La ley de vivienda fue negociada en forma bipartidista durante meses, y es presentada como una reforma tendiente a reducir el costo de la vivienda. La cuestión del costo habitacional se ha demostrado como una de las principales preocupaciones de la población, y fue uno de los ejes de la campaña victoriosa de Zohran Mamdani en Nueva York. Los Republicanos consideraban la aprobación como “un logro crucial para su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego sus mayorías en el Congreso. Los votantes han criticado duramente la gestión económica del presidente, con tan solo un 33% de aprobación” (NYT, 23/6).
La ley “busca abordar la crisis de la vivienda impulsando la oferta en un país que enfrenta una grave escasez de viviendas nuevas”. “Los precios de las viviendas existentes han aumentado un 54 por ciento desde 2020, y las casas cuestan casi cinco veces el ingreso medio, muy por encima de los estándares históricos”. Según el New York Times, “Durante años, la crisis de la vivienda se concentró en las ciudades más grandes y liberales de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Pero el auge inmobiliario de la pandemia disparó los precios de las viviendas y los alquileres a máximos históricos en ciudades que nunca antes habían experimentado tales presiones, como Boise (Idaho) y Bozeman (Montana). Esto generó una crisis para los legisladores republicanos y una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso bipartidista en un Congreso profundamente dividido” (ídem).
Trump -un capitalista del sector inmobiliario- no impulsó la ley, que provocó en su tratamiento muchas crisis a la interna de los Republicanos, pero tampoco la frenó. “Ante el tibio apoyo del presidente, las luchas internas dentro del Partido Republicano amenazaron repetidamente con frustrar la aprobación de la medida. El proyecto de ley también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de legisladores de extrema derecha, quienes lo calificaron de ejemplo de despilfarro y extralimitación del gobierno, e incluso horas antes de la votación final amenazaron con intentar bloquearlo en la Cámara de Representantes.” Tras las negociaciones la ley se aprobó y Trump la calificó con su usual estilo grandilocuente como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”.
Especulación y crisis habitacional
La llamada “escasez” de viviendas no significa que falten casas o apartamentos, sino que la especulación inmobiliaria ha disparado los precios tanto para la compra como para el alquiler. Grandes fondos de inversión no sólo poseen edificios de apartamentos sino también casas unifamiliares, lo que eleva el costo de la vivienda a niveles históricos. La nueva norma promete limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de esos fondos, lo que se afirma tendería a bajar el precio de esas casas. La ley votada “prohíbe a las empresas poseer más de 350 viviendas unifamiliares ya existentes, aunque no les obliga a vender las viviendas adquiridas antes de su entrada en vigor. Una propuesta más estricta, que habría exigido a los inversores vender las viviendas unifamiliares construidas específicamente para alquiler tras siete años, fue descartada”. Los especuladores sostienen que el efecto de la norma va a implicar no más sino menos construcción de viviendas, ya que gran parte de ellas son directamente construidas por los especuladores con vistas a alquilar.
La ley también incentiva a los gobiernos locales a simplificar los trámites (acelerar permisos de construcción, recategorizar zonas donde está limitada la construcción, reducir las exigencias ambientales). Otro eje es habilitar en mayor medida las viviendas prefabricadas de baja calidad.
La crisis de la vivienda no se va a resolver con estas medidas parciales, cuando está ligada a la existencia de una enorme masa de capital ficticio que busca su valorización a través de la especulación inmobiliaria entre otros rubros que afectan la canasta familiar.
La ley pretende tomar en cuenta la cuestión de la “asequibilidad”, es decir, el alto costo de vida, que se ha convertido en una bandera política de cara a las elecciones en el marco de una carestía creciente. Ahora Trump la deja en suspenso para exigir a sus propios legisladores que vayan a fondo en la estafa electoral que se viene preparando.
Trump presiona a su partido
La Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional” (Infobae, 24/6).
