Cascos Blancos argentinos a Gaza, el compromiso de Milei en la Junta de Paz

Javier Milei viajó a Washington para asistir el jueves a la primera reunión de la llamada “Junta por la Paz para el gobierno y la reconstrucción de Gaza”, un organismo creado por Donald Trump con el objetivo declarado de apropiarse de la Franja de Gaza e intervenir -a modo de unas Naciones Unidas de uso personal- en cualquier conflicto del planeta. 

 Este decimocuarto viaje es una nueva muestra de la subordinación incondicional de Milei a Trump y al criminal de guerra Benjamín Netanyahu. El mandatario argentino busca alinear a la Argentina con la política belicista y crecientemente fascistizante del presidente yanqui, pidiendo pista para integrarse activamente a su agenda internacional.

 La reunión de la Junta por la “Paz”, que supuestamente trazará la hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, coincide con un despliegue militar estadounidense descomunal en Medio Oriente y con promesas de un ataque inminente contra Irán, una exigencia persistente del sionismo. 

 El formato del encuentro fue, en sí mismo, una demostración de vasallaje: Trump y sus socios se dirigieron largamente a los presentes, quienes contaron con apenas dos minutos “estrictos” (sic) para saludar y detallar cómo colaborarían con la Junta. Ni los feroces jeques árabes —expertos en eliminar opositores— ni el presidente turco Erdoğan, con miles de presos políticos en sus cárceles, se apartaron del libreto.

 Sin límite de tiempo hubo presentaciones de Marco Rubio -secretario de Estado- Jared Kushner - yerno de Trump-, Steve Witkoff -enviado especial de la Casa Blanca a Medio Oriente-; del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz; del ex primer ministro británico, Tony Blair; y del Alto Representante de la Junta para la Paz en Gaza, Nickolay Miadenov. 

 “La costa de Gaza tiene 42 kilómetros de longitud y podemos convertirla en una nueva Riviera mediterránea con 200 hoteles turísticos”, se ufanó el multimillonario sionista Yakir Gabay, uno de los integrantes del gobierno colonial que Trump proyecta para Gaza. La propuesta es hacer negocios con el genocidio: construir hoteles sobre los cadáveres palestinos y convertir a los sobrevivientes en mano de obra esclava. 

 Durante el discurso de apertura, Trump elogió reiteradamente a Milei y lo buscó entre los presentes. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó con una sonrisa antes de destacar su desempeño electoral. Y se felicitó a sí mismo por el apoyo brindado a Milei en las elecciones legislativas de octubre. 

 “No se supone que deba apoyar a nadie, pero lo hago cuando me gusta…”, se explayó Trump, y agregó: “Tengo muy buenos antecedentes apoyando candidatos en Estados Unidos, pero ahora respaldo líderes extranjeros. Apoyé a Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco atrás en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”. (El fascista Viktor Orbán busca su reelección en abril). 

 Cuando volvió a dirigirse a Orbán, Trump reiteró los elogios a Milei y destaco que Estados Unidos desembolsó unos 20.000 millones de dólares del Tesoro para “contener las turbulencias financieras” en Argentina y rescatar al gobierno de una posible derrota electoral. 

 Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras su hermana Karina Milei permaneció en Buenos Aires siguiendo de cerca el debate por la contrarreforma laboral en la Cámara de Diputados. 

 Ausencias elocuentes 

A pesar de la música de los Village Voice y de Elvis, y el repugnante aire festivo de los genocidas y sus cómplices, a la fiesta de Trump faltaron muchos invitados. 

 Washington esperaba por lo menos que acudieran 45 jefes de estado de los 60 países invitados. Fueron 27. Se ausentaron los aliados atlánticos de Estados Unidos en la OTAN y también Japón. De Europa, solo participaron Hungría y Bulgaria, mientras que Italia se limitó a enviar un observador. 

 Netanyahu, que se encontraba en el congreso del AIPAC, prefirió regresar a Israel y envió a su canciller en señal de protesta por la presencia de Turquía y Marruecos, países que considera aliados de Hamas. 

 Por América, solo asistieron Paraguay, El Salvador y Argentina. México envió un observador. 

 China y Rusia no fueron invitadas, una señal inequívoca de que la Junta por la Paz funciona como un ensayo general de un nuevo bloque bélico. 

 Trump debió conformarse con aliados asiáticos como Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Qatar, pero minimizó el desaire: “En términos de poder y prestigio, nunca hubo nada igual, porque estos son los líderes más destacados”, afirmó. 

