Reino Unido, entre marchas y contramarchas

El fin de semana pasado, grupos de extrema derecha -como Britain First- se movilizaron en Londres en respuesta a las masivas manifestaciones de repudio al racismo de los días previos, que incluyeron el derribo de estatuas de exponentes históricos del período colonialista. La movilización derechista, nutrida por barrabravas (“hooligans”), congregó cerca de 5 mil personas, muy por debajo de los decenas de miles que marcharon la semana previa para denunciar el “racismo institucional” en el país. Además, se produjeron choques callejeros entre los fachos y contramanifestantes de Stand Up To Racismo. Black Lives Matter, en tanto, había levantado su principal protesta para evitar esos enfrentamientos.
El primer ministro Boris Johnson condenó los incidentes protagonizados por los grupos de extrema derecha, que arrojaron botellas contra la policía en las inmediaciones del monumento a Churchill. Habló de “gamberrismo racista”. Pero estos grupos han sido cebados por su propia política: Johnson aludió a minorías que practican la violencia, por referencia al activismo que puso la mira en los símbolos colonialistas. Además, es el promotor del discurso chauvinista de recuperar la grandeza del Reino Unido, y selló un acuerdo político con Nigel Farage, del ultraderechista Partido del Brexit (ex Ukip), en las últimas elecciones.
Johnson ha anunciado la creación de una comisión para investigar el racismo institucional (en la educación, la justicia, etc.), pero dijo que esa comisión investigaría también los problemas de los “niños blancos hijos de la clase trabajadora”. De esta manera, aparece tratando de oponer a unos y otros, estimulando el racismo y la división de los oprimidos desde arriba.
El racismo es una realidad innegable en el Reino Unido. La población negra es el 3% de la población en Inglaterra y Gales, pero el 12% de los presos. Sufre nueve veces más las detenciones a manos de la policía. Y se concentra en los sectores más precarizados del movimiento obrero, incluyendo los trabajadores de la salud, donde las minorías expresan al 20% del personal. Por esto, también, padece más el Covid-19, que está haciendo estragos en el país (ya hay más de 40 mil muertos). Las protestas de estas semanas, que fueron motorizadas por la rebelión norteamericana, son protagonizadas por la juventud precarizada.
El Partido Laborista y las centrales sindicales no han acompañado las protestas. O directamente le han salido al cruce. Keir Starmer, el nuevo dirigente del partido, quien desplazó a Jeremy Corbyn en la última elección, consideró “completamente equivocado” la demolición de estatuas racistas. Sadiq Kahn, el alcalde de Londres, se expresó en un sentido similar.

Un escenario de crisis

El vigoroso reclamo antirracista tiene lugar en medio de una agudización de la crisis económica, que ha venido a potenciar el coronavirus. El Banco de Inglaterra estima que la contracción económica de este año puede llegar al 14% del PBI. El país podría sufrir la peor recesión de todos los tiempos. El desempleo se mantiene relativamente bajo, pero el Estado se ha hecho cargo del pago del 80% de los sueldos en las empresas afectadas por la pandemia. Frente a la crisis, el Banco de Inglaterra está apelando a la emisión masiva de dinero (más de 200 mil millones de libras) para auxiliar al Tesoro y está por colocar la tasa de interés en niveles negativos por primera vez en su historia. La deuda pública ha superado el 100% del PBI.
Las negociaciones por el Brexit se encuentran empantanadas. A fin de año vence el plazo para evitar una salida desordenada de la Unión Europea (el país ya se encuentra fuera de las instituciones comunitarias). Johnson ha rechazado pedir cualquier tipo de prórroga y exige definiciones para el mes próximo. Las partes negocian un acuerdo de libre comercio, que si no llega a buen puerto dará paso a que las relaciones se rijan por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En paralelo a las tensiones con la UE, el Reino Unido estudia un mayor acercamiento a los Estados Unidos, que acentuaría la subordinación al imperialismo yanqui. El debate de una ley de agricultura en el parlamento, que podría favorecer la importación de productos norteamericanos, ha despertado el resquemor del sector agrícola, que plantea que no podría competir. A su vez, advierte sobre el efecto negativo para las exportaciones al continente de una reintroducción de aranceles, en caso de que no haya acuerdo con la UE. Para el sector automotriz y financiero, la “salida desordenada” también presenta amenazas. El único consuelo que le cabe al Reino Unido es que la Unión Europea también se vería afectada por un divorcio de estas características.
El Brexit, asimismo, plantea la posibilidad de una separación de Escocia y una reactivación del conflicto en Irlanda del Norte.
Toda esta situación plantea un escenario general de decadencia del Reino Unido y un cuadro muy complicado para el gobierno de Johnson.
En la situación actual, está planteado que los sindicatos se sumen al proceso de movilizaciones antirracistas e incorporen las reivindicaciones del movimiento obrero frente a la pandemia y la crisis capitalista. En oposición a la Unión Europea imperialista y el callejón sin salida de la autarquía que propone Johnson, se plantea la lucha por la unidad socialista del Reino Unido, en el marco de la unidad socialista de Europa.

Gustavo Montenegro

El “acuerdo del siglo” de Israel contra Palestina, en crisis

El mandatario Netanyahu enfrenta múltiples complicaciones en su plan potencialmente explosivo de anexión de Cisjordania.

A solo medio mes de la fecha fijada para el comienzo del “acuerdo del siglo” sellado con el gobierno estadounidense de Donald Trump, que prevé la usurpación de Israel sobre un 30% del territorio palestino de Cisjordania, el gobierno de Benjamin Netanyahu se encuentra entre la espada de sus proclamas coloniales y la pared de un presente crítico y de un futuro potencialmente explosivo.
Al calor de la pandemia de coronavirus, la economía de Israel ha sufrido una fuerte reducción. Pese a los anuncios tranquilizadores del gobierno, la OCDE prevé que cerrará 2020 con una contracción del 6,2%. El desempleo saltó en dos meses de 3,4% al 26% (más de 1 millón de personas). Una situación que se une al reciente comienzo del juicio contra Netanyahu por corrupción.
Netanyahu está sufriendo grandes dificultades para construir un bloque fuerte de apoyo a su plan de anexión, empezando por la propia población israelí, donde las encuestas indican un importante rechazo y una enorme inquietud por la situación económica. Un comentarista sionista advertía, precisamente, contra el plan de anexión en Cisjordania, señalando que obligará a nuevos gastos militares cuando la economía cruje. Desde la Coalición Azul y Blanca de Benny Gantz, principal aliado de gobierno de “Bibi” (con quien rotará en el cargo de primer ministro), le han dado un apoyo condicionado, señalando que “hace falta dar este paso con un acuerdo duradero y no con un desafío”. Más a la derecha, ha surgido un “frente de oposición entre los más de 400.000 colonos asentados en Cisjordania, que ven como un sacrilegio a sus pretendidos derechos bíblicos sobre Judea y Samaria el reconocimiento de un Estado palestino, aun desmembrado” que prevé el plan de anexión.
A nivel exterior, el principal aliado de Netanyahu, que es Donald Trump, aparece fuertemente complicado por la rebelión popular que desató el crimen de George Floyd. Además, más preocupado ahora por la tormenta política interna, Trump declaró que “no es el deber de la milicia estadounidense resolver antiguos conflictos en tierras lejanas de los que mucha gente nunca ha oído hablar”, ratificando su orientación de retroceso en Medio Oriente. El gesto de Netanyahu de nombrar un asentamiento ilegal con el nombre de “Altos de Trump” le ha sido respondido fríamente por el embajador de EE.UU. en Israel, que demanda garantías de “un máximo consenso político en Israel” en cuanto al plan de anexión.
La Unión Europea y el Partido Demócrata, en tanto, han expresado su rechazo al “acuerdo del siglo”, si bien prometen mantener en cualquier variante la cooperación con Israel.
El corazón de estos reparos, sin duda, es que una nueva avanzada puede desatar una irrupción gigantesca de las masas palestinas, como las de la Primera y la Segunda Intifada. Al acicate de estas heroicas gestas pasadas se suma el de las rebeliones que han atravesado Medio Oriente en los últimos años, y el de una economía en llamas. Ya en octubre de 2019, había casi 50.000 palestinos que estaban afectados por la destrucción de sus redes de agua, caminos, establos para ganado y un largo etcétera. Ahora, un informe del Banco Mundial señala que con la pandemia y la constricción económica la pobreza podría saltar en Gaza del 53% al 64%, y duplicarse en Cisjordania (de 14% a 30%). La Autoridad Palestina señaló que este mes no podrá pagar los salarios de empleados públicos, ya que Israel dejó de transferir los impuestos que recauda en su nombre. Junto con ello, en Cisjordania ya se cuentan 554 casos confirmados de coronavirus –y hasta existen denuncias de que el gobierno israelí habría promovido el contagio allí.
La monarquía de Jordania, uno de los dos únicos países árabes en relaciones formales con Israel, advierte, en esta línea, que la colonización tendrá graves consecuencias bélicas en la región del Valle del Jordán, que linda con su país; mientras que el comentarista citado señala que cualquier golpe a ese reinado podría estimular avances de Hezbolah e Irán.

En desarrollo

En el escenario descripto, Netanyahu se ha visto obligado a hablar de un avance por “etapas”, y la prensa local señala que podría limitarse por el momento a los llamados “bloques de asentamientos” de colonos israelíes en Cisjordania, como los de Maale Adumin (40.000 colonos), Gush Etzion (70.000) y Ariel (20.000, norte), donde se aplicaría la legislación israelí pero sin declarar formalmente la soberanía.
Las avanzadas sobre los palestinos de Cisjordania ya vienen multiplicándose en el último período, con demoliciones, desplazamientos y asesinatos. El gobierno acaba de iniciar la construcción de la llamada “The american road”, una autopista que busca conectar los asentamientos israelíes en el sur y norte de Jerusalén oriental.



Plano para “The american road”. Las casas en la zona amarilla están bajo amenaza de demolición. Fuente: Khamakar Press.

La Organización para la Liberación de Palestina, que dirige la Autoridad Palestina, ha demostrado ser una vía muerta para la causa. Ahora vuelve con sus repetidas amenazas de cortar los diálogos y la coordinación de seguridad con Israel, aunque la misma continúa en los hechos. La OLP incluso ha presentado días atrás una “contrapropuesta” al plan de anexión, que supone entregas de territorios.

Derrotar el plan, derrotar al sionismo

El cuadro de crisis que experimentan el gobierno de Netanyahu-Gantz y el de su aliado Trump ofrece un gran potencial para la movilización popular contra el plan de anexión. Ya han surgido movilizaciones dentro de la propia Israel, con presencia de organizaciones de izquierda, además de las que tienen lugar en Palestina.
La derrota del plan de anexión debe integrarse a la lucha histórica de las masas explotadas de la región, por el fin del Estado sionista y una Palestina única y socialista.

Tomás Eps

Trump reconoce su bancarrota

En el mundo se está discutiendo una nueva ola de infecciones por Covid19. Incluso se afirma que la nueva ola puede producirse antes de que haya terminado la primera. En países como China se plantea una nueva cuarentena en Pekín por un rebrote en el principal mercado de alimentos de Asia (BBC, 16/6). Muchos países retrotrajeron fases (España, Italia); otros, como Gran Bretaña, volvieron atrás en la apertura de clases. Japón tuvo un rebrote en Tokio. Suecia, con su “inmunidad de manada” es un “fracaso”, según Financial Times. Boris Johnson también la implementó y fracasó estrepitosamente. Regímenes enteros no puede sostenerse sin abrir la economía al capital, y caminan al abismo en medio de una situación frente a la cual no se prepararon y no tienen medios para enfrentarla.

