en la reforma de la seguridad social, lo que significa que se avanzará en una reforma a la medida de los planes del gobierno y con el apoyo de la oposición. 

 Referentes del FA han manifestado estar de acuerdo en subir la edad, al igual que el representante del PIT-CNT en esa Comisión; o sea que los artículos referidos a la seguridad social continúan vigentes en la propuesta de derogación parcial porque hay acuerdo con los planes del gobierno. 

 En el área seguridad y represión, si bien desde los impulsores de la derogación parcial dicen que cuestionan esos artículos, no se puede dejar de lado que igualmente quedan en pie otros relacionados al tema, que son de índole represiva y autoritaria: Se mantienen artículos relacionados con el proceso penal (entre ellas la modificación del denominado principio de oportunidad en cabeza del ministerio público así como sobre el proceso abreviado) y otros que quitan garantías en el procedimiento judicial. 

 Además se mantiene el perfil punitivista vigente en los últimos 30 años y se crea la Dirección Nacional de Seguridad Rural, a medida de las asociaciones rurales que piden más represión en el campo. 

 En la propuesta de derogación parcial se dejan vigentes los cambios introducidos en cuanto a la competencia de la URSEA y la URSEC. 

Ambas cumplen un rol regulador de sectores de actividad (electricidad, agua y comunicaciones) y las modificaciones de la LUC facilitan nuevos procesos privatizadores en estas áreas. 

 En materia de Libertad Financiera se mantienen algunos artículos relacionados con la opción de pago en efectivo del salario lo que facilita el trabajo informal y en negro, vulnerando derechos de los trabajadores. 

 En la parte de contrataciones del Estado se amplían los límites para compras directas, lo que disminuye controles y facilita el amiguismo y el clentelismo. 

 Derogación total y poner freno a la ofensiva del gobierno 

 En definitiva, la Ley de Urgente Consideración (LUC) es un conjunto de propuestas articuladas con una lógica neoliberal ajustadora y represiva que la atraviesa en todos sus artículos; con la derogación total enfrentamos el programa que viene a imponer la Coalición Multicolor y nos posicionamos con más fuerza para seguir movilizados y en las calles para frenar las planes que el gobierno intentará concretar en estos próximos años. 

 Mientras el gobierno se aprovecha de la pandemia para avanzar con sus propuestas neoliberales, la posición del Frente Amplio y el PIT-CNT no están a la altura de la ofensiva de Lacalle y compañia. 

 Por el contrario debemos organizarnos desde abajo, en cada lugar de trabajo y estudio, para hacer una campaña activa y militante por la derogación total de la LUC en el marco de un plan de lucha que haga pagar el costo de la crisis a los capitalistas. 

 Hernán Yanes Domingo 

31 de enero | 22:21 0

Perú: vacuna vip y crisis política

Dejen respirar al pueblo. 

 De manera similar a como ha sucedido en Argentina con los “vacunatorios VIP”, se ha destapado la olla en Perú revelando que cientos de funcionarios, burócratas sindicales y empresarios han recibido a escondidas la vacuna contra el Covid-19. 

 En este selecto grupo podemos encontrar al destituido expresidente Martín Vizcarra y su familia; Pilar Mazzeti, Alejandro Aguinaga y Patricia García (tres ex ministros de Salud); el dirigente de la central obrera (CGTP) Pablo Checa (quien fuese viceministro de Trabajo de Ollanta Humala); y numerosos empresarios que fueron beneficiados en los últimos años por los distintos gobiernos. 

 El “vacunagate” se da en un momento de grave crisis sanitaria; las denuncias de faltantes de tubos de oxígeno se han vuelto moneda corriente. Mientras el pueblo trabajador muere asfixiado los representantes de las patronales se vacunan de forma exclusiva. Las empresas farmacéuticas se encuentran también en la mira por sus implicancias en el tráfico clandestino de vacunas, usado como soborno, con el objetivo de obtener favores políticos. El camino hacia las elecciones Este cuadro se ve agravado por la cercanía de las elecciones. Numerosos funcionarios, diputados y jueces han tenido que afirmar bajo juramento no haber recibido la vacuna de manera clandestina. No lo hacen por una cuestión moral, sino por las amenazas de revisión e inhabilitación política que se ciñe sobre los funcionarios implicados. 

 La crisis política, sin embargo, no es solo por el escándalo de las vacunas. La rebelión que sacudió al país en 2020 (donde un golpe parlamentario volteó a un presidente y otro renunció presionado por combativas movilizaciones populares) se ha hecho notar: se han presentado 17 candidaturas a la presidencia y ninguna encuesta arroja algún candidato con más del 20% de los votos, con solo dos superando el 10%. 

 La candidatura que lideraba las encuestas, George Forsyth, fue congelada por el Jurado Electoral. El candidato derechista del Partido Victoria Nacional que tenía cierto apoyo por su popularidad como ex jugador de fútbol, omitió-escondió información sobre sus bienes e ingresos en la declaración jurada. Ya de entrada evidencia su tendencia a la corrupción. De la misma manera muchos candidatos vieron tambalear su candidatura por motivos similares. Pese a que Forsyth es el favorito en las encuestas, sectores de la burguesía peruana han empezado a inclinar su apoyo a Yonhy Lescano del partido conservador Acción Popular que subió en los últimos meses de 3% a 10% en la intención de voto, apenas por debajo de Victoria Nacional. Lescano es del mismo partido que el golpista destituido Manuel Merino. 

 Verónika Mendoza, quien está tercera en las encuestas, es apoyada por el Grupo Latinoamericano de Puebla (integrado por el presidente argentino Fernández, Lula y Dilma de Brasil, Evo Morales de Bolivia, etc.) y diversos sectores de la centroizquierda peruana. La candidata de Juntos por el Perú le había pedido al presidente de Argentina, Alberto Fernández, pocos días antes de que estalle el escándalo de las vacunas en ambos países, ayuda para que el Perú reciba la vacuna de AstraZeneca.

 Lo concreto es que las elecciones del 11 abril no han concitado entusiasmo en las masas sufrientes por la gravedad de la crisis sanitaria, económica y social. 

