sábado, 30 de noviembre de 2019

Uruguay: el triunfo más amargo




Mientras se cuentan los votos observados, y con el reconocimiento de la derrota por parte de Daniel Martínez, la sensación de sorpresa aún persiste en el ambiente. Es que el estrecho margen de 30 mil votos entre el nuevo presidente electo Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez generó efectos y sentimientos contradictorios en uno y otro bando.

Festejos cambiados

Si el domingo a la noche un observador extranjero miraba los actos y no estaba en conocimiento de los números, le podría haber dado la sensación de que el ganador fue el Frente Amplio. El festejo y la pose exultante de la dirigencia del partido de gobierno denotaba sorpresa por una elección que desde hacía una semana la daban por perdida.
No así las bases, que en palabras de Yamandú Orsi “pasó por arriba a la dirigencia”. La campaña voto a voto realizada por la militancia de a pie activó y volvió a mostrar que el Frente Amplio es por lejos el principal partido del país en capacidad de organización y movilización. Esto pese a los intentos de vaciamiento de parte de algunos de sus sectores internos que repetidas veces intentaron acompasar la estructura interna de la coalición al pasaje de partido de oposición a ‘partido de estado’.
La campaña de las bases hacia la segunda vuelta contrastó con lo errático de la campaña del candidato frenteamplista. En el debate presidencial (donde Martínez no tuvo una gran participación) el ex Intendente cometió algunos errores, como plantear que el programa ‘son solo propuestas’, lo que fue rápidamente contestado por Mujica. O las declaraciones con respecto al riesgo de una eventual crisis como la de 2002 en caso de triunfar Lacalle-Argimón, cuestión que fue primero desmentida por Orsi y después por el propio Astori.
Pese a la derrota electoral, para Daniel Martínez hubo un doble triunfo político. Por un lado logró un resultado cerrado, contra los pronósticos previos de las consultoras de opinión que lo exime parcialmente de un balance catastrófico con respecto a su candidatura, lo mantiene con vida en su ambición política, donde es posible que vuelva por un nuevo mandato en la Intendencia de Montevideo, y no le cierra las puertas pensando en 2024. El segundo elemento de triunfo para el candidato del gobierno radica en lograr evitar los festejos de la coalición en la misma noche del domingo.
Las razones de la ‘remontada’ pueden ser variadas. El rechazo al video de Guido Manini Ríos llamando a no votar por Martínez fue extendido. El video fue un mensaje no solamente a la tropa, sino intentó también marcar la agenda del gobierno entrante. Por otra parte, el silencio durante días de los socios coalicionistas da pistas claras de su subordinación.
La valoración negativa sobre la editorial del Semanario Nación, distribuida por el Círculo Militar, también. Tocaron fibras republicanas en sectores del electorado de la propia coalición que en octubre había votado por un cambio hacia la derecha en clave moderada.
En el medio sucedieron cuestiones extrañas como los mensajes del ‘Comando Barneix’ incitando a votar al candidato blanco en tono amenazante, o el intento de ingreso a una planta de explosivos del ejército, que no sería extraño sea una operación de ‘falsa bandera’.
Las expresiones de los nostálgicos de la dictadura que llamaron a ‘extirpar el cáncer del marxismo de la nación’, con un lenguaje de la década del 70’ y de la doctrina de Seguridad Nacional, también fueron un revulsivo importante para que la mayoría de los “indecisos” y las personas que declaraban votar anulado o en blanco en los días previos, se volcara masivamente hacia el Frente Amplio. Fueron una combinatoria de factores que motorizaron el voto por el Frente Amplio.
En Montevideo la victoria del Frente Amplio fue importante (57%), avanzando 7% con respecto a octubre. En los barrios populares de la ciudad se aprecian ventajas importantes para Martínez-Villar. Los sectores de trabajadores votaron masivamente por el Frente Amplio como última barrera de contención para evitar el triunfo de la derecha. Si se observa un mapa con la votación de Montevideo se encuentra un importante sesgo de clase en el voto. En las zonas de clase media o media-alta obtiene los mejores resultados la fórmula Lacalle-Argimón, mostrando el corrimiento de sectores de esas capas medias hacia la derecha.
Sin embargo, fue en el interior donde logró recuperar votos de forma notoria. En Rivera, Durazno y Soriano el FA aumentó en el entorno de un 11%. Paralelamente hay estadísticas que muestran un retorno importante de 27% de votos “mujiquistas” que el 27 de octubre había votado por Cabildo Abierto. La campaña segmentada y sin un discurso público de confrontación contra Manini, logró hacer retornar ese electorado.
En la campaña hacia el balotaje algunos analistas de opinión habían instalado la idea de que sería un escenario similar a la elección de 1999 en la que Jorge Batlle derrotó a Tabaré Vázquez. Los puntos de partida en común con aquella elección fueron la votación de alrededor del 40% del FA en primera vuelta y que se enfrentaría a una coalición de “todos contra el Frente Amplio”. Ahora bien, había otros aspectos que la hacían diferente. El primero tiene que ver con que en 1999 el FA aún no había gobernado a nivel nacional, solo lo había hecho a nivel municipal en Montevideo. Además, en aquella elección poco más del 40% había votado alguna vez por el FA, mientras que en 2019 aproximadamente el 56% de la población lo había votado anteriormente, es decir, la operación que debía hacer la fuerza de gobierno era de ‘retorno’ de votantes. De hecho, si vemos comparativamente el 47,5% obtenido por Martínez-Villar en el conteo preliminar del domingo pasado y el 47,8% de Tabaré Vázquez en la primera vuelta de 2014 es muy probable que la composición del electorado sea prácticamente la misma. Habrá que confirmarlo.
Otro aspecto importante es que en 1999 se sumaron casi que de forma perfecta los votos blancos y colorados y la coalición Batlle-Lacalle mostraba mayor homogeneidad, sin embargo en este 2019 los ‘multicolores’ perdieron 5,3% con respecto a octubre y su estabilidad como bloque todavía se está por ver. El escenario regional y mundial cambió y no se parece en lo más mínimo a aquel de hace dos décadas y en nuestro país el sistema político se encuentra fragmentado y con un partido con base en la familia militar y reaccionario que irrumpe en el parlamento. Otro aspecto para nada despreciable de diferencia con la segunda vuelta de 1999 es que en esta ocasión el oficialismo y quien cuenta con el aparato estatal es el Frente Amplio, una ventaja comparativa importante a la hora de realizar campañas electorales.

Una victoria que muestra fragilidad

El semblante de Lacalle y su discurso del día domingo, más allá de la recriminación a Martínez por el no reconocimiento de la derrota, escondía la desazón de un triunfo que, aunque cuente con mayoría parlamentaria, lo plantea débil. Es el presidente menos votado desde que existen los balotajes y la foto final no es la de ‘un país que masivamente votó cambiar’, el discurso de la coalición ‘multicolor’ desde la noche del 27 de octubre. Es la de un país partido a la mitad.
La coalición ‘multicolor’ nace herida. Con el rechazo importante a uno de sus componentes principales, Manini Ríos. A su vez, también con las ansias del ex comandante en jefe de lograr cierta autonomía e imponer aspectos de su agenda. Quizás este sea el cálculo que hace por estas horas para no aceptar el Ministerio de Salud Pública. Esta es la contradicción a la que se enfrenta Lacalle. Manini es un socio complicado e inestable para la coalición, pero sin Manini no hay mayoría parlamentaria. ¿Cuánto está dispuesto a ceder Lacalle? Si se mimetiza con su ala radical correrá el riesgo de enfrentar el rotundo rechazo popular y tendrá protestas sociales. Sabiendo este problema, en su discurso del mismo domingo, el herrerista más allá de su enojo tuvo gestos de diálogo hacia el Frente Amplio. ¿Buscará la ayuda de los sectores ‘progresistas’ del Frente Amplio? Si el Frente Amplio acepta discutir ley a ley en el parlamento con el objetivo de hacer prescindir a Lacalle de su ala derechista extrema y aislar a Cabildo Abierto, ¿no sé colocaría como socio del ajuste? Estas son algunas de las situaciones y discusiones planteadas en el próximo período.
La estrategia de pactos y coaliciones de ‘gobernabilidad’ por parte de los partidos del sistema político ya es materia de discusión dentro del oficialismo saliente.
El tono del discurso de Martínez fue de conciliación. De plantear nuevamente la unidad de todos los uruguayos sin distinción de banderas. El video de militantes de la lista 71 y el del Frente Amplio cantando el himno y bailando juntos intenta ser replicada por el ala ‘realista’ de la política y por los medios de comunicación. La idea es borrar fronteras ideológicas y barreras que remarquen los intereses contrapuestos entre las distintas clases y capas sociales. Es el discurso que se instala porque ‘vendrán tiempos difíciles’ y hay que estar todos/as juntos/as.
En el caso de que en algún momento del gobierno, sectores del Frente Amplio busquen darle gobernabilidad a los multicolores, podremos ver coaliciones de ajuste de ‘extremo centro’ como en europa. Basta ver justamente el caso europeo para concluir que lejos de aislar a la ultraderecha, en un escenario de ajuste y ataque a las condiciones de vida por parte de coaliciones centristas, y ante la debilidad de la izquierda anticapitalista, la ultraderecha aparece como la única opción de real oposición.
La dirección mayoritaria del PIT-CNT, que sobre la recta final realizó campaña por el gobierno, se ha mostrado cauta con respecto a las designaciones del nuevo gobierno. Seguramente en línea con las discusiones a la interna del propio Frente Amplio acerca de la postura de la oposición en el próximo período. Mujica ya avisó que será una oposición ’responsable’ y sin piedras en las manos. El líder de la 609 junto a otros dirigentes ya piensa en la manera de volver en 2024.
Otro punto de debilidad del gobierno electo radica en que esta coalición de herreristas sui generis, liberales y conservadores reaccionarios y militaristas no nace con un programa, sino con una declaración de intenciones generales que ocultan los aspectos más regresivos. Porque lo que unió a los extremos de la coalición, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, no fue el amor, sino el espanto. Los unió la coalición como instrumento para desalojar al Frente Amplio del gobierno y para ingresar al Estado.
Lacalle y la coalición llegan en líneas generales con una agenda liberalizante, que buscará afrontar la recesión en el campo mediante la transferencia de recursos desde la ciudad vía recortes impositivos, subsidios a tarifas y devaluación del peso, lo que hará que los trabajadores y trabajadoras paguen la fiesta con una posible mayor inflación y el deterioro de los servicios públicos, ajuste fiscal y ataques al salario. A su vez, desde el punto de vista externo, el experimento coalicionista intente avanzar en tratados de libre comercio y en la baja del arancel externo en consonancia con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
En el armado del gabinete ya se ven los primeros tironeos entre colorados y cabildantes por el Ministerio de Vivienda, o los cálculos de Talvi que preferiría no ser ministro pensando en su propia construcción política.

