La quiebra del Cambio Nelson y la estafa del Fonasa muestran los últimos ejemplos de empresarios acusados de corrupción que a la vez pertenecen a los partidos tradicionales.
A lo largo de la historia del país son muchos los casos de hechos de corrupción o estafas en los que aparecen involucrados políticos de distintos partidos.
El último caso resonante es el de Francisco Sanabria; preso por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica y que era a su vez el secretario general en Maldonado del Partido Colorado y diputado suplente del legislador Germán Cardoso así como miembro de una familia con históricos vínculos con ese mismo partido (su padre Wilson Sanabria fue diputado y senador por esta colectividad). El aporte económico de Sanabria fue también importante para que su partido pudiera llevar adelante la campaña electoral ($240 mil de los $ 1.025.000 que recibió de donaciones).
La expulsión de Sanabria resuelta por la Convención colorada que sesionó el 1 de abril transcurrió en medio de enfrentamientos, gritos e intentos de golpes de puño dando cuanta también de la descomposición del propio partido, con dirigentes que decían que “se barrió debajo de la alfombra”, que algunos conocían desde antes las maniobras de Sanabria y que había que reconocer la responsabilidad del partido.
Por su parte el escándalo del Fonasa reveló también que un edil de Canelones electo por el Partido Nacional pero que actualmente pertenece al Partido de la Gente también se encuentra involucrado en maniobras delictivas. En su caso se libró un pedido de captura ya que en su despacho se encontraron boletas de la empresa falsa que eran usadas para captar socios del Círculo Católico.
La distancia entre los dichos y los hechos
Tanto el Partido Colorado como el Nacional y el Partido de la Gente se llenan la boca hablando de la inseguridad y el aumento de la criminalidad y los robos y exigiendo a la vez mano dura.
Sin embargo lo que siempre ponen bajo la lupa para criminalizar son los hechos infraccionales relacionados con la pobreza y la exclusión social. En estos casos es permanente su propaganda pidiendo bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas y mayores condenas.
Cuando se trata de ladrones de guante blanco la actitud de la derecha es bien distinta. Miran para el costado o apañan hasta cuando pueden a sus figuras involucradas en hechos delictivos y cuando la condena social los hace impresentables ahí le sueltan la mano y ponen el grito en el cielo.
Sus expulsiones o declaraciones tomando distancia no les impiden por ejemplo guardar silencio ante el trato privilegiado que reciben este tipo de ladrones y estafadores, que al tener dinero en abundancia, no tienen que hacinarse en las peores cárceles en las que se amontonan los pobres y excluidos.
Para estos ricachones está la Cárcel Central o aquellas del interior en las que las condiciones son casi de lujo comparando con las que están destinadas para la “gente común”.
La derecha, los empresarios y los partidos tradicionales
Los casos de Cambio Nelson o Fonasa son ejemplos extremos; pero no debemos olvidar que desde los comienzos del estado uruguayo estos mismos partidos se han aprovechado de la maquinaría estatal para favorecerse a sí mismos y sus empresarios amigos.
Prebendas, acomodos, corrupción, privilegios y negociados son parte de la política “tradicional” con que históricamente se han manejado en un complejo entramado que une políticos y clases altas (casamientos y parentescos familiares también dan cuenta de los vínculos “orgánicos” entre ambos sectores).
Mientras tanto al mismo tiempo despotrican contra el “gasto social” y el costo del estado retaceando presupuesto para cubrir las necesidades de los trabajadores y el pueblo.
Hernán Yanes
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