El FMI sostiene al gobierno Macri y condiciona el futuro

El Directorio del FMI autorizó un nuevo desembolso por 10.870 millones de dólares que ingresarán a las cuentas argentinas en la próxima semana y desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 millones de dólares diarios y hasta 9.600 millones de dólares hasta fin de año para contener la evolución del dólar, que hoy se acerca a los 45 pesos y con perspectivas al alza. [1]
La argumentación del organismo internacional es que las políticas aplicadas están “dando frutos”, muy curioso ante el regresivo impacto sobre vastos sectores de la población que sufren la inflación y la recesión. Sobre la inflación señalan que es decepcionante su evolución, y sobre la recesión destacan que siempre que llovió paró y, por ende, esperan recuperación antes de finalizado el año.
Se trata de un saludo a la bandera, auto justificando el propio accionar del FMI, para continuar con el ajuste y la reestructuración. Es un mensaje de único camino posible, dirigido al oficialismo y a cualquier oposición en condiciones de gobernar; pero también a inversores internacionales, enfatizando que el país se encamina en una dirección orientada a favorecer la obtención de ganancias, por lo que recuerdan las necesarias reformas estructurales de contenido reaccionario.
Ya suman 38.900 millones de dólares desde el primer desembolso en junio del 2018, según informa el propio FMI. El monto deberá sumarse a los 307.000 millones de dólares de la deuda pública de la Argentina, lo que representa un 95,4% del PBI, según informa el Ministerio de Hacienda. El monto total del préstamo acordado con el FMI alcanza los 56.600 millones de dólares, de los cuales el 90% se entregarían antes de fin de año y solo una pequeña porción bajo la nueva gestión. Hacia el 2004 la deuda pública bruta representó el 118% del PBI, tal como explicita la estadística oficial. [2]
Ese porcentaje bajó hasta 38,9% en 2011 (política de des-endeudamiento) y desde entonces viene subiendo, alcanzando el 52,6% en 2015, último dato para el gobierno de Cristina Fernández; luego escala bajo el gobierno de Mauricio Macri al 53,3% en 2016; 57,1% en 2017 y al 95,4% en 2018. Un guarismo que parece no tener límite. El 2018 fue el año de la corrida cambiaria y la mega devaluación que llevó la cotización de 20 pesos a 40 por dólar.

¿Cómo interpretar el acontecimiento de asociación Macri-FMI?

Hay que señalar que la política económica de la Argentina se sostiene con el apoyo financiero del FMI, especialmente por decisión política del socio hegemónico: EEUU y el gobierno Trump.
Trump necesitaba de un gobierno sudamericano con consenso electoral para su política exterior en la región, para aislar a Venezuela y redefinir las relaciones interamericanas, consolidando la hegemonía estadounidense en la región.
Es una premisa la hegemonía en territorio americano, para la discusión y disputa mundial en tiempos de tensiones económicas, políticas y militares, especialmente con China y sus aliados. La cuestión se afianzó con la irrupción de Bolsonaro en el Gobierno de Brasil.
La presencia de un nuevo gobierno en México desequilibra los propósitos de la política exterior de EEUU, pero con gobiernos afines en Argentina y Brasil, sumados a las administraciones derechistas en Chile, Colombia o Perú, se afianza una iniciativa política de profundización de la subordinación de la región al poder estadounidense.
El costo a pagar con una eventual cesación de pagos no es lo importante, incluso si la hipoteca se termina ejecutando contra bienes comunes, sean los hidrocarburos no convencionales o el litio. No sería la primera vez que se canjea deuda por bienes. En su momento (años 80) se ofreció capitalizar la deuda contra el capital público, efectivizado con las privatizaciones en los 90´. Algo similar supuso la cancelación de las deudas británicas con la incorporación al patrimonio público de los ferrocarriles otrora ingleses.
Enfatizamos en estos argumentos políticos en la relación de la Argentina con el FMI y EEUU, porque existen análisis técnicos que subestiman el dato del apoyo de Donald Trump al Gobierno Macri, señalando que Argentina no podrá devolver su deuda. El aumento del riesgo país por encima de los 700 puntos les estaría dando la razón. En ese marco de impago de la deuda, imaginan un proceso de renegociación con el Fondo luego de las elecciones de renovación presidencial, lo que solo ocurrirá si se continúa con las cuestiones esenciales, que van más allá de lo específico económico.
Hay fuertes argumentos de un próximo default de la deuda, asentado en carácter impagable de la deuda de la Argentina. Lo que se omite es que mientras exista el apoyo político financiero de EEUU y el FMI, el oficialismo tiene la opción de superar con éxito la elección de octubre y encarar un nuevo ciclo de gobierno, un segundo periodo. Incluso, el propio Fondo señaló que no tendría inconveniente en continuar la asistencia con otro gobierno, claro que en el supuesto que se cumplan los términos y objetivos del acuerdo por el ajuste y la reestructuración, laboral, previsional e impositiva.
Varios funcionarios de gobierno sostienen que un periodo no alcanza para resolver los problemas del país, los que se sufren por las políticas económicas asumidas en los últimos 70 años previos a la asunción de Macri, entre 1945 y 2015. Omiten en ese trayecto los años de gobiernos surgidos de golpes de Estado e incluso periodos constitucionales con rumbos afines a los del presente, especialmente las experiencias de la dictadura genocida y los años 90 con Menem y De la Rúa.
El objetivo gubernamental en desplegar en un periodo, y si pueden, continuarlo, apunta a continuar deteriorando la capacidad de negociación por derechos de los de abajo y así construir condiciones de posibilidad para la generación de ganancias y acumulación de capitales del núcleo local de la dominación capitalista.