La elección uruguaya en su contexto

Estas elecciones nacionales y su empate técnico deben leerse inmersas en la complejidad de la situación política latinoamericana, signada por los ajustes económicos, las movilizaciones y estallidos sociales y las tendencias a la bonapartización de los regímenes políticos y al retorno del ‘factor’ militar. El ‘oasis’ de estabilidad económica, social y política que ha sido Uruguay, contrasta con la situación política de países vecinos como Chile o Bolivia. A diferencia de Brasil, el bloque de la centro-derecha uruguayo se preservó y pudo postularse como sustituto del Frente Amplio, no sin antes pactar con el ala militarista de Cabildo Abierto. La experiencia progresista de 15 años culmina con un sustituto por derecha pero que no explicitó el ajuste en su programa y que debutará en la Torre Ejecutiva con un ley de urgente consideración de alrededor de 300 artículos de la que nadie sabe aún su contenido real.
Lo que sí sabemos es que un mes después de rechazar la reforma ’Vivir sin Miedo’, fue designado Jorge Larrañaga como nuevo ministro del interior.
Alberto Fernández, el presidente electo argentino, buscará en Lacalle a un aliado que permita llevar ‘racionalidad’ a la región y le muestre al gobierno de Estados Unidos que la vía de los golpes de estado y las represiones salvajes abonan el terreno a la inestabilidad política y pueden generar estallidos incontrolables. Por su parte, Lacalle una vez reconocido presidente electo, recibió los saludos la golpista Añez y de Juan Guaidó, a quien contestó de inmediato. Bolsonaro ya anunció su llegada a Uruguay para el 1° de marzo de 2020. Un buen momento para preparar una gran movilización contra el bolsonarismo y en solidaridad con los trabajadores, mujeres y jóvenes de la región que luchan contra los ajustes y enfrentan la feroz represión.

Damián Recoba
Viernes 29 de noviembre | 09:00

viernes, 29 de noviembre de 2019

Luis Lacalle Pou: quién es el derechista elegido presidente de Uruguay




Hijo del expresidente que aplicó medidas neoliberales en los 90, Lacalle Pou anunció en su campaña que buscará llevar adelante un plan de ajuste.

En el mediodía de este jueves se confirmó el triunfo de la derecha neoliberal que asumirá el gobierno de Uruguay, después de 15 años de gestiones del Frente Amplio.
El dirigente de ese partido y candidato presidencial, Daniel Martínez, reconoció el triunfo de candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que será el próximo presidente de Uruguay.
Miembro del Partido Nacional (blanco), Luis Lacalle Pou tiene actualmente 46 años. A los 24 años decidió seguir los pasos de su padre y de su madre: el exmandatario Luis Alberto Lacalle, que gobernó desde 1990 a 1995 aplicando abiertamente las políticas neoliberales en el país, y la exsenadora Julia Pou.
El electo presidente uruguayo recorrió buena parte de su carrera política bajo la sombra de su padre, especialmente varias denuncias corrupción contra jerarcas blancos e incluso contra el propio Lacalle y su esposa. Una de las más significativas estuvo relacionada con la venta del Banco Pan de Azúcar. "La embestida la vivimos como familia, unidos, sabedores de que nunca habíamos tenido una conducta desviada", trataba de responder a esas denuncias Luis Lacalle Pou en el libro “Un rebelde camino a la presidencia”.
En febrero de 2002 asumió su banca en Diputados dando comienzo a su carrera. Fue reelecto en la cámara baja hasta 2015, cuando se instaló en el Senado hasta que renunció para dedicarse a esta campaña. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio no votó ninguna de las leyes de la agenda de derechos sociales como el aborto legal, el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis, la ley de jornada laboral del peón rural, la ley para empleadas domésticas o la ley integral para personas trans.
Se autodefine como muy creyente y contrario al aborto. "Voté en contra todas las veces y creo que hay que trabajar para que no se produzcan más abortos", afirmó Lacalle Pou en una entrevista con la agencia EFE, repitiendo el típico discurso antiderechos.
Ante la sorpresa de muchos, en las elecciones internas de 2014 venció al precandidato favorito, Jorge Larrañaga, y se presentó como el candidato al Partido Nacional en los comicios. Pese a perder en esa ocasión frente al ahora expresidente Tabaré Vázquez -que lo venció sin problemas en segunda vuelta y llegó a su segundo mandato (2015-2020)- Lacalle Pou insistió en volver a presentarse como la alternativa de cambio.
Finalmente, se confirmó su triunfo: en una primera revisión de los votos observados en los 13 departamentos, el conservador sumó 3090 nuevos sufragios. Martínez, del Frente Amplio, necesitaba al menos el 90% de los votos observados, pero eso no sucedió: alcanzó apenas 1137, luego de una ajustada elección donde, a pesar de la derrota, el Frente Amplio logró una importante "remontada" aprovechando el malestar de un importante sector de la población con las declaraciones de apoyo y los mensajes de sectores militares a la candidatura derechista.
En su programa de gobierno, Lacalle Pou plantea reducir el gasto del Estado para superar el déficit fiscal de 4,9% del PIB que arrastra el país. Entre otras medidas criticadas por el oficialismo, propone reducir la reposición de vacantes en el sector público para bajar erogaciones.
Luego de una campaña conservadora donde disputó con Lacalle el eje de "seguridad", Martínez intentó captar en estos últimos días los votos de indecisos alertando del ajuste que implementará el Partido Nacional si ganaba la presidencia.
Una etapa de transición se abre en Uruguay, por lo menos hasta el 1° de marzo de 2020, día en que asumirá el nuevo mandatario.

LID
Viernes 29 de noviembre | 00:30

José Daniel Ferrer, preso en Cuba: ¿agresor o mercenario?




Apoyar la guerra económica de una potencia extranjera, en cualquier país del mundo, es un delito duramente penado. Pero no. José Daniel Ferrer no fue detenido por esa razón. Lo fue por el secuestro y las lesiones causadas por una paliza, el 20 de septiembre, al ciudadano cubano Sergio García, denunciante de los hechos.

Chile: después del paro nacional




El lunes se inició, en Chile, un paro sectorial protagonizado por portuarios y sectores de la Salud. El paro se hizo general el martes, cuando se sumaron profesores, trabajadores de la educación y del sector público, además del movimiento contra el sistema previsional (NO+AFP), y se extendió hasta el miércoles. El paro de los portuarios, un sector de vanguardia del movimiento obrero chileno, fue general, a tal punto que puso en jaque las exportaciones. En el norte chileno pararon algunos sectores de la industria, pero el gran ausente fue el proletariado minero, que a diferencia del gran paro del 12 de noviembre no se sumó a la medida. La jornada del martes, contó con una movilización de 50 mil trabajadores por el centro de Santiago y movilizaciones en todo el país, y por la noche tuvo lugar un cacerolazo, con eje en la denuncia de la represión.
La dirección de la Unidad Social, que se encuentra alineada políticamente con el Partido Comunista y el Frente Amplio, se encargó de demorar la convocatoria a este nuevo paro nacional y se ha mantenido firme en su rechazo a la pelea por echar a Piñera, que es el grito de las masas en lucha desde hace más de 40 días. El contenido que el bloque sindical de la Unidad Social le imprimió al paro general fue un pliego de reivindicaciones sindicales, entre los que se incluye la petición de salarios y pensiones mínimas de 500 mil pesos chilenos, el reconocimiento de la negociación colectiva por rama y el respeto al derecho a huelga, entre otras cosas. Y el fin de la represión y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, más “democrática y representativa” de la que se está ‘cocinando’ entre los partidos tradicionales.

Ofensiva represiva

A la par que se preparaba y se desarrollaba el paro nacional, en el curso de la última semana aparecieron dos denuncias de organismos internacionales señalando la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas. Un informe de Amnistía Internacional, conocido el jueves 19, en donde se denuncia que “la intención de las fuerzas de seguridad es dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual”, desató un día de furia que se extendió hasta la madrugada del viernes. A ese informe se le sumó, este martes 26, otro de Human Rigths Watch (HRW), en el cual se señala que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos”.
El gobierno, que ha sentido los golpes de las denuncias, se mantiene en su línea de reestablecer el “orden público”, ante el hecho de que el clima de agitación y movilización popular sigue vivo y latente. Por eso ha enviado, el miércoles 27, cuatro proyectos al Congreso para “detener la violencia”: ley antiencapuchados, ley antisaqueo, ley antibarricadas y ley de resguardo de infraestructura crítica por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuenta para ese objetivo no sólo con el apoyo de toda la derecha chilena, sino incluso también con gran parte del centroizquierda. Más de 80 referentes del PS han salido a respaldar a los carabineros y a condenar a los “grupos extremistas y antisistémicos”.

Perspectiva

Es claro que con la estrategia que levanta la dirección de la Unidad Social no se logrará dar una respuesta a los reclamos de los trabajadores y sólo podrá existir, en el mejor de los casos, una Constituyente amañada, como la que surgió del “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. Para que la rebelión avance y para que no alce la cabeza la ofensiva represiva, es necesario imprimirle al movimiento de lucha una dirección clara. La clave pasa por levantar bien en alto la exigencia de que caiga Piñera, porque sólo de esa manera podría abrirse paso la perspectiva de tener una Constituyente libre y soberana, es decir convocada por las organizaciones de las masas en lucha. Para eso, es necesario impulsar una huelga general por tiempo indeterminado, que coloque al movimiento obrero al frente de la rebelión. Es necesario organizar los pronunciamientos de las asambleas de trabajadores, territoriales, populares y estudiantiles en esa dirección.

Pablo Giachello

jueves, 28 de noviembre de 2019

Bolivia: retomar el hilo de la rebelión contra el golpe




La situación política en Bolivia ha dado, visto desde un ángulo revolucionario, un paso atrás. Las movilizaciones de masas están refluyendo y la burguesía se está unificando, con crisis y resquemores, detrás de un plan de emergencia para enfrentar la resistencia popular. Esto se debe al formidable empeño puesto en esta dirección por el MAS y Evo Morales, así como de gran parte de las direcciones burocráticas de las organizaciones de masas que se identifican en ese liderazgo.
A pesar de tener mayoría absoluta en las dos cámaras parlamentarias y las direcciones de las organizaciones populares y del levantamiento de las masas, el MAS ha terminado reconociendo al gobierno golpista y pactando un acuerdo de ‘pacificación’ para retirar a las masas de las movilizaciones callejeras. Y se están empeñando a fondo en hacerlo.
El acuerdo se realizó sobre la promesa de convocatoria a elecciones a los 120 días de ‘elegir’ (por acuerdo entre el MAS y los golpistas) el Tribunal Electoral que deberá fiscalizarlas y con la prohibición de la presentación de Evo Morales.
Este ‘acuerdo’ surge luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) planteara la necesidad del mismo sobre la base de una salida electoral consensuada. Para la OEA y un sector mayoritario del imperialismo, no solo yanqui, sino también europeo, no se debía avanzar en la instalación de una dictadura cívico-militar golpista bolsanorista, como la insinuada por el fascista Luis Fernando Camacho.
Frente al crecimiento de la resistencia obrera-campesina-indígena, llevaba a una polarización en términos de guerra civil, con un resultado final incierto. Y, por supuesto, era un factor feroz de desestabilización en una Latinoamérica en llamas.
Pocas veces se ha visto a un líder destituido por un golpe que llame tan esforzadamente a la desmovilización del pueblo que lucha. La bandera central de Evo se transformó en la “pacificación”, que en las condiciones en que un pueblo está luchando contra un golpe significa que cese esa lucha. Una ‘pacificación’ que llevaba a cuestas a cerca de 40 muertos, varios desaparecidos, centenares de heridos y presos.
Evidenciando la correlación de fuerzas existente, el gobierno golpista tuvo que aceptar la libertad de los detenidos, el retiro de las tropas militares de las calles, el respeto a las organizaciones y derechos sindicales y la no persecución de opositores. Sin embargo, esto está todavía por verse: la gran mayoría de los presos no ha sido liberada y tampoco se derogaron los decretos que habilitan a la ‘libre’ (incluso con sus excesos) represión. Los golpistas han remarcado que esto no significa procesar y meter presos a aquellos acusados de “corrupción”.

