miércoles, 22 de abril de 2026

¿Estado fallido?


Los síntomas del deterioro del país más poderoso del planeta durante los últimos años se manifiestan con la concentración de riqueza más extrema desde antes de la Gran Depresión con todas sus consecuencias, el debilitamiento de instituciones y organizaciones sociales, sobre todo los sindicatos, el derrumbe del pacto social que implica el neoliberalismo, culminando con la toma del poder por la extrema derecha con una agenda explícita para desmantelar lo que queda de la democracia liberal. 
 Este deterioro expreso es la erosión, sino desplome de la credibilidad y confianza en las instituciones y procesos democráticos. Los sondeos más recientes registran la continuación de una tendencia de desaprobación y desencanto con el sistema democrático estadunidense.
 Siete de cada 10 estadunidenses están insatisfechos con la manera en que funciona su democracia, reporta Pew Research Center, que también informa que la mayoría opina que antes su país era un buen ejemplo a seguir para otros en el mundo, pero ese ya no es el caso. 
 Varias evaluaciones de la “salud” de las democracias registran un deterioro marcado de Estados Unidos durante la última década. La anual de Freedom House muestra que la calificación de la democracia estadunidense se desplomó más que cualquier otro país que esa organización define como “libre”, con excepción de Bulgaria y Nauru. El Índice de Democracia del Economist Intelligence Unit registra la peor calificación de Estados Unidos desde que empezó esta estimación anual en 2006 y, de hecho, define a ésta como una “democracia defectuosa”. 
 Sólo 16 por ciento del público estadunidense aprueba la gestión del Congreso federal; 79 por ciento lo reprueba, según el sondeo más reciente de Gallup, realizado en marzo. El ocupante de la Casa Blanca registró su peor nivel de aprobación desde que empezó su segundo mandato, con 38 por ciento, y 56 por ciento reprueba su labor.
 De hecho, nada más 17 por ciento de estadunidenses confían en que su gobierno hará lo correcto siempre o la mayoría de veces, entre los niveles más bajos en unos 70 años de sondear este tema, reporta Pew. 
 Queda claro que al liderazgo político del país le importan poco estas calificaciones. Saben que sólo necesitan el voto de una minoría para ganar (Trump ganó con sólo 30 por ciento del electorado; los legisladores de ambos partidos hacen algo parecido). Y apuestan a que aproximadamente una mitad de las personas con derecho al voto no lo ejercen. A fin de cuentas, múltiples encuestas registran que las mayorías opinan que el gobierno no los representa y que más bien está al servicio de los ricos y poderosos. 
 Ahora, con iniciativas derechistas a nivel federal y en varios estados para obstaculizar y manipular el voto -–con tácticas de supresión del voto o rediseñando mapas electorales– se está sembrando aún mayor desconfianza de que cada voto cuenta y que el sistema funciona para las mayorías. 
 Casi todos, según los sondeos, saben que este sistema no funciona para expresar la voluntad y los intereses de las mayorías. Pero el juego continúa. Hasta con cada vez más arrogancia, como cuando Washington sigue juzgando los sistemas políticos de otros países e insiste que les guste o no, Estados Unidos es el ejemplo a seguir. 
 Eso, con un presidente que, a diferencia de sus antecesores que cumplen con la tradición de construir una biblioteca presidencial pública a sus nombres cuando dejan el puesto, éste declaró que su monumento probablemente sería un hotel de lujo en Miami, señalando que “yo no creo en construir bibliotecas o museos”. La maqueta incluye una torre de 47 pisos, con una estatua gigante del presidente con su puño en alto, todo de oro, of course. 
 (Es un alivio que también acaba de aprobar la aceleración de esfuerzos para el uso de drogas sicodélicas para fines médicos –ayudará a los periodistas y otros que tienen que reportar sobre todo esto–). 
 Tal vez antes de ofrecer recomendaciones, recetas o calificaciones a cualquier otro país, los estadunidenses –dentro y fuera del gobierno– deberían verse en su propio espejo y preguntarse si están por volverse un Estado fallido. 

 David Brooks | 22/04/2026 
 La Jornada

martes, 21 de abril de 2026

La verdad de Cuba no será silenciada


De un extremo a otro del país, el pueblo cubano demuestra, con su firma, que a pesar del acoso imperial, no renuncia a su derecho de construir su propia historia.
 El movimiento Mi firma por la Patria reafirma el compromiso de los cubanos con la paz.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abrió con su rúbrica el movimiento Mi firma por la Patria, desde Playa Girón, el pasado 19 de abril. 
 La iniciativa respalda la convocatoria realizada por el mandatario en el acto por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de nuestro país, y también constituye un modo de patentizar la Declaración del Gobierno Revolucionario, publicada por nuestro diario Granma. 
 Cuba firma en contra de una agresión militar y en respaldo a su Revolución. De un extremo a otro del país, millones de compatriotas demostrarán, por estos días, el sentir de todo un pueblo que a pesar del acoso imperial, no renuncia a su derecho de construir su propia historia. 
 Plazas y parques de todos los territorios vivieron este domingo una jornada singular, que se seguirá repitiendo, para que hombres y mujeres de todas las edades, sectores y credos expresen con su rúbrica, que a pesar de las amenazas cada vez más recurrentes de la administración estadounidense, esta nación no se doblega ni se deja intimidar. 
 Tal y como se expresa en la Declaración del Gobierno Revolucionario, ¡Girón es hoy y es siempre!: «Somos una nación con una gran historia y convicciones que defender; de hombres y mujeres pacíficos, solidarios; un pueblo que cada día con su obra realiza una Vindicación de Cuba; y que como en las arenas de Playa Girón, hace 65 años, bajo el grito de ¡Patria o Muerte!, obtendrá la victoria en defensa de la soberanía y el socialismo».

