Uruguay deberá vender el águila del Graf Spee para pagar a quienes rescataron el emblema nazi

El barco alemán protagonizó la batalla del Río de la Plata al comienzo de la Segunda Guerra 

 La Justicia uruguaya falló a favor de dos hermanos en litigio con el propio Estado por los elementos rescatados frente a las costas de Montevideo que pertenecieron al buque alemán Admiral Graf Spee. Concretamente, Uruguay deberá vender el águila del buque de guerra y el telémetro que encontraron los hermanos Felipe y Alfredo Etchegaray. 

 Se trata de un fallo de segunda instancia, dictado por el Tribunal de Apelaciones, que ordena llevar el águila y el telémetro (un instrumento para medir distancias en el mar) a un remate público o a un llamado a precios, tal como está estipulado en el organigrama del Estado. Lo obtenido por las ventas irá a los bolsillos de los Etchegaray. 

 Son “muchos años litigando contra el Estado, luego de obtener los permisos correspondientes para la búsqueda y rescate de los elementos”, dijo Alfredo Etchegaray sobre la sentencia. Él y su hermano costearon la operación para encontrar esos elementos en las profundidades. 

 Uruguay y el águila del Graf Spee 

La historia del litigio se remonta a 2004, cuando formaron un contrato con el gobierno de Uruguay. Ese año encontraron el telémetro entre los restos del Graf Spee. A los dos años hallaron el águila, que pesa más de 300 kilos. Ubicada en la proa del navío, tiene una cruz esvástica tallada.

 Entonces comenzaron los problemas judiciales. Uruguay se negó a pagar. Fueron a juicio y en primera instancia ganaron los Etchegaray. Ese fallo obligaba a vender el material y compartir la mitad de las ganancias con los hermanos. Tras el fallo de segunda instancia, el gobierno uruguayo puede apelar a la Corte Suprema, pero eso no quita que debe cumplir con la sentencia. 

 Los Etchegaray podrían pedir la imposición de una multa al Estado por cada día de incumplimiento hasta tanto se cumpla con lo ordenado por la Justicia. La causa tuvo sus demoras por la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de coronavirus, que llevó a dos pedidos de prórroga por parte de los abogados del Estado. 

 Tras conocerse la sentencia, el ministro de Defensa, Javier García, informó que el gobierno de Luis Lacalle Pou se asegurará de que el destino de la venta del águila "no sirva para publicidad ni culto nazi”. El gobierno alemán buscó este tiempo que el águila no saliera a la venta para evitar que la compren nostálgicos del nazismo. De hecho, desde Berlín adujeron que su destino final debería ser un museo 

 La batalla del Río de la Plata y el Graf Spee

 La batalla del Río de la Plata fue uno de los primeros grandes relatos que suscitó la Segunda Guerra. Ocurrió en diciembre de 1939 y significó la única acción bélica del conflicto más grande de la historia en el Atlántico Sur, además de ser el primer combate naval entre Alemania y el Reino Unido en la contienda.

 El 13 de diciembre de 1939, el Graf Spee se enfrentó a tres buques ingleses en el estuario del Río de la Plata: el Ajax, el Aquiles y el Exeter. El barco alemán quedó averiado y el capitán Erich Langsdorff atracó en Montevideo. La tripulación quedó en la Argentina. La presión diplomática obligó al barco a zarpar. Langsdorff ordenó hundir el barco apenas soltó amarras, el 18 de diciembre, y después se suicidó en Buenos Aires.

 Página/12

¿Cuál era el país mejor preparado ante una pandemia?

El miedo a los de abajo

La LUC y la militarización de las sociedades: Los países y los estados más armados no son los estados más seguros; los mayores índices de criminalidad coinciden con mayores índices de desigualdad. 

 Un día de 1987, mis abuelos fueron a la capital de Uruguay para hacerse análisis médicos y, por razones económicas, me dejaron solo en su granja, donde yo solía pasar las vacaciones. El Tata me dejó su escopeta y me dijo que no la tocase si no tenía necesidad. Sin electricidad, las noches en la granja eran interesantes pero muy oscuras y, a veces, algunos cazadores cruzaban su propiedad sin permiso.

 “Dejalos pasar”, me dijo. “Si alguien se acerca a la casa para robar, agarrá la escopeta. Si no tenés más remedio que disparar, apuntale a los pies. Mi granja no vale la vida de nadie ni la carga de conciencia que te quedaría para el resto de la vida si matas a alguien”. 

 Ahora, cada vez que escuchamos los discursos reclamando más seguridad, cada vez que vemos las acciones de “defensa” de los imperios o leemos las nuevas leyes de los países civilizados, podemos pensar lo contrario: la propiedad privada es más sagrada que la vida ajena.

 De las invasiones imperiales en nombre de la “defensa propia” he escrito algo. Ahora quisiera echar una mirada a ese pequeño país, Uruguay, relativamente pacífico y civilizado. 

 El nuevo gobierno conservador se reservó un paquete de reformas al Código penal para después de las elecciones presidenciales de 2019 (por lo cual llamarlo “Ley de Urgente Consideración” fue otra ironía rioplatense) y logró aprobarlo unos meses después. Actualmente, 135 artículos de este paquetazo están bajo amenaza de ser derogados por un referéndum popular. Algo semejante al referendum de 1992 que detuvo la ola neoliberal, cuando el padre del actual presidnete era presidnete. 

 El lenguaje técnico de los nuevos artículos de la LUC no difiere de sus versiones de 2008, pero en cada detalle exuda su ideología, propia de las clases altas en el poder: los problemas de “la gente bien” se resuelven con mano dura, con más represión, con la criminalización más temprana de adolescentes (pobres) y limitando el ejercicio de la democracia en la base de la sociedad. Más allá de la narrativa moderada de cada nuevo artículo, claramente podemos ver una criminalización de un lado de la sociedad para proteger los intereses y los privilegios del otro lado. En la mayoría de los casos son intereses y privilegios fantasmas, es decir, adoptados como promesa de ese ascenso social que nunca llega, excepto en la fantasía de los individuos aferrados a pequeños “éxitos”.

 El objetivo de la LUC son, socialmente hablando, los pobres. Ahora, quienes promueven su derogación en el referéndum publican videos sobre la violencia policial como factor reivindicado por la nueva ley, sin darse cuenta que en todo el mundo las clases medias le temen más a los de abajo que a los de arriba. Según esta psicología, los pobres nos roban con los impuestos y nos roban la billetera en el autobús. Los ricos no. Los ricos saben robar sin que te sientas ni inseguro ni estafado. De hecho, les agradecemos por no estar peor, como los pobres. Es la tradicional moral del esclavo: cualquier mínimo privilegio se lo acreditamos a los que mandan; cualquier pérdida es culpa de los insaciables y perezosos esclavos que siempre quieren más. 

 Uno de esos factores de la nueva Ley es la legalización implícita del “arresto ciudadano”, lo cual se puede rastrear en los linchamientos y las leyes Jim Crow en Estados Unidos para controlar a los negros convertidos en ciudadanos luego de la Guerra Civil. En Uruguay, el racismo ideológico ha sido mínimo (nunca hubo un equivalente al KKK o al partido Nazi), pero nuestro orgullo antirracista debería ser revisado seriamente cuando se trata de racismo cultural y estructural. Esa actitud que nos lleva a sentir “orgullo legítimo” por ser rubios y europeos y, en el mejor de los casos, un “orgullo reivindicativo” por ser pocos indios y negros tan buenitos. Otra consecuencia del colonialismo internacional (imperialismo) y del clasismo nacional (patriotismo). 

 También la tendencia a la proto militarización de la policía en la LUC es otra importación inadvertida. Es la carta de los conservadores en Occidente para reprimir manifestaciones y rebeliones, producto de las políticas neoliberales y capitalistas bajo la vieja excusa de combatir la delincuencia y el desorden producidos por el mismo sistema ideológico que los crea. Chile, Colombia y EEUU tienen más experiencia. 

 El Artículo 45, por ejemplo, mencionando la “Oportunidad para el uso de la fuerza” la justifica “cuando el personal [policial?] advierta la inminencia de un daño [y] deba disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden público, o que no sean pacíficas”. El artículo 30 de 2008 establecía que “En toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir [y] está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros”. Por lo cual la sutil y secreta reforma de la LUC consiste en establecer (Artículo 31 bis) la “Presunción de legitimidad de la actuación policial: Salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones, es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”. 

 El nuevo artículo 43 establece, bajo el mismo espíritu del control y la represión como prerrogativas del derecho ajeno, que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera. […] Cuando una persona se niegue a identificarse […] podrá ser conducida a la correspondiente dependencia policial”. Otra vez, la discreción del caso recae en cada policía, quien podrá detener a cualquier ciudadano sin documentos, no basado en un delito cometido sino en una sospecha. 

 Para no hacerlo infinito, un último ejemplo referido a la educación y al miedo a la democracia directa. El Artículo 76 de 2008 establecía que “En todo centro educativo público de Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior y Educación Técnico-Profesional, funcionará un Consejo de Participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. Los respectivos Consejos de Educación reglamentarán su forma de elección y funcionamiento”. Para corregir este descontrol de decisiones en las bases de la sociedad, la LUC corrige la última línea: “Las respectivas Direcciones Generales propondrán al Consejo Directivo Central la reglamentación de su forma de elección y funcionamiento”.

 Ni la LUC ni las políticas de los gobiernos de derecha priorizan las causas de la violencia sobre la represión de sus consecuencias. Lo cual no sólo sería de justicia social sino también de interés general. Un botón de muestra que observo en Estados Unidos y es extensible a sociedades (económicamente) más pobres: El cerebro de un individuo no madura ni se estabiliza por lo menos hasta los 25 años. Quienes son ricos o clase media acomodada pueden y saben cómo tratar a sus hijos más problemáticos, muchas veces jóvenes violentos o deprimidos, con los mejores psicólogos y psiquiatras y con la mejor comprensión de un problema que no se resuelve a fuerza de palos. Los hijos de los pobres (negros, en Estados Unidos) terminan en la cárcel y allí hacen posgrados de delincuencia.