Confusión

Una gran confusión reina entre las masas que se han movilizado contra el golpe.
La ‘pacificación’ ¿es una táctica genial de Evo Morales para derrotar a la derecha golpista en el terreno electoral? Este es un planteo que levantó el PT y Lula en Brasil y… terminó con el ascenso de Bolsonaro.
Ya Evo planteó que en la presentación electoral planteará la necesidad de “buscar programas para reconciliar al pueblo boliviano” (Página/12, 24/11). Un programa de ‘reconciliacion’ con la oligarquía y la gran burguesía significa renunciar, hasta de palabra, a la nacionalización de los hidrocarburos, al rechazo de la entrega de la minería y, ahora, particularmente del litio, el respeto a la gran propiedad terrateniente a cargo de los agronegocios y planteará la ‘reducción del déficit físcal’ (hoy, en el 7,8% del presupuesto) para garantizar el pago de la deuda externa. Un programa contra el pueblo.
Es necesario sacar un balance de la experiencia de 14 años del gobierno del MAS y, fundamental, de su entrega al golpismo desarticulando la gran movilización en desarrollo. Miles de trabajadores, campesinos, indígenas se han movilizado contra el golpe. Este era el punto central del frente único de lucha. El objetivo unitario era derrocar al golpe militar con la movilización, la organización y el armamento de las masas.
Una gran tarea de la vanguardia de izquierda y obrero-campesina-estudiantil es sacar este balance para evidenciar la debacle histórica del MAS, variante moderna del nacionalismo de contenido burgués, la pusilanimidad de sus direcciones y su entrelazamiento con el Estado (la dirección de la Central Obrera -COB- pasó de ser un puntual del gobierno de Evo Morales a reclamar su renuncia, uniéndose al coro golpista). Es necesario crear un reagrupamiento clasista, socialista, revolucionario. La superación política del MAS recién se concretará cuando este reagrupamiento, un nuevo Partido Revolucionario de los trabajadores se ponga en pie.
Ahora es necesario organizar el reclamo por la libertad de los presos, por tratamientos médicos integrales para todos los reprimidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por el libre funcionamiento de sindicatos y organizaciones de masas (campesinas, vecinales, estudiantiles, etc.) que debe estar unido a las demandas por las reivindicaciones sociales más apremiantes y de carácter transicional (nacionalización de la explotación del litio, etc.). Es necesario impulsar la convocatoria a un Congreso de Bases de la COB: son los trabajadores y no las burocracias las que deben pronunciarse fijando una posición de independencia de clase frente a la crisis nacional. ¡Abajo el golpe! Recrear las condiciones para que una huelga general lo haga posible.
El alzamiento de las masas no ha sido aplastado, solo contenido. Los procesos de lucha revolucionarios no son rectilíneos. Esta es una fase, nuevos giros se plantearán inevitablemente. La característica del período político es la alta volatilidad existente, sumergidos como estamos en una América Latina donde se extienden las rebeliones populares y se hunden los gobiernos derechistas o frentepopulistas que quieren imponer plantes de ajuste fondomonetaristas.

Rafael Santos

miércoles, 27 de noviembre de 2019

Paraguay no escapa a la crisis que conmueve Latinoamérica: recesión, luchas y crisis política




A principios de octubre de 2019 el Banco Central de Paraguay anunció que el país ha ingresado en un ciclo de recesión económica. El telón de fondo de la misma es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que han afectado sustancialmente la débil economía primarizada paraguaya. Como consecuencia de ello, las exportaciones de carne han caído en 2019 un 10,4% respecto a 2018.Las exportaciones de soja han caído en 2019, respecto al año anterior un 19,4% según CAPECO (Cámara paraguaya de exportadores y comercializadores de cereales y oleaginosas). Un dato central, además de la caída de las exportaciones, es la caída de los precios de la soja.
La devaluación del guaraní constituye otro factor fundamental, en la medida en que ha afectado los salarios de los trabajadores en términos reales, ya que el aumento del dólar ha impactado en el incremento de los combustibles, del transporte y de artículos básicos de la canasta familiar. La ministra de trabajo de Paraguay, Carla Bacigalupo, señaló que el salario mínimo vigente de 2.192.839 guaraníes (339 dólares) solo cubre el 49% de la canasta básica familiar.
La deuda externa paraguaya asciende a 8.380 millones de dólares. Durante el mes de febrero de este año el estado paraguayo emitió un bono de deuda por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2020. Ahora, en medio de la recesión, Benigno López, ministro de Hacienda del presidente Mario Abdo Benítez, ha anunciado la emisión de un nuevo bono global del mismo monto, una bomba de tiempo que ya está anticipadamente dando lugar a luchas sindicales por reivindicaciones cuyo epicentro es el salario, y las jubilaciones.
En efecto, durante el año 2019 han tenido lugar luchas por reclamos salariales de funcionarios del poder judicial, en el Registro Civil, de la Subsecretaría de Tributación, del Hospital de Clínicas, de la Federación de Educadores de Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción. El choque entre los reclamos de los trabajadores y las exigencias de pago de los acreedores externos (defendidos por el gobierno paraguayo y no resistidos por la oposición) es inevitable y ya se está poniendo de manifiesto. El aumento reclamado por los docentes universitarios no está previsto en el presupuesto del 2020, dedicado a satisfacer el pago de los vencimientos de deuda e intereses, lo cual haría faltar 24.000 millones de guaraníes para el cumplimiento de ese reclamo.
En rigor, Paraguay es una caldera, crisis, y la crisis que se descarga sobre las espaldas de los trabajadores está acelerando su presión. De acuerdo a la Dirección general de estadísticas, encuestas y censos la desocupación ascendió al 6,9 % y las ventas disminuyeron el 16, 9%. Esto ha dado lugar a la disminución del gasto de áreas del estado; el ministerio de obras públicas ha ejecutado el 11% de su presupuesto, mientras que el de vivienda y hábitat lo ha realizado en un 12%.
En este contexto, y como producto de él ha habido una embestida contra el gobierno derechista de Abdo Benitez vinculado a la central hidroeléctrica binacional de Itaipú. Abdo Benitez ha sido acusado por sus opositores de haber firmado un acuerdo mediante el cual Paraguay renuncia a utilizar energía excedente que produce Itaipú, y comprar más porcentaje de Energía garantizada que tiene un costo mayor, debiendo pagar la Administración Nacional de Electricidad(ANDE), 300 millones de dólares más al año por el uso de esa energía. Como fruto de esta circunstancia renunció Pedro Ferreira director de la ANDE, copropietaria con Electrobras de Itaipú. La oposición (Frente Guasú y Partido Liberal), promovió un juicio político contra Abdo, que no prosperó frente a la mayoría parlamentaria con la que cuenta éste. El impulso del juicio político fue tomado por estudiantes universitarios y secundarios, muchos de los cuales ocuparon escuelas para respaldar el reclamo. El affaire Itaipú se llevó puestos a gerentes y ministros, y terminó siendo anulado para contener la caída del gobierno.
Los antecedentes más inmediatos de huelgas en Paraguay son los de las huelgas generales de 2014 y 2015 convocada por siete centrales obreras y campesinas por reclamos salariales y contra la ley privatizadora de asociación público privada. En Paraguay, como en toda América Latina se están preparando las condiciones para una nueva irrupción de las masas, que reedite y amplíe las de 2014 y 2015. Esto, en un marco recesivo, de mayor endeudamiento y sometimiento al imperialismo y a los acreedores externos y de una crisis política que aún no ha cerrado (Abdo Benitez cuenta con la desaprobación del 63% de la población).
En este cuadro de contradicciones explosivas, la clase obrera paraguaya y el campesinado tienen el desafío de enfrentar al gobierno hambreador sin mediaciones de los partidos opositores de la burguesía paraguaya. Hace falta, entonces, dar impulso a la convocatoria de un congreso de bases del movimiento obrero y campesino de Paraguay que supere la dispersión del movimiento obrero y vote un plan de lucha por el salario, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por la expropiación sin pago de la tierra a los terratenientes, por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por el no pago de la deuda externa. En el contexto de las grandes convulsiones populares en América Latina, la clase obrera y el campesinado paraguayos van a jugar su papel. La construcción de un partido obrero que dirija esa lucha y la lleve al triunfo imponiendo un gobierno de los trabajadores es vital y excluyente.

Roberto Gellert

Colombia, otro “modelo” regional desenmascarado




Tras el paro general, siguen los cacerolazos y protestas

Más de 300 mil personas marcharon en Medellín el jueves 21

El histórico paro del 21 de noviembre, en que millones de personas ganaron las calles contra el paquete de reformas ajustadoras y privatistas de Iván Duque y contra la masacre de activistas sociales, ha tenido su continuidad en cacerolazos y nuevas protestas en todo el territorio colombiano. En rigor de verdad, el primero de esos cacerolazos se produjo la noche misma del paro, abarcando inclusive a barrios acomodados.
“Las joyas de la corona de la región, Chile y Colombia, demostraron que no son inmunes a los terremotos sociales”, resumió apenado, en el diario bogotano El Tiempo (24/11), el columnista Gabriel Silva Luján.
La represión criminal del gobierno, que dejó 3 muertos y cientos de heridos, durante el paro nacional, fogoneó protestas de repudio. El país se encuentra conmocionado por el caso de Dilan Cruz, un joven de 18 años que sufrió un traumatismo de cráneo durante la represión contra una marcha estudiantil por parte de la policía bogotana.
El proceso de movilización ha superado la política de contención de las direcciones sindicales. “El paro terminó (…) hoy tiene que volver la normalidad” (Clarín, 23/11), había dicho Julio Gómez, titular de la CGT, una de las centrales obreras.
El martes 26, el Comando Nacional Unitario (que reúne a las tres centrales obreras –CUT, CGT, CTC-, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, y las dos federaciones estudiantiles universitarias, Acrees y Unees) volverá a reunirse para examinar la posibilidad de nuevas medidas. Sin embargo, su línea es la de una mesa de concertación con el gobierno.
El 25, las protestas iban a converger con las movilizaciones por el día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