 Una alianza imperial

 La Junta de Paz fue creada por Trump, quien se autonombró presidente vitalicio. Es el único con potestad para designar miembros y ejercer poder de veto. Aunque al principio la presentó como creada para supervisar su plan de paz en Gaza, luego amplió su alcance a otros conflictos internacionales, en un intento explícito de reemplazar a las Naciones Unidas.

 Ahora dio un paso más: anunció que la Junta “va a supervisar a las Naciones Unidas y asegurarse de que funcionen correctamente” y prometió un aporte estadounidense de 10.000 millones de dólares, sin precisar su origen. También afirmó haber reunido otros 7.000 millones de dólares de países árabes y asiáticos.

 Argentina fue eximida de pagar el aporte obligatorio de 1.000 millones de dólares para integrar el organismo. 

 Al tomar la palabra, Milei se declaró “listo” para contribuir en la etapa inicial de “estabilización” en Medio Oriente. Destacó la experiencia argentina en misiones de paz y destacó el liderazgo internacional de Trump. 

 Afirmó que la paz solo puede construirse sobre “derechos innegociables” como la vida, la libertad, la propiedad privada y la libertad de expresión, principios que definió como “base de la nueva política exterior argentina”. 

 Aunque no ofreció aportes económicos, Milei anunció el envío de Cascos Blancos -una fuerza civil humanitaria dependiente de Cancillería- y dejó abierta la posibilidad de una participación con Cascos Azules, aunque eso requeriría autorización del Congreso Nacional. 

 El gobierno dio un paso más de integración a la política genocida de Trump y el sionismo. 

 Olga Cristóbal 

 20/02/2026

Perú: el Congreso destituye al presidente del “Chifagate”

Estados Unidos pide “cambiar el menú”. 

 La presidencia de José Jerí concluyó en tan solo cuatro meses. Ninguno de los escándalos previos a su asunción como presidente interino -corrupción, abusos sexuales- generó el menor revuelo político dentro del Congreso. Fue un evento casi menor el que disparó su rápida destitución. El término “Chifagate” hace referencia a sus reuniones clandestinas con empresarios chinos ligados a los contratos estatales. Las relaciones sino peruanas han crecido exponencialmente desde el año 2010, en detrimento de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. El presidente, cruzado por diversas causas judiciales desde su asunción como diputado, sólo aceleró la censura en su contra “por inhabilitación moral”. Será reemplazado por un diputado del partido Perú Libre, José María Balcázar, exjuez de 83 años, que ha prometido una “transición pacífica”. Perú elige presidente y renueva sus cámaras legislativas el próximo 12 de abril.

 Renovación Popular, partido de la derecha católica, ha estado al frente del pedido de censura a Jerí. Su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, buscó centrar los motivos de la destitución en el alineamiento con China del presidente interino: “Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a palacio en masa” (LN, 18/02). 

 En las jornadas previas, la Subsecretaría para América Latina de Trump, había condenado el fallo de la Justicia peruana para que la empresa naviera estatal china COSCO Shipping Lines pueda operar sin supervisión del Estado. Dicho fallo fue acompañado por la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado viernes 13 de febrero. Las empresas chinas están íntimamente ligadas a los contratos estatales, incluyendo la distribución eléctrica en Lima. Lo mismo ocurre con el control de las empresas chinas sobre la extracción y comercialización del cobre. El 70 % del cobre peruano se exporta directamente a China a través del puerto de Chancay, en manos de COSCO. 

 El gobierno de China ha denunciado la injerencia de Estados Unidos en las decisiones soberanas del Perú. El embajador estadounidense, Bernie Navarro, nombrado hace solo semanas en el puesto, un íntimo colaborador de Marco Rubio, fue visto con el destituido Jerí para discutir sobre la influencia de las empresas chinas.

 En los medios peruanos se informa que Estados Unidos está dispuesto a invertir cerca de 1.500 millones de dólares en la modernización y ampliación de la Base Naval del Callao en Perú. Al mismo tiempo, propicia la firma de un acuerdo para la venta de aviones F16 a la Fuerza Aérea peruana. El gobierno de Donald Trump ha renovado a Perú como un aliado extra OTAN en la conferencia guerrerista de Múnich, .