 Según diversos análisis, el 60% de los hogares con niños no tuvieron en muchos momentos para comer. Y los ingresos de los sin trabajo, que changuean, se han reducido en un 50%. Frente a esto la acción del gobierno es casi nula. No faltan solo vacunas, sino oxígeno (se ha establecido una especie de mercado negro para conseguir el llenado de tubos de oxígeno y salvar, precariamente, a un familiar afectado). Y todo tipo de insumos. Los médicos denuncian que no se les paga, en algunos casos varios meses, sus magros salarios y que se mantiene un sistema de tercerización y precarización del personal sanitario. El presupuesto de salud está en sus mínimos históricos. La cámara empresarial, Confiep, reclama la flexibilización, permitiendo intervenir a empresas privadas en la obtención y distribución de la vacuna. Sin vergüenza alguna, afirma que esta privatización servirá “para reactivar la economía”. En medio de la pandemia la corrupta burguesía peruana piensa en una nueva fuente de ganancias y en obtener garantías de que los miembros de su clase puedan recibir el tratamiento vacunatorio, dejando al pueblo pobre y trabajador librado a los designios del “mercado”. Quieren legalizar la corrupción de clase que hoy en día es criticada por la vacunación clandestina llevada adelante. 

 Organizar la acción de masas ante la crisis 

 Solo el 18% de la población sabe a quién votará. Para la vanguardia obrera y la izquierda no hay alternativa obrera o de izquierda en el próximo evento electoral. Su eje debiera estar centrado en la necesidad de organizar la resistencia y movilización para enfrentar la degradación sanitaria, económica y social y su descarga contra el pueblo.

 La rebelión que tumbó a Merino, la huelga general y los piquetes de los trabajadores agrícolas o las movilizaciones de los trabajadores de la salud, son muestra de las reservas de lucha del pueblo peruano. El colapso sanitario y el descontrol de la plaga de Covid ha obligado al gobierno a reinstalar una cuarentena más severa. Pero quiere imponerla a través de la represión y regimentación. Lo cual ha provocado importantes movilizaciones en diversas zonas (Cuzco, Puno, etc.), incluyendo a trabajadores y desocupados, a los que no se les brinda las condiciones materiales necesarias para sobrellevar esa cuarentena.

 Es necesario un Bono Universal automático para todo ciudadano sin ingreso salarial, igual al salario mínimo y con un plus del 20% por cada hijo menor de 16 años. Comedores populares en todos los barrios y localidades gestionados directamente por los vecinos y provisionados por el Estado. Formación de Comités de Defensa de la Salud Pública en todos los barrios y su coordinación. Ellos deben organizar la lucha por estos reclamos y el control directo de los fondos del Estado: control obrero y popular. Creación acelerada de empresas estatales de fabricación de tubos, de oxígeno y de los insumos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria. Duplicación inmediata del presupuesto de salud, regularización de su situación salarial (aumento salarial) y laboral (incorporación a planta permanente, tomar urgente varios miles de nuevos profesionales y auxiliares). Todo el plan sanitario debe estar bajo control y gestión directa de los trabajadores de la salud. Prohibir los despidos, reincorporar de inmediato a los cesanteados. derogar el sistema de “suspensión perfecta”. Pese a la irrupción popular de los últimos meses (caída del golpista Merino, poderosa huelga de los trabajadores de la fruta, etc.) no se ha podido constituir una alternativa política independiente. Las listas que se hacen llamar de izquierda (Juntos por el Perú y el Frente Amplio) son solo la pata izquierda del régimen. 

 La vanguardia obrera y la izquierda que se reclama revolucionaria deben coordinar todos los sectores que se reclaman combativos (sindicatos, agrupaciones, estudiantes, organizaciones independientes, asambleas populares, etc.) para intervenir en la crisis que cada vez se agudiza más con la perspectiva de un plan de lucha y la huelga general y no dejarse atrapar por la demagogia electorera. 

 Nicolás Wiso

Vacunación VIP: todo un régimen de privilegios contra el pueblo en Argentina

Despiden a Gines González García. 

 La revelación, por parte de Horacio Verbitsky, de que recibió la vacuna en el Ministerio de Salud luego de llamar a su “viejo amigo” Ginés González García, junto a altos funcionarios gubernamentales, de una forma totalmente irregular, puso de nuevo de manifiesto un régimen de privilegios y atropellos contra el pueblo. Se vacunaron en el Ministerio, a escondidas, junto con Eduardo Valdez, Jorge Taiana, y otros funcionarios kirchneristas, en un operativo que arrancó con el desvío de dosis de vacunas del Hospital Posadas. Luego de las revelaciones de Verbitsky, salió a la luz la denuncia de que Hugo Moyano, su mujer y su hijo también se habrían dado la vacuna. Antes, Beatriz Sarlo había denunciado el ofrecimiento que le realizaron de dársela antes de que le correspondiera. Posteriormente, se dio a conocer la información sobre el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Vázquez, y una lista de intendentes, concejales, una jueza de paz, un comisario de policía, vinculados al oficialismo. 

 Esta manipulación de la influencia política por parte del Estado, en favor de una camarilla de funcionarios, no es un caso aislado. Ocurre luego de que en diciembre se anunciara la llegada de millones de dosis en enero, algo que nunca ocurrió. En un momento en el cual los laboratorios son incapaces de abastecer la demanda mundial, pero se conserva estrictamente el secretismo y el derecho a las patentes que impiden masificar la fabricación. En un momento en el cual los países del primer mundo acaparan la parte del león de las dosis, dejando a ciudades, países, e incluso continentes enteros sin acceso a la vacuna.

 Mientras se producía la vacunación VIP, hay todavía trabajadores de la salud que no han podido acceder a la vacuna. Colapsa el sistema de la Ciudad de pedido de turnos para adultos mayores, y no se ha vacunado a prácticamente ningún docente mientras se fuerza el regreso a las clases presenciales. 

 Lo que estalla con el escándalo de Ginés no es solamente un régimen de privilegios o un tráfico de influencia. Es una manifestación, particularmente visible, del manejo capitalista de la pandemia, que distribuye el acceso a la inmunidad de acuerdo con los mismos parámetros que rigen el conjunto de la vida social: en función del poder del capital y su Estado. Entre los millones sin acceso a la vacuna, de un lado, y el Estado y los laboratorios que la manejan, por otro, hay un abismo. Y hay que recordar que la mayoría de las vacunas fueron financiadas con patrimonio público. Los Verbitsky y Ginés, el “progresismo” nacional y popular, como también los Moyano y la burocracia sindical mostraron de nuevo blanco sobre negro su carácter de clase. 