Un gobierno reaccionario

Las movilizaciones en Colombia (precedidas por la oleada de luchas estudiantiles por mayor presupuesto) tienen la importancia de golpear a uno de los principales aliados del imperialismo yanqui en la región. Colombia se ha alineado con las provocaciones golpistas contra Venezuela y sostiene una intensa cooperación con los yanquis en materia de seguridad. A instancias de Trump, el presidente Iván Duque ha retomado la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato.
El reciente bombardeo de un campamento guerrillero dejó ocho niños muertos y obligó al ministro de defensa a presentar su renuncia. Unido a esto, el crimen contra dirigentes campesinos (el último en la lista es Hernán Bermúdez, de La Guajira, quien luchaba por la restitución de sus tierras, y que fue asesinado de diez balazos el sábado por cuatro hombres motorizados) termina por configurar un cuadro de recrudecimiento de la guerra en el campo, en momentos en que el “proceso de paz” naufraga y un sector disidente de las Farc retomó la lucha armada.
Uno de los motivos del hartazgo del pueblo colombiano es la masacre de activistas sociales (cerca de 400 en cuatro años) y el accionar de bandas criminales que defienden a sangre y fuego los intereses de hacendados y narcos.
El gobierno de Duque, electo hace poco más de un año, ha intentado asentarse en el poder por medio de un plan de reformas ajustadoras: una reforma laboral que instituye la contratación por horas, la elevación de la edad jubilatoria, la formación de un holding financiero con empresas estatales, la privatización de Ecopetrol, y la regimentación de la protesta social.
Pero encuentra dificultades para avanzar en este plan y viene de sufrir una fuerte derrota en las elecciones municipales, que marcaron un ascenso de candidatos independientes (Medellín) y de los verdes en Bogotá.
En estas condiciones, ha impulsado una mesa de diálogo tras las protestas que incluye a los nuevos alcaldes y gobernadores, y que podría extenderse a sectores empresarios y organizaciones sociales. El temario incluye la cuestión de la corrupción, el proceso de paz, el medio ambiente, el “crecimiento con equidad”, la educación, y el “fortalecimiento institucional”. Este tipo de mesas son ya una maniobra clásica para desviar la rebelión: las inauguró Emmanuel Macron frente a la rebelión de los chalecos amarillos, y continuaron su ejemplo Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile.
En oposición a esta trampa, se hace necesaria la formación de asambleas populares y la profundización de las medidas de lucha hacia la huelga general que derrote al gobierno ajustador y proimperialista.

Gustavo Montenegro

lunes, 25 de noviembre de 2019

Imagen de una traición: el MAS y los golpistas negociaron sobre la sangre derramada




Jeanine Áñez y Eva Copa, presidenta del Senado y legisladora masista.

Los legisladores y las legisladoras masistas le otorgaron a Áñez la legitimidad que ésta requería para dar continuidad al golpe en curso.

“¿Cómo le digo a mi hijo que su papá está muerto? Los militares me lo mataron como a un perro”.
La mujer habla quebrada por el llanto. A su lado, otra mujer mayor la mira con el rostro a punto de estallar. Su bronca y tristeza parecen incontenibles. En la sala solo hay tensión. Es imposible no conmoverse, no sentir que el odio gana cada parte del cuerpo y llega por los dedos hasta el teclado.
A lo largo de la historia, para imponer sus intereses, las clases dominantes no temblaron a la hora de ejercer una brutalidad evidente. Lo sabe el pueblo trabajador de América Latina, que vivió múltiples y reiteradas dictaduras a lo largo del corto siglo XX.
Bajo ese lente, resulta chocante -por decir lo menos- que Argentina algunas fuerzas políticas hoy vengan a proponernos un “reequipamiento” de las Fuerzas Armadas. Esto ocurre al tiempo que los militares se empoderan o son empoderados a distintos niveles en Bolivia, Chile, Colombia o Brasil.
El accionar de los golpistas en Bolivia no es ni será la excepción a esa barbarie capitalista. Por estas horas empiezan a conocerse los testimonios presentados ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). La palabra desgarrador describe con precisión lo que allí se escucha.
Allí, ante los funcionarios internacionales, María Cristina Quispe denunció que “la Áñez disque transitoria pero vino a matarnos: a mi marido una bala le destrozó el corazón”. Juan José Tenorio Mamani tenía, apenas, 23 años. Cayó asesinado por las balas policiales (o tal vez militares), el pasado martes.
Ante los ojos del mundo y los funcionarios de la CIDH, otra mujer testimonia que su hermano almorzó con su madre y cuando salió hacia el trabajo recibió un balazo. El plomo cayó desde el cielo, desde los helicópteros enviados contra la población de El Alto.
Aquel martes policías y militares avanzaron sobre la multitud que rodeaba la estratégica planta de combustibles de Senkata. A la memoria de las clases dominantes volvió el recuerdo de la Guerra del Gas. Aquel octubre caliente de 2003, donde la población alteña fue parte de los combates que terminaron derribando a Sánchez de Lozada.
La Bolivia de los golpistas, aquella que proclama la “defensa de las instituciones”, ya tiene en su haber más de 30 personas asesinadas por la represión desde aquel domingo 10 de noviembre.
La Biblia, las cruces y las balas. Todo junto contra las mayorías indígenas, obreras y campesinas. Todo junto en nombre de la libertad de mercado y de un país “unido” a fuerza de disparos, torturas y asesinatos.

La sangre derramada

Una tradición de lucha de los explotados y oprimidos sentencia que no se negocia sobre la sangre derramada. Que los asesinatos de luchadores obreros y populares no son prenda de cambio sino bandera de lucha.
Así lo gritó un joven alteño hace menos de una semana. Así lo sintieron los miles que lo aplaudieron y vivaron.
En la última semana, la bancada masista pisoteó esa tradición. Mientras las balas caían desde el cielo sobre Senkata, diputados y senadores del partido de Evo Morales eligieron la negociación con los asesinos el pueblo alteño.
Más allá de sus matices, “duros y blandos” legitimaron a la autoproclamada “presidenta interina”. Más allá de diferencias parciales, los y las parlamentarias del MAS acordaron una agenda electoral proscriptiva con el régimen represor de los Murillo, Lizárraga y Añez.
Los asesinos del pueblo boliviano tendrán la agenda electoral reclamada gracias a la colaboración de la bancada masista, al plomo lanzado sobre Senkata y Cochabamba, y el aval escandaloso de organismos como la OEA.
La derecha boliviana no pudo más que festejar. El golpista Página SIETE reseñó que “Añez no aparecía esta vez ante las cámaras rodeada de su gabinete, los mandos policiales o la cúpula militar, sino de la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del partido de Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS)”.
Buscando la calma de la derecha, Eva Copa se encargó de confirmar que su cooperación es completa. Entrevistada por el mismo medio, llegó a afirmar que que “las personas que hayan infringido la ley se las tendrá que sancionar como corresponde, sea de uno o del otro lado”.
Entre los que podrían haber “infringido la ley” ya están Evo Morales y Álvaro García Linera. En el MAS la lealtad parece cotizar más bajo que en las filas del peronismo.
El mandatario derrocado no es ajeno a esta cuestión. A pesar de denunciar la represión golpista, desde su exilio reiteró los llamados a la pacificación y evocó la figura de un diálogo imposible con la derecha.
En esa tónica se inscriben también los encuentros entre el gobierno golpista y muchas de las organizaciones sociales que responden o respondían al MAS. El último sábado, el histórico Palacio Quemado fue testigo de una reunión entre Áñez y la COB, la Csutcb, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), entre otros. Allí se acordó iniciar una "mesa por la pacificación y reconciliación del país". Detrás de los eufemismos está la voluntad negociadora de las cúpulas de esas organizaciones.
En la semana que pasó, el heroico pueblo alteño demostró su voluntad de lucha y su disposición a pelear contra el golpe de la derecha y el imperialismo. La bancada del MAS demostró todo lo contrario. La foto compartida entre Áñez y Eva Copa -que encabeza esta nota- patentiza esa realidad.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Lunes 25 de noviembre | 13:55

Balotaje Uruguay: postergan el resultado por empate técnico entre Lacalle Pou y Martínez




Con 100% de los votos escrutados el candidato de la coalición de centroderecha, Lacalle Pou se impone por 28.600 votos al candidato del Frente Amplio Daniel Martinez. La Corte Electoral no declaró ganador y el resultado definitivo se conocerá entre el jueves y el viernes.

Los resultados oficiales con un 100% de los votos escrutados dan 1.168.019 votos a favor Lacalle Pou, líder de la “coalición multicolor” de derecha que incluye al Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto y Partido de la Gente, contra 1.139.353 votos para al candidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez. Es decir una diferencia muy ajustada de poco más de 28.000 votos.
Con un resultado tan estrecho la Corte Electoral de Uruguay no anunció un ganador y se debe esperar al resultado del escrutinio definitivo entre el jueves o viernes de esta semana, ya que además existen unos 34.000 votos impugnados que pueden cambiar la tendencia definitiva.
El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez habló ante sus simpatizantes y no reconoció una derrota sino que confirmó que hay que esperar a los resultados definitivos para saber quién será el próximo presidente de Uruguay.
Por su parte Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional y de la coalición de derecha habló después de la medianoche y dijo que la "coalición multicolor" será la ganadora, pero que no pueden confirmarlo hasta que se expida la Corte Electoral en los próximos días.

Remontada del FA que no le alcanzó para superar a la derecha

El escrutinio provisorio contrasta con las encuestas previas que daban como ganador seguro a Lacalle Pou. Los datos preliminares muestran una diferencia muy ajustada que condiciona a la coalición de derecha, en caso de resultar finalmente triunfadora, mientras que dejan a un Frente Amplio en la oposición más fortalecido que en la primera vuelta, donde había obtenido en torno al 39 % del total (unos 950.000 votos).
Es decir que el Frente Amplio logró ganar unos 190.000 votos entre la primera vuelta y el balotaje, mientras que la candidatura de Lacalle Pou pasó de 700.000 votos en la primera vuelta a 1.168.019 en la segunda, unos 470.000 votos más. Sin embargo este número es prácticamente la suma de los votos que obtuvo el Partido Nacional, el Colorado y Cabildo Abierto en la primera vuelta, tres de las fuerzas que conformaron la coalición multicolor opositora.
El Frente Amplio, que en los últimos días perdía por una diferencia de unos 6 o 7 puntos, logró una remontada por la que quedó el domingo a solo 1 punto porcentual de la coalición multicolor.
Reacción a las declaraciones del "partido militar"
El pasado viernes, en medio de la veda electoral, el ex candidato por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos (conocido como el Bolsonaro uruguayo) hizo viralizar un video donde provocativamente llamaba a la tropa de las Fuerzas Armadas a no votar por el Frente Amplio. El mismo día se hicieron públicas las declaraciones del Círculo Militar con un discurso totalmente golpista y amenazante, conminando a la familia militar a no votar por el Frente Amplio. Evidentemente estas declaraciones pesaron negativamente a la hora de la votación y generaron un rechazo en amplios sectores, lo que finalmente hicieron que el Frente Amplio recuperara algo de su caudal electoral de elecciones anteriores.