 Redacción Nacional | internet@granma.cu
 19 de abril de 2026 15:04:17

Filosofía de la tregua, no se suspende la guerra cognitiva


Eso que denominaron “tregua”, promovida por Donald Trump —independientemente de su alcance táctico o su densidad diplomática— no impide, ni tiene la capacidad de impedir, la dinámica profunda de la guerra cognitiva. Porque esta no depende de ceses al fuego territoriales ni de acuerdos militares convencionales, su campo de batalla es la subjetividad social, su munición son los signos, y su objetivo estratégico es la colonización del sentido. 
 Entendemos que la guerra cognitiva no tiene límites debido a que no se guía por los ritmos perceptibles del conflicto bélico, sino por la persistencia estructural de la contienda ideología. Aunque una tregua militar podría conllevar la suspensión temporal de bombardeos o incursiones, la ofensiva mediática —que comprende operaciones de desinformación, manipulación semántica, saturación simbólica y fabricación de consensos— se intensifica precisamente en esos intervalos, donde la apariencia de “paz” abre las condiciones idóneas para la reconfiguración del relato predominante. 
 En ese sentido, la tregua no es un paréntesis, sino un dispositivo. Funciona como signo político que reorganiza percepciones, reordena jerarquías de credibilidad y legitima actores. Bajo la lógica de la guerra cognitiva, todo anuncio de distensión puede convertirse en una operación de reposicionamiento discursivo: quién aparece como pacificador, quién como obstáculo, quién como amenaza latente. No se trata de hechos aislados, sino de una arquitectura semiótica donde cada gesto diplomático es simultáneamente un mensaje dirigido a audiencias múltiples. 
En este punto se encuentra una contradicción esencial: mientras se declara la suspensión de hostilidades materiales, se intensifica la generación de narrativas beligerantes. La tregua, lejos de neutralizar la confrontación, la desplaza al terreno simbólico, donde los costos son menos visibles pero no menos decisivos. La guerra cognitiva no destruye infraestructuras físicas, pero desarticula tejidos sociales, erosiona la capacidad crítica y naturaliza relaciones de dominación. 
 Esta continuidad ofensiva se sostiene en aparatos mediáticos transnacionales que operan como verdaderas fábricas de sentido. No se limitan a informar, construyen realidades. Seleccionan qué acontecimientos existen públicamente, cómo deben interpretarse y qué emociones deben suscitar. En ese marco, la tregua puede ser narrada como victoria, como concesión o como engaño, dependiendo del posicionamiento ideológico de quien controla los dispositivos de emisión. 
 Desde el punto de vista materialista de la semiosis, la guerra cognitiva no se considera un fenómeno secundario, sino que es un elemento constitutivo del modo de producción actual. La acumulación capitalista no sólo requiere plusvalor económico, sino también plusvalorsimbólico, adhesión, consentimiento, obediencia internalizada. La tregua, entonces, puede ser funcional a la reproducción de ese orden, al ofrecer una ilusión de racionalidad y control en medio de una estructura que sigue generando violencia sistémica. 
 No debe subestimarse el carácter disciplinador de estas operaciones. La tregua, presentada como gesto magnánimo, puede actuar como mecanismo de neutralización de la crítica. Quien cuestiona su autenticidad corre el riesgo de ser etiquetado como extremista o desestabilizador. Así, la guerra cognitiva no sólo produce relatos, sino que delimita los márgenes de lo decible. 
 Afirmar que la tregua no incluye la guerra cognitiva no es una denuncia coyuntural, sino una constatación estructural. Mientras exista una lucha por la hegemonía del sentido, mientras la producción simbólica esté concentrada en manos de poderes que responden a intereses de clase, la ofensiva mediática no sólo no se detendrá, se sofisticará.
 Porque la verdadera interrupción de la guerra cognitiva no puede decretarse desde arriba, ni firmarse en acuerdos bilaterales. Exige una transformación radical de las condiciones de producción del sentido, una democratización real de los medios y una praxis crítica capaz de disputar la semiosis dominante. Sin ello, toda tregua será apenas una pausa en el ruido de las armas, pero no en el murmullo persistente de la dominación.
 Una “tregua” no tiene precio fijo porque no es una mercancía homogénea, sino una relación de fuerzas en movimiento. Aun así, se puede construir una aproximación hipotética multidimensional que permita dimensionar órdenes de magnitud. Un gasto militar directo (lo que se deja de gastar o se redistribuye) puede fluctuar entre 100 y 500 millones de dólares diarios, en términos de combustible, logística, municiones, despliegues, inteligencia. Una tregua de 30 días implicaría, en apariencia, una “pausa” de entre 3.000 y 15.000 millones USD. Sin embargo, esto es engañoso: gran parte de ese gasto no desaparece, se reprograma (mantenimiento, rearme, reposicionamiento). También hay un costo de reposicionamiento estratégico (lo que se invierte durante la tregua). Las treguas suelen representar periodos de reestructuración intensiva. Entrenamiento, reabastecimiento, guerra electrónica, ciberoperaciones. Ese costo puede representar entre un 30 % y un 70 % del gasto bélico activo, es decir, miles de millones adicionales. La tregua no abarata necesariamente la guerra: la optimiza. Eso tiene impacto en mercados globales (energía, finanzas, seguros). Una tregua impulsada o capitalizada políticamente —como las asociadas a figuras como Donald Trump— puede mover mercados en cuestión de horas. Variaciones en petróleo y gas: 1 %–5 % diario, lo que implica decenas de miles de millones en capitalización; reducción temporal de primas de riesgo: beneficios financieros concentrados en grandes fondos. 
 Y la tregua puede incluso incrementar la inversión. Campañas mediáticas, operaciones psicológicas, manipulación de redes, producción narrativa. Grandes potencias destinan a este frente cifras que, indirectamente, pueden estimarse en cientos de millones o miles de millones USD anuales. Durante una tregua, ese gasto no se detiene: se intensifica, porque es el momento de disputar el relato de la “paz”. Si se forzara una cifra agregada —con todas las reservas del caso—, una tregua de corto plazo en un conflicto de alta intensidad podría implicar: Entre 5.000 y 20.000 millones USD en dinámicas económicas directas e indirectas (no ahorro real, sino redistribución). Impactos financieros globales que pueden superar decenas de miles de millones en valorización o pérdida de activos. Un costo humano y simbólico incalculable, que es donde realmente se juega su sentido histórico. La conclusión es incómoda pero necesaria: la tregua no tiene un “precio” en el sentido clásico; tiene una función dentro del metabolismo del conflicto. Más que cuánto cuesta, la pregunta decisiva es quién paga, quién cobra y quién redefine el sentido de lo ocurrido. Porque ahí, en esa contabilidad no declarada, es donde la tregua revela su verdadera economía. Hay que transparentar el financiamiento de las guerras. 

