El costo del ajuste lo pagan los trabajadores y el pueblo

Se dieron a conocer en estos días los porcentajes de aumentos de las tarifas públicas que regirán a partir del 1 de enero.

El pasado día miércoles la Ministra de Industria, Carolina Cosse, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, anunciaron que las subas serán de 6,5 % para Ose y Antel y un 3,2% para UTE mientras que las naftas y el gasoil subirán un 9,8% y un 4,8% respectivamente.
Los aumentos en las tarifas se suman a otras medidas que viene tomando el gobierno en los últimos tiempos; como el aumento del IRPF para amplios sectores de la población, los aumentos de las tarifas a comienzos de este año y también el 10% de aumento de boleto que definió hace unos meses la Intendencia de Montevideo para quienes abonen en efectivo.

Una política tarifaría en contra de los trabajadores

Apenas conocidas las cifras del aumento el gobierno salió a defender las medidas tomadas, señalando que no se puede hablar de tarifazo y que en el conjunto de todos estos 14 años de gobierno frenteamplista los aumentos fueron menores a la inflación.
Los malabarismos del gobierno para defender los aumentos no pueden esconder que los costos de las tarifas públicas se llevan una parte importante de los ingresos de las familias trabajadoras.
El caso de las tarifas de UTE es un buen ejemplo, en el que se puede observar claramente como el costo de este servicio incide fuertemente en el presupuesto familiar.
Tal como ha planteado el sindicato de UTE en las familias más pobres el costo de la luz se lleva el 10% de los ingresos y en promedio la factura de luz se lleva un 4% del presupuesto familiar. Mientras tanto la energía eléctrica es el 0,4% de la estructura de costos del sector empresarial que además paga la energía a la mitad de precio de lo que se le cobra a un hogar familiar. La comparación muestra claramente a quien beneficia UTE.
Estas altas tarifas a los hogares, se deben a que el gobierno (al igual que los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales) subsidia el costo de la energía a los grandes consumidores; esos empresarios que tienen también exoneraciones fiscales y pagan bajos sueldos a sus trabajadores mientras obtienen grandes ganancias.
En estas últimas semanas se debatió en el gobierno que hacer con la tarifa del próximo año, finalmente triunfo la idea de subirla para de esa manera aumentar la recaudación. Esta definición es parte de una orientación económica del gobierno más general que toma a los trabajadores como variable de ajuste mientras se esmera por hacer buena letra con los empresarios e “inversionistas” generando negocios a su medida.
Mientras tanto en las redes sociales, sectores y dirigentes del Frente Amplio intentan restarle importancia al aumento presentando un cuadro comparativo.
El cuadro que ellos publicitan lo que deja en evidencia es que en sueldos de $15000 pesos, como tienen amplios sectores de la población, las tarifas de los servicios básicos se llevan más de $ 3000 es decir más de un 20%. Si a eso se le suma el costo del gas, la proporción muestra el porcentaje altísimo que un trabajador paga de sus ingresos para satisfacer servicios básicos. O sea que ya de por si, con o sin aumentos, la posibilidad de cubrir las necesidades básicas para un trabajador es muy difícil.
Estas son las condiciones de vida para los trabajadores y el pueblo del modelo social y económico del Frente Amplio luego de casi 14 años de gobierno. La estructura regresiva heredada de los mandatos de los partidos tradicionales no se ha alterado en lo sustancial.
El caso UPM es otro ejemplo claro de la orientación del gobierno “progresista”, el acuerdo recientemente anunciado compromete al Estado a comprarle energía a la multinacional finlandesa; un negocio redondo para la empresa, al igual que sucede actualmente con la compra de energía a los dueños de los generadores privados que se aseguraron ganancias extraordinaria por más de 20 años.
Para que esto cambie, es necesario enfrentar el ajuste, los trabajadores movilizados y organizados pueden cambiar la situación, pero para ello también es necesario que las direcciones sindicales rompan con el gobierno y tengan independencia política.

Hernán Yanes