La deuda condiciona el futuro cercano

La situación social y económica es mala para la mayoría de la sociedad y así lo explicitan los indicadores oficiales en materia de inflación y recesión, pobreza y desempleo, pero no puede obviarse que se intenta disimular con la gigantesca asistencia del FMI, de lo contrario todo sería peor. Al mismo tiempo, esos fondos contribuyen a potenciar la salida de capitales y la apropiación de cuantiosas ganancias en muy pocos sectores de la especulación, con tasas de interés cercanas al 70%.
Queda claro que el acuerdo con el FMI juega para la acumulación de ganancias y de poder. La deuda es un mecanismo que favorece la transferencia de riqueza social al sector más concentrado de la economía, al tiempo que potencia la tendencia a la dolarización y extranjerización de la economía, propiciando la concentración de la riqueza socialmente generada en muy pocas manos.
Mientras se tira la pelota para adelante, desembolsos del FMI mediante, muy pocos hacen grandes negocios y las consecuencias del impacto de la inflación y la recesión las sufre la mayoría empobrecida. Eso motiva que se acreciente el descontento social y se manifieste en protestas masivas que no terminan de galvanizar una propuesta de rumbo económico alternativo. He ahí un problema a resolver.
En las movilizaciones, visible claramente el pasado 4/4, coexisten distintas miradas políticas sobre el rumbo a seguir. Las motivaciones de la cúpula de la CGT y sus simpatías político-electorales no convergen con las que anidan en otros sectores movilizados, caso del moyanismo, las CTAs, la Corriente Federal u otras expresiones de los movimientos sociales. Incluso entre estos no hay necesariamente convergencia, aun cuando una parte muy importante imagina un futuro gobierno dirigido por el kirchnerismo. Para la cúpula de la CGT, el compromiso pasa más por el peronismo no K. En rigor, la dispersión política también se expresa dentro de los movilizados entre quienes apuestan a una salida electoral y aquellos que pretenden mayor nivel de organización y lucha para inducir salidas más radicalizadas de la coyuntura, caso de la demanda demorada por un paro nacional, reivindicación sustentadas por las izquierdas partidarias, sociales y sindicales.
Quienes apuestan a la salida electoral para reproducir condiciones de años anteriores subestiman las nuevas realidades del desarrollo capitalista, efectivizadas con los cambios de rumbo en la región y en el mundo. No habrá en 2020 las condiciones económicas que favorecieron el proceso de distribución del ingreso, tanto por condiciones internas como externas. No hay boom de inversiones sobre los países de América Latina y el Caribe, no siendo por ello solo un problema de la Argentina; ni existe un boom de las commodities y materias primas. Son condiciones que restringen en el marco del capitalismo procesos de distribución del ingreso o más aún, de la riqueza. Por eso hace falta explicitar que se pretende hacer en política económica más allá de la crítica al ajuste, que además de gobierno, sustenta la parte de la oposición que facilitó la legislación, entre ellas, las pautas presupuestarias.
Ante la ausencia de alternativa política electoral que defina un rumbo que entusiasme a la mayoría perjudicada con estas políticas, lo que emerge es el descontento, e incluso la despolitización de una parte de la sociedad, que no percibe como la “política” podría resolver sus problemas cotidianos. Si es así, podría crecer el desinterés y con ello el ausentismo electoral, consolidando una votación de los núcleos duros de adhesión a las identidades políticas en disputa, con final abierto entre las novedades de nuestro tiempo: kirchnerismo y macrismo. No queda claro que terceras opciones cristalicen en proyectos que puedan intervenir en la disputa por ingresar a la segunda vuelta.