“No podemos volver a cerrar la economía”

Con 44 millones de nuevos desocupados, un estimado de más de 7% de caída del PBI para 2020 (casi 10% en caso de rebrote), y en medio de una guerra comercial con China sin descanso, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo: “no podemos cerrar la economía nuevamente, aunque aumenten los casos de coronavirus, porque de hacerlo, estaríamos acabados” (Político, 12/6).
Trump no tiene los recursos para gobernar sin abrir la economía y, al mismo tiempo, la decisión de mandar a los trabajadores a morir en sus lugares de trabajo lo empuja a una crisis política inexorable. Los enfrentamientos que estos choques económicos y sociales suponen al interior de la propia burguesía y entre ésta y la clase obrera, plantean la perspectiva de situaciones revolucionarias.
EEUU registra un aumento de infecciones diarias, particularmente en estados como California, Carolina del Norte y del Sur, Florida y Texas. “Se espera que entre 5,000 y 6,000 estadounidenses mueran cada semana por Covid-19 desde ahora hasta el 4 de julio, según los expertos” (Político, 12/6). Algunos estados reportaron picos recientes en los casos de Covid-19 a medida que las medidas de aislamiento se atemperan. En al menos nueve estados crecen la cantidad de internaciones, 22 registran crecimiento en los casos. La Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus que aparecía junto a Trump hace unos meses, admitió el viernes que “hay algunas brasas encendidas en algunos lugares” (Político, 12/6), mientras que otros dicen que hay un “rebote” de la primera ola. La Casa Blanca tuvo que salir a responder: “No hay emergencia. No hay segunda ola ", dijo Larry Kudlow el mismo que había asegurado en febrero que EEUU había logrado contener el virus. Hoy, EEUU lidera la cantidad de contagios y muertos.
Kudlow agregó que “el presidente no está dispuesto a cerrar la economía, al igual que el vicepresidente” (Fox, 15/6). “Creo que cerrar la economía podría ser peor para nuestra salud que no cerrarla”, pero se refiere a la salud del capitalismo, opuesta a la de la clase obrera.
Trump no brindó los recursos necesarios para combatir la pandemia. La FDA (que regula el uso de medicamentos en el país) declaró que no usará la Cloroquina e Hidroxicloroquina en el país, un golpe contra Trump que incluso la había tomado “preventivamente”.
Sin vacuna, la única salida con la apertura es que se llegue al objetivo de Johnson, la inmunidad de rebaño, para lo que al menos se tiene que contagiar del 60 al 85% de la población (NYT, 1/5). Pero con una población de 340 millones de habitantes, en EEUU sólo hay 2,1 millones de contagiados, menos del 1%. La tasa de mortalidad supera el 5%, por lo que si tuvieran que contagiarse 260 millones más para alcanzar la inmunidad de manada, la cifra intolerable de muertos alcanzaría los 13 millones.
El choque de Trump con las fuerzas militares muestra que está buscando todos los recursos disponibles para mantener a raya la insurgencia social y la economía abierta, incluso recurriendo al uso del ejército en las calles. Trump no tiene salida y va a una guerra contra la clase obrera, la respuesta política del proletariado vendrá dictada por la diferencia entre la vida y la muerte.

Emiliano Monge
17/06/2020

El capitalismo necesita policías

En medio de los masivos levantamientos contra el terror policial, es central el debate sobre cómo librarnos de la represión estatal y lograr una verdadera abolición de estas prácticas. Se necesita comprender qué es realmente la violencia policial y su relación con el capitalismo.

Después del terrible asesinato de George Floyd a manos la policía de Minneapolis por un billete falso de 20 dólares, en todo Estados Unidos estalló una revuelta nacional sin precedentes. Estos levantamientos se dieron con duros enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y pusieron sobre la mesa el debate sobre qué hacer con la policía como institución.
Entre las diferentes consignas, circulan desde demandas para que la policía sea desfinanciada y removida de ciertos espacios como las escuelas, o incluso completamente abolida. Esta última demanda es claramente la de mayor alcance, cómo acabar realmente con la policía como institución, una consigna que se ha planteado con cada vez más fuerza, especialmente desde que el Consejo de la Ciudad de Minneapolis se vio presionado a aprobar el desmantelamiento de la policía de la ciudad.
¿Qué propusieron en Minneapolis? Cómo se explica en la siguiente nota, los detalles, de este “desmantelamiento” hasta ahora son escasos, pero lo que se ha anunciado no suena mucho a una abolición real. De hecho, la presidenta del Consejo, Lisa Bender, dijo explícitamente que "La idea de no tener un departamento de policía no es algo a corto plazo".
Queda claro que el Consejo de la Ciudad de Minneapolis tuvo que ceder a la presión de los activistas, lo que demuestra que la única manera de lograr cualquier cambio significativo es a través de la movilización de masas y la confianza en los trabajadores. Sin embargo, mientras que algunas reformas menores pueden materializarse, no hay "compromiso" real posible cuando se trata de la violencia policial. (NdelaT)
Todos los llamamientos para desfinanciar a la policía tratan de abordar el hecho de que los presupuestos que manejan están obscenamente inflados, mientras que otros aspectos como la educación tienen que luchar por recursos. En muchos casos, los departamentos de policía, las cárceles y las prisiones pueden llevarse hasta el 60 por ciento del presupuesto anual de una ciudad. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿por qué son tan grandes los presupuestos de la policía? ¿Es porque las ciudades tienen malas prioridades e invierten en la policía en lugar de los servicios sociales?
Los gigantescos presupuestos policiales no son casualidad, son fundamentales para el sistema capitalista norteamericamericano fundado sobre la esclavitud. Son esenciales para mantener una sociedad en la que magnates como Jeff Bezos están a punto de ser trillonarios, mientras que los trabajadores de la Amazon, muchos de ellos gente de color, viven en la pobreza. La policía es un componente intrínseco del sistema capitalista; es una de las fuerzas represivas que mantiene este orden y las profundas desigualdades que inevitablemente genera. Por lo tanto, si somos serios en cuanto a la abolición de la policía para salvar las vidas de los negros, los morenos y la clase trabajadora, tenemos que tener claro que nuestra lucha es contra el sistema capitalista y el estado que impone su dominio. No puede haber abolición de la policía en el marco del capitalismo.

Una lección de historia

La policía como institución siempre ha sido intrínsecamente racista y sexista. En el norte de EEUU, antes de que se establecieran fuerzas policiales formales, había vigilancias nocturnas. Estas vigilancias nocturnas contrataban voluntarios por un día para vigilar a las comunidades por casos de prostitución y juego. Los vigilantes nocturnos eran muy odiados por la población y despreciados por tomar medidas violentas tanto contra las actividades de ocio de los trabajadores, como contra las mujeres más vulnerables.
El primer departamento formal de policía se originó en Boston en 1838. Como ciudad portuaria, Boston era un importante lugar de comercio, y desarrolló la fuerza policial a tiempo completo para proteger los envíos de la burguesía acomodada. Para reducir el costo de la contratación de personas para salvaguardar sus propiedades, estos ricos propietarios convencieron al público de que era necesaria la policía para el bien común.
En el Sur, antes de que la policía se formalizara en departamentos, había patrullas de esclavos. Su único propósito era reprimir a los negros. Lo hacían persiguiendo, capturando y re esclavizando a los negros que habían escapado, aterrorizando a los esclavos para impedir las revueltas, y sometiéndolos a castigos extrajudiciales por infringir las normas de las plantaciones. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos miembros o admiradores del KKK (Ku-Klux-Klan) hoy en día sean oficiales de policía. De hecho, históricamente ha habido un entrecruce significativo entre el KKK y la policía, y las dos organizaciones han trabajado mano a mano en el fortalecimiento de la supremacía blanca.

El capitalismo necesita policías

Después de la Guerra Civil, estas patrullas de esclavos se convirtieron en los departamentos de policía del Sur del país. Hicieron cumplir los Códigos Negros- cuerpos de leyes establecidos a nivel de los gobiernos estatales de los Estados Unidos, en calidad de legislación interna, destinado a poner límites a los derechos ciudadanos de la población afroamericana mediante encarcelamiento o multas por desempleo, falta de vivienda y matrimonio interracial- (N. de la T.) Esa policía sometió a aquellos hombres y mujeres que fueron libertos a deudas imposibles de pagar o los confinó a trabajos forzados similares a la esclavitud. De manera similar hoy en día, los afroamericanos son arrestados desproporcionadamente, enfrentan fianzas inasequibles, y son súper explotados como mano de obra de la prisión.
La policía existe porque el capitalismo la necesita. Así como los dueños de esclavos en el Sur utilizaban las patrullas de esclavos para mantener su "propiedad privada", la burguesía del Norte la necesitaba para reprimir a los huelguistas y enviarlos de vuelta al trabajo, para anular cualquier desafío al orden capitalista y para defender la propiedad privada de los medios de producción. A medida que la industrialización aumentaba el beneficio capitalista, la policía también se hizo necesaria para reprimir a la clase obrera inmigrante y nativa.
En el siglo XX, se profundizaron una serie de problemas sociales en los que los trabajadores se organizaron para obtener mayores derechos laborales, más control del lugar de trabajo y mejores salarios. En respuesta, casi todas las ciudades desarrollaron un departamento policial, y la burguesía comenzó a echar sus perros represivos sobre la clase obrera. Los intentos de sindicalización fueron a menudo anulados por la policía.
Propagaban ideas sobre “revoltosos” que incitaban huelgas en los lugares de trabajo. Por ejemplo, durante la huelga de 1934 en los muelles de San Francisco, la policía disparó sus escopetas contra multitudes de partidarios y huelguistas y entró en la sala del sindicato para finalizar su ataque. La policía mató a dos personas y nadie fue detenido por esos crímenes. A lo largo del siglo XX se produjeron acciones brutales similares en todo el país.
El papel actual de las fuerzas represivas no es diferente. Alrededor del mundo, aterrorizan los barrios de la clase trabajadora de la misma manera. Nunca la función o la práctica de la policía fue la protección o la seguridad de las personas. Debido a que siempre estuvo destinada a preservar la propiedad privada capitalista, es por esto, que la solución al terror policial no es una mejor supervisión o una mayor rendición de cuentas. Más bien, la solución es la abolición del sistema capitalista racista en el que los hombres blancos ricos, muchos de los cuales heredaron sus propiedades directamente de la trata de esclavos, pretenden mantener a las personas en condiciones de hambre, alojamiento precario, fatiga y alienación. Y cuanto más dura sea la opresión, más brutal será la violencia utilizada para mantener a la clase obrera "en su lugar".

Cámaras y nuevo entrenamiento

Después de la primera ola del movimiento Black Lives Matter e incluso en estos días, se escucharon reclamos para que la policía use cámaras corporales, que registren su accionar, (NdelaT) y también pedidos para que se entrene mejor a los oficiales. El argumento de estas reformas es que proporcionarían una mayor transparencia y responsabilidad para los oficiales.
El problema es que medidas como estas ya se han instituido en muchos estados de EEUU pero han hecho poco o nada para frenar la brutalidad policial. Por ejemplo, Eric Garner fue asfixiado hasta la muerte en 2014, usando un estrangulador ilegal de la policía de Nueva York, a plena luz del día, delante de una multitud, mientras todo era grabado. Tamir Rice fue asesinado en un parque público que tenía cámaras. Philando Castile hizo que su asesinato fuera capturado por las cámaras del tablero de la policía y una grabación de su novia. Derek Chauvin miró y sonrió a la gente que lo grabó matando a George Floyd. El sistema de (in)justicia es tal que incluso los asesinatos grabados de personas negras no significan que los policías asesinos serán juzgados y encarcelados.
Además, la policía a menudo apaga sus cámaras corporales cuando comete actos de violencia atroces. Hace poco, el propietario de una barbacoa de Kentucky fue asesinado a tiros por un oficial que tenía la cámara corporal apagada.
El número de personas atacadas y asesinadas por la policía se ha mantenido casi constante desde 2015, incluso después de un mayor uso de las cámaras. No necesitamos más imágenes de personas negras siendo brutalmente asesinadas por la policía. Necesitamos que este aparato represivo racista desaparezca.

