La semana pasada, en un tribunal de Los Ángeles, un dato atravesó el debate sobre el llamado «diseño adictivo» de las redes sociales. El director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció bajo juramento que cobra alrededor de 900 000 dólares anuales, más bonificaciones ligadas al desempeño, y paquetes de acciones que algunos años han alcanzado «decenas de millones de dólares». La cifra surgió durante el juicio colectivo por daños a menores contra su empresa matriz, Meta Platforms.
El momento fue revelador porque puso sobre la mesa algo que suele quedar fuera del debate público. Las grandes plataformas digitales no son servicios neutrales, sino negocios privados cuya lógica central es maximizar tiempo de uso, datos y segmentación publicitaria. Cada minuto que una persona pasa deslizando el dedo se traduce, directa o indirectamente, en valor bursátil. Y ese valor acaba concentrándose en salarios ejecutivos, acciones y patrimonios personales.
Mosseri negó que Instagram sea «adictivo» en sentido clínico, y defendió una distinción entre adicción médica y uso problemático. También aseguró que proteger a los menores es «bueno para el negocio a largo plazo». Sin embargo, los documentos internos exhibidos por la acusación mostraron que la propia empresa conocía los efectos nocivos de ciertos filtros sobre la autoestima de jóvenes, y que eliminarlos podía restar competitividad en mercados claves. Es decir, el conflicto entre bienestar social y rentabilidad no es abstracto: aparece en correos corporativos y decisiones de producto.
Su testimonio sirve como antesala de la comparecencia del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, cuyo patrimonio personal se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. El modelo de plataformas ha producido una nueva élite económica basada en la captura de atención a escala planetaria. A diferencia de la industria clásica, aquí el «recurso» principal no es una materia prima física, sino el tiempo y la conducta de millones de usuarios.
La concentración es aún más visible si se amplía el foco. Google, propietaria de YouTube, ha construido uno de los imperios publicitarios más grandes del mundo apoyándose en datos de navegación y consumo audiovisual. X (antes Twitter), ahora en manos de Elon Musk, ilustra cómo incluso plataformas deficitarias pueden convertirse en herramientas de poder político y mediático, además de activos financieros estratégicos.
Lo que está en juego en los tribunales estadounidenses es un precedente legal. Las demandas ya no se centran únicamente en contenidos publicados por terceros, sino en el diseño mismo del producto. Eso que motiva el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes, los sistemas de recomendación. Es un intento de señalar que el daño no proviene solo de lo que se ve, sino de cómo se induce a mirar sin parar.
Las plataformas privadas operan con un incentivo estructural: cuanto más tiempo pasamos dentro, más ganan. Lo que hacemos allí se traduce en fortunas personales que crecen mientras se externalizan los costos sociales, desde la ansiedad juvenil hasta la polarización política. El juicio de Los Ángeles abre una grieta en ese relato de éxito tecnológico. Obliga a preguntar quién se beneficia realmente del ecosistema digital y quién paga sus efectos.
Entender esta relación entre algoritmo y riqueza es un primer paso para un debate más amplio. No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía. Detrás de cada experiencia en las grandes plataformas globales hay accionistas, ejecutivos y patrimonios colosales, y del otro lado millones de personas cuya atención sostiene ese edificio financiero.
Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu
19 de febrero de 2026 22:02:28
