El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski evitó -por escaso margen- su destitución por parte del Congreso por “incapacidad moral”. El fujimorismo, principal bancada parlamentaria, lo acusó de favorecer a Odebrecht, mientras era ministro de economía del entonces presidente Alejandro Toledo, a cambio de contratos con consultoras ligadas a él por alrededor de 5 millones de dólares. Y de mentir públicamente acerca de esos vínculos.
En su defensa, Kuczynski denunció un intento de golpe de Estado y la vulneración de un debido proceso. Aunque cuenta con sólo 18 diputados propios, se opusieron también a la destitución una fracción del fujimorismo, encabezada por Kenji Fujimori, y Nuevo Perú, uno de los dos bloques de la izquierda en el Congreso. A favor de la medida votó el grueso del bloque fujimorista, liderado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori (que según algunos está enfrentada a su padre), así como también el partido del ex presidente Alan García y la bancada del Frente Amplio. Pero los partidarios de la destitución no alcanzaron los votos necesarios para sacar del ruedo al presidente.
Kuczynski evitó su destitución pero se encuentra seriamente debilitado. Viene de reestructurar su gabinete en septiembre y todo indica que tendrá que hacerlo ahora nuevamente. En su llamado a la “reconciliación”, luego de la votación en el Congreso, se anticipan nuevas concesiones y acuerdos con el fujimorismo. Entre ellos, la posible liberación de Alberto Fujimori, el ex dictador que purga una condena por corrupción.
La crisis afrontada por Kuczynski, un hombre del capital financiero, pone en duda si podrá llevar a buen puerto el paquetazo de reformas antiobreras, semejantes a las emprendidas en Brasil y Argentina (reforma laboral, educativa, etc.).
Que se vayan todos
Las ramificaciones peruanas del escándalo Odebrecht van mucho más allá de Kuczynski. Envuelven, por coimas y financiamiento ilegal de campañas políticas, a tres ex presidentes –Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala- y a Keiko Fujomori. También a la ex alcaldesa centroizquierdista de Lima. Odebrecht habría efectuado sobornos por 29 millones de dólares para quedarse con obras de infraestructura. Entre ellas, algunas muy importantes como la construcción de la carretera Interocéanica Sur. Durante diez años, Odebrecht participó en obras por 10 mil millones de dólares.
Detrás de esta crisis se desenvuelve una puja regional de negocios en que el imperialismo busca retomar posiciones. El conjunto del régimen político está golpeado y también la burguesía nacional, ya que han caído cinco empresarios de compañías nativas asociadas a Odebrecht en las obras, entre ellos José Graña Miró Quesada, que fue hasta hace poco líder de la principal constructora del país y que tiene parte del paquete accionario del diario El Comercio.
Todo esto ha acentuado el descrédito del régimen político. Kuczynski cuenta con una aprobación que apenas llega al 18% y lo mismo ocurre con el Congreso. En los últimos días se han producido importantes movilizaciones en varios puntos del país bajo la consigna “que se vayan todos los corruptos”. La convocatoria cuestiona la corrupción de los últimos gobiernos, incluyendo al actual, y rechaza la ofensiva golpista del fujimorismo. Aunque se trata de un planteo circunscrito a la corrupción, desligado de un planteo claro contra las reformas antiobreras, y a que propulsa un “frente ciudadano” (La República, 20/12), o sea de conciliación de clases, el carácter masivo de las protestas refleja un hondo malestar popular.
A esto debe añadirse que la clase obrera ha enfrentado las medidas del gobierno. Los maestros peruanos desarrollaron este año una extraordinaria huelga de más de dos meses contra una reforma semejante al Plan Maestro argentino, que incluso desbordó a la burocracia del Sutep (en manos del PC-Patria Roja). Los trabajadores de la salud pararon 40 días en defensa de su escala salarial, y también hubo luchas entre los mineros contra la ley Pulpín, símil de la ley de primer empleo de Triaca.
Asamblea constituyente
La izquierda y centroizquierda peruana se ha dividido frente a la crisis política. El Frente Amplio, que obtuvo el 18% de los votos en las últimas elecciones, pero que hizo seguidismo a Kuczinski en la segunda vuelta en nombre de evitar el mal mayor fujimorista, sufrió una considerable escisión encabezada por su candidata Verónika Mendoza, que se llevó 10 de los 20 diputados que consagró la coalición.
Pese a la votación divergente sobre la destitución del presidente, ambos reclaman una asamblea constituyente, pero concebida meramente como un rescate del actual régimen político y social.
La clase obrera, hasta el momento, está ausente como factor político autónomo en el actual proceso político. La independencia política frente a las salidas capitalistas en danza es el punto de partida para que los trabajadores empiecen a terciar en la actual crisis política en desarrollo.
Gustavo Montenegro
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