En el primer aniversario de la rebelión chilena, cientos de miles de personas ganaron las calles en el país trasandino. Algunas estimaciones hablan de más de 100 mil personas movilizadas en la Plaza Dignidad, en Santiago. Además, hubo manifestaciones en todo el país.
De este modo, quedó claro que el proceso político iniciado en octubre pasado continúa abierto, pese al “acuerdo de paz social” del gobierno y la oposición, para contenerlo en las vías institucionales, y pese al compás de espera que le había impuesto la pandemia. En la jornada, se escuchó el reclamo por la libertad de los presos políticos, por el juicio y castigo a los responsables de la represión, y contra los fondos de pensión privados (no + AFP).
El operativo represivo del gobierno dejó cerca de 600 detenidos. En La Victoria (centro-sur de Santiago), un joven murió por disparos con armas de fuego realizados por efectivos de Carabineros. En la comuna de Los Angeles, región de BioBío, un miembro de la misma fuerza arrolló en forma intencional con su moto a un manifestante. Las imágenes trajeron a la memoria lo ocurrido hace pocos días, cuando un carabinero empujó al río desde un puente a un manifestante. Es la misma fuerza que dispara a los ojos para cegar a los luchadores.
El gobierno responsable de estos crímenes, integrado por funcionarios que se enriquecieron o cumplieron roles bajo la dictadura pinochetista, trató de invertir las cosas y lanzó una infame campaña contra la “violencia” de las manifestaciones, debido al ataque contra algunas comisarías y el incendio de dos iglesias en Santiago. Se trata de una cortina de humo para disimular el golpe político sufrido ante una movilización popular tan multitudinaria.
La concurrencia de este 18 es más notable aún si se tiene en cuenta que gran parte de la oposición boicoteó la convocatoria. Un artículo del diario La Tercera (19/10) destacó la ausencia casi total de esos dirigentes en las movilizaciones y analizó que “el que no haya habido un liderazgo político claro detrás del estallido social fue para muchos un problema el año pasado; y la jornada de ayer demostró que esa ausencia lo sigue siendo ahora”.
La oposición no solo le quitó el cuerpo a las movilizaciones, sino que discute un documento de condena a los hechos de “violencia”… por parte de los manifestantes, según propuso el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz. Incluso el ala izquierda de esa oposición no convocó a la jornada del 18. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, del Frente Amplio, hizo un llamado “a que nuestras diferencias, nuestras formas de canalizar lo que hoy sentimos por el país, lo hagamos a través del plebiscito que vamos a tener el 25 de octubre” (Bio Bio, 13/10, citado por El Porteño, 19/10). Gabriel Boric, también del FA, llamó a cacerolear por las noches en vez de realizar concentraciones masivas, con el pretexto del Covid-19. El PC sí llamó a participar de las protestas, pero no hay ningún planteo de lucha por parte de la CUT, la central obrera que dirigen.
Las movilizaciones del 18 fueron, por lo tanto, un desafío objetivo a la política conciliadora de la oposición, que tiene todas sus fichas puestas en el plebiscito del 25 y las elecciones de constituyentes de abril próximo, que se llevarán a cabo en caso de que triunfe el “Apruebo” el próximo domingo. Es un intento denodado por limitar las potencialidades del movimiento de lucha.
El 25
El plebiscito del domingo 25 consiste en dos preguntas. Una por el “Apruebo” o “Rechazo” a la reforma de la Constitución, y otra por el mecanismo de una eventual modificación: una convención constituyente donde todos sus miembros surgen de una elección, o bien una convención mixta donde la mitad de ellos surgen del actual parlamento.
Este plebiscito ha sido un producto, aunque deformado, de la rebelión popular. El gobierno y la oposición debieron echar lastre con esa convocatoria, apenas tres días después de la huelga del 12 de noviembre. Pero al mismo tiempo, es un intento de desviar las energías de las masas al terreno institucional, por medio de un proceso tutelado.
La mayor trampa del proceso constituyente es que, incluso en la variante de una convención donde todos sus miembros surgen de una elección, de él no podrán participar las organizaciones sociales surgidas de la rebelión (es decir, estará dominada por los partidos responsables del hundimiento nacional) y se requiere un quórum de dos tercios para imponer las modificaciones, lo que le asegura a la derecha un poder de veto.
La derecha ya opera abiertamente en este terreno. El presidente Sebastián Piñera, cuyo partido (Renovación Nacional) tiene un ala que milita por el “Apruebo” y otra por el “Rechazo”, presentó un documento que pretende encuadrar un eventual proceso constituyente, para que nada cambie: plantea al Estado como “garante del orden público y la seguridad” (léase, la preservación de Carabineros y todo el aparato represivo), el “derecho a la propiedad privada” (léase, la garantía a los grandes grupos económicos de sus privilegios) y el mantenimiento de las AFP y los negociados privados en salud y educación. También ya trabaja en su lista de candidatos para abril, en la que se baraja la candidatura de Magdalena Piñera Morel, la hija de Piñera, un insulto frente a un proceso que nació reclamando la caída del mandatario.
El otro gran partido de la derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI), también tiene un ala partidaria del “Apruebo” y otra del “Rechazo”. Pablo Longueira, senador de esta fuerza, ha declarado que “la peor contribución que puede hacer la gente que quiere conservar lo mayor posible de esta Constitución es votar Rechazo” (Nuevo Poder, 1/9), o sea que quiere sabotear el trabajo de la asamblea constituyente desde adentro. Es importante alertar a los trabajadores de estas maniobras en curso.
Las dos fuerzas de la derecha plantean la variante de la convención mixta. Por el lado de la vieja Nueva Mayoría, las fuerzas que lo integraban (PS, PPD, Democracia Cristiana, PC y otros) son partidarias de la variante de la convención constitucional.
El voto por el “Apruebo” es un modo de golpear a la reacción política, pero debe hacerse señalando las trampas tanto de la variante mixta como de la convención constituyente que postula la oposición. Una verdadera asamblea constituyente exige echar a Piñera y el régimen político que lo sostiene. El camino lo marca la movilización del 18.
Gustavo Montenegro
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