El revés judicial por abuso sexual acorrala a Donald Trump

Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último intento de Donald Trump de anular el fallo que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll en los años 90. Trump va a tener que pagarle a Carroll los 5 millones de dólares que fijó un jurado en 2023, mientras todavía pelea en otra instancia la segunda condena, de 83,3 millones, por difamarla otra vez desde la Casa Blanca al llamarla mentirosa. Con los intereses, ya le debe más de 100 millones de dólares. Como resumió la abogada de Carroll tras conocerse el fallo: "la decisión confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado" (CNBC, 29/6) que declaró a Trump responsable de agresión sexual y difamación, después de que "fracasaran todos sus intentos de apelar" (Ídem). El tribunal no explicó por qué rechazó el caso impulsado por el presidente norteamericano, como suele pasar en este tipo de decisiones.

 Este fallo no aparece solo. En el juicio se permitió que declararan otras dos mujeres que también lo acusaron de agredirlas sexualmente años atrás, justamente para mostrar que no se trataba de un hecho aislado sino de una conducta repetida. También se usó como prueba el video de Access Hollywood, donde se lo escucha a Trump jactarse de manosear mujeres sin que ellas quieran. A esto se suma la causa por los pagos a la actriz Stormy Daniels, donde un jurado lo declaró culpable de 34 delitos por falsificar registros para esconder un soborno de 130.000 dólares y evitar que se conociera ese episodio durante la campaña de 2016. La condena quedó firme, pero el juez le dio una salida sin cárcel ni multa, lo que muestra hasta dónde llega la protección que recibe alguien que ocupa la presidencia. 

 El caso más grande y más sucio sigue siendo el de [Epstein] (https://politicaobrera.com/15839-la-red-epstein-y-el-entramado-global-de-poder). La red del magnate no era el capricho de un pervertido suelto: era un entramado armado para conseguir favores entre empresarios, políticos y gente de inteligencia, y [Trump] (https://politicaobrera.com/15679-la-podredumbre-moral-de-la-elite-capitalista-sale-a-flote) estaba entre sus contactos. Cómo manejó el caso el propio gobierno de Trump -el nombramiento y la caída de [Pam Bondi] (https://politicaobrera.com/16024-crisis-electoral-en-estados-unidos-trump-sacrifica-a-bondi-oculta-los-archivos-epstein-y-busca-anular-las-primarias), la censura selectiva de los archivos, la protección de los poderosos mientras se exponía a las víctimas- deja claro que no es un problema de algunos corruptos sueltos, sino de cómo funciona el poder de esta clase. 

 Lo que une estos expedientes -Carroll, Daniels, Epstein- es que muestran a una clase dominante que ya no logra esconder su propia podredumbre. Cada juicio, cada archivo que se filtra, cada testimonio bajo juramento rompe un poco más el relato de que esta gente está arriba porque se lo merece. Y esa misma elite que abusa, encubre y compra silencios es la que todos los días explota a la clase trabajadora, le recorta derechos, y ahora además quiere cambiar las reglas electorales para no perder el poder, aunque cada vez más gente la rechace en la calle. 

 Y exactamente en el terreno electoral, esta semana Trump sufrió otra derrota. La Corte Suprema, por 5 votos contra 4, falló en contra de un [planteo republicano] (https://politicaobrera.com/16451-el-trumpismo-prepara-un-fraude-electoral) que quería impedir que se cuenten los votos por correo que llegan después del día de la elección (aunque hayan sido enviados a tiempo). El fallo, escrito por la jueza Amy Coney Barrett, "supone un revés para el presidente, Donald Trump, quien suele criticar el voto por correo, alegando sin presentar pruebas que está plagado de fraude" (Telemundo, 29/6). Y no es el único traspié: distintas juezas federales ya frenaron de forma permanente la exigencia de mostrar documentos de ciudadanía para votar, impidieron armar un padrón electoral único a nivel nacional, y prohibieron cruzar los padrones con una base de datos de migración que podía sacar del padrón a gente que sí tiene derecho a votar. 