El problema de la policía comunitaria

Una de las ideas reformistas que a menudo proponen los medios de comunicación y los intelectuales burgueses es la policía comunitaria. La propuesta sería que los policías estén asignados a un vecindario particular, preferentemente donde ellos mismos viven, y sólo vigilen esa área, los oficiales tendrían, supuestamente, relaciones más arraigadas con la comunidad. Según este argumento, tal movimiento disminuiría los incidentes de crimen, brutalidad y represión.
Este ideal no reconoce la función de la policía como una institución encargada de hacer cumplir el estatus quo. El programa de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, o COPS, establecido por el proyecto de ley del crimen de 1994 invirtió miles de millones en la mejora de la práctica de la policía comunitaria con el fin de fomentar las relaciones entre la policía y la gente. El programa, sin embargo, fue una absoluta pesadilla para la clase trabajadora negra. No sólo no hizo casi nada para reducir el "crimen", sino que también contribuyó al encarcelamiento masivo, arrojando a incontables jóvenes negros a la cárcel y dejándolos en circunstancias de mayor privación de empleo y precariedad de vivienda.
El hecho es que, mientras no se haga nada para abordar las condiciones estructurales subyacentes a las que se enfrentan las comunidades de color -segregación de la vivienda, inseguridad económica, desempleo y escasez de recursos- la actuación policial sólo puede conducir a la criminalización y la brutalidad, independientemente de si se basa en la comunidad o no.
Además, la policía comunitaria no cambia el hecho de que los presupuestos de la policía agotan los fondos para los recursos de las comunidades. Durante el apogeo de la pandemia Covid-19, las ciudades se pelearon para conseguir suministros esenciales como respiradores. Cuando los fabricantes subieron sus precios, la ciudad de Nueva York todavía tenía $5.6 mil millones asignados a la policía y $8 mil millones para la construcción de nuevas cárceles. Los policías recibieron un presupuesto gigante para su equipo antidisturbios, gas lacrimógeno y armas de uso militar, que luego se utilizaron para reprimir a los manifestantes. Las enfermeras, mientras tanto, se vieron obligadas a reutilizar los barbijos y a usar bolsas de basura en lugar de equipos de protección personal adecuados.
La policía comunitaria no significa que dicha fuerza ya no sirva al sistema capitalista racista. Un policía que conoce una comunidad, las familias de esa comunidad, y la cultura de esa comunidad seguirá brutalizando a esa comunidad porque ese es su trabajo y su función.

¿Desfinanciar a la policía?

Otra propuesta que está circulando con fuerza es la idea de desfinanciar a la policía como una solución. Es cierto que los presupuestos de las fuerzas han aumentado en las últimas décadas, especialmente después de que se aprobara el proyecto de ley sobre la delincuencia de 1994, mientras que la asistencia sanitaria y la educación han sido desfinanciadas; sin embargo, los esfuerzos actuales para invertir esta tendencia sólo supondrían una diferencia minúscula. En Nueva York, el alcalde De Blasio ha prometido recortar el presupuesto del Departamento de Policía de Nueva York y reasignar esos fondos a servicios para jóvenes. En Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti ha dicho que recortará el presupuesto policial de 1.800 millones de dólares a 150 millones de dólares para reasignarlos a las comunidades marginadas. Estas promesas no son más que concesiones menores que no cambiarán nada sustancial. Lo que sí cambiará algo es el total desfinanciamiento de la policía a un presupuesto de cero y, en última instancia, su abolición permanente.
Cabe señalar que las organizaciones antipoliciales como el Partido de los Panteras Negras surgieron en la década de 1960, cuando los presupuestos de la policía eran mucho más reducidos. Estas organizaciones identificaron correctamente a la policía como una fuerza represiva dentro de las comunidades negras de clase trabajadora. Como dijo uno de los miembros fundadores del Partido Pantera Negra, Huey P. Newton: "La policía en nuestros barrios ocupa nuestra comunidad como una tropa extranjera ocupa un territorio y no está ahí para promover nuestro bienestar, están ahí para contenernos. Para brutalizarnos y asesinarnos porque tienen órdenes de hacerlo".
El aumento de los presupuestos represivos y su mayor militarización fueron una respuesta a las crecientes tensiones sociales. De hecho, las primeras unidades SWAT se desarrollaron en la época de los disturbios de Watts y el auge del Partido Pantera Negra.
Desfinanciar parcialmente a la policía no es una solución. Si usamos el impulso de las protestas de actuales simplemente para disminuir los presupuestos, ¿cómo podemos evitar que los gobiernos municipales, estatales y federales los aumenten mañana? Más importante aún, ¿qué hará el desfinanciamiento parcial para terminar con la violencia sistémica contra los negros y la clase trabajadora?
Nuestra meta no debería ser disminuir el número de negros asesinados y maltratados por la policía. Nuestra meta no es un poco menos de opresión. Nuestra meta debe ser proteger las vidas de los negros y erradicar todas las fuerzas que los amenazan. Aspirar a menos que eso como objetivo final sólo nos depara un futuro de más pena y rabia por la próxima persona negra que será asesinada por violencia estatal.

Abolir la policía, acabar con el capitalismo

Las fuerzas de seguridad no pueden ser reformadas para estar del lado de la clase obrera y oprimida. Por lo tanto, la única solución viable contra el terror policial es su abolición completa. Pero, para que haya una abolición, también debe haber una abolición de las cárceles, del ejército y el estado burgués y del capitalismo en su conjunto, porque son fuerzas absolutamente entrelazadas.
Ya que la policía existe para proteger la propiedad privada y reprimir a la clase obrera, es necesario que haya una fuerza revolucionaria compuesta por la clase obrera que se oponga al capitalismo y sus violentos perros guardianes. En la lucha actual, aunque espontánea y dispersa, hay una revuelta masiva mundial contra la policía que está arrancándole grandes concesiones al estado. Con esta solidaridad sin precedentes, hay un potencial para organizar toda esa fuerza en una que se oponga directamente a la policía, a otros agentes estatales y al propio capitalismo.
Es necesario que haya un partido político independiente de la clase trabajadora que luche por otro sistema social, el socialismo. Sólo un partido así puede organizar una lucha consecuente para abolir la policia, impulsando la autorganizacion y la autodefensa democrática de la clase obrera y las comunidades negras y latinas. Para pelear por una sociedad en la que los recursos se distribuyan por necesidad y no por beneficio, dónde la seguridad este en mano de los propios trabajadores y el pueblo y en la que las prisiones, la policía y los militares puedan ser eliminados de forma permanente.
La represión es un componente integral para mantener un sistema de explotación. Por lo tanto, la policía siempre existirá dentro de un sistema capitalista. Si vamos a destruir las fuerzas de represión que matan niños, encierran a la gente en celdas, propagan la miseria y sofocan los esfuerzos para mejorar las condiciones materiales de la sociedad en su conjunto, nuestra lucha debe dirigirse hacia el sistema que se basa en esa represión y la mantiene.

Carmin Maffea
Sábado 13 de junio | 00:05

Las máscaras N95 y el capitalismo

Hace unos meses atrás, la revista Rolling Stone denuncia la negligencia de Trump. Dice que “A medida que se avecinaba la pandemia, el depósito nacional de máscaras N95, esencial para evitar que los trabajadores de la salud se contagiaran COVID-19, estaba casi vacío, con menos del 1% de 3.500 millones de máscaras que los modelos gubernamentales habían indicado durante mucho tiempo que serían necesarias en una pandemia” (RS, 11/6).
Un hospital puede usar 6.000 máscaras N95 por año, con una demanda nacional que alcanza aproximadamente 25 millones. Las máscaras N95 utilizadas en medicina generalmente están hechas de fibra plástica, cuestan alrededor de un dólar. La probabilidad de una escasez de máscaras N95 se informó muchas veces según del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales (National Academies’ Institute of Medicine).
El 3 de marzo en el Senado, el republicano Mitt Romney le preguntó al director del ASPR (HHS, Salud y Servicios Humanos) Kadlec: “¿Qué porcentaje de lo que necesitaríamos para nuestros profesionales médicos está en la Reserva Estratégica Nacional?”. Kadlec dijo contar con 35 millones de máscaras N95, que es “el 10 por ciento de lo que necesitamos (...) si fuera un evento grave”. Si embargo, 35 millones es solo el uno por ciento de los 3.500 millones necesarios. “El Dr. Kadlec simplemente mintió” dice un portavoz del HHS a Rolling Stone. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también reveló que las reservas de N95 era apenas un tercio de lo que Kadlec anunciaba, sólo 7 millones.
La producción no se puede aumentar inmediatamente porque existen cuellos de botella, declaró en mayo Mike Bowen, CEO de la compañía de máscaras quirúrgicas más grande de Estados Unidos, Prestige Ameritech (ídem). La producción se trasladó a fábricas Chinas que concentran el 95% de la producción. Bowen dijo que estos “centavos” ahorrados “Nos ha costado la vida”. Bowen advirtió que si China cortaba el suministro en una pandemia estamos acabados. Y testificó el 9 de enero y del 27 de febrero a la HHS. Rolling Stone denuncia que “El HHS llevó a cabo un juego de guerra pandémica de un mes de duración llamado ‘Crimson Contagion’”, el año pasado, en donde reconoció los déficits asistenciales. Desde enero le advirtieron a Trump sobre la falta de preparación para la pandemia, momento en que decía que se trataba de una simple “gripe” que desaparecería.
Trump finalmente invocó su autoridad bajo la Ley de Producción de Defensa a mediados de abril para exigir la producción de máscaras N95. Pero por sólo 39 millones de máscaras. A mediados de mayo, la Fuerza de Tarea de Coronavirus entregó solo 46,4 millones de máscaras N95, poco más del 10% de lo que el país necesita.

Un ataque premeditado

“Los médicos, enfermeras, técnicos de emergencias médicas, asistentes de hogares de ancianos y otros trabajadores de primera línea han tenido que reutilizar máscaras N95 diseñadas para un solo uso, a veces durante semanas. Otros se han visto obligados a conformarse con máscaras quirúrgicas menos efectivas. Cientos están muertos”. Una encuesta realizada en mayo por el sindicato Sindicato Nacional de Enfermeras (NNU) encontró que el 87% reutilizaron máscaras de un solo uso, y que el 28% tuvo que usar respiradores descontaminados (ídem).
Otro estudio sugiere que los trabajadores de la salud son hasta el 11% de los casos de EEUU (cdc.gov, 14/4). Más de 26.000 personas murieron en geriátricos por falta de máscaras. El sistema hospitalario fue duramente atacado por la pandemia, y algunos pacientes salieron de los hospitales con millonarias deudas. The Lancet descubrió que los trabajadores de la salud representaban el 5% de los pacientes con COVID en estado crítico en hospitales de la ciudad de Nueva York (19/5). El NNU ha documentado 100 muertes de enfermeras.
El “soplón” (whistleblower) federal Rick Bright (director de un departamento de Salud y Servicios Humanos) declaró que sabían la escasez de N95, y que hubo una “negativa desmesurada” para solucionarlo. Fue destituido por Trump en abril, “Lo que faltaba era la acción”, dijo (ídem).

