domingo, 31 de mayo de 2020

Pueblada nacional en Estados Unidos




Las revueltas contra los asesinatos policiales son el emergente de una enorme crisis política y social.

Desde el jueves a la noche las protestas desencadenadas por el asesinato de George Floyd han tomado una escala nacional amplia y masiva, con choques en por lo menos 30 ciudades. En Minneapolis, los manifestantes incendiaron esa noche la central policial donde revistaban los asesinos de Floyd, enviando un símbolo de la rebelión que se replicó en el mundo entero. En Louisville, Kentucky, donde las protestas están centradas en reclamar por el asesinato de la trabajadora de salud Breonna Taylor, la represión policial dejó siete heridos de bala. Hubo 70 arrestados en las protestas de Nueva York el jueves.
También desde el jueves se suceden protestas en la Casa Blanca y choques con las fuerzas de seguridad; el sábado se repitieron forcejeos con las vallas en la casa de gobierno. En Atlanta, una enorme manifestación tenía virtualmente ocupada a la central de la cadena de noticias CNN. Las movilizaciones enfrentaron enérgicamente a la represión policial. Las imágenes de patrulleros destruidos se repetían en todo el país desde Brooklyn a Houston Texas. En Oakland, la ciudad de fuerte población negra vecina a San Francisco, un policía fue muerto y otro herido de bala (New York Post, 30/5).
La demora de cinco días en detener al policía asesino, que no se detuviera a los tres policías que lo acompañaban y que los cargos presentados fueran por una figura menor (tercer grado de asesinato, equivalente a homicidio culposo), cebaron la bronca por el crimen y catalizaron una irrupción de masas, en un caldo social que venía acumulando temperatura muy fuertemente.
La imposibilidad de controlar la verdadera rebelión en Minneapolis con la policía local y los 500 efectivos de la Guardia Nacional de Minnesota que estuvieron apostados toda la semana, más los 1.200 desplegados el sábado, ha llevado a la Casa Blanca a resolver que se alisten para ser convocadas unidades de policía militar. Esta medida requiere tipificar a las protestas como una insurrección, algo que no se hacía desde las revueltas raciales de 1992 en Los Angeles, tras la absolución de los policías que habían sido filmados dando una golpiza brutal al afroamericano Rodney King. Texas, Colorado y Utah también movilizaron sus delegaciones de la Guardia Nacional contra las protestas.
Por lo pronto, el sábado a la noche las muchedumbres en Minneapolis y en todo el país fueron enormes y desbordaron a la represión policial.
La apuesta a quebrar la movilización con el despliegue militar no ha cejado. El domingo 31 se veían imágenes de tanques encabezando patrullas militares por barrios de Minneapolis.

Trump rocía el fuego con nafta

Muchos comentaristas llaman la atención de que la conducta de Trump, más que intentar apaciguar los choques, ha querido montar una mayor polarización. En distintos tuits llamó a los manifestantes “matones” y dijo que “cuando empiezan a saquear, se va a disparar”, citando a un sheriff racista que reprimió revueltas negras en los años ‘60. El sábado emitió una serie de mensajes, entre ellos afirmando que si los manifestantes hubieran logrado cruzar las vallas de la Casa Blanca habrían sido “recibidos por los perros más violentos y las armas más impresionantes que yo haya visto en mi vida”, y denunciando una falta de despliegue de la policía local que reprochó a la alcaldesa demócrata. El sábado, en un discurso en la plataforma de despegue del cohete de SpaceX, después de fingir dolor por el asesinato de Floyd, siguió arengando sobre la necesidad de imponer el “dominio de la ley” en las calles y adjudicando las manifestaciones a izquierdistas, anarquistas y saqueadores.
El discurso incendiario, de respaldo a las fuerzas represivas cuestionadas por la pueblada nacional, es un intento de movilizar a su base social, de pequeño burguesía derechista, contra las protestas. El viernes, con la Casa Blanca sitiada por protestas, tuiteaba que era “noche de MAGA (Make America Great Again, su movimiento electoral que reagrupa a la extrema derecha racista y muchos sectores de las fuerzas represivas) en la Casa Blanca”, pero nunca llegaron sus manifestaciones de apoyo. Por el momento, las acciones de la derecha racista que se conocen son ir a incendiar edificios en los barrios negros, lejos de animarse a enfrentar a las movilizaciones masivas.
Los periodistas han sido un objetivo de la represión en todo el país. Las imágenes del arresto de periodista de CNN en Minneapolis, Omar Jiménez, recorrieron el mundo. A periodistas de la cadena NBC la policía les tiró con algún tipo de granada de gas. Linda Tirado, fotógrafa de The Guardian, recibió una bala de goma en el ojo en las protestas en la ciudad.
Esto se inscribe en un mar de fondo. La crisis enorme sobre la que surfea Trump incluye choques con un sector de los medios y las empresas tecnológicas, que han llegado al rojo vivo en estos días, tanto respecto al manejo de la pandemia como en la relativo a la disputa sobre las condiciones de la elección nacional y –ahora- las rebeliones por la represión policial. La CNN, uno de los blancos favoritos de Trump, ha hecho una cobertura extensiva de las revueltas y tiene en su portada el análisis de las que considera 654 mentiras de Trump sobre la pandemia en el curso de 14 semanas, desmentidas una por una.
Twitter marcó el mensaje de Trump sobre los tiros como un contenido inapropiado por incitar o glorificar la violencia. Venían de un choque anterior, cuando habían marcado un mensaje del presidente contra el uso del voto por correo como “información falaz”. Trump respondió con un polémico decreto que deroga la protección legal de las redes sociales, limitando su posibilidad de no tomar responsabilidad por el contenido que postean sus usuarios. El resto de las empresas tecnológicas, que habían respondido con virulencia la ofensiva antimigratoria cuando asumió Trump ahora guardan silencio.

Apretando el acelerador en el Titanic

Trump aparece manejando la crisis de manera violenta y desesperada, pero con poca competencia real en términos políticos. Sucede que el gran capital yanqui se relame con el multimillonario paquete de rescate que está deglutiendo y respalda en términos generales la agresiva política de salida de la cuarentena que encarna el presidente. Los demócratas se quejan de sus malos modales, pero votaron el mismo paquete de rescate y son partidarios de la salida de la cuarentena. Protagonizan reyertas con el gobierno nacional por todos lados a nivel local, pero no expresan otra política de conjunto, lo cual los hace aparecer con una debilidad enorme.
Si bien han emitido declaraciones de condolencia por el asesinato de Floyd, la responsabilidad de los Clinton, Obama y Biden en la expansión del aparato policial-carcelario es enorme. Trump le ha aportado, claro, un incremento al pertrecho militar de la policía y un apoyo explícito a su conducta racista y represiva.
El magnate, aun en una crisis explosiva que genera crecientes reacciones de masas, es el que tiene la iniciativa. Sigue dando manejo a los grupos fascistoides que están en una campaña contra la cuarentena. Está en una campaña para hacer valer la elección presencial estipulada para noviembre, sin permitir la ampliación de modalidades no presenciales de elección y registro de votantes que piden los demócratas. Ha planteado con total descaro que si se cambia a un sistema de voto por correo “nunca resultaría electo otro republicano”, jugándose a limitar la votación por el miedo al coronavirus.
El relanzamiento de la guerra comercial y diplomática con China es un fuerte intento de fuga hacia adelante. Esto incluye la espectacular declaración de ruptura con la Organización Mundial de la Salud, declarándola absurdamente como un satélite chino. Trump va aproximándose al planteo de una salida belicista a la profunda crisis de autoridad del imperialismo yanqui.
La inmovilidad política de los demócratas se extiende a su ala izquierdista, que no ha producido ningún planteo político de conjunto frente a la crisis social y económica en la cuarentena, ni ante la pueblada nacional. Hay una contradicción enorme con su base. Los militantes de DSA, sostén de la campaña de Bernie Sanders y principal organización de la izquierda del país, están en primera línea de todos los choques. Formalmente su posición es no respaldar la campaña de Biden, pero su diputada Alexandra Ocasio-Cortez se ha integrado a los grupos de trabajo “unitarios” lanzados por Biden y Sanders. Fuera de la política electoral, DSA se escuda en su carácter “laxo” y “amplio” para no tomar iniciativa política alguna, que no podría más que llevarla a un choque con el Partido Demócrata, en cuyo interior pretende seguir escalando posiciones en el Estado. La violenta revuelta de la comunidad negra desmiente rotundamente la especie de que el apoyo electoral dado por representantes negros de la bancada demócrata a Biden exprese una tendencia moderada y conformista en su población.
La comunidad negra, como el conjunto de los explotados, enfrenta una disyuntiva violenta y evidentemente está tomando consciencia de ello. La depresión económica combinada con el parate por la cuarentena ha arrojado en unos meses al país a niveles de desocupación que superan el cuarto de la población. La crisis de 1929 tardó cuatro años en llegar a este punto de desempleo.
Trabajadores y jóvenes vienen protagonizando en estos meses una escalada de huelgas “salvajes” (sin apoyo de los sindicatos) por condiciones de salud e higiene y contra recortes salariales y despidos. Se ha montado un enorme movimiento de huelga de inquilinos e hipotecados. A la revuelta de estos días contra la represión policial se han sumado acciones de los movimientos por los derechos de los inmigrantes. Estas puebladas se enmarcan en esta crisis histórica de EEUU, que incluso cuestiona su lugar de potencia dominante en el mundo, y en un ascenso de las luchas de masas no visto por décadas. Las conclusiones de los combates en curso plantearán a miles la necesidad de una organización política propia de los trabajadores y todos los explotados, para poder darle a esta inmensa crisis una salida que garantice las condiciones de vida de las mayorías. Esto solo se podrá hacer a costa del capital, un camino vedado al sistema político que ha llevado a este desastre.

Guillermo Kane

sábado, 30 de mayo de 2020

Che Guevara: Ser político y técnico a la vez




Actualidad del pensamiento del Che

Chile, camino a la catástrofe



Organizar la lucha en defensa de la salud, el trabajo y el seguro al parado contra el nuevo “acuerdo nacional”.

Como todo el mundo previó, la política del gobierno de Sebastián Piñera llevó al colapso al sistema sanitario chileno. La situación se torna dramática.
El viernes 29 Chile tuvo un pico de fallecidos y de nuevos infectados de coronavirus en 24 horas. Acumula 86.000 contagiados y ya supera, en términos absolutos, la cantidad de contagios registrados en China. La situación es aún peor si se contempla la cantidad de infectados por habitantes, índice que ubica al país trasandino entre los diez países más golpeados por la propagación del virus.
En estos días, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington proyectó que Chile acumulará, para principios de agosto, 12.000 víctimas fatales por Covid-19 (La Tercera 26/5). Esta nueva proyección es una variación notable respecto de su proyección previa, publicada a principios de mayo, donde estimaba menos de 700 muertes por coronavirus para principios de agosto. Ahora, el IHME prevé que Chile será el país latinoamericano con más víctimas fatales por Covid-19 cada 100.000 habitantes, superando incluso a Brasil.
A esta altura, la situación se ha tornado especialmente grave en la Región Metropolitana, dado que uno de cada diez pacientes necesitados de ventiladores mecánicos se encuentra fuera de las camas de cuidados intensivos (UCI) por falta de disponibilidad (El Mercurio 28/5). Esta situación es la que ha llevado a que se realicen más de cien traslados desde Santiago a distintas regiones del país, con el objetivo de habilitar camas UCI para los nuevos infectados en situación crítica. Asimismo, la falta de camas comunes para poder aislar a los infectados con Covid-19 que no se encuentran en estado de gravedad pero que no pueden realizar el aislamiento correspondiente en sus propias viviendas, ha puesto en evidencia el flagelo del déficit habitacional y los niveles de hacinamiento que padecen las familias trabajadoras chilenas.
Es claro que Chile ingresa a esta situación como resultado de la política de Piñera y todo su gobierno, que rechazaron implementar la cuarentena en aras de “proteger la economía” capitalista, y solo la decretaron luego de que el virus se propagara profusamente. Pero también es claro que el coronavirus encuentra al sistema sanitario público chileno golpeado por décadas de vaciamiento, que el gobierno no ha tratado de revertir ni siquiera ante la emergencia pandémica. La falta de instrumentos e insumos en los hospitales ha llevado a que en los últimos 40 días se quintupliquen la cantidad de trabajadores de la salud contagiados.

