El Papa Francisco difundió una carta brindando aliento a los sacerdotes que han sido denunciados por abuso sexual y pedofilia. La misiva, titulada "A mis hermanos presbíteros", llama a no desanimarse a "nuestros sacerdotes (que) se sienten ridiculizados y culpabilizados por crímenes que no cometieron".
El sumo pontífice argentino agrega además que la Iglesia está "fuertemente comprometida en la realización de las reformas necesarias para (…) que la cultura del abuso no logre hallar espacio para desarrollarse". Alude así al fraude de la Cumbre vaticana sobre los abusos, que sesionó en febrero solo para montar un encubrimiento de los encubridores, ya que no definió ninguna medida para afrontar estos casos. Generó así la desilusión de los denunciantes y fue rechazada por las organizaciones de víctimas, que fueron desde numerosos países hasta el Vaticano a reclamar la expulsión del sacerdocio de cualquier cura que abuse de un menor, la apertura de los archivos del Vaticano y obligatoriedad de trasladar a la justicia todas las denuncias.
Resulta que el propio Bergoglio está señalado por su participación directa en la protección de criminales denunciados, entre ellos el abusador y malversador de fondos Gustavo Zanchetta, ex Obispo de Orán, al que designó como administrador en la poderosa inmobiliaria del Vaticano. A su vez, en la misma cumbre, funcionarios de la Iglesia advirtieron sobre el gigantesco riesgo económico que representa para la institución que se destraben las causas judiciales. Por este motivo, el mes pasado la Penitenciaría Apostólica del Vaticano salió al cruce en defensa del secreto de confesión, atacando los proyectos de ley en distintos países que plantean eliminar el secreto sacramental para los casos en que los sacerdotes confiesen abusos.
Es una política de guardar bajo llave las denuncias por abusos. A fines de marzo, se difundió la renuncia de la directora Luceta Scarafía, el comité editorial y las redactoras del suplemento femenino de L'Osservatore Romano, que se había hecho eco de las denuncias de abuso sexual contra monjas dentro de la Iglesia y había publicado una importante investigación sobre la subordinación y humillación a la que son sometidas miles de mujeres religiosas que trabajan como siervas en casas de cardenales, obispos y sacerdotes en Roma. La directora, que renunció con su equipo cuestionando que el Vaticano les daba la espalda, plantea públicamente que la violación de las monjas es el origen de los abortos impuestos y de los hijos no reconocidos por los curas.
La crisis de la Iglesia
Esta nueva carta de Francisco busca contrarrestar la enorme crisis que atraviesa la Iglesia Católica, desde las revelaciones de 2002 en Estados Unidos que fue de a poco desatando una oleada de casos de enorme trascendencia tanto en Estados Unidos como en Australia, Irlanda, Chile, Alemania y también en Argentina, afectando como nunca la credibilidad de la Iglesia y de su propio pontificado. Es una reacción a la desmoralización que se esparce entre los miembros activos y los fieles católicos, que confluye con la sistemática pérdida de fieles a manos de otros cultos y de las iglesias evangélicas. Busca también contrapesar la organización de las víctimas, que han puesto en pie redes de sobrevivientes de abusos en varios países del mundo.
La misiva pontificia se difundió el mismo día que en Mendoza comenzaba el juicio por las vejaciones cometidas contra niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo, con fuertes críticas de los familiares que denuncian que la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de los acusados y no ha entregado los documentos de la investigación canónica. También por estos días, las víctimas pidieron la detención del cura abusador Eduardo Lorenzo, protegido por la Justicia durante una década y amparado por el Arzobispo de La Plata, “Tucho” Fernández, mano derecha de Bergolgio. Para combatir las presiones y el amedrentamiento con que se responde a las víctimas que denuncian en sede canónica, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico elaboró un protocolo para “preservar su integridad” y “evitar su revictimización y manipulación”, donde recomienda siempre radicar antes la denuncia en la Policía o en fiscalía, y no firmar nada ni aceptar resarcimientos económicos. Da una idea del modus operandi de la santa institución.
Pero a ello debemos agregar todo un régimen de encubrimiento estatal al accionar de la Iglesia. En particular hay que considerar la reforma del Código Civil realizada durante el gobierno de Cristina Fernández, gracias a la cual se le otorgó status público a los bienes de la Iglesia Católica, por lo que son inembargables y no pueden siquiera ser utilizados en una indemnización a las víctimas de abuso eclesiástico.
Abajo el oscurantismo
A pocos días de cumplirse un año del 8A, cuando una histórica movilización de más de un millón y medio de personas que rodeó el Senado para exigir la sanción del aborto legal, resulta fundamental que ese potente movimiento de mujeres y disidencias fortalezca una perspectiva anticlerical y de independencia política para retomar y reimpulsar la lucha por todos nuestros derechos y contra el oscurantismo clerical. El Encuentro de octubre, que se realizará en La Plata, debe ser un paso en esa dirección, para lo cual hay que superar el planteo conciliador que buscan imponer el peronismo, el PCR y Patria Grande.
Por más que Francisco intente blindar a la Iglesia Católica, no va a poder detener a los cientos de víctimas que rompen el silencio, que se organizan junto a las organizaciones de mujeres, políticas y sociales para luchar contra la impunidad. Más que nunca, vamos por la separación ya de la Iglesia del Estado.
Rocío García y Pía Garralda
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