Macron anuncia el retiro de sus tropas militares de Níger

Revés del imperialismo francés 

 El rechazo a la presencia militar francesa 

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este domingo 24 el retiro de los 1.500 soldados apostados en Níger y del embajador Sylvain Itté. Según la agencia France 24, “el júbilo era notable en las calles de Niamey”, capital de la nación africana. 

 El 26 de julio, un golpe militar derrocó al gobierno de Mohamed Bazoum, firme aliado de París, y anunció la ruptura de los acuerdos de seguridad con el Palacio del Elíseo. Posteriormente, retiró la inmunidad diplomática del embajador Itté.

 Estos anuncios implicaron un severo desafío para Macron, ya que Níger, una de las naciones más pobres del mundo, se había transformado en un punto clave para el dominio francés en la región, tras la expulsión de las tropas galas de Mali y Burkina Faso. Bazoum acogió a parte del contingente que había sido expulsado previamente de Mali y Burkina Faso. Asimismo, el uranio nigerino abastece a las centrales nucleares francesas.

 Como respuesta a los anuncios de la junta militar nigerina, Francia y Estados Unidos (que también tiene tropas en el país mediterráneo y una base de drones) patrocinaron las amenazas de una invasión de Níger por parte de una fuerza militar de la Cedeao, la comunidad de Estados regionales que lidera Nigeria, creando con ello las condiciones para el estallido de una nueva guerra regional en el continente, ya que con Niamey se encuentran alineadas Mali y Burkina Faso. A comienzos de agosto, la Cedeao anunció el despliegue de una “fuerza de reserva” como mecanismo de presión sobre la junta.

 Las grandes movilizaciones populares de estas últimas semanas en Níger contra la presencia francesa han obligado a Macron a dar un paso atrás y anunciar el retiro de sus tropas, si bien el mandatario sostuvo que sigue considerando a Bazoum –quien permanece detenido- como el presidente legítimo. Estados Unidos, en tanto, dice que evalúa los pasos a seguir. La junta militar de Níger demanda ahora a Macron un calendario negociado para culminar la retirada de los efectivos de aquí a fin de año. 

 La expulsión de las tropas galas del Sahel marca un retroceso en la región del imperialismo francés, que ya se encontraba debilitado por el empantanamiento militar de la Operación Barkhane, supuestamente destinada a combatir a las organizaciones islamistas. Este retroceso es, en parte, aprovechado por Rusia, que ha intensificado sus relaciones bilaterales con las juntas de Mali y Burkina Faso. El Sahel es un escenario de disputas globales debido a su codiciada ubicación geográfica y sus recursos naturales.

 Rechazamos las amenazas de invasión militar de la Cedeao contra Níger y reclamamos la partida de las tropas francesas y yanquis. Fuera el imperialismo. Por la unidad socialista de Africa. 

 Gustavo Montenegro

¿Argentina fue el país más rico del mundo cuando tuvo gobiernos liberales?

Celebración del centenario en Buenos Aires (1910).

 Sobre el discurso de Milei acerca de la situación del país hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Uno de los caballitos de batalla del discurso de Milei y su ejército de trolles en las redes sociales es que Argentina habría conocido una época de esplendor cuando tuvo gobiernos liberales, hacia fines de siglo XIX y principios del siglo XX, tiempo en que habría sido el país “más rico del mundo” y hasta una “superpotencia”. El declive posterior sería obra de una sucesión de gobiernos populistas, estatistas e incluso socialistas. ¿Hay algo de cierto en esto? 

 En un spot de campaña de La Libertad Avanza hacia las Paso presidenciales de agosto, se afirmaba que “hubo un tiempo en el que la Argentina era el país más rico del mundo, un punto de atracción, una potencia mundial. Por eso, millones de inmigrantes llegaban a nuestro puerto buscando oportunidades; éramos la envidia de todos”. ¿Qué pasó? “Hace 100 años hubo un punto de quiebre: los políticos decidieron que la riqueza no podía ser más de los argentinos, sino que tenía que ser de ellos”.

 La realidad está muy lejos de lo que afirman Milei y los suyos. Según sus respuestas en entrevistas y posteos en redes sociales, esos dichos se fundamentan en que nuestro país se ubicaba para los albores del siglo pasado entre los primeros puestos del ránking mundial en cuanto a PBI per cápita. La cuestión que nos interesa no es refutar si Argentina logró llegar al primer puesto, ni si tiene sentido usar una medición realizada un siglo después con información parcial. La falsedad no está en los datos sino, antes que eso, en la premisa.

 Aún si la estadística fuera válida, la afirmación no sería cierta. Tener un PBI per cápita alto no convierte a un país en una potencia, y menos que menos hace de la riqueza un patrimonio de “los argentinos”. La actividad económica predominante era la exportación de productos agropecuarios, y -como ocurre hoy- toda la infraestructura productiva tenía bastante poco de argentina: los ferrocarriles eran ingleses, los frigoríficos ingleses y franceses, las casas comerciales también extranjeras, y el naciente Estado argentino se endeudaba con el exterior a un ritmo que estalló con la crisis de 1890. 

 Las potencias realmente existentes eran las que exportaban capital (con inversiones directas o indirectas -créditos-) y se quedaban con la mayor parte de la ganancia de la economía criolla. Argentina era entonces una economía que se insertaba en el mercado mundial como una semicolonia, subordinada a los intereses de las potencias capitalistas a las cuales vendía la producción agroganadera. 

 La generación del ’80 y los gobiernos de inicios del siglo XX, que endiosan hoy los “libertarios”, eran promotores de un liberalismo que en estas latitudes solo beneficiaba a la oligarquía terrateniente, y hacía de nuestro país un receptáculo de capitales y mercancías europeas. La riqueza, como ahora, se iba entonces por los puertos y por los giros de dividendos; y lo que quedaba era propiedad de un puñado de estancieros y comerciantes que habían acumulado sus fortunas en los años finales de la colonia o con la guerra civil que siguió a la independencia… siempre con el recurso de la fuerza del Estado: el mayor ejemplo son las campañas militares para expulsar de sus tierras a los pueblos indígenas, que permitieron la concentración de latifundios en manos de una casta de financistas y generales.

 Quienes realmente producían lo que se exportaba eran los trabajadores rurales, entonces sometidos a la persecución estatal para imponer una mayor sujeción a sus patrones (la folclóricas historias sobre el sometimiento del gaucho, al estilo Martín Fierro); los obreros de los frigoríficos, los ferrocarriles y el puerto, que en aquella época protagonizaban las primeras grandes huelgas y conformarían los primeros sindicatos junto a la mano de obra de los talleres textiles, panaderos o en la construcción. Es sobre estas luchas, y las grandes batallas por derechos políticos básicos como el voto universal, que en 1896 se funda el primer partido obrero de América Latina, el Partido Socialista.

 Es que el Estado “liberal” era abiertamente despótico, gobernado por una verdadera casta de oligarcas, que se opuso a sangre y fuego a conceder derechos que hoy asociamos de manera inseparable con la ciudadanía. Esta clase de estancieros se dedicó de hecho a consolidar al Estado como herramienta del avance de grandes plantaciones capitalistas o haciendas a costa de desplazar a los pequeños productores y comunidades, como ocurrió en el Chaco, La Pampa y la Patagonia; y participó con la Triple Alianza contra el Paraguay en una guerra infame al servicio de Inglaterra, que destruyó la industria guaraní e hizo de ese país uno de los más pobres en todo el período posterior. La época idílica del “libre mercado”.

 Todo esto es una ilustración de los tiempos en que se consolidaba el mercado mundial capitalista, copado por grandes potencias, dando lugar a la era de los imperios que se repartían el mundo en zonas de influencia. Argentina, con su economía semicolonial, encajaba entonces como complemento perfecto de la hegemonía británica, que se aseguraba el abastecimiento de materias primas para su industria y un destino para sus productos y la inversión de sus capitales. Como esta era una relación de dependencia, la economía nacional se vino a pique junto con el predominio inglés y el ascenso de una potencia como Estados Unidos, que era en cambio competidor de las exportaciones argentas.

 Mientras duró aquella asociación semicolonial hubo quienes hicieron grandes riquezas. Pero, claro, era una realidad muy desigual, como esas que suelen ocultar las mediciones del PBI per cápita. Mientras Buenos Aires celebraba en 1910 el centenario nacional haciendo alarde de sus fachadas de ciudad europea, con luminaria eléctrica y el Teatro Colón, a la vez eran sangrientamente reprimidas las huelgas que reclamaban por mejores condiciones de trabajo y derechos de sindicalización. Así los “millones de inmigrantes llegaban buscando oportunidades” eran recibidos con una Ley de Residencia que deportaba a activistas y militantes. Eran también los años de la huelga de inquilinos, ya que los migrantes vivían hacinados sin poder costear una vivienda, y del Grito de Alcorta, una masiva rebelión de pequeños arrendatarios. La prosperidad capitalista nunca fue otra cosa que la expoliación del pueblo.

 Excede a este artículo analizar qué fue realmente lo que vino después, pero basta dejar sentado que fueron los gobiernos capitalistas de diferente signo los que, con mayor o menor apertura económica e intervención estatal, fueron hundiendo en la pobreza a un país extraordinariamente rico en bienes naturales y con una población laboriosa en crecimiento. Los socialistas, en cambio, participaron en las grandes gestas que marcaron a fuego la historia argentina, desde la Reforma Universitaria de 1918 que echó al clero de la educación superior hasta las luchas obreras que conquistaron derechos elementales como las vacaciones pagas, la cobertura de obras sociales o la potestad de organización; desde el Cordobazo o las coordinadoras interfabriles que echaron al ministro del Rodrigazo hasta el Argentinazo que expulsó a los que quebraron al país en 2001.

 En conclusión, los socialistas y los trabajadores son quienes enfrentaron al Estado capitalista para terminar con el empobrecimiento del pueblo y el saqueo de las riquezas de Argentina. La falsificación histórica de Milei y los “libertarios” es el pretexto de un mayor sometimiento colonial al servicio del imperialismo y el capital financiero internacional. 