Fernando Buen Abad Domínguez | 14/04/2026

lunes, 20 de abril de 2026

65 años de Bahía de Cochinos, intento fallido de invasión financiado por EE.UU.


Así acabó la Brigada 2506, financiada y entrenada por la CIA, a poco de 72 horas de desembarcar en Cuba en un fallido intento de invasión. 

 La estrategia estadounidense: guerra mediática primero e invasión armada después 

 Playa Girón, Cuba, 19 de abril de 1961— La invasión de Playa Girón (llamada Operation Zapata en los archivos y en la imaginación tropical de la CIA) fracasa, probablemente, porque el plan se filtra y, a último momento, la Agencia cambia una estrategia de guerrilla mercenaria por un desembarco militar similar al de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. 
 Antes de que Fidel Castro sea invitado a dar una conferencia en Princeton University y luego logre una reunión con el vicepresidente Richard Nixon en la Casa Blanca, el 17 de marzo del año pasado, la CIA había puesto en marcha la Operación Zapata. En la reunión secreta del jueves 17, el director de la CIA, Allen Dulles, había informado que el plan para invadir la isla desde la localidad de Trinidad había sido aprobado por el presidente Dwight Eisenhower.
 Sobre una mesa de cocina descansa el número de agosto del año pasado del Reader Digest (Selecciones) y en su página 168 Karl Mundt, senador republicano por Dakota del Sur y educador de profesión, educa: “¡nosotros, quienes liberamos esa isla de sus cadenas medievales; nosotros, quienes le dimos orden, vida, conocimiento tecnológico y riqueza, ahora somos maldecidos por nuestra cooperación y por nuestras virtudes civilizatorias!”. 
 Luego de su tensa salida de Cuba, el agente secreto David Atlee Phillips estaba decidido a abandonar la Agencia y se había mudado a Nueva York con su esposa y sus cinco hijos. Pero nadie abandona la Agencia como si nada. Una noche recibió un llamado para una misión especial. Phillips se negó varias veces pero el agente “Cliff” insistió:
 —Te voy a dar tres pistas…
 —No necesitas decirme nada —dijo Phillips
—. Sé cuáles son: Cuba, Cuba y Cuba. 
 —Es por eso por lo que te necesitamos
 —dijo Cliff.
 —¿Cuál es el plan? 
 El agente Cliff responde: 
—Otra Guatemala, según me dijo Len. 
 Len es el superior de Cliff, conocido entre los agentes secretos sólo por ese nombre y por tener una pierna ortopédica. 
 Varios altos oficiales de la CIA que habían participado en el exitoso golpe de Guatemala son convocados, entre ellos Richard Bissell, William “Roto” Robertson, Richard Helms y Everette Howard Hunt Jr. Todos tienen un envidiable prontuario. Helms será el futuro director de la CIA y uno de los responsables del complot contra Salvador Allende en 1973. Hunt será condenado por el escándalo que terminará en el impeachment de Richard Nixon en 1974. Una de sus llamadas desde Uruguay (donde operaba desde los años 50) al argentino Dandol Dianzi en un hotel de México, será grabada el 20 de noviembre de 1963, dos días antes del asesinato de John Kennedy, en el que Hunt mencionará “un asunto de grave importancia para nuestra nación”. Hunt no se cansará de culpar a Kennedy del fiasco de Bahía de Cochinos. Luego de muerto, sus hijos John y David reconocerán que, en su lecho de muerte, su padre había confesado varias veces que la CIA había participado del asesinato del presidente. John y David serán acusados de inventar la historia. 
 La estrategia para “una nueva Guatemala” es obvia: guerra mediática primero e invasión armada después. David Phillips no está seguro. Su intuición le dice que el éxito rotundo en Guatemala sólo se puede repetir en Cuba con varios cambios. Eisenhower y casi todos los miembros de su gobierno habían quedado impresionados por el bajo costo y la facilidad con la que lograron sus objetivos en aquel país centroamericano. Ahora, el plan aprobado por el Pentágono y por la Casa Blanca consiste en invadir por aire en la costa sur, cerca del pueblo Trinidad, donde todavía quedan algunas fuerzas del depuesto Fulgencio Batista. Si el aterrizaje saliera mal, siempre habría la posibilidad de fugar hacia las montañas y esperar a que nuevos recursos caigan del cielo. 
 Los pilotos entrenados en Guatemala no tenían mucha experiencia y necesitaban entrenamiento en tiempo y espacio real. Al principio, arrojaban bolsas de arroz y frijoles para los milicianos de Batista que operan en las montañas, pero erraban el objetivo y los combatientes se quejaban de que debían recorrer largas distancias para recoger el cargamento. Gracias a la experiencia, los pilotos mejoraron la puntería, pero esa vez recibieron un mensaje con una nueva ronda de quejas: “Hijos de puta, ¿qué es lo que pretenden? ¿Matarnos a todos con bolsas de arroz?”
 Repitiendo la estrategia que diera tan buenos resultados con Guatemala, la CIA instala una emisora de radio en las Islas del Cisne, frente a Honduras. Como los cubanos no están acostumbrados a la onda corta, como los guatemaltecos, deben recurrir a un potente transmisor de 50 KW de onda media AM que obtienen del ejército estadounidense en Alemania. En lugar de seis semanas, la guerra psicológica había tomado seis meses.
