CON FILO | Ni paz zanjonera ni república plattista

Seis décadas de asedio: el arsenal de maldad contra Cuba

El 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, con la cual oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.

 Como agoreros del inframundo, Donald Trump y su camarilla lanzan mensajes de desolación y muerte contra el pueblo cubano. La Orden Ejecutiva del 29 de enero dictada por el mandatario exhala esos aires; para los émulos de Tánatos, el objetivo es claro: convertir a Cuba en una Numancia moderna.

 Para la Isla, este asedio no es nuevo. Convencidos del apoyo mayoritario del pueblo a la Revolución, desde sus albores Estados Unidos se dio a la tarea de socavar los cimientos del nuevo poder e inducir la rebelión.

 La estrategia ha sido invariable: debilitar la vida económica para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno. Una política fríamente concebida para sumir al pueblo cubano en la miseria. Así, el 6 de abril de 1960, el memorándum de Lester D. Mallory, entonces vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, definió el alma de esta guerra. 

 Poco después, en junio de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz compareció ante la televisión cubana para denunciar que, por instrucciones de Washington, las compañías extranjeras pretendían boicotear el procesamiento de petróleo. 

 La reducción del suministro de combustible, el rechazo a refinar crudo soviético y la eliminación de la cuota azucarera fueron solo el preámbulo de lo que se convertiría en el genocidio más prolongado de la historia. El 7 de febrero de 1962, entró en vigor la Orden Ejecutiva 3447, firmada por el presidente John F. Kennedy el día 3, que oficializó el bloqueo invocando la «Ley de Comercio con el Enemigo» de 1917. 

 Aquello era solo el inicio. Al repasar la historia de esta guerra unilateral, parece que el arsenal de maldad de Washington es inagotable. Administración tras administración, se perfeccionaron los mecanismos de coerción y cerco: de las 32 tareas de la «Operación Mangosta» –el vasto plan terrorista diseñado tras la derrota en Playa Girón–, 15 estaban dirigidas específicamente contra la economía de la Isla.

 De la frustración, la soberbia y el odio nacieron leyes como la Torricelli y la Helms-Burton, o el Plan Bush, que las reforzó. Durante su primer gobierno Trump dictó más de 243 medidas hostiles, una política a la que Joe Biden dio continuidad a pesar de sus promesas electorales. 

 Ahora, la Casa Blanca se propuso llevar la agresión a la economía y la vida de la nación a una perfección quirúrgica, pretendieron no dejar espacio sin cerrar; pero no es tan fácil vencer a los cubanos, una frase reciente del mandatario estadounidense lo dice todo: «La única opción que queda es entrar y destruir Cuba».

 Durante más de seis décadas de guerra económica impuesta por la potencia más grande del mundo, el proyecto cubano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, cosechando conquistas en todos los ámbitos que desafían la lógica del asedio.

 Raúl Antonio Capote 

 Granma

69 años del primer número de El Popular

Hoy, 1 de febrero, se cumplen 69 años de la salida del primer número del diario El Popular. Precisamente, un 1 de febrero de 1957, comenzó una verdadera epopeya de comunicación, periodismo comprometido, coherencia y dignidad, que hoy llega a los 69 años.

 Este lunes 2 de febrero a las 18 horas, la Asociación de ex Trabajadores del diario El Popular 1957-1973, convoca a un acto homenaje en la puerta de la histórica primera imprenta, ubicada en la calle Justicia entre Miguelete y Lima. 

 Como ya hemos escrito, El Popular, continuador del histórico diario Justicia, surge a partir de una resolución del XVI Congreso del PCU, en el marco de lo que Rodney Arismendi definió como “una línea unitaria y de masas”. Luis Mendiola, distribuidor de El Popular en Montevideo, luego asesinado en la 20, definía a El Popular como: “El cañón de largo alcance del pueblo”.

