Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI

Desde el martes pasado, las carreteras bolivianas se encuentran sin bloqueos ni movilizaciones. Al levantamiento de la huelga general por parte de la COB y el “cuarto intermedio” de los bloqueos por parte de la Túpac Katari (ver artículo La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana), le siguió el levantamiento de los bloqueos por parte de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, acusando de traidores a los dirigentes de la COB y la Túpac Katari (Los Tiempos, 22/06). 

 El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública. 

 Trump festeja con Paz Pereira

 La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.

 El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.

 Avanzada penal

 En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple. 

 Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba). 

 Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado. 

 Desabastecimiento 

La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).

 El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06). 

 Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).

 Devaluación 

Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano. 

 Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.

 Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio. 

 Julio Quintana 

 27/06/2026

Nuevas derechas: escuela austriaca y neofascismo | Entrevista a Néstor Kohan

Volkswagen prepara una masacre laboral de hasta 100.000 despidos

La automotriz pretende descargar sobre los trabajadores su crisis y la competencia con los fabricantes chinos. El plan incluye el cese de la producción en cuatro plantas alemanas 

 El grupo Volkswagen prepara uno de los mayores ataques contra los trabajadores de la historia de la industria automotriz. La empresa proyecta eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, una cifra equivalente a casi uno de cada seis empleados de su planta global, compuesta por aproximadamente 625.000 trabajadores.

 El plan representa una profundización de la reestructuración que ya se encuentra en marcha. Volkswagen había acordado recortar 50.000 empleos en Alemania hasta finales de 2030 y reducir su capacidad productiva en el país en 500.000 vehículos anuales. Ahora, la dirección del grupo analiza eliminar otros 50.000 puestos de trabajo. 

 De concretarse, la reestructuración superaría los 74.000 despidos ejecutados por General Motors durante la década de 1990 y los 60.000 puestos eliminados por IBM en 1993. Se trataría, por lo tanto, de una de las mayores masacres laborales llevadas adelante por una sola empresa.

 Cierre de plantas y reducción de la producción

 Las nuevas medidas incluirían el cese de la producción en otras cuatro fábricas alemanas: las plantas de Volkswagen ubicadas en Emden, Zwickau y Hannover, y la fábrica de Audi en Neckarsulm. 

 Estos cierres se sumarían al de la planta de Dresde y al anunciado cese de la producción en Osnabrück, previsto para el próximo año. Volkswagen busca compradores o nuevos destinos para estas instalaciones, entre ellos su utilización por parte de otras automotrices o de empresas vinculadas con la industria militar. 

 El director ejecutivo del grupo, Oliver Blume, pretende reorganizar el conglomerado alrededor de su actividad automotriz principal, desprenderse de activos y obtener nuevos recursos. En esa línea, Volkswagen vendió su división de motores marinos Everllence al fondo estadounidense Bain Capital por 7.400 millones de euros.La empresa se había fijado el objetivo de ahorrar 6.000 millones de euros anuales hasta 2030. Para alcanzar esa meta, pretende reducir salarios, puestos de trabajo y capacidad productiva, mientras continúa realizando operaciones multimillonarias y preservando los intereses de sus accionistas. 

 La crisis capitalista de la industria automotriz 

 Volkswagen justifica la ofensiva por el impacto de los aranceles estadounidenses, la guerra en Medio Oriente, el deterioro de su posición en China y el avance de los fabricantes chinos en el mercado europeo. 

 Durante los primeros cinco meses del año, las marcas chinas representaron casi uno de cada diez automóviles nuevos vendidos en Europa. La expansión de estos fabricantes ha agudizado la competencia por el mercado mundial, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos, donde las automotrices europeas acumulan un importante retraso.

 La dirección de Volkswagen busca presentar los despidos como una consecuencia inevitable de esta competencia. Pero los trabajadores no son responsables de las decisiones empresariales, de la falta de inversiones ni de la crisis provocada por la disputa entre los distintos monopolios automotrices.

 Mientras las patronales compiten por mercados, subsidios estatales y mayores márgenes de beneficio, pretenden que sean los trabajadores quienes paguen las consecuencias mediante despidos, cierres de fábricas, aumentos de los ritmos de producción y pérdida de conquistas laborales. 

 La burocracia sindical allanó el camino 

 A finales de 2024, Volkswagen llegó a un acuerdo con los sindicatos para reducir puestos de trabajo y capacidad productiva en Alemania. Ese acuerdo, presentado como una forma de evitar cierres inmediatos, abrió el camino para la ofensiva actual. 

 Ahora, frente a la posibilidad de que la compañía duplique la cantidad de despidos y avance sobre nuevas plantas, los representantes del comité de empresa y de IG Metall anunciaron que se opondrán al plan. 

 "Si se siguen adelante con esos planes, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, declararon Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa de Volkswagen; Christiane Benner, presidenta de IG Metall, y Thorsten Gröger, dirigente del sindicato en Baja Sajonia.

 Sin embargo, la defensa de los puestos de trabajo no puede quedar subordinada a nuevas negociaciones destinadas a administrar la reestructuración patronal. La experiencia demuestra que los acuerdos basados en retiros “voluntarios”, jubilaciones anticipadas y reducción de la producción solo escalonan los despidos y preparan nuevos ataques. 

 El consejo de supervisión de Volkswagen, donde participan representantes sindicales, debe analizar el nuevo plan el próximo 9 de julio. También se discute una reorganización interna que podría reducir los derechos de intervención de los trabajadores dentro de la compañía.

 Por una respuesta obrera internacional

 La amenaza contra los trabajadores de Volkswagen forma parte de una ofensiva más amplia de las automotrices europeas. Las patronales buscan utilizar la competencia internacional y la transición hacia los vehículos eléctricos para cerrar plantas, eliminar empleos y flexibilizar las condiciones laborales.

 Frente a una empresa transnacional que organiza su producción a escala mundial, es necesaria una respuesta coordinada de los trabajadores de todas las plantas y países. La defensa de cada puesto de trabajo exige superar la política de acuerdos por fábrica y de colaboración con la dirección empresarial.

 Es necesario impulsar asambleas en todas las plantas, elegir delegados con mandato de base y preparar un plan de lucha común contra los despidos y los cierres. Ante la reducción de la producción, corresponde repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin reducción salarial. 

 Volkswagen debe abrir sus libros al control de los trabajadores. Si la empresa amenaza con cerrar fábricas o despedir masivamente, debe plantearse su ocupación y puesta en funcionamiento bajo control obrero. 

 La crisis de Volkswagen vuelve a mostrar la incompatibilidad entre las necesidades de los trabajadores y la búsqueda de beneficios de los grandes monopolios. La defensa de los puestos de trabajo requiere una lucha independiente de las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical. 

 Prensa Obrera

Trump presiona al Congreso para avanzar en la estafa electoral

Deja en suspenso la ley de vivienda, hasta que se apruebe la ley electoral SAVE. Donald Trump ha suspendido la promulgación de la recién aprobada (por ambos partidos) ley sobre vivienda. Cuando todo estaba preparado para una ceremonia donde el presidente firmaría lo que NYT define como “la legislación sobre vivienda más importante en 36 años”, Trump decidió dejar en suspenso la ley planteando un nuevo chantaje al congreso: no la firmará hasta que sea aprobada la ley SAVE -a través de la que impulsa una gran estafa electoral. 

 La ley de vivienda fue negociada en forma bipartidista durante meses, y es presentada como una reforma tendiente a reducir el costo de la vivienda. La cuestión del costo habitacional se ha demostrado como una de las principales preocupaciones de la población, y fue uno de los ejes de la campaña victoriosa de Zohran Mamdani en Nueva York. Los Republicanos consideraban la aprobación como “un logro crucial para su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego sus mayorías en el Congreso. Los votantes han criticado duramente la gestión económica del presidente, con tan solo un 33% de aprobación” (NYT, 23/6). 

 La ley “busca abordar la crisis de la vivienda impulsando la oferta en un país que enfrenta una grave escasez de viviendas nuevas”. “Los precios de las viviendas existentes han aumentado un 54 por ciento desde 2020, y las casas cuestan casi cinco veces el ingreso medio, muy por encima de los estándares históricos”. Según el New York Times, “Durante años, la crisis de la vivienda se concentró en las ciudades más grandes y liberales de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Pero el auge inmobiliario de la pandemia disparó los precios de las viviendas y los alquileres a máximos históricos en ciudades que nunca antes habían experimentado tales presiones, como Boise (Idaho) y Bozeman (Montana). Esto generó una crisis para los legisladores republicanos y una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso bipartidista en un Congreso profundamente dividido” (ídem). 

 Trump -un capitalista del sector inmobiliario- no impulsó la ley, que provocó en su tratamiento muchas crisis a la interna de los Republicanos, pero tampoco la frenó. “Ante el tibio apoyo del presidente, las luchas internas dentro del Partido Republicano amenazaron repetidamente con frustrar la aprobación de la medida. El proyecto de ley también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de legisladores de extrema derecha, quienes lo calificaron de ejemplo de despilfarro y extralimitación del gobierno, e incluso horas antes de la votación final amenazaron con intentar bloquearlo en la Cámara de Representantes.” Tras las negociaciones la ley se aprobó y Trump la calificó con su usual estilo grandilocuente como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”. 