Emiliano Monge
15/06/2020

Demoliendo estatuas

Las protestas en Estados Unidos y el Reino Unido derriban símbolos del colonialismo y el esclavismo

En el marco de la rebelión norteamericana, desatada por el crimen de George Floyd, las manifestaciones en Estados Unidos, Reino Unido y otros países del mundo han procedido también al derribo de distintos monumentos dedicados a personalidades racistas y esclavistas.
En el caso de Estados Unidos, el ataque se ha dirigido principalmente contra símbolos confederados, que celebran a figuras de la confederación esclavista que se escindió en 1860 de la unión americana, lo que derivaría en la guerra de secesión (1861-1865). Una marcha en Richmond, la capital del estado de Virginia, tiró abajo el domingo pasado una estatua de Williams Carter Wickham, un general confederado. También fue derribada en esa ciudad una estatua de Jefferson Davis, que fue presidente de la confederación. En Portsmouth, Virginia, los manifestantes destruyeron a mazazos un monumento dedicado a los soldados confederados. La furia ha alcanzado incluso a estatuas de Cristóbal Colón. En Saint-Paul, Minessota, militantes del Movimiento Indígena Estadounidense arrancaron una estatua del marinero genovés ubicada cerca del capitolio estatal (Democracy Now, 11/6). En Boston, la estatua del conquistador fue decapitada.
Las autoridades van detrás de los acontecimientos. En un intento por reacomodarse frente a las manifestaciones, ordenaron el derribo de algunos de los monumentos atacados, como el del general confederado Robert Lee, en la capital de Virginia. En el mismo sentido, la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, encabeza una petición para retirar una decena de símbolos esclavistas de la Galería Nacional de Estatuas del capitolio, en Washington DC. Es una maniobra distractiva, teniendo en cuenta que gobernadores y alcaldes de su partido impulsaron los toques de queda contra las protestas por el crimen de Floyd.
Los monumentos muestran las profundas raíces del racismo en Estados Unidos. Según el Southern Poverty Law Center, aún hay más de 1500 símbolos confederados (estatuas, monumentos, cementerios, etc.) en el país (BBC, 11/6).
En el Reino Unido, las manifestaciones han puesto en la mira a monumentos de comerciantes de esclavos y otros símbolos del colonialismo. Como en Bristol, donde la estatua de Edward Colston (que hizo una fortuna con el tráfico de esclavos) fue arrancada y arrojada al mar. En Londres, las manifestaciones lograron que se derribe el monumento a Robert Milligan, quien llegó a tener 500 esclavos en sus plantaciones azucareras de las Antillas. Una importante protesta reclamó en Oxford que se retire la estatua de Cecil Rhodes, dueño de una poderosísima compañía minera y figura clave en la colonización del sur africano, durante el siglo XIX. El sitio “Topple the racists” ha elaborado un mapa que registra 60 monumentos a esclavistas. Además, estatuas de la reina Victoria han sido grafiteadas con la sigla “BLM” (acrónimo de “Black Lives Matter”) y un monumento al ex primer ministro Winston Churchill fue pintado con la leyenda “era un racista”. En Amberes, Bélgica, los manifestantes tiraron abajo una estatua del rey Leopoldo II, responsable de la colonización del Congo que dejó 10 millones de muertos.
El primer ministro Boris Johnson criticó a los manifestantes de su país como “extremistas que intentan la violencia”. Amparados en este discurso, grupos derechistas preparan contra-manifestaciones para este fin de semana. El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha llamado a los manifestantes a “quedarse en casa” para evitar una confrontación. O sea, regalarle las calles a la derecha.
Como parte de un intento por contener el movimiento, los alcaldes del laborismo han planteado una revisión de todos los monumentos para retirar aquellos que tengan connotaciones racistas y colonialistas. Pero al mismo tiempo, algunos de ellos protegen las estatuas, como Khan, que les ha puesto custodia policial o las ha tapiado. Le temen, sobre todo, a la irrupción independiente de la juventud y los trabajadores en las calles.
Khan ha admitido que “es una verdad incómoda que nuestro país y ciudad deben gran parte de su riqueza a su papel en el comercio de esclavos”. Vale recordar aquí la vieja reflexión de Marx, quien señalaba, en polémica con la economía política clásica, que “los métodos de la acumulación originaria [del capital] son cualquier cosa menos idílicos” (El Capital, capítulo XXIV). El capital viene al mundo “chorreando sangre y lodo por todos sus poros”.
Las manifestaciones que derriban las estatuas ponen un ojo en el pasado y un ojo en el presente. El cuestionamiento de un pasado colonialista y esclavista está unido al cuestionamiento del racismo y la opresión social de hoy. Para terminar con toda forma de explotación y opresión, es necesario que gobiernen los trabajadores.

Gustavo Montenegro

Los primeros cien días de la Coalición multicolor en el gobierno

Talvi anunció su salida del gobierno y se evidenciaron algunas debilidades. Se conocieron los datos de la inflación de mayo y sigue subiendo, atentando contra el bolsillo de trabajadores y trabajadoras. La pandemia como excusa. La LUC y la “oposición responsable”. Paro general parcial ¿Hacia el diálogo social?

La salida de Talvi y los límites de la coalición

El pensador florentino Nicolás Maquiavelo en sus consejos al príncipe acuñó la famosa frase “el mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco”, que parece guiar hoy las acciones del gobierno. A diferencia del ex presidente argentino Mauricio Macri, que cuando en 2015 asumió el gobierno se encontró ante la disyuntiva “gradualismo o shock” en lo referente a las reformas que ansiaba el empresariado nacional y extranjero (y optó por el gradualismo), en Uruguay Lacalle Pou consciente de las restricciones en lo que respecta a la relación de fuerzas, se apresta a avanzar “todo lo que se pueda” en su programa de gobierno. Relación de fuerzas en un sentido amplio del término. No solamente desde el punto de vista de la relación entre las clases y la posible conflictividad social que se deriva de ella, sino también las restricciones y límites que impone la misma lógica de la coalición política y social que gobierna y su posible fecha de vencimiento. Un ejemplo de esto es la cantidad de artículos que fueron cambiados al proyecto original de LUC que ingresó al parlamento el 23 de abril, y que expresaba el programa de gobierno del Partido Nacional. El gobierno comunicó esto como un triunfo del trabajo parlamentario haciendo hincapié en la forma democrática en la que todos los partidos aportaron a la LUC, incluido el Frente Amplio. Aun así, el gobierno avanza en los aspectos importantes y reaccionarios de su agenda, que tiene en los primeros 120 artículos el núcleo de la política represiva.
Los chisporroteos y las idas y vueltas alrededor de la anunciada salida de Ernesto Talvi de Cancillería muestran esos límites políticos que la realidad le impone a Lacalle Pou, que representa a un partido que obtuvo el 28% de los votos en octubre pasado. Quizás Venezuela sea una excusa, o quizás exprese la política negociadora del candidato demócrata Joe Biden y el ala obamista, que ve que la política de Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha sido contraproducente para los intereses norteamericanos en la región y en contrapartida observan el avance de China y sus negocios.
Talvi decide salirse de un ejecutivo demasiado unipersonal y recostado en la “mesa chica” a la hora de la toma de decisiones (Álvaro Delgado, Nicolás Martínez e Isaac Alfie), para retomar la iniciativa política desde el parlamento, que le permita ponerse al nivel de líder de la coalición y, por sobre todas las cosas disputar la conducción del Partido Colorado que hoy la ostenta Sanguinetti. La salida de Talvi del ejecutivo implica un menor compromiso para con el gobierno, y, a su vez, “manos libres” para actuar en el parlamento.
Existe una contradicción entre la concepción centralista presidencialista del poder en Lacalle (que habilita la Constitución de 1967) y las condiciones para su sostenimiento, marcadas en la fragmentación política del sistema de partidos, que hace a la coalición más inestable y sensible a los vaivenes de la economía, la opinión pública y del propio juego político de sus socios.

LUC, salarios y presupuesto: Las tres patas del combo ajustador

La semana pasada se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al mes de mayo que arrojó una inflación anual en el entorno del 11,05%. Esta situación de alza generalizada de precios sigue golpeando el bolsillo de miles de trabajadores y trabajadoras. Como bien fue marcado desde el estrado en el acto del PIT-CNT las causas de esta escalada de los precios deben observarse en el impacto de los aumentos de las tarifas públicas, la mini-devaluación de los primeros días de marzo, y en la especulación de precios de las grandes cadenas de supermercados. Esta situación se combina con la reducción de los ingresos de importantes franjas de la clase trabajadora formal e informal.
Estos datos deben complementarse con la intención manifiesta del gobierno de avanzar hacia una caída del salario real. Las pautas presentadas por el Ministro de Trabajo Pablo Mieres contemplan un aumento 0 para lo que queda de este año y un ajuste salarial nominal de 3% a partir de enero de 2021. Una situación que dada la inflación actual y la proyectada para el resto del año, tendrá como consecuencia una pérdida notoria del salario real.
El gobierno multicolor encontró en la pandemia no solo un baúl de posibilidades y capital político (en el caso de un buen manejo sanitario), sino, por sobre todas las cosas, y a falta de un estallido del modelo económico anterior, una “justificación de la desgracia” para avanzar en sus medidas regresivas.
Confiado, el gobierno toma impulso a caballo de las encuestas de opinión pública. La LUC votada en el senado combina empoderamiento policial, con endurecimiento de leyes, así como una visión mercantilizadora de la educación pública, y también restrictiva en lo que respecta a la manifestación pública, los piquetes y el derecho de huelga.

“Oposición responsable”

El Frente Amplio, que ha actuado como “oposición responsable” ha optado por hacer una resistencia parcial de “reducción de daños”, discutiendo el momento en que fue presentado el paquete de leyes y en su contenido, denunciando alguno de sus aspectos más regresivos. La consecuencia de esta política es que el FA votó en particular alrededor de la mitad del articulado final de la LUC.
Esta colaboración del Frente Amplio llegó esta semana al punto culmine de votar las venias para la integración de entes autónomos entre los que se encontraban Julio Luis Sanguinetti “Cangrejo Rojo”, y Gastón Bianchi, el vicepresidente designado de la ANP por Cabildo Abierto, ahora bajado del cargo. Los conocedores del manejo del estado, de los acuerdos parlamentarios y de los entretelones interpartidarios seguramente argumentarán al igual que la dirección del FA que la votación de las venias partió de un acuerdo necesario que contemplaba la integración de la oposición. Pero lejos de esto, lo que devela es la subordinación de la acción política a la ocupación de cuotas políticas en el estado, algo que se riñe con la ética de muchos frenteamplistas de las bases, y que, por otra parte, permite mantener las finanzas del propio Frente Amplio.
La tercera pata del esquema de ajuste del gobierno viene con la discusión presupuestal, que ya Isaac Alfie advirtió que será intención del gobierno ir hacia un presupuesto restrictivo del gasto público. En las últimas horas, Azucena Arbeleche matizó la definición planteando que no será un presupuesto para bajar el gasto público, pero que sigue vigente la directiva de ahorrar. No hay lógica, o se ahorra o se gasta.

El paro general parcial del 4J: ¿Hacia el diálogo social?

Mientras se discutía la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento, miles trabajadores y trabajadoras de distintos gremios se movilizaron en el marco del paro general parcial del PIT-CNT y la Intersocial, a pesar de la crisis sanitaria, poniendo sobre la mesa reclamos genuinos y demostrando una voluntad y predisposición a la lucha importante. Estuvieron presentes los reclamos en defensa de la educación pública, del “4 y 2” para la salud, así como el reclamo por una renta básica o salario de emergencia para los más de 270 mil trabajadores informales que desde el comienzo de la pandemia vieron destruidos sus ingresos. Otro de los puntos presentes fue el reclamo de una canasta básica energética impulsada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.
El discurso de Marcelo Abdala tuvo como eje la defensa de una política desarrollista y de búsqueda de un nuevo pacto social. Abdala hizo una defensa de la pequeña y mediana empresa nacional e insistió reiteradas veces en que la convocatoria no tendría que ver con un espíritu de “poner palos en la rueda”, sino con encontrar caminos de diálogo. Por esto, la movilización no parece ser el puntapié de un plan de lucha que esté a la altura del inicio de hostilidades desatado por el gobierno, sino más bien la política de movilización social de baja intensidad y de discurso conciliador parece ser el complemento “por abajo” a la política de “reducción de daños” de los parlamentarios del Frente Amplio.
Esta política de la dirección mayoritaria del PIT-CNT a la vez que realiza una demostración de fuerzas importante, busca ubicarse como interlocutor frente al gobierno de toda la oposición social y política de cara a lo que se viene, rol que el FA no está pudiendo cumplir dado que no está resuelto quien será el nuevo líder de la nueva etapa histórica. Lacalle Pou ni bien llegó de Rivera ubicó a Tabaré Vázquez en esa posición de líder opositor, anulando al resto de los dirigentes y menoscabando la autoridad de política de dirigentes que ya están cuestionados como Javier Mirando, o de otros que no son capaces de tener el consenso dentro del FA.
La dirección mayoritaria del PIT-CNT (la corriente Gerardo Cuesta) nuevamente se postula como garante de la “paz social”, tarea que debe llevarla a cabo en medio de una situación económica que golpea a miles de trabajadores y trabajadoras en seguro de paro y despedidos. Cumple un rol de mediación entre la clase trabajadora y sus legítimas aspiraciones a no perder lo conquistado, y el gobierno junto a las patronales que buscan ir más a fondo en introducir reformas laborales y represivas que creen un “clima de negocios”.

