Qué hay bajo la campaña electoral en Argentina

Dberían disputar otra clase de competencia. Mauricio Macri y Alberto Fernández están lanzados a una carrera para dirimir quién miente más. No deberían ser candidatos a presidir Argentina sino desafiantes en un torneo mundial de incapacidad y cinismo.
Con más de un tercio de la población bajo la línea oficial de pobreza, en medio de una implacable recesión, endeudamiento interno y externo impagable y descontrolada inflación, Macri y Fernández proponen absurdos impracticables con el único objetivo de ganar votos y permanecer o recuperar el poder político, como fuente de enriquecimiento en medio de la decadencia que nada perdona. Desde hace décadas el discurso electoral de los políticos establecidos fue vaciándose de contenido hasta reducirse a la nada. Ahora da un paso más: miente descaradamente para ocultar causas y efectos de la devastadora crisis que asuela al país.
El panorama económico resulta del fracaso en el proyecto de saneamiento capitalista intentado por el frente amplio burgués (Fab) con Macri como instrumento. La agonía política, plasmada en la estolidez de los candidatos -y no sólo de los dos principales- resume una decadencia arrastrada durante décadas. No es de Macri el fracaso ni es de la fórmula Fernández-Fernández la incapacidad para dar respuesta al colapso del frente amplio burgués. Ese conjunto incluye como socio dominante a Estados Unidos, también frustrado. Es el agotamiento del sistema. Y la ausencia de una fuerza arraigada en las mayorías para superarlo.
Así se empina el camino hacia el abismo. Macri adopta paliativos de emergencia hasta fin de año. Medidas positivas como eliminación de Iva para los productos básicos de la canasta familiar, aumento del mínimo no imponible para salarios, control de cambios, así como el congelamiento de precios para combustibles, electricidad y gas, duran hasta el 31 de diciembre. ¿Quién y cómo volverá a imponer el Iva, aumentar el impuesto al salario, multiplicar los precios ahora congelados? Todo el plan de saneamiento fiscal y reordenamiento de los precios relativos está condenado con estas medidas demagógicas e insustentables para el capitalismo. Pero ¿qué plan político podría hacerse cargo de este presente griego?
Fernández promete bienestar, aumento de salarios y jubilaciones, industrialización del país. Tras subrayar que el país está en cesación de pagos (ellos dicen default), llegó a decir que todo eso lo hará aplicando el dinero que hoy va al pago de intereses de la deuda interna (con intereses superiores al 70%) y externa (amarrada a compromisos con el FMI). Quienes se anuncian como miembros de su eventual gabinete económico corren tras el candidato para explicar a la prensa que eso es sólo un error de expresión. Para justificar el dislate uno de ellos llegó a decir: “Fernández es candidato a Presidente, no a ministro de Economía”.
Pero a cambio de planes sólidos Fernández tiene un eslogan: pacto social. Intenta ponerlo en marcha antes del 27 de octubre aliando a empresarios y ejecutivos sindicales. Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja por la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor y Rodolfo Daher por la CGT (ambos del sindicato de Sanidad, ligados al negocio de los medicamentos), son los encargados de poner en marcha la enésima reedición de esa engañifa denominada pacto entre empresarios y trabajadores.

Debacle de un sistema

Entrenados en el arte de la trampa y la hipocresía, ambos candidatos exponen impúdicamente su completa ausencia de principios, a la par de una pobreza intelectual asombrosa. Lacera escuchar sus discursos. No tienen una sola propuesta para revertir la decadencia y ofrecer un futuro al país. Más aún: no son capaces de expresar correctamente las mentiras con las que pretenden engañar a la sociedad. Reflejan la degradación y la impotencia del sistema del que son producto y el nivel al que han caído los políticos del capital.
Es apropiado el verbo “reflejar”. Los candidatos del capital –y no sólo ellos- espejan el fenómeno más relevante hoy en Argentina: la fragmentación, desorientación y virtual parálisis de la gran burguesía. La clase dominante no tiene instrumentos para ejercer su dominio. Sin partidos ni líderes de envergadura, intenta paliar su escualidez con la unificación del también fragmentado y aún más desprestigiado movimiento sindical, que en este momento histórico no es tal sino una casta corrupta, ajena y contrapuesta a los intereses de la masa trabajadora y de la nación en su conjunto. Cuenta con la anuencia de prácticamente todas las fracciones de ese aparato descompuesto, en acuerdo con la UIA para escenificar un nuevo “pacto social”.
Con este objetivo, días atrás se realizó un así llamado Congreso, de la así llamada Central de Trabajadores Argentinos – de los Trabajadores (la denominación misma indica la ausencia de brújula). Es una de las fracciones en que se hundió la antigua CTA. El encuentro estuvo presidido por Fernández, el hijo de la ex presidente y actual candidata a vicepresidente Cristina Fernández, más el presidente del club Independiente y secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. Como se ve, la CTA… “de los trabajadores”.
El encuentro fue para santificar la desaparición de la CTA-T y subsumirla en la CGT. Muchos años atrás fue previsto este destino para quienes por arte de birlibirloque transformaron el CTA (Congreso de Trabajadores Argentinos), en la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). No hace falta agregar una palabra a lo escrito para enfrentar aquella maniobra, cuyo verdadero sentido se vio en la operación para llevar al Frepaso al gobierno en 1999 y ahora para dar aliento a otro gobierno burgués, el de AF y CF, supuestamente alternativo al de Macri, cuyo candidato a vicepresidente presidió el Senado bajo las órdenes de Néstor Kirchner y su esposa: Miguel Ángel Pichetto.
Aún se ignora qué hará la otra fracción de la ya extinguida Central: la CTA-Autónoma. También fragmentada, tiene igualmente como cuña la presión para impulsar un voto por F y F, aunque algunas tendencias propugnan un Voto Protesta, opuesto sin distinción a todos los candidatos capitalistas.

Bitácora de la corrupción sistémica

Tras este panorama hay un factor imprevisto: los llamados “cuadernos de la corrupción”. Todavía no está suficientemente analizado el papel de ese alud de denuncias sólidamente fundadas que llevó a decenas de altos empresarios a declararse “arrepentidos” y confesar fechorías multimillonarias en dólares, todas las cuales tienen como figuras principales al fallecido Kirchner y su esposa. 174 grandes empresarios y funcionarios de primera línea de los gobiernos Kirchner están procesados. Para causas principales ya está definido el juicio oral. Se trata de un tsunami descargado sobre el empresariado argentino. Ya se ha dicho que Paolo Rocca, titular de Techint, la mayor empresa privada en el país, debió viajar apresurada y furtivamente a México para evitar la cárcel en prisión preventiva. No tuvo la misma suerte su principal gerente y portavoz. Como así tampoco el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, o el propietario de la poderosa constructora Roggio, entre tantos otros nombres impensables (entre ellos familiares de Macri), que pasaron a ser “testigos arrepentidos” e hicieron fila para denunciar al gobierno anterior.
Es un terremoto sistémico. En su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional, Macri puso el juicio “de los cuadernos” como una de las tres causas a las que atribuyó la debacle económica. Las otras eran sequía e inundaciones que frustraron la cosecha 2017-1018 (se perdieron más de 8 mil millones de dólares), y los problemas financieros del primer mundo, que provocaron una fuga masiva de divisas (flight to quality llaman a esta carrera demencial por la tasa de ganancia). No erró quien escribió el discurso del Presidente. Los cuadernos cayeron como una bomba de acción retardada sobre el Fab. Primero contribuyeron a frenar el giro económico; luego llegaron las consecuencias políticas. Pero es apenas el comienzo.
Hay una poderosa operación en curso para acabar con estos juicios. Son potencialmente más graves que la calamitosa situación económica, puesto que hieren de muerte a un sector clave del poder político y a 7 de cada 10 grandes empresarios del país. Fernández ya ha exculpado a su compañera de fórmula. Pero se mantiene ambiguo frente a los demás inculpados. Si en caso de ganar lo espera un cataclismo económico apenas asumir, este problema es más grave aún en la coyuntura dramática que vive Argentina.
Hay que repetirlo: ninguna justicia verdadera puede esperarse del sistema judicial argentino. Por definición, por naturaleza de clase, su función no es la Justicia, sino la defensa del poder del capital. El problema es que la disputa en este caso en la elite del capital mismo. Como en el caso del juicio a los militares, una primera intención parcial de un sector de las clases dominantes por preservarse, derivó en un alud imparable que acabó con las fuerzas armadas tal como eran antes de 1983. Ahora el caso es análogo, aunque diferente: tal como están hoy los juicios no derivan de la voluntad de una fracción del capital, sino de un encadenamiento imprevisto y, actualmente, inmanejable. Es más que improbable que el próximo gobierno pueda desarmar esta bomba. Incluso si ganare Fernández y el juicio llevara al estrado a la vicepresidente. Pero al margen las figuras políticas, el problema mayor siguen siendo los empresarios.
Ese proceso, además, se desenvolverá sobre una base de descontrol económico crecientemente acelerado. Sería contrario a toda experiencia histórica que en este clima no aparezca una vanguardia capaz de condenar al unísono a las variantes partidarias, sindicales, religiosas, periodísticas, empeñadas en salvar el sistema y saltando de Macri a Fernández al compás de sondeos en los que nadie confía.

Tiar: la prueba ácida

Mientras lanza golpes desesperados en una campaña de “30 días – 30 ciudades”, con discursos cada día más demagógicos y contrapuestos a lo actuado en tres años y medio, Macri volvió a sumarse a las exigencias de Washington y apoyó la activación del Tratado de Asistencia Recíproca (Tiar) para utilizarlo contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, acosada por los cuatro costados. Fernández no ha dicho una palabra al respecto. No deja de ser lógico: Argentina se sometió al Tiar en 1947 con la firma del entonces presidente Juan Perón. El doble discurso no tiene por qué cambiar ahora, cuando el país afronta, como en aquella oportunidad, una crisis mundial del capitalismo y el riesgo de que en su transcurso se conforme un movimiento revolucionario de masas.
De manera más translúcida que nunca, el peronismo se verá obligado a jugar el papel de defensor de última instancia para el capitalismo. Sus múltiples fracciones actuales no podrán convivir en ninguna hipótesis. No faltan fascistas confesos en el Partido Juticialista y en varias de sus corrientes, incluidas algunas consideradas “de izquierda”. Fernández se ha declarado Liberal. Es conocida la frase según la cual el peor fascista es un liberal asustado. Hay muchos con miedo en este momento. Y habrá más. Las tendencias internas comprometidas con una perspectiva antimperialista y latinoamericanista deberían saber esto y actuar en consecuencia. Desde ahora mismo.