 La oposición de Cambiemos denuncia la manipulación, pero sólo para defender las manipulaciones en gran escala que realizan los grandes laboratorios, los Pfizer, junto a las potencias imperialistas que los han financiado y pretenden acaparar las vacunas e imponer condiciones prohibitivas para los países atrasados. 

 Crisis política 

El destape de este escándalo terminó con el pedido de renuncia al Ministro de Salud. Se coló en esto la interna gubernamental. Muchos atribuyen a Verbitsky una operación para voltear al Ministro. Clarín había accedido a información sobre la vacunación clandestina antes de que Verbitsky la revelara, y estaba investigando el tema. Los choques entre Carla Vizzotti y Ginés González García fueron públicos durante meses. Todo el episodio va a agravar los choques al interior del oficialismo. 

 El Ministerio de Ginés concluye con datos demoledores. Mas de dos millones de infectados, 50.000 muertos, un sistema de salud con los trabajadores en pie de lucha contra el ajuste salarial y la falta de condiciones para enfrentar la pandemia. Este fracaso se explica, por un lado, por la subordinación del Estado a los lobbys empresariales y clericales de la medicina privada y los laboratorios, que lucran además con las obras sociales. Estos intereses bloquearon sistemáticamente la centralización del sistema de salud que permitiría concentrar los recursos para el combate a la pandemia. Por otro lado, por los requisitos del ajuste, que condenó, durante esta emergencia, a miles de trabajadores de la salud a seguir precarizados, con salarios congelados y sin condiciones de trabajo adecuadas. 

 El escándalo de la vacuna es la gota que colma el vaso de esta situación. 

 Juan García

Se calienta el ballotage ecuatoriano

Pachakutik emprende una movilización denunciando fraude. 

 Los movimientos indígenas emprendieron este miércoles una movilización desde el sur del país para denunciar un fraude electoral que apuntaría a dejar al candidato Yaku Pérez, de Pachakutik, fuera del ballotage presidencial de abril. En la primera vuelta de los comicios, desarrollada el 7 de febrero, el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral había colocado al candidato de esta fuerza en segundo término, apenas por encima del candidato de la derecha, Guillermo Lasso, lo que le aseguraba el ingreso al segundo turno. Sin embargo, en un sospechoso giro, el banquero pasó luego al segundo lugar. 

 El malestar de la coalición indigenista, que obtuvo casi el 20% de los votos, se agigantó tras la última reunión del Consejo Nacional Electoral, que no dio curso al pedido de un recuento masivo de votos que había solicitado Pérez. Dicho recuento había sido acordado por el candidato de Pachakutik con el propio Lasso, pero el banquero rápidamente se echó atrás e instó al CNE a proclamar los resultados. Esta proclamación tendría lugar el próximo fin de semana. El organismo electoral dice que Pachakutik podrá reclamar luego las revisiones que crea convenientes, pero lo cierto es que solo se habilitarían revisiones puntuales. 

 Las controversias sobre la elección parecen haber roto un potencial acuerdo entre Pérez y Lasso para el ballotage, con el propósito de derrotar a Andrés Arauz, el candidato del correísmo que triunfó en la primera vuelta. Pérez anticipó que no votaría esta vez por Lasso para un segundo turno, a diferencia de 2017, cuando llamó a acompañarlo argumentando que era preferible un banquero a una dictadura, en referencia al correísmo. Pérez incluso ha denunciado un pacto entre el correísmo y Lasso para sacarlo del medio; un desplazamiento que favorecería no sólo al banquero sino también a Arauz, en tanto le quitaría un rival que en algunos aspectos lo corre por izquierda, permitiéndole armar en cambio una polarización más cómoda con la derecha. 

 Arauz en Estados Unidos 

 Mientras tanto, Arauz viajó a Estados Unidos para hacer campaña entre los emigrantes y, sobre todo, para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno saliente de Lenín Moreno suscribió un acuerdo con el organismo que puso en agenda una serie de medidas brutales de ajuste (aumento del IVA, reducción salarial de los empleados públicos, etc.) que condicionarán al próximo gobierno. Si bien el correísmo ha criticado este acuerdo, y demanda una renegociación, el candidato de la Unión por la Esperanza está buscando una aproximación con los Estados Unidos.

 “Nuestra relación con Estados Unidos va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente (Joe) Biden” (Infobae, 8/2), dijo hace algunos días Arauz. Esto fue respaldado por Rafael Correa en un reportaje con La Nación (10/2). El excanciller Guillaume Long, que acompaña a Arauz en la gira por Norteamérica, asegura que ya se han abierto algunos “canales no oficiales” con la administración Biden, dado que ésta daría por descontado que el correísmo ganará el ballotage (Página 12, 18/2).

 La candidatura de Yaku Pérez 

 Las elecciones ecuatorianas tuvieron como uno de sus datos más sobresalientes el derrumbe del gobierno de Lenín Moreno. Tras un mandato de ajuste, represión y desmanejo de la pandemia, ni siquiera se pudo postular para la reelección. La candidata más afín, Ximena Peña, apenas superó el 1,5% de los votos.

 El otro punto fue el enorme salto dado por Pachakutik, el brazo político de la Conaie. Su votación es un eco de la rebelión de octubre de 2019 contra la anulación de los subsidios al combustible, aunque su candidato Yaku Pérez desenvolvió en la campaña una línea conciliadora. 

 Pérez rechaza cualquier avance hacia la expropiación del capital. “Vamos a necesitar de empresarios honestos y del sistema financiero. Lo único que les vamos a decir es que paguen los impuestos” (El Universo, 14/1), afirmó. Defiende la dolarización, no descarta un acuerdo comercial con Estados Unidos (“no es una idea descabellada”, dice), e incluso rechaza investigar a los responsables de los crímenes durante la represión al levantamiento de 2019 (“nosotros no actuamos con venganza o persecución”, argumenta). 

 Su punto fuerte es el planteo de prohibir la minería metálica en los cursos de agua y los páramos, aunque anticipa que no tocará los contratos vigentes. En cuanto al petróleo, promueve controles sociales y ambientales.

