Los acusados citados en la causa que indaga sobre la denuncia de 28 presas políticas por abusos sexuales durante la dictadura no concurrieron a la Audiencia.
Un nuevo suceso mostró la magnitud que tiene la impunidad en nuestro país para los represores de la dictadura.
Impunidad que es sostenida por todo el régimen político heredero del pacto de Club Naval cuando se empeña en evitar que haya justicia para las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura cívico militar.
Megacausa denuncia de ex presas políticas
Luego de estar paralizada por más de 7 años (la causa se inició en 2011) la denuncia hecha por 28 presas de haber sufrido abusos sexuales durante su detención pareció tener algún movimiento.
Para el 9 de este mes, estaban citados a declarar acusados en esta denuncia, más de 100 civiles y militares involucrados en este plan sistemático de abuso sexual hacia las presas políticas.
Los hechos muestran que no se trató de hechos aislados sino de un accionar metódico que se mantiene por más de 10 años (del 72 al 83) que incluye los abusos sexuales como algo propio del trato que recibían por su condición de ser mujer las presas políticas mientras estuvieron detenidas.
Las denunciantes relatan que “Hubo manoseos, desnudez obligatoria, abusos sexuales de todo tipo, violación, etcétera, como una forma de torturar y de destruir a las personas”
El abogado de las víctimas, Federico Álvarez Petraglia señaló que “las compañeras hacen una denuncia de género. Acá hubo torturas dirigidas a la mujer como mujer"
Falta de voluntad política para avanzar hacia la justicia
Aunque la iniciativa del nuevo fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe generó expectativas de que la causa comenzara finalmente a avanzar, lo sucedido en la primera audiencia parece demostrar que se mantienen otros frenos.
Existe un entramado que sostiene la impunidad y que incluye todo tipo de maniobras dilatorias, desvíos, “cajoneos” así como un aval político de todo el régimen que habilita que sucedan cosas como estas.
Los acusados simplemente no fueron a declarar y nada parece suceder. La causa estuvo dormida casi 7 años y sin embargo cuando parece reactivarse desde algún lado hay un nuevo freno. Mientras tanto dos ex presas denunciantes han muerto en estos años.
El paso del tiempo es una de las estrategias de los defensores de los genocidas porque mientras tanto siguen impunes los torturadores y represores.
Hernán Yanes
Jueves 12 de abril | 09:31
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