Luis Bilbao
@BilbaoL

La explosión de la lucha de clases en Ecuador es una advertencia para la derecha regional

Durante semanas, la población ecuatoriana ha estado luchando contra la militarización, el decreto estatal de excepción y la virulenta represión del gobierno de la "nueva derecha", que quiere hacer cumplir el ajuste impuesto por el FMI.

Ecuador vivió este miércoles una jornada de paro nacional convocada por organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes que reclaman el fin del paquetazo económico.
La ola de protestas en todo el país que reúne a trabajadores urbanos, campesinos y comunidades indígenas comenzó con el aumento del precio del combustible, la semana pasada, provocado por el fin de los subsidios que decretó el gobierno de derecha de Lenin Moreno, que además busca implementar una reforma laboral draconiana.
Para implementar el paquete del FMI, Lenin Moreno decretó un estado de excepción y el toque de queda, militarizando el país y especialmente la capital, Quito, con tanques de guerra y destacamentos militares, en una muestra de brutalidad que dejó al menos un manifestante asesinado, miles de heridos y 570 arrestados.
La crisis provocada por los combates callejeros llamó la atención de Washington: “Estados Unidos sigue cuidadosamente los acontecimientos en Ecuador. Rechazamos la violencia como una forma de protesta política ", dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
La novedad es la extensión de la rebelión popular, que al radicalizar los métodos de confrontación con las fuerzas represivas recuerda aspectos de la espontaneidad observada en el fenómeno de la lucha de los chalecos amarillos en Francia. Aunque a diferencia del caso francés (en qué sectores los insurgentes no tenían ningún tipo de representación tradicional), los sectores en lucha en Ecuador responden a las burocracias del Frente de Trabajadores de la Unidad (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
En una declaración conjunta, Jaime Vargas de CONAIE y Mesías Tatamuez de FUT, que convocaron a la huelga nacional junto con otras organizaciones sociales, buscaron separarse tanto a Lenin Moreno como a Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano que había apoyado la candidatura de Moreno: "No somos ni Correa, ni Moreno ni Lebot ni [Guillermo] Lasso, somos un pueblo organizado contra un gobierno impopular. No estamos jugando el juego de Correa”. Rafael Correa, uno de los llamados gobiernos "post-neoliberales" de América Latina en la década de 2000, que vio a su protegido Lenin Moreno romper con su proyecto político, ahora pide la renuncia del presidente.
Varias de estas organizaciones sociales se enfrentaron con el gobierno de Correa, en parte debido a diferencias políticas anteriores y en parte debido a la persecución sufrida bajo su gobierno. Eso no significó, en ese momento, la adopción de una política independiente de la burguesía: algunas de las organizaciones sociales, como el Movimiento de Unidad Popular, consideraron llamar a votar al banquero neoliberal Guillermo Lasso, que no tiene un programa económico tan distinto de presentado por Moreno.
La propia dirección de la CONAIE estuvo con Correa, hasta 2009, cuando presentó una Ley de Minería que provocó la ira de las comunidades indígenas, obligando a su liderazgo a alejarse del gobierno (fundamentalmente producto de la presión de las bases más que por convicción política de los dirigentes). Partes de los movimientos indígenas apoyaron e incluso enviaron miembros para formar el gabinete de Moreno. Ante la rebelión actual, se ven obligados una vez más a preservarse bajo la presión de sus bases.

La necesidad imperiosa de independencia de clase y autoorganización masiva

La rebelión popular en Ecuador arroja luz sobre algunos aspectos muy importantes para pensar en los cambios que se están desarrollando en latinoamérica. Nuestra región puede convertirse en una región clave de las batallas de resistencia contra los ajustes impuestos por los gobiernos de derecha (como vimos en la movilización de masas que derrocó al Gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló).
Primero, podemos ver que lo que está sucediendo en Ecuador es otro símbolo de la crisis de los gobiernos neoliberales de derecha en América Latina, que buscaron aplicar los ajustes del FMI en el marco de la crisis económica mundial. Esta crisis de la derecha regional está estrechamente relacionada con los problemas que enfrenta Donald Trump y su "internacional de derecha", que en ninguna parte del mundo han demostrado ser capaces de darle una nueva tracción a la economía mundial y disminuir el sufrimiento causado por el desempleo y las dificultades capitalistas.
La derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias argentinas, el derrocamiento de Rosselló en Puerto Rico y la crisis estatal en Perú, así como la caída de la popularidad de Piñera en Chile y Bolsonaro en Brasil son signos de que hay límites para el giro a la derecha en América Latina. Sin la posibilidad de nuevas hegemonías, de derecha, estables.
En segundo lugar, es notorio cómo los gobiernos nacionalistas burgueses, llamados "progresistas", allanaron el camino hacia la derecha en varios países de la región. En Ecuador, entre 2007 y 2014 la autodenominada " Revolución Ciudadana " de Rafael Correa respondió a un ciclo de levantamientos y crisis, con la caída de varios gobiernos, pero no fue más allá de la renegociación con las compañías petroleras, sin siquiera abandonar la dolarización de la economía; profundizó el extractivismo y aumentó la represión a la resistencia de las organizaciones y sindicatos indígenas que fueron las bases de las primeras etapas de su gobierno. Esta conducta allanó el camino para que el nuevo presidente ecuatoriano modificara el relato gradualista de la "Revolución Ciudadana" e inclinara el espectro político más a la derecha, con un ajuste económico más duro contra la población trabajadora. La firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el acercamiento con banqueros y empresarios organizados en el movimiento CREO (" Creación de oportunidades "), dirigida por Lasso, culminó con la aplicación de ajustes del FMI. No es de extrañar que la población ecuatoriana repudie, junto con Moreno, la perspectiva de un regreso de Correa.
Para que la lucha contra la extrema derecha y los ajustes se lleve adelante de manera consciente, se debe partir de la constatación de que los gobiernos "post-neoliberales" han allanado el camino hacia la derecha porque fundaron su proyecto de país en un programa de reconciliación de clase. En el caso particular de Brasil, fue el PT el que dejó la via libre para el golpe institucional a Dilma Rousseff porque ese programa se articuló alianzas con fuerzas políticas y sociales que hoy son la base del gobierno derechista de Bolsonaro (agronegocios, direcciones de iglesias evangélicas, las Fuerzas Armadas, el poder judicial, etc).
La independencia política absoluta, frente a todas las variantes patronales, tanto la derecha neoliberal de Moreno y Lasso como el nacionalismo burgués reformista de Correa, es fundamental para impedir el paquete de ajuste y reforma laboral, rechazar el FMI y anular pago de la deuda externa fraudulenta.
También es necesario alentar la auto organización de las masas y la unificación de los diferentes sectores en lucha (indígenas, campesinos, estudiantes) en torno a los métodos de la clase trabajadora, que podrían cuestionar a todo el régimen político ecuatoriano.
En tercer lugar, la actividad propia de las masas trabajadoras, indígenas y campesinas de Ecuador muestra el camino para contrarrestar el ajuste y los ataques a los derechos conquistados con los métodos de lucha de clases. No hay espacio para la conciliación con la burguesía ajustadora.
Ecuador da un gran ejemplo para la región: los ajustes solo pueden ser detenidos por la movilización y la iniciativa más amplia de auto organización. Esta es la base sobre la cual una izquierda con un programa anticapitalista, socialista y revolucionario puede desarrollarse contra las burocracias sindicales y de los "movimientos sociales", mecanismos del Estado ampliado para organizar el consenso, que intentan frenar esta auto organización.

André Augusto
Natal | @AcierAndy
Miércoles 9 de octubre | 21:35

Estados Unidos: entre el impeachment, la incertidumbre electoral y la lucha de clases

El proceso de impeachment abierto por el Congreso estadounidense desencadenó una crisis política que dejó atrás los demás temas de campaña. Trump, que tiene el nivel de popularidad más bajo desde que empezó su mandato, busca consolidar a su base, mientras penden de un hilo los nuevos votos republicanos que posibilitaron su victoria en la última elección.