 Iván Hirsch

La nueva ofensiva militar de Azerbaiyán y el conflicto de Nagorno-Karabaj

Una vertiginosa operación militar de Azerbaiyán, ejecutada esta semana, culminó con la rendición de las fuerzas independentistas de la región de Nagorno Karabaj, afines al gobierno de Armenia. Bakú forzó un acuerdo que establece la “disolución y desarme completo” de las milicias, el fin de la presencia armenia en la zona y el comienzo de las negociaciones para una “reintegración” del territorio a Azerbaiyán. 

 Con este resultado, Azerbaiyán completa un progreso militar iniciado en 2020, cuando, tras una guerra de 44 días, conquistó un tercio de Nagorno Karabaj y siete distritos aledaños que estaban fuera de su control desde la guerra que se extendió entre 1988 y 1994. 

 Por las potencias involucradas, el conflicto de Nagorno Karabaj es uno de los más sensibles de la actualidad, después del de Ucrania. 

 El conflicto 

Nagorno Karabaj es un enclave de mayoría étnica armenia y cristiana que formó parte desde 1921 de Azerbaiyán, un país de mayoría musulmana turca. En 1988, poco antes de la disolución de la Unión Soviética, que integraban tanto Azerbaiyán como Armenia, el parlamento de Nagorno Karabaj votó su integración a Ereván, lo que marcó un salto en las confrontaciones étnicas y una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, en la que esta última llevó la ventaja. Hubo masacres de civiles por parte de los dos bandos. 

 Bajo la mediación rusa, en 1994 se llegó a un armisticio. En Nagorno Karabaj y los alrededores se formó un gobierno autónomo, próximo a Armenia, aunque no logró ningún reconocimiento internacional. Además de 30 mil muertos, hubo un millón de desplazados, en su mayoría azeríes. Para mayor complicación, debemos añadir que, así como hay un enclave de mayoría armenia dentro de Azerbaiyán, cerca de la propia Armenia, en la frontera con Turquía e Irán, se extiende la república autónoma de Najicheván, que forma parte de Azerbaiyán, pese a que no tienen contigüidad territorial, y que también se vio envuelta en las hostilidades de la primera guerra. 

 En 2020, Azerbaiyán reconquistó gran parte del territorio perdido, en una ofensiva militar en que habrían jugado un rol muy importante los drones adquiridos a Turquía –principal aliado de Bakú- e Israel. De todos modos, se estableció un alto al fuego que preservó algunas posiciones del gobierno autónomo y un despliegue de entre 2 mil y 3 mil tropas rusas para garantizar el nuevo statu quo. El acuerdo mantenía una porción de Nagorno Karabaj en manos de los autonomistas y establecía el compromiso de que permaneciera liberada la carretera que une a Armenia con el enclave, a través del llamado corredor de Lachin. 

 A fines del año pasado, Azerbaiyán retomó su ofensiva, por medio de un bloqueo civil de ese corredor. En abril de este año, estableció un puesto de control, alegando que por esa vía se transportaba material militar para los independentistas. 

 La ofensiva final de esta última semana se valió, como argumento, de una explosión que dejó seis azeríes muertos (cuatro militares y dos civiles), cuya responsabilidad fue atribuida a las milicias locales. En el curso del avance azerí, hubo 200 muertos y alrededor de 400 heridos.

 Alineamientos 

En el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, suele ubicarse a Rusia más cerca de Ereván. Ambos países integran la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y hay una base militar rusa en territorio armenio. Sin embargo, Moscú mantiene también lazos con Azerbaiyán, cuyo principal sostén es Turquía. 

 El gobierno de Armenia, dirigido por el primer ministro Nikol Pashinyan, acusa a Rusia de desentenderse de la suerte en la región, sobre todo a partir del estallido de la guerra en Ucrania. Llegó, incluso, en las últimas semanas, como parte de una búsqueda de nuevos apoyos internacionales, a anunciar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, algo que fue muy criticado por el Kremlin. 

 En cuanto a las potencias occidentales, también cultivan vínculos a ambos lados. Tras el estallido de la guerra en el este europeo, la Unión Europea suscribió un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar la importación de gas desde este país, y reducir de este modo la dependencia de la energía rusa. Pero, al mismo tiempo, Bruselas no ve con buenos ojos el patrocinio de Bakú por parte del gobierno turco. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la última ofensiva azerí. En el caso de Estados Unidos, pese a su intento de seducción sobre Ereván para sacarla de la órbita rusa, apoya también la política gasífera de Azerbaiyán. 

 Finalmente, el otro actor importante en este conflicto es Irán. Contra lo que uno podría suponer, se encuentra más próximo a Armenia que a Azerbaiyán, tanto por la rivalidad que mantiene con Turquía como por el apoyo israelí a Bakú. 

 Para que se advierta el involucramiento foráneo en el conflicto, el presidente azerí, Ilham Aliyev, fue informando de las operaciones a funcionarios norteamericanos, turcos y rusos. La Unión Europea, en tanto, mantiene una misión civil en Armenia. 

 Desenlace 

El desenlace de la última ofensiva supone un durísimo golpe para Armenia, cuyo primer ministro admitió ni siquiera haber participado de los términos de redacción del acuerdo. En 2020, tras la derrota en la segunda guerra, estallaron manifestaciones contra el primer ministro Pashinyan. En los últimos días, estas marchas se han reanudado, y la oposición anunció que presentará un pedido de impeachment en el parlamento. 

 Turquía, el principal soporte azerí, es quien sale más favorecida, ya que gana gravitación en el Cáucaso, en desmedro del Kremlin. No obstante, Moscú conserva el rol de mediador entre las partes y su presencia militar en la zona.

 El imperialismo y las potencias de la región se han valido de las disensiones étnicas para hacer avanzar sus propios intereses. Los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán, a su vez, apelan a la retórica nacionalista para distraer a los trabajadores de sus verdaderos problemas. 

 El conflicto no puede ser encarado en los términos de una lucha étnica o nacionalista. Defendemos la perspectiva de la hermandad de los pueblos trabajadores de Armenia y Azerbaiyán y la unidad socialista del Cáucaso.

 Gustavo Montenegro 

 Cronología reciente

 1988-1994: el parlamento de Nagorno-Karabaj vota la integración a Armenia y estalla una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. El conflicto deja 30 mil muertos y un millón desplazados. Un alto al fuego mediado por Rusia establece un gobierno autónomo en el enclave y sus alrededores, afín a Armenia.

 2020: Azerbaiyán lanza una ofensiva militar y recupera siete distritos y un tercio de Nagorno Karabaj. La guerra dura 44 días y deja 6.500 muertos. Nueva mediación rusa y despliegue de un contingente de tropas del Kremlin. 

 2023: Azerbaiyán lanza una nueva ofensiva y el gobierno autónomo de Nagorno Karabaj firma la rendición

Presentacion de Libro de Gerardo Cuesta

CON FILO | Imperio en decadencia

Grecia, una reforma laboral esclavista

Protesta en Atenas 

El parlamento griego aprobó el viernes 22 una reforma laboral que implica un brutal ataque contra los trabajadores: habilita un segundo trabajo parcial de 5 horas, que lleva la jornada a 13 horas diarias; permite a las empresas imponer un sexto día laboral, los sábados o domingos (totalizando 78 horas semanales); autoriza a cambiar los horarios laborales hasta con 24 horas de anticipación, según las “necesidades de la producción”; introduce los contratos para “empleados de guardia”, sin horario fijo, quienes serán notificados de sus tareas y condiciones de labor apenas 24 horas antes de las mismas; se extiende el período de prueba a seis meses; y se autoriza el despido sin previo aviso durante el primer año de contrato. Además, como cláusula antisindical, se penaliza con hasta seis meses de cárcel y 5.000 euros de multa a quienes impidan, durante un paro, realizar tareas a otros trabajadores –una protección de las actividades rompehuelgas de las patronales. 

 Este paquetazo antiobrero fue aprobado por los 158 diputados que responden a Nueva Democracia, el partido de gobierno dirigido por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Esta fuerza derechista ganó con el 40% de los votos las elecciones de junio y formó un gobierno en solitario, gracias a un bonus de 50 legisladores que recibió como fuerza más votada, después de unos primeros comicios en mayo que no le dieron mayoría absoluta de escaños a ningún partido. La oposición, tanto de centroizquierda como de derecha, votó en contra de la reforma. El jueves 21 hubo un paro de 24 horas de Adedy, la central de los trabajadores del sector público, acompañado de una movilización a la Plaza Syntagma, en Atenas, y en otras ciudades griegas. La GSEE, central de trabajadores privados, ni siquiera convocó a una medida de fuerza. 

 Debido a la profundidad del ataque, la reforma griega se transforma en un modelo para los gobiernos y los capitalistas de todo el viejo continente. 

 La clase trabajadora griega aún se encuentra golpeada por la experiencia desmoralizante de Syriza, que accedió al poder con un discurso de izquierda pero aplicó, entre 2015 y 2019, los planes de ajuste de la Troika (FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo), y terminó generando las condiciones para un regreso de la derecha al poder. En la última elección, Syriza obtuvo el 18% de los votos, lo que llevó a su líder y exprimer ministro, Alexis Tsipras, a presentar su renuncia a la dirección partidaria. En las recientes elecciones internas para elegir a su sucesor, se impuso Stefanos Kasselakis, una figura de poca trayectoria que cuenta con un pasado como empleado de Goldman Sachs. 

 A raíz de un tremendo accidente ferroviario a fines de febrero, en que perdieron la vida 57 personas en el trayecto que une Atenas con Tesalónica, hubo importantes movilizaciones de la juventud, una huelga ferroviaria y dos paros generales. En las calles, se apuntó contra el vaciamiento y la privatización de los ferrocarriles, que involucra a las últimas gestiones de gobierno (Pasok, Syriza y Nueva Democracia). 

 Esa gran lucha marca un camino para enfrentar la nueva reforma laboral y lograr su anulación. 

 Gustavo Montenegro

Conmemoración de 40 años de la Semana del Estudiante 1983

Los desastres ambientales recientes y la acción depredadora del capital

Tras el terremoto de Marruecos y el ciclón en Libia. 

