“Lo que acaba de hacer es una vil traición a la patria. A cambio de salvar su pellejo ha negociado con el fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino. Una vez más ha actuado como un vendepatria” escribió la izquierdista peruana Verónika Mendoza en las redes sociales.
Mendoza, líder del izquierdista Nuevo Perú, se refería al indulto concedido por el presidente de su país, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), al criminal Alberto Fujimori, que gobernó el país entre julio de 1990 y noviembre de 2000 con un régimen de terror que incluyó masacres atroces como la de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). La izquierdista Mendoza fue clave para la victoria de PPK por sólo 40 mil votos, porque pidió a sus seguidores, después de obtener el 20 por ciento de los sufragios en la primera vuelta, que votaran a PPK para evitar el triunfo de Keiko Fujimori, la hija mayor del ex autócrata. Los diez diputados de la bancada de Nuevo Perú apoyaron la continuidad de PPK, contra el intento de destitución fujimorista.
El abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, anunció que sus representados iniciarán acciones legales para impugnar el indulto. Si tales acciones no prosperaran, añadió, acudirán a instancias internacionales. Ambas masacres fueron cometidas por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado por el gobierno de Fujimori, y que realizó ejecuciones extrajudiciales que se hacían pasar por operaciones contrasubversivas. En verdad, para rememorar un régimen terrorista comparable al fujimorismo en Perú hay que remontarse a la dictadura del general Manuel Odría (1948-1956).
El indulto ha generado en el Perú una crisis política mayúscula. En principio, una masiva movilización popular repudió la medida y la represión contra las protestas fue feroz.
Por el indulto se quebró el partido del propio presidente: los diputados Alberto de Belaúnde y Vicente Zeballos ya anunciaron su salida del oficialismo. Y está roto incluso el partido de Fujimori, puesto que su hija Keiko no quería el indulto sino derribar al presidente; en cambio, su hermano Kenji encabezó un bloque de diputados que apoyó la continuidad del presidente y, como contrapartida, negoció la liberación de su padre.
PPK salvó así su presidencia cuando estaba a punto de ser destituido por corrupción: una de sus empresas asesoró a la brasileña Odebrecht cuando el actual jefe del Ejecutivo era ministro de Economía del presidente Alejandro Toledo. Durante diez años, Odebrecht desarrolló en Perú obras públicas por más de 10.000 millones de dólares y pagó, según se calcula, 30 millones de dólares en coimas a los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y la propia Keiko Fujimori. Según el diario español El País (27/12), Kuczynski negoció a dos puntas: le prometió a Mendoza que no concedería el indulto para asegurarse votos fundamentales y, al mismo tiempo, hacía lo propio con la fracción de Fenji Fujimori, pero en sentido contrario.
El régimen de PPK se ha vuelto inviable, perdida cualquier legitimidad. La izquierda –Nuevo Perú y Frente Amplio− exigen una Asamblea Constituyente que, tal como la conciben, sólo serviría para salvar a un régimen político y social en crisis profunda.
Por el momento, la clase obrera no ha intervenido en forma independiente, en cuanto factor político autónomo. La independencia política de los trabajadores será el factor clave para darle a la crisis una salida positiva.
Alejandro Guerrero
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