 Especulación y crisis habitacional

 La llamada “escasez” de viviendas no significa que falten casas o apartamentos, sino que la especulación inmobiliaria ha disparado los precios tanto para la compra como para el alquiler. Grandes fondos de inversión no sólo poseen edificios de apartamentos sino también casas unifamiliares, lo que eleva el costo de la vivienda a niveles históricos. La nueva norma promete limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de esos fondos, lo que se afirma tendería a bajar el precio de esas casas. La ley votada “prohíbe a las empresas poseer más de 350 viviendas unifamiliares ya existentes, aunque no les obliga a vender las viviendas adquiridas antes de su entrada en vigor. Una propuesta más estricta, que habría exigido a los inversores vender las viviendas unifamiliares construidas específicamente para alquiler tras siete años, fue descartada”. Los especuladores sostienen que el efecto de la norma va a implicar no más sino menos construcción de viviendas, ya que gran parte de ellas son directamente construidas por los especuladores con vistas a alquilar. 

 La ley también incentiva a los gobiernos locales a simplificar los trámites (acelerar permisos de construcción, recategorizar zonas donde está limitada la construcción, reducir las exigencias ambientales). Otro eje es habilitar en mayor medida las viviendas prefabricadas de baja calidad.

 La crisis de la vivienda no se va a resolver con estas medidas parciales, cuando está ligada a la existencia de una enorme masa de capital ficticio que busca su valorización a través de la especulación inmobiliaria entre otros rubros que afectan la canasta familiar.

 La ley pretende tomar en cuenta la cuestión de la “asequibilidad”, es decir, el alto costo de vida, que se ha convertido en una bandera política de cara a las elecciones en el marco de una carestía creciente. Ahora Trump la deja en suspenso para exigir a sus propios legisladores que vayan a fondo en la estafa electoral que se viene preparando.

 Trump presiona a su partido

 La Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional” (Infobae, 24/6). 

 La SAVE Act busca suprimir el derecho al voto a millones de ciudadanos -especialmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Ha sido aprobada ya varias veces en la Cámara de Representantes, pero no logra el apoyo de todos los senadores Republicanos ni mucho menos de los Demócratas. Trump ha venido presionando a su bancada para que el Senado termine con el llamado “filibusterismo”, por el que la minoría puede obstruir la aprobación de una ley extendiendo el debate, ya que declarar el cierre de la discusión requiere un 60% de los votos de la cámara. El propio Senado podría cambiar su reglamento por mayoría simple y eliminar el requisito del 60% que protege a la minoría. Ya existen antecedentes respecto a eliminar esa mayoría especial en algunos casos puntuales en gobiernos anteriores. Sin embargo, una buena parte de los Republicanos se resiste a ese cambio, con el criterio de que ellos pueden ser en el futuro la minoría y perderían el poder de obstruir leyes. La construcción de la dictadura personal de Trump requiere, por el contrario, acabar con toda esa deliberación parlamentaria que limita o enlentece las medidas adoptadas por el presidente. 

 Dejar en suspenso la ley de vivienda va a profundizar la crisis entre los Republicanos, donde los más fieles trumpistas vienen apurando a la aprobación de la SAVE Act para que tenga efecto en las elecciones de medio término. Trump ya había planteado un chantaje similar respecto a la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que también busca aprobar el Congreso, diciendo que no la aprobaría hasta que se vote el paquete del fraude electoral.

 Georgia se rebela contra el fraude 

Otra faceta del fraude electoral es el que se desarrolla a nivel de los Estados dominados por los Republicanos, donde a exigencia del Presidente -y con el aval de la Suprema Corte trumpista- se viene redibujando los distritos electorales para inflar artificialmente la representación del Partido de gobierno. Estos cambios ya se aprobaron en varios Estados del “sur profundo”, como Luisiana (se eliminó un distrito de mayoría negra), Alabama (la Corte autorizó un cambio similar), Tennessee (se modificó el distrito de Memphis), Florida, que siguieron el ejemplo de Texas, Misuri, Ohio, Carolina del Norte. Se estima que los Republicanos se asegurarían (o serían más competitivos) en 10 a 17 distritos que antes favorecían a los Demócratas. Por su parte, los Demócratas podrían ganar unos 6 Representantes en distritos nuevos en California y Utah.

 En el caso de Georgia -otro Estado del sur profundo- se produjo una gran protesta de la población contra una maniobra similar. “Georgia iba a ser el último estado del sur en considerar la redistribución de distritos tras un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para la representación de la población negra” (NYT, 17/6). Sin embargo, “activistas y manifestantes por los derechos civiles se congregaron en Atlanta, considerada la cuna del movimiento por los derechos civiles”. “Marchas y manifestaciones recibieron a los legisladores cuando se reunieron para [una] sesión especial” convocada para tratar la modificación distrital de cara a las elecciones de 2028 (ya no para noviembre de este año). Las protestas provocaron el levantamiento de la sesión y el anuncio del gobernador que no se trataría (por ahora) la modificación. El gobernador Kemp ya había resistido la presión de Trump para aprobar de apuro los cambios con vistas a noviembre (como hicieron muchos Estados) y prefirió esperar a los fallos judiciales respecto a los cambios en otros Estados, y apuntar a un cambio recién para 2028. Esto también quedó por ahora en suspenso, ya que una parte de los Republicanos teme que este tema se convierta en un eje en las próximas elecciones en el Estado (para gobernador y legisladores), lo que permitiría a los Demócratas movilizar al electorado en el que “se ha convertido en el estado indeciso más importante del sur profundo”. 

 La cuestión de la reforma electoral forma parte de la intentona trumpista de establecer un régimen de dictadura personal, incluso en el contexto de una presidencia que ha perdido popularidad, en particular por los efectos de la guerra imperialista sobre las condiciones de vida populares. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 25/06/2026

Los condenados de la tierra y la vigencia de Fanon | con Geraldina Colotti

La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha dado un paso clave para la liquidación de la rebelión obrera y campesina en contra de él. El pasado viernes por la noche, después de una semana de negociaciones y dos reuniones de “diálogo”, ha logrado un acuerdo político con la COB. Esa misma noche, ante los medios de comunicación, el secretario ejecutivo de la Central Obrera, Mario Argollo, levantó la huelga general establecida desde el Primero de Mayo, que no se efectivizó, sin embargo, en la mayoría de los lugares de trabajo, y llamó a levantar los bloqueos sostenidos por organizaciones campesinas e indígenas y obreros autoconvocados. El “diálogo” se estableció a pedido de una “conminatoria” de la COB. 

 Estado de excepción

 A las dos de la mañana del sábado, Paz Pereira decretó el estado de excepción para “liberar” las rutas y calles del país. Inmediatamente, el ejército y la policía boliviana fueron movilizados para el operativo de despeje, lo que da cuenta de una preparación previa a la firma del acuerdo con la COB. El presidente volvió a llamar a la población a “acompañar a la policía y el ejército en los desbloqueos”. Ayer, domingo, se sostenían aún 31 bloqueos en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz (El Deber, 21/06). En Chuquisaca y Pando, los bloqueos refluyeron completamente durante la semana. Potosí amaneció sin bloqueos; hubo enfrentamientos civiles en varias zonas de El Alto (Latitud Bolivia, 21/06). 

 El Comité Cívico de Santa Cruz, bastión de la oligarquía fascista boliviana y del conjunto de las cámaras empresariales, aplaudieron la medida que habían exigido desde el principio. El derechista y expresidente boliviano Tuto Quiroga inmediatamente exigió la aprobación exprés del estado de excepción por parte de la Asamblea Plurinacional boliviana. Según la ley 1740, que reglamenta el estado de excepción, es necesaria una mayoría agravada de la Asamblea Plurinacional en un plazo máximo de setenta y dos horas. Fue lo que ocurrió a las dos de la mañana del domingo, con más de dos tercios de diputados y senadores. 

 Las direcciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la CSUTCB Túpac Katari y los Ponchos Rojos, junto a otras organizaciones campesinas e indígenas, han denunciado a la COB y las Fejuves de traidoras y ratificaron en un primer momento proseguir la lucha por la renuncia del presidente. Un dirigente de la Túpac Katari reconoció que los miembros de la COB se habían retirado de los piquetes desde hacía al menos una semana (La Razón, 19/06). Todo esto es muy instructivo, porque la llamada izquierda, en Bolivia y más allá, había lanzado la consigna del gobierno de la COB.

 La semana pasada, la Túpac Katari también había “conminado” al gobierno a un “diálogo” con un pliego que pedía la derogación de una serie de decretos considerados “inconstitucionales”, entre ellos la ley de reglamentación del estado de excepción (Unitel, 16/06). También hubo denuncias en contra de algunos de sus propios dirigentes por haber participado en las negociaciones de la COB con el gobierno de Paz Pereira. Bajo este marco, la Túpac Katari decretó el “cuarto intermedio “de los bloqueos y convocó a un cabildo para el lunes próximo (RENNO, 20/06), aunque su realización está cuestionada por la prohibición de las reuniones públicas que establece el estado de excepción. 