La otra pandemia

El progreso de la catástrofe sanitaria se entrecruza con la otra pandemia, la de la crisis capitalista y sus consecuencias sociales. La desocupación en el Gran Santiago alcanzó el 15,6% de la población económicamente activa, y se proyecta que llegue al 20% en junio. La ministra de Trabajo, María José Zaldívar, señaló que los índices de desempleo que se harán públicos este viernes “serán muy duros” y que en todo Chile la cifra de desocupados llegará al millón. Se trata de los índices de desempleo más altos de los últimos 30 años. Naturalmente, de la mano del crecimiento de la desocupación ha crecido la carestía y la hambruna, que están motivando importantes movilizaciones y jornadas de protestas de parte de los pobladores y trabajadores.
En este escenario, las medidas de contención social impulsadas por el gobierno y el parlamento han sido completamente irrisorias. El Ingreso Familiar de Emergencia representa un subsidio que apenas cubre el 20% del costo de la canasta básica; y el ingreso mínimo garantizado, que recibirán cerca de 700.000 trabajadores, es apenas un subsidio para llevar los salarios mínimos al 75% de la canasta básica. El escamoteo del gobierno a la hora de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los trabajadores chilenos contrasta con su voluntad de avanzar en un rescate a Latam, la principal empresa aérea de América Latina. Latam acaba de despedir a casi 2.000 trabajadores en el subcontinente, de los cuales 290 son de Chile.

Estrategias en danza

Consciente de la profunda crisis que atraviesa el país, y más aun de la que le depara, Piñera ha lanzado una campaña para poner en pie un nuevo “acuerdo nacional”. El trasfondo de la iniciativa apunta a que los partidos del régimen cierren filas contra un potencial nuevo alzamiento generalizado de las masas. Sucede que todas las contradicciones sociales que dieron lugar a la rebelión popular iniciada en octubre de 2019 no se han resuelto y, por el contrario, se han agudizado sensiblemente. La oposición ya ha dado señales de que se allanaría a esta nueva convocatoria, ratificando la orientación plasmada en el “acuerdo por la paz social y la nueva constitución” de noviembre del año pasado. El PC, que ha pretendido colocarse distante de la iniciativa de Piñera, se ha limitado a un cretinismo parlamentario y ha colocado a la CUT en una completa parálisis.
En oposición a toda esta orientación, se impone la necesidad de organizar la lucha por las reivindicaciones más inmediatas del pueblo chileno: en defensa de la salud, de los puestos de trabajo y por el seguro al parado. El crecimiento exponencial del desempleo plantea la necesidad de avanzar en la organización independiente de los trabajadores desocupados, recogiendo la experiencia y enseñanzas que arroja el movimiento piquetero argentino. La pelea por estas reivindicaciones será un motor fundamental para lograr echar a Piñera y dar lugar a una Asamblea Constituyente libre y soberana.

Pablo Giachello

viernes, 29 de mayo de 2020

Jornada de furia en múltiples ciudades de Estados Unidos por el asesinato racista de George Floyd




Se extienden las protestas luego de que la policía de Minneapolis asesinó a George Floyd el lunes 25. El terrible crimen, registrado en un video explícito de diez minutos, ha hecho rebalsar la bronca por un reforzamiento marcado de la política represiva contra la comunidad negra en Estados Unidos.
En Minneapolis los choques de la comunidad negra y otros manifestantes con la policía continuan desde hace 48 horas. El martes, los manifestantes que salieron a cantar “podría haber sido yo” fueron reprimidos con balas de gomas y gases lacrimógenos. El miércoles el alcalde demócrata, Jacob Frey, se decidió a despedir a los cuatro policías que detuvieron y lincharon a Floyd. La concentración que rodeó esa noche al destacamento central de la policía de Minneapolis fue aún más masiva que la primera noche, y fue recibida con gases, palos y balas de goma. Los choques con la policía, incluyendo incendios y saqueos de comercio, duraron toda la noche. La policía de Minneapolis había recibido desde esa noche los refuerzos de la delegación de la Guardia Nacional del Estado y de fuerzas policiales de ciudades vecinas.
Las imágenes de francotiradores policiales actuando contra los manifestantes y las horas de combates y persecuciones desmentían la idea de que el asesinato haya sido un caso aislado, y que el peso del Estado esté colocado en el procesamiento de los asesinos uniformados.
En la noche del 27 hubo manifestaciones también en Memphis, Tenessee, donde la policía local se pertrechó con armamentos antidisturbios frente a la protesta en la central de policía.
El jueves 28 manifestantes contra el asesinato de Floyd, que venían de concentrarse frente a los tribunales de Los Angeles, California, cortaron ambas manos de la enorme autopista 101. Cuando patrulleros policiales embistieron el piquete y los manifestantes reaccionaron rompiendo los vidrios de los patrulleros y subiendo a ellos.

La opresión insostenible de la comunidad negra

El impacto por el asesinato de Floyd sigue a la conmoción por otros casos bajo la pandemia, como el de Ahmaud Arbery el 23 de febrero en Georgia, asesinado por un policía retirado y su hijo, o el asesinato de la trabajadora de salud Breonna Taylor, el 13 de marzo, por la policía de Louisville, Kentucky, que entraron a su casa y le dispararon ocho veces, alegando haberla confundido con una persona buscada que ya estaba en custodia policial. Se trata de una política represiva profundamente sistemática. Uno cada mil hombres negros en EE.UU. muere asesinado por fuerzas policiales.
Es violento el contraste con el tratamiento recibido por los grupos anticuarentena armados derechistas (compuestos por blancos) que han ocupado edificios públicos y hecho otras acciones provocativas, sin ser reprimidos ni, en general, siquiera demorados por las fuerzas de seguridad.
La desesperación en la comunidad negra tiene otros agravantes. El impacto de la creciente desocupación y recesión es enorme, y el impacto sanitario del coronavirus también está reforzado por la pobreza y falta de atención sanitaria. Mientras, la población afroamericana, que compone el 13% de la población, ha sufrido por lo menos el 25% de las 100 mil muertes vinculadas al virus en el país (DemocracyNow, 28/5).

El complejo policial y carcelario, una política de Estado

Estas movilizaciones son un nuevo ascenso del movimiento en defensa de la comunidad contra la brutalidad policial. El movimiento Black Lives Matter surgió en 2014 luego del asesinato de Eric Garner asfixiado por policías neoyorkinos. Los gritos de “no puedo respirar” de Floyd remiten directamente a las últimas palabras de Garner.
Este movimiento de lucha pone en el banquillo de los acusados a todo un régimen político que viene reforzando el Estado policial y carcelario y defendiendo sus prácticas racistas. El discurso de odio de Trump lo promueve abiertamente, pero también se multiplicó el complejo represivo bajo los gobiernos de Clinton y Obama. El candidato demócrata Joe Biden se ha jactado hace unos años ser el autor original de la Ley de Control de Crimenes Violentos de 1994 (The Hill, 28/5) presentada por Clinton que dio lugar a un pico de encarcelamientos masivos sin juicios ni condenas, por el que incluso Clinton pidió perdón en 2015.
Los luchadores contra el imperialismo en todo el mundo apoyamos completamente a sus víctimas domésticas y su lucha contra el aparato de Estado racista y asesino que los oprime.

Guillermo Kane

Lacalle vs. Lacalle: Dos presidentes, un modelo

El apellido Lacalle forma parte de una de las familias patricias del Uruguay. Se puede rastrear al menos en 1873 cuando Luis Alberto de Herrera nació. Fue uno de los caudillos del Partido Nacional y como su apellido lo dice, fundó la línea que se denomina “herrerismo”, el ala más conservadora de este partido tradicional.
Su nieto, Luis Alberto Lacalle fue presidente en la oscura noche neoliberal de los 90. Precisamente entre 1990 y 1995. Este pasado 2019, su hijo, Luis Lacalle Pou ganó las elecciones en coalición con cuatro partidos más del arco de la derecha. Asume este 2020 en medio de una pandemia inusual pero que a pesar de ello sigue con su plan de ajuste y de transferencia de los de abajo hacia los de arriba.
Dos políticos que forman parte del mismo linaje, dos presidentes en escenarios distintos pero con un proyecto en conjunto.

Reminiscencias noventosas

Es difícil comparar un gobierno que finalizó con otro que apenas está llegando a su primer trimestre, pero podemos trazar puntos en común, porque la oligarquía uruguaya tiene un proyecto que trasciende a lo electoral, aún cuando –igualmente- la disputa del Estado es central en su camino.
Empecemos por caracterizar el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Asumió el primero de marzo de 1990. El 39% del electorado votó al Partido Nacional pero solo el 22% optó por Lacalle. La ley de lemas de ese entonces le permitió ponerse la banda presidencial.
A los 15 días de haber asumido firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según James Raymond Vreeland, especialista en economía política e instituciones internacionales, el caso del Uruguay de ese entonces fue único y raro. Luego de haber estudiado todos los países que habían firmado cartas de intención con el FMI desde 1952 al 2000, Vreeland llegó a la conclusión de que Uruguay no necesitaba hacer ningún acuerdo con esta entidad.
Dos curiosidades. La primera vez que Uruguay firmó una carta de intención con el FMI la hace en el primer gobierno del Partido Nacional en el año 1960. El negociador con el FMI en la década del 90 fue Ernesto Talvi que hoy se desempeña como Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Lacalle Pou.
Siguiendo con Vreeland, el gobierno de Lacalle Herrera se autoimpuso las condiciones de ajuste fiscal y no al revés como sucede generalmente entre gobiernos y el FMI.
Segun la pagina gobiernopartidonacional.com el PBI, en el quinquenio 1990-95, creció un 23,5%, pero no disminuyó la desigualdad social. Lacalle limitó el incremento salarial a 15% cuando la inflación era de 33%. Es más, a finales de 1990 un estudio de la CEPAL reveló que el 50% de los hogares uruguayos vivía en la pobreza.
En 1992 se produjo una huelga policial sin precedentes en Uruguay. En enero de 1993 se cometió el crimen de Eugenio Berríos ((bioquímico de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena que habría inventado el gas sarín)). En el mismo estuvieron involucrados militares uruguayos en ejercicio. Uno de ellos integró una de las listas del novel partido de ultraderechas Cabildo Abierto.
En agosto de 1994 acontecieron los hechos en las inmediaciones del Hospital Filtro que popularmente es conocida como “la masacre del Filtro” donde la policía reprimió y el resultado fue de dos fallecidos y cientos de heridos. Hasta el día de hoy no hay condenados por estos hechos.
A grandes rasgos, el gobierno de Lacalle Herrera se dedicó a liberalizar la economía, recortar el gasto público, subir los impuestos, eliminar los Consejos de Salarios, buscó eliminar el derecho a huelga, reformar la seguridad social y privatizar las empresas públicas. Esto último fue revertido por votación popular en un referéndum que le dijo no a las privatización con un contundente 72% versus 23%.
Su gabinete estaba compuesto por personajes que mostraban el talante de ese gobierno. En el Banco Central, Ramón Díaz, el intelectual orgánico del neoliberalismo por excelencia de estas tierras. En inteligencia militar al General (r) Mario Aguerrondo, vinculado a la dictadur,a y para completar la plana, Enrique Braga al frente del Ministerio de Economía, un representante de la oligarquía financiera.
Punto aparte merece la larga lista de altos mandos del gobierno procesados: incluso el apellido Lacalle estuvo salpicado por casos de corrupción.
La pregunta que queda: ¿Lacalle Pou finalizará el proyecto inacabado de su padre Luis Alberto Lacalle?