 Los Estados Unidos no esconden su pretensión por desplazar a China del lugar que ocupa en Perú y el conjunto de América Latina. La diferencia es que mientras China se centra en las inversiones productivas o de servicios, Estados Unidos prefiere el despliegue militar y una asociación con las Fuerzas Armadas. Las presiones para tutelar el puerto de Chancay son crecientes.

 En este cuadro político general, el país se encamina a unas elecciones generales marcadas por la fragmentación política más grande de su historia moderna. Se han oficializado 36 candidatos presidenciales y 38 listas parlamentarias. El punto central está colocado en la restauración del Senado, que había sido abolido por el dictador Alberto Fujimori en 1993. 

 El principal candidato, según las encuestas, es el derechista Rafael Lopez Aliaga, que ha buscado obtener, sin éxito por el momento, el apoyo del gobierno norteamericano. Sus denuncias sobre los contratos estatales con empresas chinas ha sido un eje de la campaña. La guerra comercial de Estados Unidos contra China se ha colocado como un primer punto en la campaña electoral peruana. 

 Joaquín Antúnez

 20/02/2026

Trump se apresta al asalto militar de Irán

Va por “el cambio de régimen’. El bandido Donald Trump ha reunido una fuerza militar colosal en el Asia oriental para desatar una guerra largamente preparada contra Irán junto a su compinche, el genocida Benjamín Netanyahu. En el mar Arábigo operan dos de los mayores portaviones del mundo, una flota enorme de destructores, un vasto sistema de radares y espionaje electrónico y renovado el personal y el armamento de las decenas de bases que Estados Unidos tiene instaladas en la región. Para un número considerable de medios informativos, que exhiben consultas a funcionarios de Washington, el asalto contra Irán no pasará de este fin de semana. 

 La reanudación de la guerra contra Irán a una escala no vista en el pasado reciente está inscripta en los términos mismos de las llamadas ‘negociaciones’ con el gobierno iraní, que son desde cualquier punto de vista un ultimátum. Irán debería abandonar por completo su programa de enriquecimiento de uranio, desmantelar su sistema de misiles balísticos, destruir su fuerza antiaérea, sin recibir a cambio ni siquiera el fin de las sanciones contra su comercio internacional ni el abandono, por parte de Estados Unidos, del cerco militar que ha establecido. Irán es invitada a abrir las puertas a una ocupación militar de su territorio. El gobierno de Irán había ofrecido negociar el grado de enriquecimiento de uranio dentro de las posibilidades para su uso civil y hasta, como último recurso, proceder a ese enriquecimiento en un tercer país para su reingreso controlado a su territorio. El régimen clerical de los Ayatollahs ha advertido todo el tiempo adónde llevaban las concesiones draconianas que se le pretendían imponer, y se prepara para una resistencia militar. En la agenda de guerra de Trump se encuentra también la liquidación física de las mayores autoridades civiles y militares del gobierno. La agenda de Trump contra el enriquecimiento nuclear y la eliminación de los misiles balísticos constituyen un reconocimiento de que los bombardeos norteamericanos contra los centros atómicos de Irán y contra su fuerza antiaérea, en junio pasado, han fracasado.

 El fascista Trump va por la imposición de la dominación política del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente y la apropiación de los recursos petroleros y energéticos de la región. Establecería un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea. Las capacidades defensivas de Irán, infinitamente menores a las de sus enemigos, no son sin embargo despreciables. Ya demostró, en 2024, en la guerra de “doce días”, que podía penetrar la “cúpula de hierro” del régimen sionista en Israel. Lo mismo vale para las bases norteamericanas en Irak, por ejemplo. Los propósitos ‘secundarios’ de la guerra, el debilitamiento de Turquía frente a Israel o el avenimiento de Putin a “un cese del fuego” en Ucrania, sólo sumarían a una convulsión política que podría incendiar a toda la región. El genocidio contra la población de Gaza y la expulsión de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, siempre estuvieron inscriptos en esta perspectiva de demoler políticamente a Irán. El asesinato selectivo de sus mayores líderes políticos y de la comunidad científica, por parte Estados Unidos e Israel, se han venido desarrollando durante años. 