Los discursos

En su discurso, Daniel Martínez se mostró triunfal y apuntó a fomentar una idea de unidad nacional, apelando a que “somos todos uruguayos”, discurso que se contrapone al menos con la campaña de miedo que lanzaron sectores frenteamplistas semanas antes del balotaje en la que se polarizó entre democracia y “fascismo”.
Pasada la medianoche Lacalle Pou compareció ante la militancia de la coalición multicolor presente y se mostró molesto con la actitud del candidato del Frente Amplio que aún no ha reconocido la derrota. Lacalle también llamó a la unidad de todos los uruguayos, un discurso recurrente en la campaña y que se hace necesario imponer hacia el próximo gobierno que tendrá una perspectiva de ajuste.
El resultado expresa por un lado el cierto hartazgo con los mandatos frenteamplistas y rompimiento por derecha de algunos sectores de la población, pero a la vez, el rechazo a los dichos de Manini, también pone un manto de inestabilidad sobre la coalición. Por tanto, el resultado tan ajustado deja bien parado al Frente Amplio.
Si los resultados finalmente dan ganador a Lacalle Pou, el próximo período encontrará a una derecha fortalecida aunque con un Frente Amplio como una fuerza importante en la oposición. Este resultado interpela a la clase trabajadora, a la juventud y a los sectores populares a prepararse para los seguros ataques y ajustes que vendrán.
Por ahora será necesario esperar al escrutinio definitivo entre el jueves y viernes para conocer quién será el próximo presidente de Uruguay.

La Izquierda Diario

Empate técnico en Uruguay, con leve ventaja para la coalición de derecha

Cuando las dos hinchadas festejaban un demorado triunfo en las calles, el árbitro (en este caso la Corte Electoral) suspendió el partido. La diferencia entre los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez al cierre del escrutinio de la Corte Electoral es tan ajustada que la definición dependerá de los votos observados.
Las encuestas y los medios hegemónicos daban como ganador al derechista Lacalle Pou, pero héte aquí que, nuevamente, la militancia de base del Frente Amplio, redobló el esfuerzo y la esperanza, remontó la brecha y el quietismo de una burocracia partidaria anquilosada, para poder soñar con un cuarto gobierno frenteamplista consecutivo.
El resultado final se conocerá entre el jueves o viernes, de acuerdo al presidente de la Corte Electoral, José Arocena, pero el candidato derechista, al frente de la llamada coalición multicolor, llevaba un leve ventaja que conservaría computados los 35.262 votos observados (1,3% del total de sufragios emitidos). La Corte no anunció ganador, debido a que la diferencia es menor a los votos observados.
En la primera vuelta, el frenteamplista Daniel Martínez le sacó más de 253.000 votos de diferencia a Lacalle Pou sobre un total de 2,4 millones de votantes. Lacalle, líder del partido Nacional, llega a la segunda vuelta al frente de una coalición multicolor de todos los partidos de la derecha contra el centroizquierdista Frente Amplio, que gobierna el país por tres mandatos consecutivos, desde hace casi 15 años.
En el mapa de la votación del 27 de octubre, el Frente mostró la pérdida de votos en departamentos fronterizos con Brasil y hubo traspaso de votos identificados tradicionalmente con la centroizquierda para la extrema derecha, con agenda fanático-evengelista, pero también a la militarista y reaccionaria presentada por el nuevo partido Cabildo Abierto, encabezado por el exjefe del Ejército Guido Manini y apoyado por Jair Bolsonaro, que sorprendió al sacar más votos que el partido Colorado.
El llamado bloque “multicolor” no es otra cosa que la conjunción de los sectores oligárquicos con el neoliberalismo de los Chicago boys y una ultraderecha con fuerte arraigo militar, incluyendo componentes fascistas en su interior. La derecha liberal, una vez más, vuelve a hacer alianza con sectores filofascistas a la hora de ordenar la casa.
En la elección de 2004, cuando fue elegido el hoy otra vez presidente Tabaré Vázquez, el Frente Amplio interrumpió 170 años de gobiernos de los partidos tradicionales, blanco o nacional y colorado.
Esta vez, el centroizquierdista Frente Amplio iba por un cuarto gobierno -sin mayoría legislativa- mientras que el Partido Nacional, segundo en la primera vuelta electoral, necesitó de los colorados y de la ultraderecha. El objetivo de la coalición multicolor, la de todos contra el Frente Amplio, era interrumpir el ciclo progresista en Uruguay, impedir junto a la prensa hegemónica, que accediera a su cuarto mandato consecutivo. Y aparentemente lo lograron.
El Partido Nacional llegaba a la segunda vuelta como favorito sin haber mostrado siquiera un proyecto de país, sino la descalificación del Frente Amplio. Durante casi un mes, en el escenario electoral se habló mucho y se dijo casi nada. Pero la ultraderecha se hizo escuchar y gritó fuerte su discurso, mientras Lacalle Pou evitaba salpicarse sin explicar cuál será el lugar de estos discursos en un eventual gobierno suyo.
Este noviembre los muros de Montevideo amanecieron con pintadas latinoamericanistas entre las calles colmadas de propaganda electoral, las rebeliones sociales contra los paquetes neoliberales comenzaron a estallar en toda la región. La la anestesiada militancia frenteamplista comenzó a despertar desde las bases, tras no lograr la dirigencia imponer a Daniel Martínez en la primera vuelta electoral.
En casi 15 años de gobierno, el Frente Amplio logró disminuir la desigualdad, mostró avances en el sistema educacional laico, público y gratuito, políticas de género, aumento del salario real de los trabajadores e incluso disminuyó la perversa dependencia económica en relación a su enormes vecinos Argentina y Brasil, fundamental para garantizar la paz social y la estabilidad económica. Pero en 15 años de gobierno se olvidó de muchas cosas.
En este balotaje, sólo en Montevideo y Canelones –donde reside prácticamente la mitad de la población uruguaya- resultó vencedor Daniel Martínez, mientras en el resto de los departamentos fue Luis Lacalle Pou el que obtuvo la mayoría. En algunos casos, como en Paysandú y Salto, esta diferencia fue muy pequeña.
El martes comenzará el escrutinio secundario, en el que se cuentan los votos observados (de funcionarios de las mesas, la Corte y custodios de seguridad). Entre jueves y viernes se sabrán los resultados oficiales. También hay que tener en cuenta que los votos anulados pueden ser recurridos por los delegados de los partidos, lo que también podría significar alguna diferencia en el porcentaje final.

La crisis de la democracia

Hay que tener en cuenta que la crisis mundial generó un quiebre general de confianza en la democracia. El 27 de octubre el ultraderechista partido Cabildo Abierto obtuvo en la primera vuelta de las elecciones 11 diputados y tres senadores, una bancada que Luis Lacalle Pou necesitará para gobernar.
En un país seguro, los medios de comunicación y la derecha fueron construyendo el imaginario colectivo de que Uruguay era un país inseguro, lo que se sumó a problemas reales como una desocupación del 9%, el elevado costo de la vida, los problemas habitacionales, en un país de poco más de tres millones de habitantes.
Una evidencia de ello es el resultado del plebiscito –simultáneo a la primera vuelta electoral- para una reforma constitucional que autortizara la actuación del Ejército en las calles, en la seguridad pública. La propuesta fracasó, pero logró el 43% de apoyo.
El aparato mediático, manejado por los grandes medios de comunicación, los evangelistas y el Opus Dei reinstalaron en las llamadas redes sociales los debates en torno al aborto, al matrimonio igualitario, a la ley trans y a la noción de familia. El ultraderechista líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini, ha dejado claro que es necesario restablecer el orden patriarcal: “Ya no es el obrero contra el patrón, el empleado contra el empleador; ahora es mujer contra marido y contra hijos”.
La derecha vendió un producto: el cambio. “Está bueno cambiar”, “#Ahora sí”. Léase “alternancia plural”, concepto que el propio Lacalle Pou definió al final de la campaña. ¿Un cambio hacia qué, hacia dónde? Lo difícil no es suponer qué es lo que buscan, sino cómo lo lograrán, porque poco dice sobre el cambio el documento empresarista, represivo, conservador de la coalición multicolor “Compromiso por el país”.
Nadie sabe qué pactó Lacalle Pou con el combo de partidos y grupos de derecha y ultraderecha, y no fueron solo cargos en ministerios y organismos y empresas del Estado. Lacalle afirmó que no derogará las leyes de la denominada agenda de derechos, pero eso no alcanza: todos saben que hay muchas formas de impedir su vigencia.
Un triunfo del bloque multicolor de Todos contra el Frente, significará la pérdida de conquistas populares, laborales y sociales. Tiene y tendrá como una de sus principales armas al poder mediático, portavoz del poder fáctico, y el punitivismo judicial, muy intrincado con lo social.
Para la población la alternativa no era nada clara. O se elegía un cuarto gobierno del FA sin mayoría legislativa o un gobierno nacionalista (blanco) que necesitará de los colorados y de la ultraderecha para gobernar, mientras en la región sonaban otra vez las botas y balas de militares, el terrorismo de Estado y las presiones del FMI y la secretaria general de la OEA, procónsul del imperio estadounidense.
De cara al balotaje el escenario latinoamericano fue más intenso que en la primera vuelta. A la liberación de Lula, le siguió el golpe racista, xenófobo proestadounidense en Bolivia y noticias cada vez más cruentas de la represión en Chile. Juramento con biblias y nuevos testamentos, la wiphala en llamas, los ojos que los carabineros chilenos sacaron con sus disparos a más de doscientas personas.
No vienen tiempos fáciles para quienes tienen convicciones democráticas. Las izquierdas –partidarias o no– se han dado cuenta que deberán abrirse a la autocrítica y discutir seriamente cómo desarrollar un abordaje que permita dialogar –sobre todo con los jóvenes- con todas las miradas anticapitalistas y no eluda la existencia del orden patriarcal, que es racista y colonial.
Durante la campaña hubo también terrorismo mediático. El presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva Valiente, dijo que la búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura (1973-1985) es un “gastadero de plata y un curro”, expresó que en Uruguay no hubo dictadura, cuestionó las leyes sociales del gobierno del Frente Amplio y advirtió que están dadas las condiciones para un golpe de Estado, porque no hay democracia.
En vísperas de las elecciones, el Centro Militar envió un mail en el que afirma que «culminará el proceso de redención de los derechos y valores del pueblo oriental, heridos, socavados, despreciados por 15 años de asonada frenteamplista».
¿Se mantendrán calmas las aguas hasta jueves o viernes?

Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

sábado, 23 de noviembre de 2019

Otros caen pero Cuba se mantiene ¿Por qué?




