Graciela Montes de Oca, Juan Oroná Mendiola y Marcelo Abdala en la puerta de la Fiscalía General de la Nación. Foto: El Popular
En el día de hoy, 13 de octubre, la responsable de la secretaría de DDHH del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Graciela Montes de Oca; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala y el sobrino de una de las víctimas, Juan Oroná Mendiola presentaron en la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, una denuncia penal por el asesinato de 8 militantes del PCU; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del PCU.
EL POPULAR consultó a los tres denunciantes acerca de las características de la denuncia y la vigencia de la búsqueda de justicia.
“Es una deuda”
Graciela Montes de Oca señaló que en representación del PCU se presenta como denunciante con el objetivo de “esclarecer los hechos del seccional 20; las víctimas, explicó “eran trabajadores, eran padres a los cuales les cegaron la vida por el hecho de pensar diferente y querer un futuro mejor para nosotros. Creo que es una deuda que tiene el pueblo uruguayo en conocer la verdad”.
El objetivo es también “cambiar las versiones oficiales que existen por la verdad, para que las futuras generaciones realmente conozcan los hechos tal cual fueron”.
Consultada sobre la oportunidad, Montes de Oca explicó que en su momento se había realizado la denuncia pero que la misma fue archivada. “Volvimos a reflotarla porque sentimos la necesidad de que se deben saber realmente los hechos tal cual fueron. Que ellos no eran criminales, como están catalogados dentro de las versiones de ese momento, sino que eran trabajadores y padres de familia que estaban desarmados y creo que es justo que la sociedad reivindique eso”.
La dirigente señaló que se espera que la fiscalía investigue “los hechos tal cual fueron” y que “si hay culpables y están con vida, sean juzgados; y si no, sabremos realmente los hechos como fueron, sabremos la verdad”, se trata, dijo, de un “acto de justicia y de reparación para los ocho compañeros que realmente creo que es necesaria y oportuna en este momento de negación que existe a nivel del mundo”.
“Vive en mi”
Juan Oroná Mendiola tenía 8 años cuando sucedió la “masacre de la 20”. Hoy, 54 años después, recuerda que en aquel momento “nos dijeron que uno de los integrantes del grupo, es decir, de los militantes que estaban aquella noche custodiando la 20, extrajo un arma e hirió gravemente a uno de los militares actuantes. Eso lo dijo el comunicado que emitieron las Fuerzas Conjuntas en aquel momento”.
Oroná, sobrino de Mendiola, uno de los militantes comunistas asesinados en 1972, recordó que los medios de comunicación de la época “por orden de seguridad” estaban impedidos de comunicar todo lo referido a los operativos de las fuerzas Conjuntas al mismo tiempo que era “la justicia militar la que intervenía, es decir, que no había una justicia independiente ya en aquel momento, por la declaratoria del Estado de Guerra Interno; quiere decir que estaba todo, digamos, orquestado para, confundir a una opinión pública consternada por los hechos”.
Consultado sobre por qué era importante, a pesar de tanto años, hacer la denuncia, dijo: “porque después de tantos años, después de cincuenta y pico de años, mi tío sigue en mí vivo, permanentemente conmigo. Cuando yo tenía ocho años, el Estado de Guerra Interno me lo mató y quiero saber lo que pasó. Sé lo que pasó, pero quiero que eso, digamos, se propague a todo el mundo, a todos los que quieran saberlo”.
Concluyó diciendo: “hay gente que no quiere saberlo, hay gente que no quiere ni escuchar y lo va a tener que escuchar”.
“Cuestión de principios”
El presidente del PIT-CNT también fue parte denunciante y explicó que “se trata de la lucha por la verdad. Todavía no están esclarecidos los hechos de una masacre que se desarrolló el 17 de abril en el local de la 20 del Partido Comunista, en donde distintos trabajadores estaban al cuidado de su local y donde hubo una masacre absolutamente inhumana, injustificada, que fue parte además de toda una escalada fascista que terminó en la dictadura”.