Pero, más allá de cualquier especulación el interrogante es que hará el próximo gobierno con el condicionante del fuerte endeudamiento y el monitoreo del FMI con sede en el BCRA.
Queda clara la opción oficialista por acelerar las políticas actuales, agravando la situación de la mayoría empobrecida, por lo que aparece con fuerza el objetivo que pretende impedir un nuevo mandato del PRO-Cambiemos, lo que habilita la discusión sobre el quehacer de un gobierno que pretenda enfrentar el condicionante del FMI, que no puede quedarse en la renegociación para cancelar la deuda.
Resulta obvio que una confrontación con el condicionante de la deuda y el FMI tendrá costos, como los tiene cualquier país que intenta avanzar por un camino crítico al hegemónico, más aún si pretendiera un proceso de emancipación. Son debates necesarios que no aparecen aun en el debate político electoral, especialmente cuando no sabemos quiénes encabezarán las opciones para la disputa del próximo gobierno.
Mientras se constituye un debate de fondo sobre el programa electoral y sus candidaturas, surge la necesidad de politizar y radicalizar la demanda social y contribuir a disputar el discurso y el que hacer desde ahora para condicionar el ajuste y la reestructuración y más aún si se piensa en cambios para un nuevo gobierno desde diciembre. Una de las lecciones de la última etapa en Nuestra América, fue que estos gobiernos desmovilizaron a las organizaciones populares y con ello restaron capacidad de acción para confrontar al poder.
El paro nacional aparece como una demanda que crece, con el afán de instalar la discusión sobre el presente y el futuro en toda la sociedad. Será la capacidad de acción social masiva la que podrá modificar el condicionante que hoy hipoteca el futuro. La deuda condiciona, pero más puede condicionar la masiva acción colectiva, especialmente si ello conlleva la articulación de un proyecto que reinstale una propuesta centrada en la suspensión de los pagos previa investigación de la deuda y la fuga de capitales, que en tanto se apliquen requerirá inmediatamente acelerar procesos y políticas que discutan el modelo de producción y de desarrollo en su conjunto.
La discusión es quien condiciona a quien, si condiciona la deuda y el acuerdo del gobierno con el FMI, o la sociedad movilizada construye otro condicionante en la defensa de los derechos y la soberanía.

Julio C. Gambina

Notas:
[1] FMI. El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la tercera revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de Argentina, aprueba desembolso de USD 10.800 millones, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/05/pr19107-argentina-imf-executive-board-completes-third-review-under-argentinas-stand-by-arrangement (consultado el 6/4/2019)
[2] https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/presentaciongraficadeudapublica (consultado el 6/4/2019)

En un año de protestas, Israel mató a más de 250 palestinos

Aniversario de las Marchas por el Retorno. Las cifras de la ocupación israelí.

Este viernes volvieron a producirse movilizaciones en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel por el derecho al retorno de los palestinos, expulsados de sus tierras con la conformación del Estado de Israel en 1948. Se estima que participaron decenas de miles de personas.
Estas protestas suceden a las del viernes pasado, que marcaron el aniversario de las marchas por el retorno. Y fueron acompañadas por una huelga general que incluyó el cierre de comercios en toda la Franja.