 La coordinadora de las seis federaciones campesinas del trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, ratificaron proseguir la lucha. El ministro de gobierno amenazó con la intervención del departamento de Cochabamba, acusó a Evo Morales de impulsar acciones vinculadas al narco-terrorismo y advirtió que la policía y el ejército boliviano están definiendo el plan operativo para ingresar a la zona (Los Tiempos, 20/06). 

 Crónica de una entrega 

Hace dos semanas, Paz Pereira ya había logrado la cooptación de cinco de las nueve centrales obreras departamentales; un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Fabriles y, la semana pasada, con las seccionales sindicales de los mineros de Huanuni y Colquiri. También firmó, por enésima vez, un acta acuerdo con la dirección de los autotransportistas de La Paz, afectados por la “gasolina basura”.

 El fin de semana anterior, la dirección de la COB había suspendido su ampliado dos veces consecutivas en una clara muestra de desorientación ante la avanzada del gobierno sobre sus departamentales y sindicatos afiliados. Finalmente, el comité ejecutivo de la COB dirigido por Mario Argollo decidió “conminar” a principios de semana al presidente Rodrigo Paz a un “diálogo”, con un pliego de ocho puntos, bajo la amenaza grandilocuente de “revolucionar el país”. El pliego exigía la liberación de más de un centenar de detenidos, la finalización de la política de criminalización de la protesta social y que el gobierno combata al “racismo”, la no entrega de los recursos naturales, rechazaba el acuerdo con el FMI, solicitaba mecanismos de “consenso” de las medidas del gobierno y el cumplimiento de las promesas electorales, exigía una “redistribución” equitativa y la “protección” de la canasta familiar. La primera sesión de negociaciones entre el Gobierno y la COB se levantó bajo el compromiso de liberar a los detenidos durante las represiones a las movilizaciones y bloqueos. 

 El carácter abstracto del pliego de la COB permitió que Paz Pereira pudiera comprometerse con todos los puntos establecidos por esa central obrera. Pero fue categórico en defender el acuerdo con el FMI, anunciado días antes como “cercano”, junto a una devaluación del 40 % de la moneda local (Bloomberg Línea, 15/06). La COB resignó su rechazo al FMI y aceptó un mecanismo de “administración transparente” de los recursos obtenidos de organismos de crédito internacionales. 

 Repliegue 

Hasta el momento, el operativo militar y policial de despeje ha sido masivo y concentrado en los puntos de bloqueos ya abandonados por los manifestantes. En el caso de Caracollo, en Oruro, se desplegaron más de mil efectivos (Wara TV, 21/06). El bloqueo de San Julián en Santa Cruz, que semanas atrás había derrotado una represión policial y parapolicial de la Unión Juvenil Cruceña, fue levantado mediante una negociación encabezada por el gobernador cruceño y bajo la promesa de obras de infraestructura y otras reivindicaciones (El Deber, 21/06), claramente condicionada por la entrega de la COB y el repliegue de la Túpac Katari en La Paz. En Cochabamba, Paz Pereira tratará de hacer efectiva la prisión de Evo Morales. 

 En lo inmediato, Paz Pereira sale políticamente muy reforzado de esta crisis. Con el levantamiento de la mayoría de los bloqueos y la declaración del estado de excepción, ha reforzado su influencia política en las capas medias que nunca fueron atraídas a la lucha por la COB o la Túpac Katari. Ahora, Paz deberá seguir su arbitraje entre los sectores derechistas que exigen ir a fondo. 

 El desabastecimiento de combustible y su calidad no ha sido resuelto, como tampoco la carestía de la vida, que se agravará por la fuerte devaluación que está exigiendo el FMI. 

 Julio Quintana

 22/06/2026

Cuba rinde homenaje póstumo al comandante Ramiro Valdés Menéndez

El G7, en un marco de guerra en Europa

La Cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains (Francia), vuelve a exhibir el estado real del llamado orden internacional. Lejos de la retórica de unidad que pregonaron Macron y otros líderes, la reunión reflejó la crisis profunda del bloque. 

 El G7, foro de economías avanzadas, ha evolucionado de plataforma económica a coordinador de sanciones y apoyo militar selectivo. Desde su creación en 1975 como foro de las “democracias” imperialistas, ha perdido terreno ante el ascenso de China, y sobre todo, ante las crecientes tensiones entre sus propios miembros.

 Irán 

El anuncio de un acuerdo marco entre Washington y Teherán apenas veinticuatro horas antes de la cumbre marcó el tono. “Trump firmó el llamado memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles, cerca de París, el miércoles por la noche, al término de la cumbre del G7” (Bloomberg). 

 “El resultado para Israel es, como lo describe uno de los diplomáticos del país en Jerusalén, «un fracaso glorioso»”, cita The Economist (16/6). Los sectores identificados como más duros han ganado influencia interna tras el conflicto. “La exigencia del acuerdo de que las fuerzas estadounidenses se retiren de la "proximidad" de Irán en un plazo de 30 días permite a Irán presumir de haber expulsado al ejército estadounidense de la región” (New York Times 18/6). 

 Ucrania 

Entre los temas principales que ocuparon los debates, Macron destacó la "removilización del G7" para aumentar la presión sobre Rusia; "de suma importancia", cita Le Monde, que subrayó que los países de las siete potencias habían "reconocido" que "no existía una voluntad seria por parte de Rusia" de negociar (Le Monde, 17/6). El apoyo occidental a Kiev acumula más de 300.000 millones de dólares. El G7 se comprometió a ceder más sistemas de defensa aérea, munición de largo alcance y endurecimiento de sanciones al petróleo y gas rusos, facilitado por la posible reapertura de Ormuz.

 Trump llegó tarde, cinco líderes (Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y Japón) se reunieron sin él ni Macron antes de la sesión inaugural. Asociated Press destaca el nuevo paquete de sanciones británico contra la “flota fantasma” rusa, que atraviesa, desde el Báltico, el Canal de La Mancha. Las agencias internacionales coinciden en señalar el mensaje de “unidad” de la cumbre, pero en lugar de un comunicado conjunto, el G7 emitió nueve declaraciones separadas por temas, fórmula que permite a cada país suscribir sólo lo que le conviene y eludir lo que no. Un procedimiento que expresa la hemiplejia del bloque. Las divisiones ya existentes en la OTAN se han trasladado al G7 con toda su crudeza.

 La crisis de los aliados 

Trump criticó al resto de la OTAN por no respaldar la guerra de Washington contra Irán y por negarse a conceder acceso inmediato a bases europeas para ataques aéreos. En una reunión de ministros de defensa en Bruselas este jueves, Pete Hegseth, el secretario “de Guerra”, señaló que muchos aliados no superaron esta “prueba” y antepusieron negativas, debates legales y críticas públicas. Este anuncio se suma a la reciente decisión de retirar 5.000 soldados de Alemania y cancelar el despliegue de un batallón de artillería de largo alcance. Hegseth advirtió que las contribuciones financieras de EE.UU. a la OTAN dependerán de que los aliados cumplan sus objetivos de gasto en defensa, y anunció recortes en capacidades asignadas al Modelo de Fuerza de la OTAN, incluyendo grupos de portaaviones y submarinos con misiles Tomahawk. Además, acusó a la Alianza de haber perdido su propósito principal al priorizar temas como la igualdad de género y el cambio climático en lugar de capacidades militares reales. 

 Camilo Márquez 

 19/06/2026

El Comando Sur bombardea Venezuela en una “operación conjunta” con el gobierno de Delcy Rodríguez

Cuba en la mira. 

 El viernes se realizó la primera operación militar conjunta entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas venezolanas para descabezar a la supuesta organización ´narco terrorista´ denominada "Tren de Aragua". The Washington Post señaló que las fuerzas del Mando Conjunto de Operaciones Especiales llevaron a cabo el ataque con un misil y que la CIA colaboró sobre el terreno con fuerzas venezolanas durante la operación. La participación preponderante de los estadounidenses en este ataque demuestra que la figura de “protectorado” le va quedando chica al chavismo residual.

 El bombardeo ocurrió en la zona de Las Claritas, en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela, para asesinar a Héctor “Niño” Guerrero, presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua. Resulta incomprobable, pues la identificación de los restos no ha sido posible por la explosión del misil. Ninguno de los dos gobiernos informó tampoco cuántas personas fueron asesinadas en total. 

 Además de cuestionar la soberanía de Venezuela, esta operación viola todos los marcos legales nacionales e internacionales. Utiliza armamento militar pesado para resolver una cuestión que, en el caso más extremo, constituye un problema de seguridad corriente. La desproporción en el uso de la fuerza no tiene precedentes en el continente. Ni siquiera el Plan Colombia llegó a tanto: el Congreso de los Estados Unidos impuso un límite máximo de efectivos en territorio colombiano y no les permitía participar formalmente en misiones de combate directo. Su radio de acción se limitaba a las bases militares donde entrenaban a los efectivos locales. En aquel momento se cuestionaban las fumigaciones con glifosato sobre las plantaciones de coca, no los bombardeos sobre civiles.