 La Conaie y Pachakutik enfrentaron durante mucho tiempo, correctamente, las políticas favorables a los pulpos mineros y petroleros por parte del gobierno de Rafael Correa, así como la regimentación de las organizaciones gremiales. Pero han tendido hacia acuerdos con la derecha, como el mencionado apoyo a Lasso en el ballotage pasado. Pérez también expresó públicamente su satisfacción ante el golpe en Bolivia (lo que le provocó un conflicto con otros sectores del partido y la Conaie), algo que quedó registrado en un video que el correísmo está haciendo ahora circular profusamente para desacreditarlo.

 Los próximos días 

 La movilización indígena arribará a Quito la semana próxima. El planteo que está haciendo Pachakutik de un recuento de votos es justo. Son más que conocidas las maniobras fraudulentas que caracterizan a la democracia burguesa.

 Gustavo Montenegro

No es y no debe ser el capitalismo, el final de la historia.

Aún no teníamos pandemia y está operando como plan DEPURACIÓN y LIMPIEZA. 

En el marco de una profunda crisis CAPITALISTA, la gobernanza MUNDIAL da un golpe que impacta directamente en las relaciones de producción, es decir en el mundo del trabajo. 

 El REFORMISMO no tiene perspectiva, este ni puede salir de la "noria", CAPITALISMO humano. Acá en Uruguay el último presidente progresista, Tabare Vázquez en un último reportaje señalaba, que su anhelo de sociedad futura, era la socialdemocracia. Es decir que el concebía una sociedad de embellecimiento de la explotación del hombre por el hombre, una sociedad de explotados y explotadores.

 Eso es el reformismo, una firma de gobierno amortiguador, esto último ocurre en términos relativos, bajo expansión capitalista. 

 El reformismo es la expresión de los partidos o frentes de competencia y su mirada está en la administración del ESTADO de clase y nunca en su superación. Dejo este material escrito en febrero del 2020, india como hoy, en términos de fecha. Por una perspectiva de salida 

 ¿COMO Y CON QUE SE CONFORMA ESE ESLABÓN DEL CUAL TIRAR LA CADENA? 

 Se entiende que es desde la convicción, aceptación, defensa y desarrollo de las bases del socialismo científico, la economía política marxista, el materialismo histórico y dialéctico.

 Concepción del marxismo como filosofía de la praxis. 

 Posiciones sobre la cuestión nacional y el internacionalismo proletario. 

 La comprensión de los fenómenos como reflejo de la base material o estructura. Papel del Estado y de la superestructura 

 Distinción entre táctica (flexible, adaptable y múltiple) y estrategia.

 Clase obrera como sujeto social histórico y principal Necesidad humana e histórica de la revolución y de la toma del poder político. 

 Necesidad de los instrumentos y construcción de subjetividad.

 Frentes de masas y sindicatos como instrumentos imprescindibles de la lucha de la clase obrera. 

 Vigencia de los rasgos del imperialismo definidos por Lenin. 

 Sobre el imperialismo como estadio particular del capitalismo nos remitimos a las palabras de Lenin: "...pero el capitalismo se trocó en imperialismo cuando llegó a un grado determinado de desarrollo muy alto, cuando algunas de las características del capitalismo se convirtieron en su antítesis (…) Lo que hay de fundamental en este proceso, desde el punto de vista económico, es la sustitución de la libre competencia capitalista por los monopolios capitalistas. 

 La libre competencia es la característica fundamental del capitalismo y de la producción mercantil en general; el monopolio es todo lo contrario (…) (Lenin, El imperialismo: fase superior del capitalismo) Para quienes asumimos la ideología de la clase trabajadora (el materialismo histórico y dialéctico, con sus leyes y categorías de análisis) es preciso, para la búsqueda de la verdad científica, poner a prueba en la discusión ideológica, cuanto de acierto y error hay en la defensa de las ideas que se profesan, es decir, en el punto de vista de clase, en la ideología de la clase y el método.

 Llama la atención la actitud de muchos camarada o adherentes a los PC la poca o nula referencia a la ideología de la clase obrera, lo más llamativo es que los marxistas-leninistas utilizamos las categorías dialécticas para ubicar el fenómeno, el objeto, lo concreto y lo abstracto. 

 Las categorías “izquierda-derecha” es ajena al marxismo-leninismo en tanto la sociedad no está dividida en izquierda o derecha, diestra o siniestra, está dividida en clases sociales con intereses antagónicos e irreconciliables, tal contradicción surge en la “base” misma del MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA. 

 A CONTINUACION COLOCO ESTA RFLEXION DEL CAMARADA JEFE V.I.LENIN:

 «¡La unidad es una gran cosa y una gran consigna! Pero la clase obrera necesita la unidad de los marxistas y no la unidad de los marxistas con los enemigos y los falseadores del marxismo». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; Unidad, 1914)

 Esta reflexión del camarada jefe nos hace reafirmar los rasgos característicos de la sociedad capitalista tal cual fueron descriptos por los fundadores del materialismo histórico y la dialéctica materialista. 

 El desarrollo de las tendencias que descubrieron son hoy una realidad vigente en todo el planeta. 

 La extensión de la producción capitalista basada en el trabajo asalariado por sobre todas las formas anteriores de producción de la riqueza social. 

 Las capas intermedias, sin desaparecer, pierden peso ante la división de la sociedad en dos grandes campos (explotados y explotadores). Por sobre la gran heterogeneidad de las clases antagónicas se impone objetivamente la contradicción capital trabajo en el centro de los conflictos del reparto de la riqueza social. 

 Crece la masa de las ganancias capitalista, crece la productividad del trabajo y con esto el empobrecimiento relativo de los productores directos de la riqueza. 

 Inmensas cantidades de riquezas acumuladas en forma de capital, que periódicamente queda ocioso, no entra en funciones o se destruye

. Y por otra parte las crecientes masas de la población obligada a vender su fuerza de trabajo, por estar desprovista de otro medio de subsistencia. 

 El mundo de hoy plantea como virtuoso “el privilegio de ser explotado”. 

 La ausencia de comprensión del lugar que se ocupa en la producción es un aspecto central y debe colocarse en el primer lugar de la agenda de la clase obrera. 

 El desarrollo de los medios de producción y el rezago de las relaciones de producción pautan la época, las fuerzas productivas han alcanzado ya un nivel de desarrollo que coloca las condiciones objetivas para la revolución social. 

Claro está que no se reflejan directamente en mejores condiciones subjetivas. 

