La cancelación de un acuerdo energético secreto entre Paraguay y Brasil, que establecía grandes perjuicios para el primero, no logró disipar del todo la aguda crisis política que su filtración ha desatado en la nación guaraní. La renuncia y las declaraciones del titular de la empresa estatal ANDE (Administración Nacional de Energía) provocaron un tembladeral que llevó a la caída de varios funcionarios, entre ellos el canciller y el embajador en Brasil. Por su parte, la oposición y un sector del oficialismo habían conseguido una mayoría parlamentaria para destituir al presidente colorado Mario Abdo Benitez, pero finalmente el sector disidente del oficialismo dio marcha atrás ante la desactivación del tratado.
Los medios han interpretado que el presidente brasileño Jair Bolsonaro aceptó la cancelación (y rediscusión) del acuerdo para salvar un aliado político. Pero también podría estar actuando en defensa propia. El motor del escándalo involucra a asesores del vicepresidente Hugo Velázquez en negociaciones para eliminar una cláusula que impide la venta directa del excedente energético al sector privado brasileño (la estatal Eletrobras juega un papel intermediador). La eliminación de esa cláusula favorecía a una empresa que algunos vinculan con el presidente brasileño.
El Partido Liberal y el Frente Guasú (del ex presidente Fernando Lugo) insistirían en la presentación del pedido de juicio político, si bien ya no cuentan con una mayoría debido a la deserción del sector colorado que encabeza el ex presidente Horacio Cartes. Más comprometido, en cambio, aparece el vicepresidente, que podría ser usado como fusible.
Expoliación
Por el tratado de Itaipú de 1973, firmado por las dictaduras de Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Medici, Brasil se ha quedado con el 90% de la producción energética de la represa binacional. Esto lo ha hecho comprando a muy bajo precio el excedente energético que no usa Paraguay. Se estima que “el precio irrisorio que paga Brasil a Paraguay por consumir su parte de energía significó una pérdida de 75,4 mil millones de dólares desde que comenzó a operar Itaipú hace 35 años. Es la suma que hubiera acumulado si Brasil pagaba a precio de mercado” (Clarín, 2/8). La venta a precios menores a los de mercado, se supone, es para cancelar deuda por la puesta en pie de la obra. Un mecanismo similar de expoliación caracteriza el acuerdo de Yaciretá, la represa binacional de Argentina y Paraguay.
Pero además, la puesta en pie de la represa fue acompañada de un proceso de expropiaciones de tierra selectivo (que expulsó a comunidades indígenas y dejó indemnes los intereses agroganaderos), posteriormente acaparadas por terratenientes brasileños (Ultima Hora, 31/7).
Bajo la administración de Lugo, se firmó en 2009 una revisión con Lula por la cual se triplicó el precio que debe pagar Brasil por la energía, pero no se altera el trato preferencial que Brasil tiene a la ahora de apropiarse de ese excedente energético.
La negociación trunca de Bolsonaro y Abdo Benitez había establecido un acuerdo hasta 2022 (en vez de ser anual) que, entre otros puntos, obligaba a Paraguay a pagar más por el consumo de su energía.
La cuestión energética es fuente de severas disputas. En 2012, la canadiense Río Tinto buscó instalar un emprendimiento electrointensivo de aluminio en el país (demandaba más de 1000 megavatios) que competía por la energía con los empresarios brasileños. Fue uno de los puntos que estuvo en la base del golpe contra Lugo. Este proyecto naufragó un año más tarde, en parte por la respuesta popular ante la depredación ambiental que significaba. Pero ahora son otras las compañías que vuelven a la carga por centenares de megavatios de potencia, una de ellas brasileña (ídem, 19/7).
La clase dominante paraguaya ha tenido una política de adaptación a esta política de saqueo. Sin ir más lejos, la Unión Industrial y la cámara de la construcción se acomodaron al último acuerdo secreto en función de la asignación de algunas obras de infraestructura.
Desarrollo nacional
El escándalo por el acuerdo energético coincide con los anuncios que indican una desaceleración económica. En este proceso, Abdo Benitez actúa como un agente del gran capital. Intentó imponer el año pasado una reforma previsional que apuntaba a manotear los fondos jubilatorios y daba el primer paso para un aumento de la edad de retiro, lo que finalmente fue bloqueado por las propias internas en el oficialismo y la movilización popular.
Los tratados de Itaipú y Yaciretá deben ser anulados y rediscutidos. Planteamos el control por parte de los trabajadores de ambos entes binacionales para poner fin a la corrupción y para un desarrollo energético en función de los intereses de la mayoría trabajadora. El desarrollo nacional de Paraguay aparece vinculado a una lucha común contra los gobiernos entreguistas y por la unidad socialista de América Latina.
Gustavo Montenegro
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