 Esta operación constituye un salto en la política de guerra que Trump está planteando en el continente. Esta política comenzó con el bombardeo de lanchas de pescadores en el mar Caribe y continuó con el secuestro de Nicolás Maduro. Ahora pretende sentar el precedente de un ataque en territorio continental para naturalizar la presencia del Comando Sur, violando la soberanía de todos los países de América Latina.

 Es la implementación plena de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, que plantea un repliegue de Estados Unidos sobre el continente americano para fortalecerse en su enfrentamiento con China. Las pretensiones de Trump no se limitan al sur, sino que periódicamente reitera sus intenciones de anexar Groenlandia y Canadá. No se trata de los caprichos de un megalómano, sino de la necesidad de controlar la cadena de suministros y los pasos comerciales cuando el imperialismo se ve amenazado por el derrumbe de su competitividad frente a China. 

 La excusa para justificar el ataque es por demás absurda porque, según los propios informes de la DEA, Venezuela no es ni un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos ni un país productor. 

 Hasta principios de este año, muchos analistas ponían en duda la existencia del grupo criminal Tren de Aragua, ya que se lo creía diezmado. La propaganda de “lucha contra el crimen”, utilizando como excusa a este grupo, le sirvió a Trump para deportar hacia las cárceles de El Salvador a centenares de venezolanos que se encontraban exiliados en Estados Unidos solo por portar un tatuaje. Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar a venezolanos, acelerando el proceso y suprimiendo su derecho a una audiencia ante un tribunal de inmigración. Además, a grupos de delincuentes comunes de toda América Latina se los está considerando miembros de ese grupo, como si formaran parte de una franquicia -como pasó con Al Qaeda-. La idea es seguir inventando una realidad a la medida de las intenciones represivas y fascistas del imperialismo.

 Washington dirige la política interna de Venezuela en todos los órdenes. La facturación de las exportaciones de petróleo entra directamente a Estados Unidos. La corporación estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) suscribió este jueves acuerdos con la británica Shell para el desarrollo y la explotación de proyectos de gas natural en alta mar y de crudo en tierra. Inició la exploración en el campo Loran -que estuvo sin avances durante veintitrés años- y que tiene reservas estimadas en 7,5 billones de pies cúbicos. El imperialismo necesita ampliar la extracción de gas para paliar la crisis energética mundial que él mismo ha generado a través de las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Como parte del mismo proceso de expoliación del país, la “comendadora” Delcy Rodríguez acaba de firmar un acuerdo con General Electric para que se haga cargo de renovar el sistema eléctrico del protectorado. La reactivación de la explotación petrolera lo ha dejado al límite.

 La mayor parte de la deuda externa de Venezuela -que en total equivale al 200 % de su PBI- se encuentra en manos de China. Los pagos acordados con este país eran en crudo, algo a lo que el imperialismo se niega. La reestructuración que planea está en función de no desatender la inversión, sobre todo porque no le cuesta nada dejar esperando a Xi Jinping. Desde el 3 de enero, cuando procedió al secuestro de Nicolás Maduro, Trump está discutiendo con las petroleras para que inviertan en Venezuela. Las empresas, dispuestas a llevarse las ganancias con el mínimo esfuerzo, pretenden que las arcas del Estado carguen con todos los gastos. 

 Ni el cipayismo de Delcy Rodríguez ni el ataque militar estadounidense en suelo venezolano han merecido el más mínimo pronunciamiento por parte de los líderes latinoamericanos. El colombiano Gustavo Petro apenas criticó las celebraciones del ataque y cuestionó la lógica de responder a problemas complejos mediante el uso de la fuerza militar, pero no ha dicho una palabra sobre la violación de la soberanía.

 Los nacionales y populares creen que, si pasan desapercibidos, el bravucón del continente los ignorará. Hasta hace unos meses se les cuestionaba su falta de acción frente al bloqueo a Cuba, los ataques en el Caribe o el mismo secuestro de Maduro. Ahora ni siquiera se gastan en declaraciones verbales. Sin embargo, ni la inmovilidad ni el colaboracionismo pueden salvarlos de los planes de Trump. Por el contrario, la pusilanimidad envalentona al fascista del norte, que avanza con el Escudo de las Américas en intervenciones militares directas que no tienen precedentes en el continente en lo que va del siglo. 

 La misma excusa de la lucha contra el narcotráfico ya fue ensayada retóricamente por Trump en Brasil y, de manera más concreta, en México. Pete Hegseth y Marco Rubio han extendido esa lógica a Cuba, a la que vuelven a presentar como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y frente a la cual han advertido sobre posibles respuestas militares y un endurecimiento de las medidas de presión. Como si no fuera suficiente la crisis humanitaria que están provocando en la isla a través del bloqueo. Las amenazas de Washington contra Cuba, Groenlandia y México muestran que el bombardeo en Venezuela es parte de una doctrina de intervención que busca legitimar la injerencia directa de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región. La apelación al crimen organizado o a la seguridad funciona como cobertura ideológica de una política orientada a reforzar el control del continente americano en el marco de la disputa estratégica con China. Una amenaza semejante sobre las condiciones de vida de los trabajadores de toda América debe ser respondida con la movilización popular contra el imperialismo y todos los gobiernos cómplices.

 Aldana González 

 18/06/2026

Crítica al marxismo occidental | con Néstor Kohan

El hombre más rico de la historia y una empresa que pierde millones: la paradoja de SpaceX

Apenas tres días después de su debut histórico en la bolsa de valores NASDAQ, SpaceX anunció este martes la adquisición de Anysphere, empresa matriz del asistente de programación Cursor, por 60.000 millones de dólares en un acuerdo enteramente en acciones (Financial Times, 16/06). La operación consolida el bloque monopólico que Elon Musk viene construyendo a ritmo acelerado: cohetes, inteligencia artificial, redes satelitales, semiconductores y ahora las herramientas de software más usadas por los programadores del mundo.

 Las acciones de SpaceX treparon más de un 10% en la apertura del martes, elevando su capitalización de mercado a 2,77 billones de dólares y superando a Amazon -valuada en 2,6 billones- para convertirse en la quinta empresa más grande del mundo (Forbes, 16/06). La fortuna personal de Musk superó los 1,4 billones de dólares, consolidándolo como el primer billonario ("trillonaire" en inglés) de la historia. Sin embargo, detrás del relato del éxito bursátil, los números reales de la compañía cuentan otra historia: SpaceX cerró 2025 con pérdidas netas de 4.900 millones de dólares y acumuló otros 4.280 millones en rojos durante el primer trimestre de 2026 (Forbes, 16/06). Como señaló el inversor Michael Burry -conocido por anticipar la crisis de 2008-, no hay nada en los documentos presentados ante la SEC que justifique una valuación de siquiera un billón de dólares (Forbes, 16/06).

 La lógica del monopolio integrado

 La adquisición de Cursor no es un movimiento comercial ordinario. Es la pieza que completa un rompecabezas estratégico. En febrero de 2026, Musk fusionó SpaceX con xAI -el laboratorio creador del chatbot Grok- absorbiendo también la red social X en una estructura valuada en más de un billón de dólares (New York Times, 16/06). En mayo anunció el proyecto Terafab, una planta de fabricación de chips avanzados en Texas con una inversión inicial de al menos 55.000 millones de dólares. Ahora, con Cursor, incorpora la herramienta de programación asistida por IA de mayor crecimiento en el mercado, fundada en 2022 y respaldada por fondos como Andreessen Horowitz y Thrive Capital. 

 El objetivo declarado es construir "los centros de datos espaciales más útiles del mundo" (New York Times, 16/06). El objetivo real, como señalamos en notas anteriores, es blindar la infraestructura informática del imperialismo norteamericano: trasladar el procesamiento de datos a la órbita terrestre para ponerlo fuera del alcance de sabotajes, ciberataques o apagones, garantizando la superioridad militar de los Estados Unidos en la guerra mundial imperialista en curso.

 Una burbuja sostenida por el Pentágono

 El mercado convalida pérdidas siderales porque sabe que detrás de SpaceX no hay un negocio civil rentable, sino contratos militares garantizados por el Estado imperialista. El 1° de mayo, el Pentágono cerró acuerdos con siete empresas tecnológicas -entre ellas SpaceX- para integrar inteligencia artificial en sus redes clasificadas. Los contratos vigentes de la compañía con el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia ratifican que su rentabilidad no se mide en ganancias comerciales, sino en su valor estratégico para la guerra.

 La absorción de Cursor profundiza esta lógica. Cursor utilizó originalmente el modelo Claude de Anthropic para potenciar su agente de programación; luego de que Anthropic lanzará su propio producto competidor -Claude Code-, la startup desarrolló modelos propios (New York Times, 16/06). Ahora, bajo el paraguas de SpaceX y xAI, esa capacidad quedará integrada directamente en la cadena de producción de tecnología militar. Los mismos algoritmos que hoy escriben código para startups de Silicon Valley serán mañana optimizados para los sistemas autónomos de combate del Pentágono. 