 Desde su primer número tuvo el lema artiguista que se mantiene hasta hoy: “No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad”. Los directores de esa primera edición fueron Enrique Rodríguez, César Reyes Daglio y Eduardo Viera. 

 El Popular desarrolló un periodismo comprometido, de cobertura de las luchas obreras y populares, de solidaridad internacionalista y antimperialista. Inauguró en la prensa uruguaya la práctica de los suplementos, sindical, internacional, juvenil y uno muy especial, el primer suplemento para niños, Churrinche.

 El Popular jugó un papel enorme para apoyar y construir la unidad de la clase obrera en la CNT y de la izquierda, primero en el FIDEL y luego en el Frente Amplio. También en la solidaridad internacionalista, con Vietnam, con Cuba, con Palestina, con las luchas de liberación en nuestro continente y en África, con la difusión de la construcción del socialismo y sus avances.

 Por todo eso fue duramente perseguido, censurado y clausurado en múltiples oportunidades, de hecho, es uno de los medios de comunicación que más clausuras ha sufrido en la historia.

 El 9 de julio de 1973, en medio de la Huelga General que enfrentó el golpe de Estado, de la cual fue el vocero principal, el fascismo asaltó su redacción y sus trabajadores fueron apaleados y encarcelados, fue clausurado definitivamente en noviembre de 1973. Todos sus trabajadores y trabajadoras fueron perseguidos, muchos encarcelados y torturados. Norma Cedrés, asesinada en prisión y Juan Manuel Brieba aún desaparecido, son dos trabajadores de El Popular, mártires de nuestro pueblo en la lucha por la libertad, la democracia y la emancipación social.

 Su prédica obrera y combativa se continuó en Carta y Liberarce clandestinos y al final de la dictadura en Cinco Días, clausurado y La Hora, luego en el semanario El Popular, Carta Popular y de nuevo, a partir de 2008, en el semanario El Popular. 

 El Popular, febrero 1, 2026

Cuba, la irreverente «amenaza»

Desde la Casa Blanca, este 29 de enero, el presidente Donald Trump decretó una emergencia nacional sobre Cuba, a la que declaró como «amenaza inusual y extraordinaria para la Seguridad Nacional y la política exterior de Estados Unidos», al mismo país al que bloquean por más de seis décadas. 

 Aunque quieren hacerla ver como una medida de seguridad, de lo que se trata es del uso de la presión como herramienta geopolítica y de desestabilización. Pretende, entre sus fines, castigar colectivamente al pueblo cubano por su firme decisión de elegir el camino de la soberanía y el derecho a la autodeterminación, al que no renunciará. 

 Así, entra hoy en vigor la Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, con la cual declara emergencia nacional en ese país, dado que –alega el documento lleno de falacias– Cuba posee en «su territorio sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos», y sostiene relaciones con «países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversarios» de la nación norteña. 

 El Gobierno de Estados Unidos vuelve a mentir, como lo hace sistemáticamente. Bien conoce que Cuba no alberga terroristas, no da refugio a organizaciones terroristas, no tortura a supuestos opositores y no coopera en forma ilegal con ningún país. Es en ese territorio donde sí han encontrado amparo asesinos como Luis Posada Carriles, responsable del crimen del avión de Barbados, y otros que aún se pasean por las calles de Miami. 

 Con el «deber imperativo de proteger» a EE. UU., el mandatario republicano anunció que impondrá nuevos aranceles «a las importaciones de mercancías provenientes de un país extranjero que venda o suministre, directa o indirectamente, petróleo a Cuba». Con ello se golpeará un actor transversal de la economía nacional.

 Luego, las consecuencias no solo afectarán al Gobierno, sino que incidirán directamente en el bienestar de la población y en todos los sectores.

 La medida constituye un acto de genocidio económico disfrazado de seguridad nacional. EE. UU. no puede imponer su voluntad por la fuerza, y el mundo tendrá que decidir de qué lado está la razón y si aprueba o rechaza la ignominia. 