 Guatemala es elegida como el campo de entrenamiento de los cubanos reclutados en Miami. El presidente, el general Miguel Ydígoras Fuentes (quien en 1950 perdió las elecciones contra Jacobo Árbenz y en 1958 y se hizo con el poder prometiendo un pollo por familia) le garantiza a la CIA la finca La Helvetia, en Retalhuleu, para alojar y entrenar a 5.000 cubanos a cambio de una cuota mayor en la venta de azúcar a Estados Unidos. Para explicar los movimientos extraños en la zona, el gobierno guatemalteco hace circular el rumor de que los comunistas cubanos se están organizando en algún lugar de Guatemala para lanzar un ataque contra la patria y la libertad de sus ciudadanos. 
 La campaña de desinformación ya se había extendido a América del Sur. El 15 de febrero, el agente de la CIA Philip Franklin Agee, por entonces apostado en Ecuador, informa de la compra de opinión en los diarios más importantes de Colombia, Ecuador y Perú (como El Comercio y El Tiempo) para inculpar a Cuba de un envío inexistente de armas y dinero a esa región. El plan, confiesa Agee, es preparar a la opinión pública antes de la invasión de Cuba. 
 Pero Eisenhower está a punto de dejar el poder y no quiere nuevos compromisos. Aplaza la operación y deja todo en manos del nuevo presidente, John Kennedy. Tal vez porque luego de tanto tiempo de preparación era probable que el plan se hubiese filtrado (Fidel Castro y el New York Times estaban al tanto de las operaciones en Guatemala), la Agencia decide cambiar el punto de desembarco para conservar el inestimable factor sorpresa. Cambia el pueblo de Trinidad por Bahía de Cochinos, un área más cerca de La Habana pero menos poblada y de más difícil acceso. Cuando Phillips es informado del cambio, se agarra la cabeza. Pigs y cochinos no son exactamente la misma cosa. “¿Cómo creen que los cubanos van a apoyar una invasión que comienza con ese nombre?” protesta Phillips. 
 El 15 de abril se había iniciado la operación desde Nicaragua. La idea era destruir, con bombarderos B-26, las fuerzas aéreas y antiaéreas de Cuba en el norte antes de desembarcar al sur. La destrucción es significativa, pero el impacto es mínimo. Los aviones cubanos T-33, más pequeños y peor armados, tienen mejor puntería y derriban 10 de los 12 bombarderos. La CIA pasa los bombarderos como obra de los desertores de la fuerza aérea cubana para desmoralizar a la población. Los aviones piloteados por exiliados cubanos llegados de Nicaragua aterrizan en Miami y, con perforaciones de balas diseñadas para la ocasión (si hay algo en que la CIA ha sobresalido siempre es el obsesivo cuidado del detalle propagandístico), se dejan fotografiar por la prensa libre.
 El gobierno de la isla acusa a Washington de la maniobra, mencionando las bases operativas de Florida y Guatemala, pero el embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Ewing Stevenson, al tanto de los detalles del plan, lo niega con vehemencia y convicción: “Las acusaciones de un complot orquestado en Washington son totalmente falsas” —dice—. “Estados Unidos está comprometido con una política de no agresión”. El agente David Phillips recordará en sus memorias de 1977 que “Adlai Ewing Stevenson era un gran actor; nadie le ganaba mintiendo”. Phillips recordará también que el agente de la CIA Kermit Roosevelt (nieto del presidente Theodore Roosevelt) había logrado manipular a un número crítico rebeldes en Irán para derrocar al presidente electo Mohammad Mossadegh y que lo mismo había logrado hacer él mismo, Phillips, con el gobierno de Árbenz en Guatemala, pero que la misma estrategia un día tenía que salir mal. 
 Como una reminiscencia del Día D en Normandía, el 16 de abril a la medianoche y hasta las 7: 30 de la mañana, la Brigada 2506 (1.400 cubanos de Miami entrenados por meses en Guatemala) desembarca con tanques M41 Bulldog en Playa Girón. Luego de una batalla que deja cien muertos, la resistencia de la isla captura a más de mil cubanos de la CIA, los que más tarde serán cambiados por alimentos, gracias a una colecta organizada en Florida. Mientras tanto, la televisión de Estados Unidos informa de un ataque de los rebeldes cubanos contra el régimen de Castro y anuncia que “como es previsible, se culpa otra vez a Estados Unidos”. Los latinoamericanos nunca se hacen responsables de sus propios fracasos. Siempre le «echan la culpa a Estados Unidos». 
 Las calles de La Habana se inundan de gente manifestándose contra la invasión. La invasión fracasa. El agente de la CIA Howard Hunt culpará a Jack Hawkins, encargado del grupo paramilitar de exiliados cubanos, “un veterano de guerra con botas tejanas y aspecto de borracho malhablado” que no creía en el genio revolucionario de Castro sino en su buena suerte. “Esto es pan comido”, había dicho Hawkins, prometiendo “enviar postales de navidad desde Cuba este año”. Pero el mismo Hunt, en un reporte desde La Habana lo había anunciado con tiempo: “todo posible apoyo de los cubanos a la invasión debe ser descartado de plano; se debe asesinar a Castro antes de la invasión y debe ser hecho por patriotas cubanos”. La primera evaluación no fue creíble, pero la CIA en Washington toma su última sugerencia, la que también fracasa cuando el secretario de Castro, Juan Orta, contratado para envenenar su bebida, una semana antes de la invasión se acobarda y se refugia en la embajada de Venezuela, donde permanecerá por más de tres años antes de un periplo por otras embajadas que terminará en Miami. 