 El estado en que se encuentra el movimiento comunista Internacional - nacional, unido y en lucha la concepción reformista y la concepción revolucionaria en el seno de la clase obrera, muestra aún un "nudo" dialéctico. 

 Desde luego que tampoco se deben omitir las derrotas políticas que significaron los intentos de construir sociedades socialistas sin comprender cabalmente el tema del PODER y del ESTADO, procesos que terminan abriendo pasó a una contraofensiva reaccionaria en la mayoría de los casos. Este viene siendo el rasgo de la época que se presenta como el desafío cardinal.

 La encrucijada es la reafirmación de las ideas revolucionarias, es decir la IDEOLOGIA DEL PROLETARIADO o el hundimiento de millones de mujeres y hombres a condiciones infra humanas. Es por tanto la época del imperialismo y la necesidad de la revolución proletaria mundial. Analizar críticamente - autocriticamente de cara a las masas es un acto de responsabilidad política. 

 Hay que someter a la crítica nuestros fracasos y aciertos. 

Es tarea fundamental, aplicando el principio de lo general a lo particular, de la crítica y la autocrítica. Tiempo entonces de ofensiva, tiempo de ir generando una síntesis y por tanto superación dialéctica en CONTENIDO y en FORMA, esta última siempre se adapta al CONTENIDO.

 Nuevos auges de lucha de masas, levantamientos de la clase obrera y otros sectores potencial y concretamente condenados, abren cauce a una conducción y rumbo revolucionarios. 

Esto ocurrirá en la medida que se entienda que las masas están por el cambio.

 Todo este fenómeno desde la derrota del campo Socialista continúa hoy unido y en lucha con las variantes de los descoloridos reformismos. 

 Derramar ideología y el trabajo ordenado, planificado y consiente, para prepararse y ayudar dialécticamente (educando y aprendiendo de ella) a las masas.

 La responsabilidad es llevar claridad ideológica/política a las masas, esa es la CANTIDAD, la CALIDAD es la ideología y es tarea del “cuadro” llevarla al terreno de lo concreto. 

 Desde luego que el número pesa en la balanza cuando está unido por la asociación y guiado por el saber.

 De ello se deduce la responsabilidad de los cuadros, indagar en la ciencia social moderna (para los marxistas-leninista es el “materialismo histórico”, filosofía de la praxis”, etc.) y es hacerse del “saber científico”. 

 Considerar que en primer lugar el conocimiento de la realidad política a transformar tiene un momento empírico de conocer las formas de las luchas históricas y presentes de las masas, sus métodos más efectivos, su estado de ánimo, sus preocupaciones. 

 Enraizarse en la realidad de la lucha de clases, y está cómo práctica viva. Ese es el segundo aspecto, propagandear la orientación política en permanente intercambio y enriquecimiento con la realidad concreta para difundir el método de análisis.

 La organización debe estar inserta en las luchas de las masas. 

La unificación para la lucha en todos los niveles, en el más elemental de la lucha económica, sindical, gremial estudiantil, gremial agraria (en los países donde existe movimiento campesino, etc.), pero también para la lucha política. 

 Por lo tanto el asunto de la inserción de los cuadros (con Partido o sin él) y su trabajo entre las masas es un asunto central de los procesos de revolución social. 

Es una condición para el avance. 

 HOMBRES Y MUJERES DE LA RESISTENCIA

Osvaldo Zuñiga

Manifestaciones en Catalunya por la libertad de Pablo Hasél

Miles de personas en todas las ciudades del Estado Español reclaman la libertad del rapero Pablo Hasél, detenido el martes para cumplir condena por cantar y tuitear contra la monarquía y el régimen. En Catalunya, centro de las mayores movilizaciones, los manifestantes chocaron con la Guardia Civil, con un saldo de medio centenar de detenidos y numerosos heridos, algunos de gravedad. 

 Pablo Hasél, cuyo nombre es Pablo Rivadulla Duró, es un joven catalán de 32 años. En 2005 publicó su primer demo titulado “Esto no es el paraíso”. También ha publicado libros y poemarios. Su aparición en escena, junto con otra camada de artistas como Arma X, LaTecnika o Mentenguerra, han dado forma al rap político de España. Desde 2014 enfrenta diversas causas en su contra por el contenido de sus letras y la participación en varias actividades políticas. En sus letras no se salvan desde el fascista Vox hasta los “izquierdistas” de Podemos e Izquierda Unida (IU). 

 Hasél fue detenido el pasado martes 16 en la Universidad de Lleida (Catalunya), donde se parapetó junto a centenares de jóvenes para resistir su arresto. El rapero fue condenado a dos años de prisión e inhabilitado por seis años a ejercer cargos públicos, por los delitos de injurias y calumnias contra la corona y “enaltecimiento del terrorismo”. Este caso ha conmovido a un sector de la juventud. Un grupo de más de 200 artistas, entre ellos, Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat y Javier Bardem, firmaron un manifiesto defendiendo al artista. También Amnistía Internacional y otros organismos internacionales de Derechos Humanos se pronunciaron contra este atropello.

 Los problemas de Pablo Hasél con la justicia vienen de lejos. Su primera detención se produjo en 2011, después del lanzamiento de su tema “Democracia su puta madre” (“Mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía / Los dispararía uno a uno, sería oportuno algo mejoraría”), bajo la acusación de enaltecer a las GRAPO (Grupo de Resistencia Antifacista “Primero de Octubre”, creado en 1975).

 Persecución 

En los fundamentos de su veredicto condenatorio, la Audiencia Nacional se ampara en la Ley de Seguridad Pública, conocida como “Ley mordaza”, aprobada la presidencia de Rajoy (PP). Anteriormente, otro rapero, Valtonyc fue condenado bajo la misma carátula. El artista en este caso optó por exiliarse en Bélgica, cuyo gobierno rechazó un pedido de extradición “alegando que sus acciones no constituyen delito bajo la ley belga” (Infobae, 16/02). 

 La Audiencia Nacional cita los “antecedentes” de Hasél, incluyendo una causa abierta por “por su participación en el intento de asalto a la Subdelegación del Gobierno de Lleida el 25 de marzo de 2018, en los actos de protesta por la detención del expresidente prófugo Carles Puigdemont en Alemania” (El País, 16/02), una imputación por resistencia a la autoridad y otra causa, en suspenso, con una carátula similar por recriminar las ejecuciones de militantes de la ETA y el GRAPO, grupos nacionalistas considerados terroristas por el Estado Español. Como puede observarse, la mayoría de las causas en su contra son políticas. 