Ayer es hoy

Llegamos a 2020. El proyecto del “bloque social de la restauración” como dice el periodista de Brecha, Victor Hugo Abelando, vuelve a tomar las riendas del gobierno luego de coaligar cinco partidos políticos para vencer al Frente Amplio.
Esta victoria fue vitoreada por la Asociación Rural del Uruguay, el movimiento social-rural “Un Solo Uruguay”, el diario conservador El País, las cámaras empresariales y los medios de comunicación privados. Son los mismos sectores que apoyaron al gobierno “blanco” de los 90.
Lacalle Pou ha definido la agenda de su gobierno como de Provida. En su investidura como Presidente asistió a una misa que brindó el Cardenal Sturla. La última vez que un presidente asistió a un evento como éste fue hace 100 años, en la misma época en la que el Estado se separó de la Iglesia.
Como agregado, en una de sus cadenas nacionales encubiertas de todos los días por la pandemia, dijo que los femicidios son “daños colaterales” de la cuarentena. El componente conservador se expresa claramente.
El primer mandatario empezó marcando la cancha desde un principio. El primero de mayo le negó la cadena nacional a la central de trabajadores PIT-CNT aduciendo que las mismas cayeron en desuso y son anticuadas. Pronto en las redes sociales, aparecieron tuits del presidente pidiendo por cadenas nacionales cuando era oposición.
La misma resolución tomó con respecto a la histórica Marcha del Silencio, manifestación convocada por los familiares de desaparecidos de la última dictadura todos los 20 de mayo. La negativa vino acompañada de que ese mismo día y a la misma hora el jerarca anunció el retorno a clases.
Esto no solo generó crispación en el colectivo de familiares sino en gran parte de la población. La indignación parece que llegó a las oficinas de la Torre Ejecutiva (de la Presidencia) y Lacalle Pou decidió posponer un día más el anuncio.
Todo esto nos lleva a presentar varias interrogantes. ¿El presidente no sabía de la Marcha del Silencio? En caso de estar al tanto, ¿no previó que su anuncio podía dividir la atención de la marcha con su conferencia de prensa? Si no estaba al tanto, es un mandatario al menos distraído.
Si estaba al tanto y realizó el retiro del anuncio, ¿fue para mostrarse como un mandatario con oídos abiertos y con capacidad de diálogo como una estrategia comunicativa duranbarbista? Los antecedentes lo condenan porque en más de una entrevista declaró que de ser por él no retomaría las excavaciones en busca de los cuerpos de desaparecidos durante la dictadura.
Ahora si, la cadena nacional para el Ejército este 18 de mayo pasado fue realizada. Quizá en corcondancia con su argumento. Una cadena nacional anticuada para una institución anticuada.

El mercado y el garrote

Este gobierno no solo posee la Biblia católica sino también la neoliberal. Por más que se ha mostrado flexible a otras ideas y autodefinido como pragmático y no ortodoxo, sigue a pie juntillas los mandamientos del Dios Mercado.
El gobierno se inauguró con un recorte de 15% del presupuesto estatal ejecutado con respecto al del año 2019. En esos primeros días el dólar aumentó más de seis pesos uruguayos junto con aumento de las tarifas de servicios básicos. Se suma a ello los más de 150 mil trabajadores enviados al seguro de paro debido a la caída de la actividad económica por la pandemia.
No hemos hablado aún del caballito de guerra del gobierno: la Ley de Urgente Consideración (LUC). No voy a hondar en los detalles de la misma pero sí creo pertinente analizar lo que es la LUC como movimiento táctico de un proyecto estratégico que implica que los capitalistas puedan elevar su tasa de ganancia quitando lo más posible la incidencia del Estado en sus negocios. Salvo cuando precisen ser asistidos en algún salvataje a la banca, o cuando el agro reclama por inundaciones o sequías.
La LUC es el proyecto del gobierno contenido en 501 artículos. ¿Se está guardando para el resto de los cuatro años? ¿La apuesta del gobierno será un all-in especulando que se aprueben la mayor cantidad de artículos?
Otro punto de conexión que podemos ver entre los últimos dos gobiernos blancos es que a poco tiempo de haber tomado las riendas, a través de distintos mecanismos, intenta generar políticas que cambien drásticamente por medio de un shock (la doctrina del shock como diría Naomi Klein) para conquistar sus objetivos.
Por si quedaban dudas de que viene a terminar con la tarea no acabada de la última década del siglo XX, es que ya para el 2021 el gobierno está preparando un proyecto de reforma de la seguridad social, tal como exigen los mandamientos neoliberales.

La reacción

Es necesario también separar el proyecto que tiene el Partido Nacional, ya que intentará poder repetir gobierno (cosa que nunca logró en su historia); del proyecto conservador que puede hacerlo, como resultó desde los inicios de nuestra República hasta el 2004 con la victoria del Frente Amplio.
En el 2024 es sumamente posible que el proyecto conservador repita gobierno, pero esta vez encarnado quizás en el partido de ultraderechas Cabildo Abierto. Es arriesgado aventurar el destino del país de aquí a cuatro años, pero cabe dentro del universo de lo posible.
La coalición es frágil y la une el espanto de “la izquierda”, “el comunismo” y “el chavismo”. Cabildo Abierto la usará como trampolín para llevar a cabo su proyecto. La paradoja en esto es que lo más conservador tiene un futuro prometedor en la arena política y va a desempolvar un proyecto moral-cristiano en el país más laico de América Latina.
“Está bueno cambiar”, rezaba el slogan del Partido Nacional en campaña. Cambiar con promesa de futuro, pero no se hizo más que retroceder treinta o cuarenta años en derechos conquistados. Las pistas ya las dejó el propio Presidente de su propia boca. Al ser consultado si poseía la misma ética y moral del padre, el mandatario expresó: “el fruto no cae lejos del árbol.”
Lo único que puede cambiar a Lacalle, es la calle…

Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

jueves, 28 de mayo de 2020

Europa: de la crisis a las nacionalizaciones




La Unión Europea abre las puertas a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros, grandes y pequeñas, coticen o no en la bolsa. El Estado pasaría a tener una participación en el capital de las empresas.

Estamos frente a un giro respecto de la política que la Comisión Europea venía sosteniendo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.
Lo que explica este cambio es que el colapso ha terminado por superar holgadamente los primeros pronósticos. Estamos frente a una insolvencia de las empresas que se viene extendiendo con una velocidad sin precedentes y plantea la amenaza de una quiebra en cadena.
Una de las cosas que no puede pasar desapercibida es que quienes vienen motorizando este nuevo esquema son las naciones líderes, empezando por Alemania y Francia. Esto nos da una medida del alcance del derrumbe de la economía europea y -agregamos mundial- que están ingresando en una depresión, sólo comparable con el crack del ’29. La crisis financiera de 2008 fue severa pero no llegó tan lejos y afectó especialmente al eslabón más débil de la economía europea. Ahora ha estremecido a las principales economías del continente y está en juego la sobrevivencia de corporaciones estratégicas.
Este proceso de salvataje ya ha comenzado sin esperar la aprobación de la nueva normativa. Italia, junto a España, uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia.
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, lo llamó “bazuca”: 200.000 millones de euros en garantías del Estado que el banco público KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau -Instituto de Crédito para la Reconstrucción) ha puesto a disposición de las empresas en crisis por culpa del coronavirus, más otros 400.000 millones en avales. Adiós al schwarze null (rigor fiscal): Alemania ha dispuesto un programa de liquidez garantizada de hasta 1.000 millones de euros para cualquier empresa que terminara 2019 sin números rojos pero que haya resultado perjudicada por el coronavirus. El gobierno de Angela Merkel prevé que soliciten las ayudas unas 100.000 empresas. En cualquier caso, las patronales ya han pedido al Ejecutivo de Berlín que la garantía ascienda al 100% del préstamo e incluso que se les exima de devolverlo. También ha acudido al rescate de dos de las principales marcas de ropa deportiva del planeta, Adidas y Puma.
Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y AA, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas. La expansión de la epidemia no solo hundió en la tormenta a las pequeñas empresas sino también a los grandes grupos. Los gigantes de la industria automóvil, Renault y PSA (Peugeot), enfrentan serias dificultades, mientras Air France-KLM suspendieron la casi totalidad de sus actividades. Las capitalizaciones bursátiles sufrieron un serio repliegue y las caídas en las ventas de automóviles registraron niveles de hasta el 80% el mes pasado.
Una tendencia que abre el apetito de ciertos fondos de inversión extranjeros. Aquí mete la cola la guerra comercial, pues se abre el terreno para absorciones hostiles de las empresas europeas por parte de la competencia foránea. Esto incluye la amenaza que viene de las corporaciones norteamericanas, pero también de China. Por lo pronto, los países europeos han comenzado a dar marcha atrás con los compromisos para la instalación del sistema 5G en el continente por parte del gigante asiático. Las nacionalizaciones representan una acción preventiva para neutralizar ese riesgo.
La nueva normativa prevé que las naciones compren las acciones de las empresas en aprietos a precios de mercado, lo cual es engañoso, pues la decisión del Estado implica automáticamente una revaluación del capital corporativo que, sin ese socorro, se hubieran desplomado hasta llegar a precios de remate. El Estado apuntala una valorización ficticia de empresas con una inyección de fondos públicos sideral que es el que se sustrae y se niega a la hora de hacer frente en todos los planos la crisis sanitaria, económica y social. Si se examinan las ayudas que se han puesto en marcha, se advierte que los recursos destinados a la población más afectada (asalariados, precarizados, autónomos y cuentapropistas que están privados de ingresos a partir de la extensión de la pandemia) son residuales o marginales en relación con los que se aplicaron al salvataje empresario.
Viene al caso señalar que la emergencia del Estado no es inocua respecto de las condiciones laborales, pues va de la mano con avances en la flexibilización de las condiciones de trabajo e incluso de rebajas salariales. Ni siquiera se garantizan los puestos de trabajo. Las primeras víctimas son los trabajadores contratados y tercerizados, que se extiende, luego, a la planta principal, muchas veces en forma encubierta con retiros voluntarios. No se nos puede escapar que la crisis en curso, potenciada por la pandemia, es utilizada por las patronales europeas para avanzar en una reforma laboral en regla, que empieza, en muchos casos, aplicándose a través de convenios por empresa o gremio.
Esta racionalización es el punto de partida para luego proceder a una reprivatización de las empresas, una vez hecho el saneamiento a medida de las exigencias de los capitalistas. La Comisión Europea ha sido clara que la intervención del Estado sólo va a concretarse a pedido de los accionistas y que dicha participación tiene un alcance transitorio hasta que la situación se normalice y se recupere la empresa. “La Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de ‘último recurso’ dado su carácter ‘altamente distorsionador de la competencia entre empresas’. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista”.