Los demócratas se alinean en una defensa corporativa de uno de los candidatos del establishment. Joe Biden pierde peso y crece la candidata de lo posible, Elizabeth Warren. Detrás del show, una crisis del régimen político y sus partidos, mientras surgen luchas desde abajo entre la clase trabajadora y la juventud.
El Congreso estadounidense declaró finalmente el inicio de la investigación que puede terminar en el juicio político a Trump y, eventualmente, en su destitución, aunque hoy ese escenario parece improbable. La investigación se inició, pero aún tiene que avanzar la acusación en la Cámara de Representantes, y en caso de aprobarse, se necesitan dos tercios del Senado para destituir al presidente, donde el Partido Republicano tiene la mayoría.
La llamada que desató el escándalo ocurrió el pasado 25 de julio. En la misma, el mandatario estadounidense instó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a investigar a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden (ex vicepresidente de Obama y actual precandidato a la presidencia), vinculado a la compañía de gas Burisma Capital en Ucrania.
En palabras de Trump, la investigación sería un “favor” a Estados Unidos para “combatir la corrupción” en el país. Inmediatamente después, la Casa Blanca ordenó clasificar la información de la llamada como confidencial, lo que sólo está permitido, en teoría, para aquellos datos que revisten importancia para la seguridad nacional.
Aunque el detonante de la crisis política fue la revelación de un agente de inteligencia sobre esta llamada y su encubrimiento por el gobierno, las presiones de Washington sobre Ucrania vienen desde tiempo atrás. Desde hace meses, el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, se reúne con miembros del gobierno ucraniano. El objetivo de Ucrania era conseguir la visita de Trump y desbloquear la ayuda financiera militar estadounidense, cuyo desembolso estaba congelado; el de Giuliani, conseguir una declaración pública que comprometiera a los Biden en pleno proceso electoral.
Ucrania, el país más pobre de Europa, se encuentra en una asfixiante dependencia económica respecto del FMI, Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente desde la crisis de Crimea en 2014. Esto convierte al gobierno del ex comediante Volodimir Zelenski en un completo títere del imperialismo, pese a que ganó las elecciones por su retórica contra el establishment político y la corrupción.
Hunter Biden fue miembro de la junta directiva de Burisma hasta abril de este año, y asumió como miembro en 2014, tras la salida del entonces presidente Víktor Yanukóvich, alineado con Rusia. Joe Biden, que intervino desde el gobierno estadounidense en el conflicto ucraniano, presionó en ese entonces a la salida del fiscal general. Varias veces Burisma estuvo en la mira por acusaciones de fraude y corrupción, pero las investigaciones nunca se concluyeron. Ahora, la Fiscalía General de Ucrania anunció que investigará a la compañía de gas, aunque lo presentó como parte de un plan general de investigación sobre empresas que han recibido acusaciones de corrupción y afirmaron no tener pruebas de negocios ilícitos cometidos por Biden hijo.
Después de resistir largamente los pedidos de impeachment solicitados por el ala progresista del Partido Demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el esperado proceso. Pelosi se opuso durante mucho tiempo a pedir el juicio político al presidente, por considerar que dividiría al Congreso y al mismo Partido Demócrata, con pocas chances de prosperar y en un escenario electoral. Este recurso se utilizó solamente tres veces en toda la historia de Estados Unidos, y nunca resultó en una destitución. Ya se había intentado, bajo el gobierno de Trump, indagar si Rusia intervino en las elecciones de 2016, sin éxito. Sin embargo, el caso de Ucrania es más concreto y sencillo de investigar. La noticia de un nuevo informante que se presentará ante la comisión investigadora del Congreso muestra que el “Estado profundo” de los servicios de inteligencia continuará actuando durante la campaña electoral.
La decisión de impulsarlo ahora representa tanto el cálculo electoral hacia 2020 como el cierre de filas demócrata ante el cuestionamiento a su partido, la campaña favorita de Trump. Los demócratas tuvieron que impulsar el juicio político para recuperar un poco la iniciativa perdida y contrarrestar los ataques. Sin embargo, detrás de la resistencia de Pelosi y el Partido Demócrata a iniciar el juicio político se encontraba también la defensa del sistema presidencial y las instituciones estadounidenses, cada vez más cuestionadas. Continúa profundizándose el desgaste y el rechazo a una democracia capitalista que la mayoría siente como representante de la elite política y financiera y ajena a sus propios intereses. Sobre esta base es que Donald Trump se impuso en la última elección presidencial, posicionándose como un “outsider” y conquistando el apoyo de sectores decepcionados con los demócratas y con crecientes problemas económicos.
Hoy el gobierno se enfrenta a sus índices más bajos de popularidad desde 2017. El desencanto ha alcanzado a la burguesía agrícola, afectada por la guerra comercial con China, que hizo bajar críticamente la exportación de soja y otros cultivos, así como por las exenciones de impuestos al petróleo que causaron una crisis para los productores de etanol. Aunque aún retiene un importante apoyo, crece la desaprobación y la incertidumbre en este sector clave de su base electoral. También ha crecido el descontento entre los trabajadores manufactureros, que se volcaron contra Clinton en la última elección: Trump prometió mantener los empleos amenazados por la crisis económica, así como cambiar la política comercial, promesas claves para torcer el voto de este sector tradicionalmente demócrata. Las promesas fallidas y la preocupación por el empleo, el costo de la salud, la vivienda y el salario pueden alejarlos nuevamente de los republicanos. No obstante, Trump mantiene una importante base política y ha logrado hegemonizar al Partido Republicano, un mejor panorama contra la dividida oposición demócrata.
Por esta razón es también que varios analistas consideran que el impeachment puede resultar un arma de doble filo para el partido demócrata: al ocupar el centro del escenario electoral, la agenda de campaña que podría fortalecerlos, ligada a la salud, el empleo o el salario, se puede ver desplazada. Fue esta agenda, más popular y centrada en la defensa del Obamacare, la que ayudó a los demócratas a ganar las elecciones legislativas en 2018.
Con la carrera por la elección interna, se abren grandes interrogantes. Más allá de haber logrado unificar sus distintas alas en defensa de Joe Biden, el escándalo ucraniano salpica al ex presidente, que hasta ahora era el favorito en la interna demócrata y ahora cae al segundo lugar frente a Elizabeth Warren. El capital político del gobierno de Obama que representa Biden parece no ser suficientemente fuerte frente al descrédito en el establishment político, que aparece como corrupto y lejano a las masas. A sabiendas de esto, Trump redobló la apuesta y volvió a decir que Ucrania y China deberían investigar a Hunter Biden; con esto, busca azuzar a su propia base y mostrar una supuesta conspiración corrupta de los demócratas y los grandes medios de comunicación en contra de su gobierno. Una muestra de ello fue el exabrupto contra un periodista de Reuters durante una conferencia de prensa con el presidente de Finlandia. El juego favorito del presidente es utilizar cualquier circunstancia posible como una oportunidad para despotricar contra un supuesto golpismo en su contra y así movilizar a su base más radicalizada. Así consiguió más de 8 millones de dólares en donaciones en la semana en la que se anunció el impeachment, incluyendo 50.000 donadores nuevos, que no habían aportado a su campaña en la elección anterior. Pero ¿es el show mediático suficiente para atraer nuevamente el apoyo perdido de los sectores que hicieron la diferencia para llevar a Trump a la Casa Blanca?
Otro factor clave para el futuro de la elección es el voto de la población hispana, en la cual Donald Trump suma altísimos índices de rechazo por sus políticas migratorias, el racismo y el costo de vida, principalmente el de la salud. Los candidatos demócratas, en cambio, cosecharían el grueso del apoyo de los latinos, que se inclinan principalmente por Biden y Sanders. Esta situación complica a Trump en estados clave como Texas, donde al día de hoy perdería la elección y por primera vez en más de 40 años no resultaría ganador el Partido Republicano.
Los demócratas se están esforzando por atraer nuevamente el voto de la clase trabajadora, cuyo rechazo en la campaña de 2016 les costó la presidencia. Aunque Biden es el candidato demócrata con mayor base electoral entre los trabajadores blancos con empleo calificado, también es el que se puede ver más afectado por la crisis de Ucrania y el impeachment. Desde hace meses, Biden retrocede poco a poco en las encuestas y los últimos sondeos colocan por primera vez a Elizabeth Warren como la favorita de la primaria demócrata. La senadora tiene su mayor apoyo en sectores de clase media blanca con estudios universitarios, y atrae el voto de las mujeres que votaron por Hillary Clinton, mientras que el voto de Bernie Sanders tiene mayor composición de hispanos, trabajadores sindicalizados y jóvenes. Sin embargo, con Biden en la mira por el caso ucraniano, Warren resulta más beneficiada en la interna demócrata. Puede ganar terreno sobre los votantes de Bernie Sanders, entre quienes tiene una buena imagen, y se puede mostrar como una candidata con más chances de ganar frente a Donald Trump. En este sentido, Warren ha adoptado varias propuestas de Sanders, como las relacionadas con el sistema de salud o la de un Green New Deal, aunque los votantes de Sanders se muestran escépticos de que Warren, con un discurso mucho menos radical, tome medidas serias en relación con el salario mínimo, la gratuidad de la matrícula universitaria o la lucha contra el cambio climático. Si efectivamente Warren se mantiene como la favorita y gana la primaria demócrata, tendría que capitalizar el descontento y captar un voto de mal menor contra Trump para llegar a la Casa Blanca. Los operadores de Wall Street y empresarios como Mark Zuckerberg se han mostrado preocupados ante las promesas redistribucionistas de Warren, quien asegura que sólo va a redistribuir los ingresos del 1% más rico y que la estabilidad capitalista no corre peligro.
En este sentido se puede leer el apoyo de los candidatos demócratas a la histórica huelga de los trabajadores de General Motors. Tanto Joe Biden como Bernie Sanders y Elizabeth Warren manifestaron su apoyo al reclamo de los trabajadores afiliados a la UAW, mientras que los republicanos evadieron el tema todo lo posible. La huelga automotriz puso en cuestión, también, la política antisindical de Trump, al traer nuevamente a escena el poder de la clase trabajadora organizada. Esto representa un problema para el presidente, ya que los trabajadores automotrices fueron parte de los que inclinaron la balanza a su favor en 2016, en repudio a los Clinton. En un esfuerzo por hacer más atractivo el decrépito Partido Demócrata, el ala progresista se ha dirigido a los trabajadores y a la juventud: Elizabeth Warren, la progresista más digerible para el establishment, habló en su último discurso en Nueva York sobre la huelga de 1911 conocida como la huelga de pan y rosas, en la que murieron más de 100 obreras por el incendio en una fábrica textil. Con el recuerdo de esta huelga, Warren pretendió desarrollar una retórica de un movimiento desde las bases que empodere al pueblo y la lleve a la presidencia. Por su parte, Bernie Sanders ha insistido varias veces en el poder de los sindicatos y su importancia histórica para las conquistas de la clase trabajadora en Estados Unidos. Esto no les impide, sin embargo, cerrar filas con Biden y la elite del partido demócrata, ni tratar de voltear a Trump con golpes de palacio antes que con el pueblo empoderado.
Lo contradictorio de esta retórica a favor de los trabajadores en plena carrera electoral, es que alienta la confianza de los trabajadores y la juventud en sus propias fuerzas, y puede llevar, al calor de la lucha, a hacer una experiencia con el reformismo del ala izquierda del Partido Demócrata. Las huelgas de la estratégica clase obrera automotriz, de las enfermeras, los docentes, así como los millares de jóvenes que salieron a las calles en la semana de huelga por el cambio climático, son acontecimientos que pueden estar señalando una nueva etapa para la lucha de clases en Estados Unidos. Aunque la burocracia de los sindicatos no tenga interés en organizar a la clase trabajadora negra, inmigrante y a las mujeres trabajadoras, que sufren la peor cara del imperialismo estadounidense y hoy son blanco de los peores discursos de odio, la alianza de estos sectores sí puede ser el terror de la burguesía. En el contexto de una próxima recesión económica a nivel mundial y de la profunda polarización política, de un renovado interés por el socialismo y la desconfianza en el futuro que el capitalismo pueda ofrecerle a la juventud, se tornarán cruciales las batallas políticas por la independencia de la clase trabajadora y la organización de sus sectores más oprimidos.

Ana Rivera
Martes 8 de octubre | 00:00

Ecuador se subleva contra las políticas de ajuste del FMI

Miles de indígenas desafían el estado de sitio, el gobierno se traslada a Guayaquil y el 9 hay un paro general.

