El gobierno golpista de Jeanine Añez en menos de un año de duración tuvo una media docena de ministros de salud. Varios de ellos, directamente ligados o propietarios de clínicas privadas. Y que tuvieron que ser destituidos no solo por su negligencia criminal, sino también acusados de fuertes negociados. En este período los déficits precedentes del sistema de salud de Bolivia se potenciaron terriblemente y llevaron a una situación de colapso. Es que Añez siguió la metodología sanitaria dictada por sus mentores ideológicos (Trump y Bolsonaro) para enfrentar la pandemia. Alrededor de julio 2020, los centros de salud llegaron al límite de admisión de pacientes, cientos de personas murieron sin atención hospitalaria y los cementerios quedaron saturados. Esta fue, sin duda, una de las razones del fuerte repudio popular al gobierno golpista.
Pero el ascenso del nuevo gobierno del MAS no cambió drásticamente la situación en materia sanitaria. Ante el inicio de la segunda ola del Covid, la impotencia continuaba vigente. En la primera quincena de enero de este año, el presidente Luis Arce Catacora llamó a la población a «aguantar y resistir» el nuevo coronavirus hasta que lleguen las vacunas compradas por su gobierno. Continuaba la inoperancia. Recién este miércoles 24 de febrero llegaron las primeras 500 mil vacunas (400 mil compradas y 100 mil donadas) de China. Y unas 20 mil de Rusia. Las de AstraZeneca están reatrasadas: no se sabe cuándo llegaran.
Y ya se insinúa la tercera ola pandémica. En estas circunstancias es que Arce Catacora, no habiendo avanzado en la reformulación de un sistema sanitario para afrontar un fuerte agravamiento del Covid, viene anunciando que sacará una Ley de Emergencia Sanitaria. Pero lo que parió… es un ratón. La nueva Ley de Emergencia plantea cierto control sobre las clínicas privadas y la estandarización de precios de medicamentos. Es que las clínicas privadas hicieron fortunas con quienes podían pagarlas en la emergencia del ataque del Covid (el resto al hospital público o a la muerte). Y los medicamentos también subieron en forma astronómica.
Se trata de dos medidas absolutamente elementales e insuficientes. Lo que corresponde es que se nacionalice todo el sistema hospitalario y de laboratorios privados y se ponga bajo control de los trabajadores. Hay que usar y potenciar todos los recursos para defender la salud del pueblo frente a la plaga. También la nueva Ley autoriza a contratar más personal médico nacional o extranjero.
El Colegio Médico y varios sindicatos médicos declararon la huelga por una semana del viernes 19 hasta el sábado 28 de febrero, rechazando la Ley de Emergencia y pidiendo que sea consensuada con ellos. Están actuando como agentes defensores de los mercaderes de la salud. Defienden la propiedad privada y su derecho a usufructuar la crisis nacional para engordar sus fortunas. Rechazan también la contratación de nuevo personal médico, en especial del extranjero, para afrontar la desbordada emergencia. Se niegan a que vuelvan a ser llamados los eficientes equipos de salud de Cuba que fueron echados por el gobierno golpista (con el apoyo de este Colegio Médico).
El gobierno nacionalista burgués del MAS no pudo con su naturaleza de clase patronal y puso también en la ley la prohibición y regimentación del derecho de huelga. Punto que es rechazado, en forma demagógica, por el paro del Colegio Médico. Pero no cabe duda de la filiación reaccionaria que los lleva a ser correa de transmisión de la defensa de los “derechos” de propiedad de la salud privada.
La central obrera (COB) y la campesina (CSUTCB) denuncian el carácter “empresarial a favor de las clínicas privadas” del paro médico. Pero se contentan con apoyar pasivamente las insuficientes medidas del gobierno. El deber de una central de trabajadores es defender las condiciones de vida de las masas frente a la voracidad explotadora de la clase patronal. Y en este caso directamente la vida. Las centrales debieran rechazar la anulación del derecho de huelga que deja el antecedente de aplicarlo contra cualquier lucha obrera si el gobierno decreta una emergencia. Y la necesidad de nacionalizar todo el sistema de salud, sin pagar indemnización alguna a estas patronales que vienen jugando con la vida del pueblo trabajador. Para ello hay que llamar a ganar las calles, con un plan de lucha, paro general y movilización. En lugar de ello las burocracias de las centrales se subordinan al MAS y al gobierno burgués que respeta el derecho capitalista contra el pueblo. Y “trabajan” con vistas a las próximas elecciones, donde varios sus dirigentes figuran como candidatos del MAS. Es necesario formar un agrupamiento sindical y político independiente de los partidos burgueses y del Estado.
Rafael Santos
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