Una victoria económica del oficialismo y un fenomenal fracaso político. El oficialismo aprobó el recorte a las jubilaciones y las asignaciones sociales. Una crisis política y una nueva etapa.
Contra viento y marea, el robo se consumó con un costo político altísimo para el gobierno de Cambiemos. El presidente Mauricio Macri logró aprobar en la cámara de Diputados el recorte de los futuros haberes jubilatorios, mutilar también las remuneraciones de las personas que reciben la misérrima Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones no contributivas. En total, 17 millones de personas verán reducidos sus ingresos en los próximos años con la nueva fórmula. El avance fue posible gracias a los ajustados votos afirmativos de 127 legisladores (117 en contra y 2 abstenciones) que pasadas las siete de la mañana de este martes emitieron su voto y dejaron en sus bancas la escasa dignidad que les quedaba (si es que les quedaba alguna). El cordobés Mario Negri, jefe de la bancada oficialista protagonizó la escena que pintó la realidad del Gobierno ante esta medida: cuando le tocaba cerrar la lista de oradores no se animó a emitir un discurso que defienda lo indefendible y solicitó pasar directo a la votación.
Los legisladores se subordinaron a la mayoría de los gobernadores peronistas u oficialistas que fueron a “garantizar” que sus diputados den quórum y aprueben el proyecto.
Con peculiares métodos "democráticos", el régimen político tomó la forma de un grupo de coaccionadores seriales: el Gobierno nacional chantajeó a los mandatarios provinciales con la amenaza de no enviar fondos ni para abonar los aguinaldos y consecuentemente provocar el incendio de sus provincias; los gobernadores se arrodillaron dóciles y apretaron a los que consideran “sus” diputados para que cumplan la orden de votar a la carta. ¿La representación del pueblo?, bien gracias.
Luego de la fallida jornada del jueves pasado, levantada obligadamente por el escándalo y la represión a mansalva a manos de Gendarmería, esta vez la coalición oficial y sus aliados decidieron seguir adelante a como dé lugar, en el marco de una movilización multitudinaria, enfrentamientos que duraron horas en los alrededores del Congreso y un tímido paro nacional de 24 hs. decretado por el triunvirato de un CGT en crisis. Por la noche, pese a la campaña demonizadora de casi todo el periodismo contra las movilizaciones de la tarde, se produjeron cacerolazos en muchos barrios de la ciudad, el Gran Buenos Aires y centros urbanos del interior del país. Una masa considerable de manifestantes llegó hasta el Congreso y se plantó hasta altas horas de la madrugada, momentos en los que se desató una nueva represión.
Esta vez la coalición oficial y sus aliados decidieron seguir adelante a como dé lugar, en el marco de una movilización multitudinaria
Como la semana pasada, durante la tarde, hubo cerca de cincuenta detenidos, decenas de personas heridas y gaseadas -incluso hasta dentro de las estaciones de subte-, por lo menos cuatro personas que perdieron un ojo y, pese a las múltiples solicitudes para que se suspenda la sesión, realizadas por una larga fila de diputados, el oficialismo continuó como si fuese una cuestión de Estado.
Y era una cuestión de Estado: “ahorrar” cien mil millones de pesos, arrancándolos brutalmente de los bolsillos de los empobrecidos jubilados y las personas que reciben la AUH, fue la primera medida que Cambiemos se jugó a sacar a cualquier costo. La ecuación corona su oprobio si se tiene en cuenta que el “ahorro” tiene un objetivo espurio: repartir ese dinero y el que surge del pacto fiscal, entre los gobernadores y una meta especial: financiar la campaña reeleccionista de María Eugenia Vidal.
Pero el costo no fue cualquiera, fue demasiado alto.
Recientemente, varios estudios difundieron datos que habían demostrado que la inmensa mayoría de la población se opone al recorte, una sensación que se percibe en la calle:
Un relevamiento que llevó adelante la consultora Analogías en el ámbito del Gran Buenos Aires, los días 15 y 16 de diciembre, sentenció que un 68% de las personas consultadas rechaza las modificaciones a las jubilaciones propuestas por Macri y la cifra asciende hasta un impactante 80% cuando se pregunta si es correcto bajar el déficit ajustando jubilaciones. Según el monitor socio-laboral de opinión pública desarrollado por el Centro de Estudios del Trabajo y del Desarrollo dependiente de la Universidad de San Martín, un 65% de los consultados se opone a la mal llamada reforma previsional. Siete de cada diez argentinos rechazan el ataque a los jubilados.
Esta conmoción social generada por la violenta y repentina propuesta del Gobierno, está en el trasfondo del escenario que habilitó una movilización masiva (continuidad de las que se realizaron la semana pasada), que intentaron ocultar la mayoría de los medios que pusieron el foco en los enfrentamientos de los alrededores del Congreso. También estuvo detrás del odio que manifestaron muchos contra unas fuerzas de seguridad que, bajo la administración Cambiemos, tienen la responsabilidad de dos muertos en su oscuro haber y están con la correa suelta protagonizando una seguidilla de represiones en los últimos días y policializando cada vez más la vida civil con especial saña hacia la juventud.