 Sólo esta observación debería ilustrar lo que quiere decir “injusticia social”. Pues no. Para nuestros hijos, profesionales. Para los hijos de los de abajo, policía y mano dura, lo que de paso confirma todos los estereotipos de la cadena cultural. 

 Los países y los estados más armados no son los estados más seguros; los mayores índices de criminalidad coinciden con mayores índices de desigualdad. Pero no nos engañemos: debido a la pandemia, la criminalidad ha descendido en muchos países. Lo mismo las protestas sociales, que reventarán cuando la pandemia y la autorrepresión pasen. 

 Al día de hoy, las encuestas informan que el referéndum contra la LUC perderá por amplio margen. Al día de hoy, hay esperanzas de que el pueblo uruguayo reaccione. Como siempre, en el último minuto.

 Jorge Majfud | 30/12/2021

Luis Lacalle provoca al pueblo… y el pueblo uruguayo responde

Peligra que se apague la histórica chimenea de la refinería de la planta de combustibles de la estatal petrolera ANCAP, en el barrio obrero montevideano de La Teja. La primera y única vez que apagó su llama había sido en 1973 en protesta contra el golpe de Estado. 

 El gobierno tensa las relaciones con los sindicatos y los mismos responden con medidas combativas. Los conflictos se elevan cuando la Corte Electoral confirma la fecha del referendo (27 de marzo) contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). A pesar de las adversidades y en pandemia, otra vez el pueblo uruguayo dio vuelta la taba. 

 De hecho, las casi 800 mil firmas logradas en la movilización popular (en un país de poco más de tres millones de habitantes) en julio ya tuvo consecuencias palpables, como la decisión dl gobierno de postergar gran parte de su agenda, e incluso dejar de aplicar el procedimiento previsto en artículos impugnados de la LUC para fijar precios de los combustibles, que habría determinado sucesivos aumentos mensuales.

 Gana terreno la noción de que el referéndum será una expresión de apoyo o de rechazo a todo lo que el gobierno nacional se propuso hacer. El problema, nada menor (para ambas partes), es que luego del 27 de marzo quedarán casi tres años antes de las elecciones de 2024, y carece de sentido pensar que, en ese largo período, el oficialismo debe tener carta blanca o abandonar todos sus planes, advierte el analista Marcelo Pereira.

 La llama y la chispa 

 El presidente de los trabajadores petroleros (Fancap), Gerardo Rodríguez, señaló que “ante la denuncia unilateral por parte de ANCAP del convenio colectivo donde queda sin efecto la obligación de Fancap de brindar guardia gremial ante paros sindicales, se acuerda una parada excepcional para la refinería de La Teja”. 

 Añadió que, en el uso del derecho a huelga y en un día histórico (7 de diciembre), “resuelve por primera vez en la historia en democracia, que la refinería de La Teja para junto a todas las áreas de ANCAP en defensa del portland y la decisión popular de los referéndums 1992 y 2003”.

 Estas fechas a las que alude Gerardo Rodríguez son emblemáticas y significativas. La primera en la década de los 90, cuando el padre del actual presidente pretendió liquidar las empresas públicas. Luego en el 2003, con el gobierno colorado del difunto neoliberal Jorge Batlle se pretendió, luego de la crisis del 2002, liquidar ANCAP. En ambas ocasiones el pueblo ajustició con miles de votos en las urnas al proyecto privatizador. 

 La secretaria general del sindicato, Natalia Belo, calificó la medida gremial como excepcional, ya que desde 1973 no se había vuelto a concretar la suspensión de las actividades de la refinería. Belo cuestionó que las autoridades digan que se trata de una medida “irreflexiva” por parte del sindicato, cuando era “tan sencillo como mantener el principio de ultractividad, es decir, que se mantuviera el convenio anterior durante la negociación de un nuevo convenio”. 

 “Pretenden deshacerse del negocio, de la soberanía, eliminar un montón de puestos de trabajo y ceder la riqueza de la piedra caliza a privados. Lamentablemente, no se está poniendo arriba de la mesa; el pueblo ya decidió en 2003 que quería Ancap estatal y pública”, expresó. 

 Luis Lacalle Pou, finalmente dio un discurso en la cena de fin de año de la Cámara Española de Comercio, que tuvo lugar en el Club de Golf del Uruguay. “Tienen derecho de parar, nosotros de avanzar. Aunque el statu quo quiera seguir teniendo un lugar en su empresa pública que da pérdida, vamos a seguir adelante porque lo comprometimos”, dijo el presidente. A su vez el Directorio de Ancap dispuso “que gerencia inicie trámites para importar combustible” 

 A esto se suma la liberalización de importaciones en los aeropuertos, donde antes la empresa estatal tenía el monopolio. Además de la concesión directa entregada a privados de seis aeropuertos del interior y la extensión del Aeropuerto de Carrasco y Laguna del Sauce a Puerta del Sur, filial uruguaya del grupo Corporación América Airports del empresario argentino Eduardo Eurnekian.

 Sigamos con la lista: entrega del puerto a una multinacional belga hasta 2081, la frontera entregada a Brasil en medio de la pandemia solo para consumo en la frontera con el Chuy y Rivera; la extranjerización de la tierra y las concesiones a pastera finalandesa UPM. Fronteras, puerto, aeropuertos, tierra a remate. ¿Qué más queda? 

 Bueno, una posible respuesta es la de medrar y debilitar al movimiento sindical y popular para que no frene ni luche contra las medidas entreguistas de este gobierno. Pero hay noticias para Lacalle Pou… 

 Extra, extra 

 En la misma semana el Frente Amplio le envió la fuerte señal al gobierno de que se está recuperando de manera vigorosa con sus elecciones internas, alcanzando 130.000 votantes en elecciones no obligatorias. Sumado a esto, la Corte Electoral informó que el 27 de marzo será el referendo contra la LUC. 

 Este miércoles se validaron las 671.544 firmas necesarias para habilitar la votación. En rueda de prensa, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, informó que se imprimirán papeletas rosadas para el Sí (a favor de derogar 135 artículos de la LUC) y celestes para No (en contra de derogar los artículos). 

 Parece 1973 

 Este jueves 9 de diciembre se realizó una marcha desde la Suprema Corte de Justicia hacia el Palacio Legislativo en contra del proyecto de ley presentado por la formación política de extrema derecha Cabildo Abierto, que pretende otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años. Lo que parece un simple proyecto de ley, en realidad tiene nombre y apellido.

 Este proyecto influye directamente a los presos vip de la cárcel de Domingo Arena donde el 90% son condenados por delitos de lesa humanidad durante al dictadura (1973-1985), que la mayoría obviamente supera los 65 años. La medida no aplicaría para casos de violación y homicidio agravado así como tampoco para delitos de lesa humanidad a partir de 2006. Una verdadera infamia. 

Nicolás Centurión | 11/12/2021

Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Coronavirus en Argentina: la inmunidad de rebaño

El país se encuentra en un brote de contagios que acelera rápidamente, en 14 días se triplicaron los casos. En Córdoba el contagio es 5 veces más rápido que las “olas” anteriores. Entre el 20 y 26 de Diciembre el alza de contagios fue de un 217%. Afrontamos aproximadamente 34.000 nuevos contagiados.

 En este contexto, Carla Vizzoti, Ministra de Salud, decidió declarar a los contactos estrechos como “nuevos positivos”, para evitar el testeo. Lo que sucede es que las UFU están comenzando a colapsar, por la gran demanda por parte de la población para testearse y el poco personal de salud que hay contratado en los hospitales. Los testeos a su vez escasean, por lo que este anuncio significa sustituir el diagnóstico médico por una reclusión que nadie controla, o sea, una lavada de manos. Lo mismo hacen, por ejemplo, Estados Unidos e Italia, el primero mandando a casa al contagiado por cinco días, el segundo por tres días. Alberto Fernández sugirió también el “autotest”, en una farmacia cercana. Trata de evitar el aumento del presupuesto de Salud y cumplir con el FMI.

 Holanda y China aplicaron cuarentenas que lograron disminuir el porcentaje de infectados. China con una política “Covid cero” ha implementado en el día de hoy otro nuevo confinamiento en la ciudad de Xian con 13 millones de habitantes y 143 contagios. Con esta política, China es el primer país en lograr una ‘recuperación económica’ que al mundo capitalista de la ‘nueva normalidad’ le resulta esquiva. El gobierno chino tiene los ojos puestos también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín para 2022 y la nueva temporada del año nuevo lunar, dos eventos que atraen al turismo y por lo tanto las ganancias. China logró eliminar casi por completo el virus (en el día de hoy los confirmados positivos fueron 371, sin muertes, en el país más poblado del mundo). Es también el país con mayor desarrollo de pruebas masivas para la detección de posibles infecciones del virus. 

 EE UU y Argentina defienden a muerte la ‘nueva normalidad’, o sea, la convivencia con el Covid. Siguen la lógica de la inmunidad de rebaño. Han acortado el periodo de aislamiento para contactos estrechos, y para infectados sin síntomas es de 5 días. Sin aplicar ninguna medida preventiva. Así, han llegado al medio millón de contagios. Al mismo tiempo, tiene el récord de trabajadores que renuncian a su trabajo debido a las condiciones insostenibles de la presencialidad. Además registra un gran proceso de huelgas.

 En Argentina, tampoco se han implementado medidas preventivas en plena celebración de las fiestas, y cuando hay una suba en el turismo estacional.

 El gobierno de Buenos Aires dictaminó que “(los) profesionales médicos y no-médicos son personas habilitadas para la realización de testeos COVID-19”, una manera de no aumentar el personal de salud requerido en los hospitales. Sin embargo, los médicos en las UFU ya han comenzado a manifestarse: en Navidad algunas UFU pararon sus servicios, a su vez enfermeros se concentraron en la Casa de Gobierno el pasado 28 de Diciembre, para reclamar aumentos salariales, la reapertura de paritarias y el cobro del bono de fin de año.