 Es el mismo patrón en los dos terrenos: un gobierno que sabe que no puede ganar limpio recurre a maniobras de todo tipo -jurídicas, administrativas, represivas- para no soltar el poder. Esta fragilidad de Trump y su entorno va más allá de la corrupción de un personaje en particular, muestra que ese sector del capital, el más poderoso del mundo, ya no puede gobernar sin hacer trampa todo el tiempo. Ni siquiera una Corte Suprema tan favorable a Trump puede taparlo del todo. 

 Frente a esto, no alcanza con esperar que la Justicia haga su trabajo, ni con confiar en que las elecciones de noviembre resuelvan el problema. Los tribunales pueden frenar algunos atropellos de Trump, pero no van a terminar con un sistema que produce gobernantes como él una y otra vez. La verdadera fuerza para enfrentarlo está en la calle: en las movilizaciones que ya lo hicieron retroceder, como las marchas "No Kings" o la protesta que frenó el manoseo de distritos electorales en Georgia. Ese es el camino: que los trabajadores se organicen por su cuenta, sin depositar la confianza en jueces ni en urnas, para barrer no solo a Trump sino al sistema que lo puso ahí. 

Iara Bogado

 Fuentes: 

 https://www.cnbc.com/2026/06/29/supreme-court-trump-carroll-appeal.html https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/elecciones-estados-unidos-2026/en-un-reves-para-los-republicanos-la-corte-suprema-permite-contar-voto-rcna352227

De negociados internacionales y mundiales de fútbol

A partir del Mundial de 1974, cuando João Havelange consiguió para la FIFA condiciones de negociación extraordinariamente favorables con las empresas patrocinadoras y las cadenas de televisión, la entidad comenzó a transformarse en una de las organizaciones con mayor facturación del mundo. 

 Tras el escándalo impulsado por Estados Unidos, que terminó desplazando a Joseph Blatter de la presidencia de la FIFA para facilitar el desembarco de Gianni Infantino, las concesiones políticas y económicas quedaron más expuestas que nunca. La realización del Mundial 2026 en Estados Unidos fue presentada como una organización compartida con México y Canadá, bajo el discurso de la confraternidad continental. Sin embargo, también puede interpretarse como una forma de diluir las sospechas que dejó la controvertida adjudicación del Mundial 2022 a Qatar. 

 En ese mismo contexto apareció otra decisión presentada como una medida humanitaria: la aprobación del cooling break, una pausa de tres minutos en cada tiempo para proteger a los jugadores de las altas temperaturas del verano boreal. 

 Las declaraciones de Cristiano Ronaldo, cuestionando la aplicación de esos cortes, incluso en partidos disputados con temperaturas ideales para la práctica deportiva, reavivaron una polémica que Marcelo Bielsa ya había planteado al manifestar su oposición a la medida. 

 ¿Se entiende el punto, compañeros?

 La FIFA ya ni siquiera parece ser Gianni Infantino, porque la FIFA expresa hoy intereses políticos y económicos mucho más amplios. Infantino aparece como el gerente de un negocio global de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que excede al fútbol y que se presenta bajo el discurso de la protección de la salud y del bienestar de los jugadores.

 Las declaraciones de Ronaldo también pueden interpretarse como un mensaje hacia quienes administran ese negocio, porque nadie conoce mejor que él cómo convertir cada intervención pública en una herramienta para fortalecer su posición económica y mediática. 

 Para el ciclo financiero del Mundial 2026, la FIFA proyectó ingresos cercanos a los 13.000 millones de dólares. Sólo por marketing corporativo y patrocinio se aseguró más de 3.000 millones, cerrando acuerdos con 16 grandes marcas globales antes del comienzo del torneo. Todo indica, tras haberse diputado más de un tercio del campeonato mundial, que esas cifras terminarán siendo ampliamente superadas. 

 Aunque la FIFA no percibe directamente el dinero que las cadenas de televisión obtienen por la venta de publicidad, el cooling break constituye un negocio gigantesco. Cada interrupción habilita espacios publicitarios que las emisoras comercializan a valores extraordinarios. Se estima que esas pausas pueden generar alrededor de 500 millones de dólares adicionales durante el torneo, una cifra que podría incrementarse significativamente en los partidos de mayor audiencia.

