En la foto: Tabaré Vázquez junto al presidente golpista de Brasil, Michel Temer
La llegada de la derecha al gobierno en varios países de la región, luego del desgaste y agotamiento de los gobiernos progresistas, encuentra a un Uruguay gobernado por un Frente Amplio que intenta mostrarse como una opción segura y confiable para las patronales y la oligarquía financiera.
La corrupción golpea a todos los partidos
En este año el tema de la corrupción atravesó a todos los principales partidos del país.
El caso de Francisco Sanabria, quien aportó importantes sumas a las campañas del Partido Colorado, con el Cambio Nelson y los cheques sin fondos; y la estafa en el Fonasa en la que estuvo involucrado el edil Álvaro Puerto de Canelones, del Partido de la Gente pero con pasado en el Partido Nacional, fueron los primeros del año.
Luego se sumaron los casos de Sendic con el affaire Ancap, que le costó su puesto al vicepresidente, y el del intendente de Soriano del Partido Nacional Agustín Bascou, mostrando como los privilegios y las sospechas de corrupción salpican a todos los partidos.
Ladrones de guante blanco o políticos que se aprovechan de sus privilegios ya no son solo patrimonio de los partidos tradicionales. En su integración al régimen político, el Frente Amplio también ha incorporado estas conductas, de los que en sus comienzos proclamaba encontrarse ajeno.
Con su acceso a cargos de gobierno y gestión vinieron también un buen número de arribistas y políticos que se aprovechan de sus cargos para obtener beneficios personales. Todos comparten también los grandes sueldos y prebendas, los beneficios que da el régimen por gobernar favoreciendo el status quo.
Austeridad y “prudencia” ante las necesidades populares
El reclamo de los “cincuentones” y la respuesta de un sector del gobierno, con Astori a la cabeza, mostró también cuales son los límites del Frente Amplio ante los reclamos populares.
A la ya terrible situación de jubilados, presentes y futuros, se le suma en este caso las consecuencias que viven los llamados cincuentones como resultado de la privatización de la seguridad social implementada por blancos y colorados en el pasado ( y que el Frente Amplio continuó).
Ante los crecientes reclamos, el ministro Astori prioriza la “responsabilidad” y se niega a resolver esta clara inequidad. La opción para el equipo económico, y por extensión para todo el gobierno, es clara: privilegiar los acuerdos con los organismos multinacionales, cuidar el grado inversor y hacer buena letra con el capital financiero.
En las tensas negociaciones para que el “astorismo” votara algún tipo de solución para los “cincuentones”, el mismo Astori fue capaz de utilizar como arma de presión una eventual renuncia a su cargo en el gobierno, una muestra clara del compromiso del ministro con el capital.
La falta de respuestas y soluciones también se vio en relación a los cierres de empresas, Fanapal, Molino Dolores, Molino Florida, Foto Martín son solo algunos de los ejemplos, con sus secuelas de despedidos y pérdidas de fuentes laborales.
El modelo de bajos salarios y magras jubilaciones (mientras dejan intactas las jubilaciones militares de privilegio), acompañado de aumentos de tarifas de los servicios básicos que atacan el poder adquisitivo de trabajadores y pueblo, se complementa con los avances privatizadores que se verifican en distintas áreas.
Los trabajadores del Banco República continúan su lucha contra el cierre de sucursales y el achicamiento del Banco; política que deja importantes negocios financieros en manos de privados y que a la vez terceriza y precariza a los trabajadores del sector.
A estos ataques en marcha se le suman proyectos como los de UPM y la sanción de la Ley de Riego. Ambas iniciativas están hechas a medida de las multinacionales; en su afán por atraer inversiones no tienen empacho en acceder a todos los requerimientos y chantajes de las empresas internacionales ni poner en peligro el medio ambiente y la salud de la población.
La primarización de la economía y la apertura al capital internacional se conjuga con los avances en la flexibilización laboral (el acuerdo con UPM es un buen ejemplo), el modelo de PPP (participación público-privada) y también con la reforma de las jubilaciones que anuncian para el futuro.
Seguridad y control social
Para sostener este modelo, que tarde o temprano implicará ataques más profundos a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, continúan con su política de fortalecer y agrandar el aparato represivo y de endurecer códigos y leyes.
El decreto antipiquetes firmado a principio de año, intenta reprimir la protesta social y la resistencia popular que pueda generarse mientras que el endurecimiento de penas para adolescentes que trae las reformas del código penal son ejemplo de las respuestas para las víctimas del ajuste y la miseria que propone el gobierno.
La impunidad para los crímenes de la dictadura legitima también el aparato represivo; la política del olvido y la reconciliación intenta represtigiarlo para cuando sea necesario utilizarlo.
¿Y la Central Sindical?
Todo este paquete de medidas contra los trabajadores, las presentes y las que se anuncian para el futuro solo pueden avanzar si cuentan con el apoyo de los dirigentes sindicales. El PIT-CNT no tiene independencia política y prioriza la defensa del gobierno antes que las necesidades de los trabajadores.
Paros aislados, declaraciones de apoyo al gobierno, ausencia de planes de lucha discutidos democráticamente son las propuestas del PIT-CNT.
Conflictos como los de Ancap, resuelto con decreto de esencialidad por parte del gobierno, o los de la Spezia e Impresora Polo, en los que los trabajadores lucharon por sus fuentes de trabajo, solo pueden triunfar si la dirección del movimiento obrero toma seriamente estas luchas para apoyarlas y rompe con su política de apoyo al gobierno.
En cambio, la política de la dirección mayoritaria del PIT-CNT ha sido la de montar un discurso contra las reformas regresivas y ataques a los trabajadores por parte de los gobiernos de derecha de la región, como son el caso del golpista Temer en Brasil y Macri en Argentina. Pero este discurso, lejos de preparar a los trabajadores para organizarse y defender sus conquistas, busca encolumnarlos y cerrar filas con el proyecto frenteamplistas para nuevamente “cerrarle el paso a la derecha”.
Lamentablemente la política del callejón sin salida de la conciliación de clases es la que termina abonando el retorno de las viejas derechas “aggiornadas” con nuevos discursos y formas, pero de contenido igualmente reaccionario. Este retorno se basa centralmente en un discurso demagógico alrededor de los grandes problemas sociales que los gobiernos centroizquierdistas no pudieron resolver: la tenencia y concentración de la tierra, los bajos salarios, la precarización laboral, y la toma y pago de deuda externa que configuran negocios excepcionales para los grandes pulpos financieros, a la vez que incrementa las penurias de los sectores más vulnerables de la población. La estructura económica de los años neoliberales en su mayor medida prosigue intacta.
Hernán Yanes
Damián Recoba
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