Más de 35 muertos en un ataque del gobierno de facto contra un acampe de manifestantes.
Más de 35 manifestantes fueron masacrados y centenares heridos ayer por el Consejo Militar de Transición que gobierna Sudán desde principios de abril, luego de que una rebelión popular de varios meses, acicateada por el aumento del precio del pan, llevase a la caída del dictador Omar al Bashir.
La rebelión que arrancó en diciembre -configurando, junto a los hechos de Argelia, una segunda primavera árabe- sigue viva, ahora bajo el reclamo de que se entregue el poder a un gobierno civil. Uno de sus puntos centrales era el sostenido acampe mantenido frente a la sede del Estado Mayor de la Defensa, en la capital sudanesa Jartum. Allí avanzaron ayer las fuerzas represivas, bloqueando las salidas del sitio de la sentada y disparando a mansalva contra los manifestantes, prendiendo fuego las carpas y tiroteando incluso en los hospitales de la zona.
El operativo represivo abarcó a acampes en otras ciudades, e incluyó el bloqueo de los accesos de Jartum, el corte del servicio de internet de las tres empresas de telecomunicaciones y las 30 cadenas de radio del país, así como el cierre de la oficina y el retiro de permisos de trabajo a corresponsales como los de Al Jazeera. Un estado de sitio para imponer la autoridad del gobierno militar.
La masacre obligó a la Alianza por la Libertad y el Cambio, paraguas de los diversos sectores de manifestantes, a declarar el fin de las negociaciones que mantenía con el Consejo Militar y llamar a la “desobediencia civil” y la paralización del país, hasta que los militares depongan el poder. Desde el Consejo afirmaron también el cese de las negociaciones y su líder, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, refrendó el planteo militar de una transición extensa, con la convocatoria a elecciones dentro de nueve meses, y anunció que se formaría inmediatamente un gobierno (sin mayores precisiones) para dirigir el país hasta entonces.
Alianzas
En la represión jugaron un papel clave las sanguinarias Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias “Hemedti”, vicepresidente del Consejo Militar. Hemedti fue la mano derecha del depuesto al Bashir en el genocidio acometido por el régimen contra los rebeldes de Darfur, para luego soltarle la mano ante las crecientes revueltas.
Hemedti es una figura en ascenso que cuenta con el apoyo de las monarquías petroleras de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que, junto con el gobierno golpista de Egipto, buscan consolidar su influencia en la región tras la caída de al Bashir. Incluso, hay quienes asocian la escalada de violencia a los manifestantes al diálogo de los militares sudaneses con Arabia Saudita.
Toda esta alianza reaccionaria revela la impostura de las críticas a la masacre de ayer por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos. Estas potencias imperialistas mantienen lazos de hierro con los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto, con quienes han desarrollado un sinfín de avanzadas contrarrevolucionarias en Medio Oriente.
La clase obrera
La virulenta represión viene precedida por una potente huelga general el 28 y 29 de mayo, que puso de manifiesto el sostenido rechazo a los militares -provenientes del régimen de al Bashir- entre los trabajadores. Pese a las amenazas gubernamentales de despidos masivos y hasta detenciones y disparos para forzar la vuelta al trabajo, la medida fue masiva tanto en el sector público como privado, con piquetes frente a los lugares de trabajo que luego convergieron en movilizaciones. Tuvo gran adhesión, incluso, en áreas rurales del país. Ahora, frente a la masacre, se procesaron medidas como la huelga general de los pilotos del lunes, que paralizó los vuelos internos y externos en el aeropuerto de Jartum.
La determinación de los trabajadores contrasta, sin embargo, con la carencia de un planteo independiente, desde el punto de vista de la clase obrera. Los comunicados de los huelguistas insisten en su sujeción a las resoluciones de la Asociación de Profesionales Sudaneses, que nuclea gremios y organizaciones de profesionales, con liderazgo de este último sector y una orientación liberal. Se debe advertir, ante todo, contra las intenciones de poner los planteos de gobierno civil como un freno al proceso revolucionario.
Se plantea la más amplia movilización y el desarrollo de una huelga general ininterrumpida hasta la caída de los militares. Es el marco ideal para la estructuración de la clase obrera con un planteo independiente, que ligue las reivindicaciones democráticas inmediatas con el planteo de un gobierno de trabajadores.
Tomás Eps
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