 Los trabajadores de la salud reaccionan ante la política del capital, que busca el beneficio económico antes que la salud de la población, recargando al personal sanitario sin haber modificado sus condiciones laborales ni salariales. Esta situación va a extenderse a las fábricas, empresas y a los propios hospitales, generando comités de trabajadores, primero para el armado de protocolos de cuidado, que han sido suprimidos cuando se declaró ‘la pos-pandemia’, enseguida con el reclamo del cese de la ‘presencialidad’ en los lugares de trabajo. La nueva variante, Ómicron, se ha ensañado con los mismos, lo que desautoriza los ‘discursos’ de Fernán Quirós y Larreta. 

 Florencia Suárez 

 29/12/2021

No mientan más: las tres primeras vacunas anticovid de América Latina son cubanas

Uruguay exporta cereales y ganado e importa fugadores seriales

En ambos márgenes del Río de la Plata la política tiene sus vaivenes y correlatos desde tiempos de la conquista española. En este continium histórico, la reciprocidad de las élites de un lado y el otro lado sigue existiendo.

 Por un lado Uruguay rompe records de exportaciones de ganado y cereales, mientras por lo llano los trabajadores rurales reclaman. Por el otro, los millonarios argentinos que no quieren ceder ni un sólo dólar de su fortuna para paliar la crisis provocado por la Covid-19, se refugian en la esquina sur del continente, buscando paz…y que nadie les toque la caja fuerte. 

 Advierten que el impuesto a la riqueza en Argentina provocará fuga de inversiones a Uruguay. El director del programa de Latinoamérica del Wilson Center dijo que el impuesto contribuirá a que Uruguay reclute “argentinos adinerados”, titulaba el sitio Montevideo Portal. 

 Hasta el diario inglés The Guardian se ocupó del tema y señaló que los argentinos acuden en masa a Uruguay en medio de la pandemia», donde asegura que se mudaron entre 15.000 y 20.000 argentinos desde que empezó la pandemia. 

 Añadió que Uruguay está fomentando el flujo. No solo redujo el valor mínimo de las propiedades que los extranjeros deben adquirir para obtener la residencia fiscal de 1,7 millones de dólares a solo 380.000 dólares a principios del 2020, sino que también aprobó una nueva ley que ofrece a las personas que llegan una «moratoria fiscal» de 10 años, añadió.

 La pandemia y parece que el impuesto a las grandes fortunas contribuyeron para que personajes de la plana mayor del empresariado argentino se mudaran hacia el Uruguay. Ejemplo de ello es el director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien se vino a vivir a Uruguay tras las elecciones presidenciales de Argentina. 

 Incluso el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Galperin en el megatambo que está desarrollando en tierras orientales. Otros ejemplos fueron el de Federico Tomasevich (de Puente) y Gustavo Grobocopatel del grupo Los Grobo. 

 Estos movimientos de son medianamente inusuales al compás mundial. El último informe del Instituto Internacional de Finanzas señala que “existe una salida extraordinaria de capitales desde los países emergentes hacia activos seguros del mundo desarrollado.” El movimiento de estos grandes capitales argentinos es porque gravitan a nivel regional pero, por otra parte, no pueden competir para invertir en mercados internacionales. 

Mientras que Uruguay importa grandes fugadores seriales, exporta materias primas con cifras records. Las exportaciones crecieron 33,4 % en el primer semestre de 2021, sin contar lo vendido desde las zonas francas, anunció este jueves el informe de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

 Si se compara con junio de 2020, hubo un incremento de 12,6 % en las exportaciones respecto al mismo periodo. La UEU detalla además que, si se incluye lo exportado desde las zonas francas, el aumento registrado es de 43,3 % en junio y de 32,5 % en el primer semestre. 

 El aumento de las exportaciones hacia China han sido exponenciales, con un 160,49 % por colocaciones de carne, soja, madera y lácteos, o hacia Brasil por un 49,28 % de aumento tras la venta de lácteos y vehículos y hacia Argentina con 23,73 % de suba en exportaciones de plásticos, autopartes y productos farmacéuticos. 

 El principal destino de las exportaciones uruguayas continúa siendo China (24,1 %), seguido de Brasil (17 %), Estados Unidos (6,8 %), Argentina (4,6 %) y Países Bajos (2,5 %), entre otros. 

 Todos estos números podrían reflejar cierta bonanza en el campo, pero la realidad plantea otro panorama. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) denunció que en 2020 la caída de ingresos en hogares rurales fue del 4,7%, cuando el sector empresarial del agro tuvo exoneraciones de 139 millones de dólares. 

 En las rondas de negociación salarial el gobierno planteó desregulación laboral proponiendo dos laudos para estos sectores de actividad, en “donde existe resistencia a incorporar cambios más beneficiosos para los trabajadores tanto en mejoras de ingresos, como en condiciones de trabajo y beneficios en un ámbito en donde los mecanismos de contralor denotan dificultad y ciertas ineficacias para garantizar cumplimientos de derechos laborales”, reclama la Unatra. 

 Esta situación ha obligado a la delegación de trabajadores «revolver como gato entre la leña, para lograr un 3,5% de recuperación de salarios perdidos, y un total de ajuste salarial de un 14% en un convenio a dos años, sorteando los lineamientos”

 El Presidente Lacalle Pou finalizó recientemente una gira por Qatar, país donde las libertades individuales mínimas no son respetadas, existe trabajo esclavo, el mundial de fútbol a disputarse el año próximo viene teñido de corrupción y no se han consagrado elecciones desde hace más de cinco décadas. Así y todo Lacalle Pou olvidó su rol de “líder mundial” y paladín de la democracia como quiso posicionarse en la Cumbre de la OEA contra Cuba, Nicaragua y Venezuela.

 China sigue siendo el principal socio exportador, y ahora se busca tender una línea con Qatar. La democracia para este gobierno de coalición derechista, es algo relativo, según la inversión que se ponga sobre la mesa.

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

¿Un Ejército de la Unión Europea?

El jefe diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, presentó en noviembre pasado, ante el Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa, la denominada “Brújula Estratégica”, un proyecto cuyo fin es avanzar hacia la creación de un Ejército europeo. El documento busca fijar una estrategia y diseñar una orientación política «acorde» al presente cuadro internacional, a saber, signado por fuertes choques comerciales y por una agudización de los enfrentamientos militares. Se trata de un tópico de larga data, que ha suscitado importantes debates al interior de la UE, y cuya puesta en marcha pretende ser una superación de las maniobras conjuntas que actualmente llevan adelante los ejércitos nacionales. Detrás de este curso, asoma el intento de reforzar el imperialismo europeo, y por lo tanto de la tentativa de profundizar la opresión de la clase obrera del viejo continente y del mundo. 

 El debate sobre un ejército europeo cobró fuerza en noviembre de 2019, después de las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien destacó que la Otan, la alianza militar que integra a Estados Unidos y varios Estados del viejo continente, se encuentra en estado de “muerte cerebral”. Cabe señalar que la posterior retirada unilateral de los norteamericanos en Afganistán, sin ninguna coordinación con sus socios europeos, irritó a Bruselas.

 El documento, de aprobarse en marzo de 2022, tendrá su traducción material en la creación de una fuerza de defensa con “capacidad de actuar cuando sea necesario”. Comenzaría sus operaciones en 2022, con el desarrollo de maniobras en el campo cibernético, en aras de reforzar las herramientas para actuar ante las llamadas “guerras híbridas” (uso de la fuerza con métodos “no violentos”, como la desinformación y los ataques informáticos, etcétera), para transformarse ulteriormente, a partir de 2025, en un Ejército de 5.000 uniformados. La organización y el mando de las tropas quedarían bajo la égida del Estado Mayor de la UE, que hasta ahora ha asumido el control de “misiones no bélicas” (sic), “centradas en la formación en terceros países, como Malí, Somalia o República Centroafricana” (El País, 15/11). La financiación de las tropas, asimismo, estaría a cargo del presupuesto comunitario de la UE. 

 La necesidad de una cooperación militar aparece, según sus impulsores, debido a la “creciente hostilidad de los países que se desmarcan del multilateralismo (guerra comercial y choques entre los Estados) y por el repliegue de Estados Unidos como guardián de los intereses de Occidente”. El borrador apunta contra Rusia, Bielorrusia y alude al conflicto en Ucrania. Desde el punto de vista de los intereses de las burguesías europeas, además, este reforzamiento del militarismo apuntaría a conquistar nuevas esferas de influencia en el mercado mundial, como en la región del Indo-Pacífico, una porción del globo atravesada por todo tipo de choques entre las distintas potencias. 

 Ahora bien, ¿tiene viabilidad el planteo de un ejército europeo? En el marco de las fuertes tendencias a la disgregación de la Unión Europea, es más que dudoso. 

 De hecho, el proyecto, que recogió el apoyo inicial de países como Francia, Alemania y España, ha encontrado una oposición en otros como Países Bajos, Suecia y Dinamarca, y como era de esperarse en aquellos euroescépticos, como Hungría y Polonia, cuyo gobierno está alineado a Estados Unidos. París misma, que en un principio defendía una autonomía militar, se ha terminado mostrando como una de las capitales más proclives a no apartarse de la Otan, a la cual considera un paraguas militar y nuclear imprescindible. La Unión Europea viene asumiendo una mayor independencia en sus movimientos frente a Washington (de hecho, no sigue incondicionalmente la política de sanciones contra China), pero no es suficientemente fuerte para crear una alternativa propia a la alianza atlántica. 