 Habla la Orden Ejecutiva de Trump sobre violaciones de derechos humanos, represión y desestabilización regional en la Mayor de las Antillas. Lo que no dice es que, la medida extraterritorial sobre la que pesa su rúbrica, bien cumple los parámetros para calificar dentro de esos mismos elementos, además de causar sufrimiento humano y afectar la vida de millones de personas.

 Insiste la administración de EE. UU. en que la nación caribeña apoya el narcotráfico, aun cuando nuestro el país no constituye destino, tránsito ni almacén de drogas, como resultado de la voluntad de sostener una política de tolerancia cero.

 La ejecutoria de la Isla en el enfrentamiento al terrorismo y al narcotráfico en el continente es de larga data y muestra resultados concretos, cooperando con el propio Estados Unidos en la lucha contra las drogas y la delincuencia. La Orden Ejecutiva lo ignora. 

 Sin embargo, se sabe que Cuba, por su ubicación geográfica, está insertada en una de las rutas internacionales más activas del narcotráfico, que conecta las zonas de producción en Sudamérica con el principal mercado consumidor en Estados Unidos, dijo recientemente a la prensa el primer coronel Yvey Daniel Carballo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint.

 Entonces, ¿es Cuba –libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad humana– una amenaza para la Seguridad Nacional de EE. UU. o para el desarrollo de sus intereses hegemónicos, expansionistas y de sostenimiento de la grave crisis sanitaria generada por el fentanilo puertas adentro?

 El pueblo cubano, de estirpe martiana, conoce las entrañas del monstruo y sabe descifrar sus mentiras. No se dejará engañar. Ha soportado casi 70 años de bloqueo genocida y ha sabido resistir de forma estoica, sin renunciar a sus principios, todas las agresiones del imperio. Esta vez no será diferente.

 Laura Mercedes Giráldez 

Granma, 

 enero 30, 2026

Boicot al bloqueo a Cuba

Bolivia: Rodrigo Paz mantiene la iniciativa política y busca ilegalizar los bloqueos de carreteras y calles

Después de una gran lucha de los explotados bolivianos contra el decreto supremo 5503, que se extendió durante varias semanas con grandes movilizaciones y más de 65 bloqueos permanentes de las principales rutas del país, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha considerado oportuno que la asamblea nacional boliviana de a luz una ley antibloqueos. 

 En este momento existen alrededor de cinco proyectos con ese fin en el fragmentado congreso boliviano, por lo que el Senado ha creado una comisión “integral” para unificarlos y darle un tratamiento exprés. Si bien el Código Penal ya establece penas contra los piquetes y la presencia de dinamita en los mismos, no establece al bloqueo como delito, uno de los objetivos centrales del gobierno. Además, se busca subir las penas que ahora podrán ir desde tres a 20 años de prisión, imponer resarcimientos económicos a quienes se consideren afectados; y liberar de responsabilidades penales a las fuerzas represivas que actúen en los despejes.

 Maniobras

 La intentona fue rechazada por la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari (CSUTCB) junto a otras organizaciones sindicales y campesinas, pero hasta el momento ninguna ha decretado una medida de fuerza o paro de advertencia sino apenas un estado de alerta, sin abandonar su predisposición al “diálogo” con el gobierno. Paz Pereira no descarta poder tener su aval, como ya sucedió con los decretos que han impuesto el gasolinazo y otras medidas reaccionarias. El viceministro de Cooperativas, Pánfilo Marca, proveniente del sector de las cooperativas mineras, ha declarado “injusta” una ley antibloqueos (Visión 360, 20/1).

 El vicepresidente Edmand Lara, a través de sus redes sociales, denunció la iniciativa como una “trampa” que busca perseguir a opositores y reforzar la tendencia al gobierno por decreto por parte de Paz Pereira. Las relaciones entre uno y otro se encuentran totalmente rotas después de la exclusión del vicepresidente en el armado del gabinete y de la salida del decreto 5515, que habilita al presidente a seguir gobernando estando fuera del país, mediante vías tecnológicas. 