Ecuador vive desde la semana pasada un extraordinario proceso de movilizaciones contra el paquetazo de ajuste lanzado por el presidente Lenín Moreno. El recorte de subsidios en los combustibles desató protestas y un paro de transportistas que fue respondido por el gobierno con la declaración del estado de excepción, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la detención de dirigentes sociales.
Pese a la represión, las protestas se incrementaron. Aunque los transportistas levantaron su medida de fuerza, las comunidades indígenas nucleadas en la Conaie arribaron masivamente a Quito desde todos los rincones del país. El 9 habrá un paro general convocado por el Frente Unitario de Trabajadores, que nuclea a las centrales sindicales, en reclamo de la derogación de las medidas de ajuste.
La supresión de los subsidios en los combustibles forma parte de un compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal. Para que cuadren los números, incluso, no se descarta que el gobierno avance en un plan de privatizaciones. En febrero de este año, Ecuador suscribió un acuerdo por más de 10 mil millones de dólares con el FMI y el Banco Mundial. A cambio del préstamo, estos organismos exigen una reducción del déficit y el avance en las llamadas “reformas estructurales” (laboral y jubilatoria). La reforma laboral en carpeta incluye la creación de nuevos contratos de trabajo que habilitan el despido sin indemnización durante los tres primeros años de vínculo laboral, contratos temporales, y el recorte de vacaciones de los empleados públicos (El País, 3/10).
Ecuador ha sufrido un vertiginoso aumento de la deuda pública en los últimos años, que algunos cálculos sitúan ya en 60 mil millones de dólares. El gobierno del ex presidente Rafael Correa recurrió a China como su principal prestamista, a cambio del petróleo. Los chinos realizaron también grandes inversiones en el país. Si bien Lenín Moreno no ha renunciado a esta fuente de financiamiento (el año pasado tomó un préstamo con Beijing por 900 millones de dólares), parece más proclive a cambiar de collar.
El plan de guerra contra las masas del gobierno de Lenín Moreno va a la par de una política de subordinación al imperialismo en política exterior. Los dos datos más sobresalientes son la expulsión de Julian Assange de la embajada en Londres y el alineamiento con la cruzada golpista de Trump contra Venezuela.
El levantamiento popular ecuatoriano ha despertado el pánico en la clase dominante. En cadena nacional, el presidente anunció el traslado del gobierno a Guayaquil hasta que amainen las protestas. Y denunció un plan destituyente de Correa y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Los titulares de bloque de los principales partidos de la Asamblea Nacional (el oficialista Alianza País, la derechista Creo y el Partido Social Cristiano, entre otros) emitieron un comunicado que llama a “restablecer el estado de derecho” y respalda el estado de excepción.
El levantamiento popular ecuatoriano ha despertado el pánico en la clase dominante. En cadena nacional, el presidente anunció el traslado del gobierno a Guayaquil hasta que amainen las protestas. Y denunció un plan destituyente.
El Movimiento Revolución Ciudadana, la fuerza del ex presidente Rafael Correa, se negó a firmar el comunicado y respalda públicamente las protestas. Su línea parece ser la de elecciones adelantadas. El de Correa es un planteo oportunista, toda vez que su gobierno se caracterizó por la represión de las comunidades indígenas y el disciplinamiento del movimiento obrero, al punto que le quitó la personería gremial al sindicato de maestros. Por todo esto, la Conaie salió a desmarcarse públicamente de Correa en un texto difundido por las redes sociales.
Correa, recordemos, había ungido a Lenín Moreno como su delfín, en los mismos tiempos en que Cristina respaldaba la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Como se ve, los “nac & pop” pavimentan el camino de los peores ajustadores.
El levantamiento ecuatoriano muestra el carácter incendiario de las políticas de ajuste del FMI. Es necesario desarrollar la movilización en apoyo al pueblo ecuatoriano. Por la derogación del estado de sitio, la libertad de todos los detenidos, el retiro del paquetazo y la derrota del gobierno fondomonetarista.

Gustavo Montenegro

¿Cuánto ha afectado el Bloqueo a la Informática y las Comunicaciones?

El bloqueo ha ocasionado daños por más de 55 millones de dólares al sistema del Ministerio de las Comunicaciones de #Cuba desde abril de 2018 a marzo del presente año.
Etecsa, Segurmática, Desoft, los grupos empresariales Correos de Cuba y de la Informática y las Comunicaciones son las más afectadas por este bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos por más de cinco décadas.

Fidel sobre el Che: "Era el primero en todo"

Fragmento del discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto central por el XX Aniversario de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, en Pinar del Río, el 8 de octubre de 1987

"(...) al Che se le conoce fundamentalmente como hombre de acción, como soldado, como jefe, como militar, como guerrillero, como individuo ejemplar, individuo que c, que nunca le pedía a los demás algo que no fuera capaz de hacer él primero; como modelo de hombre virtuoso, honrado, puro, solidario, todo ese conjunto de virtudes por las cuales lo recordamos y lo conocemos.
El Che era un hombre de pensamiento muy profundo, y el Che tuvo una excepcional posibilidad en los primeros años de la Revolución, porque por sus cualidades cada vez que hacía falta un hombre para un cargo importante, ahí estaba el Che; era, realmente, multifacético, y cualquier tarea que se le asignara la cumplía con una seriedad y una responsabilidad total".

Crecen las protestas y se profundiza la crisis en Ecuador

Mientras continuaban las protestas y la represión, el Ejército desalojó a los periodistas del palacio de Gobierno. Al final del día, el presidente Moreno anunció el traslado de la sede de Gobierno a Guayaquil.

La protesta social contra el paquetazo económico del presidente Lenín Moreno y el FMI, sigue en pleno ascenso. La declaración del estado de sitio de la semana pasada y la brutal represión, que ya suma 500 detenidos y decenas de heridos, no hizo más que agravar la indignación popular.
Las columnas de las comunidades indígenas (organizadas en la CONAIE), continúan avanzando hacia la capital por diversas rutas, enfrentando y superando los retenes del ejército mientras se prepara un paro nacional y una gran marcha en Quito, la capital, para este miércoles junto con la principal central obrera (FUT).
En Quito, el ejército debió rodear con tanquetas el palacio de gobierno para resguardarlo de los manifestantes y hubo fuertes enfrentamientos en las calles del casco histórico. Por la tarde del lunes, se suspendió el discurso que tenía programado Moreno y los militares desalojaron el palacio de periodistas “por su seguridad”.
El país entero está conmocionado por las protestas, y la debilidad del presidente crece sin cesar. De hecho, en la tarde del lunes se desconoció su paradero durante varias horas y hasta se especulaba con su renuncia. A última hora Moreno difundió un mensaje desde Guayaquil, lejos de la capital, en el que anunció el traslado de la sede de Gobierno a esa ciudad, confirmó que no daría marcha atrás con la quita del subsidio a los combustibles, llamó al diálogo y acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro y el ex presidente Rafael Correa de impulsar una desestabilización del país.
En el norte, al menos tres campos petroleros de la empresa pública Petroamazonas estaban paralizados por cortes de las vías de acceso y toma de las plantas por parte de manifestantes que reclaman anular el aumento de los combustibles. Varias ciudades de la región andina se encuentran incomunicadas.
El intento de imponer la represión hasta el momento viene fracasando rotundamente. El avance brutal de los militares que entraron a las comunidades indígenas gaseando las viviendas indiscriminadamente, la detención de importantes dirigente de organizaciones sociales y la prohibición de las manifestaciones, sólo han generado mayor movilización. En varios puntos, los retenes militares que trataban de impedir la llegada de más manifestantes a la capital, fueron superados por los indígenas que se preparan para la movilización del miércoles.
En distintas ciudades se registraron saqueos y en la capital el gobierno local anunció un “plan de contingencia” para evitar el desabastecimiento a raíz de la interrupción de las principales arterias de acceso a la ciudad. También se informó que varios mercados de Quito han cerrado por temor a incidentes.
La crisis generada por la movilización popular ya está causando preocupación en Washington: "Estados Unidos sigue con cautela los recientes acontecimientos en Ecuador. Rechazamos la violencia como forma de protesta política", dijo en Twitter el subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak.
Otra señal de la profundidad de la crisis la dio el lunes la Corte Constitucional que como era de esperar avaló el estado de emergencia, la represión y la suspensión de derechos constitucionales, pero limitó su vigencia a 30 días (mientras Moreno lo había establecido por el doble de tiempo), y dijo que se debe respetar el “derecho a la protesta pacífica” y que las fuerzas de seguridad deberán rendir cuentas si cometen abusos durante la vigencia del mismo. Aunque la demagogia salta a la vista, demuestran la debilidad que tienen para reprimir como quisieran.
En un intento por ganar la pulseada, Moreno había dicho el domingo a la CONAIE que “estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados”. Pero en el mismo momento, redoblaba la represión sobre las comunidades indígenas además que se mantenía intransigente en su política de ajuste contra el pueblo.
Por su parte, las burocracias de la CONAIE y la FUT hasta ahora vienen rechazando el diálogo con el gobierno, pero a la vez controlando las movilizaciones y limitando las demandas a que se retrotraigan las medidas de ajuste. Como parte de esto, sus dirigentes repudian las expresiones de indignación y desesperación popular como son los saqueos en momentos que se disparan los precios por el paquetazo económico del gobierno y el FMI. El paro y marcha del miércoles será un día clave para ver la orientación que toman estas direcciones.
Llegado al gobierno hace dos años de la mano del ex presidente Rafael Correa con un discurso de “continuidad con cambio”, Moreno giró rápidamente a derecha alineándose con las políticas imperialistas en la región y poniéndose a tono con los vientos reaccionarios que soplaban desde Brasil, Argentina y Colombia entre otros. Ahora, habiendo caído estrepitosamente en popularidad de un 70 al 30% y con una virtual rebelión contra su plan de ajuste, Moreno parece convertirse en la primera víctima de la resistencia popular.