 Incluso se han manifestado discrepancias entre Berlín y París, que se encuentran a la cabeza de los dos mayores proyectos industriales del sector armamentístico, con la construcción de un sistema de combate aéreo. El proyecto de marras ha peligrado en varias ocasiones como consecuencia de las rispideces entre ambos países. Por otra parte, Italia y Polonia temen quedar relegadas y sometidas a un dominio de la industria franco-alemana. En definitiva, se pondera un ejército europeo pero terminan aflorando las rivalidades nacionales. Ni siquiera hay una homogeneidad entre sus integrantes respecto a China y Rusia, ya que se cruzan todo tipo de intereses económicos. 

 La idea de implementar la Brújula Estratégica está condicionada por este conjunto de contradicciones, cuyo telón de fondo es la crisis capitalista mundial y sus expresiones en el viejo continente. El hecho de que las burguesías europeas no hayan podido avanzar en esta línea en momentos donde la UE era más pujante cuestiona la viabilidad actual de esta empresa, que requiere de grandes recursos financieros en un marco donde los Estados se hallan en bancarrota y reina la austeridad. Además, un eventual funcionamiento de la Brújula deberá pasar por el toma y daca del Consejo Europeo, cuyas resoluciones militares requieren el voto unánime de sus miembros. 

 En oposición al militarismo imperialista, se vuelve imperioso que la clase obrera continental luche por la unidad socialista de toda Europa.

 Nazareno Kotzev

Ucrania: la tentación de cruzar el Rubicón

En la antigua República de Roma, el cruce del río Rubicón hacia Roma, por parte de las legiones, se hallaba prohibido, para proteger a la capital de golpes de estado. El primero en violar esta ley fue Julio César. Así desató una guerra civil que terminaría con la destrucción de la República y su coronación como Emperador. El cruce del Rubicón significa un punto sin retorno. 

Desde hace años, lento pero seguro, la guerra en Ucrania se ha ido acercando a las orillas de su propio Rubicón. Desde principios de noviembre, comenzó a circular la versión de que Rusia había comenzado otra concentración de tropas, con el propósito de invadir Ucrania. En un primer momento, el propio ministerio de Defensa ucraniano negó estas versiones como propaganda psicológica orquestada por los rusos (Reuters, 1/11). No obstante, a los pocos días, Ucrania inició su propia movilización de tropas hacia las regiones del Este, que según el Kremlin estaría en el orden de los 125.000 soldados (Reuters, 1/12). Al poco tiempo, los mismos medios estadounidenses reportaron que los rusos estarían concentrando 175.000 soldados listos para invadir (Washington Post, 3/12). 

 Putin demanda garantías legales de que Ucrania no ingresaría nunca a la OTAN. La respuesta textual de Biden fue que él no acepta las ´líneas rojas´ de nadie (TASS 4/12). No obstante, entre lo que fue omitido y clarificado en los días posteriores emergen definiciones que apuntan a un intento de desescalar la situación. Por parte de EEUU se aclaró que el apoyo a Ucrania consistiría principalmente en fuertes sanciones económicas contra Rusia. La sola mención por parte de la flamante nueva ministra de Relaciones Exteriores de Alemania – del partido Verde, hostil a Rusia –, Annalena Baerbock, de que el gasoducto Nord Stream 2, recientemente terminado, podría ser bloqueado para presionar a los rusos (Der Spiegel, 13/12), provocó un salto automático en el precio del gas, para horror de los industriales alemanes y alegría de los rusos (RT, 14/12). Por otro lado, de acuerdo a fuentes norteamericanas, la membresía de Ucrania a la OTAN no se concretaría hasta dentro de por lo menos una década (Associated Press, 9/12). 

 Aún en este caso, una ´tregua´ de la Casa Blanca con Rusia no podría ser más que temporal. La estrategia del Pentágono para con Rusia no ha cambiado en tres décadas ni cambiará ahora por las necesidades coyunturales de un presidente perseguido por la debacle en Afganistán. Esa estrategia apunta a una eventual balcanización de Rusia por medio del uso de las sanciones económicas como un instrumento de guerra y la presión militar misma. Además, esta estrategia de larga data tiene un propósito adicional, que sería quitarle a China un aliado estratégico. China mira a Rusia como proveedora de los recursos que le serían negados por un eventual bloqueo naval norteamericano. Por lo tanto, la estrategia anti-china requiere desarmar la alianza sino-rusa, incluso mediante un cambio de régimen. Es otra manifestación de que la disolución de la Unión Soviética no es un proceso pacífico, ni respondió a una decisión ‘autónoma’ de la vieja burocracia stalinista. 

 En esta estrategia, la conversión de las ex repúblicas soviéticas limítrofes con Rusia en nuevas bases militares para la OTAN es un paso necesario. No hay ningún tipo de barrera natural que pueda servir como línea defensiva entre la frontera ruso-ucraniana y Moscú. El despliegue de misiles de ataque y/o armamento nuclear de la OTAN en Ucrania, constituiría un peligro existencial para el Estado Ruso, una suerte de crisis de misiles en Cuba a la inversa.

 Por su parte, desde el punto de vista de los intereses rusos, Ucrania tiene un sólo valor, que es el de servir como estado tapón. Pero en el caso de una ocupación de Ucrania, las tropas rusas terminarían en la frontera con Polonia; la OTAN reforzaría enormemente su presencia militar en los países bálticos y en la misma Polonia. Se entiende entonces que la opción militar aparece como último recurso para Moscú, porque implicaría abrir una Caja de Pandora. Tal vez por ello las versiones de un intento de golpe de estado en Kiev por parte de un sector pro ruso de la oligarquía no suenen totalmente descabelladas. El propio gobierno de Zelensky no logra hallar una salida a la crisis nacional de larga data. 

 Desde los tiempos soviéticos, la economía ucraniana -y sobre todo su sector industrial- estaba orgánicamente integrada a la rusa. La desaparición de la URSS y la restauración del capitalismo provocaron en Ucrania que la propiedad estatal de los medios de producción fuera reemplazada por una burguesía oligárquica de características absolutamente carroñeras. La economía ucraniana es la única de las ex-repúblicas soviéticas que no logró recuperar sus niveles previos a la separación de la URSS. El giro anti-ruso es entonces una suerte de último clavo en el ataúd para la economía nacional, ya que le quitó a esta el acceso al mercado que más necesitaba. Los rusos han podido replicar en sus propias fronteras las industrias (sobre todo militares) cuyos productos otrora importaban del país vecino. La esperanza de Kiev es que la integración a la UE pueda reemplazar el rol que antes tenía Rusia, pero esto no haría más que exponer a la propia industria, que acumula décadas de vaciamiento, atraso, desmanejo y quiebras, a una competencia que la supera en órdenes de magnitud en todo sentido. El importante sector agrario ucraniano quizás tendría algún tipo de esperanza pero las potencias de Europa occidental (sobre todo Francia) son muy proteccionistas con los propios. Por otro lado, Occidente tampoco está en posición de ayudar a Ucrania a fondo, ya sea porque no puede responder militarmente a una invasión rusa o porque no ve utilidad alguna en rescatar a la economía Ucraniana o bien porque de tener que elegir entre ésta y el gas ruso hasta ahora ha preferido el segundo. 

 Nos encontramos entonces con un impasse al cuadrado en la guerra de Ucrania. Pero la propia naturaleza y dinámica del impasse lo hacen insostenible. El curso político de Ucrania, siguiendo religiosamente a EEUU, la enfrenta a la tendencia a su propia desaparición como Estado unificado (oeste-este), ya no digamos “independiente”. 

 Leib Erlej 

 23/12/2021

Silvio Rodríguez: Mi primera tarea / Documental / 2020

 

 En el año 1961, mas de 100,000 jóvenes protagonizaron la Campaña Nacional de Alfabetización, en la cual lograron, en menos de un año, declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo. Entre los miles de adolescentes que participaron en esta epopeya, estuvo Silvio Rodríguez Domínguez, con tan solo 14 años. Aquí nos regala su testimonio, contado en primera persona, sobre la experiencia que definió su vida cuando enseñó a leer y escribir a una familia en una comunidad campesina.

Cuba y las armas selectivas

Colocación de Placa en memoria de Nibia Sabalsagaray

🎙️ Conferencia de prensa Situación · SUTCRA 22/12 · 18.30 hs

El socialismo y el hombre en Cuba | Frei Betto en Escuela de Cuadros

El Mozote (El Salvador): a 40 años de la mayor masacre campesina en América Latina

Hace 40 años, el ejército salvadoreño -formado en la escuela (yanqui) de las Américas, en Panamá- cometía la Masacre de El Mozote: "el capítulo más terrible de la larga guerra civil salvadoreña. Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, soldados del Batallón Atlácatl del Ejército llegaron hasta esa aldea, localizada en la región oriental de este país centroamericano, y perpetraron la peor matanza registrada: al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos). El País (15/12), de Madrid, recuerda que "Durante décadas las víctimas han exigido justicia y los sucesivos gobiernos salvadoreños -tanto de la derechista Arena como la exguerrilla del FMLN- han tenido tímidas reacciones para condenar la sangría, investigarla y enjuiciar a los culpables" (ídem). 

 La complicidad de todo el arco político salvadoreño con la masacre no puede sorprender. El país más poblado de Centroamérica -atravesó una guerra civil con "al menos 75.000 víctimas" (ídem)- es un caso casi único de ´cierre de las heridas´ entre ex contendientes. Los acuerdos de Esquípulas I (1986) y II (1987) que cerraron las guerras civiles de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, fueron patrocinados por el grupo de Contadora, un conjunto de países centroamericanos (México, Costa Rica, etc.) bajo la batuta del imperialismo mundial. 