Un modus operandi criminal

A lo largo de las jornadas por el retorno, las fuerzas de seguridad israelí asesinaron a más de 250 manifestantes y e hirieron a más de diez mil. Estas fuerzas recurren al uso de armamento de fuego contra manifestantes desarmados que, en el mayor de los casos, apelan al incendio de barriletes o corte de vallas como modalidad de protesta. Las crónicas revelan esta desproporción de recursos y el modus operandi fusilador de las fuerzas israelíes. En la marcha aniversario, por ejemplo, “algunos palestinos se acercaron a unas decenas de metros, quemaron neumáticos para reducir la visibilidad de los militares y lanzaron piedras contra los soldados, antes de replegarse a toda velocidad. El Ejército replicó lanzando gases lacrimógenos y abriendo fuego” (La Nación, 31/3, con informes de las agencias ANSA y AFP). Al mismo tiempo, una investigación de una comisión de Naciones Unidas se refirió a "motivos razonables para creer que francotiradores israelíes dispararon contra niños, médicos y periodistas, a pesar de que eran claramente reconocibles como tales" (citado por Maan News, 5/4).
Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, afirmó en un reportaje que una nueva invasión a Gaza no está descartada. A pocos días de las elecciones que tendrán lugar el 9 de abril, Netanyahu lanzó una serie de bombardeos contra la Franja bajo la excusa del lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, que gobierna la región. Como espaldarazo a Netanyahu, Trump –que viene de reconocer a Jerusalén como capital israelí- reconoció la soberanía sionista sobre los Altos del Golán, arrebatados a Siria durante la guerra de 1967.

Prisión a cielo abierto

Pese a la tremenda represión, las protestas por el retorno se han sostenido a lo largo de un año con una importante participación de manifestantes. Actualmente, el comité organizador se ha mostrado proclive a disminuir la “intensidad” de las protestas en función de las negociaciones entre la administración de la Franja e Israel, que cuentan con la mediación de Egipto.
La Franja de Gaza es una prisión a cielo abierto. Sus 2 millones de habitantes están sometidos a un brutal bloqueo (con la colaboración egipcia), su infraestructura está destruida y ha padecido tres invasiones israelíes en diez años. El desempleo es del 50% y llega al 70% en la juventud.
Este mes se han producido manifestaciones contra el aumento de los precios y por trabajo que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Hamas. Estas protestas, bajo el lema “queremos vivir”, se iniciaron el 14 y redundaron en centenares de detenciones. Los manifestantes denunciaron allanamientos y torturas. El gobierno atribuyó las protestas a Al Fatah, que gobierna Cisjordania, pero uno de los organizadores lo negó y aseguró que “nuestras demandas son estrictamente sociales” (Al Monitor, 27/3).

Apartheid

Al asedio que sufre la población gazatí se suma la opresión que padece la población cisjordana, que en un 60% se encuentra bajo completo control de las tropas israelíes. En coincidencia con las marchas del retorno, este viernes se han producido protestas por la libertad de los presos políticos y contra los asentamientos de colonos, que suman 196.
Los cisjordanos están sometidos a un apartheid legal. Un informe de la Unión Europea ha revelado que “para delitos idénticos cometidos en un mismo territorio existen dos raseros legales distintos” (El País, 1.2). Los palestinos son sometidos a la ley marcial y tribunales castrenses que se rigen por normas coloniales (de la dominación otomana y británica) que habilitan la confiscación de tierras aparentemente no cultivadas y la detención administrativa indefinida, sin necesidad de presentar cargos. A los palestinos les está virtualmente vedado el derecho de reunión y sólo se les autoriza el 1,5% de sus pedidos de construcción. Como corolario, sufren el hostigamiento de los colonos militantes, cuyos ataques –que quedan en la más absoluta impunidad- se han triplicado el año pasado (ídem).
Este estatus de segunda para los palestinos se extiende al interior de Israel, donde son el 20% de la población. Allí, Israel se ha dotado de una política que deniega los permisos de construcción y al mismo tiempo demuele las viviendas. La situación tiene ribetes perversos: “un residente palestino de la ciudad de Qalansuwa, en el centro de Israel, fue obligado a demoler su propia casa bajo orden de las autoridades israelíes” (Maan News, 21/3).
Los ingresos, tanto en Cisjordania como en la Franja, dependen en buena medida de la devolución de fondos por importaciones e impuestos que controla el propio estado israelí, que a su vez deduce de ellos pagos por agua y electricidad. Esto acentúa el sometimiento del pueblo palestino. Israel llega incluso a deducir una parte equivalente del dinero que la Autoridad Palestina destina a los presos políticos, con el pretexto de no financiar al ‘terrorismo’. Como resultado de las idas y vueltas con los fondos, en marzo en Cisjordania sólo se pagó el 50% de los sueldos a los estatales.
Repudiamos la represión criminal del sionismo contra el pueblo palestino y la ocupación. Apoyamos el derecho al retorno y luchamos por una Federación Obrera y Socialista del Medio Oriente.