Disputas

Pero no todo lo que reluce es oro. En lo que se refiere al nuevo esquema, dista de haber una homogeneidad. Importa señalar que los fondos para este salvataje deben ser puestos por cada nación por cuerda separada.
Esto no es del agrado de España, pues quedaría relegada en la competencia desde el momento que no cuenta con los recursos ni la capacidad financiera de los países más poderosos. España, junto al pelotón de las naciones más frágiles, es partidaria de una respuesta a escala europea. La emisión de eurobonos, o coronabonos, respaldada por un fondo común de la Unión Europea, sin embargo, fue rechazada por Alemania, Holanda y las naciones más sólidas económicamente.
Alemania, Francia e Italia buscan ahora un margen mayor para recapitalizar a sus empresas sin pasar por el filtro de Bruselas, que fija en 100 millones de euros el umbral a partir del cual deben notificarse las inyecciones de capital en empresas individuales. Mientras que gobiernos como el francés defienden un incremento sustancial de ese techo, el Ejecutivo español no solo pide reducirlo aún más, sino también endurecer los requisitos para que las empresas accedan a la recapitalización.
Persiste, por lo tanto, una disputa por los fondos, por más que se pretenda exhibir un consenso y armonía que no existe. Los nuevos anuncios no disipan las violentas tensiones que se viven en el seno de la Unión Europea. Alemania no quiere asumir sobre sus hombros el costo del rescate de las naciones más débiles. No se priva de utilizar la emergencia actual para avanzar en una penetración y colonización mayor de las naciones del sur del continente. Ni qué hablar que estos enfrentamientos echan leña al fuego a las tendencias cada vez más agudas a la desintegración de la Unión Europea.

Perspectivas

En la crisis de 2008, la asistencia financiera se concentró en los bancos. Ahora el salvataje está dirigido a las empresas industriales y comerciales, pero eso no significa que el sistema financiero quede inmune. Por el contrario, está la amenaza latente de que este último sea arrastrado por el torbellino de la crisis mundial capitalista. Por lo pronto, el primer candidato en la materia podría ser la banca italiana, que cuenta con una elevada cartera de incobrables y morosos, que se ha multiplicado sensiblemente a partir de la pandemia. Por otro lado, la envergadura de la crisis en curso excede la capacidad de los Estados para hacerle frente, con lo cual no se está en condiciones de impedir un escenario de quiebras, aunque se lo está intentando neutralizar. Probablemente, asistamos en breve plazo -y ya está ocurriendo- a un encarecimiento del costo del endeudamiento de los eslabones más débiles de la cadena. El anuncio de la calificadora Moodys de bajarle la calificación a la deuda italiana es un anticipo de lo que se viene. La emisión del Banco Central Europeo no puede ser ilimitada y ya la ayuda de la Unión Europea, como acabamos de describir, dista de ser una canilla libre. Aún así, la emisión del BCE ya es gigantesca, de modo tal que no se podrá evitar una desvalorización el euro, que está llamado a provocar un descalabro en las relaciones económicas internacionales, en la medida que la divisa europea es reconocida como uno de los medios de pago a escala global.
A la política de rescate del capital a expensas de los trabajadores, que se pretende llevar adelante con los fondos públicos, es necesario oponerle las nacionalizaciones sin pago de la banca y de las corporaciones, garantizando la continuidad de su funcionamiento bajo control y gestión de los trabajadores, de modo tal de centralizar el ahorro nacional y los principales recursos y palancas estratégicas de cada país al servicio de las necesidades populares y de las prioridades que plantea la actual emergencia. Un planteo transicional que cobra especial relevancia en la actual coyuntura, como un aspecto de la lucha por la unidad socialista de Europa, a partir de gobiernos de trabajadores en todo el continente.

Pablo Heller

miércoles, 27 de mayo de 2020

La “nueva normalidad” en el mundo

Con 350.000 muertos y 5,5 millones contagios, entramos en una nueva fase de la pandemia Covid-19. El New York Times publicó una “tapa catástrofe” con las 100.000 muertes sólo en EEUU, “una pérdida incalculable”. En tres meses cambió el escenario mundial de la lucha de clases pero no su tendencia general. Derecha y fascistas (Trump, Bolsonaro, Piñera, Johnson, Lega Nord, Vox) son acérrimos defensores de la “libertad”. Frente a la catástrofe en puerta, algunos recularon y optaron por diversas restricciones. Muchos apostaron a la inmunidad por medio del contagio, exponiendo a la población a una muerte segura.
Los gobiernos capitalistas que anuncian una “nueva normalidad”, presionados por una depresión en puerta, comenzaron a salir del aislamiento –a pesar de una probable “segunda ola” de contagios. Los rescates económicos billonarios van a los capitalistas, no al reforzamiento de los sistemas de salud, ni a una reconversión industrial en función de las necesidades de la crisis sanitaria.

Rebrote sin cuarentena

Europa fue un laboratorio de lo que llamamos “darwinismo social”, como en el caso de Boris Johnson (inmunidad de manada), pero también por el “modelo de Lombardía”, de privatización de la atención médica y “producir a toda costa”. Suecia, país “modelo”, apoyó la teoría de Johnson y es uno de los países con más muertos por millón de habitantes. Un reciente estudio mostró que, a pesar de la gran cantidad de contagios, sólo el 7% de los habitantes de Estocolmo desarrolló anticuerpos (infobae, 21/5); ahora descartan la teoría.
“La locomotora del norte” se rompió y el “modelo Lombardía” de Lega Nord, fracasó. La incapacidad para enfrentar la pandemia surgió con evidencia dramática. Tras pasar a “Fase 2”, Conte dijo que no iba a volver atrás y que habrá que convivir con las muertes, para “recuperar la economía” (Clarín, 21/5), algo que podría haber salido de la boca de Trump o Bolsonaro. El alcalde de Napoles declaró: “no vamos a cerrar nada (…) no vamos a construir un Estado de Policía” (Clarín, 22/5). Conte reconoce que no puede seguir gobernando sin la apertura económica al capital. Carlo Bonomi (Confindustria) plantea, por los ‘altos costos’, “derogar los convenios colectivos” (Corriere, 20/5).
“Huelgas salvajes” se desatan contra las patronales por violar protocolos (ArcelorMittal, Igiene Ambientale, DHL). El jueves se produjo una huelga de trabajadores inmigrantes (construcción, agricultura y servicios) contra el decreto “Relanzamiento” que regulariza sólo al 30%. Denuncian que el decreto es a medida de la patronal agraria y las mafias. Los trabajadores migrantes desafiaron a Salvini, que junto a diputados del M5S pidieron “trabajo para los italianos”. Los fascistas del “modelo Lombardía” propagan la pandemia al negar atención sanitaria a estos trabajadores.
Pedro Sánchez comunicó el miércoles la extensión del “estado de emergencia”. El sábado, convocados por los fascistas de Vox, miles reclamaron que renuncie (Clarín 23/5). ABC tituló que es un “gobierno quebrado” y Abascal (Vox) pide un “gobierno de emergencia”. Las protestas anticuarentena se suman a las de EEUU, GB y Brasil.
El saltimbanqui Johnson, acusado de negligencia criminal, declaró que la vacuna puede “no encontrarse nunca”. Macron, tras haber lanzado una “guerra” -y sin anunciar “victoria”- convoca a la segunda vuelta de las elecciones municipales. El paquete de ayuda de 500 mil millones de euros que proponern Merkel y Macron tiene como principal destinatario a las principales compañías.
Trump refuerza las tendencias más parasitarias del capitalismo norteamericano y aumenta los choques con China en una guerra comercial que agudiza las fracturas internacionales mientras fogonea una crisis constitucional en casa. En la reapertura de una automotriz dijo que en caso de haber un rebrote y mueran trabajadores, no retrocederá en las medidas.
Quiere que la reactivación económica sea su salvavidas político, mientras hay 40 millones de nuevos desocupados. Pidió la reapertura de los templos, aunque tenga que “pasar por encima” de los Gobernadores, lo que puede desatar un nuevo terremoto político y constitucional. Agregó que “no está bien que los templos no sean declarados lugares esenciales y las clínicas de aborto sí” (Clarín, 22/5). En Washington, que se dispone a reabrir su economía, una fábrica de alimentos de 72 operarios, 24 dieron positivo. El Dr. Fauci pidió al Senado no flexibilizar para “evitar el sufrimiento y muerte”, y una segura masacre.
Trump se retiró del acuerdo “cielos abiertos” (monitoreo de movimientos militares), y anunció lo mismo para el acuerdo de no proliferación (INF), que se suman al retiro del acuerdo nuclear con Irán. A pesar de las sanciones a Irán, Venezuela, Nicaragua, Rusia o China, la pandemia crece junto a la pobreza y la desocupación. Trump anuncia que la guerra comercial es más importante que las vidas de los trabajadores, una declaración de guerra a la clase obrera norteamericana.

América Latina

Las grandes ciudades latinoamericanas, arrasadas por el hambre y la desocupación, la falta de agua y el hacinamiento, son blanco fácil para el virus. La superpoblación carcelaria convierte a las cárceles en “incubadoras” de coronavirus (NYT, 21/5). Los sistemas de salud están o comienzan a colapsar, sin recursos ni centralización. Los gobiernos son incapaces de enfrentar la pandemia y se debilitan.
En el Mercado de Frutas de Lima, el 86% de los comerciantes dio positivo (Clarín, 23/5). Los peruanos se aglomeraron en bancos por subsidios, propagando el contagio. Lima tiene 4 millones de personas con falta de acceso al agua. La informalidad laboral es del 70%, por lo que la subsistencia pelea con la cuarentena. Los hospitales parecen cementerios, comentan sus trabajadores. Ecuador, otro de los países golpeados por la crisis sanitaria y capitalista, sigue apilando los cadáveres en las calles y los hospitales se mantienen colapsados.
En México, el 41,9% de la población es pobre y sólo en abril se perdieron 555.247 trabajos. La crisis es tan profunda que se denuncia que los narcos amenazan a los trabajadores del campo para garantizar la producción de coca (Clarín, 22/5). En Colombia entra en crisis el narcoestado y los servicios de inteligencia militares, mientras se incuba una enorme explosión social por el hambre.
Al hambre también se le responde con balas en los barrios más humildes de Santiago. El gobierno Pinochetista de Piñera tuvo que anunciar que daría marcha atrás con el desconfinamiento. La Bolsonarista y golpista Añez, acorralada por casos de corrupción del gobierno, postergó las elecciones; mientras el ejército golpista, denunciado por la represión social, le exige ascensos que deben ser aprobados por la mayoría del MAS en el Parlamento.
Brasil, el país más afectado de Latinoamérica, testea 12 veces menos que Irán según el Washington Post. Miles mueren en sus casas y hospitales sin testeos. Tras echar a Mandetta y que Teich renuncie, Bolsonaro puso a 9 militares en el ministerio de Salud. Condicionó una ayuda financiera a estados y municipios por 10.200 millones de dólares, a congelar salarios hasta 2022, un ajuste en regla. La bolsa subió tras el anuncio, aunque el real sigue un proceso de devaluación (42% en el año). Bolsonaro se aferra a sectores del ejército y policía, mientras apuesta todo a una apertura económica, sacrificando a la clase obrera. Ésta debe defenderse del fascismo con los métodos históricos de la clase obrera.
Los choques por la flexibilización y la negativa a dar marcha atrás, preanuncia nuevas huelgas salvajes, rebeliones y la perspectiva de situaciones revolucionarias por la defensa de la vida.