 Marcelo Bielsa fue contundente al referirse a estas interrupciones: "Los motivos son muy claros y no es necesario que yo agregue opiniones que han sido unánimes y que están explicadas". 

 La cuestión es sencilla, compañeros. Mientras las decisiones militares y económicas de Donald Trump buscan consolidar zonas de influencia favorables a los intereses de las grandes corporaciones, buena parte del resto del mundo enfrenta políticas de exclusión, controles migratorios cada vez más severos y, en numerosos conflictos, las bombas de Trump y Netanyahu sobre sus cabezas. 

 Por eso este Mundial no puede interpretarse únicamente como otro gran negociado de dirigentes multimillonarios, este mundial también constituye una enorme vidriera política y económica desde la cual se intenta naturalizar la discriminación, las deportaciones y hasta decisiones arbitrarias dentro del propio espectáculo deportivo, transmitiendo la idea de que cualquier oposición al capitalismo global resulta inútil. 

 La impunidad con que la burguesía lleva adelante estos negociados también revela sus propias contradicciones. En la Argentina, condenar a gran parte de la población a salarios de apenas 500.000 pesos constituye una prueba evidente del agotamiento del sistema económico vigente. Sin embargo, mientras millones de trabajadores ven deteriorarse sus condiciones de vida, alrededor de 100.000 argentinos viajaron a Norteamérica para presenciar el Mundial, más del doble que en Qatar 2022. Ese contraste demuestra hasta qué punto la concentración de la riqueza permite a una minoría acceder a privilegios cada vez más inaccesibles para el resto de la sociedad. 

 El fantasma que recorre el mundo ya no es un ectoplasma en busca de quienes lo reciban. Es una realidad cada vez más visible que resurge con fuerza frente a cada avance del capitalismo global. Ningún trabajador consciente de su pertenencia de clase puede aceptar como inevitable la dominación de quienes convierten la riqueza colectiva en beneficio privado. Ningún trabajador debería resignarse a que gobiernos que se proclaman defensores de la libertad terminen restringiendo derechos y debilitando la solidaridad internacional entre los pueblos. 

 ¡Por los pueblos del mundo unidos, contra la guerra y el avasallamiento capitalista! 

 Juan Romero

 01/07/2026

Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI

Desde el martes pasado, las carreteras bolivianas se encuentran sin bloqueos ni movilizaciones. Al levantamiento de la huelga general por parte de la COB y el “cuarto intermedio” de los bloqueos por parte de la Túpac Katari (ver artículo La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana), le siguió el levantamiento de los bloqueos por parte de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, acusando de traidores a los dirigentes de la COB y la Túpac Katari (Los Tiempos, 22/06). 

 El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública. 

 Trump festeja con Paz Pereira

 La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.

 El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.

 Avanzada penal

 En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple. 

 Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba). 

 Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado. 

 Desabastecimiento 

La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).

 El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06). 

 Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).

 Devaluación 

Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano. 

 Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.

 Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio. 

 Julio Quintana 

 27/06/2026

Nuevas derechas: escuela austriaca y neofascismo | Entrevista a Néstor Kohan

Volkswagen prepara una masacre laboral de hasta 100.000 despidos

La automotriz pretende descargar sobre los trabajadores su crisis y la competencia con los fabricantes chinos. El plan incluye el cese de la producción en cuatro plantas alemanas 

 El grupo Volkswagen prepara uno de los mayores ataques contra los trabajadores de la historia de la industria automotriz. La empresa proyecta eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, una cifra equivalente a casi uno de cada seis empleados de su planta global, compuesta por aproximadamente 625.000 trabajadores.

 El plan representa una profundización de la reestructuración que ya se encuentra en marcha. Volkswagen había acordado recortar 50.000 empleos en Alemania hasta finales de 2030 y reducir su capacidad productiva en el país en 500.000 vehículos anuales. Ahora, la dirección del grupo analiza eliminar otros 50.000 puestos de trabajo. 