Gustavo Montenegro

Tan mal está el capitalismo que hasta Bergoglio habló de "las formas justas" del socialismo

Bergoglio habló en una entrevista sobre el capitalismo e hizo una referencia al socialismo. Qué busca con esa “modernización” del discurso social del Vaticano.

El papa Francisco dio una extensa entrevista al periodista español Jordi Évole, para el programa Salvados, en el que se trataron varios temas. En esta nota me voy a centrar en las declaraciones del papa sobre la situación actual del capitalismo y la supuesta “doctrina social” que le quiere imprimir a la Iglesia católica.
Una aclaración necesaria, no me centro en otras de las declaraciones reaccionarias del papa ya que pueden encontrar una opinión en otro articulo de La Izquierda Diario donde se analiza lo que dijo Bergoglio sobre los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en Argentina o la situación política y económica en Venezuela, sobre los escándalo por los miles de casos de abuso sexual infantil que involucran a la Iglesia y sus reaccionarias concepciones sobre la homosexualidad o el derecho al aborto.
En respuesta a la pregunta, de Évole, si "el sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, es el que provoca esta pobreza", Bergoglio volvió a utilizar un discurso que ha distinguido a su papado: "En general, sí. Cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata", explica el papa.
Hasta aquí Bergoglio vuelve a enfocar el discurso papal en lo “social”, en la “igualdad” y en intentar ser vocero de los más afectados por la creciente desigualdad producto de la crisis capitalista. Por las dudas, como si fuera necesario aclarar, Évole le pregunta al papa si es "anticapitalista". La respuesta, conocida por todos aunque algunos insisten en creer otra cosa, es un rotundo "no" acompañado de la aclaración de que "hay un capitalismo sano", aunque el papa no dio un solo ejemplo de ese “capitalismo sano”.
Pero la novedad es el argumento que Bergoglio utiliza para reforzar su respuestas: "La doctrina social de la Iglesia no condena formas, sean más para el capitalismo o más para el socialismo, que sean objetivas, justas", esto sería parte de la "doctrina social de la Iglesia" que él sigue.
Tal vez el lector se va a preguntar por qué adentrarnos en dar una respuesta a está vuelta dialéctica que ensaya el jefe de una institución tan reaccionaria. La respuesta se encuentra en que ese discurso es utilizado por los “apóstoles” papales que transforman las palabras de Bergoglio en guía de acción para la contención social, algo que se hace evidente por ejemplo en la Argentina con la influencia y alianza papal sobre movimientos sociales y dirigentes sindicales.
En otro plano también sirve a los nuevos objetivos geopolíticos del Vaticano. La reciente firma de un acuerdo para regularizar las relaciones de la "Santa Sede" católica con China, junto al rol de la Iglesia en Cuba, abre la posibilidad para la Iglesia católica de llegar a millones de personas en tierras "comunistas". Junto con esto al hablar de las "formas" justas del "socialismo" le permite al papa mostrarse como posible interlocutor de líderes políticos que hacen referencia al "socialismo", en tono socialdemócrata, como parte de su discurso.
La aceptación, en el relato, de que la supuesta “doctrina social” de la Iglesia podría aceptar hasta las “formas... que sean objetivamente justas” del “socialismo”. Una referencia impensada en la Iglesia que tan solo unas décadas antes era un pilar fundamental de la restauración capitalista en el este europeo. Alcanza con recordar a Juan Pablo II que en su Encíclica, Redemptor Hominis, recalcaba que el comunismo ateo “está en contra de la dignidad del hombre”.
La referencia de “no condenar” los aspectos justos del “socialismo” parece un intento de Bergoglio por adaptar en lo discursivo la supuesta “doctrina social” de la Iglesia, doctrina que en los años 70 se utilizó para combatir justamente a las ideas socialistas por ejemplo en latinoamérica, a una tendencia que ha sido resaltada por los grandes medios en el mundo: que en un sector del la juventud crece la idea de que el socialismo puede ser una alternativa a la miseria actual.
El objetivo no es otro que mostrar a una Iglesia cuyas “ideas” se adaptan a los cambios tratando de mantener alguna autoridad política, ya que la autoridad moral ha sido minada por el encubrimiento en los casos de abusos y una doctrina reaccionaria. El aggiornamento de la “doctrina social” en el relato papal tiene una única finalidad, mantener la capacidad de la Iglesia en su milenario, y reaccionario, papel de guardián del orden social a favor de los poderosos.