Emiliano Monge
26/05/2020

martes, 26 de mayo de 2020

El ajuste en medio de la pandemia




El gobierno habla de nueva normalidad para referirse a la situación planteada en medio de la pandemia; pero lo que realmente vemos es un ataque a las condiciones de vida y un proceso de desmejoramiento que avanza y se hace sentir.

Luego de semana de turismo desde el gobierno se comenzó a utilizar el término “nueva normalidad” para referirse a una nueva etapa en la emergencia sanitaria decretada a partir del 13 de marzo.
En un primer momento, luego de conocida la aparición de casos de Coronavirus, se plantearon medidas de aislamiento y una situación cercana a la cuarentena que llevaron a una detención importante de la actividad económica.
A partir de mediados de abril, y en función del enlentecimiento del aumento de casos de Coronavirus, el gobierno comenzó a dar pasos hacia la reactivación de la economía.
Primero fue la construcción la que volvió al trabajo, y luego paulatinamente se fueron sumando otros sectores, entre ellos algunas áreas de la administración pública y el sector comercial.
A su vez, a nivel político el gobierno retomó su idea de presentar la Ley de Urgente Consideración (LUC) para su tratamiento legislativo. Ante las primeras señales de tener una situación sanitaria relativamente controlada, Lacalle Pou no perdió la oportunidad de reflotar su plan de gobierno y avanzar en su concreción.

Una situación social crítica en una economía en crisis

Las propias encuestas muestran que estos intentos de Lacalle Pou de poner en marcha sus reformas no son bien recibidas por la población.
Casi la mitad del país se opone al tratamiento en este momento de la LUC, dando cuenta de que existe una situación social muy crítica, y que esa es la situación urgente que hay que abordar y resolver.
En este periodo de pandemia solo se han tomado mínimas medidas, absolutamente insuficientes, frente al deterioro en las condiciones de vida. Lo que el gobierno ha priorizado es minimizar las pérdidas y ganancias de los empresarios y las patronales. El costo de este “salvataje” lo ha llevado el Estado; mientras que a su vez Lacalle Pou ya ha dicho claramente que no se plantea que los capitalistas aporten algún dinero.
Mientras tanto el aumento de los precios se ha acelerado y la inflación de abril fue de 2%, llegando a los 10,86 de variación en los últimos 12 meses. El rubro alimentos y bebidas, el que más impacta en los sectores más pobres, subió un 4,4 en el último mes y un 18,9 en el último año móvil. Dentro de este rubro, los alimentos sin procesar (carne, fruta, verdura, lácteos) subieron en los últimos 12 meses un 28,2%.
Producto del encarecimiento de los precios y la disminución de los ingresos se calcula que en el mes de abril entre 94mil y 127mil personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. El estudio realizado por el Instituto de Economía de la Udelar revela además que considerando una caída de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), la incidencia de la pobreza en la población trepa al 11,6% y que por cada 0,1% adicional de contracción del PIB se incrementa aproximadamente 0,21 % la estimación de la incidencia de la pobreza.
Según los autores del estudio las medidas paliativas implementadas por el gobierno significaron una transferencia de poco más de 1600 pesos por hogar, una verdadera limosna que no resuelve en lo más mínimo la situación de los sectores más pobres de la población
Por otra parte ya hay alrededor de 150mil trabajadores en el seguro de paro especial y alrededor de 350mil en la informalidad, situación que también explica que actualmente existan alrededor de 270 ollas populares en el país. La solidaridad popular es la que provee el sustento diario para decenas de miles de personas, mientras el gobierno no da respuesta.
A nivel económico las exportaciones de bienes medidas en dólares cayeron casi 20% en abril y en el año llevan una caída acumulada de 11%.

El gobierno del lado de los empresarios

Ante tal panorama el gobierno es incapaz de dar alguna salida que beneficie a los trabajadores y sectores populares.
Por el contrario Lacalle y sus socios toman la emergencia sanitaria como una oportunidad para implementar medidas que reclaman el sector empresarial. Ante la parálisis económica desde la coalición buscan bajar el costo laboral con reformas que impliquen mayor explotación de la mano de obra.
Con la amenaza del desempleo masivo de fondo, el gobierno chantajea con la baja de salarios como una fórmula que supuestamente permitiría mantener el nivel de empleo. La pronta recuperación que promete la ministra Arbeleche se basa en esta idea de mayor flexibilización laboral y menor costo de la mano de obra para captar inversores y reactivar la producción.
Esta es la “nueva normalidad" que intentan instalar desde el gobierno, y que en realidad es parte del programa que ya habían anunciado desde la campaña electoral.
Hace pocos días el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio Lestido declaró que “Las empresas están muy golpeadas. Lo que nos interesa es conservar los puestos de trabajo” por lo cual sería muy difícil mantener los convenios salariales vigentes.
Precisamente en momentos en que cae en picada el nivel adquisitivo de los trabajadores, los empresarios pasan a la ofensiva para reclamar un mayor ajuste y la vez que el Estado les de mayores ventajas (subsidios, menos impuestos, seguros de paro para que las empresas no se hagan cargo de los salarios, etc.)

Es necesario un plan de lucha

Mientras las condiciones de vida de los sectores populares se agravan en medio de la pandemia y Lacalle Pou avanza en sus planes de ajuste, el PIT-CNT se mantiene en una posición pasiva y reproduciendo el discurso de unidad nacional que llega desde el gobierno.
Tal como hemos planteado acá, la crisis no es igual para todos y la única salida progresiva para los trabajadores y el pueblo es afectando las ganancias y beneficios de los empresarios.
Mientras el PIT-CNT persista en esta posición paralizante, estará dejando pasar el ajuste y allanando el camino al gobierno para avanzar en sus reformas antiobreras.
Se hace imprescindible entonces poner en marcha un plan de lucha discutido democráticamente desde las bases que sea capaz de frenar los planes del gobierno.

Hernán Yanes
Miércoles 13 de mayo | 20:34

lunes, 25 de mayo de 2020

Bolivia: ultimátum militar




¡Abajo el virus golpista!

La situación política y social en Bolivia se está polarizando en forma acelerada. El comandante del Ejército, César Orellana, irrumpió en el Senado con una decena de oficiales, todos vestidos de fajina como en las operaciones militares, para entregar un ultimátum:¡en el lapso de una semana, el Senado debe aprobar -sí o sí- el listado de ascensos y nombramientos elaborado entre los militares y la presidenta Jeanine Añez!
Según la Constitución boliviana, la presidente es la Capitana General de las Fuerzas Armadas. Estos nombramientos están observados por el Senado, en el cual tiene amplia mayoría el MAS de Evo Morales.
Detrás de este choque entre el Poder Ejecutivo y el alto mando militar de un lado, y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del otro, estaría en juego una política de depuración-postergación de mandos que no responden directamente a la presidente Añez y la promoción de aquellos que le son afines. Orellana, nombrado comandante del Ejército luego del derrocamiento de Evo Morales, tiene sobre su foja no solo el ser golpista, sino también haber intentado aplastar sangrientamente las resistencias populares con el saldo de una treintena de muertos (Senkata, Sacaba).

Virus golpista

La golpista Añez intenta mantenerse en el poder postergando ad infinitum las elecciones. Cuando se dio el golpe en noviembre, asumió nombrada por el mando militar y el apoyo de la OEA, de Trump y Bolsonaro. Pero la fuerte resistencia de masas que se desató la obligó a establecer un pacto implícito con el MAS, por el cual se mantenía el parlamento y se convocaba elecciones generales para fines de enero. Luego esto fue postergado, colocando como día el 3 de mayo. Con motivo del estallido de la pandemia, Añez aprovechó para volver a postergarlas sin fecha.
El Tribunal Electoral dictaminó que se las convocara en 90 días, lo que fue rechazado por Añez en nombre de la cuarentena y la lucha contra el coronavirus. El parlamento repudió este rechazo presidencial y votó que las elecciones se realizaran antes del 3 de agosto. Esto fue impugnado judicialmente por partidarios de la presidenta. Movilizaciones derechistas plantearon abiertamente la necesidad de cerrar el parlamento. Lo que significa un nuevo golpe. Ahora sale el Ejército con su ultimátum, si el Congreso no cede a su planteo de nombrar en los puestos claves a los militares afines.
Estamos ante una utilización del virus corona para justificar el continuismo golpista.

Virus corrupto

Unos días antes salió a luz, denunciado por personal sanitario, un gravísimo caso de corrupción. El nuevo ministro de Salud, Marcelo Navajas, que asumió hace tres semanas y es dueño de tres sanatorios privados, sería responsable de un grave e inmoral hecho delictivo de corrupción. En un publicitado operativo publicitario, se informó de la compra en España de 170 respiradores para los hospitales públicos de Bolivia. Afirman que cada uno de ellos costó 28.000 dólares, pero… terminó sabiéndose que su costo real era de 8.000 dólares. ¡El ministro y sus cómplices se embolsaron 3 millones y medio de dólares! Doblemente inmoral, porque las asociaciones de médicos han señalado que son obsoletos, que no sirven para terapia intensiva, que solo son bolsas autoinflables. Están jugando con la salud del pueblo.
La presidenta Añez ha tratado de presentarlo como un caso de corrupción aislada, aceptando la renuncia del ministro de salud pública. Pero hay informes de que el cónsul boliviano en España que gestionó la compra de los respiradores es hijo de una candidata parlamentaria de la alianza de Áñez. Y que el novio de la hija de la presidenta, que fue nombrado embajador especial para asuntos tecnológicos (¿nepotismo?), fue asesor en la operación. También que uno de los funcionarios cesanteados es un ex empleado de Doria Medina, el millonario que va en la fórmula de Añez como candidato a vicepresidente.
La semana pasada en Prensa Obrera denunciábamos el negociado en la petrolera estatal.
En 6 meses de gobierno, hay una docena de actos de corrupción que acorralan al gobierno y a sus funcionarios.

K’ara K’ara marca un camino

Vecinos autoconvocados de este barrio situado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba cortaron las calles que entran al barrio. Mantuvieron ese corte durante 13 días, enfrentando las presiones (y represiones) gubernamentales. A pesar de todo tipo de amenazas las “Bases Autoconvocadas” se mantuvieron firmes. En los últimos días, apareció la amenaza directa de utilizar grupos de choque paramilitares. El grupo Resistencia Juvenil Cochala intimó públicamente que si no levantaban los cortes en 48 horas ellos iban a hacer sentir el escarmiento a los K’ara K’ara. Hay que hacer notar que los piquetes impedían el paso de los camiones recolectores de residuos, por las únicas vías que llevaban al basurero de Cochabamba. La ciudad mal olía a descomposición por todas partes.
Los vecinos salieron a manifestar y bloquear las calles con barricadas de piedras, etc. porque se están muriendo de hambre encerrados por la cuarentena sin medios de vida. Pedían flexibilidad para salir a changuear y un conjunto de reclamos. Sin agua potable, para conseguirla había que pagar a camiones cisternas privados, etc. Junto a los reclamos reivindicativos exigían la convocatoria inmediata a elecciones nacionales.
Los cortes fueron levantados luego que las autoridades firmaran un acta con los autoconvocados, resolviendo favorablemente un conjunto de sus reclamos: el gobierno comprará en forma inmediata una veintena de camiones cisternas para dotar de agua potable a los vecinos, mientras encara las obras para resolver la faltante endémica, etc. En el acta se hizo constar también el reclamo de elecciones ya.