 Se han presentado distintas maniobras para hacer pasar la ley. El autor de uno de los proyectos, Carlos Alarcón, diputado de la alianza Unidad (un conglomerado derechista), ha propuesto la realización de un referéndum o consulta popular antes de su promulgación por el Ejecutivo (El Deber, 21/1). Paz ha instruido al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, del partido Demócrata Cristiano, a convocar “a todas las organizaciones sociales para socializar el proyecto, una vez que surja un dictamen único” (Ídem). 

 El MAS, ausente 

Ante este debate, nuevamente los restos del MAS no tienen protagonismo alguno. Evo Morales, que se encontraba desaparecido de la escena pública en las últimas tres semanas por encontrarse con dengue, dio un reportaje a TeleSUR denunciando la imposición de un “régimen autoritario” por parte de Paz Pereira por haber eliminado de la grilla estatal los canales RT y TeleSUR, pero sin decir una palabra sobre la ley antibloqueo u otros temas de choque entre las masas y el gobierno (TeleSURtv.net, 21/1). La ausencia de Evo Morales del escenario público alimentó los rumores de una posible fuga del país, como ya pasó con el ex presidente Arce y otros funcionarios del gobierno del MAS. Esto fue desmentido por sus allegados, quienes mantienen en el trópico de Cochabamba una guardia para evitar un intento de arresto, que habría sido exigido por el departamento de Estado norteamericano después de la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Los lazos entre la Justicia boliviana y el imperialismo yanqui crecen día a día. El martes pasado, la sala plena del Consejo de la Magistratura sostuvo una reunión con la asesora de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para establecer “mecanismos de cooperación” entre ambos (La Razón, 21/1). 

 Guerra contra los trabajadores bolivianos 

Rodrigo Paz Pereira ha tomado nota de la necesidad de liquidar las respuestas de lucha de la clase obrera y los explotados bolivianos, después de que éstas le impusieron la abrogación de su decreto 5503 y por eso intenta ilegalizar los bloqueos, encarcelar manifestantes y dar la impunidad necesaria para ello a las fuerzas represivas. El quiebre de las luchas sociales es exigido por el gran capital extranjero en nombre de la seguridad jurídica para invertir y por los organismos multilaterales como el BID y el BM, que ya han aprobado una línea de créditos de hasta 8 mil millones de dólares con el condicionamiento de que no se destinen ni a gastos corrientes ni a la importación de hidrocarburos. 

 Paz Pereira tiene en vistas un ajustazo del 30% sobre el gasto en salarios estatales para reducir el “déficit fiscal”, en nombre de “planillas” e “ítems” “irregulares” (Opinión, 20/1), justo en el momento en que trabajadores de la salud se encuentran en un plan de paros intermitentes y la federación de Maestros Urbanos de La PAZ inicia una lucha por un salario equivalente al salario mínimo recientemente establecido en 3.300 pesos bolivianos. Por otro lado, insistirá, ahora por medio de proyectos parlamentarios, en su intento de avanzar en la explotación litera e hidrocarburífera por parte de capitalistas internacionales, mediante la eliminación de las consultas previas y la aprobación de la asamblea boliviana. 

 Paz Pereira asumió hace menos de dos meses prometiendo un rápido crecimiento económico, el fin del desabastecimiento de divisas e hidrocarburos y la drástica reducción del déficit fiscal y la inflación en tan solo tres meses. Por lo pronto, su gasolinazo ha oficiado como un acicate de la inflación y el desabastecimiento, que sólo en el 2025 ha reducido en un 50 % el valor adquisitivo de los ingresos de los trabajadores bolivianos, lo que ha llevado la pobreza por arriba del 40%, y la indigencia por arriba del 11%. Los grandes especuladores con la escasez de combustible y divisas -que incluyen a empresarios expendedores, bancos y sojeros- han encontrado nuevas formas de enriquecimiento con la medida del gobierno, mientras las masas sufren la carestía desatada.