Fortalezas tácticas, debilidades estratégicas

En el mundo y en nuestro país estamos presenciando los efectos de la pandemia sobre la economía y los intentos de los capitalistas por redoblar la explotación del trabajo. Por sobre todas las cosas, vemos una caída histórica de los ingresos de los trabajadores. Los planes de Donald Trump junto a la Reserva Federal estadounidense de inyectar el 10% de su PBI en dinero, aumenta aún más las contradicciones de un capitalismo que nada bueno puede ofrecer a los más de 20 millones de nuevos desempleados de ese país. A su vez, el magnate neoyorquino enfrenta un movimiento histórico de rebeliones en distintas ciudades que vuelve a poner sobre la mesa el carácter racista del estado norteamericano y sella una fuerte alianza entre la juventud de la comunidad afro, junto a los jóvenes blancos y los latinos, alianza que expresa la candidatura del candidato socialdemócrata, Bernie Sanders.
En nuestro continente se sumarán en el correr del año 12 millones de nuevos desempleados según CEPAL.
En nuestro país, coyunturalmente transitamos 100 días de una luna de miel con el gobierno de Lacalle Pou y la coalición multicolor, que, hace apenas dos meses no podíamos imaginar posible dada la situación de crisis sanitaria, la incertidumbre alrededor de la posible saturación del sistema de salud y su también posible efecto en muertes. Sin embargo, el gobierno tiene debilidades a mediano plazo, no solamente dadas por la propia coalición, sino porque es imposible que pueda recrear un futuro de mejoras económicas y sociales. Los planes del gobierno en materia salarial y presupuestaria no hacen posible un “pacto social” entre trabajadores y empresarios en el que “todos ganen”.
Think tanks relacionados con el gobierno auguran un nuevo ciclo o “veranito” de inversiones en el corto y mediano plazo hacia países como Uruguay, dada la abundancia de dólares y su tasa de interés en 0%. Es por esto que el gobierno intenta hacer los deberes en cuanto al mejoramiento de las cuentas públicas y la baja del gasto estatal, dando señales a las calificadoras de riesgo de la deuda y el FMI. Pero puede suceder que aún el gobierno liberal haciendo esas tareas no consiga la “lluvia de inversiones” de los capitales extranjeros.
El gobierno multicolor expresa un marco de alianzas sociales variopinto que va desde las capas medias descontentas por la dinámica económica de los últimos cinco años y demandas relacionadas con la inseguridad, hasta los reclamos de rentabilidad por parte del sector agropecuario, así como también a sectores “antiderechos” y militaristas nostálgicos de la dictadura.
Quizás sea tiempo de comenzar un debate en toda la izquierda acerca de qué marco de alianzas, método y programa se necesita para enfrentar a este gobierno.

Damián Recoba
Domingo 14 de junio | 12:23

Acto por la libertad de Sebastián Romero en Montevideo, Uruguay

En el marco del Paro Parcial del PIT-CNT del pasado 4.jun.20, se desarrolló un acto por la libertad inmediata del militante argentino Sebastián Romero, que está perseguido por la justicia argentina por enfrentar la reforma de la jubilación bajo el gobierno de Mauricio Macri, y actualmente se encuentra en Uruguay, detenido en el Penal de Libertad, a la espera de su extradición.

La institucionalización del racismo en el sur brasileño

El crimen de George Floyd en Estados Unidos, además de desatar una rebelión popular en ese país, ha dado lugar también a movilizaciones antirracistas en todo el mundo.

En el caso de Brasil, el reclamo de justicia por Floyd estuvo presente en las manifestaciones antifascistas y antirracistas que repudiaron al gobierno de Bolsonaro.
En Brasil, la población negra es la que más padece la represión estatal y la pobreza. Casi ocho de cada diez víctimas a manos de la policía son negros, pese a ser apenas la mitad de la población (BBC Mundo, 9/6).
En cuanto a los indicadores laborales, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) difundió un informe en noviembre de 2019 que muestra que la informalidad laboral afecta a casi el 50% de la población negra que trabaja, contra un 34,6% en el caso de los blancos. A su vez, la población negra constituye el 64% de los desempleados, pese a ser el 55% de la población activa. Y es la más dependiente del Sistema Unico de Salud estatal. Los niveles de pobreza en la población negra, en tanto, se duplican (Agencia Brasil, 13/11/19).
El racismo en Brasil tiene raíces profundas. Para poder entender la realidad del sur del país en cuanto al racismo, tenemos que sumergirnos en su pasado y saber que fue uno de los principales lugares en los que desembarcaron inmigrantes portugueses con sus esclavos. En el imaginario colectivo, el Estado del sur fue constituido por inmigrantes alemanes, italianos y portugueses, soslayando el peso decisivo de la población negra. La historia que se aprende en los colegios de que el desarrollo del sur fue conseguido por los inmigrantes, omitiendo el rol de la población esclava, es sepultar las raíces de la región y esconder una historia de opresión.
En Brasil, el racismo se encuentra completamente institucionalizado.

Matías Grandia
Desde Rio Grande do Sul

Los vuelos del odio y de la muerte

Mapa de los vuelos de deportación de migrantes desde EE.UU. hacia América Latina durante las últimas 8 semanas.

Genocidio Made in USA

La crisis generada por el Covid-19 ha sacado a relucir lo peor de lo peor del imperialismo estadounidense. Los crímenes que siempre lo han caracterizado, en estos momentos se despliegan al unísono y una tras otro, como si estuviéramos asistiendo a una película de terror, en la que cada escena es más escabrosa que la anterior.
Además, y para desconsuelo de los admiradores del “sueño (¡!) americano” la crisis de ese imperialismo de Estados Unidos lo carcome internamente, como se evidencia con los cien mil muertos que ha generado el coronavirus en un lapso de tres meses. Una cifra que es mayor que la suma de los muertos de Estados Unidos en las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1954-1975), donde perecieron unos 93 mil soldados.
La actual coyuntura se ha convertido en una cuarentena política, porque el aislamiento forzoso no se utiliza para proteger a la población sino para consolidar un sistema autoritario, antidemocrático y represivo que ni las peores dictaduras hubieran soñado, puesto que ha confinado a las gentes en la casa (las que la tienen) para impedirle cualquier acción de protesta y movilización social o política y, de esa forma, tener las manos libres para proceder sin obstáculos como el peor atracador nocturno. En Estados Unidos y en muchos países del mundo (como Colombia) se está aplicando una variante de la doctrina nazi de Noche y Niebla, establecida por Hitler en 1941 para perseguir y desaparecer “enemigos”. Esa doctrina está siendo reeditada ahora bajo las condiciones de excepción que imperan en el capitalismo realmente existente, para matar, torturar, bombardear, desaparecer a los que han sido declarados como “enemigos” y “terroristas”.
Y en Estados Unidos al migrante pobre se le ha convertido en un enemigo especial, al cual se le aplica esa doctrina renovada de estirpe nazi, Noche y Niebla, porque así los ven Trump y compañía, como un criminal a perseguir y expulsar. Junto con la expansión del Covid-19 por todo el territorio de los Estados Unidos se acentúa la persecución contra los migrantes, 40 mil de los cuales son prisioneros en campos de concentración, donde soportan en carne propia la “pesadilla americana”, a lo que se adiciona el peligro de contagio, ante el hacinamiento y las pésimas condiciones sanitarias.
Al mismo tiempo, se ha acelerado la expulsión del territorio de los Estados Unidos de miles de migrantes, entre los cuales se encuentran los niños, muchos de los cuales tienen padres o familiares en los Estados Unidos. Para completar el coctel xenófobo, desde el 21 de marzo se aprobó la expulsión de migrantes indocumentados de manera inmediata, sin tramitar ningún proceso de asilo, como una medida extraordinaria supuestamente para enfrentar el coronavirus. En esa misma tónica, el 21 de abril Donald Trump suspendió la inmigración en forma temporal, lo que justificó de esta forma: “A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los puestos de trabajo de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a EE.UU”.
Como parte de ese odio a los inmigrantes, se ha generado otro tipo de comportamiento criminal, cuyos antecedentes se remiten a las “guerras sanitarias” y “guerras indias” contra países pobres, a los que consciente y deliberadamente se infecta con virus y enfermedades, con el objetivo de matar indígenas y “pobres indeseables” en diversos lugares del continente, incluyendo al territorio de los propios Estados Unidos en el siglo XIX. El mecanismo con el cual se inocula a los pueblos latinoamericanos con Covid-19 es perverso y un crimen de lesa humanidad: expulsar a migrantes que son portadores del coronavirus, meterlos en un avión, junto con otros contagiados, y enviarlos al país de origen, en cualquier lugar de América Latina y el Caribe. Es como si se estuviera esparciendo el virus desde un avión, un método detestable empleado en las guerras biológicas, en la que Estados Unidos también tiene un gran prontuario.
Sin ningún tipo de consideración humanitaria por la salud de esos inmigrantes, portadores del Covid-19, y sin suministrarle atención médica elemental los expulsan de los Estados Unidos.
Esto es lo que pueden denominarse los vuelos del odio y de la muerte, por medio de los cuales se lleva el Covid-19 a todos los países de la región, en una forma programada, como si Estados Unidos quisiera vengarse por el hecho de ser hoy el país con más muertos de coronavirus. Esto es la exportación de la democracia Made in Usa, porque en Estados Unidos no se discrimina y se difunde muerte y dolor a granel por el mundo entero, en este caso por Latinoamérica.
Es un deseo de exportar el mal al resto del continente, como se observa en el mapa de los vuelos de expulsión de inmigrantes de los que se tiene noticia, entre comienzos de marzo hasta el 20 de mayo. Un total de 72 vuelos con migrantes se han dirigido a 12 países de la región, entre ellos Colombia. Y, en la casi totalidad de esos vuelos, se transportan portadores de Covid-19 que llegan a sus países y donde, de manera involuntaria, difunden la epidemia. Este es un ataque artero y criminal contra los países de la región y sus habitantes, cuyo impacto es letal, si se tienen en cuenta sus pésimos sistemas de salud e higiene, ocasionadas en gran medida por el Consenso de Washington y sus políticas neoliberales y privatizadoras.
El mapa muestra la magnitud del contagio que se difunde desde los Estados Unidos, el que lleva a concluir que el actual gobierno de ese país es hoy el principal problema para la salud pública de nuestro continente. Entre los países criminalmente infectados se encuentran Guatemala, al que se han dirigido 12 de los vuelos del contagio, y Haití, otro empobrecido país del Caribe, donde se han deportado a personas con Covid-19.
A Colombia también han llegado esos vuelos de los muertos. Eso hay que subrayarlo porque se supondría que por ser una base militar de los Estados Unidos y el régimen de Iván Duque su lacayo incondicional, estaríamos al margen de ese contagio premeditado. Pero, no ha sido así, y se tiene registrado un vuelo del 30 de marzo que llegó al aeropuerto El Dorado, procedente de los Estados Unidos, con deportados de ese país y 23 de esos pasajeros eran portadores del Covid-19, que puede ser denominado el “virus estadounidense”. Esto demuestra la certeza de aquella sentencia del criminal de guerra Henry Kissinger, de que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses, y en este caso sus intereses son los de difundir el dolor y el sufrimiento por el continente. Por ello, resultan cínicamente cómicas las palabras pronunciadas el 22 de abril por Mike Pompeo, actual Secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando dijo: “Los compromisos de Estados Unidos en materia de salud mundial siguen siendo tan firmes como siempre”. Claro, firmes con la muerte y el odio que forman parte del ADN del imperialismo estadounidense y cuya política criminal está matando a miles de personas, contagiadas por el Covid-19 que el gobierno de Donald Trump ha esparcido en forma deliberada a lo largo y ancho del continente.
El mapa de los vuelos que difunden el Covid-19 por América Latina: https://cepr.net/ice-confirms-more-than-100-deportation-flights-to-13-countries-in-an-eight-week-period/

Renán Vega Cantor | 13/06/2020
Publicado en el Número 53 (edición virtual de El Colectivo, Medellín), junio de 2020.

