Aunque se anuncia un preacuerdo con el diputado Darío Pérez la reforma de la Caja Militar está empantanada por la falta de los votos necesarios para su aprobación en la Cámara de diputados (en las últimas horas medios de prensa anuncian un acuerdo que incluye varias modificaciones). Más allá de debates y diferencias, nadie quiere afectar verdaderamente los privilegios heredados de la dictadura para la alta oficialidad.
El proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente paralizado en el parlamento ante la resistencia del diputado Darío Pérez a votar la propuesta. Las negociaciones de los últimos días, y la reunión de Tabaré con el diputado, habrían permitido un acuerdo introduciendo cambios menores.
El funcionamiento actual de la Caja Militar tiene un déficit anual de casi 600 millones de dólares que se financia desde rentas generales (es decir es pago por el pueblo trabajador) y se genera a partir de un sistema previsional heredado de la dictadura que mantiene grandes privilegios para los militares, en especial los de mayor rango.
Entre los privilegios se puede mencionar que las jubilaciones que cobra la oficialidad militar, con mucho de sus integrantes muy vinculados a la dictadura, son considerablemente más altas que las que reciben los trabajadores; en un sistema que además les permite jubilarse con menos años de aportes.
Las tibias reformas que plantea el proyecto aprobado por senadores, pone un tope a las jubilaciones en $110 mil pesos, baja la tasa de reemplazo (porcentaje del salario que se comienza a percibir al jubilarse, que actualmente supera el 100% en algunos casos), computa 6 años por cada 5 trabajados y aumenta los años necesarios para obtener la jubilación.
Nadie se atreve a tocar los privilegios militares
Lo que resulta cada vez más claro a partir de todo lo que está sucediendo con el debate por la reforma es ningún partido quiere ir al fondo de la cuestión con los privilegios militares.
La derecha directamente se embandera con la causa militar haciendo una defensa cerrada y directa de sus privilegios acusando al Frente Amplio de revanchismo o resentimiento. Esta posición no es extraña ya que los partidos tradicionales han sido defensores de los militares en diversos temas y apuntan a que juegue un rol más protagónico en la sociedad (por eso también defendieron a Manini Ríos cuando fue sancionado) o reclaman la participación militar para reprimir.
El Frente Amplio propone una reforma cosmética; que al decir del propio Senador del MPP Marcos Oteghy “es la más benévola de todas las reformas (previsionales) que se han aplicado en los últimos 40 años en el Uruguay”. La reforma planteada en este momento tiene un objetivo básicamente económico, ya que constituye un pequeño ahorro en momentos de ajuste y a la vez prepara el campo para avanzar en la reforma de la seguridad social de los trabajadores, apuntando a reducir derechos y atacar conquistas históricas.
El diputado “disidente” Darío Pérez directamente tiene una posición demagógica pro militar con la que seguramente intenta conseguir votos pensando en las próximas elecciones.
Desde la izquierda, la posición del Movimiento 26 de marzo es coherente con su pensamiento hacia las fuerzas armadas. Desde su concepción política constituye un intento de “ganar” a un sector de las Fuerzas Armadas, y recuerda su postura (en ese entonces como MLN) en la antesala de la dictadura, cuando (al igual que el PC) depositaron esperanzas en un sector “nacionalista” de los militares.
El diputado Rubio (que a partir del acuerdo de Pérez, también podría sumarse y ser el voto 51) basó todo este tiempo su negativa en que la reforma es “fondomonetarista” y castiga a los más débiles “al personal de tropa, que es gente de pueblo, que vive en asentamientos, que están por debajo de la línea de pobreza”.
¿Esto es todo lo que tiene para decir el 26 de Marzo? En todo caso “la gente de pueblo” entra al Ejército por la falta de trabajo, porque en sus pueblos no tiene otra alternativa para sobrevivir y termina formando parte de una institución fuertemente jerárquica sin cumplir ninguna función productiva y siendo maltratada por los mandos medios y altos, sin derechos a reclamos ni protesta. El ingreso a las fuerzas armadas funciona como amortiguador ante el desempleo crónico que existe en muchas zonas del país y aumenta a su vez el número de integrantes de una institución reaccionaria guardiana del orden social capitalista. La oposición de Rubio le hace un guiño a las fuerzas armadas. Su fraseología de izquierda (reforma promovida por el FMI) esconde que su negativa a votar despierta la simpatía de toda una casta militar absolutamente represiva, y que incluso reivindica la dictadura.
Desde el Movimiento 26 de marzo siempre se apostó estratégicamente a una ruptura “vertical” de un sector las fuerzas armadas, juntando tropa y oficiales de alto rango. Su apoyo al chavismo en Venezuela también es expresión de esta posición que tiene resabios militaristas y minimiza el rol de la clase trabajadora como sujeto revolucionario al depositar confianza en la acción de sectores de las fuerzas armadas.
¿Qué hacer con las fuerzas armadas?
Lo que no hace ningún sector político es denunciar el rol reaccionario de las fuerzas armadas como brazo armado del Estado (de clase), continuidad de las fuerzas armadas de la dictadura, las que reprimieron y torturaron.
La oficialidad y los altos mandos constituyen un grupo privilegiado con grandes ingresos que tiene a través del sistema previsional un reaseguro para el momento del retiro.
A la vez las Fuerzas Armadas dan “ocupación” a sectores de las clases populares que ante la falta de alternativas de vida ingresa a sus filas. La falta de trabajo genuino empuja a esos sectores que además quedarán sometidos a una rígida disciplina militar que los aleja de su clase de origen. Las misiones de “paz” al exterior son la oportunidad de hacer una diferencia económica actuando como mercenarios al servicio del imperialismo.
Ante un Darío Pérez que dice que no vota la reforma por defender a la tropa pobre hay que dejar bien claro que la única salida para este sector es el trabajo genuino que le permita una ocupación digna y no como brazo represor.
La reforma de las Fuerzas Armadas no toca los privilegios de la oficialidad militar, a lo sumo le lima sus aristas más escandalosas y afecta mínimamente sus intereses.
A estas fuerzas armadas que aún conservan poder corporativo y son herederas del pacto del club naval les resulta intolerable que se le toquen aun mínimamente sus privilegios, por eso salen con todas sus fuerzas a evitar que se vote la ley. Por esto mismo la reforma que plantea el FA es mínima y muy acotada.
El 26 de Marzo o Darío Pérez que dicen estar preocupado por la tropa en realidad defienden una casta con grandes privilegios y cuotas de poder, continuadora de los genocidas de la dictadura.
Una reforma realmente estructural y profunda debe apuntar a la disolución de las fuerzas armadas generando trabajo genuino para los sectores de abajo que la integran.
Hernán Yanes
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