Diego Dalai
Martes 8 de octubre | 02:25

Norte de Siria: Turquía y Estados Unidos preparan una ofensiva militar contra el pueblo kurdo

Luego de intercambiar llamadas telefónicas con Donald Trump, el presidente turco Recep Erdogan anunció en un comunicado sus intenciones de incursionar militarmente en el norte de Siria, específicamente en el territorio de Rojava, controlado por los autonomistas kurdos. Bajo la mascarada de “resguardar la frontera”, Turquía ya ha desplegado miles de efectivos, en lo que preanuncia un conflicto a gran escala. La avanzada militar, que incluiría un despliegue terrestre y aéreo, tuvo un antecedente reciente en el agravamiento de las persecuciones a los kurdos en el territorio turco.
El anuncio se produce en simultáneo a que Trump decrete el retiro de las últimas tropas de la zona fronteriza, que permanecían apostadas como garantía, por parte de Estados Unidos, de un compromiso precario de no agresión entre las milicias kurdas y el ejército turco, a pesar de las sucesivas violaciones efectuadas por este último.
Durante el día de hoy, ya se habría producido la salida de los oficiales apostados en los puestos de vigilancia en las ciudades de Serekaniye y Gire Spi (kurdistanamericalatina.org, 7/10), coincidiendo con el área que recientemente han evacuado las milicias kurdas denominadas Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo).
Enarbolando un relato nacionalista, el presidente Erdogan plantea constituir un “corredor seguro”, ocupando militarmente hasta la frontera este del río Éufrates -es decir, casi la totalidad del norte sirio. Su planteo de “terminar con el terrorismo” es un llamado directo a exterminar las milicias y grupos de autodefensa kurda, que Turquía ha incluido en su lista negra. La impostura, atendiendo a sus propios conflictos internos, incluye utilizar esa zona para albergar a los más de dos millones de refugiados sirios que residen en Turquía como consecuencia de las guerras de rapiña imperialista. De prosperar este planteo, podrían agravarse los desplazamientos forzosos y desencadenar una nueva crisis humanitaria.
A pesar de las habituales bravuconadas de Trump en sus redes sociales, esta vez contra Erdogan y, en menor medida, contra los kurdos, es indudable que cualquier avanzada militar seria de Turquía, miembro pleno de la Otan, no puede realizarse sin contar con el visto bueno del imperialismo. Ya sea con una ocupación plena del norte sirio, o bien forzando una retirada mayor de los kurdos hacia la frontera este con Irak, Estados Unidos acogerá con beneplácito, dentro del tablero de Oriente Medio, el reforzamiento de la presión contra las tropas leales al presidente Sirio Bashar Al Assad, alineado con Irán.
Pero no todo es color de rosa para Trump. Nuevas filtraciones provenientes del aparato de inteligencia sobre vínculos non sanctos con Ucrania están dañando su imagen pública y sus posibilidades de reelección. Algunos senadores, incluso dentro del Partido Republicano, han salido a criticar el retiro de tropas. En el mismo sentido, atendiendo su propio juego, se han pronunciado representes de los gobiernos franceses y de otros países europeos. La crisis interna estadounidense condiciona el rumbo de su política exterior.
Desde Argentina nos pronunciamos por la defensa incondicional del pueblo kurdo y su derecho a la autodeterminación, sin distinción de fronteras nacionales. Condenamos enérgicamente el accionar del gobierno de Erdogan en complicidad con el imperialismo, sus pretensiones expansionistas y su opresión sobre los pueblos, que abre las puertas a una nueva masacre humanitaria.

Luciano Arienti

Colombia: las fotos de destrucción política masiva

Esta tertulia de TV es, a su vez, un fragmento del programa semanal de Cubainformación Radio: Cuba y Venezuela: el derecho a la cooperación y a la defensa.
6 oct. 2019

Un debate con muchas coincidencias

A pesar de algunos intentos de ambos candidatos para diferenciarse y captar votos para sus partidos, lo que se observa de fondo es las amplias coincidencias entre Martínez y Lacalle

Finalmente el esperado debate entre los dos principales candidatos se concretó este martes.
El evento generó mucha expectativa en una elección de resultado final incierto, donde la opinión pública aún no define su voto y un pequeño cambio puede inclinar la balanza para alguno de los candidatos, en el ya seguro balotaje.
Sin embargo las expectativas quedaron bastante insatisfechas, ya que en un sentido estricto no hubo un debate; cada candidato realizó sus intervenciones y no dialogó con lo que planteaba el otro al no haber un real intercambio.

¿Dos modelos de país?

En su discurso Martínez retomó uno de los ejes de la campaña del Frente Amplio contraponiendo “dos modelos” de país, uno progresista y el otro conservador.
Lacalle Pou, que en concreto no presentó prácticamente propuestas, criticó de los gobiernos del Frente Amplio los malos indicadores actuales y las promesas no cumplidas, pero no hizo cuestionamientos de fondo hacia el modelo económico del Frente Amplio.
Que el representante político de la derecha tradicional no pueda hacer grandes críticas luego de 3 periodos de gobierno, muestra en todo caso, cuanto ha tomado el propio Frente Amplio del programa neoliberal y conservador.
Martínez, se presenta como un claro continuador de la senda recorrida por su partido en estos últimos 15 años, apelando a mantener lo logrado y una vaga promesa de hacer las cosas mejor.
Las loas al acuerdo con UPM planteando que será beneficioso para el país y para los trabajadores es el mejor ejemplo de que el Frente se propone continuar siendo un prolijo gestor del capitalismo, con una inserción “inteligente” que busca atraer inversiones a toda costa; sin importar ni el impacto ambiental ni la calidad de vida de la población.

Seguridad y represión ante todo

En este punto el candidato de la derecha desarrolló un discurso bien reaccionario y punitivo, que promueve la mano dura y la criminalización de la pobreza, la vía libre para la represión y mayores potestades y garantías para las fuerzas represivas.
Daniel Martínez por su parte, contestó a Lacalle señalando que muchas de las cosas que reclamaba ya se estaban haciendo; tal como sucede con el pedido de cédulas por parte de la policía que había propuesto recientemente el candidato del Partido Nacional.
Martínez reivindicó la modernización del aparato represivo, prometió continuar aumentando su presupuesto y anunció oficialmente que en caso de ganar, Gustavo Leal será el futuro ministro del interior.
Claramente con esta designación el Frente Amplio muestra su visión represiva para enfrentar problemas de raíz social, proponiendo a alguien como Leal, que es visto positivamente y elogiado por la oposición de derecha, la misma que reclama más represión.

Ninguno de estos candidatos traerá beneficios para los trabajadores

Si en los intercambios y propuestas se observó que las diferencias entres ambos candidatos son mínimas y tienen más que ver con tiempos y ritmos de implementación que con cuestiones profundas o estructurales, en lo no dicho también se observaron coincidencias.
La reforma provisional antiobrera que todos anuncian para el próximo periodo de gobierno, la impunidad para los genocidas de la dictadura, el pago puntual de la deuda externa, las privatizaciones, los bajos salarios son temas de los que no hablaron, pero en los que tienen coincidencias de fondo.
En definitiva, en todo caso, el debate sirvió para confirmar que es mucho más lo que une a ambos candidatos que lo que los separa y que nada bueno pueden esperar los trabajadores ni de Lacalle ni de Martínez.

Hernán Yanes
Miércoles 2 de octubre | 22:18

Masivas protestas en Ecuador contra el ajuste del FMI

Los hombres del Che, ayer y hoy

«Dame un pedazo, llévame en brazos
que otra vez necesito sentirme en paz.
Patria sagrada, ansias del alba,
No te olvides que andamos muy mal sin ti».
Los versos de Santiaguito Feliú nos lanzan al camino con la adarga al brazo, está planteada una nueva aventura espiritual que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada, y eres, bienvenida, bienvenido, y también viceversa.

Ecuador: Lenín Moreno dicta el estado de sitio contra huelgas y movilizaciones

Miles en las calles en contra del pacto con el FMI

El gobierno de Lenín Moreno ha dictado el estado de sitio como respuesta a las huelgas y movilizaciones contra el aumento en los combustibles que empezaba a regir esta semana.
La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), en paro, encabezó el jueves una convocatoria de cientos de miles, acompañados por la Asamblea Nacional Ciudadana (ANC), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) –en el que revisten los docentes- y la Confederación de Organizaciones Indígenas (FEI). El epicentro de las movilizaciones se ubicó en Quito y Guayaquil, donde la represión policial dejó decenas de heridos y 19 detenidos. Algunos manifestantes portaban consignas como “¡Abajo el paquetazo!”, “¡Fuera el FMI!” e inclusive "¡Fuera Moreno!”.
Recordemos que, a principios de este año, el FMI concedió un préstamo de 4.200 millones de dólares al país. A cambio, el gobierno viene impulsando un ajuste brutal que incluye, además del aumento en los combustibles y otro paquete de medidas de ajuste anunciadas el martes, una reforma laboral y jubilatoria.
La eliminación de los subsidios en los combustibles dispara el precio del diésel de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina pasó de 1,85 a 2,30 dólares (El Tiempo, 4/10). Este aumento de más del 100% impactará directamente en los precios de los alimentos y los servicios energéticos, ya conmocionados por alzas anteriores. Los trabajadores del sector público deberán afrontar estas subas con un recorte del 20% de sus salarios. Según Moreno, ambas medidas están destinadas a reducir el gasto público y recaudar unos 2.000 millones de dólares (casi el 50% del préstamo con el FMI).
En cadena nacional, Moreno argumentó el Estado de sitio "con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos". Pero lo cierto es que el único que genera el “caos” es el mismo gobierno, acentuando la desorganización económica del país.
Lenín Moreno llegó a la presidencia de la mano del ex presidente “nac & pop” Rafael Correa, ahora opositor, que lo ungió como candidato en las últimas elecciones. Del mismo modo que el kirchnerismo con Scioli o ahora con Alberto Fernández, estos sectores pavimentan el camino de los peores ajustadores, e inclusive de los enemigos de Venezuela (Moreno se alineó a fondo con las políticas golpistas).
A pesar del Estado de sitio anunciado, las organizaciones discuten nuevas medidas de lucha. Para el 7, habrá protestas de campesinos y taxistas.
Las masivas protestas en Ecuador se suman a las luchas que las políticas de ajuste del FMI han desatado en Costa Rica, Nicaragua, Haití y otros países latinoamericanos.
Se plantea la necesidad de profundizar la movilización para derrotar el estado de sitio y el gobierno proimperialista y ajustador de Lenín Moreno.

Álvaro Chust

Gobierno de Ecuador decreta estado de excepción ante protestas contra las reformas del FMI

El Gobierno de Lenín Moreno anunció el fin de los subsidios a los combustibles, además de una reforma laboral y tributaria. El FMI festejó la medida. Los movimientos sociales salieron a las calles, fueron reprimidos y el Gobierno decretó el estado de excepción.