 Jorge Majfud | 18/04/2026 

 Del libro La frontera salvaje: 200 años de fanatismo anglosajón en América latina https://www.youtube.com/watch?v=eeCVrZaNViwhttps://www.amazon.com/frontera-salvaje-fanatismo-anglosaj%C3%B3n-Am%C3%A9rica/dp/1737171031

domingo, 19 de abril de 2026

El plan de Trump para cazar a los jóvenes y mandarlos a la guerra


Mientras para la tribuna los gobiernos de Trump y Netanyahu hablan de una "tregua" en Medio Oriente, el Estado norteamericano ha puesto en marcha un mecanismo que desmiente cualquier voluntad de paz. A partir de diciembre de 2026, el registro para el servicio militar en EE. UU. será automático (Ámbito, 10/4) mientras las camarillas imperialistas afilan sus garras y aseguran su cuota de carne de cañón. 
 La nueva normativa, parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, transfiere la responsabilidad del registro desde el individuo a la maquinaria de datos del Estado federal. El argumento de sus impulsores es que la inscripción automática le ahorrará al gobierno millones de dólares en publicidad para "concientizar" a los jóvenes Para el imperialismo, ya no es necesario convencer a nadie de las supuestas "bondades" de la vida militar. Esos fondos ahorrados serán reasignados directamente a los presupuestos de movilización de tropas. El Estado deja de gastar en "marketing" para invertir directamente en el equipamiento necesario para enviar a los jóvenes al matadero. Ya no esperan a que el joven se anote. Ahora lo identifican, lo fichan y lo disponen como un activo estatal listo para ser usado. 
 Esta avanzada no reconoce fronteras y expone que la guerra mundial es irreversible para el capital. En Alemania, la nueva Ley de Modernización del Servicio Militar ya está registrando obligatoriamente a los nacidos en 2007 (El Cronista, 15/04). Pero el dato más escalofriante es el control de movimientos: los hombres de entre 17 y 45 años ahora deberán solicitar autorización para permanecer más de tres meses en el extranjero, incluso en tiempos de paz. Estas medidas transforman al país en una cárcel preventiva. El imperialismo europeo no confía en la "tregua" ni en el patriotismo voluntario; necesita tener a su población joven bajo vigilancia constante, impidiéndoles escapar antes de que el impasse en el frente estalle definitivamente.
 En Argentina, el gobierno nacional anunció "programas de orientación y apoyo" y "talleres de habilidades técnicas" para quienes se inscriban en el Servicio Militar Voluntario (El Cronista, 15/04). Intentan vender una “alternativa” a la crisis brutal de desempleo y precarización laboral, ofreciendo formarnos como carne de cañón a cambio de una salida laboral inexistente. Según datos recientes, la informalidad juvenil alcanzó un demoledor 67,4 % a fines de 2025 (Infobae, 20/03). El compromiso asumido por Presti y Milei en el Escudo de las Américas “reconoce la necesidad de fortalecer la coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan a distintos Estados del continente”. No es más que la subordinación de la región a la “Estrategia de seguridad nacional” de Trump. 
 En EE. UU. el registro automático golpea directamente a los hijos de los siderúrgicos de Pensilvania, los mineros de Virginia Occidental y los jornaleros migrantes que dependen de las becas o los trámites de ciudadanía para sobrevivir. En territorios coloniales como Puerto Rico, la situación es todavía más brutal. Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra, denunció que este "censo militar" es una imposición colonial de una potencia ocupante sobre jóvenes que no tienen voz ni voto en las decisiones de Washington (El Diario NY, 15/04). Los hijos de la clase obrera serán enviados a morir en destructores en el Golfo Pérsico para asegurar el dominio sobre el suministro energético que la burguesía yanqui ya no puede garantizar por la vía diplomática.
 Aquellos que por razones morales o religiosas se niegan a empuñar un arma son sometidos a exámenes psiquiátricos, tratándolos "como si ser objetor por conciencia fuera una locura". Para el régimen de Trump y sus aliados de la OTAN, la única "cordura" aceptable es la disposición a morir por los intereses de Wall Street. El registro militar automático es la respuesta de un sistema en crisis que ya no puede seducir a la juventud. Ante el rechazo masivo al genocidio en Palestina y a la guerra imperialista -que evidenciaron las movilizaciones de 8 millones de jóvenes en plena tierra de Trump bajo el grito de "No kings, no ICE, no war" el capital recurre al algoritmo y al control de fronteras. 
 La lucha contra esta cacería es una lucha de clases internacional. Los trabajadores de todo el mundo deben entender que sus hijos están siendo censados como mercancía de guerra. La única salida es la unidad internacional de la clase obrera para desmantelar este aparato de muerte y que tomemos como ejemplo a los jóvenes estadounidenses que salieron a las calles. Ni un joven para la guerra imperialista. Abajo el registro militar automático y el financiamiento de la masacre capitalista. Socialismo ó barbarie.

 Iara Bogado 
 17/04/2026

sábado, 18 de abril de 2026

Israel-Líbano: un “cese al fuego” con trampa


Los ataques israelíes a Líbano dejaron más de mil muertos 

El presidente estadounidense Donald Trump se jactó en sus redes sociales de ser el facilitador del cese al fuego entre Israel y Líbano, pactado este jueves 17. Funcionarios de ambos países se habían reunido a comienzos de esta semana en la Casa Blanca, y están pautados nuevos encuentros. 
 Al momento de entrar en vigor la tregua, eran más de mil los muertos por los bombardeos israelíes sobre Líbano y un millón los desplazados, lo que equivale a casi un quinto de la población libanesa. Funcionarios israelíes amenazaron con transformar los suburbios de Beirut en una nueva Gaza e Israel amplió su ocupación territorial en el sur, hasta el río Litani. 
 El frente libanés forma parte de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras el asesinato del ayatollah Ali Khamenei, a fines de febrero, la organización chiíta libanesa Hezbollah retomó sus lanzamientos aéreos contra el norte israelí, y Tel Aviv lanzó su nueva cruzada contra el país vecino.
 El cese al fuego es tramposo. Israel mantiene su ocupación en el sur y, según la agencia Reuters, se reserva el derecho a acciones de “autodefensa”, formulación en la que puede escudarse para emprender nuevas operaciones. De hecho, el ejército libanés denunció bombardeos israelíes con la tregua en vigencia. Además, Israel quiere impedir que los desplazados del sur vuelvan a sus hogares (a efectos de lo cual dinamitó los puentes sobre el Litani), lo cual plantea una incógnita sobre la tregua, ya que muchos están intentando regresar por estas horas. 
 Otra trampa es que el acuerdo fue suscripto por los gobiernos de Israel y Líbano, bajo mediación yanqui, excluyendo a Hezbollah, que es precisamente la organización que se enfrenta militarmente a Israel. La organización libanesa sostuvo en un comunicado que “mantiene el dedo en el gatillo” ante cualquier ataque israelí y cuestionó que Israel no se retire del sur. Las negociaciones entre los gobiernos de Israel y Líbano para un acuerdo más general tienen como punto central el desarme de Hezbollah. El gobierno libanés, a cargo de Joseph Aoun (un cristiano maronita), se comprometió a lograrlo desde que asumió el mando, lo que muestra su tendencia a contemporizar con el imperialismo y el sionismo. 
 El “cese al fuego” libanés recuerda a las treguas previas del Líbano (en 2024) y Gaza (octubre de 2025). En ambos casos, Israel incumplió compromisos básicos, mantuvo su ocupación territorial y asesinó a centenares de personas. A pesar de todo, algunos alcaldes del norte israelí cuestionaron a Netanyahu por firmar la tregua, lo que muestra el belicismo al que han llegado las autoridades israelíes.
 La tregua libanesa se conecta con la “tregua principal”, la que suscribieron Estados Unidos e Irán. Teherán dejó en claro que el cese al fuego quedaba comprometido si persistían las agresiones contra Líbano. Por ello, el patrocinio yanqui del acuerdo Israel-Líbano apunta, seguramente, a despejar ese obstáculo. No obstante, mientras no se descartan nuevas negociaciones entre la Casa Blanca y Teherán en Pakistán, tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones, Trump está enviando más militares a la zona y estableció su propio bloqueo al estrecho de Ormuz como factores de presión. 
 Estados Unidos se vio arrastrado a la mesa de negociaciones porque encontró una resistencia impensada a su guerra de sometimiento de Irán. El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán (ahora suspendido), en particular, se reveló como la llave del conflicto, con grandes repercusiones negativas para la economía mundial.
 La derrota de la guerra imperialista-sionista contra Irán y Líbano sería una victoria de los pueblos del mundo.