 La masacre que afectó a los pueblos de El Mozote, La Joya y Los Toriles, al norte del departamento de Morazán, llegó al The Washington Post pocos días después. La crónica escalofriante de "una de las primeras reporteras (Gillermoprieto, de ese medio) en llegar hasta la región” fue desmentida inmediatamente por "el Gobierno de EE.UU.: (éste) negó la veracidad de la historia y dijo que había un ´plan´ para desacreditar a las fuerzas armadas salvadoreñas" (ídem). En 1993 un equipo de Antropología Forense de Argentina "corroboró las denuncias de la masacre". Pero "una ley de amnistía aprobada en ese año puso una losa sobre el caso... las víctimas no cejaron en sus esfuerzos por hallar justicia. Se organizaron, buscaron apoyo de instituciones de derechos humanos y el caso llegó hasta la Corte Interamericana, que el 25 de octubre de 2012 reconoció la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por el ejército salvadoreño en El Mozote. A pesar de ello, ninguno de los responsables han sido juzgados por los crímenes cometidos. Las víctimas vieron una luz de esperanza en julio de 2016, cuando la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la ley de amnistía. Entonces el magistrado Jorge Guzmán reabrió el caso y se convirtió en el juez a cargo". 

 Llegó luego "el tsunami Bukele" quien, tras asumir la presidencia... retiró de un cuartel militar el nombre del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (creada para investigar la violencia durante la guerra civil) había señalado como responsable de la matanza. La alegría, sin embargo, duró poco ... luego que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobara un decreto que obliga a renunciar a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, el juez del caso, Jorge Guzmán, se vio apartado del cargo. En octubre del año pasado, Bukele impidió que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza. Tanto el Ejecutivo como el Ejército desobedecieron una orden judicial emitida por el juez Guzmán para la inspección de los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa comunidad salvadoreña" (ídem). 

 Entre los jefes de los masacradores de 1981 figuran algunos de los más importantes jefes militares del país hasta hace poco: "dos que formaron parte del Estado Mayor Conjunto del Ejército ... otros fueron jefes de unidades militares importantes, como la Fuerza Área y de Artillería y oficiales que dirigieron el operativo" (ídem). 

 Norberto Malaj 

 20/12/2021

El comunismo como problema histórico

Chile: ganó Boric y con el pinochetista Kast la derecha sufre una nueva derrota

Lxs trabajadorxs debemos organizarnos de forma independiente para imponer nuestros reclamos. 

 Con la participación de 8.357.469 de electorxs, que representan el 55.6% del padrón habilitado, resulta como presidente electo el candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric con el 55,9% contra el 44,1% obtenido por el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Con estos números se registra la mayor participación electoral desde la instauración del voto voluntario. 

 Boric se convierte en el presidente más votado de la historia reciente, imponiéndose en 10 de las 16 regiones, con un total de casi 12 puntos de diferencia respecto de su contendiente ultraderechista. La mayor participación en esta segunda vuelta favoreció al candidato centroizquierdista, ello pese a los enormes obstáculos que debieron sortear miles de chilenas y chilenos debido al colapso producido en el sistema público de transporte que suscitó denuncias de amplios sectores desde las primeras horas de la jornada. La responsabilidad en la falta de transporte para concurrir a los locales de votación es del gobierno y el objetivo fue dificultar la movilización electoral de los barrios populares. La respuesta fue un rápido proceso de autoorganización para superar este sabotaje. 

 ¿Qué podemos esperar del gobierno de Boric?

 El candidato de Apruebo Dignidad llega a la presidencia con un programa de gobierno cuya centralidad está dada por la garantía a los intereses de la burguesía. En esta clave hay que analizar el proceso de derechización de sus planteos que se verificó en esta segunda etapa de la carrera presidencial, sobre todo en materia de “seguridad” (represiva), tal y como lo reclamaban empresarios e industriales. El alineamiento de los partidos de la ex Concertación con la coalición triunfante, también viene a reforzar las garantías hacia este sector. De todas formas, las garantías de gobernabilidad que se busca con esta política capituladora queda en entredicho si miramos el cuadro general: Boric deberá gobernar con un Congreso donde la derecha conserva el peso suficiente para obstruir toda iniciativa que signifique una orientación que afecte los pilares del sistema capitalista, todos intactos y que Apruebo Dignidad no pretende afectar. Siempre se podrá echar mano a esa justificación frente a los reclamos por la política de no sacar los pies del plato. Por lo pronto, en sus primeras declaraciones públicas luego del triunfo, señaló que va a gobernar “para todos los chilenos” y pidió a lxs miles que se acercaron a escuchar su discurso que “vuelvan a sus casas con tranquilidad”.

 El escenario que se abre es de gran tensión política y social. La ilusión de amplios sectores de las masas es que el gobierno de Boric resuelva las reivindicaciones negadas por el régimen de los 30 años. Pero los grandes problemas (gratuidad de la educación, nacionalización del sistema previsional, etc.) no serán atendidos. E incluso las promesas de mejoras parciales a las condiciones de vida miserables de las mayorías trabajadoras solo se impondrán con la movilización. El margen del nuevo gobierno es estrecho, ante todo, por la política deliberada de desmovilización que ha caracterizado al Frente Amplio-Partido Comunista principalmente desde la rebelión popular iniciada en octubre del 2019. Para la clase trabajadora en su conjunto se inicia una etapa que debe estar signada por los esfuerzos por poner en pie las instancias de organización independiente para conquistar todos los derechos que, por requerir la afectación de los intereses de los poderes concentrados, no vendrán de la mano de la centroizquierda cómplice del orden de los 30 años.

 Por la libertad de lxs presxs políticxs, por justicia y reparación a las víctimas de la represión estatal, por los derechos de los pueblos originarios. Por todas nuestras demandas, por el camino que abrió la rebelión de 2019. Por un gobierno de las y los trabajadores. 

 Olivia Campos

#HabraReferendum · 𝐕𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐳𝐚ñ𝐚.⁣

Cumbre derechista.Lacalle Herrera participó en cumbre internacional derechista que respaldó al candidato de la derecha chilena José Antonio Kast

El contubernio derechista fue organizado por la Corporación Chile 2050 y la Federación Social Cristiana de Chile e hizo las veces de un espaldarazo internacional a la candidatura derechista de Antonio Kast en las elecciones que se realizarán este fin de semana. El ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente Lacalle Pou, participó de una cumbre internacional derechista llamada II Cumbre Iberoamericana de Líderes por la Democracia y la Libertad. Con la participación del candidato derechista chileno Antonio Kast, los derechistas venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López, el presidente del Partido Nacional de Uruguay Pablo Iturralde, la política ultraderechista del macrismo Patricia Bullrich de Argentina, entre otros figurones del derechismo latinoamericano. 

 El contubernio derechista fue organizado por la Corporación Chile 2050 y la Federación Social Cristiana de Chile e hizo las veces de un espaldarazo internacional a la candidatura derechista de Antonio Kast en las elecciones que se realizarán este fin de semana. 

 El ex presidente Lacalle, representante del neoliberalismo en la década de los noventas cuando gobernó Uruguay (1990-1995), ha retomado la actividad política recientemente con el anuncio de que será el principal coordinador en la campaña que defenderá la reaccionaria Ley de Urgente Consideración que será sometida a referéndum el próximo año. 

 El desafío que tiene el pueblo chileno de organizarse para continuar el combate contra el modelo pinochetista como en la rebelión de 2019, es el mismo del resto de los pueblos latinoamericanos que también tienen la fuerza para combatir a este régimen económico de saqueo y miseria, defendido por las derechas latinoamericanas organizadas internacionalmente. 

 La Izquierda Diario Uruguay 

 Viernes 17 de diciembre

Sindicatos policiales.¡Fuera los sindicatos policiales del Pit- Cnt!

La reciente represión policial contra los trabajadores del transporte demuestra una vez más la necesidad de expulsar a los sindicatos policiales del Pit-Cnt. La reciente protesta de la Coordinadora del Inter de la UNOTT, terminó en una represión policial contra un corte intermitente, mediante la aplicación de la LUC.

 Ante el retroceso de las y los compañeros un policía efectuó un disparo con una escopeta de balas de goma a escasos metros de las y los manifestantes, los perdigones hirieron a un manifestante. 

 Luego de ello el sindicato policial integrante del Pit-Cnt llamado SIFPOM emitió un comunicado escueto en el que no repudia la represión, y deja ambiguo el significado de “trabajadores” con un “nunca será trabajador contra trabajador el camino”, incluyendo a sus mismos integrantes del aparato represivo que obedecen órdenes de represión ante la resistencia a una autoridad que defiende los intereses de las clases dominantes. 

 No es la primera vez que este sindicato defiende una represión, numerosas veces la policía ha reprimido protestas sociales, dejando heridas a manifestantes y el SIFPOM ha defendido a los represores de las mismas. 

 Desde el surgimiento el sindicato policial actualmente SIFPOM (Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo) con carácter nacional y adherido al PIT-CNT ha sido objeto de polémica. No solo porque integrantes del aparato represivo pertenezcan a una organización de la clase trabajadora, también porque han demostrado su carácter represivo y encubridor de la violencia policial. 

 Numerosas declaraciones del SIFPOM avalan la represión en los barrios como la reciente en Malvín Norte, la represión realizada en octubre de 2020 en la Plaza Liber Seregni, la macha contra UPM en la Educación en el año 2019 (de la que entre las personas detenidas se encontraba un compañero de La Izquierda Diario registrando la cobertura), pedidos de procesamiento ante el cuestionamiento de la Policía como el caso de Alternativa FM en este año.

 Sobran las muestras de este macabro carácter por parte del SIFPOM y de la violencia represiva que es inherente a la función policial, especialmente contra la juventud pobre y contra quienes protestamos socialmente. 

 En relación a la LUC, el SIFPOM fue un claro opositor a la juntada de firmas no teniendo un rol activo contra los 135 artículos y realizando declaraciones en favor de la LUC porque “brinda garantías a su accionar” o sea más garantías para reprimir, para controlarnos y registrarnos sin respetar derechos y garantías individuales, disparar primero preguntar después, y asesinar. 

 La movilización contra la violencia policial y el legítimo reclamo para que el SIFPOM y los policías deben estar afuera del Pit-Cnt, los pone cada vez más objeto de discusión pública. El SIFPOM y sus aliados en el movimiento obrero no tendrán fácil la tarea de encubrir la violencia que ejercen contra las y los pobres y contra la protesta, la cautela reciente en sus comunicados y el doble discurso utilizado son un indicio de eso. 

