La represión de las fuerzas de seguridad norteamericanas contra cientos de migrantes que intentaban cruzar el vallado que conecta la ciudad mexicana de Tijuana con San Diego ha puesto de relieve una situación explosiva. Ya son 9 mil los migrantes que se agolpan en la frontera y es inminente el arribo de una nueva caravana.
El gobierno norteamericano, que ha militarizado la frontera con miles de efectivos, procesa las solicitudes de asilo con ritmo cansino, a razón de 100 solicitudes diarias, mientras la zona se va transformando en un gran campo de refugiados. En la zona, los viajantes esperan una respuesta en condiciones de brutal hacinamiento. Basta señalar, como ejemplo, que en uno de los albergues que aloja a 5 mil migrantes éstos deben arreglárselas con 24 letrinas portátiles.
La travesía de los migrantes que parten desde los países centroamericanos es dramática. El gobierno de Enrique Peña Nieto les ha retaceado el transporte para llegar a la frontera. Incluso hay denuncias que indican que cien de ellos fueron secuestrados en dos camiones y entregados a un cartel del narcotráfico (Huffington Post, 5/11). En el camino, otros han muerto o han sido forzados a la prostitución. Las autoridades hacen su aporte para agravar este calvario: el alcalde de Tijuana, por ejemplo, los llamó “vagos” e incentivó algunas protestas (minoritarias) xenófobas. Los migrantes sólo cuentan con el apoyo solidario de las poblaciones que les han acercado agua, frazadas y alimentos a lo largo de los miles de kilómetros recorridos.
El plan de López Obrador
Frente al incremento de la presión por parte de Trump, que exige a México y los países del triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador) que detengan el flujo migratorio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha presentado un plan que transformaría a su país en una especie de estado tapón, semejante al rol que cumple Turquía para evitar el arribo de los refugiados del Medio Oriente a los países de la Unión Europea.
Según la iniciativa de AMLO, a cambio de inversiones públicas y privadas por alrededor de 20 mil millones de dólares, su gobierno se compromete a una absorción del grueso del flujo migratorio, que se estima en 200 mil personas anuales. El plan implicaría la flexibilización de los trámites migratorios, por medio de “visas humanitarias” que se renovarían anualmente. Entre los destinos de las inversiones, que generarían empleo para la población migrante, figura un ambicioso plan de reforestación en el sur del país y dos grandes proyectos ferroviarios que potenciarían, entre otros, los negocios turísticos.
Esta tentativa de asimilación, llegado el caso, se realizará bajo la guarda de los fusiles. López Obrador, en un discurso plagado de elogios al “pueblo uniformado”, acaba de confirmar –contra todas sus promesas de campaña electoral– que profundizará la militarización de la lucha antinarco, que ha causado 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos. Frente a un entusiasta auditorio castrense, formuló un planteo de reforma constitucional que posibilitará la acción del Ejército en tareas de seguridad pública. A tal efecto se propone crear una Guardia Nacional, bajo su comando y el mando operativo de las Fuerzas Armadas, que unificaría algunas fuerzas de seguridad.
Las Fuerzas Armadas que saludó AMLO son las que están involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en masivas violaciones a los Derechos Humanos. Las secuelas de la “guerra antinarco” se ven en un reciente informe que asegura que 50 mil militares desertaron desde sus comienzos, con un incremento de los casos de estrés postraumático y casos recurrentes de depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastorno de personalidad (La Jornada, 26/11).
‘Lejos de Dios’
Estados Unidos es el principal responsable de la devastación en Centroamérica. En el caso de México, apuntaló la militarización por medio de la Iniciativa Mérida (surgida en 2008, bajo el mandato de Obama), que implicó el aporte de equipamiento militar y multiplicó las deportaciones, sin derrotar por supuesto al narcotráfico. En el caso del triángulo norte, financió la contrarrevolución y las dictaduras genocidas en El Salvador y Guatemala. Y apoyó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, en 2009. El año pasado, convalidó el fraude de Juan Orlando Hernández, que reprimió las protestas en su contra con un saldo de 30 muertos.
A la catástrofe migratoria que han engendrado el imperialismo y sus gobiernos títeres en la región opongámosle el derecho al asilo para todos los refugiados, la unidad de los trabajadores sin distinción de nacionalidades, y la lucha por el socialismo.
Gustavo Montenegro
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