 El billonario y la clase obrera 

Mientras Musk se convierte en el primer billonario de la historia, la IPO (oferta pública inicial) de SpaceX se presenta en los grandes medios como una victoria del "capitalismo popular": miles de empleados recibirán acciones millonarias, se nos dice. Lo que no se dice es que ese esquema de compensación en acciones funcionó durante años como mecanismo de disciplinamiento: los trabajadores de los complejos de Texas debieron someterse a jornadas extenuantes y contratos de permanencia obligatoria de cinco o más años para que sus acciones quedaran en firme. Quienes no resistieron el régimen o se fueron antes perdieron todo derecho al cobro. 

 La unificación de cohetes, IA, redes de información, robótica y semiconductores bajo un solo bloque monopólico -lo que Musk llama ProjectX- no es el triunfo de la innovación, que no ha dado resultados tangibles como tal, salvo en su aplicación para la guerra. Es la forma que adopta el capital, en un cuadro de anarquía de mercado: empresas deficitarias sostenidas por una especulación sin precedentes, que convierte a una minoría de capitalistas en una oligarquía con derecho a una descomunal apropiación de la riqueza social. Mientras los gobiernos capitalistas desfinancian la salud y la educación, el sistema financiero coordina tsunamis de liquidez para perfeccionar los instrumentos de destrucción material y social.

 Iara Bogado 

 17/06/2026

Gaza y la guerra del algoritmo

Israel no utiliza la tecnología solo para «defenderse», como repite su propaganda oficial. La emplea para clasificar personas, rastrear movimientos, interceptar comunicaciones, identificar viviendas, seleccionar objetivos y acelerar ataques Las medidas previstas buscan aprovechar mejor la tierra y elevar los rendimientos productivos. 

 Dos importantes investigaciones ayudan a entender una dimensión decisiva de la guerra contra el pueblo palestino. La primera, publicada por el Institute for Economics & Peace, se titula «How AI is transforming Conflict and Peace», traducido al español: «Cómo la inteligencia artificial está transformando el conflicto y la paz». Su autor es Charles Fitchew. La segunda, publicada por Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network, se titula «AI for War: Big Tech Empowering Israel’s Crimes and Occupation» (Inteligencia Artificial para la guerra: las grandes tecnológicas potencian los crímenes y la ocupación de Israel). Su autora es Marwa Fatafta. 

 Ambos estudios apuntan en la misma dirección: la tecnología ya no es un elemento externo a la guerra, sino una pieza central de su organización. 

 Durante décadas, cuando se hablaba de tecnología militar, la mayoría pensaba en aviones, misiles, drones o satélites. Hoy hay que mirar también hacia otro lugar: los servidores, las nubes digitales, las bases de datos, los sistemas de inteligencia artificial y las plataformas privadas que procesan información a una velocidad imposible para cualquier ser humano. En Palestina, y especialmente en Gaza, esa infraestructura tecnológica se ha convertido en parte directa de la maquinaria de ocupación, vigilancia y guerra. 

 Israel no utiliza la tecnología solo para «defenderse», como repite su propaganda oficial. La emplea para clasificar personas, rastrear movimientos, interceptar comunicaciones, identificar viviendas, seleccionar objetivos y acelerar ataques. Sistemas como Lavender, The Gospel o Where’s Daddy han sido señalados por estas investigaciones como herramientas usadas para procesar grandes volúmenes de datos y producir listas de blancos humanos o materiales. O dicho de forma sencilla: la máquina ayuda a decidir quién puede ser atacado, dónde y con qué margen de destrucción alrededor. 

 El problema no es únicamente técnico. Es político y moral. Cuando una población ocupada se convierte en un conjunto de datos, el riesgo de deshumanización aumenta. Una persona deja de ser una vida concreta, con familia, historia y derechos, para aparecer como una probabilidad, una categoría o una entrada dentro de un sistema. 

 La inteligencia artificial no aprieta el gatillo por sí sola, pero puede hacer que matar sea más rápido, más opaco y más fácil de justificar. La guerra se acelera y la deliberación ética se reduce. Lo que antes requería análisis, contraste y responsabilidad política puede comprimirse en una cadena automatizada de decisiones. 

 La otra parte del problema está en Silicon Valley. El informe de Al-Shabaka señala directamente a grandes empresas estadounidenses como Google, Amazon, Microsoft y Palantir. No son actores neutrales ni simples proveedoras de herramientas inocentes. Sus servicios se han integrado a las operaciones militares, de inteligencia y vigilancia. El «Proyecto Nimbus», por ejemplo, vincula a Google y Amazon con la infraestructura digital del Estado israelí mediante un contrato multimillonario. Microsoft y Amazon Web Services también han sido señaladas por su papel en el alojamiento, procesamiento o soporte de sistemas usados por estructuras militares y de seguridad israelíes. 

 Por tanto, la guerra contemporánea no depende solo de fábricas de armas. Está determinada por empresas tecnológicas que se presentan como modernas, limpias y progresistas, pero que participan en la arquitectura material de la violencia. Sin servidores no hay almacenamiento masivo. Sin nube no hay procesamiento a gran escala. Sin inteligencia artificial no hay clasificación acelerada de objetivos. Sin plataformas privadas, muchos Estados no podrían ejecutar con la misma eficacia sus políticas de vigilancia y guerra. 

 Por eso, la lucha por Palestina también debe mirar hacia las infraestructuras invisibles. No basta con denunciar las bombas. Hay que apuntar a quienes hacen posible la selección, vigilancia y persecución de nuestros pueblos. 

 Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu 

 15 de junio de 2026 21:06:52

Manuel Liberoff: el médico que no cobraba y al que no pudieron silenciar

A 50 años de su desaparición, los vecinos de la policlínica que lleva su nombre lo recuerdan como lo que fue: un médico de barrio que atendía a cualquier hora, no cobraba consulta y repartía caramelos de naranja.

 En La Cruz de Carrasco hay una policlínica de ASSE que lleva el nombre de Manuel Liberoff. Para los vecinos del barrio, el nombre no es una entelequia: algunos lo recuerdan como su médico. Otros recuerdan a sus padres contando cómo él aparecía en la puerta de la casa cuando nadie más llegaba, dejaba la medicación y se iba sin cobrar nada. 

 El 20 de mayo se cumplen 50 años de su desaparición en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. Liberoff tenía 54 años y estaba convaleciente de una operación de cáncer cuando lo secuestraron en la madrugada del 20 de mayo de 1976, la misma noche en que fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. 

Permanece desaparecido.

 El médico del barrio 

Manuel Liberoff nació el 31 de marzo de 1922 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Llegó a Uruguay en 1944 y se recibió de Doctor en Medicina en 1949. Se instaló en Malvín Norte junto a su esposa, Silvia Nemirovsky, y sus tres hijos: Jenny, Liliana y Benjamín. Desde esa casa atendió durante décadas a los vecinos de Camino Carrasco. 

 Su forma de ejercer la medicina no tenía límites de horario ni de economía. “¿Cuánto es, doctor?”, le preguntaba Edith Pereira, una paciente. “Andá, andá”, respondía él, y le daba indicaciones para que se cuidara. Los vecinos de la policlínica que hoy lleva su nombre lo recuerdan con precisión: “Atendió a todos en la familia, a todo el barrio, y nunca cobró una consulta, jamás. Si notaba que la familia no estaba bien económicamente, venía y les traía alimentos. La medicación se la daba gratis, si la tenía en el auto en ese momento”, recuerda Enrique Olarán. 

 María del Carmen Trozzola, otra vecina, señala un detalle que los que lo conocieron repiten como si fuera una seña de identidad: los caramelos de naranja. “Me decía: no tenés nada, no tenés nada, ya te vas a curar. Y me daba unos caramelos que eran unos gajitos de naranja.” Salvarle la vida a su padre, dice María del Carmen, “fue ya lo más grande”. 

 El dirigente y el comunicador 

Liberoff no se quedó en el consultorio. Integró el Comité Ejecutivo del SMU como tesorero, y fue uno de los médicos que en aquella época entendió que el rol del profesional de la salud no terminaba en la consulta. 

 Fue panelista del programa “Conozca su Derecho”, los lunes por Canal 12, y comunicador en CX42, donde trataba temas de salud en un lenguaje accesible. Para quienes lo escuchaban, verlo en televisión tenía un peso particular: era un médico que “reivindicaba en pantalla lo que la gente pensaba”, apunta Antonia Yáñez, docente y amiga de esa época. 

 Roberto Pereira, compañero de militancia y de exilio, recuerda su “calidez, la comunicación, el ver de alguna manera todas las actividades, aún las dramáticas, con cierto humor”. 

 Los padres organizados

 En los años 60 y 70, la educación pública era “un campo de disputa”, señala Antonia. La violencia de grupos de ultraderecha como la JUP contra estudiantes en los liceos era sistemática. El 11 de agosto de 1972, Santiago Rodríguez Muela fue asesinado de un balazo dentro del Liceo N.º 8 por una patota armada. Era el primer estudiante muerto dentro de un local liceal. 

