Luego de una gran marcha nacional de más de 100.000 personas, que terminó con una represión por parte de los carabineros, y con la mira de reconvocar una marcha en la ciudad de Valparaíso para la semana del lunes 10 de junio, la lucha educativa continúa y se profundiza en Chile.
En conferencia de prensa, el Colegio de Profesores de Chile denunció al gobierno de Sebastián Piñera de querer desgastar la huelga docente y, al mismo tiempo, ratificó la continuidad de la lucha y las demandas que tienen. Entre ellas, la reforma curricular, la extensión de la titularización de las horas de extensión, la deuda histórica, contra la doble evaluación docente y por la jubilación docente, entre otros reclamos que se arrastran desde hace décadas.
El lunes 10 están planteadas asambleas barriales promovidas por la base docente, para extender el reclamo entre los trabajadores y hacer crecer el movimiento en defensa de la educación pública. El mismo método que se promueve para definir las propuestas que vaya realizando el gobierno y la continuidad de la huelga, que a pesar del carácter conservador de las direcciones sindicales parece estar firme y se va renovando tras una evaluación en el nivel de adhesión que hoy ronda en el 70%, pese a los descuentos y represalias.
El movimiento estudiantil se ha sumado con sus propias demandas, contra el estado de las escuelas, falta de recursos, el estado de persecución que se vive en los colegios y la tendencia a la degradación de los contenidos a enseñar, ligados meramente a las demandas del mercado laboral. Aunque está pendiente el llamado conjunto de sindicatos y federaciones estudiantiles a una movida educativa nacional y superar los bloqueos y expectativas en la oposición patronal, que privilegian al Congreso como escenario para dirimir la crisis educativa.
Justamente el martes 11 el Congreso nacional será el epicentro de las concentraciones, donde la ministra de educación Marcela Cubilla deberá exponer los alcances de la reforma educativa.
El modelo de la OCDE hace agua
Chile, como otros países de la región, ha seguido el libreto de la OCDE del que es país miembro. Luego de las enormes movilizaciones estudiantiles del 2011, este organismo y los gobiernos de Bachelet- Piñera fueron a fondo con las recomendaciones internacionales que son básicamente: el reforzamiento de las pruebas estandarizadas PISA que determinan en gran medida la distribución de recursos, la evaluación también para docentes, el desfinanciamiento y la adaptación más profunda de la escuela media a las necesidades de mano de obra de los empresarios, que demanda mayores “competencias” y habilidades” y no conocimientos científicos.
Esta tendencia se va agudizando y tenemos como resultado que todas las contradicciones de un sistema educativo fuertemente diferenciado, con predominio de los subsidios según la demanda, es decir con una privatización muy profunda, estallan año tras año.
Uno de los reclamos centrales, da cuenta de esta característica del sistema educativo en Chile, ya que la tan reclamada deuda histórica se arrastra desde 1981, cuando la dictadura de Augusto Pinochet traspasó la administración de la enseñanza desde el Ministerio de Educación a los municipios, sin disponer el pago de unas indemnizaciones a los docentes por parte de éstos.
Desde Chile hasta Costa Rica, pasando por Brasil, la docencia y el movimiento estudiantil se ponen de pie contra los gobiernos derechistas que intentan llevar adelante “las reformas estructurales” de la mano del FMI y arrasar con lo que queda de la educación pública.
Debemos mirarnos en el espejo de estos países, intervenir ahora contra todo un régimen social con la movilización y la huelga general hasta derrotarlos.
Amanda Martín
Secretaria adjunta de Ademys
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