 Recientemente tuvieron lugar en el norte de África dos hechos calamitosos para los pueblos de Libia y Marruecos. En el primer país el ciclón Daniel tuvo como consecuencia treinta mil evacuados, diez mil desaparecidos y cinco mil muertos. En Marruecos, región donde no son habituales los sismos, un terremoto produjo 2.500 víctimas fatales. 

 El ciclón que afectó a Libia es el resultado del traslado de un fenómeno propio del sudeste asiático, como son los monzones, a la zona del Mediterráneo. Las consecuencias humanitarias se agravaron como resultado de la ausencia de una infraestructura adecuada para asistir a las víctimas, como resultado del sometimiento al imperialismo de estas naciones africanas.

 La temperatura en el planeta ha subido hacia 1,5º en relación al periodo previo a la revolución industrial, por la depredación ambiental y climática que la voracidad capitalista ha desarrollado en combinación con la superexplotación de la fuerza de trabajo obrera, y las guerras del pasado y del presente cuya función es la defensa de su tasa de beneficio. 

 Por ejemplo, los datos del proyecto global del carbono que dirigía el ya desaparecido Centro de Análisis de la Información sobre dióxido de Carbono del Departamento de Energía de Estados Unidos indican que ese país ha sido el mayor productor de dióxido de carbono desde 1750. Estados Unidos ha emitido más CO2 que toda la Union Europea, el doble que China, ocho veces más que India. Las principales emisoras de carbono fueron las potencias coloniales, es decir, los países imperialistas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia; todas ellas sumadas, con la décima parte de la población mundial, han emitido más de la mitad de carbono. 

 Es que, como ya demostramos en artículos sobre la cuestión en ediciones anteriores de Prensa Obrera y En Defensa del Marxismo Nº59, lo que está en el centro del problema es la tasa de beneficio del capital -ya que una mayor inversión en energías no dependientes del carbono suponen una mayor proporción de capital constante-, circunstancia que es decisiva para la imposibilidad, bajo este régimen, de combatir esta contaminación en crecimiento. 

 Erupciones volcánicas y sismos, también son consecuencia de la anarquía criminal del capital

 Iniciamos este articulo haciendo referencia a los cataclismos recientes ocurridos en Marruecos y Libia, que con sus diferentes características tienen no obstante una raíz común, o acaso existe una altísima probabilidad de que la tengan. Es que el derretimiento de hielos, como fruto del aumento de la temperatura terrestre, aumenta el nivel del mar y produce dos fenómenos aparentemente antagónicos, pero igualmente perjudiciales, como inundaciones y sequías, y también terremotos y tsunamis. 

 Bill Mac Guire, geofísico del University College of London, ha observado que glaciares y capas de hielo permanentes en las regiones polares, al derretirse, han dado lugar a una enorme presión sobre el lecho de roca y creado un rebote sobre las fallas geológicas y los depósitos de magma. Sus consecuencias son erupciones volcánicas y sismos. 

 A su turno Claire Cooper, vulcanóloga, ha estudiado cómo en 12.500 años la retirada de los glaciares ha sido causal del levantamiento de la corteza terrestre, facilitando que el magma llegue a la superficie. Podemos observar que aunque se trate de un fenómeno milenario, y no siempre ha sido la emisión de CO2 la causante de estos fenómenos, sí cabe señalar que sin duda contribuye a incrementarlo. Para sostener esto la citada vulcanóloga ha incursionado en investigaciones realizadas en la península de Kamchatka, en Islandia, y en la región cordillerana de Chile. En el mismo sentido han hecho investigaciones con conclusiones similares Andrea Hampel, de la Universidad de Leibniz, Hannover, y la geofísica de origen sueco, Rebekka Steffen, cuyos estudios han determinado conclusiones de la misma índole en el sentido de que en el sur de Alaska se ha perdido un kilómetro vertical de hielo, con el consecuente crecimiento del nivel del mar. 

 Para que se vea que lo dicho no carece de objetividad, el propio Banco Mundial ha señalado que el cambio climático (con sus desastres incluidos) hasta el año 2050 va a provocar el desplazamiento de 216 millones de personas. Cabe agregar los efectos de la explotación anárquica de tala de bosques (actividades forestales) y la explotación agrícola.

 La anarquía del capital, su lógica inevitable, consistente en la obtención de superbeneficios, en el contexto de un agravamiento de los choques interimperialistas de orden comercial, financiero y bélico, que revelan el crecimiento de la tendencia a la guerra mundial, contexto en el que se desenvuelve la contaminación ambiental creciente con sus coadyuvantes consecuencias, esto es: crisis climática, sequías e inundaciones, sismos, etc., revelan un régimen cuyo único destino es la barbarie, en su desplome y descomposición. 

 Nos queda enfrentarlo en todos los planos dando una respuesta de conjunto consistente en combatir esa barbarie con el socialismo a escala mundial, esto es con la supresión de la explotación del trabajo humano y de todo interés opuesto al progreso y la felicidad humanas, que implica e incluye la defensa de la naturaleza. 

 Roberto Gellert

El brote del virus Nipah en India

Por qué crecen las zoonosis en el mundo.

 El brote en Kerala, India, ya dejó dos muertos 

Un nuevo brote del virus Nipah en el estado indio de Kerala despertó preocupaciones a nivel global, en un mundo que aún no ha podido superar completamente el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye al Nipah en su listado de amenazas epidémicas. 

 El Nipah es una zoonosis, un virus originado en murciélagos que puede contagiarse al hombre a través de la saliva o excrementos de los quirópteros, o por intermediación de animales de granja. Se detectó por primera vez en criadores de cerdos de Malasia y Singapur, en 1998 y 1999, cuando causó más de cien muertos y empujó al sacrificio de millones de animales, con lo que, además de su impacto sanitario, se transformó en un problema económico y alimentario. En la India hubo cinco brotes desde 2001. Produce algunos síntomas semejantes al Covid-19, como gripe, fiebre y dolor de cabeza, pero también puede provocar encefalitis. Hasta el momento, no hay una vacuna, lo que hace aún más importante las medidas de prevención e higiene. El nuevo brote de Kerala causó, por ahora, la muerte de dos personas. 

 La India es uno de los países que resultó más afectado por el coronavirus: el segundo en cantidad de casos, detrás de Estados Unidos, y el tercero en víctimas fatales, después de Estados Unidos y Brasil, con más de 500 mil muertos reconocidos oficialmente, una cifra que podría estar adulterada. En octubre de 2021, la OMS estimó en 4,7 millones el número de muertos en forma directa o indirecta. Esta catástrofe sanitaria se relaciona con el rápido abandono de las medidas de aislamiento social por parte del gobierno de Narendra Modi, así como por las deficiencias de su sistema de salud. India es actualmente el país más golpeado por el Arcturus, una variante del Covid-19 que hacia abril era responsable de unos 3 mil casos diarios. 

 En las últimas décadas asistimos a un desarrollo notable de las enfermedades zoonóticas. La OMS calcula, por ejemplo, que en la década que va de 2011 a 2021 hubo en Africa un salto del 63% en brotes de enfermedades de este origen, respecto a la década anterior (France 24, 15/9). 

 Este crecimiento responde a un avance sobre los hábitats naturales que pone en contacto más estrecho a los hombres con animales salvajes. El desarrollo de las vías de transporte, a su vez, facilita la diseminación de las enfermedades. 

 “No solo crece la deforestación y la urbanización de los hábitats naturales de los animales reservorios de varios virus, sino que también aumentan las posibilidades de transporte y expansión. Los saltos de virus a los humanos han sucedido siempre, pero ahora no se quedan en zonas rurales sino que tienen el potencial para llegar a las ciudades: las crisis del Ébola de 2014 son un ejemplo”, explica el artículo ya mencionado.

 La expansión de la frontera agrícola, el comercio de animales salvajes, las condiciones en que son criados los animales en las explotaciones ganaderas, y el cambio climático, estimulan las zoonosis. El carácter anárquico del capitalismo, con su sed insaciable de ganancias, impulsa esta situación, que se combina con el desmantelamiento de los sistemas sanitarios, propiciando un coctel letal. La superación del capitalismo, a través de un sistema social basado en una planificación del desarrollo económico por parte de los trabajadores, en armonía con el ambiente, es un componente central para la preservación del planeta y el fin de estas enfermedades. 

 Prensa Obrera

Las protestas en la República Checa

La manifestación del sábado 16 en Praga

 El sábado 16 se produjo una movilización en Praga contra el gobierno de Petr Fiala, quien asumió como primer ministro a fines de 2021 y lidera una coalición de fuerzas de derecha llamada Spolu (Juntos, integrada por el Partido Democrático Cívico –ODS-, la Unión Cristiana y Demócrata y TOP09). La manifestación, profusa en banderas checas, protestó contra la elevada inflación (8% interanual) y rechazó el alineamiento con Ucrania en la guerra entre ésta y Rusia. Hubo críticas a la Otan, la Unión Europea y al gobierno de Fiala como un “agente de potencias extranjeras”, así como también cuestionamientos a la “globalización” y el “Green Deal” de la Casa Blanca. 

 La convocatoria partió de PRO (Ley, Respeto, Experiencia), una formación extraparlamentaria dirigida por Jindrich Raichl, quien asegura que se reunieron más de 100 mil personas en la Plaza Wenceslao. La agencia local CTK, en cambio, rebaja esa cifra a 10 mil.

 La República Checa es uno de los principales proveedores de armas del régimen de Volodomir Zelensky y alberga a 350 mil refugiados ucranianos. Desde el gobierno de Fiala, acusaron a los organizadores de pro-rusos, aunque Raichl negó las imputaciones desde el escenario: “No queremos un gobierno de la Unión Europea, no queremos un gobierno estadounidense o un gobierno ucraniano, no queremos un gobierno ruso o chino, queremos un gobierno de la República Checa, de los ciudadanos checos” (The European Conservative, 18/9). 