 En este contexto, Liberoff fundó CODEPALES, la Coordinadora de Padres de Alumnos de Enseñanza Secundaria, para organizar a los padres frente a lo que ocurría. También impulsó los liceos populares durante las huelgas contra la ley de educación, sosteniendo redes de clases para que los alumnos no perdieran el año. Antonia lo describe como una figura que “apareció como padre organizando estas asociaciones para ponerle un detente a las cosas que estaban pasando”. 

 La detención

 Cuando el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 desencadenó la Huelga General, Liberoff tenía un acuerdo con su familia: dejaría de ir a la casa si lo requerían, pero si amenazaban a su familia, se presentaría. A los pocos días de la huelga, los militares montaron una ratonera en su domicilio de Camino Carrasco. Estaban su esposa, sus dos hijas, su nuera y su nieta Tania, que tenía menos de dos años. Liberoff se presentó y fue detenido. Lo subieron a la caja de un camión. 

 Su hijo Benjamín estaba preso en el Cilindro en ese momento. La familia no sabía dónde habían llevado a Manuel. La pista llegó por un camino inesperado: unos trabajadores del ANCAP que venían del km 14 de Camino Maldonado contaron al llegar al Cilindro que en ese cuartel había un hombre al que custodiaban con cuatro metralletas en una cancha solo, y que cuando lo llevaban al baño les tiraba caramelos de naranja a los otros presos. 

 “Esa era una característica que tenía papá, andar siempre con caramelos de naranja”, dice Benjamín. Así supo dónde estaba su padre. Los caramelos se los llevaba su esposa, junto con sábanas, al lugar donde dejaban lo que se pudiera dejar a los familiares cuando no sabían dónde estaban sus seres queridos. Aunque lograron saber el paradero de Manuel, nunca la dejaron verlo. 

 El 30 de octubre de 1973, la Junta de Comandantes votó la expulsión del país de Liberoff. Como era de nacionalidad argentina, lo pusieron en un avión el 7 de noviembre. Solo, sin su familia. 

 Buenos Aires y el 20 de mayo 

En Buenos Aires, Liberoff retomó la militancia y el vínculo con los uruguayos exiliados. La red era pequeña pero organizada. Roberto Pereira, que también se exilió en Argentina, lo vio pocas horas antes del secuestro. “Encontrarse con Manuel significaba una charla mucho más amplia. Estuvimos hablando de seguridad. Él tenía la percepción bien ajustada de darse cuenta del peligro que corría”. 

 En la madrugada del 20 de mayo de 1976, un operativo del Plan Cóndor se lo llevó. Sus hijas, que estaban en la misma casa, vieron cómo lo sacaban encapuchado con un poncho que le había regalado Santiago, abuelo de ellas y padre de Manuel.

 Benjamín estaba en Praga esa mañana, leyendo una carta de su padre, cuando lo llamaron del télex. Fue Pereira quien le envió la notificación. “Una de las primeras cosas que hice fue comunicarme con Benjamín”, recuerda Pereira. 

 “Lo único que quedó registrado sobre su paradero posterior es el testimonio de un bancario ante la primera comisión parlamentaria de investigación: un médico uruguayo comunista, con la salud muy debilitada, estuvo detenido en Automotores Orletti, el centro clandestino conocido como OT18. El médico les decía a los carceleros que no tenían derecho a hacer eso con la gente.

 El nombre que queda 

El Salón de Actos de la sede del Sindicato Médico del Uruguay lleva el nombre de Manuel Liberoff. También una plaza en las proximidades de su antiguo domicilio en Malvín Norte. Y la policlínica de ASSE en La Cruz de Carrasco, donde los vecinos del barrio que él atendió van hoy a cuidar su salud bajo su nombre. 

 “Liberoff está en este policlínico, está en su plaza y está en la gente”, dice su hijo Benjamín. “Lo mejor que le puede pasar a uno es que digan: fue un buen tipo. Desde ese punto de vista, hay una cuenta saldada.”

 Y agrega, con la distancia de 50 años: “Como el Cid Campeador, sigue ganando batallas después de muerto.” 

 * El SMU recuerda a Manuel Liberoff en el 50º aniversario de su desaparición, ocurrida el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. 

 Sindicato Médico del Uruguay,  martes 19 de mayo de 2026

Mundial 2026: primeros partidos y movilizaciones callejeras

Los primeros partidos del Mundial 2026 dejaron imágenes que trascendieron el terreno de juego. Las postales de las aperturas, la primera vez en la historia que se realizan tres actos en tres países, incluyeron protestas callejeras de los trabajadores de cada país. Con el correr de los días, se han sumado otras tensiones 

 México 

La apertura oficial, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo lugar en México durante la tarde del jueves 11 de junio. Tuvo lugar en el Estadio Azteca y contó con una presencia de 80.000 espectadores, la enorme mayoría del conjunto anfitrión. Lo que los medios internacionales encargados de la televisación del evento dejaron de lado es que, al mismo tiempo que Shakira desplegaba un show musical, más de 45.000 personas se movilizaban por la capital de México para reclamar contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las familias de mujeres y niños desaparecidos encabezaron una numerosa columna que se dirigió a las cercanías del estadio mundialista. Fueron interceptados por columnas de policías fuertemente armados, incluída la caballería, que reprimieron con ferocidad a las mujeres. El despliegue policial fue caracterizado por la prensa como una militarización. La presencia de efectivos policiales se ha convertido casi en una obsesión debido a las movilizaciones cotidianas de trabajadores mexicanos.

 En el centro de la ciudad, los docentes, que mantienen una huelga de más de una semana en reclamo de mejoras salariales, invadieron el “Fan Fest” preparado para mirar el partido inaugural. Esa acción llevó a la presidenta Sheinbaum a mirar el partido inicial refugiada en un edificio cerrado. La presidenta, haciendo gala de una demagogia barata, había declinado la invitación al palco presidencial en el estadio, asegurando que los precios exorbitantes de las entradas dejan afuera a millones de mexicanos de la posibilidad de asistir a la cita mundialista. En su lugar, había previsto asistir al “Fan Fest”, pero la movilización docente la obligó a dejarla de lado. En las ediciones de México 1970 y 1986, los entonces presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, fueron fuertemente silbados por los espectadores presentes en los partidos inaugurales. Sheinbaum no habría sido la excepción. 

 El partido inaugural mostró una asistencia masiva a los estadios, algo que se desvaneció en el siguiente partido. El Estadio de Guadalajara mostró tribunas vacías en casi todos los sectores habilitados. El encuentro entre Corea del Sur y Chequia poseía como entrada más económica un ticket de 500 dólares; los lugares exclusivos se acercaban a los 5.000 dólares. 

 En otro caso, aterrador, un cuerpo fue hallado en estado avanzado de descomposición dentro de un auto estacionado frente al alojamiento de la selección de Irán, que se encuentra instalada en Tijuana, una de las ciudades más violentas del país. La selección iraní, que fue vetada para alojarse en suelo estadounidense y retirado el visado a varios integrantes de su delegación oficial, realiza un traslado cotidiano en colectivo bajo un fuerte operativo policial. La aparición de un cuerpo fue leído con preocupación y ha puesto en tela de juicio que la delegación pueda tener garantizada su seguridad durante el torneo. 

 Canadá 

Si el primer día mundialista fue un dolor de cabeza para los gobiernos organizadores y la FIFA, el segundo día no dejó mejores sensaciones. La previa al partido en la ciudad de Toronto se vio rodeada de movilizaciones y protestas que apuntaban a la complicidad de la FIFA con el genocidio palestino cometido por Israel. Banderas desplegadas por una organización judía con orientaciones propalestinas exigían la expulsión de Israel de la FIFA y la UEFA (la organización europea de fútbol). Históricamente, Israel fue protegido por la FIFA, que le permite desde hace casi 60 años disputar las eliminatorias europeas tras el boicot de la toda la federación asiática a disputar partidos contra el seleccionado israelí.

 Los manifestantes señalaron que la FIFA tolera a Israel en las competiciones oficiales, mientras que otros países, como Rusia, fueron sancionados. Además, reclama que se permita a los equipos israelíes usar de sedes oficiales zonas ocupadas de Cisjordania y Siria. 

 Unas horas más tarde, el show inicial volvió a dar que hablar. Los aficionados canadienses dejaron el estadio casi vacío durante el show musical, las tribunas se vieron más pobladas solo unos minutos antes del inicio formal del partido. La performance orquestada buscaba celebrar la multiculturalidad del país del norte, en un escenario de guerras y matanzas internacionales. El Primer Ministro, Mark Carney, tampoco se hizo presente en el estadio de Toronto, lo que marcó la segunda ausencia Ejecutiva. 

 Estados Unidos 

Estados Unidos se guardó el turno final para concluir las ceremonias inaugurales, que tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los diez minutos del show estuvieron colmados de fuegos artificiales y despliegues musicales impresionantes. El lugar central lo ocupó la cantante Katy Perry, que hace solo unos meses aseguró que mientras Trump fuera presidente de los Estados Unidos rechazaría realizar shows vinculados a la Casa Blanca. El show fue meticulosamente preparado para evitar cualquier expresión de rechazo a Donald Trump. 

