La comisión investigadora parlamentaria sobre espionaje en democracia, reveló que el Poder Ejecutivo del primer gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti ordenó a los servicios de inteligencia espiar a las organizaciones sociales que impulsaban el plebiscito contra la ley de impunidad.
Entre 1985 y 1989 el gobierno del ex presidente Sanguinetti ordenó espiar a las organizaciones políticas y sociales que impulsaban la lucha contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, mejor conocida como la ley de impunidad para los criminales de la dictadura cívico – militar. Lo aseguraron, al medio local Radio Uruguay, los legisladores a cargo de la comisión parlamentaria que investiga el espionaje en democracia.
Los legisladores del frente amplio consideran la posibilidad de convocar al ex presidente Sanguinetti para que declare en la comisión. Vienen de escuchar el testimonio de varios jefes de inteligencia desde aquella época, se asegura que hay documentación que prueba los hechos. Según los testimonios recogidos en la Comisión Parlamentaria, incluso hubo una orden específica en 1989. También se hizo trascender a los medios que el Ministerio del Interior de la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005 – 2010), ordenó detener las investigaciones que se llevaban a cabo contra las organizaciones sociales y políticas. Sobre este punto, jerarcas del gobierno de la época de Vázquez aseguran que existían rumores sobre estas prácticas y que incluso había vínculos con la embajada de EEUU.
Servicio de la embajada yanqui
La investigación señala que el espionaje en democracia se relacionó con la embajada de EEUU, mediante el pago de informantes dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta información coincide con investigaciones periodísticas desarrolladas desde hace años que revelaron este mismo hecho, y sobre todo las investigaciones impulsadas desde el último año a partir de la aparición de los llamados archivos Castiglioni. Pero sobre todo demuestra la continuidad de la fluida relación entre las fuerzas represivas, protagonistas del golpe de estado y la dictadura, y los gobiernos imperialistas extranjeros como EEUU, también responsables de la política represiva regional que se llevó a cabo en los 70s y 80s conocida como Plan Cóndor.
Espiaban también al movimiento gay
El movimiento gay de la época también fue espiado por los servicios de inteligencia, según revelaron los legisladores. Según palabras del legislador del FA Gerardo Núñez “Pusimos sobre la mesa un memorándum que confeccionó, aparentemente, la inteligencia policial, sobre colectivos que en aquel entonces comenzaban a organizarse para reclamar los derechos de la diversidad sexual”.
Prórroga de seis meses
La comisión pide una prórroga de seis meses más, a contar desde el próximo febrero, para continuar su trabajo de investigación. También se anticipa, que de confirmarse la citación a Sanguinetti, sería para las primeras sesiones del próximo año.
La impunidad y sus responsables
El señor Sanguinetti, gran vocero liberal, con la palabra “democracia” permanentemente adherida a su lengua, no solo aquí en Uruguay sino en todas partes del mundo. Es uno de los padres fundadores del infame régimen de impunidad, que sufrimos los uruguayos, en especial lo sufrimos quienes somos familiares de desaparecidos o victimas de la dictadura, fundado en el Pacto del Club Naval y legalizado por muchos años con la ley de impunidad. Solo sus campañas de olvido e ignorancia del pasado, explican como puede pasar por un “demócrata” honesto, cuando en realidad es uno de los primeros perros defensores de los genocidas del Plan Cóndor.
Estás revelaciones no hacen más que confirmar la podredumbre del régimen desde sus inicios, jugándose todas las cartas, incluido el espionaje, para garantizar la paz de los cementerios a favor de los milicos, o sea la pacificación del silencio y la injusticia.
Que los legisladores del frente amplio salgan a denunciar esto, no eximirá a su sector político de las responsabilidades que tienen, como fundadores y sostenedores de este régimen podrido. Si ayer eran unos los espías militares, que hasta ahora no sabemos con seguridad si continúan o no, hoy es el DOE que espía y persigue a organismos de DDHH, estudiantes y trabajadores que salen a luchar.
Para acabar con la impunidad en Uruguay, no debemos confiar más que en nosotros mismos, unidos y en las calles, ¡ninguna confianza para los fundadores y sostenedores por izquierda de la impunidad para los criminales de lesa humanidad! La lucha independiente y en las calles de los trabajadores, los organismos de DDHH y los estudiantes es la que puede acabar verdaderamente con este estado de cosas.
Sebastián Artigas
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