El Covid-19 y la alarmante situación en África

El continente africano llegó el 7 de junio a 202.782 infectados por el Covid 19 (Sudáfica, 52.991 casos, especialmente en la provincia de Cabo Occidental; Egipto,52.991; Nigeria, 13.460). Esto parece no ser preocupante en razón de que constituye el 5% de los infectados mundialmente. No obstante, si no se toman las medidas adecuadas, las muertes pueden llegar a 83.000 o 190.000, según la opinión de la Organización Mundial de la Salud. De esto se trata precisamente. Y, en efecto, esas medidas están muy lejos de ser tomadas. En África subsahariana el 40% de la población (300 millones de personas) no tienen agua. Allí mismo, por este motivo, las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte después de las respiratorias y el Sida. Los sistemas de salud africanos funcionan al 49% de sus posibilidades. La cantidad de trabajadores de la salud en África ocupa solo el 3% de la totalidad existente en el mundo.
La situación africana, como ya lo mencionáramos en otros artículos, es el fruto del despiadado saqueo histórico y actual por parte de las potencias coloniales e imperialistas, a partir de la trata de esclavos y el secuestro de millones de sus habitantes con esa finalidad , y hoy con las guerras locales por el botín de los recursos naturales africanos (minerales, petróleo y gas). Esto tiene sus consecuencias en términos de vivienda, desocupación, miseria salarial y va de suyo: salud.
Aunque el coronavirus no aparezca hoy como la principal causa de mortalidad en África, hay otras que han tenido un rebrote. En el Congo reapareció el ébola y con él la fiebre hemorrágica con una mortalidad del 90%. Los profesionales de la provincia de Cabo Occidental, en Sudáfrica, temen un aumento de otras patologías graves, en una provincia que representa las tres cuartas partes de la totalidad de los casos de Covid 19. El pico se aguarda para fines de junio o principios de julio. El presidente Cyril Ramaphosa ha declarado que lo peor está por venir.
Jeanette Parker, jefa del servicio de oncología del hospital de la Universidad de El Cabo, dice que no se atienden a los pacientes oncológicos, en virtud de la prioridad que tiene el Covid 19, y que no se hacen biopsias. Agrega que si se los hubiera atendido oportunamente se hubieran podido salvar muchas vidas. Y finaliza: “siempre hemos tenido que escoger quién debía ser tratado porque no se tiene capacidad”. Todo un retrato del hundimiento de la sociedad capitalista, que desnuda que una de las cuestiones fundamentales que es la vida es completamente abandonado por la ganancia de las grandes empresas petroleras y mineras que arrasan la economía y las condiciones de existencia de las grandes masas del continente. Bruce Biccard del Hospital Groote Shuur y Lydia Cavincross de la UCT (Universidad de Ciudad del Cabo) declararon al sitio Daily Maverick que hay 150.000 operaciones aplazadas. Y añadieron: “si logramos aumentar el 10% de nuestra capacidad quirúrgica, pasada la pandemia, tomaría 90 semanas (casi dos años) ponerse al día”. Una verdadera catástrofe.

El mundo está pagando con millones de infectados y centenares de miles de muertos la barbarie capitalista.

La población africana, sus desposeídos, sus trabajadores, sus campesinos pobres están acorralados por siglos de explotación, opresión y saqueos. La deuda externa de los países africanos es una más de las crudas expresiones de ese saqueo (365.000 millones de dólares).
La lucha contra el Covid 19 implica en primer lugar terminar con las clínicas privadas del continente expropiándolas y colocándolas bajo un sistema único de salud estatal bajo gestión de los trabajadores de la salud; no pagar la deuda externa para dedicar ese dinero a la lucha contra el virus; nacionalizar la banca y el comercio exterior; un plan de desarrollo hidráulico, redes de agua potable y un plan de viviendas para las grandes masas desposeídas; la expropiación de los grandes pulpos petroleros y mineros sin compensación; expropiar a los grandes propietarios de la tierra, que han expulsado a los campesinos de sus tierras (por ejemplo en Sudán). Y desde luego, colocar los salarios al nivel de la canasta familiar y prohibir los despidos, en un continente donde la desocupación y el cuentapropismo son moneda corriente. Asimismo, un seguro universal a los desocupados igual al costo de la canasta familiar.
La lucha por derrotar al Covid debe formar parte de la lucha por expulsar al imperialismo y emancipar al continente. Las luchas recientes en el norte de África son un antecedente alentador. Han sido la expresión profunda de una tendencia mundial, que no tardará en volver a ponerse en marcha. La perspectiva es llevarlas a la victoria sobre la base de un gobierno de trabajadores en el continente y la unidad obrera socialista de ese continente. La herramienta necesaria para ese objetivo es la construcción de un partido de la clase obrera en todo el territorio africano y a escala mundial.

Roberto Gellert

Bolivia: ¿habrá elecciones el 6 de septiembre?

Terminar con el golpismo acorralado.

Finalmente, las elecciones bolivianas fueron convocadas para el domingo 6 de septiembre, a través de un acuerdo impulsado por el MAS de Evo Morales con los otros partidos y el Tribunal Electoral.
Las dos cámaras del Congreso ya lo ratificaron y el proyecto de convocatoria fue enviado al Poder Ejecutivo. La presidenta golpista Jeanine Añez lo está ‘aceptando’ a regañadientes. En una carta pública que distribuyó el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, se afirma que Añez y el gobierno “no obstaculizarán jamás la fecha de elecciones”. Pero… plantean a los dirigentes políticos y del Tribunal Electoral que “se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en salud que puedan generarse con la realización de las elecciones en el momento más grave de la pandemia” (ver facsímil). Pide -para promulgar la ley de convocatoria- ¡que el Parlamento le presente los estudios científicos de que la pandemia estará dominada para el 6 de septiembre! Deja abierta así la puerta para forzar -si logra cambiar la correlación de fuerzas- una nueva postergación continuista. Si Añez llegara a promulgar la ley de convocatoria, aún tendría que aprobarse un presupuesto extra por parte del Ministerio de Economía para hacer las elecciones con el mayor margen posible de bioseguridad. Pero la prensa ha hecho circular declaraciones de funcionarios planteando que “las elecciones no constituyen una función suprema y menos una responsabilidad financiera de prioridad”.
El golpismo derechista boliviano está acorralado, en retroceso. La crisis que afronta Trump a manos de la rebelión popular en los Estados Unidos repercute directamente sobre el gobierno golpista de Añez y sus planes fascistoides derechistas (como sobre los otros regímenes derechistas: Bolsonaro de Brasil, Piñera de Chile, etc.).
Hace 20 días en una nota que sacamos en Prensa Obrera caracterizábamos que Bolivia estaba yendo aceleradamente a una polarización política y social. La presidenta Añez rechazaba las elecciones, que el Tribunal Electoral y el Parlamento plantearon por segunda vez, para el 2 de agosto. Con la excusa de la pandemia, Añez levantó la convocatoria inicial para el 3 de mayo y planteaba postergarlas en forma indefinida, hasta que el problema sanitario estuviera resuelto.
Por su lado, los mandos militares, dirigidos por su comandante en jefe, general César Orellana, se apersonaron ante el parlamento, en ropa de combate, para hacer un planteo: el Congreso debía aprobar las listas de ascensos y promociones que le habían sido presentada por el alto mando y la presidenta. Si no lo hacían antes de una semana habría que “atenerse a las consecuencias”.
Pero la crisis capitalista mundial y la crisis política en Bolivia avanzan rápidamente. La situación sanitaria y social se ha descompuesto aceleradamente y la agitación social está creciendo. En la mayoría de las asambleas y acciones de lucha, junto a las reivindicaciones específicas, se planteaba que el gobierno golpista debía irse y se convocara de inmediato a elecciones.

Corrupción: la biblia y el calefón

La imagen del gobierno se ha venido abajo en forma acelerada. El recambio de ministros y funcionarios es permanente, acusados por su derechismo y corrupción. Hace un mes se denunció la compra de respiradores para enfrentar el coronavirus en terapias intensivas por 28 mil dólares la unidad, cuando costaban 8.000. El ministro de salud, patrón de tres sanatorios privados, no tuvo más remedio que renunciar.
Ahora ha saltado que en la compra de granadas de gas para reprimir manifestaciones, hicieron flor de negociado. En diciembre el gobierno golpista compró 100 mil unidades de granadas a un precio de 270 bolivianos la unidad, cuando el precio del ‘mercado’ es de 108 bolivianos por unidad. Intermedió la compra la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos. Están en la picota las cabezas de los ministros de Defensa y de Gobierno.
En el medio, tuvo que renunciar el ministro de Minería, Fernando Vázquez, quien frente al señalamiento que tuvo un rol en ese rubro dentro del gobierno de Evo Morales (lo que evidencia que las mineras están paradas con uno u otro gobierno) no tuvo mejor idea que mirarse al espejo, describir sus ojos verdes, su cabello crespo, decir que es blanco y que esas condiciones lo hacían incompatible “con el resto de personas del Movimiento al Socialismo”. El escándalo desatado por el racismo ministerial lo obligó a renunciar.
El viceministro de Trabajo, Franz Choque, también tuvo que renunciar cuando salió a la luz que su promesa de un plan de obras públicas que crearía 60 mil puestos de trabajo era una maniobra mentirosa para empadronar desocupados con la promesa de que entrarían a trabajar cuando Añez ganara la elección. Podríamos seguir… ¡Esto solo en 6 meses! Parte de la clase media que apoyó el golpe oponiéndose a la corrupción del gobierno del MAS, se ha ido realineando ahora en contra del gobierno derechista.

Añez levanta la emergencia sanitaria

La cuarentena se ha transformado en una trampa mortal para la familia trabajadora: las ‘ayudas’ estatales son claramente insuficientes, están condenando al hambre y la miseria. Lo que ha generado movilizaciones por reclamos concretos y por el levantamiento de la cuarentena para que se pueda salir a buscar trabajo y/o recursos para sobrevivir. El equipamiento sanitario está colapsado. En estos seis meses los golpistas se dedicaron al robo, la corrupción y la entrega, no a preparar el sistema sanitario para enfrentar la pandemia. La zona rural del Beni está totalmente colapsada. En Santa Cruz, 55 municipios han declarado que no cuentan con recursos para afrontar la pandemia.
En el momento más complicado, el gobierno -con el decreto 4245- decidió levantar la emergencia sanitaria nacional por la pandemia que se aplicó desde el 17 de marzo. Y dejó la responsabilidad a los municipios y a las gobernaciones, que están sin recursos económicos. Solo cinco de los nueve departamentos tienen laboratorios y casi todos están sin reactivos para pruebas de Covid-19. “Nos mandaron a la guerra sin municiones”, afirmó el presidente de la Federación de Municipios, Álvaro Ruiz.