Este miércoles el FMI felicitó mediante un comunicado oficial al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que se comprometió a avanzar en los planes de ajuste exigidos por el organismo, que incluye una reforma laboral y tributaria y el fin de los subsidios a los combustibles. Menos de 24 horas después, Ecuador amanecía semiparalizada por las protestas de los movimientos sociales, docentes y transportistas. Ante la escalada de manifestaciones que se esperan para los próximos días, Moreno decretó el estado de excepción y desplegó un fuerte operativo represivo.
La eliminación de subsidios, que hizo que este jueves los ecuatorianos se levanten con nuevos precios a los combustibles, terminó de desatar una serie de protestas provocando la paralización parcial del transporte y la suspensión de clases en escuelas y colegios.
El pasado martes, Moreno firmó un decreto para eliminar desde este jueves los subsidios al diesel y a la gasolina conocida como "extra", la de mayor consumo del país, con lo cual el precio quedará a partir de ahora "liberalizado" a valores internacionales.
Con los precios actuales eso podría hacer que el galón de diesel pase de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, pasaría de 1,85 a 2,30 dólares.
Pocas horas después del anuncio de la eliminación de los subsidios, el gremio del transporte comunicó su decisión de paralizar sus actividades, por lo que la capital ecuatoriana amaneció este jueves sólo con transporte municipal, muy escasos autobuses con ruta hacia valles cercanos, y sin taxis.
Durante la jornada se sumaron también docentes, estudiantes y organizaciones sociales que se movilizaron al Palacio de Carondelet (casa de Gobierno) para reclamar que sea derogado el "paquetazo económico".
El Gobierno activó un dispositivo represivo en la capital y en puntos neurálgicos del país, y durante las acciones de este jueves ya se vivieron escenas represivas cuando la Policía intentaba dispersar a los manifestantes, con gases lacrimógenos y carros hidrantes. Con al menos 11 detenidos en la primera jornada de protestas, Moreno decretó en la tarde el estado de excepción con el objetivo de incrementar las acciones represivas contra los manifestantes en todo el país.
La bronca que estalló por el aumento del combustible es solo el punto culminante del descontento generado por las medidas exigidas por el FMI y tomadas por el Gobierno de Moreno, que incluyen reformas laborales y tributarias.
Pese al rechazo popular, el Gobierno dijo que no iba a retroceder con las medidas ni tampoco a despedir al odiado ministro de Finanzas, artífice de los acuerdos con el FMI.
Por el contrario el FMI saludó mediante un comunicado oficial este miércoles las medidas tomadas por Moreno. El ajuste en marcha, como así también las reformas que buscan precarizar las condiciones laborales de los y las trabajadoras, y la tributaria que le quitaría un día de salario a los empelados estatales, fueron exigidas por el FMI a cambio de un préstamo de 4.209 millones de dólares. El acuerdo se firmó en marzo y el organismo ya giró unos 900 millones de dólares.
Los nuevos anuncios se dan en el marco de una "revisión de metas" por parte del FMI, como se llama a la intromisión del organismo en las economías de los países endeudados, para exigir los recortes y ajustes que se deben cumplir y así seguir recibiendo los préstamos. Es decir una extorsión lisa y llana.
Es por esto que se esperaba que el Gobierno presentara las reformas económicas ante el Parlamento, para que sean incluidas en el presupuesto del 2020, tal y como lo exigía el FMI, para liberar un nuevo giro por unos 250 millones de dólares.

Nuevas movilizaciones

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) declaró a primeras horas de este jueves el inicio de medidas de hecho, pero no detalló las acciones que adoptarán.
La Conaie y sindicatos y organizaciones sociales anunciaron el miércoles el inicio de movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional contra las medidas económicas anunciadas por el Gobierno a pedido del FMI.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, indicó en una rueda de prensa que están "indignados" por las medidas anunciadas el martes por Moreno, y en particular con el envío al parlamento del proyecto de reforma laboral.
Según el dirigente sindical el Gobierno "se sacó toda la careta y planteó un paquetazo neoliberal, que le ordenó el Fondo Monetario Internacional, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano".
La reacción de los trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas de Ecuador contra las medidas del FMI, son similares a las vividas en decenas de países durante el último año como en Costa Rica, Nicaragua, Sudán, Túnez, Honduras o Haití entre otras. Junto a la crisis actual en Ecuador, uno de los países más comprometidos por el nivel de deuda contraída con el FMI es la Argentina, que podría seguir un camino similar de ajustes, reformas y protestas en el próximo período.
Mientras que el FMI y sus recetas son cada día más repudiadas en todo el mundo, las protestas recientes en varios países mostraron que mientras sus funcionarios quedan indemnes, no corren la misma suerte los gobiernos que aplican los planes, ya que muchos de ellos terminan retrocediendo, gravemente desprestigiados o directamente cayendo producto de las movilizaciones callejeras.

Juan Andrés Gallardo
@juanagallardo1
Jueves 3 de octubre | 15:30

Medio ambiente y capitalismo

Las masivas movilizaciones mundiales en defensa del clima y el medio ambiente evidencian la preocupación social sobre el deterioro del planeta y las condiciones de la vida. Aun cuando se indica el accionar del ser humano para esta depredación de la naturaleza, no se enfatiza lo suficiente en la responsabilidad del modelo productivo del capitalismo. Las protestas debieran concentrarse más en este aspecto esencial que en el fenoménico del impacto ambiental. El responsable del cambio climático es el modo de producción capitalista.
No alcanza con consumir menos, cuidar los cursos de agua, los bosques, los glaciares o la naturaleza en su conjunto, si al mismo tiempo no se atacan las causas que están en las formas de la producción capitalista, asentada por siglos en la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza. El trabajo es el padre de la riqueza, y la tierra la madre, sostenían los clásicos de la Economía Política, una disciplina científica que surgió para fundamentar el moderno modo de producción capitalista.
Por eso la necesidad de criticar al capitalismo, no solo sus efectos. El diagnóstico es fundamental para encarar procesos realistas de solución. De lo contrario, solo deambularemos por senderos marginales que no conducen a resolver el problema. Una vez identificado el problema es que se puede pensar en modificar la realidad, la que no puede hacerse de inmediato, ya que requiere de un complejo proceso social que incluye la asunción de la conciencia colectiva sobre lo que está provocando el problema y los modos de operar para su modificación.
Ese camino de la transición del orden capitalista actual hacia otro modo de producir y distribuir es lo que se discute desde la emergencia de la crítica de la economía política y las variadas experiencias de revolución social desde el Siglo XIX hasta el presente, con mucho de ensayo y error, renovado especialmente desde los procesos de cambio en Nuestramérica de los años recientes. Es un proceso no agotado, en desarrollo y que explica las confrontaciones y debates en curso en nuestros países.

Voces en Nuestramérica

Por eso resulta interesante recoger las voces pronunciadas desde nuestros territorios. Sostuvo en la ONU Evo Morales: “No podemos mantener el silencio cómplice frente a la catástrofe a escala planetaria que se avecina y tampoco podemos hablar de prudencia cuando estamos en el umbral de la destrucción asegurada. El capitalismo ha fomentado, ha introducido y ha impulsado en los últimos dos siglos la fórmula más salvaje y destructiva de nuestra especie, convirtiendo todo en mercancía para beneficio de unos cuantos” [1]
Adicionó en la misma intervención: “La madre tierra está acercándose peligrosamente al crepúsculo de su ciclo vital, cuya causa estructural y responsabilidad corresponde al sistema capitalista. Este sistema ha desencadenado a gran velocidad una fuerza arrolladora y destructiva a nombre de la libertad de mercado, de libre competencia y los derechos humanos”
Hay quienes critican al gobernante de Bolivia por la explotación de los hidrocarburos y otras formas del modelo económico boliviano que favorece la apropiación estatal de rentas para generar un proceso de distribución primaria y secundaria que atiende inmediatas e imperiosas necesidades sociales. ¿Acaso pretenden los críticos negar el diagnóstico formulado induciendo políticas de miseria para el conjunto empobrecido de la sociedad?
Lo que no se entiende es el propio proceso de transición en Bolivia, que incluye los límites de la dependencia y la urgencia de atender necesidades básicas imperiosas de la población más empobrecida. Al tiempo que se critica al orden capitalista mundial, se atienden las imperiosas necesidades de la población y se ensayan formas de la transición, inexploradas hasta ahora en la sociedad que confronta al régimen del capital.
El tema no es nuevo en los dos sentidos, sea la denuncia del capitalismo y las formas de resolver las necesidades de los sectores menos favorecidos por el orden del capital.
Vale recordar en ese sentido la intervención de Fidel Castro en la cumbre de la tierra en 1992 en Río de Janeiro, en cuyo inicio sentenció: “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.”
En la brevísima alocución señaló: “Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto.”
Refiriéndose al que hacer sostenía: “La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el Tercer Mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente.”
Agregaba: “Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.” [2]
Al tiempo que criticaba al capitalismo como forma hegemónica en el sistema mundial, en momentos que había desaparecido la bipolaridad, el jefe de la revolución cubana señalaba las dificultades de los países dependientes y atrasados para encontrar sus caminos de solución en confrontación con la lógica dominante.
La discusión sobre la transición no supone un rumbo sin contradicciones y son las que recogen ambas intervenciones mediadas por casi tres décadas de pronunciadas y que fueron transitadas con experiencias que aun animan el debate contra el orden capitalista.

Actualidad del debate

Es un tema actual y trascendente, porque la responsabilidad está en la hegemonía del capitalismo mundial y aún cuando se aprueben protocolos internacionales, que además EEUU no suscribe, resulta imposible resolver el tema.
No alcanza con discursos o protocolos de denuncia, sino acontece una dinámica social de organización y movilización contra las causas del calentamiento global y el cambio climático. No hay forma de mitigar el efecto devastador mientras subsista el régimen del capital.
Se impone la discusión por el cambio de las relaciones sociales de producción y su efecto depredador sobre la naturaleza, que incluye en su seno a la especia humana. Se trata de un tema sustantivo para Nuestra América, en tanto territorio históricamente condenado a la provisión de materias primas y “recursos naturales”, que, si visibilizáramos como “bienes comunes” de la actual y futuras generaciones, a otras conclusiones se arribarían.
El tema viene de la conquista y colonización, agudizado en años recientes con la suba de los precios de las materias primas, aun con el retroceso actual, donde se recicla el papel subordinado de la región por vía del deterioro secular de los términos de intercambio en el sistema de relaciones internacionales.
Nuestros países generan riqueza y excedente económico vía explotación de estos bienes comunes en beneficio de la reproducción del gran capital transnacional que define el ciclo económico, es decir, la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Remito al petróleo, al gas, al cobre, al agua, a la tierra, al oro, al litio, a la biodevresidad, o a diversos materiales que se acumulan en nuestro suelo.
Resulta imprescindible enfatizar en que los “recursos naturales” son bienes comunes, que pertenecen a la humanidad, pero que, al estar asentados en nuestros territorios, la soberanía en su cuidado y gestión es imprescindible, lo que demanda una mirada local, sí, pero sobre todo regional, de una respuesta conjunta e integrada.
Claro que eso suena como una anomalía ante la preeminencia del discurso y las políticas liberalizadoras en la región. Se puede observar a Bolivia en el sostenimiento de un proceso soberano, rodeado por procesos liberalizadores de sus vecinos: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú.
Es una cuestión para discutir en tiempos electorales en Bolivia el próximo 20/10, y en Argentina y Uruguay una semana después, el 27/10; aún más allá de procesos eleccionarios en el destino de la región, gobierne quien gobierne. El modelo productivo asentado en el agro negocios, la mega minería, la explotación de hidrocarburos no convencionales (Argentina), e incluso la industrialización dependiente y los mecanismos de especulación que incluye el fuerte endeudamiento, caso argentino especialmente, exige la discusión sobre la continuidad o no de ese modelo y las posibilidades para intentar cambios y en lo posible, procesos de transición que confronten con el orden capitalista.
Por eso no se trata de una cuestión ambiental lo que está en debate, sino las formas de producir, distribuir, intercambiar y consumir. Cambiar el modelo productivo resulta imprescindible. Es algo que debe encararse como proceso regional.
No alcanza con definiciones nacionales, aunque son imprescindibles. Se requiere la superación de los condicionantes que impone la dependencia de las transnacionales, de los organismos internacionales y de una lógica discursiva hegemónica del pensamiento en Política Económica, relativo a que lo único que se puede hacer deviene de la liberalización de la economía, del libre mercado y la libre competencia, falacia en tiempo de dominación monopolista.
La respuesta es la soberanía nacional y la integración regional, para la crítica al capitalismo como única forma de confrontar contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global. En defensa del medio ambiente se impone el cambio del modelo productivo y ensayar los caminos concretos de la transición hacia sociedades que en el centro de sus objetivos se encuentre la defensa de la vida humana y natural.