 En abril, Raichl ya había protagonizado otra manifestación importante reclamando el fin del actual gobierno, que está integrado por dos coaliciones: la ya mencionada Spolu y la alianza entre Piratas y Alcaldes Independientes. Eso le da una mayoría parlamentaria de 108 escaños sobre 200. 

 Fiala derrotó por escaso margen en los comicios de 2021 a la Alianza de Ciudadanos Independientes (ANO, de acuerdo a las siglas en checo) del entonces primer ministro Andrej Babis, uno de los hombres más ricos del país. Hijo de un funcionario de la época soviética que dirigía una empresa de importación y exportación de productos agrarios, Babis tuvo un paso por el viejo Partido Comunista y, con la apertura del proceso de restauración burguesa, se enriqueció con el remate de las empresas públicas. Sus inversiones se extienden a varios rubros, desde la agroquímica a los medios de comunicación. Gobernó con el apoyo de los socialdemócratas y del nuevo Partido Comunista, que en los comicios de 2021 se desplomaron, cayendo por debajo del umbral del 5% requerido para contar con representación legislativa. No obstante, ANO no es una formación centroizquierdista, al contrario, forma parte del mismo bloque político continental que los liberales alemanes. 

 Como ocurre con el este europeo, la República Checa es un escenario de disputas de influencia entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Ya bajo el mandato de Babis, estalló un severo conflicto diplomático cuando el gobierno local acusó a agentes de inteligencia del Kremlin de estar detrás de unas explosiones ocurridas en 2014, en las que murieron dos personas. “Las relaciones entre la República Checa y Rusia están en un punto muy bajo”, decía por entonces el primer ministro.

 Con Fiala, al estallar la guerra en Ucrania, la República Checa –miembro de la Otan- se alineó decididamente con Kiev y Washington. Esta postura se consolidó con la victoria en las elecciones presidenciales de enero de 2023 de Petr Pavel, expresidente del Comité Militar de la Otan entre 2015 y 2018, quien reemplazó en el cargo a Milos Zeman, un hombre de un partido socialdemócrata, que durante su gestión mantuvo algunos coqueteos con Moscú. Pavel derrotó en el ballotage presidencial al tenaz Babis, quien, por conveniencia o convicción, hizo campaña criticando el belicismo del gobierno de Fiala. Aunque la figura presidencial no goza de grandes atribuciones en la República Checa, la elección de Pavel fue recibida con alborozo en las capitales occidentales. 

 A pesar de compartir un terreno común en la guerra, la República Checa forma parte del llamado Grupo de Visegrado (junto a Eslovaquia, Hungría y Polonia) de la Unión Europea, un bloque con planteos propios, que suele protagonizar choques con el eje franco-alemán. Es conocido por sus planteos radicalmente antimigratorios. 

 En este escenario intrincado, en septiembre del año pasado se había desarrollado ya una masiva movilización contra la participación de la República Checa en la guerra y contra el gobierno de Fiala. Aquella fue una convocatoria heterogénea, en la que estuvieron desde el Partido Comunista hasta la extrema derecha de SPD (Libertad y Democracia Directa). 

 Mostrando que la calle está movida, a fines de marzo de este año fueron los sindicatos los que se movilizaron contra un proyecto de reforma jubilatoria que eleva la edad de retiro de 65 a 68 años, al mismo tiempo que lo hacían los trabajadores franceses contra la reforma de Emmanuel Macron.

 Aunque las manifestaciones checas contra la guerra están atravesadas por grandes contradicciones, y medran en ellas fuerzas reaccionarias, son un indicador del rechazo de un sector de los trabajadores al aumento de los gastos belicistas y al alineamiento con la alianza atlántica. 

 La guerra imperialista plantea la necesidad de una acción internacional de los trabajadores, independiente de los bandos en pugna. Contra la Otan y el Kremlin. Abajo los gobiernos de la guerra.

 Gustavo Montenegro

Conferencia de prensa - ANCAP y su intento de privatizarla - 13/9/23

Narcopolítica en Uruguay

Ya no llama la atención que en algún país apresen a un narcotraficante uruguayo. Lo que pudo sorprender es que esta vez el delincuente manifestó reiteradamente en las redes sociales su ardiente devoción por el presidente Luis Lacalle Pou y es conocida su adhesión al Partido Nacional, donde también integró una lista y se ha floreado divulgando varias fotos con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con la precandidata oficialista Laura Raffo. 

 Esta vez se trata de la captura en Bolivia del narcotraficante uruguayo Julio Luis Deal Barrios, presunto lavador de activos del dinero sucio de su colega y compatrtiota Sebastián Marset.

 Esta captura -de la que escapó Marset- deja a la luz la trama mafiosa que involucra a notorios empresarios uruguayos en el negocio de venta ilegal de estupefacientes a nivel regional e incluso extrarregional. La droga, a gran escala y en tonelaje, llega por distintas vías (aviones, camiones, pero en especial la fluvial por la hidrovía del Paraná) y se exporta al mercado europeo por el puerto de Montevideo. 

 Deal Barrios es fervoroso anticomunista y por supuesto adversa al Frente Amplio, tanto como admira al ultraderechista argentino Javier Milei. Pero también es admirador del presidente uruguayo Luis Lacalle, al igual que Jorge Pérez Bentancor, también narcotraficante y cómplice de Marset, casualmente vecino del mandatario derechista en el exclusivo barrio privado La Tahona. 

 Hugo Acevedo pregunta en Caras y Caretas ¿por qué en las fotos con referentes blancos (del gobernante Partido Nacional- aparecen recurrentemente narcotraficantes de gran porte y pedófilos –el caso más notorio es del exsenador Gustavo Penadés– y abusadores? O son relaciones carnales inspiradas en una afinidad ideológica, o existen otros intereses ocultos, tal vez económicos. Los uruguayos creían hasta hace poco que vivían lejos del submundo del narcotráfico, pero en los últimos 45 días se preguntan si no habría que cambiarle el nombre al país y ponerle Narcoguay, señala Angel Pedemonte. La punta del hilo es el pasaporte otorgado hace dos años por este gobierno uruguayo al narco Sebastián Marset, caso que involucra al ministro Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo. 

 ¿Realmente los narcos se sienten más cómodos con gobiernos blancos como el de Luis Lacalle Pou y eventualmente Javier Milei, o es solamente una coincidencia y una simpatía espontánea? Se trata de delincuentes con un alto poder económico, por lo que su identificación de clase social con el gobernante uruguayo y el economista argentino es muy notoria. Por supuesto, esta reflexión está en el mero terreno de las especulaciones y, por el momento, no tiene evidencia empírica, acota Acevedo. 

 Deal Barrios no sólo está vinculado a Marset sino que incluso habría ayudado en su fuga. Obviamente, tiene antecedentes por narcotráfico en Uruguay pero, al igual que Marset, como no tiene causa abierta, no está requerido por la justicia uruguaya. Parece increíble, pero es cierto. Su primera imputación penal data de 1998, por tráfico ilegal de estupefacientes. Nadie puede negar que no sabía quién era y a qué se dedicaba. 

 Los medios montevideanos recuerdan que durante el último gobierno del centroizquierdista Frente Amplio, ambos se mudaron –Marset a Paraguay y Deal Barrios a Bolivia–, seguramente porque no se sentían cómodos en Uruguay.

 Con su manifiesto apoyo al Partido Nacional, Deal sondeó la posibilidad de invertir en nuestro país, seguramente para lavar dinero negro del narcotráfico. El control del lavado de activos, desde la aprobación de las normas contenidas en la inconstitucional Ley de Urgente Consideración puesta en marcha por el gobierno de Lacalle, está haciendo agua por todos lados. 

 A estos delincuentes que se mueven en las sombras, aunque a la luz sean miembros de la alta sociedad, les convienen los controles de movimiento de dinero laxos y la desregulación, cualidades que caracterizan a gobiernos -como el actual en Uruguay- muy complacientes para los cuales el Estado debe ser prescindente y el mercado mueve la economía, aunque los potenciales inversores sean mafiosos de gran porte. 

 Pese a que reside en Bolivia, desde donde maneja sus actividades ilícitas, es un personaje muy activo en las redes sociales, donde elogió al “libertario” Javier Milei y al presidente Luis Lacalle e instó a los ecuatorianos a votar contra la candidata progresista Luisa González, para él “comunista”.

 La justicia boliviana lo condenó bajo los cargos de “organización criminal, asociación para delinquir, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de documento falsificado”. 

 Este episodio se suma a la captura de Jorge Pérez Bentancor, por su implicancia en la comercialización de 256 kilos de cocaína. También este hombre, que se solía mover en los círculos exclusivos de la sociedad uruguaya y entre millonarios de extracción nacionalista, está vinculado a Sebastián Marset. Es decir, los tres son parte de una misma organización mafiosa. 

 Relaciones carnales

 Lo cierto es que, como sucede en otros países de la región, están saltando a luz las relaciones carnales entre el narcotráfico y la política uruguaya, en este caso concreto con el Partido Nacional. Hay que recordar que el gobierno le otorgó un pasaporte legal al capo mafioso Sebastián Marset hace dos años, lo que le permitió escapar de una cárcel emiratí, donde fue recluido luego de intentar ingresar con un documento paraguayo falso a Emiratos Árabes Unidos. 

 Encontraron a Marset en Bolivia, pero se escapó de la policía. Sindicado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, huyó con su familia y se desconoce su paradero. Sus guardaespaldas secuestraron policías y se siguen destapando más hechos que dan cuenta de una trama de narcotráfico, persecución y corrupción a nivel internacional. 

 Uruguay ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que productor de drogas sintéticas, mientras se verifica el aumento en el consumo de cocaína y las metanfetaminas a nivel local, y se advierte de la presencia de un cartel liderado por narcotraficantes uruguayos que operan en la región y garantiza la exportación . 

 Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay advierte que se fortaleció el accionar de organizaciones criminales a nivel regional, entre las que se destacan los grupos de origen brasileño y argentino, principalmente de la zona de Rosario, la segunda ciudad argentina, que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar los envíos de cocaína desde América del Sur a Europa, vía el puerto de Montevideo. 