 Trump encara este nuevo crimen de guerra cuando la ‘comunidad internacional’ ha avalado la escalada de agresiones contra Venezuela y contra Cuba, e impuesto esta política al resto de las grandes y medianas potencias. En la reciente Conferencia de Seguridad que tuvo lugar en Munich, con una platea de 63 dirigentes de Estado, se escucharon sesudas admoniciones sobre el “desorden del mundo”, pero ninguna advertencia contra el asalto contra Irán. Trump pretende comparecer a la reunión programada con Xi Jinping, en abril próximo, como Hitler lo hizo en Munich, con Francia y Gran Bretaña en 1938. La decisión de la Corte de Panamá que anuló el contrato con una empresa china a cargo del manejo de los dos puertos del Canal, naturalmente por órdenes de Trump, apenas ha sido respondida por China con la amenaza de una apelación judicial internacional. 

 Entre el 60 y el 70 % de la población de Estados Unidos se ha manifestado en contra del asalto militar a Irán, en los sondeos de opinión. Trump y su camarilla quieren salirse con ‘una victoria’ para doblegar a la oposición popular que se desarrolla en Estados Unidos contra su gobierno. Trump no ha requerido el aval del Congreso para esta guerra y, de un modo, general, choca con todas las instituciones del país en una manifiesta intención de instaurar un régimen de excepción y una dictadura en Estados Unidos. Trump, sin embargo, podría sufrir una derrota político militar en Medio Oriente, si el asalto a Irán desata movilizaciones de masas y rebeliones e insurrecciones en la región y en el resto del mundo. 

 Javier Milei es un protagonista activo en esta guerra. Se ha hecho inscribir en la Junta de Paz encargada de convertir a Gaza en un paraíso turístico inmobiliario internacional y respaldar la expansión imperialista en el Medio Oriente y Asia. Argentina es, extraoficialmente, un país en guerra, una aberración jurídica y política que cuenta con la complicidad del ‘honorable Congreso’. La camarilla de Milei y el conjunto de la burguesía local está agarrados al “swap” de Scott Bessent para evitar el default y la caída del gobierno. Pero toda la guerra mundial en desarrollo obedece a razones semejantes, porque su propósito es contener un derrumbe financiero internacional o descargarlo sobre los trabajadores del mundo entero. La humanidad no atraviesa una crisis ‘geopolítica’ sino el estallido histórico de todas las contradicciones capitalistas. 

 Jorge Altamira

 20/02/2026

Millonarios del algoritmo

No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía 

 La semana pasada, en un tribunal de Los Ángeles, un dato atravesó el debate sobre el llamado «diseño adictivo» de las redes sociales. El director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció bajo juramento que cobra alrededor de 900 000 dólares anuales, más bonificaciones ligadas al desempeño, y paquetes de acciones que algunos años han alcanzado «decenas de millones de dólares». La cifra surgió durante el juicio colectivo por daños a menores contra su empresa matriz, Meta Platforms. 

 El momento fue revelador porque puso sobre la mesa algo que suele quedar fuera del debate público. Las grandes plataformas digitales no son servicios neutrales, sino negocios privados cuya lógica central es maximizar tiempo de uso, datos y segmentación publicitaria. Cada minuto que una persona pasa deslizando el dedo se traduce, directa o indirectamente, en valor bursátil. Y ese valor acaba concentrándose en salarios ejecutivos, acciones y patrimonios personales. 

 Mosseri negó que Instagram sea «adictivo» en sentido clínico, y defendió una distinción entre adicción médica y uso problemático. También aseguró que proteger a los menores es «bueno para el negocio a largo plazo». Sin embargo, los documentos internos exhibidos por la acusación mostraron que la propia empresa conocía los efectos nocivos de ciertos filtros sobre la autoestima de jóvenes, y que eliminarlos podía restar competitividad en mercados claves. Es decir, el conflicto entre bienestar social y rentabilidad no es abstracto: aparece en correos corporativos y decisiones de producto. 

 Su testimonio sirve como antesala de la comparecencia del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, cuyo patrimonio personal se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. El modelo de plataformas ha producido una nueva élite económica basada en la captura de atención a escala planetaria. A diferencia de la industria clásica, aquí el «recurso» principal no es una materia prima física, sino el tiempo y la conducta de millones de usuarios.

 La concentración es aún más visible si se amplía el foco. Google, propietaria de YouTube, ha construido uno de los imperios publicitarios más grandes del mundo apoyándose en datos de navegación y consumo audiovisual. X (antes Twitter), ahora en manos de Elon Musk, ilustra cómo incluso plataformas deficitarias pueden convertirse en herramientas de poder político y mediático, además de activos financieros estratégicos. 