 De todas formas esta operación que naturaliza la represión apelando a que hay “contradicciones inevitables” que conllevan la integración de este sector a la vida sindical, de parte de voceros propios del sindicato policial y sus aliados, no cesa. 

 Apoyados en una ilusoria concepción basada en la conciliación de clases y una “evolución” (con contradicciones) hacia una supuesta armonía futura con los “servidores públicos”.

 De los “militares patriotas” a los sindicatos policiales 

 Los principales aliados del sindicalismo policial dentro del Pit –Cnt son las corrientes frenteamplistas Gerardo Cuesta y Articulación, en el plano político el Partido Comunista es uno de los principales actores que sostiene la discusión doctrinal a favor de la integración de tales sindicatos en el Pit-Cnt. 

 Como en el pasado, esas mismas corrientes políticas apostaron a congeniar con oficiales de las FFAA denominados “militares patriotas”, no sorprende que viejas concepciones basadas en la conciliación de clases se renueven y adquieran nuevas formas a partir de la misma raíz.

 Son estos aliados que se encargan de poner paños fríos y justificar todo lo que se les presenta por delante, para que la mayoría del movimiento obrero “acepte” las “contradicciones inevitables” de un proceso supuestamente necesario en el camino de la integración de este sector en el movimiento obrero. 

 Marcelo Abdala por ejemplo, además de justificar todo con las “contradicciones inevitables”, utiliza hábilmente un argumento basado en una supuesta seriedad política de la necesidad de tener una política sobre ciertos sectores de la sociedad, para pasar de contrabando la necesidad de la integración de estos sindicatos, haciendo pasar una cosa como la otra como si fueran equivalentes. 

 Como partido de gobierno el Frente Amplio hizo lo suyo a la hora de fortalecer el aparato policial durante su administración, con aumento de recursos y tecnificación, mejorando la capacidad represiva de dicho aparato. 

 Por eso no es de extrañar que las corrientes sindicales afines defiendan dentro del Pit-Cnt la pertenencia de sindicatos policiales, porque en última instancia no es contradictorio con su propia política de gobierno. Siendo los sindicatos policiales una herramienta más para favorecer el fortalecimiento del aparato policial, bajo la concepción idílica de una sociedad armónica con conciliación de clases y una convivencia armónica con los “servidores públicos”. 

 La función que cumplen los sindicatos policiales

 Aquí en Uruguay y en otras partes del mundo se corrobora que la existencia de los sindicatos policiales sirven para fortalecer a dicha fuerza represiva del Estado. La defensa corporativa que típicamente despliegan sus miembros va en consonancia con el poder político y estatal de fortalecer los medios de defensa de que dispone la clase capitalista. En los hechos aumenta la profesionalización, el equipamiento y sobre todo la impunidad de su accionar, naturalizando y avanzando en el abuso de poder.

 Los defensores reformistas del sindicato policial - como algunos dirigentes del PIT-CNT y la cúpula del Frente Amplio - basan su opinión en la concepción de que es posible la reforma pacífica e institucional del aparato represor del Estado, ignorando intencionalmente el carácter de clase del mismo y la función central que cumple la policía en dicha estructura de poder. 

 El poder policial y la opresión que cumple sobre las demás clases, es para garantizar el poder de la clase capitalista y por lo tanto es uno de los pilares fundamentales del dominio clasista del capital. Por eso, la reforma de dicha institución es imposible porque pone en riesgo la propia existencia de los capitalistas como clase. Esto lo saben bien ellos y sus representantes políticos, a pesar de que lo nieguen los políticos progresistas o lo maquillen con relatos que no responden a la esencia de la cuestión.

 Los reformistas esperan que la defensa corporativa de sus intereses lleve a los policías a una “evolución” cultural y política que los decante a favor de los intereses populares. La realidad represiva cotidiana marca con crudeza la ingenuidad de esas ilusiones. 

 ¡Fuera los sindicatos policiales del Pit – Cnt! 

 Las fuerzas policiales amparadas en la LUC, que dicho sea de paso el sindicato policial hizo lo suyo por acción u omisión para sostenerla, dieron una pequeña muestra de sus intenciones y de lo que son capaces para impedir mediante la represión la lucha de los trabajadores. 

 Sacar a los sindicatos policiales del Pit –Cnt por lo tanto se vuelve también más evidente e imperioso, los ejemplos represivos se seguirán sumando y agravando, y no hay relato progresista que logre maquillar la cruda realidad del rol que cumplen las fuerzas represivas y sus sindicatos en esta sociedad.

 El fortalecimiento para el accionar de las mismas que otorga la LUC, la cual contiene varios artículos anti obreros, pone sobre la mesa la necesidad de un movimiento democrático anti represivo que se plantee acabar con la LUC, no solo en la próxima instancia electoral sino, proponerse liquidar esa ley reaccionaria en su conjunto mediante los métodos de lucha de la clase trabajadora, desde las bases y en las calles. 

La Izquierda Diario Uruguay

 Sábado 18 de diciembre

Montevideo. Marcha contra la violencia policial e institucional

Cientos de personas marcharon en Montevideo en repudio a la violencia policial e institucional 

 Desde la Plaza del Entrevero cientos de personas recorrieron las calles de Montevideo en rechazo a la violencia policial e institucional. 

 Convocada por la Coordinación Antirepresiva, la movilización se da a pocos días de la brutal represión policial a los trabajadores del transporte en conflicto. 

 La sede del sindicato policial (SIFPOM) fue una de las paradas de la marcha, para expresar el rechazo a los integrantes de las fuerzas represivas, que volvieron a mostrar que no son trabajadores sino parte del brazo armado del Estado. 

 Luego los manifestantes se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia para repudiar también la condena a los que se manifestaron en 2013 ante el traslado de la jueza Mariana Mota. 

 La Izquierda Diario Uruguay

 

Hace 50 años Brasil ideó invadir Uruguay en 30 horas, si ganaba el Frente Amplio

Una serie de documentos desclasificados de Estados Unidos agregaron detalles a la llamada “Operación 30 horas”, el plan que ideó la dictadura brasileña en 1971, hace medio siglo, para invadir Uruguay si la coalición de izquierda Frente Amplio ganaba las elecciones ese año, y sumó otro dato no menos importante: Brasil ayudó a manipular esos comicios. 

 Medio siglo después, aquellas denuncias (que adelantaran los brasileños exiliados en Montevideo -en especial los periodistas Paulo Schilling y Neiva Moreira-, Carlos María Gutiérrez en Marcha y las nuestras desde el semanario Sur), sobre una inminente invasión de tropas y tanques brasileños para impedir el triunfo del centroizquierdista Frente Amplio (FA), son confirmadas ahora por los documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado, revelados por el portal brasileño UOL. 

 En pleno auge de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el FA estaba integrado por socialistas, comunistas, prorrevolucionarios, independientes, democristianos y grupos escindidos del Partido Nacional, bajo el liderazgo del general Líber Seregni. El FA debutaba en aquellas elecciones bajo el lema del Partido Demócrata Cristiano, 

 El portal analizó documentos secretos producidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de embajadas y consulados en Brasil y países de América del Sur; accedió a telegramas, informes y memorandos, concluyendo –y tampoco es sorpresa- que la intervención de Brasil fue solicitada por el entonces presidente Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado; el plan fue presentado y contó con el apoyo el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. 

 De esos documentos se desprende que el dictador Emílio Garrastazu Médici (1969 a 1974) ayudó, además, a cometer fraude en las elecciones uruguayas de ese año, con el apoyo de estadounidenses. Claro, en nombre de la defensa de la democracia. 

 Dos semanas después de las elecciones de noviembre de 1971 en Uruguay, el general Garrastazu Médici se reunió con el entonces presidente Nixon en la Casa Blanca, junto con su asesor del Consejo de Seguridad Nacional Henry Kissinger, el secretario de Estado William Rogers y Vernon Walters, agregado militar en Brasil en el momento del golpe de 1964 y quien asumiría al año siguiente como el número dos de la CIA.

 Kissinger registró sus impresiones: “Nuestra posición está respaldada por Brasil, que es, después de todo, la clave del futuro. Los brasileños ayudaron a manipular las elecciones uruguayas…Hay fuerzas en juego que no desalentamos”, escribió el 20 de diciembre de 1971, según los documentos desclasificados por el Proyecto de Documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional y analizados por su director, Carlos Osorio, en un informe retomado por la revista uruguaya Caras y Caretas. 

 Antes, Nixon y Garrastazú apostaron a manipular las elecciones para no tener que llegar a activar la intervención militar, una opción mucho más visible y difícil de justificar internacionalmente. Brasil había apoyado la construcción de dos rutas (5 y 26) que interconectaban a ambos países, que permitirían el tránsito de tanques de ser necesario. La operación se llamó “30 horas” porque era el tiempo que Brasil estimaba que demorarían en tomar Montevideo, entrando por la frontera de Rio Grande do Sul. 

 Según describen los documentos analizados, las tropas brasileñas saldrían de Porto Alegre, Uruguaiana, Santana do Livramento y Bagé, llegarían a Montevideo y en su paso tomarían la central hidroeléctrica de Rincón del Bonete, en Paso de los Toros. 

 Los documentos desclasificados relatan como militares brasileños hicieron inteligencia en Uruguay, incluso de “campamentos de militantes de izquierda” de Tupamaros para preparar el terreno para la eventual invasión, que como dice el nombre de la operación, debía completarse en apenas 30 horas, el tiempo que Brasilia estimó que tomaría ocupar desde la capital Montevideo hasta la frontera con el estado de Rio Grande do Sul.