 Diez toneladas de cocaína incautadas en un puerto de Alemania. Record y portada de noticias en varios medios internacionales. La droga provenía de Paraguay y se sospecha que el cargamento haya pasado por Uruguay, una vez más. Las miradas recaen otra vez sobre las autoridades del Uruguay.

 Luvis Hochimín Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

La crisis migratoria en Lampedusa

12 mil personas llegaron a la isla en apenas seis días 

Cerca de 12 mil migrantes arribaron a la isla italiana de Lampedusa en apenas seis días, durante la semana pasada, marcando un nuevo hito en la crisis de refugiados. En lo que va de 2023, se estima que llegaron al viejo continente 123 mil personas, el doble que en 2022 (La Nación, 15/9). Además, 1.300 personas perecieron en el camino.

 Los informes que llegan desde la isla son desoladores. “Los niños lloran porque no tienen comida, hay bebés y mujeres embarazadas, no podemos comer, tampoco beber, solo nos dan una botella de agua pequeña al día, no podemos asearnos, llevamos días con la misma ropa y algunos no tienen zapatos”, explicaba un migrante de origen nigeriano (El País, 17/9). Al día domingo, según la Cruz Roja, había 1.500 personas en el centro de refugiados, que apenas posee capacidad para 400. 

 Los viajantes que llegan a Lampedusa lo hacen desde Libia o Túnez, tras navegar el Mar Mediterráneo en barcazas precarias. Ambos países son tanto generadores de la oleada como punto de tránsito de los emigrados de otras naciones del continente africano. Para tratar de contener estos desplazamientos, la Unión Europea (UE) arribó en julio a un acuerdo con la dictadura tunecina de Kais Saied, semejante al que estableció con Turquía en 2016. A cambio de que el gobierno tunecino reprima los flujos migratorios, la UE se compromete a entregar 250 millones de euros a la nación norafricana, que podrían elevarse en 900 millones, en caso de que Túnez cierre un pacto que está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 Crisis dentro y fuera de Italia

 La crisis en Lampedusa agudizó las tensiones entre los Estados europeos. Italia, que junto a Grecia es uno de los principales receptores primarios de las migraciones, denuncia a los demás Estados por desentenderse de la situación. A fines de agosto, Alemania se retiró de un mecanismo voluntario recientemente establecido por la Comisión Europea, que pautaba el reparto anual de unos 30 mil migrantes. 

 En Berlín, aducen que se han disparado las solicitudes de asilo en un 77% con respecto a 2022, totalizando más de 200 mil. Y que, además, han tenido que albergar a más de un millón de refugiados ucranianos (ídem, 14/9). Así, le echan la pelota a Roma: le exigen que cumpla con los acuerdos de Dublín, que establecen que el país que pisa el migrante es el que tiene que hacerse cargo del problema. Más puntualmente, las autoridades alemanas denuncian que el gobierno derechista de Giorgia Meloni se resiste a aceptar las “devoluciones” de migrantes que llegaron a la nación teutónica a través de Italia. Y, desde el palacio Chigi, acusan al gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz de no cumplir con los compromisos asumidos. Vale señalar que la negociación del Pacto de migración y asilo de la UE está estancada desde 2020.

 Mientras los Estados riñen entre sí, la tensión política crece al interior de Italia. Desde la oposición, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático lanzaron planteos demagógicos acerca de un fracaso de la política migratoria de Meloni, omitiendo su propia responsabilidad en la crisis migratoria y las políticas represivas, como parte del gobierno anterior de Mario Draghi. 

 Pero la crisis también agrietó a la coalición de derecha, ya que la Liga Norte de Matteo Salvini aprovechó para cuestionar a la primer ministro, reclamando medidas más duras contra la migración. “Cuando Salvini era ministro del interior, todo esto no pasaba”, reprochó un ministro de la Liga.

 En este marco, se produjo el fin de semana la visita conjunta a Lampedusa de Meloni y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La noche anterior, se limpiaron los alrededores del centro de migrantes, que estaba atestado de basura, restos de comida y botellas vacías (ídem, 17/9). De todos modos, las funcionarias ni siquiera visitaron el lugar. 

 Desde la isla, ambas coincidieron en planteos represivos y expulsivos. Meloni llamó a acelerar las “repatriaciones” y a coordinar con los países de origen, como Túnez o Libia. También postuló una “misión naval” europea sobre el Mediterráneo. La titular de la CE, por su parte, dijo que “seremos nosotros los que decidamos quién llega a Europa y no los traficantes”. Y se comprometió a acelerar la aplicación del acuerdo con Túnez, empezando por la formación de sus guardacostas. 

 La Unión Europea es responsable de la crisis migratoria porque ha participado de las guerras imperialistas y la opresión de los pueblos de Africa y Asia que están en la base de las oleadas migratorias. Una vez que esos grandes contingentes humanos golpean sus puertas, sus gobiernos apelan a políticas xenófobas, expulsivas y represivas, o bien buscan asimilarlos con trabajos precarios, mal pagos y sin derechos laborales.

 Ante esta crisis migratoria, que es una expresión de la crisis capitalista, planteamos la defensa irrestricta del derecho al asilo y la unidad de los trabajadores nativos y migrantes contra los gobiernos capitalistas y la UE.

 Gustavo Montenegro

A 50 años del Golpe: Cuando la Clase Trabajadora Organizó la Vida"

Comienza una huelga general en Estados Unidos contra los tres pulpos automotrices

El sindicato de trabajadores de la industria automotriz estadounidense (UAW por sus siglas en inglés) ha lanzado una huelga coordinada en tres grandes plantas de Estados Unidos, General Motors, Ford y Stellantis, que controla a Chrysler. Las tres suman en sus líneas unos 12.700 obreros afiliados al UAW.

 El 15 de septiembre venció el convenio colectivo que regía la actividad de estas empresas desde hace cuatro años. UAW y las tres grandes patronales negociaron desde julio un nuevo convenio. El jueves 14, a las 22, el presidente de UAW anunció que desde las 00 del viernes 15 comenzaban los paros rotativos en las tres grandes fábricas. La estrategia es llevar adelante paros rotativos en las distintas plantas de las tres grandes marcas. Según informa El País de España, “en las tres se han agrupado piquetes durante la noche y el seguimiento ha sido masivo”. La medida había sido votada en un plebiscito por el 97% de los 146.000 afiliados de las tres compañías. Por el momento están de paro efectivo unos 13.000 trabajadores. La burocracia sindical, sin embargo, ha excluido de la lucha a los trabajadores de las autopartistas. La dirección de la UAW ha sido renovada a favor de su ala ´combativa´. Pero va a la huelga contra su voluntad. 

 UAW reclama un aumento de sueldo del 46% en cuatro años, -aunque, según informan algunos medios, esta cifra podría flexibilizarse por debajo del 40%-, una semana laboral de 32 horas con 40 horas de salario; el restablecimiento de las pensiones tradicionales con prestaciones definidas para los nuevos contratados y compensaciones por la inflación, entre otras reivindicaciones. Lo que se está discutiendo de fondo es una recomposición de las pérdidas que los mismos sindicatos aceptaron cuando “las empresas atravesaban dificultades a raíz de la crisis financiera y la Gran recesión. Ahora que la salud económica del sector ha mejorado, -los trabajadores- se quieren resarcir” (El País, 14/9). 

 Las patronales han obtenido ganancias extraordinarias, principalmente desde la pandemia. Ahora, consideraron “inadmisibles” las demandas de los trabajadores, “en un contexto en que necesitan hacer frente a grandes inversiones para diseñar vehículos eléctricos y construir baterías y plantas de montaje para el futuro, mientras mantienen en marcha las actuales de coches de combustión”. Argumentan que subir los sueldos tanto como exigen los sindicatos impediría a los fabricantes estadounidenses competir con los de otros países. Tesla, el líder de los coches eléctricos , no está afectado por la huelga y sus trabajadores no están sindicalizados.

 En paralelo también hay un conflicto por el encuadramiento de los trabajadores de las nuevas plantas de baterías que se están construyendo por todo el país al calor de los incentivos fiscales al coche eléctrico, para que puedan afiliarse al sindicato UAW y se les apliquen las condiciones salariales del sector. La lucha abierta contra la precarización laboral ya está instalada en las nuevas fábricas de autos eléctricos. 

 Las estimaciones de las pérdidas que se proyectan en caso de una huelga general de la industria automotriz rondan los 5.000 millones de dólares para los primeros 10 días. Desde la UAW sostienen que tienen más de 825 millones de dólares de su fondo de huelga, para pagar a sus 150.000 miembros 500 dólares a la semana durante casi tres meses. La huelga de GM, durante seis semanas en 2019, le costó a la empresa 2.900 millones de dólares. 

 Esta huelga se presenta como la más importante de una tendencia general de la clase obrera estadounidense. Este año los conflictos suman casi 300, como la huelga de los actores y guionistas de Hollywood, de los limpiadores de hoteles, de los camareros de Starbucks y McDonald’s, de numerosas huelgas docentes y de los empleados de hospitales. “Estados Unidos vive un verano de conflictividad laboral. La elevada inflación ha distanciado las posiciones de empleadores y sindicatos en algunos sectores. Ninguno de ellos es tan importante como el del automóvil, el motor industrial de un país en el que el coche es casi imprescindible” (El País, 14/9). 

 El conflicto se presenta como un riesgo para el gobierno de Biden. “El jueves por la noche habló por teléfono con Fain (presidente de la UAW) y los dirigentes de los fabricantes para hacer balance de las negociaciones.” (Semana.com 14/9). Biden espera que la huelga sea ´conducida´ a buen puerto pronto.

 Sebastián Chirino 

 15/09/2023

Jorge Julio López, 17 años de lucha contra el encubrimiento estatal de su segunda desaparición

En el marco del juicio al genocida Etchecolatz, cabeza de la Bonaerense durante la dictadura. 