La primera mitad del siglo XX, llegando hasta la década de los 70, estuvo marcada por grandes luchas populares contra el sistema capitalista. En ese marco de movilización social, pudieron darse varios procesos revolucionarios: las ya clásicas revoluciones obrero-campesinas de Rusia en 1917, China en 1949, Cuba en 1959, Nicaragua en 1979, las que comenzaron a construir modelos sociales alternativos al libre mercado; léase: socialismo, con logros espectaculares en todos los casos.
Junto a ello, a lo largo del siglo XX se registran otros alzamientos populares y revolucionarios victoriosos, con características particulares, enmarcados en largas guerras de liberación nacional, luchas antiimperialistas y populares como Corea, Vietnam, Laos, Camboya, numerosos países africanos (Angola, Mozambique, Libia, Etiopía, República Popular del Congo, Benín, Mali, Tanzania, Ghana, Guinea). Todos ellos, también, se enfilaron hacia la construcción de alternativas socialistas. Es decir: sociedades no regidas por la empresa privada, la cual busca como fin último el lucro personal, no importando a qué precio (destruyendo al ser humano y a la naturaleza).
Vale introducir también para el análisis que aquí pretendemos al bloque de países de Europa del Este, posteriormente signatarios de lo que se conoció como Pacto de Varsovia (Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Albania, Rumania, Bulgaria), que desarrollaron un modelo de sociedad no capitalista, en este caso bajo la égida de Moscú, que los transformó en sus satélites luego de la Segunda Guerra Mundial. Aunque allí ese socialismo no surgió como producto de una revolución popular obrero-campesina sino a partir del triunfo del Ejército Rojo sobre los nazis, el paradigma reinante no era, hasta su caída alrededor de los años 90 del pasado siglo, capitalista. A lo sumo, era un capitalismo de Estado manejado por una burocracia que hablaba un lenguaje “marxista”.
Incluso para el análisis que aquí pretendemos, debería incluirse una serie de procesos socializantes que, sin salirse en sentido estricto de los marcos del libre mercado y la empresa privada, por la derecha fueron vistos como “socialistas” y, por tanto, peligrosos para su lógica. Nos referimos a todos los progresismos que se dieron para inicios del siglo XXI en Latinoamérica, impulsados en muy buena medida por la Revolución Bolivariana de Venezuela y el carisma de su conductor: Hugo Chávez, procesos siempre ligados de forma consustancial con sus líderes: Brasil y el PT de Lula, Bolivia con Evo Morales a la cabeza, Ecuador y la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, Argentina y el matrimonio Kirchner-Fernández, Uruguay y el carisma de Pepe Mujica.
En los países socialistas, incluso con esta camada de progresismos de estos últimos años a los que podría designarse como “socialdemócratas”, redistribucionistas (“populismos” los llama la derecha), con marcadas diferencias entre sí incluso, todos presentan elementos básicos que los distancian de planteos capitalistas salvajes. En aquellos procesos históricos en que, alzamiento popular mediante, claramente sí se construyó el socialismo, hay elementos comunes bastante evidentes: las clases dominantes tradicionales (oligarquías terratenientes, gran empresariado industrial y comercial) perdieron sus privilegios (teniendo que marchar fuera del país en muchos casos) así como sus fuerzas armadas, las que fueron transformadas en otra cosa, no al servicio de los tradicionales propietarios sino a favor del nuevo Estado socialista.
En todos estos procesos, con las grandes diferencias que pueden darse entre sí inclusive, se comenzó a hablar un nuevo lenguaje popular, se intentó edificar, en mayor o menor medida, una nueva ideología superadora de la anterior. Está claro, y es imperioso marcarlo desde el inicio, que todos estos procesos presentan marcadas diferencias. A veces, abismales. ¿Son todos socialistas? Ello lleva a definir con claridad qué estamos entendiendo por “socialismo”. Pero -y esto es lo que se quiere remarcar ahora- para la perspectiva capitalista más amplia, cualquiera de estas iniciativas huele a peligro. Para esta visión conservadora, la sola presencia de gente en la calle, la sola mención de reforma agraria, de programas sociales, de pago proporcional de impuestos (quien más tiene más paga) o de elevación del salario mínimo, enciende las alarmas. Suena a “comunismo”, en otros términos. Y, por tanto: ¡peligro!
Es difícil establecer con precisión cuál de todas estas experiencias es la más “pura” en tanto socialismo. En realidad, no hay “pureza” posible; cada experiencia hace lo que puede, siendo incomparable. El apego a los textos de Marx y Engels no es, necesariamente, una garantía de nada. En los países de Europa del Este el materialismo histórico era catecismo obligado, pero eso no constituyó una verdadera revolución socialista. La prueba está que fue la misma población la que pidió a gritos el regreso del capitalismo, viviendo esas burocracias pro soviéticas como “dictaduras”. Libia, con la conducción de Muamar Gadafi y su Revolución Verde, sin hablar un lenguaje estrictamente marxista, era el país con el mayor ingreso per capita de toda África y con el menor porcentaje de pobreza del continente. Otro tanto podría decirse de Bolivia, con el gobierno del MAS y la presidencia de Evo Morales, la nación latinoamericana que más creció (y más equitativamente repartió la renta) en los últimos años en toda la región, nacionalizando los recursos naturales mineros. Era un socialismo por vía democrática enarbolado por un indígena, que no tocó a la oligarquía tradicional, visceralmente racista y despreciativa de los pueblos originarios.
Por supuesto no pueden compararse la Unión Soviética con Nicaragua, o la República Popular China (hoy una economía monumental que está eclipsando a Estados Unidos) con, por ejemplo, Etiopía, o Albania, o con el Ecuador de Rafael Correa, que nunca se dijo abiertamente “socialista”. Son procesos distintos, con historias muy diversas, con poblaciones totalmente disímiles. Si algo une a toda esa masa difusa de sociedades es su declaración de “populares”, de preocupación por lo social. El sistema capitalista, donde quiera que se dé, en una potencia como Alemania o Japón, o en un país periférico como Pakistán o Perú, por ejemplo, no tiene ninguna preocupación real por los oprimidos. Sucede que, en las potencias capitalistas, esos oprimidos son su clase trabajadora, con un altísimo nivel de consumo y de confort (con salarios mínimos mensuales de 1,500 o 2,000 dólares), por lo que no se sienten, precisamente, golpeados por el sistema. Hacen parte, en todo caso, del 10% de la población mundial que se beneficia del mercado capitalista. En la gran mayoría del planeta, también capitalista, los beneficios son para una escasísima clase dominante, que en muchos casos se mantiene a fuerza de bayonetas. Para las grandes masas populares, la subsistencia diaria es una aventura: no hay consumismo, y ni siquiera satisfacciones mínimas.
Mucho cambió en el mundo en estas últimas décadas. Lo que parecía un camino casi expedito hacia una sociedad socialista cada vez más amplia, no está, no existe más. No es objetivo del presente opúsculo analizar esos profundos cambios, pero no podemos menos que ver que, en la actualidad, solo muy pocos países, apenas un puñado, se reivindican como socialistas. China lo es, con un bastante raro, llamativo y a veces incomprensible “socialismo de mercado”, manejado férreamente por su Partido Comunista con planes a un siglo-plazo, pero que sin ningún lugar a dudas le funciona en tanto unidad nacional, pues así construyó un modelo que sacó de la pobreza a enormes cantidades de población y la elevó a la categoría de superpotencia, con un crecimiento que no se detiene.
¿Qué pasó con todos los progresismos latinoamericanos de inicios del milenio? No están, o están en situación crítica. Venezuela, producto del ataque despiadado del gobierno de Estados Unidos (pero habrá que anotar también: producto de numerosos errores propios) resiste como puede, con un “socialismo del siglo XXI” que cada vez hace más agua. Bolivia acaba de ser víctima de un golpe de Estado visceralmente racista, que en pocos días está intentando revertir todos los avances sociales obtenidos en una década y media (y, seguramente, volviendo a poner los recursos mineros a disposición del capital transnacional). Los demás países latinoamericanos, firmantes hace unos años de interesantes tratados de unión y cooperación regional, como el ALBA, UNASUR o Petrocaribe, son hoy gobernados por la derecha más recalcitrante, neoliberal y alineada con Washington (Bolsonaro, Macri, Lenín Moreno).
México y Nicaragua tienen un talante progresista. Pero, analizando fría y objetivamente sus situaciones, en ninguno de ellos ni remotamente se está cerca del socialismo: capitalismo neoliberal despiadado en el país azteca, con un mandatario que, a lo sumo, llega a “buena gente”; y un capitalismo descarado propiedad, en muy buena medida, de un ex comandante guerrillero en el país pinolero, que no pasa de programas asistencialistas (con un discurso antiimperialista en lo público, pero hipócrita en verdad). Fuera de los espejismos que nos ofrecen estos ejemplos, la pregunta sigue en pie en relación a los socialismos. El zapatismo, encerrado en la selva lacandona, no prospera como proyecto alternativo para todo el país mexicano, por lo que su modelo quizá no es el camino a seguir por las grandes masas empobrecidas.
El único bastión que reivindica claramente el socialismo y se mantiene como país socialista con innumerables logros a la vista es Cuba. De más está enumerarlos aquí, porque no es ese el sentido del presente escrito. Solo a título de ejemplo demostrativo: más allá de todas las insolentes críticas que la derecha hace de continuo, la isla es la única nación de toda Latinoamérica libre de desnutrición infantil y de analfabetismo, presentando índices de desarrollo humano similares (o superiores) a muchas de las potencias capitalistas. “ Hay 200 millones de niños de la calle en el mundo ”, pudo decir orgulloso Fidel Castro: “ Ninguno de ellos vive en Cuba ”.
¿Por qué, mientras los progresismos de América Latina caen o languidecen, o se transforman en experiencias impresentables, como Nicaragua, Cuba se mantiene firme? Por dos motivos: 1) tiene una población realmente socialista, y 2) tiene unas fuerzas armadas realmente alineadas con la revolución.
He ahí los dos elementos vitales, básicos, indispensables para construir el socialismo. O, si se quiere, para transformar efectivamente una sociedad capitalista. He ahí, entonces, el mensaje que todas las fuerzas de izquierda deben visualizar y valorar en profundidad. Si no se dan, no es posible mantener efectivamente un proceso de transformación real, de beneficio efectivo y sostenible para la población. Es, como dijera Rosa Luxemburgo analizando la revolución bolchevique de 1917: “ No se puede mantener el “justo medio” en ninguna revolución. La ley de su naturaleza exige una decisión rápida: o la locomotora avanza a todo vapor hasta la cima de la montaña de la historia, o cae arrastrada por su propio peso nuevamente al punto de partida. Y arrollará en su caída a aquellos que quieren, con sus débiles fuerzas, mantenerla a mitad de camino, arrojándolos al abismo ”.
En otros términos: los procesos a medias, reformistas, que tocan lo superficial pero no cambian la raíz del asunto, están condenados al fracaso. La experiencia lo demuestra. ¿Qué es el socialismo? El producto de una transformación radical que tiene como presupuesto a la gente, la población de a pie, el pobrerío en su conjunto (trabajadores varios, obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, desocupados, intelectuales y artistas comprometidos con el proceso de cambio) “haciendo fuerza” en la calle. O, lo que podría decirse de otro modo: poder popular, real y efectivo poder popular, emanado de la gente de carne y hueso, y no de acuerdos cupulares, de “buenas intenciones” de autoridades con mayor o menor dosis de mesianismo.
Ningún proceso popular de cambio puede darse sin la población. Por eso, los progresismos que aparecen como producto de una elección en los marcos de la democracia fijada por el sistema capitalista no pueden ir más allá. Guatemala en los años 1940/50 con un interesante proceso nacionalista modernizador, Chile en la década de 1970 con importantes avances político-sociales hacia la izquierda, cuando intentaron tensar/romper el marco capitalista en que se movían, aún con grandes avances sociales para sus respectivas clases trabajadoras, fueron detenidos sangrientamente (cruentos golpes de Estado al viejo estilo, con tanques de guerra, muertos y mucha sangre). Otro tanto puede decirse del MAS en Bolivia actualmente (con un golpe de Estado con técnicas más sofisticadas, pero que no deja de apelar a la fuerza bruta cuando las clases dominantes y el imperialismo lo necesitan). Si no se cuenta con la fuerza de las armas, no es posible el cambio. “ El poder nace del fusil ”, expresó acertadamente Mao Tse Tung. La experiencia lo evidencia.
Y si el cambio se da, no se puede mantener si no es con ambas cosas mencionadas: con unas fuerzas armadas realmente alineadas con la revolución, como pasa en Venezuela y en Cuba, y con una población efectivamente preparada en la ética socialista (como solo Cuba la tiene). Por eso, el único país que combina ambos factores es Cuba; de ahí que puede seguir victorioso.
Prepararse para el socialismo significa impulsar una fuerte, muy fuerte concientización ideológico-cultural novedosa, que rompa los esquemas capitalistas (consumistas, individualistas, no-solidarios, entronizadores de la banalidad). Es fomentar nuevos valores, una nueva ética, una nueva manera de entender y construir el mundo. Ningún progresismo de los que se han visto estos últimos años puso especial énfasis en eso: sin tocar hondamente la efectiva propiedad de los medios de producción, se siguió apelando al consumismo, no se atacó en profundidad todo el legado histórico de una ideología individualista y patriarcal (en Venezuela todavía se ponderan las Miss Universo, por ejemplo, o se vanagloria la renta petrolera; o en Argentina el próximo mandatario Alberto Fernández pide no salir a la calle a manifestar (¿el voto alcanza para la protesta?), mientras Juan Domingo Perón, figura intocable del progresismo del país, pedía en su momento ir “ De la casa al trabajo y del trabajo a su casa ”).
¿Por qué Cuba, pese a décadas de agresiones infinitas y bloqueo inmisericorde, se mantiene y su población realmente obtiene beneficios del socialismo? Porque se cumplen ambas condiciones: defensa del proceso asegurada con las armas (fuerzas armadas y población en su conjunto) y ética revolucionaria con población siempre movilizada en todo sentido. Si no, la caída de las experiencias reformadoras está asegurada.