 Julio Quintana

 22/01/2026

La única amenaza contra la paz en la región la ejerce el Gobierno de Estados Unidos

El Canciller cubano denunció el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, que ahora el Gobierno de Estados Unidos pretende someter a condiciones de vida extremas El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó «en los términos más firmes», mediante una publicación en X, la nueva escalada del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

 «Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país».

 «Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EE. UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia». 

 Rodríguez Parrilla expresó, además, que la Casa Blanca «recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio». 

 En ese sentido, denunció ante el mundo el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación, y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas, remarcó.

 Redacción Internacional | internacionales@granma.cu

 30 de enero de 2026 00:01:43

Trump desplaza una armada al Golfo Pérsico para desatar una guerra contra Irán

Un revólver en la cabeza para imponer otro protectorado “de facto” en el Medio Oriente. Donald Trump no juega sus cartas imperialistas en forma inconexa. Desde la tribuna del Foro Económico Mundial de Davos, que dedicó a promover la anexión de Groenlandia e incluso Canadá, anunció el despliegue de lo que denominó una Armada para sitiar a la República Islámica de Irán y amenazarla con una guerra de aniquilación. De acuerdo al Wall Street Journal (22/1), el asaltante de caminos que gobierna Estados Unidos habría reclamado al Pentágono que le acercara opciones “decisivas”. Ya se producido, por de pronto, el desembarco de una flota de aviones de combate F15E en Jordania – desde donde el año pasado se activaron radares y misiles antiaéreos para neutralizar a los misiles que disparó Irán contra un ataque combinado de Israel y Estados Unidos. El portaviones Abraham Lincoln se está desplazando del Indopacífico hacia el golfo Pérsico, transportando un grupo de bombardeo que incluye los F35 y aviones de interferencia electrónica. En cuanto a la defensa antiaérea, el despliegue incorpora a los misiles Patriot y Thaad. La operación, de mucha mayor envergadura, sigue el lineamiento del bloqueo a Venezuela por medio de una Armada en el Caribe. 

 El pretexto para esta operación ha sido la represión a balazos del levantamiento popular que tuvo lugar en Irán como consecuencia de una devaluación de la moneda, el rial, y una disparada hiperinflacionaria de precios (una tendencia a la rebelión popular que se ha reanudado desde principios de siglo). Viniendo del asaltante de Venezuela y del represor a tiros en Minnesota y su capital Minneapólis, la excusa no vale la saliva usada para proferir la amenaza. El imperialismo norteamericano, en realidad, se encuentra en la tarea de reorganizar enteramente el Medio Oriente, como lo demuestra el abandono de las milicias kurdas en Siria al ataque del gobierno del ex ‘jihadista’ Al Golani, un agente del turco Erdogan –en la misma línea del desplazamiento de Corina Machado en favor de los hermanos Rodríguez en Venezuela-. Las milicias kurdas ocupaban ambas orillas del Éufrates, el corazón petrolero de Siria. Lo mismo vale para la designación de la “Junta de Paz” (cuota de ingreso mil millones de dólares) que ha inventado Trump para montar un Protectorado en las costas de Gaza –un fenomenal espacio turístico acompañado de importantes yacimientos de gas-. La tarea de Trump es aún muy ardua, porque tanto Turquía como Israel disputan los despojos del precedente orden mesoriental.