 La campaña política progenocidas que está llevando adelante La Libertad Avanza con Victoria Villarruel a la cabeza ha puesto sobre la mesa, otra vez, el debate sobre los objetivos que se propuso la dictadura cívico-militar que asaltó el poder en marzo de 1976. En este marco cobró relevancia el caso de Jorge Julio López, quien se encuentra desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006. Falta muy poco para que se cumpla un nuevo aniversario de ese hecho. El principal responsable de su desaparición fue Miguel Etchecolatz, jefe de la Bonaerense bajo el régimen dictatorial. Villarruel habría oficiado como asesora del genocida Etchecolatz, según una abogada querellante de juicios de lesa humanidad.

 Jorge Julio López fue un militante peronista y albañil, víctima en dos oportunidades de la desaparición forzada de personas. La primera tuvo lugar una noche de octubre de 1976, en plena dictadura militar, en la localidad de Los Hornos. Las fuerzas represivas que lo secuestraron a él y a sus compañeros y compañeras se encontraban bajo el comando de Miguel Etchecolatz. Este genocida dirigió 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires, en los cuales se practicó el robo de bebés, la tortura y la desaparición sistemática de personas.

 López estuvo detenido-desaparecido en cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, y la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava de La Plata. En esos lugares sufrió torturas y fue testigo de varios asesinatos, entre ellos los de dos de sus compañeros de militancia, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell’Orto. Julio será liberado el 25 de junio de 1979. 

 Después de pasar por este suplicio, López comenzó a identificar lugares y personas relacionadas con su secuestro. Y condensó pensamientos y conclusiones en una colección de escritos que tituló Archivo negro de los años en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte. Sin embargo, la posibilidad de investigar a los responsables políticos y materiales de su secuestro quedó obstaculizada fruto de la implementación de políticas de impunidad para los genocidas promovidas tanto por el gobierno radical de Raúl Alfonsín (Punto Final y Obediencia Debida) como por el gobierno peronista de Carlos Menem (indultos). 

 Bajo el menemismo, López impulsó, junto a víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, los llamados Juicios por la Verdad, un procedimiento judicial –sin efectos penales– que se desarrolló ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo la dictadura. Julio expuso como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata; allí hizo sus primeras declaraciones en detalle ante los jueces de la Cámara de Federal de Apelaciones.

 Su segunda desaparición aconteció bajo la democracia, en septiembre de 2006 y en el marco del primer juicio enfrentado por Etchecolatz, quien fue el primer torturador llevado a esa instancia tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se trató del primer condenado con la figura jurídica de genocidio. El testimonio de Jorge Julio López fue clave en la condena a prisión perpetua del genocida. No obstante, el día en el que debían alegar sus abogados, López desaparece. Las sospechas cayeron principalmente sobre Etchecolatz y la policía bonaerense –miles de efectivos que operaron en el marco de la dictadura continuaron haciéndolo bajo la democracia. 

 Los allanamientos realizados en el penal de Marcos Paz luego de la desaparición de López, donde se encontraba detenido Etchecolatz junto a otros 40 represores, pusieron de manifiesto que los genocidas contaban con un trato privilegiado; manejaban líneas telefónicas internas sin ningún tipo de monitoreo o registro, tenían acceso a internet y las personas que los visitaban ingresaban a la cárcel sin requisa previa. Entre el 10 y el 20 de septiembre de 2006 se realizaron siete llamados “internos” desde estas líneas. Página 12 (19/11/2006) transcribió casi textualmente una frase escalofriante del chofer de Etchecolatz al mismo fiscal: “Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”. 

 Ni el gobierno de Néstor Kirchner ni el de Cristina Kirchner indagaron a Etchecolatz ni al resto de las personas denunciadas por López. Tampoco avanzaron en una investigación de la Bonaerense. Por el contrario, negaron sistemáticamente su desaparición. CFK, en ocho años de mandato, no se refirió públicamente ni una sola vez al caso. Aníbal Fernández, en su momento, llegó a decir que López estaba senil y se había extraviado. 

 Los Kirchner han defendido un régimen de conspiración –heredado de la dictadura– contra los trabajadores y han militado por introducir a las Fuerzas Armadas –una política que comparte la mayoría de los bloques patronales– en la represión interna. En esta línea se inscribió la designación del genocida César Milani al frente del Ejército por parte de CFK. Los K han gobernado durante un largo tiempo junto al espía de la dictadura Jaime Stiuso, de lazos con la CIA y el Mossad.

 Asimismo, CFK impulsó el Proyecto X –espionaje de organizaciones obreras y sociales– y la Ley Antiterrorista –una política promovida por el gobierno norteamericano para reforzar el carácter pretoriano del Estado. Esta orientación fue desarrollada por el nacionalismo K bajo las banderas del “Estado presente”. Como se ve, la política de derechos humanos (sic) promovida por el peronismo mostró sus límites insalvables.

 La actitud provocadora que Etchecolatz mantuvo a lo largo de los procesos judiciales (en 2014, mientras se leía una sentencia en su contra, exhibió un papel con el nombre de López acompañado de la palabra “secuestrar”) se explica por la impunidad progenocidas impulsada desde el Estado. Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022, llevándose consigo el secreto del destino de numerosos trabajadores y niños apropiados. 

 Todos los gobiernos democrático-burgueses han desenvuelto esta política de impunidad. Solo una pequeña porción de los genocidas fue encarcelada; y la mayoría de esa minoría goza –o gozó– de prisión domiciliaria. Ni siquiera abrieron los archivos de la dictadura, lo que permitiría saber, por ejemplo, el paradero de muchísimos trabajadores y niños. Sobre la base de la impunidad crece el negacionismo fachista de Milei y Villarruel. Para derrotar esta política, los trabajadores debemos apelar a la movilización popular; con este método, por ejemplo, se derrotó en 2017 el intento del gobierno de Mauricio Macri de aplicar el 2×1 en beneficio de los genocidas.

 A casi 17 años de la desaparición de López y en vísperas de una gran movilización a 47 años de la Noche de los Lápices, sigamos luchando por la aparición con vida de Jorge Julio López y por juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la dictadura militar. 

 Nazareno Suozzi

Asalto al Capitolio: de presos y condenas en EEUU y Cuba

Libia: otra catástrofe humanitaria

Cambio climático, guerra y barbarie capitalista. 

 La inundación en la ciudad de Derna y otras zonas aledañas en la costa noreste de Libia ha ocasionado una crisis humanitaria sin precedentes en el norte del continente africano. Se estima que podrían haber muerto 20 mil personas, es decir el 20% de la población local (La Nación, 13/09). “La ciudad de Derna se vio sumergida por olas de 7 metros de altura que destruyeron todo a su paso” (ídem). 

 El detonante de esta inundación combina todos los aspectos de la crisis mundial. Por un lado, las lluvias alcanzaron niveles nunca vistos -cerca de 500 mm en tan solo 8 horas- y forzaron dos represas que las autoridades reconocen estaban faltas de mantenimiento. Las altas precipitaciones responden, según varios informes de las Naciones Unidas, a las crecientes temperaturas del verano europeo y de las aguas del Mediterráneo, lo que produce que el aire más caliente puede retener más humedad, dando fuerza a las precipitaciones futuras. La tormenta Daniel, que ocurre con frecuencia en la zona, venía de generar destrozos en Grecia, Turquía y Bulgaria, acumulando hasta entonces una docena de fallecidos. Las autoridades libias acusan como “sorprendente e inesperada” a la inundación, pero ya contaban con ese precedente. Por otro lado, la guerra civil en Libia -que cuenta con el impulso de la OTAN- ha sumido al país en una situación de extrema vulnerabilidad tanto social como de infraestructura. 

 Ya en el año 2021 la Red de Expertos en Seguridad Climática, un grupo que asesora sobre los riesgos de seguridad relacionados con el clima, había realizado advertencias de envergadura sobre la crisis que podría desatarse en Libia puesto que la mayoría de su población habita en zonas costeras. Esto convierte al país en especialmente vulnerable a las inundaciones debido al aumento de la temperatura global. “El calentamiento hace que las aguas del Mediterráneo se expandan y que el nivel del mar suba, lo que erosiona las costas y contribuye a las inundaciones, y las zonas costeras bajas del país están en riesgo especial”, destaca New York Times (12/09). 

 La ciudad ha quedado prácticamente aislada por el colapso de las rutas que conducen a la ciudad. Las provisiones y equipos médicos tienen su base en la ciudad de Bengasi, a casi 300 km de Derna, lo que dificulta la llegada de auxilio a la población. La falta completa de previsión ante la tormenta Daniel ha agravado la situación: varias organizaciones han calculado en 30 mil los habitantes desplazados.

 Los trabajadores de rescate y de hospitales se vieron obligados a responder con las pocas herramientas a disposición con las que contaban. Las imágenes del fin de semana en Marruecos, donde los habitantes buscaban con sus manos a sus seres queridos bajo los escombros, volvieron a repetirse. Se estiman 10 mil desaparecidos al día de hoy.

 Derna ha sido el centro de enfrentamientos militares en el marco de la guerra civil, fundamentalmente entre el Ejército Nacional Libio (LNA) y facciones islamistas locales. A su vez, ocupa un lugar de paso estratégico para los migrantes que huyen rumbo a Europa. La población es dejada a su suerte en esta cruzada militar y de las mafias que manejan el tráfico de personas. 

 Las facciones del este y el oeste han decidido poner un cese al fuego y las hostilidades en pos de ayudar a la población, pero rápidamente ha quedado en evidencia que la ayuda humanitaria de los estados europeos y de Estados Unidos, es decir, la OTAN, será utilizada como un ariete contra la facción militar dirigida por Khalifa Haftar y el LNA que tiene bajo su jurisdicción a Derna. Haftar no cuenta con el reconocimiento internacional de la ONU ni de organismos internacionales de peso, lo cual la inhabilita para recibir ayuda directa. El propio Biden ha señalado que la ayuda humanitaria será enviada a la ONU y a ONG, evitando a los gobernantes locales.

 La devastación provocada por la tormenta Daniel expone la creciente crisis humanitaria que enfrenta el género humano. El caso libio muestra en extremo el rumbo de barbarie que ha adoptado la sociedad capitalista en su conjunto y su confrontación con la continuidad de la vida humana. 