Agregó que “desde nuestra perspectiva la lucha por la memoria, verdad y justicia es una cuestión de principios del movimiento popular. Vinimos aquí a presentar la petición de que se abra una investigación que arroje un resultado sobre la base de la verdad”.
Explicó que si bien su presencia es a título personal “sin duda alguna que en nuestra presencia sintetizamos la opinión del movimiento sindical, en su momento la CNT, que consternada por los hechos de la 20, desarrolló un paro general de 24 horas en el momento del velatorio y del entierro de los compañeros asesinados”, recordó.
La denuncia
El escrito de la denuncia, al que tuvo acceso EL POPULAR, consta de siete puntos en los cuales se repasan los hechos.
Inicia en el 14 de abril de 1972 con el debate en la Asamblea General del mensaje del Poder Ejecutivo “solicitando la declaratoria de Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales para afrontar la grave situación política del momento”. El tratamiento de esta iniciativa del Ejecutivo “mereció un arduo debate parlamentario no sólo por su contenido jurídico sino también por las consecuencias políticas que de tal declaración podrían derivarse”. El resumen de tal declaración reza: “Declarase el estado de guerra interno con la finalidad de reprimir la acción de individuos y grupos que conspiran contra la Patria.”
“Se suceden atentados en Montevideo e interior contra locales políticos, domicilios de militantes políticos, civiles dirigentes, abogados defensores de presos políticos y periodistas entre otros, mediante explosivos y ametrallamientos así como allanamientos diversos”, repasa la denuncia.
El punto 3 hace referencia a la noche del 17 de abril: “Poco más de 24 horas de la vigencia del Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales. En horas de la noche, las fuerzas conjuntas (Organismo de coordinación y acción unificada entre las fuerzas armadas y la policía de la República para la lucha anti subversiva) con un número indeterminado de efectivos a los que hay que sumarle elementos no identificados, ya sea sin el uniforme correspondiente o con distintivos que no corresponden a ninguna fuerza determinada, rodean el comité Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay sito en la Avenida Agraciada No. 3715 de Montevideo. La zona asimismo permanece aislada, sin energía eléctrica, acordonada, transformada en un teatro de operaciones. En el interior del local que viene de referirse hay 11 militantes de dicho Partido. El largo asedio culmina, tras un nutrido ataque armado al referido local, que incluyó la afectación de viviendas linderas, con la muerte de 7 militantes, 2 heridos y 2 detenidos más un efectivo de las fuerzas conjuntas herido. José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor José Cervelli (fallece el 28/4/1972 tras las heridas sufridas), resultan muertos a raíz del operativo, algunos de ellos dejados morir sin atención a pesar de contarse con unidades de asistencia médica dispuestas a socorrer a los heridos, a las que solo se les permitió ingresar cuando todos estuvieron muertos. Eduardo Machado, sobrevivió tras recibir una herida en la parte posterior de la cabeza. Fueron detenidos tras permanecer en la azotea del local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay donde salvaron su vida Ernesto Fernández Ferreira y Enrique Rodríguez. Todos militantes del Partido Comunista del Uruguay, obreros metalúrgicos, del vidrio, panadero, gráfico. Militar herido en el operativo, que fallece tras permanecer internado en el Hospital Militar; Wilfredo Busconi”.
“Sobre las 17 horas, las Fuerzas Conjuntas emiten el Comunicado de Prensa Número 77 que es la versión oficial, inamovible y vigente sobre los hechos: el mismo, entre otros extremos, refiere a que desde el interior del “club” más precisamente desde los fondos del mismo y desde las azoteas contiguas al local se abrió fuego contra integrantes de las fuerzas conjuntas que trataban de inspeccionar un vehículo que circulaba por la zona en “actitud sospechosa” cosa que se reiteró luego desde el interior del local, siempre de acuerdo al comunicado, para repeler al vehículo de las Fuerzas Conjuntas que acudió al lugar”, expresa la denuncia.