 Trump había anunciado que no asistiría al partido inaugural, alegando que el precio de la entrada le parecía excesivo. En segundo lugar, para evitar ser abucheado como en las finales de la NBA en Nueva York en los días inmediatamente previos al inicio del Mundial de fútbol. En Los Ángeles, el magnate norteamericano presenta uno de sus niveles de mayor rechazo. El barrio de habitantes latinos que rodea al estadio seleccionado para la inauguración era un terreno hostil. Las mismas calles por las que hoy se observan banderas y remeras de las selecciones participantes del Mundial fueron hace solo un año el escenario de una guerra callejera entre los manifestantes, el ICE y la Guardia Nacional al servicio de Trump. La tensión social se respira en cada esquina. 

 Los tiroteos en espacios públicos son otra epidemia en Estados Unidos. Las noticias sobre tiroteos ocurridos en cercanías de alojamientos de diversas selecciones, como Inglaterra o Argentina, han puesto de manifiesto la descomposición social que atraviesa al imperialismo en su propia casa. 

 La ausencia de los gobiernos organizadores en el primer partido es un hito que no se ha visto casi en ningún evento mundialista. Desde Suecia 1958 era recurrente lo contrario, es decir, ver a los presidentes asistir a los partidos. La ausencia de prácticamente cualquier presidente en los primeros encuentros marca el pulso de la situación política que rodea al evento futbolístico más importante. Una exigua cantidad de gambetas y goles extraordinarios, entre ellos el de Vinicius para salvar a Brasil en su debut frente a Marruecos, no son suficientes para tapar este escenario explosivo. 

 Joaquín Antúnez 

 15/06/2026

La salida de SpaceX a la Bolsa y la guerra planetaria de Estados Unidos

Elon Musk busca recaudar la cifra récord de US$ 75.000 millones en Wall Street. 

 Este viernes 12 de junio, Elon Musk habrá protagonizado en Wall Street el mayor debut de la historia bursátil global. La salida a la bolsa de SpaceX, la compañía aeroespacial busca recaudar la cifra récord de US$ 75.000 millones en el NASDAQ, una operación que triplica las mayores marcas históricas registradas hasta la fecha (Clarín, 9/06). Apenas unas horas antes de la colocación, el magnate buscó apuntalar las expectativas del mercado mostrándose públicamente junto al monopolio de semiconductores ASML, y anunciar el proyecto "Terafab" para fabricar chips propios avanzados en Texas (Urgente24, 11/06). Sin embargo, detrás del relato del éxito corporativo y la fiebre de la Inteligencia Artificial (IA), se esconde una realidad descarnada: SpaceX es una firma estructuralmente deficitaria que sale a la Bolsa para absorber liquidez y rescatar financieramente un entramado informático diseñado explícitamente para la guerra imperialista. 

 Los números rojos

 Los balances oficiales de SpaceX, filtrados recientemente ante la SEC, demuestran que la compañía es una colosal máquina de quemar capital. Aunque la red Starlink arrojó beneficios operativos, el balance consolidado de SpaceX en 2025 cerró con pérdidas catastróficas de US$ 4.937 millones. El agujero negro financiero se profundizó en el primer trimestre de 2026, registrando rojos por otros US$ 4.947 millones en tan solo tres meses. El hundimiento responde al costo de su filial xAI (desarrolladora del chatbot Grok), que perdió US$ 6.355 millones el año pasado en su ciega competencia contra OpenAI, obligando a Musk a destinar más de US$ 10.000 millones a inversiones tecnológicas de capital a principios de este año (El País, 4/06). 

 Para salvar el negocio, Musk pretende convalidar en la Bolsa un precio inflado de US$ 135 por acción, apuntando a una capitalización total de aproximadamente US$ 1,75 billones; apenas un 4% serán acciones comunes (Clarín, 9/06); las preferidas tienen un dividendo asegurado y prioridad de rescate La maniobra especulativa quedó expuesta por calificadoras independientes como Morningstar, que valoran a SpaceX en US$ 63 por acción (US$ 780.000 millones), es decir, menos de la mitad de lo que pretende capturar el magnate. Al obligar a los grandes fondos de inversión a rebalancear sus carteras para no quedar afuera del índice, SpaceX aspira a absorber la liquidez del mercado montándose sobre una brutal burbuja tecnológica global donde las corporaciones prevén quemar más de US$ 750.000 millones este año (El País, 4/06).

 La cooptación laboral y la ilusión del capitalismo popular

 Esta monumental inyección de dinero es utilizada por los grandes medios internacionales para agitar la ilusión del "sueño americano" y el "capitalismo popular". El debut bursátil convertirá teóricamente a más de 4.400 empleados y ex-empleados en millonarios a través de los paquetes de acciones otorgados como parte de sus salarios. Mientras Elon Musk se encamina a ser el primer billonario del planeta, unos 400 técnicos e ingenieros de la firma recibirán sumas superiores a los US$ 100 millones (The New York Times, 10/06).

 Sin embargo, el pago mediante acciones (stock-based compensation) funciona como una herramienta de sujeción y disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Para poder materializar esa supuesta riqueza, los trabajadores -muchos de ellos operarios por hora (drawing) que cobran salarios comunes- debieron someterse durante años a ritmos de explotación extenuantes en complejos aislados como el de Texas, atados a contratos de permanencia obligatoria de cinco o más años para que sus acciones queden en firme (vested). Como detalla la investigación del NYT, aquellos trabajadores que no resistieron el régimen laboral o decidieron irse antes han perdido su derecho al cobro. Lejos de una democratización de la propiedad, este esquema de cooptación tecnológica busca alinear los intereses individuales de una capa de asalariados calificados con el rendimiento bursátil de la patronal y la suerte de sus contratos militarizados, ligando el destino de los trabajadores a la maquinaria de guerra del Pentágono.

 Centros de datos y autarquía militar 

¿Por qué el mercado convalida semejante nivel de pérdidas financieras? La respuesta no está en la rentabilidad civil, sino en la infraestructura estratégica para la guerra. El motor principal del entusiasmo de los inversores es un mercado que hoy no existe en la Tierra: los centros de datos espaciales. SpaceX inició trámites ante la FCC para desplegar una constelación de hasta un millón de satélites interconectados equipados con aceleradores gráficos (GPU). El objetivo es mudar el procesamiento de datos informáticos y la IA directamente a la órbita terrestre en menos de tres años (Ámbito, 12/02).

 Este plan de infraestructura adquiere todo su sentido geopolítico ante la guerra internacional de Estados Unidos. En un contexto de guerra abierta, las terminales de datos en la Tierra son blancos vulnerables a sabotajes, ciberataques o apagones energéticos. Al trasladar el procesamiento a la órbita exterior y buscar la autarquía en la provisión de chips avanzados mediante el acuerdo con ASML (Urgente24, 11/06), el imperialismo norteamericano busca blindar su superioridad informática. Por sobre todas cosas, el costo de la producción de electricidad en el espacio es un infinitésimo de la tierra.

Como ya demostró el antecedente de Starlink en Ucrania (Ámbito, 12/02), SpaceX opera como un brazo contratista directo del Pentágono. Los contratos vigentes de la compañía con el Departamento de Defensa de EE.UU. e inteligencia ratifican que la rentabilidad de SpaceX se mide en ganancias comerciales derivadas de su valor estratégico para asegurar la supremacía yanqui en el control de sistemas autónomos de combate y logística militar en los conflictos globales 

 Contra los monopolios de la guerra

 La unificación de todas las empresas de Musk bajo el bloque monopolístico del ProjectX -que busca fusionar cohetes, internet, redes de información, robótica y semiconductores en una sola firma (Clarín, 9/06)- demuestra la completa descomposición de la burguesía. Mientras los gobiernos capitalistas descargan planes de ajuste brutales, desfinanciando la salud y la educación de las mayorías trabajadoras a nivel global, el sistema financiero coordina tsunamis de liquidez para financiar empresas deficitarias cuyo único fin real es perfeccionar los instrumentos de destrucción y asegurar la tasa de ganancia de los señores de la guerra. 

 Bajo el dominio del capital, los saltos científicos de la inteligencia artificial y la tecnología aeroespacial no significan la liberación del trabajo humano, sino el aumento del desempleo, la precarización y la barbarie bélica. La lucha por desmilitarizar el espacio y poner los desarrollos informáticos al servicio de las necesidades sociales es indisociable de la lucha contra el Estado imperialista. Se vuelve urgente construir una dirección política independiente de la burguesía y organizar asambleas soberanas desde las bases para exigir la expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores de monopolios tecnológicos como SpaceX. Solo una alternativa obrera y socialista internacional podrá planificar democráticamente la ciencia y los recursos del planeta para el bienestar de la humanidad y no para su destrucción. 