 Los partidos de gobierno -PSOE y Podemos- se encuentran divididos ante la sentencia. Pedro Sánchez ha manifestado que plantearía “una revisión de los delitos relacionados con excesos (SIC) en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas ´disuasorias´ y no de cárcel” . Mientras que sus socios exigirán en el Parlamento un indulto (Infobae, 16/02). 

 El Tribunal Supremo también alega que el artista es culpable de incitar al odio y ensalzar los actos terroristas a través de su cuenta de Twitter. Según la sentencia, en 64 tweets Hasél ´ensalza´ la figura de miembros pertenecientes a ETA. También precisa que, en 1.915 tweets suyos, aparecen palabras como ‘GRAPO’, ‘Borbón’, ‘Bomba’ o ‘terrorismo’, entre otras. Entre las canciones que lo ´incriminan´, la más conocida es “Juan Carlos, el Bobón”, en la que recorre la vida Juan Carlos I, asociándola a la corrupción, la defensa del régimen de Franco, la venta de armas a Arabia Saudi y llama a “que la revolución tome el palacio real” y vitorea “viva la república popular de la clase trabajadora”.

 Como él mismo ha declarado en varias ocasiones, Hasél no va a pedir el indulto. También ha rechazado una reducción de la pena a cambio del pago de una multa de 30 mil euros y se ha negado a presentarse voluntariamente a cumplir condena. Descarta seguir al exilio a su colega Valtonyc. Como dijo en una reciente rueda de prensa en Lleida: «si lo que buscan es silenciar el mensaje y que otros no lo reproduzcan, el hecho de que me encarcelen va a conseguir todo lo contrario y puede ser más provechoso para la causa que estar exiliado”. 

 Está en juego la misma monarquía, esta es la razón de la persecución al artista. 

 Mariano Busatto y Joaquín Antúnez

 18/02/2021

La segunda absolución del golpista Donald Trump

Demócratas y Republicanos pactan juicio exprés; Biden pide hablar de otro tema 

 El Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump por segunda vez de un juicio político, este sábado 13 de febrero. Si bien en este caso la mayoría de los votos fueron por la condena (50 demócratas y 7 republicanos), no llegaron a la mayoría especial de dos tercios establecidos para una condena. 

 Este desenlace llegó en el marco de un acuerdo bipartidario por un juicio exprés sin testigos, que ahorró una mayor diferenciación interna al Partido Republicano. Biden busca de esta manera ahorrar choques y cuestionamientos a los republicanos que son sus aliados parlamentarios, así como dar una señal de gobernabilidad política al gran capital, que no quiso un gobierno del fascista Trump, pero se opone al conflicto político que significaría un desmantelamiento de su movimiento reaccionario.

 Que se evite de esta manera la condena por “incitar a la insurrección” en relación al copamiento del capitolio de una columna armada convocada y arengada por Trump, marca un nuevo punto de decadencia y quiebra del sistema político del país imperialista. Trump llevó adelante estas acciones a la luz del día y con transmisión por streaming al mundo entero.

 La absolución no fue el resultado de un trabajo de su equipo de defensa, cuya ineptitud e inestabilidad fueron imposibles de esconder. Por momentos estos parecían estar haciendo tiempo. En otros, acusando a la izquierda de la responsabilidad por la violencia política e incluso, escandalosamente, por el propio intento de ocupación del Capitolio. Se centraron, de todas maneras, en la idea de la inconstitucionalidad de enjuiciar a un mandatario cuyo periodo de gobierno ya había terminado. 

 Tampoco incidió en el resultado que el viernes un diputado republicano, Jaime Herrera Beutler, haya dado a conocer una conversación del jefe de su bancada, Kevin McCarthy con Trump durante el copamiento del capitolio donde este declaró su simpatía con el intento de golpe. “Bueno, Kevin, se ve que esta gente está más angustiada por la elección que vos”, le espetó el entonces presidente. 

 El resultado no era inexorable. Los 43 senadores republicanos que impusieron la absolución están divididos entre un sector que mantiene una lealtad política directa a Trump y otro que ha roto políticamente con él pero no llegó al punto de votar una condena, preocupado por su futuro en un Partido Republicano que parece dominado electoralmente por el movimiento de apoyo a Trump. Esa débil unidad pudo ser preservada ateniéndose a los argumentos de inconstitucionalidad del proceso de juicio al ex mandatario. Mitch McConell, jefe de la bancada republicana del senado, combinó la absolución a Trump por argumentos técnicos con una declaración de que éste “hizo un abandono vergonzoso de sus tareas”, es “responsable moral y práctico” (de la toma del 6 de enero), que “quienes tomaron el edificio lo hacían de acuerdo a los deseos e instrucciones de su presidente”. 

 Lejos de poner esa contradicción a la luz y golpear ahí, llamando a un proceso de deliberación o movilización popular, el Partido Demócrata ha querido ahorrarse el choque con los republicanos y decidió acordar cerrar el proceso de impeachment sin convocar a ningún testigo. Cuando la querella demócrata logró hacer votar en el senado que se empiece a convocar testigos, los republicanos presentaron una lista de 100 testigos propios. En vez de seguir adelante, pactaron cerrar el proceso y pasar a la votación, que era cantado que daría lugar a una absolución. 

 La convocatoria a declarar a los republicanos que chocaron con Trump alrededor del intento golpista, desde su vice Mike Pence al propio McConell, o las autoridades republicanas de Georgia que hicieron públicas las amenazas sufridas por Trump para cambiar los resultados en su Estado, hubiera sin duda profundizado las grietas entre republicanos y desarrollado su crisis. Los demócratas han preferido evitar este proceso y dejar una constancia sin efectos concretos de un repudio suyo a la intentona trumpista. Objetivamente han colaborado para encubrir a los co-conspiradores de Trump, incluidos quienes desde las fuerzas de seguridad armaron la zona liberada que permitió el copamiento. 

 Pasemos a otra cosa, no quiero hablar de eso 

La acción de los trumpistas en el capitolio es una expresión de un movimiento de extrema derecha que se ha desarrollado con el apoyo de funcionarios estatales de ambos partidos, miembros de las fuerzas de seguridad y empresarios. 