 De concretarse, la reestructuración superaría los 74.000 despidos ejecutados por General Motors durante la década de 1990 y los 60.000 puestos eliminados por IBM en 1993. Se trataría, por lo tanto, de una de las mayores masacres laborales llevadas adelante por una sola empresa.

 Cierre de plantas y reducción de la producción

 Las nuevas medidas incluirían el cese de la producción en otras cuatro fábricas alemanas: las plantas de Volkswagen ubicadas en Emden, Zwickau y Hannover, y la fábrica de Audi en Neckarsulm. 

 Estos cierres se sumarían al de la planta de Dresde y al anunciado cese de la producción en Osnabrück, previsto para el próximo año. Volkswagen busca compradores o nuevos destinos para estas instalaciones, entre ellos su utilización por parte de otras automotrices o de empresas vinculadas con la industria militar. 

 El director ejecutivo del grupo, Oliver Blume, pretende reorganizar el conglomerado alrededor de su actividad automotriz principal, desprenderse de activos y obtener nuevos recursos. En esa línea, Volkswagen vendió su división de motores marinos Everllence al fondo estadounidense Bain Capital por 7.400 millones de euros.La empresa se había fijado el objetivo de ahorrar 6.000 millones de euros anuales hasta 2030. Para alcanzar esa meta, pretende reducir salarios, puestos de trabajo y capacidad productiva, mientras continúa realizando operaciones multimillonarias y preservando los intereses de sus accionistas. 

 La crisis capitalista de la industria automotriz 

 Volkswagen justifica la ofensiva por el impacto de los aranceles estadounidenses, la guerra en Medio Oriente, el deterioro de su posición en China y el avance de los fabricantes chinos en el mercado europeo. 

 Durante los primeros cinco meses del año, las marcas chinas representaron casi uno de cada diez automóviles nuevos vendidos en Europa. La expansión de estos fabricantes ha agudizado la competencia por el mercado mundial, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos, donde las automotrices europeas acumulan un importante retraso.

 La dirección de Volkswagen busca presentar los despidos como una consecuencia inevitable de esta competencia. Pero los trabajadores no son responsables de las decisiones empresariales, de la falta de inversiones ni de la crisis provocada por la disputa entre los distintos monopolios automotrices.

 Mientras las patronales compiten por mercados, subsidios estatales y mayores márgenes de beneficio, pretenden que sean los trabajadores quienes paguen las consecuencias mediante despidos, cierres de fábricas, aumentos de los ritmos de producción y pérdida de conquistas laborales. 

 La burocracia sindical allanó el camino 

 A finales de 2024, Volkswagen llegó a un acuerdo con los sindicatos para reducir puestos de trabajo y capacidad productiva en Alemania. Ese acuerdo, presentado como una forma de evitar cierres inmediatos, abrió el camino para la ofensiva actual. 

 Ahora, frente a la posibilidad de que la compañía duplique la cantidad de despidos y avance sobre nuevas plantas, los representantes del comité de empresa y de IG Metall anunciaron que se opondrán al plan. 

 "Si se siguen adelante con esos planes, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, declararon Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa de Volkswagen; Christiane Benner, presidenta de IG Metall, y Thorsten Gröger, dirigente del sindicato en Baja Sajonia.

 Sin embargo, la defensa de los puestos de trabajo no puede quedar subordinada a nuevas negociaciones destinadas a administrar la reestructuración patronal. La experiencia demuestra que los acuerdos basados en retiros “voluntarios”, jubilaciones anticipadas y reducción de la producción solo escalonan los despidos y preparan nuevos ataques. 

 El consejo de supervisión de Volkswagen, donde participan representantes sindicales, debe analizar el nuevo plan el próximo 9 de julio. También se discute una reorganización interna que podría reducir los derechos de intervención de los trabajadores dentro de la compañía.

 Por una respuesta obrera internacional

 La amenaza contra los trabajadores de Volkswagen forma parte de una ofensiva más amplia de las automotrices europeas. Las patronales buscan utilizar la competencia internacional y la transición hacia los vehículos eléctricos para cerrar plantas, eliminar empleos y flexibilizar las condiciones laborales.