 Antecedentes 

 Documentos estadounidenses que se hicieron públicos en años anteriores ya revelaron que Nixon y Médici acordaron derribar países gobernados por la izquierda, como Chile bajo Salvador Allende y Cuba bajo Fidel Castro. Y de estas “coincidencias” se fue gestando lo que años después fue la Operación Cóndor coordinada por las dictaduras militares de la región para asesinar, torturar y a pesar a miles de militantes democráticos. 

 El 20 de julio de 1971, el embajador argentino en Río de Janeiro, Osiris Villegas, confirmaba el plan para invadir Uruguay. El 20 de agosto, tres meses antes de las elecciones, un documento de la embajada estadounidense en Montevideo ya hablaba de “posibles planes de acción brasileños en Uruguay para evitar que el Frente Amplio tome el control”. 

 Y un informe secreto de la embajada de EEUU en Buenos Aires, dirigido al Departamento de Estado en Washington, del 27 de agosto de 1971, informaba: “Argentina no tiene planes de intervenir en las elecciones, pero apoyaría un golpe de Estado para reinstaurar al actual presidente Pacheco si el izquierdista Frente Amplio gana”. 

 Según el embajador estadounidense Willian Rountree, los militares brasileños ayudarían a los uruguayos en varias áreas como entrenamiento y asistencia financiera. Los militares brasileños debían enfrentar la movilización sindical y estudiantil y luchar contra la guerrilla tupamara, que en 1970 había secuestrado al jefe del programa de Seguridad Pública de Estados Unidos en Uruguay (experto en torturas), Dan Mitrione, y al cónsul brasileño Aluysio Dias Gomide. 

 Finalmente la invasión no se dio porque el Frente Amplio obtuvo 18% de los votos en las elecciones que ganó con 41% Juan María Bordaberry, quien dos años después impulsó el golpe de Estado con apoyo de los militares, uruguayos y brasileños. Según el portal UOL, a lo largo de los años, varios militares que participaron en la Operación 30 Horas brindaron distintos testimonios que permiten recuperar la historia: entre otras cosas se sabe que a la interna de los cuarteles se denominaba como Operación Charrúa y que se hicieron tareas de espionaje, sobre todo a tupamaros, bajo las órdenes de este operativo.

 De hecho, el general Dickson Grael reconoce en su libro Aventura, corrupción y terrorismo: a la sombra de la impunidad (publicado en 2005) que fue “asignado a realizar los primeros estudios de los lineamientos a seguir por la división, buscando participar en un plan integral de intervención militar en Uruguay, en caso de que el Frente Amplio ganara las elecciones”. Grael, padre de los regatistas y medallistas olímpicos Torben y Lars 

Grael, se desempeñó en Uruguaiana como comandante del 22o Grupo de Artillería de Campaña e incluso acompañó a Arthur Moura, agregado militar de Estados Unidos en Brasil, en un viaje a tierras uruguayas para observar la situación local a principios de 1971. Grael murió en 2011.

 El general Moura, según informes de Grael, tomó fotografías de supuestos grupos de Tupamaros acampados a orillas del río Uruguay, desde donde los militares estadounidenses pudieron tener una visión clara (y fotografiar) un campamento de militantes de izquierda”. Escribió que poco antes de las elecciones uruguayas de 1971 acompañó a tres oficiales de la Fuerza Aérea brasileña, procedentes de Río de Janeiro, con la misión de «obtener información para una probable intervención militar en Uruguay». 

 El general Ruy de Paula Couto, quien se desempeñó como agregado militar en la Embajada de Brasil en Montevideo entre 1967 y 1969, dijo en una entrevista en la televisión en Rio Grande do Sul en 2007 que fue el propio Pacheco Areco quien tramó la injerencia brasileña en Uruguay. 

 Tardaron 50 años en reconocer un plan que alguna cabeza caliente del ejército brasileño, de la inteligencia estadounidense o de la ultraderecha uruguaya (parte de la coalición derechista que gobierna Uruguay) se sienta tentado a reeditar. 

Aram Aharonian | 02/11/2021 

Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) 

 https://estrategia.la/2021/10/31/hace-50-anos-brasil-ideo-invadir-uruguay-en-30-horas-si-ganaba-el-frente-amplio/

La pandemia es funcional a la ofensiva del capital

La pandemia por el COVID19 está siendo funcional a la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. En efecto, la reestructuración regresiva del orden capitalista, política esencial de la salida de la crisis de los 60/70, nominada como “neoliberalismo”, se profundiza en esta coyuntura de convergencia de crisis sanitaria y económica. 

 La intervención neoliberal se concentró por años en las reaccionarias reformas de la relación entre el capital y el trabajo, desarmando la lógica protectoria construida por décadas de lucha de clases liderada por el movimiento obrero. En primer lugar, se desestructuró el “poder” de trabajadoras y trabajadores en el territorio de la producción, con efecto inmediato en la baja de la sindicalización y el avance en la precariedad laboral, afectando la capacidad de resistencia del movimiento obrero y debilitando la respuesta estratégica de las clases subalternas. Se trata de un fenómeno estructural que se mostró fatal durante la pandemia, con los cierres deliberados de la economía durante el 2020 recesivo, y más ahora, con la recuperación del 2021 que privilegia la ganancia por encima del empleo y los ingresos salariales y populares (jubilaciones y beneficios sociales). 

 Este fenómeno explica la suba de precios de una inflación que amenaza la “estabilización de la economía mundial”. Al respecto, señala el FMI: 

 «El resurgimiento de la pandemia y la última variante, ómicron, han agudizado considerablemente la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas mundiales».[1]

 Ratifiquemos que la inflación explica la disputa por la apropiación del ingreso socialmente generado: entre los propietarios de medios de producción, el capital, y el conjunto de la sociedad que vive de la venta de la fuerza de trabajo, sea de manera regular o irregular. Señala la nota difundida por el FMI que: 

 “Correspondería que la Reserva Federal acelerara la reducción paulatina de las compras de activos y adelantara la trayectoria ascendente de las tasas de interés.” 

 Es una sugerencia a la potencia hegemónica del orden capitalista para que restrinja la política de emisión monetaria, cuya consecuencia directa agrava la situación de los países dependientes y fuertemente endeudados con tasas variables aplicadas a su endeudamiento. Convengamos también que la inflación afecta la capacidad de consumo de la sociedad que vive de ingresos fijos, que es la mayoría de la sociedad. Si se observa con detenimiento, los precios suben principalmente en ámbitos estratégicos para la reproducción de la vida: alimentos y energía. Sobre el tema, la nota difundida señala: 

 “El encarecimiento de la energía y de los alimentos ha impulsado la inflación en muchos países. Estos factores mundiales pueden seguir engrosando la inflación en 2022, especialmente los altos precios de los alimentos básicos. Esto tiene consecuencias especialmente negativas para los hogares de los países de bajo ingreso, donde alrededor del 40% del gasto de consumo se destina a la alimentación.” 

 Queda claro que la inflación no afecta a todos por igual, sean países o personas y constituye un mecanismo de la lucha de clases en la distribución regresiva del ingreso y en la consolidación del par que explica la concentración de la riqueza en pocas manos y la extensión de la pobreza, convalidando una profundización de la desigualdad social como tendencia agravada del capitalismo. 

 La pandemia actuó como acelerador de la dinámica de reestructuración reaccionaria del capitalismo. Se consolidó la ofensiva en contra del trabajo, ahora extendido en las formas del “trabajo remoto” o “a distancia”, potenciando la discriminación de género y condenando a la juventud a un primer empleo precario que se perpetúa. A la precariedad laboral se suma una fortísima intervención estatal para sostener la tasa de ganancia y de la actividad empresarial, vía subsidios múltiples que soporta el conjunto social por medio del presupuesto público. 

 Esas políticas fueron asumidas globalmente, como tendencia universal manipulada para el logro del consenso socio político mayoritario. La estrategia del capital se abrió paso en todo el mundo, aún con importantes resistencias, que no alcanzaron a instalar una perspectiva de freno a la ofensiva del capital. Es más, en ese marco, emergieron propuestas de gobierno claramente a la derecha del arco político, demandando la reflexión crítica en la perspectiva de una estrategia alternativa de poder popular para un rumbo favorable a cambios sociales, económicos y culturales con perspectivas de confrontación y superación del orden capitalista. 

 América Latina y el Caribe fue territorio de esperanza en ese sentido, por la recuperación del proceso de cambio en Bolivia, con gigantesco protagonismo social; la ratificación del rumbo socialista en Cuba y el rechazo a las sanciones unilaterales en contra de Venezuela o Nicaragua. Los triunfos electorales en Perú o en Honduras; como las inmensas movilizaciones en Haití, Colombia y Chile, que incluyó la instalación de la constituyente y la disputa electoral de una coalición crítica al régimen pinochetista. La posibilidad de recuperar protagonismo de la integración alternativa, caso CELAC, estimulado desde México, Argentina y los países del ALBA-TCP, supone disputas con la estrategia de la política exterior estadounidense y de las élites de los países en la región. 

 El problema sigue estando en la construcción de la iniciativa política popular, alternativa al orden vigente, en tiempos de continuidad de una crisis integral, civilizatoria, donde la ofensiva capitalista define un rumbo desigual para la humanidad, además de afectar el metabolismo natural desde el modelo productivo de explotación y saqueo. Por eso preocupa el futuro cercano, que puede registrarse en los pronósticos del FMI:

 “…el producto agregado de las economías avanzadas retornaría a su trayectoria tendencial previa a la pandemia en 2022, y que para 2024 la superaría en 0,9%. En cambio, se prevé que el producto de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, excluida China, permanezca 5,5% por debajo del pronóstico pre pandémico en 2024.”[2] 

 Son pronósticos en el mediano y largo plazo, de menor capacidad de satisfacción para los pueblos del mundo, incluso en el capitalismo desarrollado, lo que impone una reflexión crítica para un accionar que reinstale una perspectiva esperanzadora de lucha por la liberación y otro orden social sin explotación o saqueo. 

 No es fatal que la suma de pandemia y neoliberalismo defina el rumbo de la sociedad. 