Diego Sacchi
@sac_diego

Nueva Zelanda: la masacre de Christchurch – el terrorismo de extrema derecha y la barbarie creciente de la sociedad capitalista

El ataque bárbaro a dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, por parte de un terrorista fascista de extrema derecha –que disparó indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños, mató a 50 personas e hirió a muchos más, y que transmitió en vivo sus acciones sangrientas mientras las llevaba a cabo– llega en un momento de profundización de la crisis económica y de aumento de las tensiones sociales y políticas en todo el mundo. Todos los seres humanos decentes están condenando correctamente el ataque, pero debemos preguntarnos: ¿por qué se producen tales actos de terrorismo y qué se puede hacer para poner fin a esta barbarie?
El terrorista que llevó a cabo el ataque, Brenton Tarrant, es un fascista supremacista blanco australiano de 28 años. Justo antes del ataque, subió un delirante manifiesto de 73 páginas en Twitter en el que afirmó estar luchando por el futuro de los blancos y expresó su intención de "crear una atmósfera de miedo" para "incitar a la violencia" contra los musulmanes en general. Todo el ataque fue diseñado como una promoción de la ideología supremacista blanca de extrema derecha. De hecho, hay una pequeña pero creciente franja fascista minoritaria, que se está volviendo más activa. Estas son las personas que aplauden el ataque en Christchurch.
¿Quién está influyendo en el pensamiento de estos fascistas enloquecidos? En respuesta a su propia pregunta: "¿Hay alguna persona en particular que te haya radicalizado más?", Tarrant responde:" Sí, la persona que me influyó sobre todo fue Candace Owens... [una "comentarista estadounidense reaccionaria muy de derechas]". Agregó que "cada vez que ella hablaba, me sorprendían sus ideas, y sus propias opiniones me ayudaron a empujarme más y más a creer en la violencia sobre la mansedumbre". Owens se hizo un nombre recientemente cuando dijo: "Saben, él [Hitler] era un nacional socialista, pero si Hitler solo quería hacer grande a Alemania y hacer que las cosas funcionaran bien, OK está bien... El problema es lo que él quería: tenía sueños fuera de Alemania". Owens tiene una posición dirigente en un grupo de defensa conservador, Turning Point USA (TPUSA) [EEUU Punto de Inflexión, NdT], que promueve una agenda abiertamente reaccionaria.