Marcelo Colussi

¿Y ahora qué?




La revuelta social en Chile que marca el final del mito neoliberal, intentó ser utilizada por el Frente Amplio como factor de animación de su base electoral, poniendo en frente los males del neoliberalismo. Pero el Frente Amplio votó mal el 27 de octubre por las debilidades de su propio proyecto.

El vitoreo y los ánimos triunfales (por un partido que aún no se ha jugado) en la coalición opositora se enfrentan a la realidad de tener que armar un programa de gobierno entre variantes variopintas o “multicolores”. Los episodios de las fotos frustradas entre los ex candidatos son solamente una pintura de las inestabilidades planteadas en el acuerdo, así como también cierta pose de los candidatos que se paran como “barrera de contención” (Mieres y Talvi) a las intenciones de Cabildo Abierto.
Si vemos los números fríos que arrojó la elección, el bloque opositor cuenta con una mayoría parlamentaria de entre 54 y 56 diputados y 17 senadores. Esto plantea un escenario de fortaleza táctica ante un eventual gobierno de mayoría blanca con colorados y cabildantes como socios menores (pero esenciales). Sin embargo, un gobierno de al menos tres bloques parlamentarios deberá enfrentar la posible “ingobernabilidad” de la calle en el marco de un gobierno cuya intención es ajustar en el terreno económico y avanzar en un discurso contra derechos y leyes que han sido símbolos de la década y media “progresista”. El escenario opuesto se daría de triunfar el Frente Amplio, que se vería en la dificultosa tarea de gobernar en clara minoría parlamentaria, buscando la “gobernabilidad” parlamentaria y tendiendo acuerdos con las fracciones de centro-derecha dispuestas a darle esa gobernabilidad.
Si una de las características centrales de la votación del 27 de octubre fue la pérdida de votos del bloque ideológico, político y cultural que va del centro hacia la izquierda y como bien se caracteriza hay un “giro a la derecha” en la sociedad (que se expresó electoralmente), entonces el “centro” del espectro político posiblemente se haya corrido hacia la derecha. El Frente Amplio tomó nota de esta situación y se lanzó hacia ese espacio político en busca del electoral con un discurso con hincapié en las medidas hacia el tema seguridad. Con Yamandú Orsi en la jefatura de campaña, el enfoque punitivista, (que en los hechos en este tema muestra al FA con una línea de centro-derecha) se realza con el mismo Orsi diciendo que se “quedaron cortos” con el tema securitario o un Daniel Martínez que promete “reprimir mejor”. En su desesperación electoral, el partido de gobierno puede perder de la peor de las maneras: derechizando su discurso.
La campaña giró de nuevo este jueves con los anuncios de José Mujica en Ganadería y Danilo Astori en Relaciones Exteriores en caso de acceder al cuarto gobierno. La designación del expresidente tiene el doble objetivo de tender nuevamente un puente hacia el campo como sector productivo, con un Mujica que ante las demandas del sector fue uno de los dirigentes oficialistas más contemporizadores, y recuperar los votos que en el interior del país fueron a parar mayoritariamente a Cabildo Abierto.
Las primeras impresiones dentro y fuera del Frente Amplio fueron de sorpresa por la decisión y por la forma en que se tomó. Es que desde la misma fuerza de gobierno desde hace un tiempo de se ha hecho “pedagogía” de la renovación y se dejó de lado a las tres figuras que administraron el poder en estos 15 años: Astori – Mujica- Vázquez. A todas luces, la vuelta de los “veteranos” al ruedo de la campaña da una imagen de debilidad política de un Martínez que arrancó la carrera hacia la segunda vuelta en clara desventaja y con la necesidad de “ganar” votos que fueron a los candidatos de la oposición en la primera vuelta.
La irrupción del MPP y su puesta al frente en el comando de campaña lo muestra débil a Martínez. Como un candidato que le deben hacer la campaña y apuntalarlo. Esto también es una señal política en caso de triunfar el Frente Amplio, ya que un eventual gobierno de Martínez tendrá más del 70% de su bancada de diputados y la mayoría del senado frenteamplista controlado por el MPP y el PCU, sectores sobre los que el candidato frenteamplista no tiene tanta ascendencia.

El conflicto con el campo mostró las líneas de falla del modelo y del discurso

El conflicto entre el ruralismo y el gobierno que tuvo como consecuencia el nacimiento del Movimiento Un Solo Uruguay es un punto crucial para entender la caída del Frente Amplio en el interior del país. Fue el primer cuestionamiento por derecha al modelo económico que concitó la atención de todo el empresariado y mostró los límites del tenue reformismo social puesto en marcha en 2005. La oligarquía pudo poner el grito en el cielo porque está ahí, sin que se le haya tocado una hectárea de tierra. Y fue socia del modelo del agronegocio que le permitió una renta extraordinaria de la tierra producto de los precios de las materias primas. El modelo que se puso en cuestión no fue un modelo “populista” en lo económico, sino todo lo contrario, un modelo de “pacto distributivo” donde los empresarios durante una década tuvieron fortunas extraordinarias y los pilares del esquema de los años noventa no fueron cuestionados. Un modelo abierto a las multinacionales.
Si el batllismo como movimiento político reformista tanto en su fundación como en su intento de reedición a mediados del siglo pasado por Luis Batlle Berres, mostró los límites del progresismo burgués de su época; el Frente Amplio (visto desde una óptica Real de Azúa) representó el tercer intento de reformismo social en 120 años, aún más limitado en su alcance.
El crecimiento de la centro-derecha y la organización de la derecha “riverista” y conservadora en su propio partido es el dato político más relevante del momento.
Sin intención de cerrar el debate y sin caer en la frase que dice que “el progresismo le abrió la puerta a la derecha”, como un mantra o verdad revelada que de por si carece de sentido, es importante indagar los elementos que crean las bases para el giro a la derecha.
Como decimos anteriormente, el Movimiento Un Solo Uruguay marcó líneas de falla o cierto agotamiento de un modelo y un relato, y las intenciones de los sectores empresariales de avanzar en reformas que le devuelvan su “competitividad”. En campaña la dirigencia frenteamplista intentó instalar la comparación entre la situación económica y social del Uruguay con respecto a sus vecinos, pero en cambio, los trabajadores, los sectores populares y las capas medias tendieron a comparar su situación material consigo mismo.
Desde 2014 la economía uruguaya entró en un otoño que tuvo como correlato el cierre paulatino de pequeñas y medianas empresas, perdiendo unos 65 mil puestos de trabajo. A su vez, producto de la situación de los vecinos, bajó el consumo por parte de los turistas y la política de la Reserva Federal Norteamericana de buscar la repatriación de capitales llevó a frustrar la llegada de inversiones extranjeras, planteando una situación generalizada de desaceleración económica que en algunos lugares del país se vive de forma dramática. La situación de Juan Lacaze en el Departamento de Colonia es una muestra.
La clase trabajadora no pudo dar una respuesta de conjunto a la pérdida de puestos de trabajo, teniendo una dirección sindical que abusó del discurso derrotista, abriendo una situación de desmoralización importante en el movimiento obrero.
El sector docente, que había actuado como “caja de resonancia” de las contradicciones que ya se avizoraban en 2013, libró una importante lucha en 2015 que culminó con la declaración de esencialidad por parte del gobierno y cerró el proceso con la brutal lección que fue el violento desalojo del CoDiCen.
Los movimientos sociales en los que se basa y es parte la izquierda, es decir, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles y populares, no tuvieron “intensidad” ni extensión en sus reclamos en los últimos años. En parte por la acción de sus direcciones. En cambio, los “movimientos sociales” ligados a la derecha como Un Solo Uruguay, o los movimientos antiderechos fueron definitivamente más “intensos” en sus reivindicaciones y tuvieron desde las Fuerzas Armadas la consolidación de un nuevo referente social y político (Manini Ríos). No es descabellado pensar que, al calor del declive económico definitivamente la capitalización de la pérdida de hegemonía del gobierno fuera por parte de una derecha que en el siglo XXI estructura su discurso y sus movimientos en base a algunos temas instalados en la agenda pública: la seguridad, la corrupción y los valores religiosos y una vuelta a la familia patriarcal.
La pérdida e hegemonía electoral del gobierno estuvo precedida por una pérdida de hegemonía de su relato, que se rompió y que comenzó a disputarlo la derecha con efectividad. Para esto avanzó sobre los flancos débiles que deja un gobierno que no resolvió los problemas sociales cotidianos de importantes sectores de la población y lo explotó en base a la demagogia.
A diferencia de lo que pensó un sector de la izquierda que vio con buenos ojos a Un Solo Uruguay, una vez más así como hace poco más de 60 años, el ruralismo y la oligarquía conservadora se alían a la derecha política. En esta ocasión no es necesario un acuerdo como el de Chico Tazo con Herrera en 1958. Alcanza con militar el discurso de Un Solo Uruguay y utilizar las candidaturas de Lacalle, Manini y Talvi como instrumento político para terminar con el gobierno del Frente Amplio.
Uno de los problemas centrales que manifiestan los reformismos en los países periféricos y de un capitalismo de desarrollo atrasado, radica en la distancia entre su relato y la realidad. Contrario a uno de los slogans de campaña más repetidos por Daniel Martínez, “Hechos NO Palabras”, culminamos 15 años de gobiernos del FA con índices de extranjerización de la tierra históricos, con el 40% de la fuerza de trabajo percibiendo menos de un cuarto de la canasta básica familiar, y la proliferación del empleo precario para miles de jóvenes. Se termina el tercer gobierno del Frente Amplio con los salarios reales levemente por encima de la situación previa a la crisis del 2002 y con un contrato de características coloniales con una multinacional como UPM2