 Frente a una empresa transnacional que organiza su producción a escala mundial, es necesaria una respuesta coordinada de los trabajadores de todas las plantas y países. La defensa de cada puesto de trabajo exige superar la política de acuerdos por fábrica y de colaboración con la dirección empresarial.

 Es necesario impulsar asambleas en todas las plantas, elegir delegados con mandato de base y preparar un plan de lucha común contra los despidos y los cierres. Ante la reducción de la producción, corresponde repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin reducción salarial. 

 Volkswagen debe abrir sus libros al control de los trabajadores. Si la empresa amenaza con cerrar fábricas o despedir masivamente, debe plantearse su ocupación y puesta en funcionamiento bajo control obrero. 

 La crisis de Volkswagen vuelve a mostrar la incompatibilidad entre las necesidades de los trabajadores y la búsqueda de beneficios de los grandes monopolios. La defensa de los puestos de trabajo requiere una lucha independiente de las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical. 

 Prensa Obrera

Trump presiona al Congreso para avanzar en la estafa electoral

Deja en suspenso la ley de vivienda, hasta que se apruebe la ley electoral SAVE. Donald Trump ha suspendido la promulgación de la recién aprobada (por ambos partidos) ley sobre vivienda. Cuando todo estaba preparado para una ceremonia donde el presidente firmaría lo que NYT define como “la legislación sobre vivienda más importante en 36 años”, Trump decidió dejar en suspenso la ley planteando un nuevo chantaje al congreso: no la firmará hasta que sea aprobada la ley SAVE -a través de la que impulsa una gran estafa electoral. 

 La ley de vivienda fue negociada en forma bipartidista durante meses, y es presentada como una reforma tendiente a reducir el costo de la vivienda. La cuestión del costo habitacional se ha demostrado como una de las principales preocupaciones de la población, y fue uno de los ejes de la campaña victoriosa de Zohran Mamdani en Nueva York. Los Republicanos consideraban la aprobación como “un logro crucial para su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego sus mayorías en el Congreso. Los votantes han criticado duramente la gestión económica del presidente, con tan solo un 33% de aprobación” (NYT, 23/6). 

 La ley “busca abordar la crisis de la vivienda impulsando la oferta en un país que enfrenta una grave escasez de viviendas nuevas”. “Los precios de las viviendas existentes han aumentado un 54 por ciento desde 2020, y las casas cuestan casi cinco veces el ingreso medio, muy por encima de los estándares históricos”. Según el New York Times, “Durante años, la crisis de la vivienda se concentró en las ciudades más grandes y liberales de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Pero el auge inmobiliario de la pandemia disparó los precios de las viviendas y los alquileres a máximos históricos en ciudades que nunca antes habían experimentado tales presiones, como Boise (Idaho) y Bozeman (Montana). Esto generó una crisis para los legisladores republicanos y una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso bipartidista en un Congreso profundamente dividido” (ídem). 

 Trump -un capitalista del sector inmobiliario- no impulsó la ley, que provocó en su tratamiento muchas crisis a la interna de los Republicanos, pero tampoco la frenó. “Ante el tibio apoyo del presidente, las luchas internas dentro del Partido Republicano amenazaron repetidamente con frustrar la aprobación de la medida. El proyecto de ley también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de legisladores de extrema derecha, quienes lo calificaron de ejemplo de despilfarro y extralimitación del gobierno, e incluso horas antes de la votación final amenazaron con intentar bloquearlo en la Cámara de Representantes.” Tras las negociaciones la ley se aprobó y Trump la calificó con su usual estilo grandilocuente como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”. 

 Especulación y crisis habitacional

 La llamada “escasez” de viviendas no significa que falten casas o apartamentos, sino que la especulación inmobiliaria ha disparado los precios tanto para la compra como para el alquiler. Grandes fondos de inversión no sólo poseen edificios de apartamentos sino también casas unifamiliares, lo que eleva el costo de la vivienda a niveles históricos. La nueva norma promete limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de esos fondos, lo que se afirma tendería a bajar el precio de esas casas. La ley votada “prohíbe a las empresas poseer más de 350 viviendas unifamiliares ya existentes, aunque no les obliga a vender las viviendas adquiridas antes de su entrada en vigor. Una propuesta más estricta, que habría exigido a los inversores vender las viviendas unifamiliares construidas específicamente para alquiler tras siete años, fue descartada”. Los especuladores sostienen que el efecto de la norma va a implicar no más sino menos construcción de viviendas, ya que gran parte de ellas son directamente construidas por los especuladores con vistas a alquilar. 