 Gustavo Montenegro

viernes, 17 de abril de 2026

El alto al fuego ficticio entre Israel y el Ejecutivo del Líbano es una maniobra para sacarlo de la agenda de la discusión entre Washington y Teherán


A la misma hora, Israel destruía el último puente que comunicaba el sur con el resto del país. 

 Este jueves 16 Donald Trump escribió en las redes sociales: “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, con el fin de lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5 de la tarde, hora del Este”. 
 Aoun había rechazado una solicitud estadounidense de hablar directamente con Netanyahu y habría condicionado el inicio de negociaciones directas con Israel a la retirada de las tropas israelíes en El Líbano (France 24). 
 El brevísimo alto el fuego no compromete a nadie pues excluye a Hezbollah. En consecuencia. Netanyahu mantuvo su posición de continuar las operaciones militares contra el Líbano. También dijo que había ordenado al ejército que “se desplegara hacia el este, en dirección a las estribaciones del monte Hermón”. 
 Los contactos entre el Líbano e Israel el martes pasado, en Washington D.C., fueron los primeros desde la fundación del Estado sionista en 1948. Líbano nunca reconoció al Estado de Israel, aunque fue gobernado durante años por el cristianismo maronita, una suerte de fascismo local, al servicio del imperialismo norteamericano y el Estado sionista. Varias guerras civiles acabaron con el monopolio maronita y acabaron integrando a Hezbollah al gobierno. Aoun ha firmado un ‘cese del fuego’ sin autorización del mismo gobierno. 
 De la reunión en Washington, decidida por Donald Trump, había participado el secretario de Estado Marcos Rubio, que la calificó como una “oportunidad histórica” para derrotar a Hezbollah. 
 El desarme de Hezbollah “encontró eco en la parte libanesa”, dijo, exultante, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter: “Hoy descubrimos (sic) que estamos del mismo lado” (La Nación 14/4). 
 Esta operación diplomática ficticia tiene el objetivo de separar el ‘cese del fuego’ entre Trump e Irán de la ofensiva criminal de Netanyahu contra Líbano. El otro propósito es establecer un alto del fuego unilateral de Israel (con el pretexto del acuerdo con Anoun) para colocar a Hezbollah ante el dilema de aceptar una tregua de la que no fue consultado. El diputado de Hezbollah -Ibrahim al-Moussawi- explicó que respetarán el alto el fuego con Israel solo si cesan los ataques sionistas. “Nos adheriremos con cautela al alto el fuego con la condición de que se trate de un cese total de las hostilidades, que cese todas las formas de hostilidades”. Sea como fuere, el Estado sionista reclama el desarme unilateral de Hezbollah y el derecho a ocupar una “zona de seguridad’ en territorio libanés. En definitiva, Netanyahu seguirá masacrando al Líbano para obtener, mediante el bloqueo contra Irán y una invasión territorial que está en la carpeta del Pentágono, el objetivo irrenunciable del Estado sionista –el llamado “cambio de régimen” en Teherán. 
 La búsqueda de la “normalización de relaciones” se produce mientras Israel avanza velozmente en la limpieza étnica en el Líbano a la manera de Gaza con más de 2.000 muertos y 1.200.000 desplazados a los que piensa impedirles el retorno. 
 Este mismo jueves, Israel, “en una maniobra militar de alto impacto simbólico y estratégico”, destruyó el último puente que quedaba sobre el río Litani, desconectando el sur del Líbano con el centro y norte del país. Esto sella el aislamiento del sur del país, al que Israel pretende ocupar de forma permanente. 
 Los aviones sionistas atacaron también una ruta clave que conecta Beirut con Damasco, la capital siria, e intensificaron los bombardeos contra las ciudades de Tiro y Nabatieh. El ejército avanzó también contra la estratégica localidad de Bint Jbeil, en la frontera con Israel.
 En el Líbano, las negociaciones de Anoun despiertan muchas suspicacias y “la reacción distó mucho de ser festiva” (Haaretz 15/4). Los medios libaneses las describieron como una concesión impuesta por Washington. Incluso funcionarios del gobierno intentaron restarle importancia. «No refleja los intereses del Líbano ni del pueblo libanés», afirmó un periodista. 
 Hezbollah advirtió que no le concernían en absoluto ni se sentían obligados a cumplir ningún acuerdo (The Associated Press 14/4). 
 “En todos los medios de comunicación libaneses, la reunión en Washington se presentó ampliamente como una concesión obtenida bajo presión”, afirma Haaretz, el diario de Tel Aviv. El diario libanés Al Akhbar dedicó su portada a lo que denominó "la autoridad de la vergüenza". 
 Muchos editorialistas consideraron que, además, fue ilegal porque el país sigue estando sujeto a leyes que penalizan el contacto con entidades israelíes.
 Haaretz señala que “persiste una profunda desconfianza entre el pueblo libanés, no solo hacia Israel, sino también hacia sus propios líderes y los actores internacionales que dan forma al proceso 