 Joaquín Antúnez 

 13/09/2023

Gran homenaje a Gerardo Cuesta - 13/9/23

El rol del Estado chileno y del imperialismo

Marzo de 2000. Pinochet de regreso en Chile 

Revelaciones de un exfuncionario británico sobre el operativo que aseguró la impunidad a Pinochet La dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) es responsable de miles de ejecuciones, torturas, violaciones y desapariciones. Un baño de sangre que estuvo al servicio de los grandes grupos económicos chilenos y del imperialismo. Gracias a una ley de autoamnistía que preservó el régimen democrático, esos crímenes se mantienen en la impunidad, excepto por algunas condenas a cuentagotas que fueron arrancadas por la lucha de los organismos de derechos humanos, como la de los militares que torturaron y asesinaron al cantante Víctor Jara, recientemente condenados a prisión.

 A casi cincuenta años del golpe que derrocó a Salvador Allende, el diario argentino La Nación publicó este domingo 10 un reportaje al exministro del interior británico, Jack Straw, quien estuvo en el ojo de la tormenta en los años 1999-2000, cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición de Pinochet –quien se encontraba en el Reino Unido supuestamente por motivos médicos- por 94 casos de torturas contra ciudadanos españoles y el asesinato del diplomático Carmelo Soria.

 El pedido de Garzón sacudió el tablero político internacional. En aquellos días, los periódicos y noticieros de la televisión de todo el mundo seguían a diario las novedades, los entretelones de un culebrón diplomático en el que se jugaba el destino del dictador chileno. Un operativo de los gobiernos del Reino Unido, España y Chile evitó finalmente esa extradición, y el 3 de marzo de 2000 Pinochet volvía a Santiago. 

 En la entrevista con La Nación, Straw –funcionario del gobierno laborista de Tony Blair- asegura haber recibido múltiples presiones, empezando por la exprimer ministro conservadora Margaret Thatcher. “Thatcher recordaba que Pinochet fue extremadamente colaborativo proveyéndonos inteligencia durante la Guerra de Malvinas y creía que aunque habían cometido algunos excesos, debíamos ignorarlos en favor del interés británico”, afirma Straw -si alguna infamia le faltaba a Pinochet, la cumplió con el rol jugado en el conflicto en el Atlántico Sur. 

 Al mismo tiempo, Straw indica que por aquellos días trascendió una investigación para apartarlo del caso como supuesta parte interesada. Esta afirmaba que en su juventud, en 1966, había participado de una delegación estudiantil que visitó el país trasandino. La investigación, indica Straw, fue financiada por la CIA y el MI6, el servicio de inteligencia británico. Vale señalar aquí que el presidente estadounidense, George Bush, se pronunció públicamente por la liberación del dictador chileno.

 A comienzos de 2000, “cuando ya era inminente su extradición”, según la versión de Straw, la embajada chilena en Londres presentó un informe que aseguraba que Pinochet no estaba en condiciones de salud para afrontar un juicio en su contra. Un segundo informe, encargado por el ministro del Interior británico, coincidió con los argumentos. Pese a que es materia de discusión si estaba obligado a aceptar dichos informes, Straw prefirió liberar a Pinochet -dice- por temor a ser enjuiciado él mismo. “Sé que el gobierno de mi país, el de España [en manos de José María Aznar, del PP] y el de Chile tenían posiciones muy claras al respecto. Pero la decisión fue absolutamente mía”, resume Straw. Sin embargo, resulta claro que se trató de una decisión de Estado, y que él mismo fue un engranaje en la coartada que favoreció al genocida. 

 Cuando Pinochet regresó a Chile, tras 17 meses de arresto, bajó del aeropuerto en silla de ruedas para, inmediatamente después, levantarse de ella, mostrando que su delicado estado de salud había sido una puesta en escena. El dictador murió impune algunos años más tarde. 

 Reflexionando sobre ello, Straw dice: “Me puse furioso (…) Sentí que yo y el sistema británico habíamos sido engañados”. Pero el “sistema británico”, al igual que el gobierno chileno y el gobierno español, fueron los artífices del operativo de impunidad. Se encuentran documentadas por los medios las conversaciones entre los cancilleres Juan Gabriel Valdés, Abel Matutes y Robin Cook (de Chile, España y Reino Unido, respectivamente) que fueron avanzando en ese objetivo, y en las que ya se barajaba el pretexto del estado de salud de Pinochet. Ya en septiembre de 1999, Cook le pide a Valdés que le remita dichos informes. También se sabe que los tres diplomáticos se reunieron durante la cumbre de Río de la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos, a fines de junio de 1999. Allí, Cook habría dicho: “no dejaré que muera en Reino Unido”, y Matutes, “no lo dejaré venir a España”. 

 Todo este episodio es indicativo de hasta dónde llega el amparo y el operativo de impunidad para los represores. Hoy que el discurso negacionista es reimpulsado a ambos lados de la Cordillera, vale recordarlo. 

 Gustavo Montenegro

50 años del Golpe de Estado en Chile

Visita de líder cubano Fidel Castro a Vietnam consolidó históricas relaciones fraternales

La represión estatal y el conflicto armado en la República Democrática del Congo

Las fuerzas armadas mataron a 48 manifestantes que reclamaban la salida de la Monusco, misión de la ONU.

 Las fuerzas armadas congoleñas asesinaron a 48 personas que se manifestaban en la ciudad de Goma contra la presencia de la misión de las Naciones Unidas (Monusco) que se encuentra desplegada en el país desde 1999. Tras los hechos, el gobierno de Félix Tshisekedi se vio obligado a arrestar a dos de los militares involucrados y a la creación de una comisión investigadora interministerial. 

 La manifestación, convocada por un grupo religioso conocido como Fe Natural Judaica Mesiánica para las Naciones, reclamaba la partida del contingente de la Monusco, denunciando que en su larga estadía no ha protegido a la población civil del conflicto armado que involucra a más de 130 grupos en el este del Congo. 

 No es la primera vez que ocurren esta clase de protestas ni que se desata una represión. En agosto de 2022, fueron los propios cascos azules quienes dispararon contra la población, también en Goma, dejando quince civiles fallecidos (La Razón, 3/9). 

 Una historia tenebrosa 

Para entender las condiciones del despliegue de la Monusco, es necesario hacer un pequeño repaso histórico. En 1994, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), predominantemente tutsi, logró tomar el poder después de un genocidio en su contra impulsado por un gobierno hutu que dejó cerca de un millón de muertos. Ante la victoria militar del FPR, se produjo un desplazamiento masivo de la población hutu hacia la vecina República Democrática del Congo, por entonces conocida como Zaire. Desde allí, las fuerzas hutus reemprendieron el ataque contra el nuevo gobierno ruandés, reiniciándose las hostilidades entre los dos bandos. 

 El conflicto de los ‘90 entre tutsis y hutus, punto de partida del proceso más mortífero que se recuerde desde la segunda guerra mundial, tiene sus raíces en una manipulación del colonialismo belga, que forzó tal distinción durante su mandato, estableciendo un sistema de castas entre una minoría dominante tutsi y una mayoría hutu que sentó las bases de una sangrienta rivalidad.

 El gobierno del Congo, en manos del dictador Mobutu desde 1965 (un gran aliado del imperialismo yanqui, que derrocó a Patrice Lumumba en 1960 con apoyo de la CIA), apoyó a las fuerzas hutus en su contienda con el gobierno de Ruanda. Y este, junto al de Uganda, respaldó a su vez a las fuerzas rebeldes del congoleño Laurent Désire-Kabila. Tras una guerra civil de casi un año, las tropas de Kabila tomaron en 1997 la capital, Kinshasa, poniendo fin a la era Mobutu. 

 Pero las cosas no terminaron allí. Una vez en el poder, Kabila intentó deshacerse de sus aliados ruandeses y ugandeses, lo que llevó a una segunda guerra en la que intervinieron numerosos Estados africanos y murieron más de cinco millones de personas. La inmensa mayoría, por enfermedades o la hambruna derivadas del conflicto y los desplazamientos forzados de la población. 

 En 2001, Kabila falleció en un atentado y fue sucedido en el cargo por su hijo, Josep. En 2003 se estableció un gobierno de transición y formalmente la guerra terminó, aunque siguen operando hasta el día de hoy tanto la misión de Naciones Unidas como una miríada de grupos armados, en algunos casos conectados con Estados vecinos. 

 Minerales 

No son las cuestiones étnicas el verdadero motor del conflicto en el Congo. El asunto de fondo es que esta nación enclavada en el corazón del continente africano está repleta de recursos minerales como el oro, el estaño e insumos claves para la producción del coltán, que abastece a la industria tecnológica. Por analogía con los “diamantes de sangre” que eran recolectados en el marco de las guerras de comienzos del siglo XXI en Sierra Leona y Liberia (y que dan nombre a una famosa película protagonizada por Leonardo DiCaprio), se habla en el Congo de los “minerales de sangre”.

 Una reciente investigación del periodista Alfonso Masoliver, quien actuó como corresponsal en la zona, indica que la presencia y las operaciones, tanto de los grupos armados como de la propia Monusco, coinciden sospechosamente con las zonas claves de extracción minera (ídem). Muchas compañías multinacionales, a su vez, están acusadas de traficar con los recursos obtenidos en el marco de los enfrentamientos. En tanto, los obreros mineros tienen sueldos que no llegan a los 10 dólares mensuales. Otra fuerza desplegada en la zona, la de la Comunidad de Africa Oriental (CAO), integrada por tropas de Burundi, Kenia y Uganda, también está en la mira. El contingente de Uganda está acusado por 14 ONG’s de explotar recursos de un parque natural. 

 Maliver calcula que “si tenemos en cuenta el número de naciones que conforman la Monusco y la misión de la CAO, además de la posible presencia (aún sin confirmar) de mercenarios pertenecientes al Grupo Wagner [Rusia], en el este de la República Democrática del Congo se encuentran desplegadas unidades de combate pertenecientes a un total de 66 países, conformando un número de tropas extranjeras que rondan entre los 17.000 y 20.000 efectivos”. Tanzania, Angola y Sudán del Sur podrían enviar próximamente sus propios soldados. 