Avivando las llamas del fanatismo

Tarrant tenía, de hecho, un historial de propaganda de extrema derecha en las redes sociales y fue fuertemente influenciado por políticos y comentaristas burgueses que han estado presionando a favor de una línea antiinmigrante islamófoba. Admira a Trump, refiriéndose a él como "símbolo de la identidad blanca renovada". Trump se ha quejado de que algunos lo hayan culpado por el ataque. Sería ridículo, por supuesto, afirmar que Trump es directamente responsable, pero es cierto que, con su retórica antiinmigratoria, su cháchara sobre la necesidad de un muro para proteger a los EE. UU., sus medidas para detener la llegada desde una serie de países musulmanes, etc., ha ayudado a avivar los prejuicios islamófobos. Es en este ambiente que los Tarrant se sienten animados a actuar.
De hecho, muchos políticos occidentales y los medios de comunicación han estado elevando el tono y gritando sobre el fundamentalismo islámico, mientras que el terror de la supremacía blanca ha estado de hecho en aumento. En los Estados Unidos, en 2017, por ejemplo, de 65 ataques terroristas, 36 estaban relacionados con la derecha, 10 estaban relacionados con la izquierda y 7 relacionados con el terrorismo islamista. Pero si bien esto no indica de ninguna manera el surgimiento de un movimiento fascista de masas, sí revela un proceso que está teniendo lugar en todo occidente, con políticos de derecha, ayudados por los medios de comunicación, que culpan cada vez más a los musulmanes por el declive de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Brenton Tarrant es de Australia, donde se ha fomentado un ambiente hostil hacia los inmigrantes durante el período reciente. Como señaló The Guardian el año pasado, comentando sobre la situación en Australia:
“En público, el debate sobre la migración rara vez permanece dentro de los límites estrechos del número o del origen de nuevas personas que buscan venir a Australia para vivir. Más bien, se extiende, con vitalidad creciente, en todas las áreas del debate público: a los argumentos sobre la congestión de las carreteras y los precios de las viviendas, a la disponibilidad de recursos como la tierra y el agua, a los debates sociales sobre la integración, la religión, y al inglés como el principal idioma hablado de Australia. . ” (Guardian, 23 de marzo de 2018)
Así, se culpa de todo a los inmigrantes en general, y a los musulmanes en particular. Los inmigrantes son tratados con desprecio por las autoridades. Los solicitantes de asilo son enviados a vivir en islas sin acceso a necesidades básicas. En todo momento, son acosados, se los mantiene en malas condiciones de vida y son empujados a trabajos mal pagados y, a menudo, informales. Se les imponen sanciones que se justifican por su supuesta falta de "voluntad" de integración, etc. Este comportamiento no se limita a Australia, sino que se puede ver en todo el mundo, donde hay una gran afluencia de inmigrantes. Los recién llegados pueden ser fácilmente chivos expiatorios por la escasez sufrida por la población autóctona como resultado de la crisis del capitalismo y las políticas de austeridad impuestas por la clase dominante. Tanto mejor, cuando los recién llegados pueden identificarse más fácilmente por el color de su piel, por el estilo de ropa que usan o por la religión que profesan.
Un ejemplo de esto es el senador australiano, Fraser Anning, que exigió un referéndum el año pasado "para permitir que el pueblo australiano decida si quiere prohibir la entrada de los inmigrantes del tercer mundo que no hablan inglés, y particularmente de los musulmanes". Ha pronunciado muchos discursos diciendo que los migrantes deberían ser enviados de regreso a sus países de origen, alegando que viven de los subsidios sociales y que cuestan mucho dinero a los contribuyentes australianos. Anning fue miembro del partido de extrema derecha One Nation, después del cual se unió al Partido de Australia de Katter, del cual fue expulsado más tarde. A principios de este año, asistió a un mitin en St. Kilda, en el que participaron simpatizantes neonazis. Estaba claramente asociado con opiniones de extrema derecha y abiertamente racistas.
Es en este ambiente donde los grupos abiertamente fascistas y nazis están consiguiendo un eco. Se sienten alentados y envalentonados por el hecho de que los políticos de alto rango, desde Trump en los EE. UU. hasta los Brexiteers de derecha en el Reino Unido, hasta Salvini en Italia y Le Pen en Francia, expresan puntos de vista racistas y xenófobos. Así, realizan ataques contra inmigrantes, sintiendo que tienen el respaldo de estos políticos. Son como perros salvajes desatados por sus amos.
Lo que es particularmente repugnante de Fraser Anning es lo que dijo poco después del ataque de la semana pasada: "lo que destaca es el creciente temor en nuestra comunidad, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, de la creciente presencia musulmana", y luego agrega: "La verdadera causa del derramamiento de sangre en las calles de Nueva Zelanda hoy es en primer lugar el programa de inmigración que permitió a los fanáticos musulmanes emigrar a Nueva Zelanda". Y como si esto no fuera suficiente, también afirmó que si bien los musulmanes "pueden haber sido las víctimas hoy, por lo general son los atacantes". Esto equivale a una disculpa por un crimen bárbaro y es una invitación abierta a fanáticos de extrema derecha para que lleven a cabo ataques similares.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación de masas actúan como un amplificador fiel de estas ideas venenosas. Mientras despliegan toda la propaganda racista de manera más o menos acrítica, censuran y enmudecen hipócritamente a cualquiera que se oponga al derecho de la derecha a la "libertad de expresión".
La extrema derecha, y los políticos burgueses que se hacen eco de su pensamiento, cambian la responsabilidad por la crisis actual del sistema capitalista, que se basa en la ganancia de unos pocos y la pobreza de muchos, para señalar con el dedo a los inmigrantes. En este contexto, el fundamentalismo islámico se está utilizando como un medio para fomentar la islamofobia, y algunos, como Anning en Australia, llegan incluso a culpar a los musulmanes por ataques como el de la masacre de Christchurch la semana pasada. No hace falta decir que el fundamentalismo islámico es reaccionario, pero no debemos olvidar quién lo patrocinó y promovió en las últimas décadas.

