A continuación, compartimos el último artículo editorial de la organización Juventud Obrera de Costa Rica.
Costa Rica se encuentra inmersa en un proceso de movilizaciones desde hace ya más de dos semanas. El antecedente inmediato que hizo salir a la gente a las calles fue el anuncio del presidente Carlos Alvarado respecto al préstamo con el Fondo Monetario Internacional, al igual que otra serie de impuestos y medidas que atacan al bolsillo de la clase trabajadora.
La emergencia económica y sanitaria continúa al rojo vivo. El gobierno prosigue con su agenda de “Costa Rica trabaja y se cuida”, a la vez que compra vacunas que aún no han sido probadas a la empresa privada Pfizer, y esconde el acuerdo tomado. Entre tanto, la cantidad de casos no baja de los mil diarios, y la cantidad de muertes crece en términos estrepitosos, mientras que el desempleo alcanza porcentajes históricos.
Es en este marco que se están dando las negociaciones con el organismo internacional, a partir de las cuales se planteó un potencial acuerdo de, cuando menos, tres administraciones. Este acuerdo se busca imponer de la mano de un combo de medidas anti-obreras. Entre ellas, impuestos a las transacciones bancarias, a los salarios, a las remesas, entre otros. Muchos de estos impuestos tendrán un carácter permanente, lo cual es una muestra clara de la agenda que lleva adelante el gobierno, y que quiere imponer desde hace un largo tiempo. También se avanzó en la privatización de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
Por otro lado, se aprobó la tan ansiada medida propuesta hace ya varios meses por el gobierno, que plantea la eliminación de las anualidades de los funcionarios públicos para los periodos 2021 y 2022. No podemos dejar de mencionar el cierre del Parque de Diversiones por tiempo indefinido, y la suspensión de 328 contratos, dejando únicamente 23 empleados activos. Estas suspensiones se realizaron bajo la tutela del Ministerio de Trabajo.
La lucha se dirime en las calles
A partir del 30 de septiembre empezaron a gestarse bloqueos de rutas en distintos puntos del país, coordinados por el Movimiento de Rescate Nacional. El punto álgido fue el 6 de octubre, día en que se dio una gran marcha convocada por 36 sindicatos, la CCSS (Caja de Seguro Social) y universidades, en apoyo al movimiento Rescate Nacional. El movimiento se encuentra dirigido por José Miguel Corrales y Célimo Guido, quienes ponen condiciones al gobierno para una mesa de diálogo. Corrales es exdiputado del PLN (Partido de Liberación Nacional) y pretende fundar un nuevo partido, lo cual muestra que la salida del conflicto corre el riesgo de ser un arreglo entre cúpulas.
El principal reclamo de este movimiento es que se descarte, al menos durante esta administración, cualquier tipo de acuerdo con el FMI. También afirman que no se levantarán los bloqueos hasta que se firmen sus condiciones, y exigen que cese el desalojo violento de las manifestaciones. Además se pronuncian en contra de la venta de activos estatales y de impuestos indirectos.
El sector empresarial no se encuentra ajeno a las dinámicas de lucha, y buscan direccionarlas hacia sus intereses personales de apertura comercial para no tener una caída en sus ganancias, a la vez que procuran que la consigna por impuestos a las riquezas no llegue a buen puerto. Nuestra propuesta va en diametral oposición, y es el no pago de la deuda, e impuestos al gran capital.
Una nueva ruptura en el gobierno nacional
El gobierno ha perdido la imagen positiva que tenía a comienzos de la pandemia, en momentos en los que no veían en el horizonte la crisis ya desatada. En los puntos de mayor combatividad la represión policial no ha tardado en llegar. Este es el caso de las provincias de Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas, en las que se reprimió con gases lacrimógenos y se arrestó a decenas de manifestantes.
Ya en nuestra previa editorial habíamos mostrado que el gobierno se encontraba en una encrucijada para hacer pasar el presupuesto extraordinario de junio y julio, y luego frente a los desafíos de la aprobación del instrumento de financiamiento rápido del FMI. La fracción legislativa del PLN ha sido la más enérgica al solicitar que se retire el acuerdo con el FMI, pero ha habido una negativa por parte del conjunto de los partidos burgueses.
Finalmente, en medio de movilizaciones y con un potencial choque entre fuerzas políticas, el Ejecutivo retira la propuesta con el FMI, mientras que Carlos Alvarado se dirige a la opinión pública para mostrar un supuesto compromiso con la ciudadanía, y con los reclamos populares. Esto último con la explícita intención de frenar con los bloqueos y salvaguardar su imagen pública.
Organicemos una salida clasista
Debemos denunciar el papel que toman las iglesias católicas que buscan contener los procesos de lucha, poniéndose como intermediarias entre el gobierno y los manifestantes. Las iglesias juegan su papel quemado de falsas pacifistas y condenan la continuación de los bloqueos. Es por esto que es vital continuar con los reclamos que ha puesto en primera plana el movimiento de mujeres, que reclama la separación de la Iglesia y el Estado, y su desligue de asuntos de interés público. Desde Juventud Obrera queremos celebrar la construcción de la jornada de lucha del 28S, y denunciar los femicidios que han aumentado en épocas de pandemia. Abogamos por la creación de un movimiento de mujeres clasista que se ponga a la vanguardia de las luchas, siendo este movimiento un baluarte para la pelea contra el conjunto del régimen y sus alianzas clericales.
A su vez, nos posicionamos en contra de la deuda usuraria y fraudulenta con las diferentes entidades financieras que acechan al país, con la clara conciencia política de que esta lucha debe ser también direccionada contra la misma burguesía nacional, expresada y condensada en las cámaras empresariales. La intervención de la izquierda debe ser antagónica a aquella que propuso el diputado José María Villalta del Frente Amplio, quien llamó a una negociación pacífica, y a levantar los bloqueos. Debemos recrudecer las luchas en las calles, y llevar al frente los reclamos de la clase trabajadora.
¡Por una reorganización económica y social dirigida por la clase trabajadora!
Natalia Cruz, Roberto Sanchez Moreno
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