 Lo que está en juego en los tribunales estadounidenses es un precedente legal. Las demandas ya no se centran únicamente en contenidos publicados por terceros, sino en el diseño mismo del producto. Eso que motiva el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes, los sistemas de recomendación. Es un intento de señalar que el daño no proviene solo de lo que se ve, sino de cómo se induce a mirar sin parar. 

 Las plataformas privadas operan con un incentivo estructural: cuanto más tiempo pasamos dentro, más ganan. Lo que hacemos allí se traduce en fortunas personales que crecen mientras se externalizan los costos sociales, desde la ansiedad juvenil hasta la polarización política. El juicio de Los Ángeles abre una grieta en ese relato de éxito tecnológico. Obliga a preguntar quién se beneficia realmente del ecosistema digital y quién paga sus efectos. 

 Entender esta relación entre algoritmo y riqueza es un primer paso para un debate más amplio. No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía. Detrás de cada experiencia en las grandes plataformas globales hay accionistas, ejecutivos y patrimonios colosales, y del otro lado millones de personas cuya atención sostiene ese edificio financiero. 

 Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu 

 19 de febrero de 2026 22:02:28

Argentina: La contundencia del paro y algunas lecciones para Adorni

El paro nacional se hizo sentir fuerte en el transporte y la industria, los puertos y los bancos, escuelas y ministerios, en las calles vacías, y más aún en el golpe que acusó el gobierno. Aún con una CGT que sembró intrigas hasta último momento y se dedicó meses a negociar sus cajas en lugar de deliberar con los trabajadores, el acatamiento masivo muestra la presión desde abajo y que en los lugares de trabajo crece el rechazo a la reforma laboral. Cuando el cierre de Fate sintetiza la pulseada por llevarnos a una Argentina donde la clase obrera sea descartable, el paro vuelve a demostrar que son los trabajadores los que mueven la economía, y que sin sus músculos y sus nervios el capital no es nada. 

 La contundencia de la medida de fuerza fue destacada hasta en los medios de comunicación más embanderados con la reforma laboral, pero desde el gobierno trataron de mostrarse indemnes. Con Milei otra vez haciendo de lustrabotas de Trump en Washington, el que tuvo que salir a decir algo fue el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien como no pudo desestimar el impacto adujo que “el paro es perverso porque, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar no podés hacerlo”. Lección 1: si todos los días la gente va a laburar es porque hay un conjunto de trabajadores que hace funcionar el transporte; sin esa fuerza de trabajo, nada sería como es. 

 Según sus estimaciones, “hoy probablemente tengamos una pérdida de $600 millones de dólares”. Es cierto que las cifras que tira Adorni no sirven mucho para tener en cuenta, pero más allá del número nos lleva a la lección 2: otra vez, la riqueza del país solo se produce si la clase obrera está dispuesta a poner su fuerza de trabajo; sin ese trabajo, las máquinas, rieles, puertos, barcos, energía y computadoras no podrían valorizar ni un centavo el capital invertido.

 También afirmó que van a demandar a los sindicatos del transporte por la medida de fuerza (un derecho consagrado que precisamente se busca liquidar con esta reforma laboral esclavista), y lo fundamentó diciendo que los gremios “nos contestaron que el paro no se hacía por un reclamo salarial sino por la oposición a la reforma. Están reconociendo que es un paro político”. Lógicamente, la ley que quieren sancionar afecta el salario, además de una larga lista de derechos laborales colectivos que los trabajadores están defendiendo con esta acción. Pero además los "paros políticos" del movimiento obrero modelaron la historia de este país, empezando por las huelgas del Centenario que antecedieron a los derechos políticos, el 17 de octubre, el Cordobazo, contra el Rodrigazo en el '75, o el Argentinazo de 2001. En menor medida, pero más fresco, las movilizaciones de aquel diciembre de 2017 enterraron la reforma laboral de Macri, a pesar de la sanción del robo jubilatorio. Lección 3: la huelga política de masas es la perspectiva que tenemos que desarrollar para aplastar la reforma esclavista y a este gobierno antiobrero. 

 El paro, que la CGT se resistió a convocar hasta que la indignación era generalizada y se rehusó a darle un carácter activo, vuelve a poner sobre la mesa quiénes hacemos funcionar al país todos los días. Con este intento de legalizar la superexplotación laboral buscan que el capital se apropie de una porción mayor del valor que producimos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y eso no para un crecimiento económico, sino para seguir fugando capitales y hundiendo al país en la decadencia. Como quedó al descubierto con las críticas de Caputo a la centrales empresarias por la falta de entusiasmo y con el cierre de Fate, esto solo mejora las condiciones para que descarguen la crisis sobre los trabajadores. Los parásitos son los capitalistas. 