 Actualmente, el conflicto supera el centenar de víctimas fatales por mes y el gobierno compra armas a Estados Unidos, China e Israel para asegurar la continuidad de esta carnicería.

 Gustavo Montenegro

Terremoto en Marruecos: un crimen social y humanitario

Un sismo de 6,8 puntos de magnitud generó enormes destrozos en la zona norte de Marruecos. Las autoridades han oficializado más de 2.500 fallecidos y un número equivalente de heridos graves. Decenas de pueblos en las montañas del Atlas no han sido asistidos hasta la fecha y se presume que debido a las precarias condiciones de vida (casas de adobe y arcilla) el número de muertos seguirá en ascenso. 

 La historia del país demuestra que sismos de mediana intensidad han provocado enormes destrozos. En 1960, la ciudad de Agadir, en la costa oeste, fue destruida y dejó un saldo de casi 15 mil muertes – un tercio de su población. Este antecedente debería haber bastado para desarrollar medidas de prevención antisísmica, algo que no se ha puesto jamás en práctica en el país. Esto ha tenido consecuencias sociales con la destrucción de gran parte de las viviendas de la población de la zona, las pérdidas humanas y una gran pérdida humanitaria. Han caído mezquitas del siglo XII y parte del viejo Marrakech se ha derrumbado o ha quedado seriamente dañado. El lucro capitalista defiende, en su decadencia, la maximización de la ganancia sin importar las consecuencias.

 Marruecos en su conjunto se encuentra en una zona de colisión de placas tectónicas, donde convergen la placa africana y europea. Al día de hoy, las fuerzas de interacción entre ambas provocan que sus montañas continúen un proceso de crecimiento (4mm al año) esto debería encender las alarmas de cualquier gobierno. El nivel de derrumbes y la dificultosa puesta en práctica de una respuesta coordinada ha demostrado que el gobierno marroquí no contemplaba ni como posibilidad un terremoto en el corto o mediano plazo. 

 “Es como si nos hubiera caído una bomba” 

La población de Marrakech, vivió una situación sin precedentes. La desesperación se apoderó de la población que no contaba con indicaciones claras para desalojar sus hogares ni un trabajo coordinado para dirigirse a refugios o lugares seguros ante la posibilidad de nuevas réplicas. El agua y la comida escasean. 

La ayuda del gobierno es lenta, los rescatistas denuncian un agotamiento extremo por la falta de manos y de equipos. En las aldeas de las montañas, cuyos accesos se encuentran en muchos casos destruidos, la ayuda no ha llegado más que a cuenta gotas (La Nación, 10/08). En Moulay Brahim, un pueblo cercano al epicentro, a unos 40 kilómetros al sur de Marrakech, los propios residentes han rescatado con sus manos a los muertos de los escombros. La ayuda internacional anunciada por los gobiernos de diversos países todavía no se ha hecho realidad, los cálculos más optimistas indican la necesidad de meses y hasta años de tareas de reconstrucción. “Este es un desastre que necesita una respuesta considerablemente mayor y coordinada” destaca un corresponsal de la BBC. 

 La dilatada acción estatal se contrasta con la rápida acción de la propia población que no dudó en rescatar con sus propias manos a sus vecinos. El sábado por la mañana los hospitales desbordaron de habitantes y turistas que hacían colas para donar sangre para atender a los heridos. Los medios muestran imágenes de habitantes de otras ciudades que recolectaron donaciones y manejaron cientos de kilómetros para repartirlas entre los damnificados. Es la expresión de la irrevocable confrontación de intereses entre los trabajadores, su gobierno y el lucro capitalista. 

 Joaquín Antúnez 

 11/09/2023

50 años del Asalto Fascista a El Popular

 

A 50 años del asalto fascista a El Popular en medio de la Huelga General, se realizó una manifestación popular contra la dictadura en todo el país, en Montevideo fue en 18 de Julio, desde la Plaza Libertad. Participaron decenas de miles. 

La represión fue brutal, con carros lanza agua, gases lacrimógenos, caballería e incluso tanquetas del Ejército. En medio de esa marcha fue el asalto fascista al diario El Popular.

 CRONOLOGÍA DÍA 11

 15 días que estremecieron al UruguayEn las primeras horas del día Walter Medina, estudiante, de 16 años, es baleado por la espalda mientras pinta en un muro la frase “Consulta Popular” que queda inconclusa “Consulta Popu 

 A las cinco en punto de la tarde, decenas de miles de personas de todos los sectores sociales salieron a la calle rumbo a la avenida 18 de Julio, en el centro de la ciudad. Simultáneamente, los obreros en las fábricas ocupadas hacían sonar las sirenas. El lema coreado por todos: ”¡Tiranos Temblad!”. 

 El pueblo en la calle resistía a los carros anti motín, a los chorros de agua y los gases lacrimógenos. Un grupo de manifestantes consigue subir encima de un carro lanza-agua y desviar el chorro dirigido contra la gente. La policía se ve desbordada e interviene el ejército que dispara con metralletas sobre la cabeza de los manifestantes.

 Participaron 15 carros blindados de asalto, armados con ametralladora que después de una hora logran disolver la manifestación, se clausuran comercios y el centro es declarado zona militar.

La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay: más allá de los hechos - Fabián Harari

La administración del significado

Las armas y la Constitución de EE.UU. 

 Las constituciones nacionales suelen emplear un lenguaje abierto a las interpretaciones debido a la necesidad incluir una variedad de casos posibles mucho mayor que cualquier ley. Mucho más cuando se trata de una constitución, como la de Estados Unidos, escrita hace más de dos siglos por gente que no tenía ni idea de la realidad actual. Por esta razón, la constitución es leída como cualquier texto religioso con miles de años de antigüedad: su sacralidad y oscuridad crecen con el tiempo, por lo cual la lucha teológica y política se concentra en su interpretación. 

 En las repúblicas, esa interpretación está administrada por los congresos y, en última instancia, por las cortes supremas―ambas instituciones profundamente políticas, a pesar de la necesidad de sacralidad de presentar esta última como un cuerpo compuesto por técnicos imparciales de la ley, algo que se refuta solo desde los debates partidarios para la elección y confirmación de sus miembros. 

 ¿Cómo manipular y cristalizar el significado de una línea de la constitución que afectará la vida y la muerte de millones de personas por generaciones? Los poderosos lobbies de Estados Unidos lo explican muy bien con ejemplos y éxitos concretos: como en la historia de cualquier secta marginal que se convierte en dominante, como en la historia de cualquier religión que se mantiene en el poder político por siglos, básicamente se trata de una lucha desigual por el capo semántico (ahora conocida como “batalla cultural”). Suele llevar un buen tiempo, pero los lobbies no carecen de organización ni de dinero ni de una paciencia religiosa que va más allá de las ansiedades de los pequeños negocios. 

 Veamos el relevante caso de la Segunda Enmienda. Según la Corte Suprema de 1939 (Estados Unidos v. Miller, 307 U.S. 174), la protección de la posesión de armas de la Segunda Enmienda se aplicaba a la membresía en “una milicia bien regulada” en lugar de un derecho individual. El incremento de la violencia en las calles durante los años 60 llevó a una mayor regulación de las armas de fuego limitando la posesión a drogadictos y personas con problemas psiquiátricos, lo cual produjo una reacción del lobby en los 70. A partir de entonces, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) comenzó a crear archivos de cada miembro del Congreso y de la Casa Blanca “utilizando datos computarizados para ejercer influencia sobre los funcionarios electos”. Según una reciente investigación del New York Times, un documento interno de la NRA fechado en abril de 1983 estableció el objetivo a largo plazo y la estrategia inmediata: “cuando un caso de control de armas llegue a la Corte Suprema, queremos que los secretarios de los jueces encuentren antecedentes existentes de artículos de revisión de leyes y casos de tribunales inferiores que defienden los derechos individuales”. En un informe interno de ese mismo año, el NRA identificó a sus principales enemigos: “universitarios, intelectuales, políticos, educadores, religiosos y también, hasta cierto punto, líderes comerciales y financieros del país”.[i] 

 No todos los políticos eran enemigos de la NRA. Algunos estaban en sus directorios, como el congresista John D. Dingell Jr., representante de Michigan en Washington por 56 años, bancada que meritoriamente heredó de su padre. Esto es posible debido a que, según la legislación, los legisladores pueden servir como directores no remunerados de organizaciones sin fines de lucro. El NRA está clasificado por el gobierno como una “organización de bienestar social” sin fines de lucro. 

 En diciembre de 1963, luego del asesinato de Kennedy con un rifle comprado a través de una publicidad de la NRA, Dingell advirtió en una audiencia sobre “un creciente prejuicio contra las armas de fuego” y defendió la compra de armas por correo. Diez años después, desde el Congreso, afirmó la necesidad de usar “todos los recursos disponibles en todos los niveles para influir en el proceso de toma de decisiones” a favor del lobby de las armas.[ii] 

 Finalmente, en 2008, el lobby sobre el lenguaje social y mediático llegó a la crítica literaria de la Corte Suprema que estableció la posesión de armas como un derecho individual, lo que obligó a todos los tribunales desde ese nivel hacia abajo a aceptar la nueva interpretación conservadora. En 2022, la Suprema Corte (con mayoría de miembros elegidos por presidentes conservadores, alguno de los cuales fueron criticados por recibir regalos y favores de sus amigos millonarios), determinará que es inconstitucional limitar el derecho portar armas en público en base a una razón específica, como lo había hecho el estado de Nueva York.

 Sin contar el tráfico legal e ilegal de armas hacia países como México, actualmente, solo en Estados Unidos existen 400 millones de armas de fuego en manos de civiles. La cantidad de rifles tipo AR-15 pasó de 400.000 en 2006 a 2,8 millones en 2020. Todo en nombre de la libertad y la correcta interpretación de una línea de un texto escrito en 1791.

 Jorge Majfud. Extracto del libro Moscas en la telaraña: Historia de la comercialización de la existencia―y sus medios.

[i] McIntire, Mike. “The Secret History of Gun Rights: How Lawmakers Armed the N.R.A”. The New York Times, 30 de julio de 2023, Sección 1, P. 1.

[ii] Idem.