 La guerra contra Irán no será un equivalente al secuestro de Maduro, pero guarda cierta relación. Para el WSJ, “no habría fuerza política en el terreno ni en el horizonte capaz de reemplazar al régimen, mucho menos estabilizar la situación. ¿Quién ejercería el control policial de las calles? ¿Quién aseguraría el control de las armas de guerra y de las instalaciones militares y nucleares? ¿Quién patrullaría las fronteras con Irak y Afganistán? ¿Los que están protestando, acaso?”. Hay algo más, sin embargo, que el WSJ no aborda: la cuestión de la defensa de Israel frente a una represalia iraní, cuando el estado sionista ha agotado las reservas de interceptores de misiles de su ‘cúpula de hierro’ en la guerra de 12 días de junio pasado. Trump se encuentra sondeando un frente político regional para bancar una guerra. Los estados árabes le han dicho que quieren quedar afuera y, según el diario israelí Haaretz, Netanyahu también. “Una confrontación generalizada será ciertamente feroz y se arrastrará en el tiempo y atrapará a la región”, advierte el diario neoyorquino. Aunque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, se jactó en Davos de que “nosotros logramos colapsar la economía (de Irán)” que presentó como “una operación política profesional (“statecraft”), Trump reivindicó “las guerras en las que no nos metemos”, y su secretario de Guerra, Peter Hegseth advirtió contra “distraerse en una construcción democrática intervencionista, guerras indefinidas, cambio de régimen”. Un “cambio de régimen” significa poner tropas en el terreno.

 Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, amenazó con represalias contra las bases militares de Estados Unidos en países vecinos. Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en una columna de opinión del WSJ: “A diferencia de la contención que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas fuerzas armadas no tendrán consideración para responder con todo lo que tenemos si se producen renovados ataques” (Haaretz, 21/1). El mismo Araghchi reafirmó, no obstante que Irán está dispuesta a negociar el programa nuclear, sin condiciones previas. Ha dicho, asimismo, que “el canal de comunicación entre él y Steve Witkoff, un emisario todo terreno de Trump (en las guerras de Ucrania y Gaza), ha permanecido abierto todo el tiempo. Marco Rubio, el secretario de Estado, hace lo mismo a través de Arabia Saudita, que ha llegado a una suerte de coexistencia con Irán, bajo la presión de su retroceso en Yemen. A la cuestión nuclear se añade la petrolera, que Trump querrá poner bajo cierta tutela de Estados Unidos. 

 El rol ‘negociador’ del chavismo residual en Venezuela sólo lo podría jugar en Irán la Guardia Islámica Revolucionaria, un estado dentro del estado, a ese punto llega su control de la industria y el petróleo. Para algunos observadores, una salida acordada a la amenaza militar de Trump y a una guerra preservaría la posición de la Guardia en el aparato estatal. Estas son las guerras que Trump impulsa sin querer meterse en ellas, según lo repiten él y sus voceros. Un reforzamiento de la tutela del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente acentuaría la vulnerabilidad de los imperialismos de Europa ante la embestida de Trump y el acaparamiento del “hemisferio occidental’ por parte de la oligarquía estadounidense.

 No importa lo que diga Trump, todos estos asedios, asaltos, golpes armados, sometimientos nacionales son las condiciones que quiere reunir el imperialismo norteamericano para ganar la guerra mundial que se encuentra en desarrollo. La prensa china (SCMP, 22/1) ha destacado que “China no ha condenado las amenazas a Irán”, como respuesta a las intensas presiones de Estados Unidos. La derrota del imperialismo norteamericano será impuesta en las calles y lugares de trabajo de Minneapólis, Los Ángeles, Detroit o Nueva York, y mediante la lucha de clases internacional. 

 Jorge Altamira 

 24/01/2026

Violencia en las manifestaciones, centros de detención y deportaciones en masa

Este sábado se produjo un nuevo crimen a manos del ICE en Minneápolis: la impactante ejecución de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, abatido a tiros por agentes federales durante una intervención policial en Minneapolis.

 Ciudadano norteamericano, Pretti trabajaba en cuidados intensivos para Veteranos y participaba en protestas contra la violencia migratoria. Fue baleado cuando filmaba y ayudaba a otra persona afectada por gases lacrimógenos durante una manifestación. Testimonios y videos contradicen la versión oficial que intenta justificar el uso de fuerza letal alegando una amenaza activa. Fue asesinado de varios disparos. 