 La ley también incentiva a los gobiernos locales a simplificar los trámites (acelerar permisos de construcción, recategorizar zonas donde está limitada la construcción, reducir las exigencias ambientales). Otro eje es habilitar en mayor medida las viviendas prefabricadas de baja calidad.

 La crisis de la vivienda no se va a resolver con estas medidas parciales, cuando está ligada a la existencia de una enorme masa de capital ficticio que busca su valorización a través de la especulación inmobiliaria entre otros rubros que afectan la canasta familiar.

 La ley pretende tomar en cuenta la cuestión de la “asequibilidad”, es decir, el alto costo de vida, que se ha convertido en una bandera política de cara a las elecciones en el marco de una carestía creciente. Ahora Trump la deja en suspenso para exigir a sus propios legisladores que vayan a fondo en la estafa electoral que se viene preparando.

 Trump presiona a su partido

 La Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional” (Infobae, 24/6). 

 La SAVE Act busca suprimir el derecho al voto a millones de ciudadanos -especialmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Ha sido aprobada ya varias veces en la Cámara de Representantes, pero no logra el apoyo de todos los senadores Republicanos ni mucho menos de los Demócratas. Trump ha venido presionando a su bancada para que el Senado termine con el llamado “filibusterismo”, por el que la minoría puede obstruir la aprobación de una ley extendiendo el debate, ya que declarar el cierre de la discusión requiere un 60% de los votos de la cámara. El propio Senado podría cambiar su reglamento por mayoría simple y eliminar el requisito del 60% que protege a la minoría. Ya existen antecedentes respecto a eliminar esa mayoría especial en algunos casos puntuales en gobiernos anteriores. Sin embargo, una buena parte de los Republicanos se resiste a ese cambio, con el criterio de que ellos pueden ser en el futuro la minoría y perderían el poder de obstruir leyes. La construcción de la dictadura personal de Trump requiere, por el contrario, acabar con toda esa deliberación parlamentaria que limita o enlentece las medidas adoptadas por el presidente. 

 Dejar en suspenso la ley de vivienda va a profundizar la crisis entre los Republicanos, donde los más fieles trumpistas vienen apurando a la aprobación de la SAVE Act para que tenga efecto en las elecciones de medio término. Trump ya había planteado un chantaje similar respecto a la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que también busca aprobar el Congreso, diciendo que no la aprobaría hasta que se vote el paquete del fraude electoral.

 Georgia se rebela contra el fraude 

Otra faceta del fraude electoral es el que se desarrolla a nivel de los Estados dominados por los Republicanos, donde a exigencia del Presidente -y con el aval de la Suprema Corte trumpista- se viene redibujando los distritos electorales para inflar artificialmente la representación del Partido de gobierno. Estos cambios ya se aprobaron en varios Estados del “sur profundo”, como Luisiana (se eliminó un distrito de mayoría negra), Alabama (la Corte autorizó un cambio similar), Tennessee (se modificó el distrito de Memphis), Florida, que siguieron el ejemplo de Texas, Misuri, Ohio, Carolina del Norte. Se estima que los Republicanos se asegurarían (o serían más competitivos) en 10 a 17 distritos que antes favorecían a los Demócratas. Por su parte, los Demócratas podrían ganar unos 6 Representantes en distritos nuevos en California y Utah.