Acabar con la plaga golpista

El gobierno golpista se ha transformado en un peso muerto, reaccionario en toda la línea e incapaz de intervenir incluso frente a los problemas más acuciantes. Es una carga que deben soportar las masas bolivianas, que tienen planteada la urgencia de sacárselo de encima en defensa de sus condiciones de vida más elementales. Un estudio del Banco Mundial afirma que Bolivia retrocederá este año 6% en su PBI. Lo que es más significativo si se tiene en cuenta que en el primer trimestre (enero-marzo) había desacelerado su crecimiento pero -a diferencia de Argentina, por ejemplo- había crecido un 0,55%. Lo que quiere decir que la caída es abrupta. El déficit fiscal este año se va a duplicar: del 6 al 13%. Cierres de empresas, despidos y suspensiones masivas de trabajadores. Todo es un coctel explosivo.
Evo Morales y la dirección del MAS pretendían llegar a las elecciones y para ello venían frenando las movilizaciones de masas por los problemas acuciantes que plantea la pandemia sanitaria y la crisis capitalista. Pero ahora tienen más claro que Añez no ha renunciado a sus planes continuistas: que se prepara para interrumpir el proceso electoral -que no se ha podido iniciar porque formalmente no ha sido convocado- a la primera de cambio. Por eso el Parlamento acaba de votar un proyecto que ‘reglamenta’ el estado de excepción (estado de sitio) dándole mayores atribuciones al Poder Legislativo en detrimento del Poder Ejecutivo (Añez).
Inmediatamente Añez y su ministro de gobierno Arturo Murillo declararon que la norma promulgada pretende “desestabilizar el país”. Murillo denuncia que la ley ata de manos a las Fuerzas Armadas y la Policía para seguir las órdenes de represión que emanen de la presidenta golpista.
La polarización está al rojo vivo. Es claro que no será con una ley que se detendrá el afán golpista continuista. Es necesario unir las reivindicaciones urgentes de las masas contra la crisis capitalista (prohibición de despidos, etc.) con la organización de la lucha nacional contra el coronavirus (centralización de todo el sistema hospitalario, nombramiento de médicos, etc.) y contra la entrega y la corrupción. Y todas ellas, con la lucha contra el poder político. Con el gobierno golpista no habrá elecciones elementalmente democráticas. Es necesario terminar con esta plaga golpista. De la misma manera que la población norteamericana se levantó contra Trump, esta tendencia también se está incubando en Bolivia. Para ello la vanguardia obrera, campesina y de la izquierda debe impulsar la realización de asambleas fabriles y barriales para votar una plataforma de lucha contra el gobierno golpista, que levante el reclamo directo de ¡fuera Añez!, se organice y prepare una movilización lo más organizada y consciente posible para hacerlo realidad.

Rafael Santos

Francia: la rebelión popular se fortalece; el gobierno se descompone

La rebelión popular contra la crisis capitalista y el gobierno de Macron se extiende, mientras el gobierno entró en una fase de desarticulación. Día a día se producen nuevos episodios y las semanas y meses próximos del verano serán muy agitados. Macron va a tomar “solemnemente” la palabra el domingo 14 para anunciar el levantamiento cuasitotal del confinamiento y el programa de recuperación de la actividad económica, la explotación capitalista, y lo hará nuevamente en la primera quincena de julio para explicitar, si puede, su nuevo programa político. El verano será caliente. Es muy posible que Francia esté nuevamente en el ojo de la tormenta de la crisis capitalista en Europa y en el mundo en los próximos meses.

Juventud divino tesoro… que odia a la policía

Como ya indicamos en una nota anterior, la masiva y combativa movilización de la juventud y los barrios contra el racismo del martes 2 de junio marcó un viraje político. El pánico ganó al gobierno y la consigna fue “no hay que perder la juventud”. El resultado ha sido desastroso.
A diferencia de otros gobiernos burgueses de Europa, Macron permaneció en silencio ante el asesinato de Floyd y las bestialidades de Trump, convencido de su omnipotencia de monarca de la Va República y para no empeorar sus relaciones con Washington. Tuvo que moverse luego de la manifestación y ordenó a su ministro del Interior, Castaner, que hiciera gala del humanismo del gobierno. Unas simples palabras y alguna medida menor iban a calmar los malos vientos.
Castaner convocó a una conferencia de prensa el lunes y enunció que Francia no es Estados Unidos, que la policía no era racista pero que de todos modos iba a sancionar las sospechas de actitudes y palabras racistas y que iba a prohibir la detención de personas con la “técnica del estrangulamiento”. No convenció a nadie, por supuesto, de sus buenas intenciones pero la policía reaccionó con una dureza a la altura de la hipocresía del Ministro.
Se sucedieron las manifestaciones policiales, con las esposas arrojadas a las calles, y las entrevistas sin ningún acuerdo, en las cuales los llamados sindicatos de policías pronunciaron su “desconfianza” hacia el Ministro.
El enfrentamiento no tiene antecedentes en las últimas décadas y hay que retroceder a Mitterrand y Badinter en los años 80 para encontrar un antecedente similar.
El gobierno utilizó a la policía como tropa de asalto durante las manifestaciones de los chalecos amarillos y contra la reforma de las jubilaciones. Todos los días, esta policía práctica el racismo en los barrios populares contra los jóvenes negros y magrebinos. Los golpes, los insultos e incluso las muertes se han vuelto cotidianas en Francia. Pero el Ministro dice que la policía no es racista y los “sindicatos” no aceptan ninguna observación, ninguna demagogia de buenas intenciones ante las manifestaciones y las críticas. Estos sindicatos llaman a que la policía se comporte como milicia, si es necesario. Este conflicto político significa un enorme deterioro del gobierno y de Macron.
Esta misma semana hubo nuevos atropellos policiales, como la detención y la golpiza de cuatro jóvenes de 15 años en un pueblo de los suburbios parisinos, por simple portación de cara y de piel. En los barrios, los padres tienen miedo a dejar salir de las casas a los jóvenes adolescentes y la policía les da la razón.

La movilización antirracista

El gobierno no va a saldar esta crisis con dos o tres concesiones menores. La represión y la policía que ataca violentamente a los jóvenes, los inmigrantes y las movilizaciones son un elemento constitutivo de la política del gobierno y de las exigencias de la burguesía. Francia tiende a vivir en un estado de excepción desde los atentados del 2015. La emergencia sanitaria ha sido el pretexto para anular libertades públicas fundamentales.
Vale la pena subrayar que el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el 10 de julio pero prolonga por cuatro meses algunas de sus principales medidas restrictivas: el control de la libertad de circulación de personas y vehículos y la limitación y/o prohibición de las concentraciones en la vía pública y de todo tipo de reuniones. Puede decirse sin exageración que Francia vive un estado de sitio cuya prolongación está sujeta al capricho de los gobiernos. La izquierda guarda un silencio cómplice ante esta descomposición.
La movilización antirracista y contra las violencias policiales es más que una fisura en esta armadura represiva. Es la vía que ha tomado ahora el movimiento de rebelión. El Comité Adama, que llamó a la manifestación del martes 2, llama a una nueva movilización para el sábado 13 y en la semana rechazó todas las ofertas del gobierno de reuniones con los ministros para entretener a la platea. La hermana de Adama proclama “queremos actos y no palabras”.
La intervención del Comité Adama contrasta con la política de los partidos institucionales de izquierda, incluida la Francia Rebelde de Melenchon. El gobierno “autorizó” un encuentro en la Plaza de la República de solidaridad con Georges Floyd y los partidos de izquierda participaron en esta oportunidad. El Comité Adama se negó a estar presente. Esta izquierda se presta a los debates institucionales sin ninguna trascendencia y se acopla a las movilizaciones populares cuando toman fuerza, para encausarlas.
Mientras tanto, otros sectores están entrando en la lucha y el más importante es el personal hospitalario. Las movilizaciones se repiten los jueves en los hospitales y una gran manifestación unitaria está llamada para el martes 16, que va a ser también un canal de expresión de las reivindicaciones obreras y de la ira de la población contra el gobierno. Los sectores sindicales de oposición a las direcciones, como la Federación Química de la CGT, llaman a convertir este movimiento en una jornada de huelga general.
El gobierno tiene a su favor, o piensa tener, la disposición de las centrales sindicales y los partidos de izquierda a sentarse a negociar -y hasta a sentarse a tomar café- y a aceptar su legitimidad democrática. Se dedican a redactar manifiestos por “un mundo mejor, más solidario” y son una fuente de dispersión y confusión.
La dispersión de los grupos militantes, de lucha de clases, revolucionarios, impide que sean una fuerte palanca en este proceso de movilización. Con sus orígenes, tradiciones, modos de militancia y políticas diversas y divergentes, no logran estructurar siquiera un cuadro unitario que facilite un reagrupamiento de la vanguardia obrera y militante. El NPA no puede tampoco convertirse en este instrumento, porque su dirección mayoritaria está permanentemente a la búsqueda de un “frente democratizante de izquierda” y sus minorías están divididas. La trayectoria de Podemos, del movimientismo a la participación en un gobierno burgués de salvataje del capitalismo, es ilustrativa y está demasiado presente. Hay que avanzar en iniciativas comunes de reagrupamiento, en lugar de refugiarse en las fórmulas que cada grupo se ha dado y que devienen una rutina. Las energías militantes de la juventud, el movimiento obrero y la población pobre se están desplegando y pueden cristalizar en una gran ola de movilización, con una huelga política de masas que pondrá al día la caída del gobierno y la apertura de una situación revolucionaria.

Roberto Gramar
París, 12 de junio 2020

El escenario de la izquierda brasileña frente a la crisis política y el comienzo de movilizaciones populares

Las manifestaciones contra Bolsonaro, el pasado 7 de junio, tuvieron lugar en al menos 20 capitales y varias ciudades del interior. Participaron partidos de izquierda, movimientos sindicales, sociales, populares y del movimiento negro. Levantaron la consigna “Fora Bolsonaro”.
En las últimas semanas hubo intercambios políticos en la perspectiva de un frente de “defensa de la democracia”. El 21 de mayo unas 400 organizaciones, entre ellas, PT, PCdoB, PCB, PSTU, PCO, PsOL y UP, habían dado a conocer un documento para reclamar el juicio político, o ‘impeachement’, contra Bolsonaro. En caso de que el Senado destituyera a Bolsonaro, la presidencia debe ser asumida por el general (r) Hamilton Mourao – el vice.
Manifiestos como “Estamos juntos” plantean “Fuera Bolsonaro” una “defensa de la democracia”, en función de otra perspectiva - impulsar una alternativa electoral en 2022. “Somos el 70%”, es otra de las plataformas que se inscribe en una defensa de la democracia. Los excandidatos Ciro Gomes y Marina Silva llamaron a un “frente amplio por la democracia”, junto al expresidente Henrique Cardoso.
El intelectual progresista Eduardo Soares publicó en O Globo una nota en la que pide evitar las movilizaciones. El senador del PT, Jacques Wagner, firmó una carta junto a Sustentabilidade, PSB, PDT y Cidadania, desaconsejando participar en movilizaciones que estaban programadas. Fue apoyado por el gobernador de Ceará, Camilo Santana. Advertían que movilizar significaba correr el riesgo de ser provocados por bolsonaristas infiltrados o darle excusas al gobierno para defenderse. La presidenta del bloque de diputados del PT, Gleisi Hoffmann, por el contrario, cruzó a ambos, en apoyo de las manifestaciones.
El diputado federal Marcelo Freixo, del PSoL dijo que “si no tuviera una pandemia, estaría en las calles todos los días contra Bolsonaro” (Poder360), o sea que “se queda en casa”.
Boulos candidato presidencial del PSoL, MTST (trabajadores sin techo), con el Frente Povo Sem Medo, convocaron, junto al PSTU, PCB y UP a actos en la calle. El PCdoB (cabeza de la central CTB) no convocó, sin embargo, a su activismo. Sí lo hizo la central sindical Conlutas. El PSTU denunció que PSoL ,“aunque participaron activistas de base, no estuvo presente en los actos como partido” (PSTU, 8/6).
Boulos (PSoL), que habló el domingo en los actos, dijo que estaba al tanto de los riesgos, pero no creía que “si les dejamos las calles, estaremos evitando” la escalada autoritaria de Bolsonaro. Desde el PSoL Resistencia, Valerio Arcady, durante décadas dirigente del Pstu, explicó que “debemos tener cuidado con la omnipotencia de pensar que la izquierda tiene más autoridad que la que tiene” (esquerdaonline, 7/6). “Nadie sabe si Bolsonaro tendría apoyo militar para una aventura provocativa para imponer una maniobra bonapartista. La importancia de alinear las Fuerzas Armadas con Bolsonaro para preservar el mandato no se puede minimizar. Las amenazas de provocación son al menos un intento de blindaje” (3/6). Para este sector del PSoL hay que presionar “en las calles” al Congreso para conseguir el impeachment. Dicen: “Debemos luchar por la construcción de la unidad democrática más amplia, incluidos todos los sectores burgueses y de derecha (…) no se puede confundir con una alianza estable con los sectores empresariales y la derecha, bajo pena de la izquierda sucumbiendo al liderazgo y al programa de la oposición burguesa” (ídem, 9/6). La clave está en la palabra “estable”, sin establecer cuánto duraría esa ‘estabilidad’, ni la relación entre el éxito de un ‘impeachement’ y la asunción de Mourao, el militar vice. Plantean una “tercera vía” entre “Frente Amplio” con la derecha y el “Frente Único” de los trabajadores. Reclaman al PT ponerse a la cabeza del frente, aunque el PT quiere a la cabeza a una fuerza que esté a su derecha. “Fora Bolsonaro”, agregan, debe ser el piso para una amplia unidad de acción.
El PSTU plantea, en cambio: “Fuera Bolsonaro y Mourão, además de una cuarentena real para salvar vidas, con trabajos garantizados, salarios, ingresos, apoyo para pequeñas empresas, y contra el genocidio negro y en defensa de las libertades democráticas” (ídem). Para alcanzar este objetivo plantea la convocatoria de elecciones ‘ya’.
Para el MRT (PTS), “los actos dejaron a la derecha a la defensiva”. Plantean una “Asamblea Constituyente libre y soberana”. “Para eso, las centrales sindicales deben (…) convocar una paralización nacional, como ocurrió recientemente en Italia” (esquedadiario, 9/6). La “paralización” nacional tiene como objetivo “expandir la democracia”: “En una Constituyente libre y soberana impuesta por la lucha, será posible someter al voto popular todos los principales problemas nacionales y la dirección del país (…) no será volver al proyecto del país del PT (…) Será avanzar en un proyecto de país donde realmente las mayorías populares, la clase trabajadora, cada vez más femenina y negra en nuestro país, puedan tomar las riendas de las decisiones sobre los grandes problemas y avanzar para hacer que los capitalistas paguen por la crisis” (ídem). No dice quién convocaría a esa Constituyente, ni si ella sería ejecutiva. Se deduce que es una forma expandida del parlamento, en el marco de la división de poderes.
La izquierda brasileña plantea una variedad de salidas: ganar las elecciones en dos años, adelantar las elecciones ‘ya’, proceder al juicio político contra Bolsonaro u otorgar al parlamento funciones constitucionales.
Desde la primera propuesta a la última, ninguna prevé una crisis de poder, un desplome social y política, una irrupción de luchas generalizadas, ni la emergencia de situaciones revolucionarias. Tampoco se prepara para ese escenario, mediante una acumulación revolucionaria de fuerzas en la clase obrera.