 La conclusión del paro nacional es que para derrotar al gobierno antiobrero de Milei y la destrucción masiva de puestos de trabajo necesitamos un plan de lucha hasta la huelga general. Es el camino que planteó una vez más el sindicalismo combativo frente al Congreso, y que el Sutna pone en práctica junto a los mil obreros del neumático que se plantan en Fate.

 Ivan Hirsch

La victoria de Takaichi impulsa el rearme de Japón

En Japón se celebraron elecciones generales anticipadas el 8 de febrero, convocadas por la primera ministra Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), quien había asumido hacía apenas unos meses. El resultado fue una victoria aplastante; obtuvo una supermayoría en la Cámara de Representantes, con 316 de los 465 escaños en disputa. Con el apoyo de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), el bloque gobernante alcanza cerca de 350 escaños. Conocidos los resultados, los mercados financieros saludaron la victoria con subas importantes en la Bolsa de Tokio y el yen cerró la semana cerca de máximos en 15 meses. 

 Sanae Takaichi, una sucesora política del asesinado primer ministro Shinto Abe, se propone retomar su política: cortar a fondo el gasto social y reducir impuestos a los grandes capitales; impulsar un gran gasto en infraestructura (350.000 millones de dólares) y en Defensa. Los números solamente cierran aumentado la deuda pública de Japón, la más alta del planeta en cuanto a relación con el PBI. Muchos advierten que podría provocar un colapso de la Bolsa y de los fondos de pensiones, como el que sufrió Gran Bretaña hace dos años con una política similar. Lo sustancial, sin embargo, es que Takachi quiere preparar a Japón para una guerra contra China, conjuntamente con Trump. Lo ha advertido expresamente en referencia a una eventual ocupación de Taiwán por parte de China. Como ocurre con las potencias vencidas en la segunda guerra mundial, Takaichi se propone el rearme de Japón, algo aún prohibido por la Constitución impuesta por EE. UU. al finalizar aquella guerra. La política de gasto para revivir una economía largamente estancada y una reducción transitoria de los impuestos a los alimentos habrían sido factores que determinaron su amplia victoria electoral. Takaichi iniciará una guerra comercial con China; lo que ha logrado es un colapso del turismo proveniente de China. 

 Mientras Trump acentúa su guerra comercial y política contra los Estados europeos, fortalece la alianza con los asiáticos, Japón en primer lugar. La política mundial gira en torno a la guerra imperialista, cuyo destinatario estratégico es China. 

 Aldana González

 18/02/2026

Trump redobla las amenazas sobre Haití

La catástrofe humanitaria crece con cada intervención internacional.

 Haití entró en una nueva crisis de poder cuando venció oficialmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Este órgano colegiado había asumido el poder en 2024 con la misión de estabilizar el país, reorganizar el Estado y convocar elecciones tras años de crisis agravada por el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en 2021. 

 Antes de disolverse, el Consejo intentó destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero Donald Trump lo “persuadió” con el arribo de tres buques de su armada que se encuentran desplegados en el Caribe. Fue una clara declaración de respaldo a Alix Didier Fils-Aimé y a su continuación en el poder. Así, el Consejo se disolvió sin haber logrado elecciones ni un acuerdo político para reemplazarse a sí mismo.

 El Poder Ejecutivo quedó concentrado de facto en el primer ministro, quien continúa ejerciendo funciones sin que exista presidente ni Parlamento activo; su capacidad real de control es muy limitada. 

Las pandillas dominan el 90 % de Puerto Príncipe y de otras grandes zonas, ya que en los últimos seis meses se han expandido con una velocidad inusitada hacia el centro y el norte del país. Alix Didier Fils-Aimé sigue ahí por la sola voluntad de Trump. Las pandillas se dividen los territorios y conviven organizadas bajo una coalición. La cara visible de esta asociación de pandillas es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. Todas compran en forma unificada las armas que vienen desde Estados Unidos.

