Se cumplen este mes 45 años del golpe militar del año 73. El aniversario recuerda también la impunidad reinante para los crímenes de la dictadura y se da en el contexto actual de un persistente avance represivo por parte del Estado y sus instituciones.
Un poco de historia: La represión del ascenso obrero de los 60 y 70
El golpe que se consumó en junio del 73 no fue un capricho de las clases dominantes.
El Uruguay no fue la excepción en un panorama regional y mundial de ascenso obrero, revoluciones y rebeliones contra los colonialismos, así como de auge de luchas por los derechos civiles y democráticos.
El mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esas décadas en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el planeta.
El golpe fue el corolario de un avance represivo que en nuestro país comenzó con las medidas prontas de seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60. La supresión de garantías constitucionales apuntaba a enfrentar el creciente proceso de movilización que los trabajadores y el pueblo uruguayo llevaban adelante para enfrentar los ataques a las condiciones de vida que intentaban descargar los gobiernos blancos y colorados.
La relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo.
Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y ascenso, que en perspectiva abrían la posibilidad de romper con el imperialismo y avanzar cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.
Las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.
El golpe abre un periodo en que se implementan cambios económicos regresivos que disminuyen drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares (trabajo, salud, educación) y a la vez promueven mayores ganancias empresariales y una mayor injerencia imperialista y de las multinacionales.
El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en que los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura. Su derrota, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario.
Decenas de miles de presos, exiliados, desaparecidos y asesinatos políticos durante el gobierno cívico militar es el costo que pagaron los trabajadores en la resistencia a los planes antipopulares.
Los que implementaron este modelo socioeconómico así como los que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos hoy están libres gracias a la impunidad que les garantizó el régimen político desde el Pacto del Club Naval en adelante.
El aparato represivo no fue desmantelado y lo esencial de toda esa estructura se mantiene hasta el día de hoy.
Hoy: mano dura y reforzamiento del aparato represivo
A grandes rasgos y luego de tres periodos de gobierno frenteamplistas, la situación económico social apenas ha alcanzado los índices de la situación previa a la crisis del 2002.
Es decir que aún en el contexto de una situación económica mundial favorable para el país por el alto precio de las materias primas, el “modelo” frentamplista no pudo garantizar un mínimo nivel de vida para los trabajadores y el pueblo, quedando muy por debajo de las condiciones previas a la dictadura.
Privatizaciones, tercerización y precarización laboral, bajo presupuesto para salud, vivienda y educación, pago puntual de la deuda externa y seguimiento fiel de los mandatos de los organismos internacionales que dirige el imperialismo son algunas de las políticas heredadas de blancos y colorados que ha continuado con escasas diferencias la gestión frenteamplista .
La ruptura y fragmentación del tejido social, la pobreza estructural que ya abarca varias generaciones son parte del panorama político actual; y con el fin del “viento de cola” la situación sin duda va a empeorar con los nuevos ajustes que prepara el Frente Amplio (o el que gane las próximas elecciones).
Para que este modelo cierre es necesario un aparato represivo fuerte y un sistema jurídico que tienda a criminalizar la pobreza, y eventualmente también criminalizar la protesta social.
Todo el régimen político, blancos, colorados y frenteamplistas, coinciden en esta política de mayor seguridad y mano dura. En todo caso, el Frente Amplio ha sido más gradual o pudo tener algunas diferencias en los tiempos de implementación, pero en lo esencial comparte la necesidad de reforzar y “modernizar” el aparato represivo así como de endurecer penas y sanciones para los que cometen delitos.
El número de presos que no para de crecer, así como las condiciones terribles en que cumplen sus condenas, son quizás las muestras más visibles de esta orientación; situación que también se observa en los cambios regresivos del Código del Proceso Penal que implementa el gobierno de Tabaré o en el uso de la información del MIDES para el control social y la represión que se implementó a sugerencia de Mario Layera.
A nivel de las fuerzas represivas, los cambios van en el mismo sentido: desde la creación de una Guardia Republicana nacional al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) o el rol de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la frontera, es innegable el aumento de los efectivos, así como su mayor equipamiento y acceso a moderna tecnología que se usa para reprimir. Las declaraciones de Manini Ríos, reclamando un rol activo a las fuerzas armadas o el decreto antipiquetes de Vázquez van en esta dirección.
Estas iniciativas son similares a las que toman otros gobiernos latinoamericanos, es decir que son políticas regionales. Macri en Argentina intenta legitimar también el uso de las fuerzas armadas en la represión interna y Temer ha militarizado Río de Janeiro y otras zonas del Brasil. Detrás de la excusa de la lucha contra el narcotráfico todos apuntan a criminalizar la pobreza.
También esta Rendición de Cuentas que se está terminando de redactar destina dinero las fuerzas represivas mientras le niega recursos a la educación y la salud. El propio Vázquez cada vez que puede señala que la seguridad es una de las prioridades del gobierno y sus mayores esfuerzos están puestos en implementar estrategias represivas más eficaces.
La derecha no se queda atrás; por el contrario Larrañaga acaba de lanzar su campaña “vivir sin miedo” para reforzar la Constitución, endurecer las leyes y darle más lugar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. Firmen o no, el resto del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente comparten la visión punitiva de mano dura.
De la dictadura al presente: la continuidad de las políticas represiva
Con distintos gobiernos y a lo largo de las décadas podemos observar una continuidad en las políticas represivas que lleva adelante el Estado.
El capitalismo no se sostiene sin represión; a veces más descarnada y cruda como cuando los militares dieron el golpe de estado para poner fin al ascenso obrero y popular que ponía en jaque los intereses de las clases dominantes o a veces más sutil y con ropajes democráticos como en estos últimos 35 años.
En los 60 y 70 la represión tuvo como cometido el aniquilamiento de los militantes trabajadores y estudiantes que estaban al frente de las luchas populares y resistiendo el ajuste que en ese momento se quería implementar.
Hoy, detrás de la consigna de mayor seguridad, se quiere imponer la mano dura y la represión como “solución” a los problemas que genera el propio régimen social.
Grandes sectores de excluidos están en el foco de todos los mecanismos de control social que dispone el Estado, desde las leyes penales hasta las fuerzas represivas; y en mayor o en menor medida todas las variantes del régimen proponen cárcel, condenas más largas y más castigo para aquellos que quedan en los márgenes del sistema.
En los próximos años los ajustes tenderán a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores; con el aumento de las fuerzas represivas y las leyes más duras también el régimen se prepara para enfrentar a los que como en los 60 y 70 opongan resistencia.
La lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado, los torturadores y genocidas libres son señales de que se intenta preservar al aparato represivo y reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad, para poder recurrir a ellos cuando vuelva a ser necesario.
Hernán Yanes
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