“Cuando los integrantes del local, sigue diciendo el comunicado, fueron requeridos, salieron con las manos en alto pero uno de ellos “disparó un arma que llevaba oculta entre sus ropas” hiriendo a un oficial de las Fuerzas Conjuntas gravemente en la cabeza lo que requirió la reacción para repeler tal acción y el resultado de 7 muertos, 2 heridos y “varios” detenidos. Asimismo agrega que logró huir una mujer aparentemente herida y que luego del operativo se encontraron en el local numerosas armas de fuego”, se señala.
La construcción de la impunidad
El punto 4 del escrito hace referencia al manejo comunicacional para ocultar y tergiversar los hechos. “Vigente al Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales, los Ministerios del Interior y Defensa Nacional propalan un comunicado mediante al cual hacen saber que en virtud de aquella declaratoria, los medios de comunicación quedan inhibidos de dar información sobre operativos militares y policiales que no sean proporcionadas oficialmente. Tampoco podrán emitir opinión o juicio sobre tales operativos so pena de incurrir en delito militar. Toda denuncia que dichos medios reciban deberán ser puestas en conocimiento inmediato de dichos ministerios. Solo queda como fuente de información los debates parlamentarios. A lo que hay que agregar que bajo el Estado de Guerra Interno la competencia corresponde a la Justicia Militar”, se explica.
“La versión del Gobierno de la época sobre los hechos, plasmada en el referido comunicado, fue fuertemente rebatida en el parlamento, conforme la versión de testigos presenciales y posteriormente con la constatación de los resultados de las pericias forenses que ponen en duda la versión oficial sobre un supuesto enfrentamiento, así como sobre la autoría de la agresión al oficial de las Fuerzas Conjuntas que resultó herido en el operativo lo que posteriormente produjo su fallecimiento. Al respecto, la edición del Diario El Popular del 20 de abril de 1972, recoge la intervención del Senador de la República Enrique Rodríguez, integrante del Partido Comunista del Uruguay. El legislador se pregunta y pregunta quien disparó contra el Capitán Busconi. A continuación dice que el Ministro de Defensa Nacional dijo, que el autor del disparo fue reconocido y desarmado, pero que cuando le preguntaron el nombre, no lo supo decir, solo que el autor de los disparos no murió. El legislador concluye al respecto que nunca aparecerá “esa canana, ni esa pistola ni ese señor. Se quedará en el vacío de una historia insondable, bajo un gobierno azotado por el clima de la lucha y que ha tenido que declarar la guerra”.
Verdad, Memoria y Justicia
Sobre las actuaciones judiciales que se llevaron adelante sobre el hecho, “el fuero militar tomó competencia”, explica la denuncia pero apunta a que “en el libro “Los fusilados de abril”. ¿Quién mató a los comunistas de la 20?” de la autora Virginia Martínez, páginas 90 y 91, se establece que hubo intentos de indagar lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción de Tercer Turno a cargo del Juez Daniel Echaverría, ante cuya sede concurrieron testigos, pero todas las actuaciones no concluyeron en una indagatoria y llegada la dictadura militar (1973 a 1984) todo desapareció. Asimismo en 2001 se presentó ante la justicia penal ordinaria una acción que recayó en el juzgado Penal de 10o. Turno a cargo del Juez Rolando Vomero, pero el proceso se clausuró a solicitud del fiscal Dr. Moller. En 2002 el denunciado fué el Comandante en jjefe de la fuerzas armadas en aquel momento Presidente Juan María Bordaberry”.
“A la fecha tales asesinatos se mantienen sin aclarar, existiendo por parte del Estado una omisión que ha propiciado la impunidad de tales crímenes. Distintas normas y sentencias en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos imponen al Estado la obligación de investigar, perseguir, juzgar y castigar a los responsables de los crímenes sin excepción ni limitación alguna”, se expresa.
“Denunciamos en suma, el asesinato de 8 militantes del Partido Comunista del Uruguay; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay” y se señala como prueba “estudios médicos -legales, autopsia histórica, de los que resulta avidencia sobre lo que viene de relacionarse en el cuerpo de este escrito”
El Popular
13/10/2026