La SAVE Act busca suprimir el derecho al voto a millones de ciudadanos -especialmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Ha sido aprobada ya varias veces en la Cámara de Representantes, pero no logra el apoyo de todos los senadores Republicanos ni mucho menos de los Demócratas. Trump ha venido presionando a su bancada para que el Senado termine con el llamado “filibusterismo”, por el que la minoría puede obstruir la aprobación de una ley extendiendo el debate, ya que declarar el cierre de la discusión requiere un 60% de los votos de la cámara. El propio Senado podría cambiar su reglamento por mayoría simple y eliminar el requisito del 60% que protege a la minoría. Ya existen antecedentes respecto a eliminar esa mayoría especial en algunos casos puntuales en gobiernos anteriores. Sin embargo, una buena parte de los Republicanos se resiste a ese cambio, con el criterio de que ellos pueden ser en el futuro la minoría y perderían el poder de obstruir leyes. La construcción de la dictadura personal de Trump requiere, por el contrario, acabar con toda esa deliberación parlamentaria que limita o enlentece las medidas adoptadas por el presidente.
Dejar en suspenso la ley de vivienda va a profundizar la crisis entre los Republicanos, donde los más fieles trumpistas vienen apurando a la aprobación de la SAVE Act para que tenga efecto en las elecciones de medio término. Trump ya había planteado un chantaje similar respecto a la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que también busca aprobar el Congreso, diciendo que no la aprobaría hasta que se vote el paquete del fraude electoral.
Georgia se rebela contra el fraude
Otra faceta del fraude electoral es el que se desarrolla a nivel de los Estados dominados por los Republicanos, donde a exigencia del Presidente -y con el aval de la Suprema Corte trumpista- se viene redibujando los distritos electorales para inflar artificialmente la representación del Partido de gobierno. Estos cambios ya se aprobaron en varios Estados del “sur profundo”, como Luisiana (se eliminó un distrito de mayoría negra), Alabama (la Corte autorizó un cambio similar), Tennessee (se modificó el distrito de Memphis), Florida, que siguieron el ejemplo de Texas, Misuri, Ohio, Carolina del Norte. Se estima que los Republicanos se asegurarían (o serían más competitivos) en 10 a 17 distritos que antes favorecían a los Demócratas. Por su parte, los Demócratas podrían ganar unos 6 Representantes en distritos nuevos en California y Utah.
En el caso de Georgia -otro Estado del sur profundo- se produjo una gran protesta de la población contra una maniobra similar. “Georgia iba a ser el último estado del sur en considerar la redistribución de distritos tras un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para la representación de la población negra” (NYT, 17/6). Sin embargo, “activistas y manifestantes por los derechos civiles se congregaron en Atlanta, considerada la cuna del movimiento por los derechos civiles”. “Marchas y manifestaciones recibieron a los legisladores cuando se reunieron para [una] sesión especial” convocada para tratar la modificación distrital de cara a las elecciones de 2028 (ya no para noviembre de este año). Las protestas provocaron el levantamiento de la sesión y el anuncio del gobernador que no se trataría (por ahora) la modificación. El gobernador Kemp ya había resistido la presión de Trump para aprobar de apuro los cambios con vistas a noviembre (como hicieron muchos Estados) y prefirió esperar a los fallos judiciales respecto a los cambios en otros Estados, y apuntar a un cambio recién para 2028. Esto también quedó por ahora en suspenso, ya que una parte de los Republicanos teme que este tema se convierta en un eje en las próximas elecciones en el Estado (para gobernador y legisladores), lo que permitiría a los Demócratas movilizar al electorado en el que “se ha convertido en el estado indeciso más importante del sur profundo”.
La cuestión de la reforma electoral forma parte de la intentona trumpista de establecer un régimen de dictadura personal, incluso en el contexto de una presidencia que ha perdido popularidad, en particular por los efectos de la guerra imperialista sobre las condiciones de vida populares.
Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
25/06/2026
