Privatizaciones y tercerizaciones en INAU

El conflicto con la empresa Redes deja ver una política más general de privatizaciones y tercerizaciones en INAU que el Frente Amplio continúa de blancos y colorados.

El conflicto de los trabajadores de la empresa de limpieza Redes, una tercerizada que realiza sus trabajos en dependencias del INAU, es la punta del ovillo de una política mucho más general de privatizaciones y tercerizaciones que se arrastra desde los años 90 y que las administraciones frenteamplistas han continuado sin cuestionamientos.
Tal como reflejó La Izquierda Diario en el caso puntual de esta empresa los trabajadores denunciaron atraso en los pagos así como maltrato y prepotencia patronal, y por ese motivo entraron en conflicto y se movilizaron hasta las oficinas centrales del INAU.
Sin embargo, la tercerización de servicios no es un caso aislado en el INAU (ni tampoco en otras dependencias estatales); por el contrario desde hace más de 20 años, se observa una política deliberada de privatizaciones de servicios, tanto en lo relacionado con la gestión de proyectos y programas para la infancia y la adolescencia como en tareas de apoyo (limpieza, transporte, etc.).
Desde mediados de los 90, cuando gobernaban blancos y colorados se comenzó un progresivo traspaso de servicios al área privada a través de convenios en los que se transferían importantes sumas de dinero a distintas organizaciones, las que en general se conocen como ONGs.
Entre estas organizaciones existen algunas relacionadas con la iglesia católica, y por ello no es raro ver que en algunos proyectos financiados con fondos públicos los niños tuvieran misa o se fomentara la religión o que para el ingreso de personal se valorara la formación religiosa del postulante. Otras, funcionan como verdaderas empresas que brindan servicios para niños o adolescentes del INAU. Uno de los casos emblemáticos son las clínicas psiquiatricas en convenio con INAU, a través de las cuales el Estado terceriza la atención en salud mental transfiriendo gigantescas sumas de dinero.
Esta política de privatizaciones fue continuada y profundizada sin reparos por parte de las administraciones frenteamplistas que gestionaron el Instituto desde 2005 y es parte de una política que atraviesa todo el Estado; lo mismo sucede en el MIDES por ejemplo con proyectos como los ETAF (equipos territoriales de atención familiar) o el programa de atención a las personas en situación de calle por nombrar algunos ejemplos, todos gestionados por ONGs.
La población atendida por INAU es de alrededor de 120000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales la amplísima mayoría es atendida a través de servicios tercerizados y privatizados. Solo los Caif atienden a cerca de 60000 niños y niñas y todos los Caif del país son gestionados por ONGs, al igual que todos los Centros Juveniles que existen, al que asisten adolescentes de entre 12 y 17 años.
Las concesiones a privados de estos servicios muchas veces se dan por adjudicación directa, lo cual cuestiona también la calidad de la atención que se brinda.
Por otra parte los trabajadores de las ONGs, se encuentran en una situación de precarización laboral, con menos derechos y salarios más bajos que aquellos que realizan la misma función y tarea desde el INAU. Además en general no se ingresa por concursos o llamados sino por amiguismo o contactos, lo cual genera situaciones de discriminación y también de perdida de calidad en los recursos humanos al no darse ingresos con las garantías que ofrece un concurso.

Luchar contra las privatizaciones

El caso de la empresa Redes no es el único en este año; pocos meses atrás los trabajadores del Centro Juvenil “La Frontera” de Colonia Nicolich también estuvieron en conflicto ante atrasos en los pagos e irregularidades en la ONG que gestiona el centro.
Es necesario dar una lucha seria y profunda para revertir esta política privatizadora en la atención de la Infancia y la Adolescencia (modelo que se repite en el abordaje de las problemáticas sociales a través del MIDES).
El Sindicato del INAU (Suinau) y los trabajadores de las ONGs se enfrentan a la tarea de revertir este proceso privatizador instalado desde hace décadas, luchando por que el Estado retome la gestión de todos los servicios que hoy terceriza, para que brinde una atención de calidad e integre a su plantilla a todos los trabajadores de las ONGs terminando con la precarización laboral que trae sueldos más bajos y pérdidas de derechos laborales.

Hernán Yanes