 La crisis humanitaria en Haití ha alcanzado niveles extremadamente graves, con implicaciones en seguridad alimentaria, desplazamientos, educación, salud y protección. 5,7 millones de personas —más de la mitad de la población— enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La violencia armada y la inseguridad han causado desplazamientos internos masivos: aproximadamente 1,4 millones de personas han huido de sus hogares, lo que representa cerca del 12 % de la población total. Más de la mitad de estos desplazados son niños. En muchos casos viven en condiciones precarias en escuelas, edificios públicos o albergues improvisados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios sanitarios. La venta de los niños, por parte de familias que están en estado de inanición, es alarmante. La mitad de los miembros de las pandillas son menores de edad.

 Más de 1.600 escuelas cerraron durante el ciclo escolar 2024-2025, dejando sin acceso a la escuela a más de 240.000 estudiantes. Solo el 11 % de las instalaciones hospitalarias con capacidad de internación está funcionando plenamente y ha habido reaparición de brotes de cólera.

 La situación caótica de Haití es responsabilidad de la intervención internacional permanente bajo la batuta de Estados Unidos. 

 Junto con los gobiernos de Canadá y Francia, George W. Bush organizó en 2004 el golpe de Estado contra el primer presidente electo democráticamente en Haití, Jean-Bertrand Aristide. El Consejo de Seguridad de la ONU fue cómplice de la operación al hacerse cargo del país a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Fue la operación internacional más prolongada del siglo XXI en el país. Muchos países enviaron efectivos —que cometieron vejámenes y oprimieron a los haitianos— para relevar al ejército yanqui ocupado en otras invasiones. 

 En 2017, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) —formada solo por civiles y policías— reemplazó a MINUSTAH debido al desastre que habían hecho todos los efectivos militares. Después de eso, hubo diversas “misiones de seguridad”, todas con intervención extranjera, que fracasaron una tras otra. 

 El año pasado, las autoridades de Haití contrataron a una empresa paramilitar de Erik Prince —cofundador de Blackwater— para hacerse cargo de la seguridad del país. Prince está acusado de crímenes de guerra y su trayectoria ha demostrado que solo sabe atacar a población civil desarmada. El contrato con estos mercenarios se ha mantenido en secreto, sin publicarse ni el monto de la paga, ni el reglamento, ni la cantidad de efectivos, ni el prontuario de cada uno. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los operativos de la empresa privada mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos niños. Luego de eso, Estados Unidos, con el apoyo de Panamá, impuso una resolución para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, conocida como la “Fuerza de Supresión de Pandillas”, con derecho a detener y encarcelar a haitianos. 

 En todos los casos, lo que Estados Unidos busca es mantener una intervención en la cual los costos estén socializados entre varios países. La importancia de Haití no radica en la relevancia de sus recursos -como sería el caso de Venezuela-, sino en su ubicación en el Caribe, tan próxima a Estados Unidos, y en la necesidad de mantener un castigo histórico que, por carácter transitivo, el imperialismo yanqui le asesta a Haití en nombre del imperialismo francés. El castigo no solo por haber declarado la primera independencia de América, sino por haber realizado la primera revolución de esclavos del continente. El crimen de Aristide —que le valió el golpe en 2004— había sido reclamarle a Francia que devolviera la “indemnización” que Haití había sido obligada a pagar en 1825 por haber declarado su independencia, cuyo monto actualizado calculó en 20 000 millones de dólares. 

 El otro problema que representa Haití para la gestión Trump es la inmigración. 

 Estados Unidos requiere el control del país para frenar el flujo migratorio, al tiempo que busca repatriar a todos los exiliados haitianos que en Estados Unidos viven en carácter de refugiados. 

 Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, pero esto fue revertido por un fallo judicial de una magistrada de origen latino. 

 Ana Reyes rechazó por segunda vez el recurso del Gobierno para forzar la eliminación de las protecciones migratorias de más de 300.000 haitianos y denunció montones de amenazas de muerte que le llegaron a través de las redes sociales. 

 Aldana González 

 16/02/2026

Milei va a la "Junta de Paz" de Trump a avalar el protectorado imperialista en Gaza

Alinean a Argentina con el genocidio al pueblo palestino y la ofensiva bélica yanqui. 

 Javier Milei participará en la reunión inaugural de la “Junta para la Paz” en Gaza, que tendrá lugar en Washington el 19 de febrero. Se trata del protectorado que Trump, de la mano de otros líderes internacionales, quiere imponer en la Franja con el objetivo no solo de propinarle una derrota histórica al pueblo palestino, sino también de convertirla en un polo turístico, quedarse con sus riquezas y tener una nueva región de influencia en el marco de su disputa por la hegemonía económica y política en Medio Oriente. 