Estalló Chile: ¿y Uruguay?

El proceso de rebelión social en Chile fue tomado por la campaña del Frente Amplio para mostrar los males del neoliberalismo (muy reales), y, sintiéndose parte de esa misma ola, buscó transformarlo en un factor aglutinador del voto por el centro. Pero a su vez, en esa apelación a “mirar a Chile”, se esconde la idea del país Suiza de América, el de la “excepcionalidad uruguaya” y la estabilidad política.
La década y media de gobiernos del Frente Amplio fue de un reformismo social que se topó con el Uruguay de la herencia neoliberal de la dictadura y los años noventa. Lejos de agarrarse a golpes de puño con ésta, la llenó de contenido social como forma de atenuar las contradicciones y las diferencias de clase, basándose en una visión liberal (y lineal) de la historia donde el progreso (para algunos sectores sociales), la estabilidad económica y política y la democracia parecerían eternos.
Tomando las Tesis de Filosofía de la historia de Walter Benjamin, el “progresismo” reeducó al movimiento obrero y las capas medias en una ideología de cambios y ascenso gradual, creando la ilusión de estar yendo con la corriente de la historia, con una preocupación central por evitar la conflictividad social. Y haciendo del consumo y la estabilidad un valor de izquierda del cual deberíamos sentirnos orgullosos.
En el cambio de foco de lo ideológico a “la gestión” y en el republicanismo que irradió, encontró sus propios límites políticos. En la convergencia hacia el centro y en las políticas de estado encontró una mimetización con sectores de la centro-derecha que contrastan con la polarización que hoy se impone desde lo discursivo.
La conflictividad en Chile que marca el final del “mito” y un retorno de la lucha de clases en Latinoamérica, causa dudas y temores en las elites políticas y económicas de nuestro país.
Previo a las elecciones el diario El País le dedicó algunos espacios por demás importante a la discusión chilena y su impacto regional. Las respuestas que se encuentran de momento hacen hincapié en la estabilidad del sistema de partidos, la confianza en las instituciones que caracteriza a nuestro país y el espíritu republicano de la sociedad. Además en tiendas políticas de todos los partidos reina la confianza en un ajuste “a la uruguaya”.
Sin embargo, la entrada con fuerza de Cabildo Abierto como cuarto partido del sistema, desestructura esa institucionalidad. La vuelve más compleja y un tanto más imprevisible en situaciones de conflictividad social.
Un problema de las campañas electorales es que los discursos de los partidos en pugna tienden a esconder los rasgos que pudieran parecer regresivos para importantes sectores de la población. Es así, como asistimos a estrategias de campaña donde determinados candidatos (Ernesto Talvi, por ejemplo) suelen presentarse con perfiles amigables, empáticos y con discursos de “centro” y aspectos programáticos visibles que poco tienen que ver con su trayectoria académica y política.
Los gobiernos del Frente Amplio sobrevinieron como consecuencia de una nueva relación de fuerzas impuesta en la sociedad tras la crisis del 2002. El empresariado nacional y extranjero aceptó que ya no podía gobernar con sus partidos tradicionales y aceptó a regañadientes al Frente Amplio en el gobierno y a un Danilo Astori que fue la expresión de que el nuevo esquema de poder no podía prescindir de los sindicatos y debía integrárselos. Esa relación de fuerzas persiste en la sociedad y un nuevo gobierno deberá toparse con ella.
Apenas conocemos la letra del documento coalicionista “Compromiso por el País”, pero ya podemos prever la orientación de un eventual gobierno opositor de Lacalle Pou. En ese momento, se terminarán las “genialidades” de comunicación política y habrá un eventual gobierno “multicolor” intentando implementar reformas que atacarán las condiciones de vida de los trabajadores.
Es para ese momento que debemos prepararnos desde ahora, discutiendo y organizándonos para los desafíos que nos preparará el día posterior al 24 de noviembre.

Damián Recoba
Domingo 10 de noviembre | 18:11

Colombia: masivo paro nacional sacude al gobierno de Duque




Colombia asiste este jueves a un paro nacional y manifestaciones que se extienden por todo el país en rechazo al “paquetazo” de medidas que prepara el gobierno de Iván Duque contra los trabajadores y el pueblo colombiano.
La convocatoria, que estaba prevista hace más de un mes, partió de las centrales obreras colombianas, y se fue extendiendo con la adhesión de distintos sectores sociales, organizaciones de derechos humanos, indígenas y estudiantiles, y varias personalidades del arte y la cultura.
El paquetazo que prevé Duque consiste en la reducción del salario mínimo de los jóvenes menores de 25 años a un 75% de su valor, la eliminación del fondo estatal de pensiones (Colpensiones) y el aumento de la edad de jubilación, la venta de empresas estatales y otras políticas del mismo tenor sugeridas por la OCDE. El rechazo popular a estas medidas ha llevado a que el gobierno tratara de disimular el carácter reaccionario de esta agenda, convocando a las partes implicadas a un dialogo y una negociación. Aunque Duque intente desentenderse este es el norte de la política que se propone impulsar su gobierno. Así lo manifestó el actual senador, y expresidente, Álvaro Uribe, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

Un gobierno en la picota

Tras 15 meses de asumido el nuevo gobierno, la imagen del presidente Iván Duque se encuentra por los suelos. Viene de sufrir un fuerte revés en las recientes elecciones municipales. Recientes sondeos arrojan que su nivel de desaprobación alcanza el 69%, su gestión no logra consolidar mayorías en el congreso y en lo que va de su mandato ya tuvo que forzar la renuncia de su ministro de Defensa, Guillermo Botero, implicado en el asesinato de 8 chicos en un bombardeo del Ejército a un presunto campamento de disidencias de las Farc.
Los estudiantes universitarios también se han plegado a las calles este jueves en reclamo ante el incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado tras dos meses de movilización y lucha por sus reivindicaciones. Denuncian que no se han realizado las inversiones comprometidas, del orden de los US$1.300 millones. Así como reclaman medidas contra la corrupción en las universidades y convocan a movilizarse contra la brutalidad policial en cabeza de los escuadrones antidisturbios.
Lo mismo ocurre con las comunidades y organizaciones indígenas, quienes se incorporan a las manifestaciones señalando la política criminal del gobierno de Duque que ya se ha cobrado la vida de decenas de ellos. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 22 indígenas fueron asesinados en este departamento el año pasado. En lo que va de 2019, son ya 56 las víctimas mortales (BBC 14/11). Las organizaciones sociales hablan de alrededor de 400 asesinatos de líderes sociales, activistas y también exguerrilleros de las Farc, en los últimos cuatro años. Duque plantea un reforzamiento militar de los principales focos de tensión, mientras que, a instancias de Uribe, intenta objetar el acuerdo de pacificación logrado con las Farc.
Al gobierno del derechista Duque se le ha representado su mayor pesadilla: la convocatoria al paro por parte de organizaciones obreras con poca fuerza en el país terminó de servir como un catalizador de la irrupción de una movilización popular que cuestiona todo su régimen político.
Quien se percató de la potencialidad de este fenómeno es la Conferencia Episcopal Colombiana, que se ha manifestado a favor de la jornada. El tono de sus declaraciones va en la línea de incorporarse al proceso como un factor de contención ante las profundas tensiones que se vienen madurando en el país. Su proclama aspira a llevar a la unidad de los colombianos con una arenga que convoca a la pacificación. Según el obispo Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, el llamado viene desde el propio Papa Francisco (El Tiempo 15/11), quien indudablemente tiene puesto el ojo en los sucesos que ocurren en la región.
La jornada del paro nacional estuvo precedida por un reforzamiento represivo del gobierno, sin precedentes.
Se movilizaron más de 300 tropas del Ejército para reforzar la seguridad de Bogotá y se ordenó el acuartelamiento de primer grado de todos los efectivos militares. Durante los días previos se realizaron unos 30 allanamientos ilegales contra agencias de medios, organizaciones militantes e incluso en las viviendas de los dirigentes que convocan a las manifestaciones, donde se requisaron materiales y panfletos que convocaban al paro, con el pretexto de buscar explosivos y otras supuestas armas.
A principio de la semana, el Ministerio del Interior facultó a todos los alcaldes del país a decretar el toque de queda, restringir la movilidad pública y a asumir otras medidas con motivo de las movilizaciones previstas.
La clausura de los pasos fronterizos hacia Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, hasta el viernes a primera hora, es un síntoma en sí mismo. La tesis que Duque le ha querido vender al mundo es que su gobierno es víctima de un plan de desestabilización de los gobiernos republicanos del subcontinente urgido por el Foro de São Paulo. Se trata de un disparate absurdo de un gobierno que se empieza a ver acorralado por la movilización popular y que teme que la misma se extienda.
El mayor miedo de Duque es que las rebeliones en Ecuador, Haití, Bolivia y Chile se extiendan a Colombia, como un reguero de pólvora que recorre Latinoamérica y sus adyacencias. Es que ante el fracaso de las medidas de austeridad propiciadas por el imperialismo, los pueblos se niegan a profundizar esta vía que lleva directo a mayores penurias para los explotados.
Los explotados de Colombia, y todo Latinoamérica, empiezan a buscar una salida independiente por medio de su movilización y a pesar de cualquier reforzamiento represivo. Este es el camino por el cual podrán madurar una experiencia y sacar las conclusiones políticas que les permitan ofrecer una salida en los términos de una nueva perspectiva social y de clase.

Marcelo Mache