 Olga Cristóbal 
 16/04/2026

jueves, 16 de abril de 2026

Estados Unidos flexibiliza sanciones a Venezuela, pero para asegurar sus negocios


La presidenta Delcy Rodríguez, junto a referentes de Chevron 

A través de dos recientes resoluciones, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos flexibilizó las sanciones que pesan sobre Venezuela. Una de dichas resoluciones habilita las transacciones con el Banco Central de Venezuela y otras entidades bancarias estatales. La otra, autoriza a empresas a negociar contratos comerciales y a participar en licitaciones abiertas por el gobierno venezolano. 
 Por medio de este esquema, la Casa Blanca busca incentivar y facilitar las inversiones extranjeras en Venezuela y afianzar su dominio económico sobre la nación caribeña, tras la invasión militar de enero en que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en más de una ocasión su intención de controlar el petróleo venezolano (las mayores reservas de crudo del mundo). Una de sus primeras decisiones, tras el derrocamiento de Maduro, fue suscribir un acuerdo con su sucesora, Delcy Rodríguez, para la compra de 50 millones de barriles de petróleo. Los fondos fueron a parar a una cuenta supervisada por la Casa Blanca. Poco después, Trump encabezó un encuentro con los principales referentes de la industria petrolera estadounidense, donde los instó a invertir 100 mil millones de dólares para reactivar la industria petrolera venezolana. 
 El gobierno de Rodríguez es una pieza de este operativo. La presidenta defiende públicamente la necesidad de reformas que lleven "seguridad jurídica" a los inversores. Su gobierno, además, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos que avanza en una reprivatización del sector, iniciada ya bajo el gobierno de Maduro. Dicha reforma modifica el artículo 22, que establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento eran actividades reservadas al Estado y las compañías con una participación estatal mayor al 50%. A partir de ahora, se habilita a las privadas a ejercer dichas actividades, e incluso a comercializar el crudo. A su vez, en el caso de las empresas mixtas, los socios privados podrán asumir un rol operativo mayor. Para mayor seguridad de las petroleras, inclusive, se habilitó la figura de un “arbitraje independiente” para la resolución de controversias, lo que sería una referencia velada a los tribunales internacionales. 
 Rodríguez participó este lunes de una reunión con referentes de Chevron (ver foto), que, tras la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, amplió su participación en algunos proyectos compartidos con el Estado venezolano. La reactivación de la industria petrolera venezolana tiene aún mayor interés para Estados Unidos ante la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, exige enormes inversiones previas. El economista José Toro Hardy, dedicado a temas petroleros, calcula que son necesarios entre 100 y 150 mil millones de dólares para ello, ya que, entre otras cuestiones, se requeriría la reconstrucción de la infraestructura energética (Banca y Negocios, 14/4). Por el momento, las grandes petroleras exigen garantías y no se apuran en hacer grandes desembolsos. 
 En el caso de la minería, la Asamblea Nacional también aprobó por unanimidad -a comienzos de mes- una reforma que favorece el desembarco del capital extranjero en el sector. Se habilitan concesiones de hasta 30 años. Un mes antes de la votación, Rodríguez se había reunido con inversores mineros y funcionarios estadounidenses. No solo se trata del potencial aurífero de Venezuela, sino de sus tierras raras, que hoy son fuente de disputa a nivel mundial. Organizaciones ambientales advirtieron sobre el impacto negativo que podrían tener estas modificaciones en zonas hasta ahora protegidas de la selva amazónica y reservas indígenas. 
 En medio de todo este operativo, que incluye la posibilidad de un regreso de Venezuela al FMI, la oposición proimperialista capitaneada por María Corina Machado asegura que el interinato de Rodríguez quedó vencido y reclama la convocatoria a elecciones. Sin embargo, de momento, Trump no considera que Machado reúna las condiciones políticas para hacerse cargo del mando, por lo que trata de vehiculizar sus intereses a través de Rodríguez.
 La ofensiva del imperialismo en América Latina, que tiene su expresión más aguda en Venezuela y Cuba, pero cuyo alcance es general, exige la movilización y la lucha de los trabajadores y los explotados de todo el continente. 

 Gustavo Montenegro

Fraudes, crisis y descomposición en las elecciones peruanas


Organizarse para resistir la ofensiva antidemocrática y avanzar hacia la construcción de un partido independiente de las clases dominantes