Biden quiere lograr un acuerdo con muchos de ellos, que se apuran para alejarse de Trump en un momento que el futuro político de este no es claro. La gobernabilidad que pide Wall Street exige un cambio de política respecto al intento de un gobierno bonapartista de Trump, pero también un manto de amnistía implícita para todos los sectores de la burguesía que se embarcaron allí. Biden ha esquivado referirse al tema en entrevistas luego de la absolución. “Estoy cansado de hablar de Donald Trump”, declaró. La clase obrera y los oprimidos de Estados Unidos deben tener claro que, contra lo que quiera sugerir el actual presidente, la organización de grupos armados fascistas no es un problema que se evapora si deja de tener atención mediática. 

 Trump, por su lado, reaccionó con un ataque virulento contra McConell. Las secciones locales republicanas han sacado sendos comunicados atacando a los siete senadores que votaron por la condena, reafirmando el control del partido por Trump. 

 Se han lanzado, luego del sábado, una serie de distracciones para disimular el operativo de encubrimiento bipartidario puesto en marcha en Washington. Nancy Pelosi, la jefa de la cámara baja que dominó la táctica de la querella en el juicio político, ahora habla de una comisión investigadora especial con miembros de ambos partidos. Una versión devaluada de los procesos de estas semanas, que llegará a los mismos resultados. Se trata nada menos que de un pacto de impunidad. 

 Hay algunas querellas privadas presentadas por un diputado demócrata, Bennie Thompson, contra Trump, su abogado Rudolph Giuliani y algunos militantes derechistas. Fiscales federales también han presentado acusaciones contra miembros de los Proud Boys, uno de los grupos de choque trumpistas. 

 La idea de que sea la justicia la encargada de desmantelar a los movimiento fascistoides tiene que ser señalada a todos los movimientos de lucha por los trabajadores, la juventud, las mujeres, la población negra y latinoamericana y la comunidad LGBTI como un camino sin salida. Es necesaria una política de frente único para derrotar a los fascistas en las calles y la conformación de comisiones de investigación independientes constituidas por las organizaciones populares para imponer la destitución y el encarcelamiento de cada policía, funcionario y empresario culpable de colaborar y promover a las organizaciones fascistas, racistas y reaccionarias. Aplastar a la reacción en cada lugar que levanta cabeza está en el interés de los trabajadores del mundo entero. 

 Guillermo Kane

Como firmar contra la LUC

La Guerra del Pacífico: cuando Bolivia perdió la salida al mar

Regimiento Santiago 5º de línea. Campamento de Antofagasta. 1879 

 Hace 142 años tuvo lugar el conflicto armado que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. Pero hubo otros dos contendientes en esta guerra: Estados Unidos e Inglaterra, disputándose una entrada estratégica a nuestro continente. 

 La Guerra del Pacífico tuvo comienzo el 14 de febrero de 1879, día en que Chile invadió la región de Antofagasta, que era territorio boliviano para ese entonces. Antes de adentrarnos en el conflicto es importante tener presente un hecho histórico de gran trascendencia: la primera crisis capitalista de 1873. Esta se inició como un crack bancario en Europa y luego golpeó a Estados Unidos, hasta que finalmente estalló a nivel internacional como reflejo de la expansión del capitalismo a nivel mundial. Por ejemplo, llevó a la bancarrota a economías como la del Imperio Otomano (actuales Turquía y Egipto) y la del Perú, el país más endeudado de América Latina por aquellos años. 

 Sin embargo, la economía más afectada por esta crisis y en nuestro continente fue la chilena. La crisis de 1873 trajo aparejada la caída abrupta de los precios de las materias primas exportadas por Chile: cobre, plata y trigo. Hasta la década de 1870, Chile acaparaba el 43,6% de la producción mundial de cobre. Respecto de la plata, no solo bajaron los precios sino también las exportaciones. Por un lado, porque la plata dejó de utilizarse como moneda circulante en varias naciones europeas y por otro, debido al hallazgo de minas de plata en el oeste de Estados Unidos. A la crisis minera le siguió una crisis agrícola desde 1874, cuando el valor del trigo en el mercado mundial se redujo un 50%, ya que competía con el mercado en expansión del trigo estadounidense. Como vemos la economía chilena llegará a 1879 con una gran contracción y recesión económica. 

 Si bien se ha esgrimido en reiteradas ocasiones, y desde diversos enfoques y visiones historiográficas, que las causas de la guerra fueron por un lado que Bolivia había roto el tratado limítrofe de 1874 y los acuerdos comerciales que había firmado con Chile y por otro, la alianza de defensa mutua que había entre Bolivia y Perú desde 1873, veremos que fueron otros los intereses en juego que, en ese contexto de crisis económica, llevaron a una guerra de rapiña por parte de las burguesías de estos países. Vayamos por partes. 

 Fronteras de Bolivia, Chile y el Perú antes de la Guerra del Pacífico. 

Chile y Bolivia 

El tratado convenido entre Chile y Bolivia de 1874 era un tratado de límites, como otros en discusión, ya que todavía no estaban claras las fronteras de varios Estados. En términos económicos a lo largo de la década del ’60 la demanda minera había ido en aumento, en el caso de Bolivia concentrada en el altiplano. Los yacimientos de Antofagasta quedaron bajo explotación mayoritaria de empresas y capitales peruanos y chilenos. Fue el caso de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (de capitales chilenos y británicos) que firmó un acuerdo con el gobierno de Bolivia, donde este último se comprometía a no cobrar gravámenes sobre las personas, las empresas ni lo bienes exportados, por un total de 25 años. Cuando hacia 1878 la recesión económica estalló, la burguesía boliviana desconoció el acuerdo. Le impuso a la Compañía de Salitres un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que se exportara del territorio boliviano. La Compañía de Salitres o Nitrates and Railway Company of Antofagasta, por si les gusta el inglés, se negó a pagar y el gobierno de Bolivia el 14 de febrero de 1879 decidió embargar dicha compañía. La flota de guerra chilena, que ya hacía dos días estaba cerca, sólo precisaba la orden de la patronal chilena para invadir Antofagasta.