Abajo el ultimátum militar. Fuera los golpistas

El coronavirus va creciendo y Bolivia no está preparada desde el punto de vista de su estructura sanitaria para enfrentarlo. Los corruptos que juegan con la vida del pueblo deben ser juzgados, expropiados y encarcelados. También avanza la pandemia de despidos y cierre de empresas. Añez sigue adelante con sus planes de entrega (litio, tierras públicas, etc.). Los militares realizan ultimátums y preparan nuevos golpes contra las luchas obreras y populares, a las que siguen reprimiendo. Gran parte de la prensa opositora está asfixiada por el gobierno para que no se escuchen críticas disidentes.
Las tendencias a resistir y luchar contra esta situación de reacción derechista se evidencian constantemente: cacerolazos, etc. Pero la dirección del MAS, sin embargo, plantea esperar a las elecciones. Lula en Brasil postergó la resistencia a la reforma laboral porque había elecciones en el 2018. Los kirchneristas en Argentina decían lo mismo frente a los ataques contra el pueblo de Macri: esperar a las elecciones del 2019. Evo Morales plantea esperar hasta las elecciones… ¿de cuándo?
El hambre, la pandemia, los despidos, la entrega, la amenaza de nuevos golpes reaccionarios están ahora acosando al pueblo. El gobierno golpista está debilitado: el frente derechista no ha logrado unificarse detrás de Añez y se está escindiendo rápidamente. Una parte importante del apoyo que había conseguido con demagogia democratizante en sectores de la clase media ciudadana se ha empezado a romper -a la luz de 6 meses de experiencia de corrupción, entrega, ataques a los trabajadores.
Es necesario encarar una movilización general por las reivindicaciones del pueblo explotado, no se puede ‘esperar’ a que Añez y Orellana las convoquen. Con ellos en el poder no habrá elecciones democráticas, solo continuismo entreguista y antipopular. Fuera los militares de las calles bolivianas, depuración de todos los mandos comprometidos con el ultimátum militar; tomar la lucha contra la pandemia en manos de los trabajadores para terminar con la corrupción asesina: nacionalización y centralización de todo el sistema de salud, control de médicos y trabajadores sanitarios de las compras de aparatos, tests y materiales necesarios para enfrentar la pandemia; prohibición de despidos, reincorporación de los cesanteados, aumento de emergencia, bono universal para todo aquel que no esté en una relación laboral de dependencia.
A medida que avanza la crisis y la polarización, sectores que apoyaron el golpe se van abriendo. Las burocracias de la Central Obrera (COB) y diversos sindicatos y campesinos que durante años fueron masistas y que con el golpe traicionaron la resistencia al mismo y se pasaron al apoyo y subordinación política a los golpistas, ahora lo están abandonando y hablan de las elecciones. Ellos no van a encabezar esa resistencia obrera y popular. Asambleas en las empresas y barriadas, preparemos las condiciones para un Congreso de bases de los trabajadores para que discuta y apruebe una política independiente.

Rafael Santos

domingo, 24 de mayo de 2020

Cuba y Estados Unidos: Enfoques y resultados distintos frente a la pandemia




La crisis mundial derivada de la pandemia del covid-19 nos permite, al margen de contender contra ella, evaluar las distintas orientaciones políticas y sobre todo del campo de valores de los distintos países. Algunos expresan el humanismo y solidaridad que los anima, otros prefieren mirar para el lado privilegiar la economía o generar acciones propias de un pirata internacional.
Los ejemplos sobre esta dicotomía son múltiples. Cuba, por ejemplo, apoya mediante brigadas médicas, a una veintena de naciones. Entrega allí su labor internacionalista, lo mismo a sociedades opulentas que aquellas carenciadas, que han solicitado, desde todo el mundo, esta labor crucial: Qatar, Italia, Andorra. México, Honduras, Trinidad y Tobago, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Jamaica, Dominica, Belice, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves. Cabo Verde, Togo, Angola. Sudáfrica. Por su parte, Estados Unidos, en lugar de fortalecer la cooperación internacional se ha enfrascado, a través del presidente Donald Trump, en una agria disputa con la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que acusa de proteger a China, lo que ha significado que Washington (en pugna comercial con el gigante asiático) le haya quitado el financiamiento a este organismo y en territorio estadounidense, ha despedido a personal médico, que critica la forma de enfrentar la pandemia, que sólo en ese país llega a cifras monumentales: 1.550.000 contagios y 95 mil fallecidos.
Siempre es positivo recordar para ejemplificar. En este caso, un acontecimiento que no recibió la importancia debida, ocurrida hace un par de meses. Un hecho que expresa, en toda su dimensión, los valores distintivos de Cuba frente a aquellos países que fueron incapaces de ayudar al crucero británico BRAEMAR, que después de salir del puerto colombiano de Cartagena de Indias y en plena navegación, se solicitó a países de la zona (Estados Unidos, Bahamas, Barbados, República dominicana y la propia Colombia) que apoyaran una solución humanitaria para este Crucero. Todos rechazaron el llamado. Durante un mes el crucero navegó en busca de un puerto amigo. Ninguno de los países mencionados otorgó permiso de recalar, signando la presencia de tripulación y pasajeros contagiados. Hombres y mujeres de Holanda, Italia, irlanda, Noruega, Suecia, Japón, entre otros que constataron el nulo sentido de solidaridad con su estado.
Sólo Cuba respondió favorablemente y aceptó recibir, en el puerto de Mariel, al Crucero BRAEMAR. El propio presidente cubano Miguel Diaz Canel señaló “Cuba recibirá y brindará atención a viajeros con coronavirus del crucero británico MS Braemar. Somos coherentes con nuestra convicción de solidaridad con la humanidad”. Los gobiernos, de los connacionales que viajaban en el crucero, agradecieron públicamente el gesto cubano, que no sólo recibió a los pasajeros y tripulantes, sino que coordinó toda la operación de rescate y de distribución en los distintos vuelos que salieron de La Habana a los países de los involucrados. Los turistas señalaron, en todos los foros y medio, que su agradecimiento a Cuba no tenía precio, en el marco de un mundo que mostraba falta de solidaridad. Prometieron volver a la mayor de las Antillas en visita turística y de agradecimiento frente a una decisión que les salvó la vida.
Para los medios occidentales, entre ellos los medios de información chilenos, el ejemplo humanista, lleno de sentido internacionalista de Cuba, su gobierno y sociedad no mereció los espacios y noticias que un gesto de esta grandeza merece, como tampoco la labor de las Brigadas médicas, desplegadas por el mundo para llevar la calidad y humanidad de la medicina cubana en la lucha contra el covid-19. Angola, por ejemplo, es ejemplo de esta recepción de ayuda cubana, desde el momento mismo de su independencia, defendiendo y consolidando su independencia frente a la agresión del otrora régimen de apartheid sudafricano. El gobernador de la capital, Luanda, Luther Rescova señaló “Es un gesto natural de los cubanos, expresa su carácter internacionalista, la manera en que ven la vida, como dijo Fidel (Castro) muchas veces: Cuba no da lo que le sobra, comparte lo que tiene», que distinto a ese “dar” estadounidense, que implica hipotecar nuestra independencia y soberanía.
La sobre ideologización respecto a Cuba, impulsado por las presiones, chantajes, amenazas y ataques estadounidenses suele cegar, enmudecer y callar a los gobiernos sobre los aspectos positivos de una nación, que desde el inicio de su revolución ha sido ejemplo de internacionalismo. Por ello, no es anormal (lo que no lo convierte en aceptable) encontrar posturas absolutamente pro-estadounidenses en gran parte de los medios de información de Latinoamérica, donde lo más cercano a una crítica con relación al Crucero BRAEMAR se expresó al hablar de “cierto arrepentimiento” de aquellos países, que no otorgaron permiso para recalar al buque de placer británico.
En el caso de mi país, Chile, el gobierno sólo emite declaraciones respecto a Cuba cuando se trata de criticar a su gobierno sin reconocer sus logros en materias educativa, sanitaria, deportiva, entre otras o la solidaridad activa en la lucha contra la pandemia. En el campo de las comparaciones, sólo el hecho de la forma de enfrentar al covid-19 debería generar opiniones positivas, cuando el referente es Cuba, y sin embargo la obsecuencia respecto a Estados Unidos impide avanzar en forma soberana. Mientras en Cuba se abrían las puertas a los pasajeros y tripulantes de un crucero británico, en Chile, en la misma fecha, se cerraban la posibilidad de desembarcar en el puerto de Valparaíso, a 4 mil personas entre pasajeros y tripulantes del crucero Celebrity Eclipse. Durante varios días estuvieron dando vueltas en círculo, costa afuera, sin recibir el visto bueno de las autoridades del país sudamericano, lo que obligó al Buque a zarpar rumbo norte a pesar de no tener ninguna persona contagiada o con síntomas.
Los medios de información suelen tener respecto a Cuba, la misma conducta o buscan algún tipo de “interés, beneficio o situaciones ocultas y misteriosas” para tratar de entender la solidaridad cubana. Sólo la incondicionalidad y genuflexión de los gobiernos chilenos explica el sometimiento a mantener relaciones con Estados Unidos privilegiándola con relación a los países latinoamericanos, incluyendo a Cuba y Venezuela. El mirar hacia el sur y no seguir encandilados con ese “norte revuelto y brutal que nos desprecia” con que denominada el Héroe nacional cubano José Martí a Estados Unidos, podría hacernos avanzar en nuestra definitiva independencia política.
La pandemia del covid-19 muestra esa necesidad de cambiar de rumbo de gobiernos como el de Chile, que ha debido contender incluso, con la posibilidad de ser víctima de esta adaptación de la saga cinematográfica de los “Piratas del Caribe” representado por el clon de Jack Sparrow, que en este caso se viste de primer mandatario. Un pirata que habita la Casa Blanca y que ha puesto en peligro la compra de ventiladores, mascarillas, kits de detección del covid-19, obligando a las autoridades chilenas a realizar compras y viajes en secreto y no sufrir los embates delictivos estadounidenses, soportado incluso por socios predilectos de Washington, como fue el caso de Alemania y Francia.
Cuba, un país pequeño, una isla a escasos kilómetros de esta sombra que se cierne sobre ella y que la ataca desde el momento mismo del triunfo de la revolución el año 1959, puede erguirse ante el mundo como un país soberano, solidario, internacionalista, capaz de contender contra una enfermedad como el covid-19 y tener resultados positivos (2.000 contagios y 80 muertos). Cuba, a pesar de sanciones, bloqueos, embargos, la negativa a suministrarle fármacos y equipos para luchar contra la pandemia, es capaz de dar dura y eficiente lucha contra el covid-19 y ser capaz, incluso de permitir que buques como el BRAEMAR, con miles de pasajeros y tripulantes desembarquen en su territorio y puedan volver a sus hogares. A pesar de las presiones y chantajes estadounidenses, Cuba, a pesar de sus carencias, es capaz de enviar brigadas médicas en apoyo de aquellos países que sufren los efectos de la mayor catástrofe sanitaria del último siglo.
Estados Unidos, en cambio, centrado en su mirada economicista de las sociedades, insiste en volver a una supuesta “nueva normalidad”. Abrir los comercios, restaurantes, cines, las empresas, que la gente salga a consumir, para que el sistema de capitalismo extremo no sucumba, no se derrumbe en el estrépito de millones de cesantes, en el cierre de fábricas, comercios, la quiebra de aerolíneas. Para Trump, esa es la prioridad “la economía”, como para Jair Bolsonaro en Brasil y todos aquellos donde la muerte de sus ciudadanos son “daños colaterales”.
Trump ha puesto en segundo plano la lucha contra el covid-19, demostrando que un estado debilitado, con un sistema de salud público disminuido en pos del dios privatizador se convierte en un boomerang capaz de generar un daño de enorme envergadura. ¿Qué importan 1.550.000 contagios y 95 mil muertos si lo que verdaderamente substancial está en las prioridades de Trump y su gobierno, para que el modelo no se derrumbe.? Entre la pequeña, pero digna, solidaria e internacionalista Cuba y el gigante desestabilizador, agresor y filibustero Estados Unidos el mundo puede dar fe que los enfoques y resultados frente a sucesos de la magnitud de la pandemia por el covid-19 son absolutamente diferentes.

