Jair Bolsonaro no perdió la oportunidad de las fiestas para impulsar una medida escandalosa, de alto contenido reaccionario. Bajo la modalidad de un “indulto navideño”- beneficio que establece la Constitución brasileña para la supresión de determinadas penas, que puede otorgarse en estas fechas- el presidente de Brasil acaba de favorecer a integrantes de las fuerzas de seguridad condenados por homicidios, y otros crímenes, en el ejercicio de sus funciones. La medida también alcanza a los agentes que aun encontrándose fuera de su horario de servicio hayan ejecutado crímenes con la intención de “eliminar un riesgo existente” para la sociedad o para sí mismos.
Estas medidas vienen a convalidar una línea de “mano dura” y reforzamiento del aparato represivo, que entonan con el discurso del derechista Bolsonaro, conocido por sus célebres expresiones como “bandido bueno es bandido muerto” o "el error de la dictadura fue torturar y no matar".
Reforma penal y bala
La señal de impunidad de Bolsonaro para las fuerzas represivas de Brasil se da en medio de la sanción de una reforma al código penal que endurece las penas y elimina beneficios para los condenados.
Entre algunos de los puntos de la reforma, resaltan la extensión del máximo de las condenas de 30 a 40 años, la eliminación del beneficio de las salidas temporales para los acusados de cometer “delitos atroces” que provoquen la muerte, y la extensión de la extracción compulsiva de ADN a determinados acusados- el proyecto original implementaba restricciones a esta práctica, pero el artículo fue vetado por Bolsonaro, entre otros 22 artículos-.
Bolsonaro se ha propuesto como una de sus principales metas la reducción de la tasa de homicidios sobre la base de una política de “tolerancia cero” al delito. Mientras que las estadísticas oficiales señalan una baja del 21,2% en los homicidios comparado el primer semestre del 2019 con el mismo periodo del 2018, se estima que las muertes a manos de las fuerzas de seguridad aumentaron bajo este gobierno: en Rio De Janeiro el 30% de los asesinatos son perpetrados por los operativos policiales, los cuales se realizan principalmente en las favelas y en los barrios pobres (France24.com 24/12). Es la doctrina de quien afirmó que los integrantes de las fuerzas armadas que tengan "10 o 15 ladrones muertos" deben ser homenajeados y no investigados.
La medida del gobierno también alcanza a los militares que hayan cometido crímenes “en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden”, dentro de lo que se encuentran las represiones a las manifestaciones de todo tipo (Pagina12 24/12). Con esta misma política Jeanine Áñez y su gobierno de facto ahogaban en sangre la resistencia del pueblo boliviano.
Doctrina paramilitar
La extensión del indulto a los agentes que cometan crímenes por fuera de su servicio no es un dato menor. Brasil asiste a un fenómeno de proliferación de bandas paramilitares y milicias ilegales que actúan bajo el amparo del gobierno.
Lo que se ha dado a llamar “ejecuciones extrajudiciales”- un apelativo similar al de “gatillo fácil”- se ha extendido por fuera de las fuerzas policiales para materializarse en ejecuciones perpetradas por grupos al margen de las instituciones del régimen.
La doctrina de Bolsonaro alienta la conformación de grupos de tareas que, bajo el pretexto de eliminar el delito, dirimen sus reyertas internas o sirven a los intereses de determinados grupos económicos. Como de lo que se trata es de “eliminar delincuentes”, sin especificar a cuáles de ellos, estos grupos terminan realizando una labor selectiva que en la mayoría de los casos sirve para dirimir disputas entre el crimen organizado.
A su vez, se extiende la modalidad de la extorsión a los comerciantes a cambio de “seguridad”, incluso se brinda estos servicios a los propios delincuentes, ejecutando a quienes no paguen las sumas demandadas (Clarín 23/12).
En otros casos se trata solamente de vendettas policiales en respuesta al asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad. En Brasil, 57 sospechosos mueren por cada policía asesinado, según hallaron analistas (Clarín 23/12).
Esta doctrina es la que está presente en el crimen de Marielle Franco- edil carioca del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) asesinada en marzo del 2018- donde los principales imputados son elementos pertenecientes a las fuerzas policiales y los vínculos del crimen llegan hasta el propio Bolsonaro.
El indulto de Bolsonaro se inscribe en la línea de extender un cheque en blanco a las milicias asesinas y a la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado Brasileño, quienes en muchos casos realizan las tareas sucias que el gobierno no se anima a realizar sin dar un salto en calidad hacia su degeneración reaccionaria. Al reforzamiento de la represión sangrienta debemos oponerle el desmantelamiento del aparato represivo y sus bandas asesinas.
Marcelo Mache
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