El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública.
Trump festeja con Paz Pereira
La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.
El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.
Avanzada penal
En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales.
Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple.
Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba).
Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado.
Desabastecimiento
La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).
El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06).
Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).
Devaluación
Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano.
Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.
Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio.
Julio Quintana
27/06/2026
