Los principales candidatos parecen competir por quien se muestra más proclive a medidas represivas y autoritarias. La propuesta de Lacalle Pou de habilitar a la policía a pedir cédula tuvo la respuesta del Frente Amplio diciendo que eso lo hacen desde hace muchos años. Talvi por supuesto está en la misma línea. Todos se esfuerzan por mostrarse como los más eficaces represores
En un acto de campaña en el Cerro el pasado fin de semana Lacalle Pou señaló que “a nadie le va a caer mal que le pidan la cédula” y que si llegaba al gobierno hará que “la policía esté presente” y que “los móviles anden en la vuelta”.
No sorprenden las declaraciones de Lacalle, conocida es su veta represiva y autoritaria con la que intenta dar respuesta la crisis social existente, a la pobreza estructural y exclusión de amplios sectores de la población, situación que en última instancia explica el aumento de la delincuencia.
Sin embargo si puede sorprender la reacción del Frente Amplio, el partido que dice ser la alternativa a la derecha y en su discurso proclama oponerse a campañas como la de Vivir sin Miedo, que impulsa Larrañaga desde el Partido Nacional.
Los argumentos para responder a Lacalle Pou no tuvieron que ver con la cuestión social causante de la delincuencia o preguntarse si este tipo de propuestas vulnera derechos y restringe libertades. Por el contrario, en una suerte de competencia por mostrarse más represivo, Gustavo Leal el vocero del candidato Daniel Martínez en temas se seguridad salió a declarar que el Frente Amplio ya venía realizando operativos de control y pedidos de cédula de manera cotidiana.
Leal parece sentirse orgulloso de que "en 2018 la Policía solicitó cédula a 477.620 personas y en lo que va del 2019 a 337.061 ciudadanos”, una política que impulsa el ministro Bonomi, y que en la práctica es estigamatizante y discriminatoria y se enfoca en aquellas personas pobres que por su aspecto son sospechosas para la policía.
Leal dio detalladas cifras de todas las acciones de control social que llevan a cabo las fuerzas represivas estatales sobre los sectores más vulnerables (acciones del PADO, operativo Gavilán, operativo Aruera, etc.). En su afán por competir con el candidato nacionalista, no tiene ningún problema en mostrar como el Frente Amplio ya lleva a la práctica parte de las propuestas que reclama la derecha, combinando el endurecimiento de la política represiva con la criminalización de la protesta (como sucedió en la marcha contra UPM).
Como era de esperar la medida de Lacalle Pou contó con el visto bueno del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Sin embargo, su asesor en estos temas, Andrés Ojeda correctamente ha señalado que la ley actual no es clara en cuanto a si se puede pedir cédula en el marco de patrullajes en las calles.
Las declaraciones de Leal, con datos y cifras de las acciones de control de personas y pedidos de documentos masivos que se realizan, dan cuenta que el Frente Amplio toma la interpretación más represiva y autoritaria de esta ley, prácticamente forzando su redacción para cubrir de un manto de legalidad el accionar policial.
Una ley continuadora de un decreto de la dictadura
La ley de procedimiento policial que permite que una persona sea detenida por el simple hecho de negarse a acreditar su identidad y sin que haya ninguna situación que la haga sospechosa de estar cometiendo alguna ilegalidad, tiene un claro corte autoritario que retoma el decreto 690 de la dictadura que habilitaba la detención “por averiguación”.
La propia ley es ambigua en su redacción, deja abierta la puerta a detenciones arbitrarias y otorga un poder discrecional a la policía que puede “conducir” a alguien al a comisaría sin que esté cometiendo algún delito sino simplemente por una apreciación subjetiva en el marco por ejemplo de patrullajes en las calles.
El sociólogo Leal, devenido en vocero en temas de seguridad de Martínez, parece haber olvidado que en las ciencias sociales nadie discute la selectividad con que actúa el sistema penal:
A la vez que las prisiones están compuestas básicamente por personas pobres, la propia policía en las calles no va a pedirle documentos a cualquiera. Aunque en teoría el pedido de cédula se debería dar en el marco de una investigación de un delito, la policía puede usar este argumento de excusa y sin aportar ninguna prueba.
Todos vemos diariamente como se hostiga y maltrata a personas de calle o se detiene a personas vulnerables, especialmente si son jóvenes y pobres.
Como ha señalado Martín Fernández, abogado de Ielsur, “lo que realmente sucede es que este tipo de medidas se usan siempre contra las mismas personas y pueden generar reacciones negativas en los indagados, lo que a su vez genera reacciones de la Policía".
Cuando conocemos el desprecio de la policía hacia los pobres, el maltrato en las cárceles o hacia los detenidos, los casos de gatillo fácil, los abusos policiales o como “plantan pruebas” para incriminar inocentes, declaraciones como las de Gustavo Leal, reivindicando el pedido de cédula y la posibilidad de detener a alguien que no está haciendo nada merecen un repudio similar a las propuestas de Vivir sin Miedo; con sus diferencias, ambas van en el mismo sentido de criminalizar la pobreza.
Hernán Yanes
Jueves 26 de septiembre | 21:01
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