Pablo Jofré Leal

El fallo del Tribunal Constitucional Alemán, otro paso a la disolución de la Unión Europea




El miércoles 6 de mayo, los jueces del Tribunal Constitucional alemán (TCA) cuestionaron por medio de una sentencia la “legalidad” de uno de los programas del Banco Central Europeo (BCE). Banco presidido por Christine Lagarde, ex directora del FMI. Esta sentencia se refería a la compra masiva de deuda pública que había realizado en el pasado el BCE en los mercados secundarios. Recordemos que la compra masiva de deuda pública permite a los Estados endeudados mantener su capacidad de endeudarse en el mercado a un interés relativamente bajo. Esta sentencia provocó un verdadero terremoto político.
Lagarde anunció de inmediato que mantendría su programa de compra de deuda. El viernes 8 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el fallo del TCA “amenazaba la unidad de ordenamiento jurídico de la Unión y la seguridad jurídica”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (posible sucesora de la canciller Angela Merkel en Alemania), declaró después que el TCA había “invadido la soberanía europea” al extralimitarse en sus competencias. El TCA, en su sentencia, da tres meses al Bundesbank (banco central alemán) para que se presenten pruebas de que la compra de deuda pública de los diferentes Estados no es una intervención fiscal encubierta en favor de países con dificultades financieras como Italia o España. De no ser así el Bundesbank no podría seguir aportando fondos al BCE si éste sigue comprando deuda. El BCE vive de las aportaciones de los diferentes bancos nacionales (de los 19 países de la zona euro). El problema es que la contribución del Bundesbank es la mayor de todas, un 26,4%. Si el banco central alemán cesara de participar esto haría estallar la base de la eurozona amenazando con ello al conjunto de la Unión Europea.

¿Qué intereses hay detrás de este conflicto “jurídico”?

El TCA representa los intereses de una parte sustancial de la burguesía alemana y del Estado reconstituido después de la II Guerra Mundial que en 1990 incorpora la antigua RDA. El ahorro y las rentas de la burguesía y sectores de las capas medias en Alemania es considerable. Es una de las bases de la estabilidad relativa de su economía capitalista pero aumenta de manera importante la especulación financiera en detrimento de la inversión masiva del Estado en servicios e infraestructuras.
La burguesía alemana no es unánime al respecto. Así, el gobierno Merkel no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la sentencia del TCA. Wolfgang Schäuble, el actual presidente del Bundestag y que, cuando era ministro de Hacienda, había atacado brutalmente por cuenta del capital alemán a los trabajadores de Grecia y otros países, dice que el TCA asume el riesgo de “amenazar el euro”.
Finalmente Friedrich Merz, CEO en Alemania de BlackRock (fondo buitre tenedor de deuda en nuestro país y en todo el mundo) y otro candidato a la presidencia de la CDU para suceder como canciller a Merkel, expresa de manera más directa la posición del capital financiero y apoya la “sentencia histórica”.

¿Es éste el interés de la burguesía alemana?

Su dilema es profundo, insoluble y expresa la insostenible crisis del lugar internacional de Alemania, al tiempo que resulta mortal para la Unión Europea imperialista incluido el euro. Manifiesta la crisis abisal del sistema capitalista. El dilema es el siguiente: si el Bundesbank bloquea las compras de deuda y hace estallar el plan del BCE, esto puede arrojar a una situación gravísima a Estados como Italia, España e incluso Francia (que son algunos de los principales importadores de la industria alemana y su alta tecnología). Por ejemplo, la agencia de calificación Moodys acaba de anunciar la posibilidad de calificar la deuda italiana como “bono basura”. El peligro de bancarrota de Italia arrastraría necesariamente a la industria alemana que sufre ya las consecuencias de la guerra comercial desatada por Trump y que ve cerrándose sus mercados con, por ejemplo, Irán, pero sobre todo con China a consecuencia del acuerdo comercial entre los EEUU y China (que se sitúa en contradicción con las reglas de “libre comercio” de la Organización Mundial del Comercio). O por el contrario el BCE continúa con su política de compra masiva de deuda pública en los mercados secundarios y sobre todo con la hiperexpansión cuantitativa garantizada en un 26,4% por fondos alemanes, lo que podría provocar a más o menos corto plazo la explosión de la burbuja financiera, con ella también del euro, incluso de parte importante del sistema bancario, afectando muy gravemente a algunos Estados.
Asistimos a un nuevo capítulo de la dislocación del mercado mundial que tiene como uno de sus efectos la pérdida rápida del protagonismo de los países europeos y la dislocación de la UE, con el intento de cada burguesía de preservar su propio lugar en el mercado mundial (el Brexit es una expresión de ello).

Las “cumbres europeas”

Recordemos que el 10 de abril tuvo lugar la reunión de los 19 ministros de Economía y Finanzas de los países del euro (el llamado Eurogrupo), la cual decidió proponer al Consejo Europeo “movilizar” 540.000 millones para préstamos diversos, entre ellos para gastos sanitarios (sin condiciones) por un importe máximo del 2 por ciento del PIB de cada país. Esta medida fue saludada por todos los apologistas de la UE como algo muy positivo revelando que por fin la UE actuaba. Pero, frente a estas entusiásticas declaraciones, la realidad es otra. Por un lado estos fondos para gastos urgentes NO serían movilizados sino a partir de junio. El 23 de abril se reunió el Consejo Europeo, que agrupa a los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la UE. La única decisión fue dar visto bueno a la propuesta del Eurogrupo y, como no había acuerdo sobre la demanda de Italia y España (y detrás Francia) de deuda mutualizada (o sea con respaldo común), se decidió pedir a la Comisión Europea que hiciera una propuesta para crear un fondo de reconstrucción que debería movilizar un billón y medio de euros.
El 6 de mayo la Comisión Europea tenía que haber presentado esta propuesta, pero la sentencia del TCA liquidó el “programa” y, más aún, debía empezar a movilizar ayudas “a fondo perdido” o con deuda a largo plazo. Por más que el Tribunal de Justicia de la UE haya declarado que sus decisiones priman sobre las de un tribunal nacional, todo el mundo sabe que es difícil, si no imposible, que estas decisiones se tomen sin el acuerdo de la burguesía alemana. Entretanto la fecha del 6 de mayo se trasladó al 20 de mayo, en que la presidenta, alemana, de la Comisión Europea debe presentar su plan de reconstrucción.
Mientras tanto y por presión en particular del gobierno alemán, se levantó la prohibición de las ayudas de los Estados a las empresas en crisis porque en este momento, 26 de los 27 Estados, en especial Alemania, pero también Holanda y Francia, están poniendo en marcha “dispositivos nacionales” para ayudar a las empresas (más de 100 dispositivos nacionales están ya en marcha). Miles de millones de apoyo a empresas como Lufthansa, Air France y otras. Algunos le llaman a esto “nacionalización”, como se hizo con muchos bancos en 2016. Pero se trata de rescatarlas para reprivatizar después. Esta es la alternativa que propone el gobierno alemán, “ayudar directamente a las empresas” en vez de crear deuda mutualizada. El problema es que, desde el punto de vista de la “estabilidad capitalista” esta solución implica abrir más aún las tijeras entre unos u otros, porque los que tienen enormes deudas y déficit difícilmente pueden acudir a este recurso por falta de fondos. Y así se encuentran en primer lugar Italia y España, pero también Portugal y Grecia. Si el BCE no compra deuda, los “riesgo país” van a aumentar y la posibilidad de endeudarse a bajo interés desaparecerá y asoman en el horizonte “rescates” como los que sufrió el pueblo de Grecia. Por tanto, está rondando la opción de otro plan de ajustes con la brutalidad del rescate.
El problema es la decisión de resistir que manifiestan los trabajadores en los hospitales y en las fábricas. Por eso, los gobiernos tratan de utilizar a los sindicatos para contener a los trabajadores. Buscan un “pacto social” que puede establecerse sobre la base de las exigencias de la patronal.

Hay otro camino

Ante la catástrofe social que enfrentamos con centenares de miles de muertos en Europa hay otra salida que la de la dividida burguesía europea. Nacionalizar las principales industrias, los bancos, los servicios públicos bajo control obrero, lo que sólo será posible bajo el impulso de una movilización masiva que derrote a los banqueros y sus gobiernos. Una movilización que acabe con la UE imperialista y construya los Estados Unidos Socialistas de Europa de Lisboa a Vladivostok.
Esta movilización por el momento está bloqueada por la situación, pero sobre todo por la política de partidos y sindicatos que se subordinan a las órdenes de los gobiernos. Romper esta subordinación y construir partidos revolucionarios es la tarea para enfrentar esta crisis sanitaria, humanitaria, social y económica.

Antonio Rosselló

viernes, 22 de mayo de 2020

EEUU quiere destruir cooperación médica cubana: Julio Guerra, cooperante en Turín




Cuba tiene 30 mil cooperantes de la salud en cerca de 60 países. Y en los últimos meses, para ayudar al mundo a frenar el Covid-19, ha activado a pleno rendimiento el llamado Contingente Médico Henry Reeve frente a catástrofes y epidemias, con 25 nuevas brigadas solidarias. Varias de ellas están en Europa. Una, en la ciudad italiana de Turín, a donde nos acercamos para conversar con Julio Guerra Izquierdo, jefe de esta brigada y un experimentado cooperante, con misiones anteriores en Djibouti, Guatemala y Venezuela.