Emiliano Monge
11/06/2020

La economía mundial que se viene

“Los trabajadores van a estar más jodidos”

Esta expresión pertenece a Nouriel Roubini, el economista reconocido mundialmente por haber anticipado la crisis financiera de 2008, precipitada con la caída de Lehman Brothers y hombre de consulta del establishment internacional, quien en declaraciones recientes hace un retrato descarnado de lo que se viene. “Nos llevó diez años, entre 2009 y 2019, crear 22 millones de empleos. Y hemos perdido 30 millones de empleos en dos meses”.
Recordemos que el diario inglés Financial Times, por boca de su columnista estrella, Martin Wolf, venía de pintar un cuadro similar, caracterizado por una depresión mundial de grandes dimensiones.
A diferencia del optimismo que reina en los círculos financieros y de negocios que hablan de una crisis pasajera, en el marco de la nueva euforia bursátil que reina en Wall Street, el economista nos traza un panorama sombrío, en que lo peor no está para atrás, sino para adelante.
La visión de Roubini es que marchamos a una recuperación mediocre y una depresión global. Los mercados, según su punta de vista, están subiendo porque hay un estímulo monetario masivo y fiscal masivo. El boom bursátil no tiene relación alguna con la producción y la economía real.
La salida de la pandemia va estimular que ciertos sectores que conservan un poder adquisitivo y venían absteniéndose en su consumo, empiecen a gastar más. Pero esto tiene patas cortas. Los incentivos no se prolongarán por mucho tiempo. Los subsidios por desempleo, por lo pronto, expiran en julio en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha salido exultante a señalar un descenso en la tasa de desempleo, pero ya hay muchos analistas que cuestionan esa cifra, pues incluye como personal ocupado aquel que está suspendido.
Como es sabido, muchas de esas suspensiones son la antesala de despidos. La tasa de desempleo en Estados Unidos es del 13,3% -o sea, más de un 33% por encima que en el pico más alto de la crisis de doce años atrás. Y si se incluye a aquéllos que desean trabajo a tiempo completo pero no pueden conseguirlo, entonces, la tasa de desempleo es del 21%, y hay que sumar a otros 3 millones de personas que no fueron clasificadas, por lo que la tasa de desempleo total en mayo sería más del 25%.

La nueva normalidad

Aunque esto se revierta parcialmente, los millones que vuelvan a ser recontratados, lo serán bajo condiciones muy diferentes a la actuales. En lugar de un empleo formal y beneficios sociales completos, va empezar a abrirse paso el contrato “por hora, a tiempo parcial sin beneficios y con un salario bajo”, que coexistiría con legiones de desocupados sin ingresos de ningún tipo. Este fenómeno ya estuvo presente en la década siguiente a la crisis de 2008, en que la recuperación se dio sobre la base trabajo precario y más barato, incluyendo a las corporaciones. En las automotrices, bajo el mandato de Barack Obama, los nuevos trabajadores fueron contratados por la mitad el sueldo del personal más antiguo. Roubini resume este panorama con una sentencia contundente: “Hay un conflicto entre trabajadores y capital. Durante una década, los trabajadores han sido jodidos. Ahora, van a estar más jodidos”.
No olvidemos que las empresas están tan altamente endeudadas, que necesitan “reducir costos, y el primer costo que se corta es la mano de obra”. Esta reducción tan drástica de desempleo y trabajo precario, según su óptica, va poner un freno a la demanda y se transformará en un escollo para abrir una perspectiva de reactivación. El optimismo inicial en círculos empresarios de una recuperación en forma de V han empezado a ceder a otros más cautelosos en forma de U.
En este contexto, según Roubini, los estímulos que viene implementado el Estado no van a evitar quiebras masivas. “Las pequeñas empresas van a desaparecer en la economía posterior al coronavirus”. Roubini llama la atención de que el rescate tiene como destinatario y beneficiario al gran capital.
Incluso las personas de ingresos medios, dada la conmoción que acaba de ocurrir, aunque puedan tener haber un mayor consumo inicial, van a actuar con cautela y reservar más ahorros por precaución. Y reducir el gasto discrecional, en especial de bienes más caros como la compra de una casa o un auto. Cuarenta por ciento de los estadounidenses tienen menos de 400 dólares en efectivo líquido ahorrado para una emergencia. Está claro que no hay margen para una recuperación de largo aliento sobre esta base.
La recuperación económica que se produzca, inclusive, según la óptica del economista, ni siquiera asegura un crecimiento del empleo. Debido a que los costos laborales son más altos en Estados Unidos que sus rivales asiáticos, la tendencia que predomine, según su mirada, sea sustituir mano de obra por capital (maquinarias). Con las relocalizaciones de las empresas en suelo americano, que hoy están instaladas en el exterior, los estadounidenses comunes van a ser víctimas de la carestía (precios de consumo más altos), sin disfrutar de los beneficios aparentes (más oportunidades de trabajo y salarios más altos). De todos modos, esta hipótesis de Roubini está por verse, pues, es altamente improbable que las filiales de las corporaciones vuelvan a radicarse en Estados Unidos y menos aún que se produzca un incremento sensible de la tecnificación y productividad en momentos que estamos frente a una huelga de inversiones productivas, ante la crisis de sobreproducción y la declinación de los beneficios, que van a tender a agravarse sensiblemente en el próximo período.
Roubini va más lejos y plantea que Estados Unidos va a “comenzar a tener disturbios por la comida “Las pocas tiendas que están abiertas, como mi Whole Foods, tienen guardias de seguridad, tanto dentro como fuera. Estamos a un paso de los disturbios alimentarios”. Esos comentarios fueron hechos por Roubini antes del estallido de las protestas por el asesinato de Floyd, pero basta tener presente este panorama para advertir que la explosión actual es inseparable de los estragos que viene provocando la crisis capitalista y la pandemia que golpea con más fuerza los sectores más vulnerables, empezando por la población negra y las minorías.

Guerra fría y guerra caliente

No está ausente en el análisis del economista el escenario de guerra comercial e incluso la emergencia de conflictos bélicos. Roubini habla del comienzo de una “guerra fría” entre Estados Unidos y China. “Ahora, tenemos una guerra comercial a gran escala, guerra tecnológica, guerra financiera, guerra monetaria”.
Estamos asistiendo, a un “desacoplamiento completo”, lo que lleva a una fractura del comercio internacional y de las cadenas de suministros y valor que están altamente integradas a escala global. Las autoridades norteamericanas decidieron que Huawei no tendrá acceso a semiconductores y tecnología en Estados Unidos. Están imponiendo restricciones totales a la transferencia de tecnología de Estados Unidos. Esto abre una escalada de alcances imprevisibles en la que el economista no descarta el uso de la fuerza.
“El único debate es sobre si habrá una guerra fría o una caliente. Históricamente, estas cosas han llevado a una guerra caliente en 12 de 16 episodios en 2.000 años de historia”. Esto confirma lo que venimos sosteniendo desde el Partido Obrero: el impasse capitalista nutre las tendencias a la guerra. Estamos frente a la tentativa del imperialismo de superar este empantanamiento, sometiendo a China y el ex espacio soviético, avanzando en su colonización. La guerra, por un lado, y la revolución, por el otro, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del capitalismo.

Recesión con inflación

El economista, asimismo, lanza una voz de alerta sobre los alcances explosivos que podría tener los actuales planes de estímulo. La emisión gigantesca, aunque en lo inmediato sus efectos queden mitigados por la actual retracción económica, podría terminar provocando un rebrote en la carestía. Estaríamos frente a una tormenta perfecta de una depresión con inflación. Esto, por supuesto, representaría un golpe para los bolsillos populares pero, al mismo tiempo, un escenario de esa clase obligaría a un aumento de la tasa de interés, lo que haría estremecer al conjunto de la economía altamente endeudada, que ha logrado prolongar su agonía gracias al crédito barato, con tasa de interés cercana a cero. “Hay tanta deuda, que si las tasas a largo plazo van de 0 a 3%, la economía va a colapsar”.
Los trabajadores deben tomar nota sobre el escenario que se expone, lo cual es más elocuente viniendo de un hombre de confianza de los círculos de poder. Tenemos un retrato descarnado sobre el hundimiento del capitalismo y los límites insalvables del salvataje en curso. No obstante ello, Roubini apela a echar mano al intervencionismo estatal y a las viejas recetas keynesianas monetarias y fiscales, cuyas contradicciones, sin embargo, él mismo se encarga de demoler en sus reflexiones. Marchamos a una depresión mundial, que va a ir de la mano de sacrificios y privaciones inauditas contra las masas, mientras la pandemia sigue golpeando, en primer lugar, sobre la población más vulnerable.
Estas penurias en el mundo empiezan a despertar las rebeliones de los pueblos. Es así como se desarrolla, ahora en el corazón del capitalismo mundial, una extraordinaria rebelión popular, que no se circunscribe al repudio de un crimen racial ejecutado por el aparato policial, sino que plantea la impugnación de todo un régimen político, económico y social y la reorganización del planeta sobre nuevas bases sociales.
La rebelión en Estados Unidos tiene un punto de contacto y recoge el hilo de las rebeliones que estremecieron a Latinoamérica y que tuvieron su réplica en otras geografías del planeta. Estas rebeliones ponen de relieve el abismo que separa a los trabajadores, de un lado, y los capitalistas y sus gobiernos, del otro, y pone al rojo vivo la cuestión crucial de dirimir quién va a asumir los costos de la bancarrota capitalista.

Pablo Heller