 El encuentro fue convocado por Trump, que busca terminar de darle forma al régimen títere que pretende establecer en Gaza como parte del proyecto presuntamente pacificador. Allí anunciaría el plan de reconstrucción multimillonario del enclave, haciendo eje en la recaudación de fondos y en el despliegue de tropas. También participarán delegaciones de países como Marruecos, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Catar e Indonesia, que han adherido, al igual que Milei, a la iniciativa trumpista. En su momento, desde la Casa Rosada dejaron trascender su disposición a ofrecerle tropas a Trump. 

 Milei apoya fervorosamente la ofensiva genocida que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza desde octubre de 2023 y ha colocado a la Argentina como peón de los yanquis en el tablero de sus operaciones imperialistas por la disputa del mercado mundial. En este sentido, ha reforzado sus lazos militares con Estados Unidos, ofreciéndole la Patagonia para que instale una base militar, y selló un acuerdo comercial que implica la entrega de minerales críticos a las compañías norteamericanas para que puedan competir con China en un terreno donde el gigante asiático mantiene una primacía.

 Por su parte, Yakarta podría aportar unos 8.000 soldados a la fuerza multinacional que quiere desplegar Trump en el territorio costero. Marruecos, que viene de realizar maniobras militares conjuntas con Israel y ha alcanzado pactos en materia de defensa (por ejemplo, la construcción de una planta israelí de fabricación de drones cerca de Rabat), desplegaría otros tantos. Y El Cairo, que ha colaborado con Israel manteniendo cerrado el corredor de Rafah durante toda la ofensiva genocida, fungiría como “actor logístico” (Atalayar, 13/2). 

 El criminal Netanyahu viene de confirmar la adhesión del ente sionista a la “Junta para la Paz”, tras la reunión que mantuvo este miércoles en Washington con Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. El eje del encuentro, sin embargo, fue Irán, país al que Estados Unidos amenazó con intervenir militarmente. Para presionar a Teherán, a la que exigen que desmantele su plan nuclear y su programa de misiles balísticos, los yanquis anunciaron el envío de un segundo portaaviones a las aguas de Medio Oriente.

 En el comité para la “paz” participan Trump, su yerno inmobiliario Jared Kushner, Rubio y el expremier británico Tony Blair –promotor de la invasión de Irak en 2003. La Junta se topó con la reticencia de la Unión Europea, aunque no por su carácter colonial y pro genocidio, sino porque el magnate republicano busca que se convierta en un organismo capaz de intervenir en otros conflictos en la región. Los europeos no quieren que la ONU, que también ha avalado guerras y masacres (guerra de Corea, guerra del Golfo, Afganistán, Libia, etc.), sea relegada a un segundo plano y Trump vea incrementado su poder. 

 Trump viene de anunciar que el cese al fuego que decretó para Gaza va por la segunda fase, que implica, entre otras cosas, la retirada del Ejército sionista. Pero sus tropas siguen apostadas en más de la mitad de Gaza y todavía resta ver si la resistencia palestina depondrá las armas o no. Mientras tanto, la ofensiva sionista contra el pueblo palestino continúa; como parte de esto, Israel avanzó en ataques contra Líbano anunciando el asesinato de un miembro de Hezbolá. 

 Los muertos en Gaza superan los 72 000 y los colonos fascistas israelíes acechan a las comunidades en la Cisjordania ocupada. En este contexto, por otro lado, un informe publicado por el medio catarí Al Jazeera señala que Israel usó armas térmicas y termobáricas, suministradas por Estados Unidos, para asesinar palestinos en Gaza. Se trata de armas prohibidas internacionalmente que pueden generar temperaturas de más de 3000 grados Celsius y son capaces de convertir humanos en cenizas en cuestión de segundos. Casi 3.000 palestinos habrían muerto en un ataque de rasgos explícitamente nazis. 

 Milei también encubre y niega el genocidio que la dictadura de Videla y compañía impulsaron contra la clase trabajadora argentina. Por eso es clave que preparemos una gran movilización para el 24 de marzo, a 50 años del golpe, contra la impunidad de ayer y de hoy, y en apoyo al pueblo palestino que se resiste a ser eliminado. Fuera el sionismo y el imperialismo de Gaza, Cisjordania y todo Medio Oriente. Abajo la junta colonial. Rechazamos la participación de Argentina en ella y reclamamos la ruptura de relaciones con Israel. 

 Nazareno Suozzi