 En el caso de Georgia -otro Estado del sur profundo- se produjo una gran protesta de la población contra una maniobra similar. “Georgia iba a ser el último estado del sur en considerar la redistribución de distritos tras un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para la representación de la población negra” (NYT, 17/6). Sin embargo, “activistas y manifestantes por los derechos civiles se congregaron en Atlanta, considerada la cuna del movimiento por los derechos civiles”. “Marchas y manifestaciones recibieron a los legisladores cuando se reunieron para [una] sesión especial” convocada para tratar la modificación distrital de cara a las elecciones de 2028 (ya no para noviembre de este año). Las protestas provocaron el levantamiento de la sesión y el anuncio del gobernador que no se trataría (por ahora) la modificación. El gobernador Kemp ya había resistido la presión de Trump para aprobar de apuro los cambios con vistas a noviembre (como hicieron muchos Estados) y prefirió esperar a los fallos judiciales respecto a los cambios en otros Estados, y apuntar a un cambio recién para 2028. Esto también quedó por ahora en suspenso, ya que una parte de los Republicanos teme que este tema se convierta en un eje en las próximas elecciones en el Estado (para gobernador y legisladores), lo que permitiría a los Demócratas movilizar al electorado en el que “se ha convertido en el estado indeciso más importante del sur profundo”. 

 La cuestión de la reforma electoral forma parte de la intentona trumpista de establecer un régimen de dictadura personal, incluso en el contexto de una presidencia que ha perdido popularidad, en particular por los efectos de la guerra imperialista sobre las condiciones de vida populares. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 25/06/2026

Los condenados de la tierra y la vigencia de Fanon | con Geraldina Colotti

La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha dado un paso clave para la liquidación de la rebelión obrera y campesina en contra de él. El pasado viernes por la noche, después de una semana de negociaciones y dos reuniones de “diálogo”, ha logrado un acuerdo político con la COB. Esa misma noche, ante los medios de comunicación, el secretario ejecutivo de la Central Obrera, Mario Argollo, levantó la huelga general establecida desde el Primero de Mayo, que no se efectivizó, sin embargo, en la mayoría de los lugares de trabajo, y llamó a levantar los bloqueos sostenidos por organizaciones campesinas e indígenas y obreros autoconvocados. El “diálogo” se estableció a pedido de una “conminatoria” de la COB. 

 Estado de excepción

 A las dos de la mañana del sábado, Paz Pereira decretó el estado de excepción para “liberar” las rutas y calles del país. Inmediatamente, el ejército y la policía boliviana fueron movilizados para el operativo de despeje, lo que da cuenta de una preparación previa a la firma del acuerdo con la COB. El presidente volvió a llamar a la población a “acompañar a la policía y el ejército en los desbloqueos”. Ayer, domingo, se sostenían aún 31 bloqueos en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz (El Deber, 21/06). En Chuquisaca y Pando, los bloqueos refluyeron completamente durante la semana. Potosí amaneció sin bloqueos; hubo enfrentamientos civiles en varias zonas de El Alto (Latitud Bolivia, 21/06). 

 El Comité Cívico de Santa Cruz, bastión de la oligarquía fascista boliviana y del conjunto de las cámaras empresariales, aplaudieron la medida que habían exigido desde el principio. El derechista y expresidente boliviano Tuto Quiroga inmediatamente exigió la aprobación exprés del estado de excepción por parte de la Asamblea Plurinacional boliviana. Según la ley 1740, que reglamenta el estado de excepción, es necesaria una mayoría agravada de la Asamblea Plurinacional en un plazo máximo de setenta y dos horas. Fue lo que ocurrió a las dos de la mañana del domingo, con más de dos tercios de diputados y senadores. 

 Las direcciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la CSUTCB Túpac Katari y los Ponchos Rojos, junto a otras organizaciones campesinas e indígenas, han denunciado a la COB y las Fejuves de traidoras y ratificaron en un primer momento proseguir la lucha por la renuncia del presidente. Un dirigente de la Túpac Katari reconoció que los miembros de la COB se habían retirado de los piquetes desde hacía al menos una semana (La Razón, 19/06). Todo esto es muy instructivo, porque la llamada izquierda, en Bolivia y más allá, había lanzado la consigna del gobierno de la COB.