Internacional Progresista, al rescate del capitalismo




El exministro de economía griego, Yanis Varoufakis, y el senador norteamericano Bernie Sanders

DiEM25, Frente Europeo de Desobediencia Realista, un movimiento democrático paneuropeo transfronterizo, liderado por Yanis Varoufakis , exministro de Economía griego, cuando Syriza llegó al gobierno, y el Instituto Sanders, fundado en 2017 por Jane Sanders, esposa del senador demócrata Bernie Sanders, acaban de dar a luz la “Internacional Progresista”, una organización avalada por más de 40 intelectuales de todo el mundo, entre los que destacan Noam Chomsky y Naomi Klein, y dirigentes políticos, como Katrín Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda-Verde y actual primera ministra de Islandia, en cuya capital, Reikiavik, está previsto realizar un primer Congreso del flamante nucleamiento.
El grupo Puebla, en su reciente encuentro virtual, que congregó a lo más graneado del progresismo latinoamericano, saludó y decidió sumarse a la iniciativa. En el convite fueron de la partida Lula, Dilma Rousseff, el exvicepresidente boliviano García Linera, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y Fernando Haddad, que es uno de los 40 firmantes que dieron nacimiento a la Internacional Progresista.
La nueva organización advierte que “hay una guerra global en marcha contra los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la democracia, contra la decencia”, plantea unir las fuerzas progresistas ante "el avance del autoritarismo”. Y llama a defender y sostener “un Estado de bienestar, los derechos laborales y la cooperación entre países, además de consolidar un mundo más democrático, igualitario, ecologista, pacífico post-capitalista, próspero y pluralista, y en el que prime la economía colaborativa”.
Si hay un común denominador en lo que se refiere a este arco tan variado del progresismo mundial es que están lejos de haber logrado promover un rumbo superador respecto de la política neoliberal en la experiencia política que les tocó protagonizar en sus respectivos países. Tampoco lo están haciendo ahora. Más bien han terminado adaptándose al orden social establecido. En la actualidad, tenemos a Bernie Sanders, luego de su frustrada carrera presidencial, llamando a cerrar filas en el Partido Demócrata y promoviendo la candidatura de Joe Biden. Se trata de un callejón sin salida para los millares de trabajadores y jóvenes que abrazaron la postulación del senador socialdemócrata. La política de Sanders es llamar a colaborar con los grupos de trabajo de Biden en la elaboración del plan de gobierno, como si fuera probable insuflarle un contenido progresista a la gestión del candidato demócrata, un hombre de confianza del establishment y transformar por dentro un partido que es uno de los pilares del imperialismo yanqui. Mientras se habla del Estado de bienestar, el dirigente político norteamericano acaba de votar el paquete de medidas de estímulo propuestas por Trump, que implican un gigantesco rescate del capital, mientras se dispone una ayuda residual para los trabajadores.
Lejos de representar una transformación del régimen político y social, el progresismo no saca los pies del plato. Un ejemplo muy elocuente es el de Islandia, donde el Partido Verde de la primera ministra cogobierna el país en coalición con el partido conservador de centroderecha, que se ha reservado para sí ministerios estratégicos. La centroderecha estuvo en el poder hasta 2017, cuyo gobierno estalló en medio de una gigantesca crisis política, cuando se revelaron actos de corrupción que comprometían al entonces primer ministro. El progresismo ha terminado salvando el sistema político y reconstruyendo la gobernabilidad a través de un pacto con los representantes tradicionales del neoliberalismo.
No se puede perder de vista la conducta de Varoufakis de la coalición Syriza, cuyo gobierno capituló ante los dictados de la Unión Europea y su memorándum de ajuste, violentando el mandato popular que rechazó las imposiciones que planteaba la troika. La tentativa de conciliar los aspiraciones del pueblo griego con la permanencia en la UE se reveló completamente infundada. El dirigente griego hoy se arrepiente de esta postura y señala que lo correcto hubiera sido abandonar la UE. Pero, ¿cuál sería la salida superadora? Recordemos que Varoufakis en el apogeo de Syriza señaló que la crisis capitalista "no era el mejor ambiente para políticas socialistas radicales". Apuntó que "no estamos preparados para superar el colapso del capitalismo europeo con un sistema socialista que funcione".
El exministro de Syriza no ha abandonado esta premisa. El cambio que propone consiste en suplantar su antiguo europeísmo por una variante nacionalista con mayor intervención del Estado, pero siempre en el marco del orden social vigente. Pero el estatismo burgués no es más que una tentativa extrema de rescate del capital, que ha ido siempre acompañado de un ataque en regla contra los trabajadores. Por lo pronto, un retorno al dracma traería aparejado un severo golpe a los salarios, que quedarían nominados en la moneda local depreciada frente al euro, en tanto que las deudas seguirían fijadas en la divisa europea, haciendo todavía más gravosa la hipoteca que pesa sobre el país. En el actual contexto, Grecia perdería la libertad de acceso al mercado europeo sin poder usufructuar las ventajas de una moneda devaluada en momentos en que marchamos a una depresión sin antecedentes y se potencia la guerra comercial y las políticas proteccionistas.
El impasse capitalista ha acelerado las tendencias a la desintegración de la Unión Europea. No se trata de volver a las fronteras nacionales sobre las antiguas bases, lo cual resulta cada vez más inviable, cuando las cadenas de valor están como nunca integradas y la dependencia e interconexión entre las naciones se han hecho mucho más estrechas que en el pasado, sino en reconstruir integralmente Europa sobre nuevas bases sociales a partir de la unidad socialista del continente.

¿Poscapitalismo?

La Internacional Progresista habla de “postcapitalismo”, de modo de escabullir el bulto. Desterrada la perspectiva del socialismo que excluyen, la salida que se ofrece, aunque se lo pretenda disimular, no es otra que el viejo plato recalentado de la sociedad capitalista, la cual podría regenerarse, según su punto de vista, adaptando formas de mayor equidad social y de democracia política. Se trata de un capitalismo imaginario, pues el capitalismo real, no el que surge de sus cabezas, viene descargando el peso de sus crisis y bancarrota sobre las masas. Tiende a barrer con los derechos laborales y conquistas de los trabajadores, obtenidos en la etapa precedente. Las reformas laborales y jubilatoria son patrimonio común tanto de los gobiernos neoliberales como “nacionales y populares”. La pandemia ha puesto de relieve como nunca el antagonismo entre la defensa de la vida y la salud de la población y una organización que se basa en el lucro capitalista.
El Estado de bienestar, cuya defensa pregona esta Internacional, es incompatible con el orden social capitalista vigente. Esto va de la mano de las tendencias a reemplazar la democracia por régimenes bonapartistas, de poder personal, que gobiernan por encima de las instituciones republicanas, como un recurso excepcional para pilotear la crisis y la polarización social que se viene abriendo paso.
En oposición al neoliberalismo, la receta que proclaman los promotores de esta iniciativa sería una mayor intervención del Estado. Pero hacen la prevención de que "el tema es si el Estado se utiliza para rescatar al neoliberalismo o para llevar adelante una reforma”. Se presenta como si el Estado fuera una entidad en disputa, por encima de la organización social, cuando es un engranaje e instrumento central del régimen capitalista, que actúa bajo la tutela de la clase dirigente y constituye una maquinaria que oficia de correa de transmisión y vehículo de sus intereses. El uso de los fondos públicos para las necesidades sociales -y no para el rescate del capital, como ocurre ahora- plantea la cuestión del poder y, por lo tanto, que la clase obrera sea la que asuma la conducción política de la nación.
Lo mismo vale cuando se habla de “cooperación entre los países”, como si se pudiera abstraer el hecho de que la guerra comercial se origina como resultado de la crisis mundial capitalista en desarrollo. Las tensiones y rivalidades entre las corporaciones y las naciones se vienen agigantando en forma proporcional al impasse capitalista. La integración capitalista, como lo testimonian la Unión Europeao el Mercosur, está haciendo aguas. La cooperación de los pueblos, la superación de las divisiones nacionales sólo puede ser obra de la clase obrera como parte de una transformación social bajo su liderazgo.

Grupo Puebla

La Internacional Progresista ha recibido el apoyo del Grupo Puebla, que reúne a los representantes más prominentes del progresismo latinoamericano. Pero no se puede soslayar el hecho de que estas fuerzas políticas han pasado por ser gobierno y conducido el destino de sus países durante décadas. El balance de esta experiencia revela su incapacidad para sacar al país del atraso, la dependencia y la opresión imperialista. Lejos de avanzarse a una industrialización y a un desarrollo independiente, se ha acentuado la primarización de la economía. Los gobiernos progresistas latinoamericanos han puesto en marcha importantes planes de asistencia social, lo cual ha representado un alivio para la población en una situación desesperante, pero esto está distante de constituir una transformación social. La estructura social se ha mantenido intacta: las mismas clases sociales son las que siguen concentrando las riquezas y el poder económico. El nacionalismo burgués y el progresismo latinoamericano han sucumbido bajo el impacto de la crisis mundial, que ha culminado en verdaderos derrumbes. Hasta la propia ayuda social se fue recortando mientras se procedía a ajustes severos, que dieron pie a protestas y grandes movilizaciones populares.
El progresismo latinoamericano ha sido incapaz de enfrentar al neoliberalismo. Ha tratado de salvar su pellejo adaptándose a las exigencias del capital internacional y aplicando él mismo los ajustes, pero eso no ha sido suficiente para evitar su caída. Dilma Rousseff y luego Evo Morales fueron destituidos por golpes cívico-eclesiástico-militares sin ofrecer resistencia ni convocar a la movilización popular. En la actualidad el PT brasileño, la fuerza más emblemática del progresismo latinoamericano, está fogoneando una salida política frente la crisis que afecta al gobierno Bolsonaro con los partidos que promovieron el golpe contra su gobierno y han sido portavoces y arquitectos de las reformas laboral y previsosional, así como de un ataque a las condiciones de vida del pueblo. Está claro que de allí no va alumbrarse un orden más igualitario ni una fuente impulsora de un estado de bienestar.
El Grupo Puebla, en su corta existencia, ha demostrado sus límites para transformarse en una alternativa. Alberto Fernández, uno de los dos presidentes en ejercicio que integra dicho nucleamiento, permanece en el Grupo Lima, junto a sus pares derechistas de América Latina, que vienen conspirando activamente para tirar abajo a Nicolás Maduro. El gobierno argentino ha reconocido y dado las placas correspondientes al cuerpo diplomático nombrado por el gobierno golpista de Áñez. La política exterior de nuestro país ha estado subordinada al rescate de la deuda que se viene desarrollando en el marco de las negociaciones con los bonistas y el FMI, y que estaría en los umbrales de un arreglo.
Un dato distintivo del gobierno del mejicano López Obrador son las llamativas buenas migas con el autoritario Donald Trump. El presidente mejicano ha renovado el tratado de libre comercio a la medida de las exigencias de Estados Unidos y convirtió a su país en un estado tapón contra las caravanas migratorias que buscan un escape al hambre y a la pobreza que asolan el continente. El combate contra el narcotráfico ha sido utilizado como pantalla, una vez más, para reforzar el corrompido aparato militar y policial.
La tendencia al compromiso con el imperialismo por parte de los exponentes latinoamericanos de la Internacional Progresista debe ser tomado como un alerta por todos los luchadores. No estamos frente a un espacio político que se desenvuelve dentro del campo de apoyo a las recientes rebeliones populares, sino de uno que nace con la función política de contenerlas. Mientras que, en 2019, el movimiento de lucha avanzó contra todos los gobiernos, con independencia de su filiación “neoliberal” o “progresista”, los miembros de este nuevo nucleamiento internacional -en especial en América Latina- actuaron para salvar la gobernabilidad.

Conclusión

La búsqueda de un punto de equilibrio entre al necesidades populares y el orden social capitalista se ha revelado infundada. Si hay algo que ha demostrado carecer de "realismo" es la pretensión de revertir las tendencias a la polarización social que se han acentuado como nunca. La pandemia, a su turno, lejos de atenuar los antagonismos sociales los ha exacerbado, demostrando el abismo que existe entre la defensa de la vida y la salud de la población, y una organización social basada en el lucro capitalista. No existe una estación intermedia entre el neoliberalismo y la revolución social. El tren de la historia, de mano del capitalismo, nos conduce hacia un escenario de barbarie: de guerras y estragos ecológicos, sanitarios, sociales sin precedentes. El tren de la historia solo puede ir para adelante y abrir un nuevo horizonte para la humanidad de la mano de una salida liderada por los trabajadores.

Pablo Heller