 Esta es la segunda muerte por acción de agentes federales en la ciudad en menos de un mes, tras el homicidio de Renée Nicole Macklin Good el 7 de enero de 2026, también por parte de un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ese hecho provocó una ola de protestas y movilizaciones populares en Minneapolis, que alcanzó su punto culminante el viernes 23 de enero, cuando miles de trabajadores, estudiantes y residentes llevaron adelante una huelga general bajo el lema “No work, no school, no shopping” -“No trabajar, no ir escuela, boicotear el comercio”-, exigiendo el fin de las redadas y la retirada de las fuerzas federales del Estado de Minnesota. 

 La huelga, inédita por su naturaleza política, implicó el cierre solidario de negocios y marchas multitudinarias pese al intenso frío invernal.

 La muerte de Pretti se inscribe en un contexto más amplio de muertes, detenciones y deportaciones intensificadas en los últimos años. Las cifras oficiales y documentadas muestran que el número de muertes en centros de detención migratoria ha alcanzado niveles alarmantes. En 2025, hubo al menos 30 muertes en custodia, el nivel más alto en dos décadas, según datos de ICE, que incluyen fallecimientos por diversas causas, a menudo en condiciones sospechosas respecto del trato recibido por las personas detenidas. 

 En los primeros días de enero de 2026, al menos cuatro inmigrantes murieron en custodia de ICE entre el 3 y el 9 de enero, incluyendo ciudadanos de Honduras, Cuba y Cambodia, mientras las redadas crecían y la agencia ampliaba su población detenida a cifras récord. 

 Uno de estos casos fue el de Geraldo Lunas Campos, un hombre de origen cubano de 55 años que falleció en el centro de detención Camp East Montana en Texas. Aunque las primeras versiones oficiales hablaron de un supuesto “suicidio” o problema médico, un examen forense determinó que su muerte fue causada por asfixia tras la inmovilización por parte de guardias, lo que configura un homicidio bajo custodia estatal. 

 Las detenciones migratorias han alcanzado cifras sin precedentes. El servicio ICE sostiene que la población de detenidos bajo su custodia pasó de un promedio diario de unas 39.000 personas antes de la asunción de Trump, a cerca de 69.000 detenidos a principios de enero de 2026, impulsada por una inyección presupuestaria masiva y un aumento de operativos.

En términos de deportaciones, un análisis reciente del New York Times con datos federales revela que, entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, el gobierno de Trump deportó aproximadamente 230.000 personas arrestadas dentro del país y otros 270.000 en la frontera, cifras que ya superan el total de deportaciones internas que se registraron durante toda la administración anterior. Esto suma alrededor de 540.000 deportaciones en un año completo, incluyendo personas que regresaron de manera voluntaria a través de programas de “auto-deportación” incentivados por la administración.

 Esa cifra de deportaciones por interior y frontera no solo demuestra la intensidad de la política migratoria; también implica que una parte significativa de personas deportadas no tenía antecedentes penales, reflejando una agenda que criminaliza a las personas migrantes más allá de cualquier justificación de seguridad pública. 

 Además, estas cifras de deportaciones y detenciones bajo Trump se producen en un contexto donde aún no se han publicado detalladamente informes estadísticos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, ya que el ritmo de publicación de datos ha sido discontinuado. 

 El impacto social y político

 La combinación de deportaciones masivas, detenciones sin precedentes y muertes en custodia constituye una forma concreta de violencia de Estado contra su propia población, un conato de guerra civil. El asesinato de Pretti -que tuvo lugar apenas un día después de la huelga en Minnesota contra el ICE- fue el resultado de una política de represión, expulsión y militarización interna, que se proyecta en las guerras internacionales promovidas por Trump. 

 Ceferino Cruz

 26/01/2026