 La semana pasada, la Túpac Katari también había “conminado” al gobierno a un “diálogo” con un pliego que pedía la derogación de una serie de decretos considerados “inconstitucionales”, entre ellos la ley de reglamentación del estado de excepción (Unitel, 16/06). También hubo denuncias en contra de algunos de sus propios dirigentes por haber participado en las negociaciones de la COB con el gobierno de Paz Pereira. Bajo este marco, la Túpac Katari decretó el “cuarto intermedio “de los bloqueos y convocó a un cabildo para el lunes próximo (RENNO, 20/06), aunque su realización está cuestionada por la prohibición de las reuniones públicas que establece el estado de excepción. 

 La coordinadora de las seis federaciones campesinas del trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, ratificaron proseguir la lucha. El ministro de gobierno amenazó con la intervención del departamento de Cochabamba, acusó a Evo Morales de impulsar acciones vinculadas al narco-terrorismo y advirtió que la policía y el ejército boliviano están definiendo el plan operativo para ingresar a la zona (Los Tiempos, 20/06). 

 Crónica de una entrega 

Hace dos semanas, Paz Pereira ya había logrado la cooptación de cinco de las nueve centrales obreras departamentales; un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Fabriles y, la semana pasada, con las seccionales sindicales de los mineros de Huanuni y Colquiri. También firmó, por enésima vez, un acta acuerdo con la dirección de los autotransportistas de La Paz, afectados por la “gasolina basura”.

 El fin de semana anterior, la dirección de la COB había suspendido su ampliado dos veces consecutivas en una clara muestra de desorientación ante la avanzada del gobierno sobre sus departamentales y sindicatos afiliados. Finalmente, el comité ejecutivo de la COB dirigido por Mario Argollo decidió “conminar” a principios de semana al presidente Rodrigo Paz a un “diálogo”, con un pliego de ocho puntos, bajo la amenaza grandilocuente de “revolucionar el país”. El pliego exigía la liberación de más de un centenar de detenidos, la finalización de la política de criminalización de la protesta social y que el gobierno combata al “racismo”, la no entrega de los recursos naturales, rechazaba el acuerdo con el FMI, solicitaba mecanismos de “consenso” de las medidas del gobierno y el cumplimiento de las promesas electorales, exigía una “redistribución” equitativa y la “protección” de la canasta familiar. La primera sesión de negociaciones entre el Gobierno y la COB se levantó bajo el compromiso de liberar a los detenidos durante las represiones a las movilizaciones y bloqueos. 

 El carácter abstracto del pliego de la COB permitió que Paz Pereira pudiera comprometerse con todos los puntos establecidos por esa central obrera. Pero fue categórico en defender el acuerdo con el FMI, anunciado días antes como “cercano”, junto a una devaluación del 40 % de la moneda local (Bloomberg Línea, 15/06). La COB resignó su rechazo al FMI y aceptó un mecanismo de “administración transparente” de los recursos obtenidos de organismos de crédito internacionales. 

 Repliegue 

Hasta el momento, el operativo militar y policial de despeje ha sido masivo y concentrado en los puntos de bloqueos ya abandonados por los manifestantes. En el caso de Caracollo, en Oruro, se desplegaron más de mil efectivos (Wara TV, 21/06). El bloqueo de San Julián en Santa Cruz, que semanas atrás había derrotado una represión policial y parapolicial de la Unión Juvenil Cruceña, fue levantado mediante una negociación encabezada por el gobernador cruceño y bajo la promesa de obras de infraestructura y otras reivindicaciones (El Deber, 21/06), claramente condicionada por la entrega de la COB y el repliegue de la Túpac Katari en La Paz. En Cochabamba, Paz Pereira tratará de hacer efectiva la prisión de Evo Morales. 

 En lo inmediato, Paz Pereira sale políticamente muy reforzado de esta crisis. Con el levantamiento de la mayoría de los bloqueos y la declaración del estado de excepción, ha reforzado su influencia política en las capas medias que nunca fueron atraídas a la lucha por la COB o la Túpac Katari. Ahora, Paz deberá seguir su arbitraje entre los sectores derechistas que exigen ir a fondo. 

 El desabastecimiento de combustible y su calidad no ha sido resuelto, como tampoco la carestía de la vida, que se agravará por la fuerte devaluación que está exigiendo el FMI. 

 Julio Quintana

 22/06/2026