Sin ninguna consideración por el impacto social y ambiental el gobierno continúa aceleradamente y sin ningún cuidado con sus planes de facilitar la instalación de una segunda planta de UPM
La actitud del gobierno ante la construcción del tren que transportaría la producción de UPM muestra el grado de sumisión y entrega al que ha llegado el Frente Amplio con tal de que UPM se instale en el país.
El proyecto ferroviario prevé la instalación de 273 kilómetros de vías férreas atravesando 5 departamentos del país, con el fin exclusivo de generar la infraestructura para que se transporte la producción de UPM y tendrá un costo, que absorverá el país, de 2200 millones de dolares.
Los permisos para las 14 frecuencias diarias de este futuro tren, seis con celulosa y una con productos químicos muy contaminantes y tóxicos se están tramitando sin los debidos estudios sanitarios, sociales, económicos y ambientales; desoyendo la opinión de la ciudadanía afectada y sin ningún tipo de previsión del impacto que puede tener en país.
Recientemente grupos de vecinos y afectados por el tren fueron tratados de “miserables” por el ministro Rossi y recibidos con un gran despliegue policial cuando intentaban defender sus derechos ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
Este organismo es el que supuestamente debe cuidar que el futuro tren no impacte negativamente y sin embargo cumple un papel casi testimonial, sin ningún tipo de independencia y dando la cobertura formal que el gobierno persigue para salvar las apariencias de que se cumplen los requisitos medio ambientales.
Hace pocas semanas la ministra Eneida de León mandó a cortar las licencias de los jerarcas para que apurarán el estudio ambiental, el que se intenta que se transforme en un mero trámite.
La obra estará a cargo del grupo Vía Central, integrado en un 40% por la constructora SACYR, la que tiene varias denuncias internacionales por defectos en las obras y sobreprecios.
La licitación fue impugnada por otra empresa que se presentó al llamado planteando que el resultado fue poco transparente y arbitrario. Para generar aún mayores sospechas, el ministro Rossi clasificó como reservada toda la información de la licitación en cuestión.
Por otra parte, más allá de las declaraciones de Cosse, parece avanzar el proyecto de elevar la cota de la represa de Rincón del Bonete lo que tendrá como consecuencia la inundación de zonas productivas y afectará al balneario San Gregorio de Polanco que depende de sus playas para sostener su actividad económica. Grupos ambientalistas vienen denunciando que este proyecto responde a las demandas de UPM y es otra muestra del grado de injerencia de la empresa finlandesa en la política interna del país.
Un modelo que hace agua
La desesperación del gobierno por cerrar el negocio y captar inversiones ha profundizado el grado de sumisión hacia empresarios extranjeros y nacionales.
Desde hace ya algunos años se vienen percibiendo los síntomas del agotamiento de un modelo basado en la liberalización de la economía y alto precio de las commodities que permitió un ciclo de crecimiento para el país más o menos coincidente con los años de gobiernos frenteamplistas. En este periodo los empresarios nacionales y extranjeros se enriquecieron de manera exorbitante mientras que los trabajadores y sectores populares tuvieron una mejora muy acotada y parcial que apenas permitió superar los peores momentos de la crisis del 2002, aunque manteniendo mucha de las condiciones de la década del 90 ( trabajo precario, tercerizaciones, privatizaciones, etc.)
A nivel nacional se observa un estancamiento del consumo y una detención de la recuperación del salario real junto con una caída de las exportaciones y del precio de los commodities así como un encarecimiento del dolar. En los años de bonanza las inversiones tendían a llegar a la periferia, pero a partir de la política económica de Estados Unidos impulsada por Trump los capitales van hacia los países centrales lo que profundiza la lucha por atraer inversiones en países como Uruguay.
Exenciones impositivas, subvenciones, zonas francas son parte del modelo frenteamplista, el que en estas negociaciones con UPM ha pegado un salto con mayores concesiones incluyendo por ejemplo clausulas laborales que limitan los derechos de los trabajadores.
La primarización de la economía y el modelo forestal celulósico no se detiene en cuestiones sociales o ambientales, no importa el costo que implique para la población, lo importante parece ser atraer inversiones a toda costa y garantizarles grandes ganancias.Las obras que se plantean, como las del tren, no son para beneficio de los sectores populares, sino que son pensadas para satisfacer las necesidades de las multinacionales y tentarlas para invertir en el país.
Ante una situación internacional y regional que impacta negativamente en el país y con síntomas claros de un modelo postneoliberal que se agota el Frente Amplio no ha dudado en en profundizar el acercamiento al capital transnacional, en este caso con UPM.
Con organización y movilización los trabajadores pueden detener este acuerdo contrario a los intereses populares de consecuencias negativas sociales y ambientales.
Hernán Yanes
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