 La alianza boliviano-peruana o cómo controlar el salitre andino 

En las regiones de Antofagasta, el desierto de Atacama (territorios de Bolivia), Iquique y Camarones (territorios de Perú), se concentraban las mayores reservas de salitre, que en aquella época era utilizado como fertilizante y para elaborar explosivos, entre otros usos. Junto con el guano (otro fertilizante) constituían las principales exportaciones de Bolivia y Perú, materias primas a través de las cuales lograron insertarse en el mercado mundial. 

 Acerca de la alianza entre Perú y Bolivia, cierto es que las clases dominantes de ambos países firmaron un tratado de defensa mutua en 1873 para proteger sus intereses salitreros. La burguesía chilena no era la inversionista mayoritaria de tales empresas pero sí tenía bancos a su disposición en busca de crédito y el puerto de Valparaíso era paso obligado para todas las exportaciones de los tres países que fueron a la guerra. Tanto así que, según Luis Vitale, los europeos pensaban que el salitre era de origen chileno, no peruano ni boliviano. Bolivia y Perú (el país más endeudado de América, como dijimos), no podían competir en ninguno de estos planos. Por tal motivo, las burguesías andinas decidieron unirse para salvaguardar sus intereses. Claramente fue una gran señal de peligro para los empresarios chilenos y los capitalistas británicos.

 Las relaciones entre Chile y Perú 

Bajo la presidencia del peruano Manuel Pardo se estableció en enero de 1873 un decreto que obligaba a los productores a vender su producción de salitre al Estado, para romper el monopolio concentrado en manos del empresariado chileno. Esta iniciativa fue boicoteada, no informando los números reales de la producción, provocando que en mayo de 1875 el mismo presidente decretara la nacionalización de todas las salitreras y prohibió la adjudicación de estas tierras por parte de particulares. Además se autorizó al poder ejecutivo de Perú a contraer deuda para indemnizar a los que serían expropiados. Como bien remarcó el historiador marxista chileno Luis Vitale, aunque no fue una nacionalización total, ya que los antiguos dueños expropiados seguían al frente de las salitreras, fue una medida audaz para la época. Otra medida en sintonía con la anterior, fue la del general Mariano Ignacio Prado (como presidente constitucional) en marzo de 1878, que propuso comprar todas las salitreras en un plazo de 40 días. De este modo varias casas salitreras de capitales ingleses, aprovecharon para vender sus instalaciones por el triple del valor real o terrenos que no eran de su propiedad. 

 No queremos entrar en el debate acerca de los límites y alcances de estas políticas, queremos remarcar que los gobiernos de los peruanos Pardo y Prado, en representación de su burguesía, intentaron enfrentar la avanzada de la burguesía chilena. Presionar al gobierno chileno a que declare la guerra fue sencillo ya que entre los accionistas de la Compañia de Salitres había miembros del propio gobierno, de las Fuerzas Armadas, el parlamento y la justicia chilenas. Estos roces y enfrentamientos de intereses culminaron en abril de 1879, con la declaración de guerra de Chile a Perú. 

 Como fuimos detallando, estaba en disputa el control de las zonas salitreras, las provincias de Antofagasta y Tarapacá. Por tal motivo, como sugirió Vitale, ésta guerra debería denominarse “la Guerra del Salitre”. 

 Las potencias imperialistas no pierden su oportunidad

 De los tres países que fueron a la guerra, solo Chile era el más pertrechado para tal fin. Bolivia atravesaba su propia crisis producto de la recesión mundial descripta al comienzo, con lo cual no contaba con recursos para guerrear. Entonces todo quedó en manos de la armada de Perú que fue envalentonada por Estados Unidos. La potencia de América del Norte apoyó a las burguesías de Perú y Bolivia desde el comienzo a través de la venta de armas. Esta actitud no era “por amor a la democracia y la libertad” como dijeran, sino porque apoyando a Perú y haciendo de mediador Estados Unidos veía la posibilidad de aumentar su influencia en la zona del Pacífico y de hacerse un nuevo mercado. Para 1882, la burguesía estadounidense se dio cuenta de que Perú no ganaría la guerra, más bien al contrario, y pasó del apoyo abierto a aquel país y la ofensiva contra Chile a un rol más pacifista.

 Inglaterra apoyó a Chile. La guerra era la perfecta ocasión para recuperar sus empresas expropiadas y consolidar su injerencia en la región. El parlamento chileno les dio garantías a los capitalistas británicos de que sus derechos sobre las salitreras, si ganaban ellos, no serían tocados. Era la garantía que necesitaba Gran Bretaña para seguir invirtiendo y ayudar a Chile en la victoria. Y así fue en forma de buques, lanchas y armas provenientes de la isla británica. Las primeras victorias de Chile, le dieron la razón a los capitales ingleses y el ímpetu para seguir invirtiendo. Inglaterra no invirtió para que conquistaran Perú, invirtió y acompañó para hacerse del control del salitre. Vistas así las cosas, el imperialismo británico fue el gran ganador de la guerra.

 La paz necesaria para mantener la propiedad privada 

Si bien el ejército de Chile estaba en mejores condiciones que sus contrincantes, fronteras adentro no todo eran victorias, al contrario. Los mapuches aprovecharon la gran leva de soldados que partían hacia Perú, para dar un último gran golpe al Estado chileno en pos de recuperar sus tierras. Los mapuches acosaban las fronteras de Chile, Bolivia ya no resistía más y el ejército y finanzas de Perú se encontraron muy desgastados. Poner fin al conflicto y las concesiones eran forzosamente irresistibles; al fin y al cabo todos los implicados en la guerra defendían la propiedad privada. 

 La burguesía chilena logró sus objetivos: en 1883 firmó un acuerdo con Perú, por el cual este cedía la provincia de Tarapacá y Arica y, en 1884 con Bolivia que le concedió la provincia de Antofagasta. Así Bolivia nunca más vería el Océano Pacifico. Estados Unidos no logró en esta ocasión ampliar su influencia en el Pacifico, pero Inglaterra si: “Los ingleses que en 1875 sólo tenían el 15% de las estacas salitreras en explotación pasaron en 1882 a controlar el 34%. Ocho años más tarde (1890, un año después de la guerra), el 70% de las oficinas salitreras habían pasado a manos del imperialismo inglés”. [1]

 Nadia Petrovskaia 

 Domingo 14 de febrero | 14:00 

 1] Luis Vitale, Una interpretación marxista de la historia de Chile, pág. 105.