Ante la campaña de organizaciones de derechos humanos que señalan el pasado represor del encargado de seguridad de la selección su abogado amenaza con una denuncia penal y reivindica la impunidad para los crímenes de la dictadura.
Desde hace prácticamente un mes organizaciones de derechos humanos y sociales llevan adelante una campaña de difusión e información sobre el pasado represor del encargado de seguridad de la selección y su rol como funcionario de la dictadura.
La iniciativa intenta concientizar a la población sobre el peso de la impunidad en nuestro país que habilita a que figuras siniestras como Zuluaga desempeñen libremente actividades y no tengan la condena social ni de la justicia que amerita su pasado.
La campaña busca además el pronunciamiento de la AUF y del director técnico de la selección Oscar Tabárez quienes hasta ahora se han desentendido de la situación y mantienen en su cargo al ex represor.
La respuesta amenazante de Zuluaga
La campaña tuvo una importante difusión en medios de prensa y redes sociales poniendo en cuestión a nivel social la forma de tratar temas vinculados a la dictadura, el clima de impunidad reinante y el intento de todo el régimen político de dar vuelta la página y religitimar a las fuerzas represivas para actuar en nuevas situaciones de convulsión social.
Ante la difusión de la campaña, que demostraba con testimonios contundentes el rol de Zuluaga en la dictadura su abogado, Diego Durand, anunció una denuncia contra las organizaciones de DDHH por el “escrache público” que sufre su cliente.
La denuncia de Zuluaga y su abogado es una amenaza directa a los que continúan luchando contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, apelando a la mentira y a la protección que dio el sistema político a los represores.
Recurre a la mentira cuando niega ser quien evidentemente fue. Víctimas de la dictadura y documentos firmados no dejan lugar a duda del papel de Zuluaga en la represión.
Por otra parte apela a la impunidad que se acordó desde el Pacto del Club Naval y llevó adelante el Estado uruguayo diciendo que las acusaciones y denuncias son crímenes que prescribieron.
Este argumento solo es posible por las omisiones del sistema político que no fue claro y firme en sostener que los crímenes de lesa humanidad como la tortura no prescriben.
Es el mismo Estado cómplice que permite y tolera que los acusados en la denuncia que llevan adelante las ex presas políticas por abusos sexuales no se hayan presentado a declarar y no tengan ninguna sanción.
Las organizaciones que impulsan la campaña han reafirmado la denuncia con nuevos testimonios y continuarán luchando por la condena social de los represores, ante la evidente impunidad que se sostiene desde las instituciones estatales.
Hernán Yanes
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