Julio C. Gambina

Notas:

[1] Naciones unidas Bolivia. Evo Morales plantea en la COP21 eliminar el capitalismo para salvar a la tierra. En: http://www.nu.org.bo/noticias/naciones-unidas-en-linea/evo-morales-plantea-en-la-cop21-eliminar-el-capitalismo-para-salvar-a-la-tierra/
[2] CUBADEBATE. Discurso de Fidel Castro en Conferencia ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992, en: http://www.cubadebate.cu/opinion/1992/06/12/discurso-de-fidel-castro-en-conferencia-onu-sobre-medio-ambiente-y-desarrollo-1992/#.XY9Z40ZKjIU

Blog del autor: http://juliogambina.blogspot.com/

Francia: crece el cuadro de luchas contra el gobierno de Macron

Un volcán social que amenaza con estallar

El diario Le Monde, órgano de la conciencia burguesa, tituló la semana pasada: “Macron vigila de cerca el volcán de la protesta social”. Las ventajas relativas de una elección europea dispersa y sin una fuerza que haya obtenido una victoria contundente, y de un retroceso de los chalecos amarillos desaparecen velozmente.

La movilización de la población contra la catástrofe

El jueves 26, estalló un enorme incendio en la fábrica Lubrizol, en las afueras de Rouen. La noticia quedó relegada en los primeros días por la muerte del ex presidente Chirac. El gobierno supuso que cerraba el expediente con la visita de los ministros a Rouen y unos comunicados insípidos.
Pero la población se rebeló. Se denunciaron una multitud de carencias, hubo que cerrar escuelas, familias enteras abandonaron la zona. El lunes por la noche hubo una manifestación de miles de habitantes contra la incuria del gobierno y exigiendo un plan contra la intoxicación. La irresponsabilidad de la empresa y del Estado quedaron al desnudo.
La manifestación del lunes fue llamada por la CGT local, con la adhesión de Force Ouvrière y Solidaires. Las secciones sindicales locales tienen una tradición combativa y muchos sábados llamaron a movilizaciones conjuntas con los chalecos.
Otra catástrofe social que dio lugar a la reacción sindical y de la población fue el suicidio de una directora de escuela primaria en el suburbio parisino de Bobigny, en el Departamento de Saint Denis, el más pobre de Francia.
Dejó una carta de adiós en el que acusa directamente al Ministerio de los desastres educativos y se manifiesta incapaz de hacerles frente. Hubo una reacción popular de solidaridad con demostraciones ante las escuelas y una huelga masiva está anunciada para el jueves 3.
Continúa la huelga en 250 servicios de urgencia de los hospitales, con una adhesión cada vez mayor y una denuncia cada vez más intensa de la política gubernamental de destrucción del hospital público. La huelga está organizada por Comités de huelga de militantes locales y una Coordinación Nacional. Los sindicatos han sido espectadores.
El miércoles 2, 25.000 policías ocuparon las calles para manifestar contra sus condiciones de trabajo. Como dijo uno de los manifestantes a la prensa: “la policía nacional es la última muralla de la República; en el Eliseo deberían poner atención a que no se derrumbe porque están justo detrás.” Los mismos sindicatos policiales que llamaron a la marcha apoyaron la represión inédita contra las manifestaciones populares, con miles de detenidos y heridos y 2 muertos. Los policías reclaman que Macron y su ministro paguen ahora al contado.

Un cuadro inestable

El gobierno de Macron reemplazó los mecanismos habituales de arbitraje y de sometimiento de las direcciones obreras a la burguesía por un ejercicio directo y brutal de la autoridad del aparato del Estado, encarnado en el Presidente. Impuso políticas antiobreras y antipopulares vertebrales, liquidando conquistas históricas y atomizando a la clase obrera y la población.
Este esquema funcionó relativamente bien al comienzo del quinquenato pero se frenó bruscamente en noviembre del 2018, con las manifestaciones callejeras sabatinas permanentes y masivas de los chalecos amarillos. Obligaron a Macron a piruetas y concesiones menores. Su eje ha pasado a ser la reforma del sistema de jubilaciones, para controlarlas financiaremente desde el Estado según las necesidades de la explotación capitalista y sus ciclos, retrasar la edad de acceso y reducir considerablemente el monto de las prestaciones. En lugar de un sistema convencional y negociado, se impone la voluntad arbitraria del Estado para « trabjar más y ganar menos », sin conocer el monto de la prestación. Es un reclamo burgués esencial pero Macrón tuvo que retrasar el proyecto de ley, primero para la vuelta de las vacaciones y ahora para el verano del 2020.
Si el movimiento obrero está en una situación de retroceso luego de la derrota del 2016 y el divisionismo de las direcciones confederales, la larga movilización de los chalecos permitía preveer que iba a reaccionar con fuerza para defender las jubilaciones. Es una cuestión vital en cuanto a las condiciones de vida de la población laboriosa. La primera muestra fue la huelga unitaria y masiva de los subtes de Paris Luego, se dieron las manifestaciones de FO en París y de la CGT y Solidaires en todo el país. No fueron masivas pero indicaron una voluntad de lucha de los militantes sindicales, a pesar de la política divisionista de las direcciones. Las marchas obreras se dieron en los mismos días que las movilizaciones de la juventud y los movimientos contra el cambio climático.
Un punto saliente es que 5 sindicatos de los subtes anunciaron hace unos días que preparan para el 5 de diciembre el lanzamiento de una huelga general indefinida. El sindicato SUD de ferroviarios adhirió a esta medida.
Está planteado en la agenda el problema de la huelga general. En las próximas semanas se verá si esta iniciativa avanza y se cristaliza. Puede decirse ya que el movimiento obrero francés se está reconstruyendo, con las organizaciones locales y sus cuadros sindicales. Los chalecos irrumpieron y modificaron radicalmente el cuadro de lucha. Está claro que se enfrenta al gobierno y al régimen político, aunque la estructuración política militante está marcada en esta etapa por la dispersión y el programa de lucha contra Macrón es todavía difuso.

Prensa Obrera

Crisis política en Estados Unidos: avanza el pedido de juicio político a Trump

El aprendiz de Bonaparte encallado

La crisis política en Estados Unidos ha dado un nuevo salto. El intento bonapartista de Donald Trump ha estado condicionado desde un primer momento: por la crisis capitalista mundial, la división de la burguesía norteamericana ante la política de guerra comercial que ha promovido y por su capacidad para imponer los términos de su ofensiva sobre la población de Estados Unidos y los pueblos del mundo. Su mandato presidencial llega a su último año en una impasse marcadísima en todos los frentes que ha abierto y se instala la tendencia a una recesión en los propios Estados Unidos. Luego de incontables crisis de gabinete, investigaciones y escándalos, el Ucraniagate ha detonado un terremoto político de escala mayor, decidiendo a la oposición demócrata a promover un juicio político (“impeachment”) con un impacto político nacional e internacional enorme.
El escándalo se origina en la difusión del contenido de un llamado de Trump a Volodimir Zelensky, el presidente ucraniano, durante el cual éste realiza un indisimulable apriete para que se impulse en la Justicia local un proceso judicial por corrupción contra Hunter Biden, hijo de Joe Biden, ex vice de Obama y uno de los contrincantes en la primaria demócrata para enfrentar a Trump en 2020. Está documentado que Trump había suspendido una entrega de 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania votadas por el Congreso norteamericano y había cancelado la presencia de su vice, Mike Pence en la asunción de Zelensky, como parte de la presión para impulsar el proceso judicial. Cuando el ucraniano le reclama la entrega de dinero, Trump le pide “el favor” (que impulse la causa).
La denuncia fue hecha por un anónimo agente de la CIA asignado a la Casa Blanca. Las figuras penales que le pueden caber a Trump en la investigación que se ha abierto en la cámara baja son recibir apoyo electoral de un extranjero, soborno, extorsión y obstrucción de justicia. La investigación incluye a todo su entorno y línea sucesoria. Pence, luego de encaminado el acuerdo con Zelensky, había viajado nuevamente a Ucrania en el último mes. El fiscal general William Barr es señalado en la transcripción del llamado como la persona para negociar los detalles del asunto con los ucranianos, junto a Rudolph Giuliani, el ex intendente “tolerancia cero” de Nueva York que oficia de abogado personal de Trump.
El origen de las denuncias es el aparato de espionaje. La política internacional errática de Trump y sus compromisos con Rusia han significado choques con el ejército y los servicios de inteligencia. La retirada militar de Siria marcó la renuncia del jefe del Pentágono, Jim Mattis, en diciembre del año pasado. Un inspector general de la inteligencia yanqui aprobó la denuncia anónima, y Joseph Maguire, un director nacional de Inteligencia con apenas cuatro días de actuación luego de las renuncias de sus antecesores, declaró en el Congreso entender que la denuncia era genuina.
Las especulaciones anteriores sobre un juicio político a Trump descartaban que el Senado de mayoría republicana, que actúa de cámara enjuiciadora, lo exoneraría. Sin embargo, la flagrancia de esta crisis ya ha llevado a varios republicanos a abrirse del apoyo cerrado al presidente. Las encuestas de estos días vienen marcando el crecimiento del apoyo a la destitución a Trump, incluso entre votantes republicanos.

