Un ataque a las libertades democráticas

La decisión judicial de prohibir que los estudiantes difundan su oposición a la campaña Vivir sin Miedo constituye un ataque a las libertades democráticas

A partir de la denuncia presentada por el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, la Justicia ordenó la semana pasada que la ANEP retire los carteles existentes en rechazo a la campaña Vivir sin Miedo.
El diputado blanco había presentado una acción de amparo contra ANEP luego de que se vieran en los liceos carteles contra la reforma constitucional que se va a plebiscitar, planteando que los mensajes implican tomar posición por una de las opciones y que supuestamente viola la laicidad.
El Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno
a cargo de la jueza Miriam Fierro dio lugar al reclamo de Abdala dictaminando que las pancartas violentan la neutralidad y constituyen una manifestación proselitista por lo cual mandató a ANEP a retirar los carteles.

Un acto de censura a los estudiantes

La posición de la jueza, en respaldo a los sectores que impulsan la campaña Vivir sin Miedo, constituye un ataque a la libertad de expresión, al derecho democrático de los estudiantes de expresar su rechazo a una reforma que tiene un enfoque que criminaliza la pobreza y busca darle más protagonismo a las fuerzas represivas.
Detrás de este acto de censura está la pretensión de imponer una imagen de estudiante y de joven que no tenga opinión y que se mantenga al margen de la política y los problemas de la sociedad. Con el verso de la laicidad intentan acallar a aquellos que no se mantienen quietos y pasivos y se movilizan o expresan contra los recortes a las libertades democráticas.
Mientras no quieren que los adolescentes se expresen, los promotores de la campaña vivir sin miedo cuentan con grandes recursos económicos que les permitieron contratar personas para juntar firmas o llenar de propaganda el país en apoyo a la militarización.
El dictamen judicial, a tono con la posición censuradora de distintos sectores políticos, despertó el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales
La comisión contra la reforma constitucional impulsada por Larrañaga señaló que "la laicidad debe ser siempre tomada como garantía de la pluralidad de opiniones y posturas y no debe ser utilizada para censurar o reprimir".
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos también criticó que la justicia obligue a retirar los carteles colocados por estudiantes de liceos y facultades contra de la reforma señalando que no se trata de proselitismo político ni tiene carácter partidario.
Los docentes de la Universidad nucleados en ADUR manifestaron su opinión planteando que la judicialización “supone forzar una interpretación normativa excesivamente restrictiva de la libertad de expresión de las asociaciones gremiales”.
Cuando desde la justicia o los partidos se intenta poner trabas a los que se oponen la reforma que impulsa Larrañaga, se hace necesario impulsar la más amplia movilización contra una propuesta retrógrada y represiva y en defensa del derecho democrático y la libertad de expresión.

Hernán Yanes
Domingo 7 de julio | 09:24