 Iara Bogado 

 12/06/2026

Milei, un aventurero devoto de millonarios y genocidas "en nombre de Dios"

Como si fuera el living de su casa, Javier Milei le cedió el ahora llamado Palacio Libertad (ex CCK) a Jabad Lubavitch, una secta de la ultraderecha judía, para que conmemorara los 32 años de la muerte de su líder espiritual, el rabino supremacista ucraniano Menajem Mendel Schneerson (1902-1994). 

 El vínculo entre el liberticida y Jabad data de hace varios años: la tumba del rabino en el barrio de Queens, en Nueva York, fue el primer lugar que Milei visitó después de haber ganado las elecciones. Después volvió varias veces. Mario Suli, el sempiterno custodio de los hermanos Milei, es un miembro de Jabad entrenado por el Mossad, el servicio secreto israelí (Perfil 28/12/23).

 Este lunes, en un escenario esotérico, con un salón a oscuras y la cabeza del presidente (lo único que se le veía) bañada por una luz azul, Milei -el orador principal- descerrajó una perorata más allá de todo rigor científico o histórico: “El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecerlo. Está escrito en los diez mandamientos, en el orden moral que el creador estableció antes que cualquier otra cosa”. El “sistema que dios preparó”, dijo, “es el que permite traer el paraíso a la tierra”.

 Los disparates de Milei fueron aplaudidos por el auditorio, “especialmente por los más jóvenes, quienes lo alentaron con consignas como “vamos Peluca” (Infobae 9/6).

 Milei estaba acompañado por algunos de los sionistas que forman en su gobierno o el del PRO. El canciller Pablo Quirno, el legislador y ex ministro de Seguridad Waldo Wolff, experto en la persecución penal de quienes defienden a Palestina; la legisladora Sabrina Ajmechet, una apasionada defensora de las torturas y la limpieza étnica; Nahuel Sotelo, exsecretario de Culto, socio de Espert y apologista del genocidio mapuche, del videliano, del palestino. Por el lado del peronismo dio el presente el exgobernador tucumano y examigo de CFK, Juan Manzur, un cavernícola maronita experto en obligar a parir a niñas de 11 años, firme aliado del gobierno nacional.

 La segunda estrella del evento fue Yosef Chaim Ohana, un militar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza. Ohana revistaba en la brigada de elite Givati, cuyos crímenes de guerra se remontan a la Nakba y tiene acusaciones en la Corte Penal Internacional por las atrocidades que ejecutó en Gaza. El martes, Milei recibió a Ohana y a dirigentes de Jabad en la Casa Rosada. 

 La adhesión de gobierno al eje fascista internacional que encarnan Trump y Netanyahu incluye su defensa del genocidio palestino y los ataques al Líbano y a Irán (con quien Milei se declaró en guerra unilateralmente). A veces, la adhesión se reviste de un barniz religioso -los sollozos descontrolados cada vez que se para ante el Muro de los Lamentos. Milei llegó al extremo de votar contra la incorporación de Palestina a Naciones Unidas, declarar oficialmente terroristas a Hamás y a Hezbollah, ordenar que la Argentina fuera uno de los únicos tres países que se negaron a condenar la tortura y la esclavitud en la ONU. 

 Tanto fervor le fue devuelto con todo tipo de distinciones y plaquetas, además de un salpicado de honoris causa en universidades israelíes. Milei fue el primer extranjero que encendió la antorcha en Día de la Libertad en Israel y la Argentina está al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), un ente de persecución por “antisemitas” de quienes se solidarizan con la causa palestina. 

 Que es Jabad Lubavitch

 La organización que fascina a Milei nació en el siglo XVI en Ucrania, pero recién cuando el rabino Schneerson se afincó en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial motorizó un desarrollo exponencial. Hoy tiene por lo menos 2.000 sedes en un centenar de países. En la Argentina, Jabad tiene 170 sedes con más de 60 centros educativos. 

 Uno de los grandes financistas de Jabad es la familia Rotschild, empezando por David, presidente del Congreso Judío Mundial. También los mega multimillonarios rusos Lev Leviev y Roman Abramovich. Ivanka, la hija de Trump y su marido son miembros de Jabad. Y el nombre de la organización aparece frecuentemente mencionada en los archivos Epstein. 

 Es tal la penetración de Jabad en Estados Unidos que desde 1978 y a instancias del presidente Jimmy Carter, el 11 del mes de Nisán (entre marzo y abril) se celebra el Día de la Educación y el Compartir en honor al rabino Schneerson (1902–1994). Cada día del año, las clases en las escuelas públicas norteamericanas comienzan con unos instantes destinados a “pensar en positivo”, según recomendaba el rabino. 

 En la Argentina varias provincias -Santa Fe, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego- han sancionado una ley idéntica.

 Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA, es otro de los grandes financistas de Jabad y fue el puente también entre Milei y los pesos pesados del gran capital vernáculo. Según el libro Los lubavitch en la Argentina, de Alejandro Soifer, Elsztain le cotiza el 10% de cada negocio y desde hace 25 años reúne en el seder de Pesaj en el Hotel Llao Llao a grandes explotadores aportistas: los Werthein, Miguel Rosental, Daniel Sieleckide. 

 Milei es un lumpen y un aventurero, agarrado a la teta fascista de Trump y Netanyahu, tal vez en la ilusión de que le sirvan de bastón cuando las masas vengan a pedirle cuentas. 

 Olga Cristóbal 

 12/06/2026

Las "explicaciones" de Adorni, jefe de gabinete de un gobierno de ladrones

Durante la noche de este miércoles, un ejército de contadores y abogados estuvieron abocados a "rectificar" las declaraciones juradas presentadas por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre 2023 y 2025, 35 días después de anunciar que tenía "todo listo" para clarificar la ostensible diferencia entre su patrimonio declarado y su tren de vida y propiedades. En total, "se presentaron desde la tarde hasta la noche de este miércoles 22 declaraciones juradas y rectificaciones" (Clarín, 11/6).

 Mientras esto sucedía, Adorni se mostraba en LN+, brindando una entrevista donde contradijo todo lo que declaró en el Congreso hace dos meses atrás. Entonces había afirmado que todo su patrimonio había sido declarado, "sin ocultación alguna". Milei lo aplaudía desde la tribuna del recinto. Anoche, en cambio, ´confesó´ haber ahorrado medio millón de dólares en negro, desde 2013 hasta la fecha, ´deslomándose´ en la actividad privada. Lo reivindicó como la manera de ahorrar del "99 % de los argentinos" para burlar "a la vieja política". 

 Antes de ingresar a la función pública declaró dos departamentos por un valor ostensiblemente bajo, un automóvil Renault modelo 2019 y 25.000 dólares en efectivo.

 Con sus ´rectificaciones´, y al admitir que tenía más de medio millón de dólares en negro, Adorni apunta a cambiar su situación judicial y política. Por un lado, para desviar la imputación de enriquecimiento ilícito hacia la de evasión de impuestos. En última instancia, fue el propio Milei quien elevó a la categoría de "héroes" a los capitalistas evasores del fisco.

 Una vez presentadas sus nuevas declaraciones juradas, Adorni depositará en ARCA los impuestos que adeudan él y su mujer desde 2023 en adelante. Ambos se acogieron a la ley de Inocencia Fiscal, que permite rectificar declaraciones de Ganancias en forma retroactiva sin afrontar acciones penales hasta un monto determinado -100 millones de pesos por año-. Por debajo de ese límite, el contribuyente paga la deuda y las multas y esquiva la acción penal. 

 De acuerdo con las pruebas que recabó la pesquisa judicial, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se le sigue a Adorni, desde que es funcionario gastó 406.681 dólares en efectivo en propiedades y refacciones, contrajo nuevas deudas por 335.000 dólares con prestamistas particulares -dos jubiladas, un policía- y gastos en tarjeta de crédito por 7 millones de pesos mensuales. Ingresó al gabinete ganando un sueldo de 3.300.000 pesos. 

 Las ´explicaciones´ de Adorni pueden costarle caro. Judicialmente, porque se encuadraría en el delito de omisión maliciosa, que prevé la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Políticamente, porque ha suscitado nuevas contradicciones con declaraciones vertidas en el pasado, lo que seguirá alimentando la agitación en su contra.

 Solamente Javier Milei -que enfrenta sus propios desaguisados judiciales por la estafa $Libra- se solidarizó con él. El gabinete que Adorni encabeza, en cambio, se llamó a silencio. Por su parte, Patricia Bullrich aprovechó la ocasión para ´diferenciarse´ una vez más, atenta a las dificultades políticas y financieras que enfrenta el gobierno en su ´año verde´. Acusó a Adorni de "omisión ética". La jefa del bloque de senadores libertarios mantiene abiertas todas las alternativas posibles para salvaguardar su carrera política personal, incluido un posible regreso al redil del PRO. 

 Los Milei han tomado la determinación de blindar a su jefe de gabinete, avalando estas maniobras inverosímiles, sus mentiras y su mala fe. En esa operación se ha involucrado el ministro de Justicia, Mahiques, quien llevará a pasear por París al juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, un ejemplar de lo más corrupto que habita los tribunales de Comodoro Py. 

 Es un gobierno de ladrones. 

 Jacyn 

 11/06/2026