 Tal como habíamos alertado la semana pasada, las elecciones de este pasado domingo 12 de abril evidenciaron un marcado proceso de descomposición del Estado peruano y de su clase dirigente. 
 La presentación de ¡36 listas! de candidatos a presidente -con sus respectivas listas para senadores y diputados nacionales y cargos provinciales- no era manifestación de un exceso de democracia, sino de un vergonzoso arribismo electoralista para usufructuar los dineros del presupuesto estatal. El pueblo peruano vio un proceso electoral de creación de listas y cambio de lugares de diputados que entraron al parlamento hace largos años por un partido y ahora iban nominados por otro o fundaban siglas nuevas para tratar de continuarse. 
 Antes de que termine la jornada electoral del domingo, ya Rafael López Aliaga (ultraderechista, Renovación Popular) denunciaba que había habido fraude en contra suya. 
 Las encuestas en boca de urna, se dice que bastante precisas, daban un triunfo con solo el 16% de los votos a Keiko Fujimori (la derechosa hija del dictador Alberto Fujimori, Poder Popular), mientras que Aliaga caía a menos del 11%. En toda la larga campaña electoral de varios meses, los encuestadores informaban que las preferencias se repartirían en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga: la derecha dominaba el panorama electoral. Las elecciones se realizaron bajo el Estado de Emergencia, que tenía militarizada la capital (Lima) y varias regiones del Perú; con el presidente constitucional elegido (Pedro Castillo) destituido por un golpe y preso; con la manipulación de los poderes estatales (justicia, parlamento, etc.) colocando en puestos clave a personeros derechistas, etc. Incluso con una “reforma constitucional” que no fue votada, ni aprobada, por una Asamblea Constituyente elegida por el sufragio popular, sino por el parlamento fantoche que destituyó a Pedro Castillo y que tuvo el tupé de imponer un nuevo poder: la formación de un Senado. Se pasó de un régimen Unicameral a uno Bicameral, con diversas prerrogativas antipopulares. Pasadas 48 horas de la finalización del proceso eleccionario recién se llevaban contabilizadas menos del 60% de las urnas y la justicia electoral habilitó la extensión de la votación -para el lunes 13- de más de 200 mesas en Lima porque miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto, por problemas “organizativas” en la constitución de las mismas. La Junta Electoral que habilitó este procedimiento para Lima, donde la derecha tiene más fuerza, no lo extendió al interior con peso decisivo de las comunidades indígenas.
Pero en la nota de la semana pasada, señalábamos que al finalizar la etapa de encuestas preelectorales “se destacaba Roberto Sánchez Palomino (Juntos Por el Perú, JPP) que había saltado del 3 a casi el 9%”. Este se presentó como continuador político del detenido Pedro Castillo. Había recibido el apoyo explícito del mismo, que le regaló el sombrero de ala ancha que lo caracterizó en la campaña electoral, donde ganó, en el 2021. En una audiencia judicial, realizada la semana previa a las elecciones, donde tuvo que asistir Castillo, para defenderse de las acusaciones que lo mantienen preso, usó el micrófono para llamar a votar de Roberto Sánchez (que fue inmediatamente cortado por las autoridades). 
Las encuestas en boca de urna, del domingo, colocaban a Sánchez Palomino en el segundo lugar con más del 12% de los votos. Pasando, por lo tanto, a segunda vuelta contra Keiko Fujimori. En muchas zonas de predominancia indígena (Amazonas, Ayacucho, Apurimac, etc.) estaba en primer lugar con el 29% de los votos. 
 Pero… el pataleo de López Aliaga ¿tuvo eco? Los datos parciales que fue lanzando la Junta Electoral lo colocaron nuevamente en la segunda posición con más del 13% de los votos. Bajándolo a Roberto Sánchez a menos del 9%. Sin embargo el diario El País de España (14/4) afirma que estos datos no son fiables. Explica “que el segundo puesto de Rafael López Aliaga no es aún definitivo”. De hecho, con cada actualización que van informando las autoridades electorales, esta preeminencia se achica: “Quienes creen que ya es una tendencia irreversible no consideran que en el caso de López Aliaga ya entraron sus bases más fuertes”, en los cómputos electorales. El analista “llama a prestar atención a Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda. Su nombre está cuarto, con el 8,7% de los votos, pero su fortaleza está en las zonas rurales más rezagadas en el escrutinio, las mismas que en 2021 dieron el triunfo a Castillo”.
 En la nota de la semana pasada habíamos hecho notar que “la emergencia de la lista de JPP (…) ha puesto nerviosos a varios centros de poder. Keiko Fujimori se había adelantado planteando la necesidad de combatir a la izquierda, promoviendo una segunda vuelta entre ella y López Aliaga”.
 En esa nota hacíamos una semblanza de la trayectoria de Roberto Sánchez. Este que ahora se empoderó con el apoyo de Pedro Castillo, cuando se votó su destitución en la Unicameral, no se opuso: se abstuvo. Sus planteamientos son genéricos, bastante lejos de los que levantó Castillo en aquella oportunidad. Y ahora, frente a la potenciación de su candidatura y las maniobras que se vienen haciendo en su contra, ha puesto paños fríos. Afirma que frente a las agresiones y acusaciones se mantiene en calma: “Hoy, solo por usar este sombrero (el de ala ancha de Pedro Castillo) me han mentado la madre, me han dicho de todo, yo no he respondido. Pero eso debe acabarse. Nosotros queremos un Perú sin enemigos, sin discriminación, con reconocimiento a nuestra identidad plurinacional. Queremos una república que deje de ser fallida como dicen los académicos. Estamos contentos y serenos”. No se trata de estar sereno y calmado: la identidad de la mayoría del pueblo indígena y trabajador no necesita versos y declaraciones, sino la imposición de derechos. Reforma agraria integral; sistema previsional público a cargo de la clase patronal, eliminando las financieras que se roban los ahorros del pueblo; expropiación de la industria minera y puesta bajo gestión y control obrero; eliminar a los mercaderes de la salud y la educación, sistema estatal único, con presupuesto, hospitalario y educativo; nacionalización de la banca y el comercio exterior. Con estas medidas se podrá blanquear a todos los trabajadores hoy precarizados y sin elementales derechos.
 Más allá de cómo continúe este recuento electoral, que tiene su segunda vuelta el próximo 7 de junio, ya los resultados legislativos, indican una gran dispersión de bancadas. Keiko Fujimori tendría solo unos 22 diputados, sobre 130 que se eligen. Si ella se termina imponiendo y llegara a la presidencia (es la cuarta vez que lo intenta y pierde en los ballotages) tendría una débil base parlamentaria. 
 Ante las versiones que circulan de manipulación del resultado, nos pronunciamos contra el fraude. Y, lo fundamental, es hora de agrupar a la vasta vanguardia de lucha de trabajadores, campesinos y estudiantes en la constitución de un partido revolucionario que tenga por objetivo estratégico la lucha por un gobierno obrero y campesino para el Perú. En las marchas, el pueblo canta la consigna: “Esta no es democracia”. Tiene razón, una auténtica democracia será impuesta solo por un gobierno obrero y campesino. 

 Rafael Santos