 La masividad del descontento y las protestas constituyen la base material de una subjetividad social en condiciones de asumir una propuesta programática de transformaciones socio económicas y la región latinoamericana y caribeña ofrece experiencias que animan la potencia del cambio social. 

Julio C. Gambina | 18/12/202

 Notas: [1] FMI. Tobias Adrian y Gita Gopinath. Hacer frente a las presiones inflacionarias en medio de una pandemia persistente, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16691

 [2] FMI. Ruchir Agarwal y Gita Gopinath La economía de la pandemia, en: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/12/pdf/agarwal_gopinath.pdf 

 Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

La memoria del movimiento popular uruguayo: una experiencia de desarchivo y liberación de documentos.

Intervención de una de las coordinadoras Sitios de Memoria - Uruguay (sitiosdememoria.uy), Mariana Risso en el panel 'Mesa Archivos para la memoria: investigar y difundir' del seminario internacional Archivos de la Represión y Derechos Humanos, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, Argentina.

Memorias del movimiento popular (I): Archivo Histórico de la Asociación de Prensa del Uruguay

Presentación de la colaboración entre el Archivo del Partido Comunista de Uruguay y Sitios de Memoria - Uruguay para la digitalización y difusión de sus materiales históricos. La colección del PCU está disponible en: https://sitiosdememoria.uy/coleccion/pcu

Memorias del movimiento popular (I): Archivo Histórico de la Asociación de Prensa del Uruguay

"La lucha contra el bloqueo no es solo para Cuba, para toda la humanidad cuya libertad coarta EEUU"

Chile: contra la ultraderecha pinochetista sin depositar expectativas en Boric

A días de que se defina quién será el presidente. 

 El domingo 19 de diciembre tendrá lugar la segunda vuelta presidencial en la que se definirá quién va a gobernar el país en los próximos años: el centroizquierdista Gabriel Boric (FA/PC) o el ultraderechista José Antonio Kast (PR). Las estimaciones dan ventaja a Boric y la gran incógnita es si se logrará revertir el alto porcentaje de abstención que han marcado a elecciones pasadas. 

 Los días siguientes a la primera vuelta, donde Kast se alza con el primer lugar, se caracterizaron por los realineamientos de las coaliciones que quedaron fuera de juego. Este proceso resultó más dificultoso para el candidato de la ultraderecha, pues si bien llega a esta instancia con el apoyo en los hechos de importantes sectores de la derecha oficialista, las divisiones de ésta presentaron problemas para que se dé un encolumnamiento uniforme y rápido detrás el pinochetista Kast. En el caso del candidato de Apruebo Dignidad, el apoyo de los partidos de la ex Concertación operó con mayor naturalidad, lo que en sí mismo da la pauta de la orientación de un eventual gobierno de Boric. 

 Otra de las características de las estrategias asumidas por las coaliciones contrincantes es el corrimiento hacia el centro de sus discursos y planteos programáticos. También en este plano el candidato centroizquierdista Boric jugó con ventaja, ya que su programa de gobierno siempre estuvo centrado en resguardar los intereses del gran empresariado (en el último debate dejó abierta la posibilidad de continuidad de las AFP directamente), más allá del uso de las reivindicaciones de género y la promesa de ciertas mejoras en materia social. Así las cosas, a nadie sorprende y, por lo tanto, resulta más creíble su corrimiento hacia la derecha, que el intento de Kast de ocultar su oscurantismo, misoginia y racismo.

 La derechización de Boric 

La negativa a indultar a “quienes quemaron iglesias y pymes”, en referencia a lxs presxs por luchar, valiéndose de los argumentos de la derecha para criminalizar la protesta social; el guiño a carabineros, pasando del concepto de “refundación” a “reformar”, cuando masivamente el pueblo chileno reclamó la disolución de este aparato criminal, autor de asesinatos, mutilaciones, violaciones y desfalcos de su presupuesto; giro en la política migratoria, que de prometer refugios y viviendas a migrantes pasó a hablar de “fronteras ordenadas”; más dotaciones de carabineros en barrios populares, son solo algunos ejemplos de su abierta y deliberada política de derechización para congraciarse con los sectores que reclaman la profundización de las políticas represivas. 

 El alineamiento de los partidos de la ex Concertación se tradujo en el apoyo abierto del ex presidente Lagos primero y la ex presidenta Bachelet más recientemente, la incorporación al comando de técnicos de la DC y el PS, así como de puntos programáticos de estos sectores. Es decir que, estos partidos de los 30 años, rechazados por el pueblo chileno en las calles y en las urnas, han sido rescatados por Apruebo Dignidad. Tampoco ello es novedoso, ya en la Convención Constituyente se verificó esta política de rescate de la ex Concertación de la marginalidad en que los colocó el voto popular. No debe extrañar que la centroizquierda concertacionista sea parte del gobierno de Boric en caso de imponerse el próximo domingo. 

 La política de la izquierda revolucionaria en este escenario 

Frente al triunfo parcial que obtuvo la ultraderecha pinochetista en primera vuelta, empezaron a pronunciarse los sectores más combativos en relación al voto, llamando a votar a Boric para detener a Kast. Se evidenció, entonces, la tendencia a valerse del voto a Boric y si bien no es uniforme, en muchos casos desde la desconfianza a la coalición del candidato y a su programa político. Con el correr de los días se fueron sumando más organizaciones territoriales, ambientales, sindicales y luchadorxs populares, como Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, ambos víctimas de la represión estatal, convocando a impedir el avance del candidato fascistoide por el peligro concreto que representa un gobierno de la extrema derecha conservadora.

 En este proceso hace pie el llamado a votar contra Kast por parte de la izquierda revolucionaria, con una perspectiva que trasciende el plano electoral y pretende preparar las condiciones para las luchas que se plantean en la próxima etapa. Lamentablemente, el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora -que presentó de independencia obrera en la primera vuelta- no ha fijado una posición unitaria en este sentido, lo cual consideramos un error, pues nos priva de la posibilidad de intervenir en este proceso como un frente único, cediendo el terreno a las fuerzas democratizantes que no representan una salida de independencia política para la clase trabajadora. Es evidente que una derrota de Kast el próximo domingo mejora las condiciones para organizar la lucha por las grandes demandas del pueblo chileno movilizado, todas pendientes aún y que un eventual gobierno neoconcertacionista del FA/PC no tiene en sus planes darles respuesta. 

 Olivia Campos

Biden y una cumbre internacional de la hipocresía

La cumbre internacional por la democracia convocada por el presidente norteamericano Joe Biden, que se realizó en forma virtual el 9 y 10 de diciembre, bien pudo llamarse la cumbre de la hipocresía.

 Mientras excluyó una serie de países con el pretexto de no tener suficientes credenciales en la materia (China, Rusia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, Venezuela), Biden invitó a las Filipinas de Rodrigo Duterte, donde la oposición sufre una persecución implacable y reinan las ejecuciones extrajudiciales como parte de la “guerra antidrogas”; a la Colombia de Iván Duque, donde son asesinados cotidianamente los activistas sociales y decenas de manifestantes fueron abatidos por luchar contra una reforma tributaria; o al Brasil de Jair Bolsonaro, de quien no hace falta hacer mayores comentarios. El caso más notable de esta arbitrariedad de criterio es el de Venezuela: se convocó al autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien intentó usurpar el poder de la nación caribeña por medio de un golpe de Estado.

 La “defensa de la democracia” es un disfraz que Washington usa para hacer valer sus intereses económicos y políticos en el exterior. Llegado el caso, el imperialismo no tiene reparos en apoyar -abierta o sigilosamente- golpes de Estado, incluso contra gobiernos que reúnen los requisitos de la “democracia representativa”, como ocurrió en los últimos años en Honduras y Bolivia.

 Al mismo tiempo que habla de “libertad” y derechos humanos, Estados Unidos sostiene alianzas con los más grandes violadores de ellos a nivel internacional, como Israel y Arabia Saudita. 

 ¿Qué es lo que buscó entonces Biden con su cumbre? El presidente estadounidense trata de alinear al resto del mundo en su cruzada contra Rusia y China, lo que forma parte de un intento por recuperar la influencia perdida en el plano exterior en los últimos años. Uno de los datos de la cumbre, justamente, fue la exclusión de Beijing y la incorporación de Taiwán, sobre la que el gigante asiático reclama su soberanía. Con la cumbre, el demócrata busca retomar una agenda que sufrió un golpe brutal con la huida de Afganistán.

 El gobierno argentino se prestó a esta puesta en escena. Lo hizo como parte de su intento de ganar el aval norteamericano al acuerdo con el FMI. Que Alberto Fernández hiciera críticas en su discurso a la exclusión y al golpe de Estado en Bolivia no compensa este acto de subordinación. La búsqueda de un pacto con el Fondo condiciona el alineamiento internacional del gobierno y lo conduce a una subordinación al imperialismo. Algunas de estas exigencias quedaron al descubierto durante la visita del asesor de la Casa Blanca, Jake Sullivan. 

 La convocatoria de Biden también tuvo una intención doméstica, que se pudo comprobar en las veladas referencias contra Trump, quien impulsó el golpe de Estado tras perder las elecciones. Sobre el estado de la democracia en Estados Unidos, se podría hablar largo y tendido. A la luz de fallos de la Corte que restringen la Ley del Derecho al Voto de 1965, numerosos Estados vienen imponiendo normas que dificultan el sufragio a las minorías y a los nativos.

 Mientras transcurrían las deliberaciones de la cumbre, la justicia británica aceptaba un recurso norteamericano para avanzar en la extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. El titular del sitio que expuso los cables secretos que prueban el crimen contra civiles en Irak y Afganistán se enfrenta a una pena potencial de 175 años de cárcel en suelo estadounidense, en tanto que los responsables de los crímenes de guerra que reveló están impunes. 

 Así funciona la principal democracia del mundo. 

 Gustavo Montenegro