Impasse

El malestar con Trump de su propia clase social es el resultado de una larga serie de derrotas y, al mismo tiempo, de una impasse prolongada del imperialismo yanqui que expresa un agotamiento general del régimen político imperante y su sistema bipartidista. La guerra comercial contra China no ha logrado victorias efectivas. La economía interna va hacia una nueva recesión y muchas grandes empresas trinan por la pérdida de mercados gracias al proteccionismo de Trump.
Los anuncios de ofensivas sobre Irán y Corea del Norte dieron lugar a sendos recules. Los puntos de apoyo yanquis en Medio Oriente están condicionados, con una dificultad prolongada de Benjamin Netanyahu para lograr conformar gobierno en Israel, la defección ya hace varios años de la Turquía de Erdogan de su alineamiento con la Otan en favor de acuerdos con Rusia e Irán, y ahora con la crisis de la dinastía reinante en Arabia Saudita, que tiene cada vez mayores complicaciones en su ofensiva contra Yemen a pesar del enorme apoyo militar y político de Trump. La intentona golpista en Venezuela ha refluido a pesar de la catástrofe social y económica que se desarrolla allí gracias al bloqueo que han impulsado.
La política bonapartista de Trump ha constituido un intento de darle salida al descrédito de un régimen político de conjunto, cuyo carácter antipopular y decadente es inocultable. El Partido Demócrata sufrió una crisis para garantizar que la impopular militarista Hillary Clinton se imponga al autodenominado socialista Bernie Sanders en 2016 y vio una proliferación de “Bernies” en las elecciones parlamentarias de medio término. El lugar de Estados Unidos en el centro de la crisis mundial somete a su régimen político a una erosión violenta.
Un proceso de investigación y una crisis prolongada difícilmente puedan evitar que ambos bandos salgan manchados, como sucedió en Brasil con el proceso promovido contra Dilma Rousseff y Lula.
Ucrania, que rompió con el control de Moscú en la llamada “revolución naranja” para dar lugar al establecimiento de una avanzada de la Otan en disputa con Rusia, se ha transformado en la Meca de negocios del aparato de Estado yanqui, como se ha conocido en los medios internacionales con este escándalo. Biden efectivamente colocó a su hijo como efectivo de una petrolera ucraniana radicada en Chipre con denuncias de corrupción, colectando honorarios por unos 850 mil dólares. Bajo la administración Obama se desarrollaron intereses empresarios con el manto imperial del tipo de los que la Halliburton del otrora vice Dick Cheney realizó en la Irak ocupada bajo el mando de George W. Bush.
El cuestionamiento de los demócratas no es a la actuación despótica sobre Ucrania, sólo a que esta potestad se usara en función de los intereses “particulares” de Trump en la venidera contienda electoral. La explotación de la defensa de la “seguridad nacional” es el terreno elegido para la ofensiva porque muestra la convicción demócrata de sostener el militarismo y la dominación imperial de Estados Unidos, por encima de cualquier choque interno.

Sanders, al banco

El momento del lanzamiento del juicio político también merece ser analizado. Por un lado, se actuó para prevenir la ofensiva judicial y mediática contra el precandidato Biden. Pero también, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes) le ha sacado una bandera a la izquierda de su partido que viene reclamando que avance el “impeachment”.
El centro del Partido Demócrata ha hecho grandes avances para aislar a Sanders cooptando las banderas en las que ha apoyado su corriente interna. Grupos como Democratic Socialists of America, que ha pasado de unos cinco mil a sesenta mil militantes en estos años, han canalizado hacia este partido del régimen un proceso de radicalización militante de amplios sectores, en particular de la juventud. Las huelgas docentes o de General Motors muestran una realidad que coloca en guardia a la burguesía, que no quiere aceptar el avance de dirigentes como Sanders que hagan discursos, por más que éstos puedan ser para la tribuna, sobre el socialismo o la lucha de clases.
Una candidata “progresista” impulsada por el establishment del partido, Elizabeth Warren, ha declarado su apoyo al Green New Deal y la universalización del seguro médico, los ejes de Sanders. Warren se disputa ahora la cabeza de la interna demócrata con Biden, con Sanders tercero cómodo en todas las encuestas. Varias organizaciones que apoyaron en 2016 a Sanders se han volcado a Warren.
El trámite judicial contra Trump en el Congreso pretende canalizar la tensión social creciente mediante el Parlamento, mientras se prepara un relevo político que goce de la confianza de la clase capitalista. La vía para derrotar al régimen de opresión no está en el lobby parlamentario, sino en la movilización independiente de los trabajadores. Requiere, sobre todo, de una alternativa política revolucionaria de los trabajadores, completamente separada del régimen bipartidista del Estado imperial yanqui.

Guillermo Kane

La batalla diplomática de Cuba contra el Bloqueo

El periodista Oliver Zamora comenta sobre el Informe contra el Bloqueo presentado por #Cuba cada año ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el contexto en que se realizará este año la tradicional votación contra las sanciones unilaterales de Estados Unidos.

Golpes de Estado en Perú

Mercedes Aráoz y Martín Vizcarra.

La clase obrera debe (y puede) organizarse como alternativa independiente.

En estos momentos hay dos presidentes enfrentados en Perú. De un lado Martín Vizcarra, quien asumió a fines de marzo del 2018 en reemplazo del Pedro Pablo Kuczynski (destituido por medio de un golpe de estado parlamentario) y que, en el día de ayer, disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020.
Del otro, la actual vicepresidenta de Vizcarra, Mercedes Araoz, que fue nombrada presidente por una mayoría del Congreso que rechaza su disolución y votó “la vacancia” (renuncia) de Vizcarra.
Se ésta produciendo una rápida polarización. Anoche el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú se reunió durante largas horas con el gabinete, tras lo cual sacó un comunicado que reafirma la autoridad de Vizcarra “como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales”. Estaría avalando la disolución del parlamento.
Por otra parte, la principal Cámara Empresaria del Perú, la Confiep, ha sacado una declaración defendiendo al Congreso: “expresamos nuestro enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra” (RPP, 30/9)

La lucha contra la ‘corrupción’, o quién maneja el poder judicial

El choque formal giró en derredor de quien pasaría a controlar el Poder Judicial: estaba en discusión la elección del Tribunal Constitucional. Vizcarra se opuso a la manipulación que pretendían realizar las bancadas mayoritarias (fujimoristas y apristas) para tratar de imponer su propia camarilla.
Lógicamente, ambos bandos afirman que su fórmula era garantía para la lucha “contra la corrupción”. En realidad, sería garantía de impunidad, ya que todos están implicados en casos de corrupción. El affaire Odebrecht y otros llevaron a la cárcel ‘preventiva’ a cuatro expresidentes (y uno se suicidó), han salpicado a las bancadas parlamentarias (están detenidos líderes parlamentarios) e incluso está acusado en varias causas el propio presidente Vizcarra. La “corrupción” no es patrimonio del Congreso, sino de todo el régimen político y social capitalista.
La mayoría parlamentaria fujimorista-aprista es la que destituyó en su momento a Kuczynski y nombró a Vizcarra. Y es también la que ha realizado un fuerte control obstruccionista sobre el nuevo gobierno, que subió casi carente de base parlamentaria y política propia. Vizcarra fue obteniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, de sectores de la burguesía y de la ‘embajada’ contra los chantajes fujimoristas, desarrollando una campaña anticorrupción con la cual enfrentó y detuvo incluso a Keiko Fujimori, la líder del bloque opositor.

Frente patronal contra los trabajadores

Vizcarra aparece como defensor de los grandes intereses mineros y del capital financiero. Días antes de este primer desenlace, la Confiep sacó un comunicado llamando “a los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, a encontrar los mecanismos de diálogo y consenso, que garanticen la gobernabilidad” y apoyando las políticas que impulsa el gobierno, en particular la de “competitividad” (reforma laboral).
Vizcarra había sacado en las fiestas de fin de año de 2018 un decreto en ese sentido, con un fuerte ataque al salario y las conquistas laborales (tercerización en toda la línea, anulación de convenios colectivos, etc), que tuvo el apoyo de toda la clase capitalista y sus políticos. Vizcarra y el parlamento fujimorista votaron estos ataques a los trabajadores. La Federación Minera denuncia que ”ambos, Presidente Martín Vizcarra y mayoría fujimorista política en el Congreso, desarrollan los mismos contenidos de precarización y empobrecimiento de los trabajadores peruanos. Hace poco esa mayoría que hoy es blanco de críticas por parte de Martín Vizcarra, extendió el Régimen Especial Agrario que le niega derechos y protección a los trabajadores del campo, coincidiendo el Congreso con las medidas que el Presidente viene impulsando en su Política de Competitividad, es decir, más desigualdad y marginalización de los hombres y mujeres humildes del Perú”.

Toma cuerpo la resistencia de los trabajadores

La división interburguesa ha facilitado también que empiecen a levantar cabeza las luchas obreras. La más importante fue la huelga general de los mineros, que, aunque no llegó a la totalidad de los obreros de los alrededor de 110 complejos mineros existentes, fue un golpe político fuerte. La marcha de los mineros sobre Lima hace un mes y la fuerte represión con que la enfrentó el gobierno de Vizcarra tuvieron fuerte impacto. El programa de los mineros en huelga planteaba la derogación de las leyes de “competitividad” y la recuperación de conquistas perdidas (contra la tercerización, por paritarias, contra la inseguridad laboral, etc).
La industria minera es clave en el Perú: más de 200 mil trabajadores constituyen su base laboral. La Federación Minera está a la cabeza de este proceso de lucha, que se manifiesta también en sectores fabriles de Lima, entre otros.

La CGTP con el gobierno

La Central Obrera peruana (CGTP) está dirigida por el PC, que se ha alineado junto a Vizcarra y declaró abiertamente mediante un afiche y un comunicado: “Respaldamos el cierre del Congreso. Exigimos elecciones adelantadas”. La Federación Minera viene criticando a la dirección de la CGTP, acusándola de haber dejado aislada la huelga minera que fue reprimida.
La CGTP se prepara para ir a elecciones en un frente popular que se está constituyendo en torno a la llamada “Asamblea Nacional de los Pueblos” (ANP), con la integración dirigentes de fuerzas centroizquierdistas como Nuevo Perú.

La clase obrera puede (y debe) intervenir en forma independiente

En esta crisis en curso, la clase obrera y los explotados no deben alinearse ni detrás del poder ejecutivo de Vizcarra, ni del Congreso de los Fujimori. Ninguna de ambas fracciones burguesas es progresiva. Ambas son proimperialistas y antiobreras. Los trabajadores deben aprovechar esta crisis para organizarse en forma independiente.
Para esta noche, ha sido convocada por la Federación Minera una “Asamblea Abierta” para la “Construcción de una Plataforma de Lucha”, colocando en primer lugar la lucha por la Derogación de los Decretos de “competitividad”. Esta Asamblea puede ser una gran oportunidad para lanzar una campaña por la convocatoria de un Congreso de Trabajadores a nivel nacional y en cada provincia, que vote un programa del movimiento obrero y permita su estructuración para poder intervenir en forma independiente en esta crisis nacional.

Rafael Santos