Este vertiginoso cambio de clima social empujó al embotado triunvirato de la CGT a convocar a una medida de fuerza que no preparó ni se jugó a que sea contundente, pero no dejó de expresar el malestar extendido en la base de los trabajadores. En múltiples establecimientos de trabajo y pese al contexto de una medida improvisada, trabajadores y trabajadoras de base tomaron el paro en sus manos y se movilizaron al Congreso. El histórico Astilleros Río Santiago de Ensenada con sus 15 micros y cerca de 700 obreros que participaron de la marcha, las fábricas de la alimentación de la zona norte (Mondelez Victoria y Pacheco) o la metalúrgica SIAM de Avellaneda, fueron sólo algunos ejemplos.
En unos pocos días, Cambiemos develó ante los ojos de millones la verdad de su orientación y de su programa. Hasta ahora había logrado “plebiscitar” el malestar y responsabilizar a la administración anterior -y a sus corruptelas- por las medidas que tomó durante todo este tiempo y que deterioraron las condiciones de vida de la mayoría. La ilusión de que la situación podía mejorar se fortaleció con el “veranito” económico electoral acicateado por el gasto público. Junto al blindaje mediático y cierto "gradualismo" que financió con un endeudamiento salvaje, configuraron las condiciones que permitieron el triunfo electoral del pasado 22 de octubre, que el Gobierno confundió con un cheque en blanco para aplicar su programa.
Pero, como lo denunciaron muchos legisladores, entre ellos los del PTS en el Frente de Izquierda, ni ésta “propuesta” de poda a los jubilados ni tampoco la contrarreforma laboral, estuvieron en sus plataformas de campaña. Por lo que estas medidas constituyen una verdadera estafa a la voluntad popular.
La crisis no se revela sólo entre quienes son opositores al Gobierno y pasaron a la acción con variadas formas de manifestarse, sino que se está procesando en amplios sectores de la base electoral de Cambiemos que le dio su apoyo con la ilusión de una mejora de su deteriorado presente.
El giro brusco de la coyuntura no es un rayo en el cielo sereno de la hegemonía cambiemita. Con la propuesta de saqueo al bolsillo de los jubilados, el gobierno dejó transparentado que su oferta para el futuro es empeorar lo que hicieron durante estos dos años. Atacó específicamente a lo que es el núcleo duro de sus votantes (las personas mayores) y un sector social que sensibilizó a gran parte de la sociedad.
Como respuesta a la tormenta perfecta autogenerada, el oficialismo vivió los diez días que conmovieron a Macri.
La administración kirchnerista tiene una responsabilidad indiscutible en la situación de los sectores populares en general y de los jubilados en particular, con la miseria de los haberes de hoy. Incluso, una de sus gobernadoras (Alicia Kirchner) fue firmante del pacto fiscal y sus legisladores que se muestran muy belicosos en el Congreso, bajan moderadamente el volumen para no denunciar (y encubrir) prolijamente a los gobernadores peronistas con los que aspiran a construir su “nueva mayoría”. Daniel Scioli, el último candidato presidencial del Frente para la Victoria, dio la nota con un soberano ausente en la primera votación decisiva.
Pero con su propuesta de reforma, el Gobierno dejó claro que ese “argumento” (la famosa herencia recibida) es impotente para justificar un ajuste. Hablar de un problema de “comunicación” es una forma de negar un problema político: no hay ajuste que pueda comunicarse “bien”.
Pese a las “dudas” y trabas que imponen las direcciones gremiales, sobre todo el triunvirato de la CGT y los que agitan con una pose más confrontativa pero no preparan una lucha seria, los trabajadores y distintos sectores populares mostraron una predisposición contundente para enfrentar a Macri y su ajuste. El protagonismo de la izquierda en general y del PTS en el FIT en especial, así como del sindicalismo combativo, fue esencial para impulsar y sostener la movilización contra un proyecto repudiado ampliamente.
La exigencia de que los sindicatos terminen con su juego funcional de amenazas y llamen a un verdadero plan de lucha, discutido en todas las fábricas, empresas y reparticiones, con la preparación de un paro real con movilización para derrotar todas las reformas de Macri, se pone a la orden del día.
El “rey” macrista está desnudo, indiscutiblemente se abre una nueva etapa con amplias posibilidades para que los trabajadores y sectores populares apuesten a derrotar el plan de guerra del Gobierno de los CEO que, subido a la moto y con el apuro por aplicar la hoja de ruta que demanda el gran capital, desató una temprana crisis política con final abierto.
Fernando Rosso
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