El caos y los asesinatos mantienen a los trabajadores divididos

Hemos escrito sobre esta cuestión con mucho más detalle en otros artículos. Basta con decir que los talibanes en Afganistán surgieron de las fuerzas reaccionarias que Estados Unidos respaldó en su esfuerzo por alejar a ese país de la esfera de influencia soviética. Grupos como Hamas fueron promovidos cuando el estado de Israel y el imperialismo estadounidense veían en la OLP la principal amenaza.
Así, mientras en los países donde el Islam es la religión dominante, los fundamentalistas se están utilizando en la crisis actual para abatir la combatividad de la clase trabajadora y popularizar su alternativa reaccionaria, en los países capitalistas avanzados, los políticos de extrema derecha están utilizando a los fundamentalistas para azotar un estado de ánimo de islamofobia. Lo que tenemos aquí son dos ideologías igualmente reaccionarias, el fascismo y el fundamentalismo islámico, ambos al servicio de las clases dominantes.
Existe el peligro de asesinatos en represalia que se utilizarán en un intento de avivar los sentimientos anti-musulmanes. Los racistas de extrema derecha y los neonazis fascistas utilizan el terrorismo fundamentalista islámico para representar a todos los musulmanes como posibles terroristas. Sobre esta base, ataques como el de una mezquita en la ciudad de Quebec en enero de 2017, donde murieron seis personas y otras 19 resultaron heridas, o este último ataque en Christchurch se presentan como parte de una guerra justa para defender la cultura "blanca".
La forma en que los medios informan sobre estos eventos también contribuye a aumentar la histeria islamófoba. Cuando los musulmanes llevan a cabo un ataque, se denuncia de inmediato como terrorismo, lo que por supuesto lo es. Sin embargo, cuando ocurre un ataque como el de Christchurch, los medios de comunicación se muestran reticentes a usar la palabra “terrorismo”. Esto revela que hay una agenda para retratar al terrorismo siempre como islámico, lo que ayuda a fomentar la islamofobia.
Lo que tenemos aquí es la barbarie en ambos lados, y los que sufren son musulmanes comunes y no musulmanes, obreros cristianos, obreros judíos, obreros hindúes, etc., todos tratando de continuar con su vida diaria. Por este camino no hay solución para los trabajadores de ningún país. La clase obrera debe elevarse por encima de estas divisiones y hacerse consciente como clase. Debe luchar contra cualquier fuerza ajena que intente fomentar las divisiones entre los trabajadores. Los lemas: "divididos nos derrotan, unidos venceremos" y "un ataque contra uno es un ataque contra todos" deben estar impresos en las banderas del movimiento obrero.
La clase capitalista tiene interés en utilizar cualquier medio necesario para mantener a los trabajadores divididos. Si esto significa escenas de caos y derramamiento de sangre, no retrocederán para promover, o al menos tolerar, tales desarrollos. Los trabajadores del mundo, de todos los colores y todos los credos, por otro lado, desean un mundo donde puedan criar a sus hijos en un ambiente sano y seguro.
¿Cómo se logrará esto? ¡Ciertamente no con estos métodos bárbaros! Tales métodos solo beneficiarán a la clase dominante creando divisiones entre los trabajadores. Y cuando los trabajadores están divididos, se debilitan y se vuelven impotentes ante los ataques a sus niveles de vida por parte de los patrones. La clase capitalista siempre se beneficia de tales divisiones. Lo que se requiere es una sociedad que satisfaga las necesidades básicas de todos con viviendas, ropa, alimentos, educación y atención médica decentes para todos. Esto solo se puede lograr a través de la transformación socialista de la sociedad, donde los trabajadores que producen la riqueza tengan control sobre los recursos y de cómo se utilizan. Cuando se erradique la pobreza y la necesidad, también lo será la base material de donde surgen los conflictos étnicos y religiosos.

¡Unidad de la clase obrera contra la división racista!

Sólo sobre esta base se pueden poner fin a estos conflictos. No son los trabajadores musulmanes, los campesinos musulmanes o los jóvenes musulmanes quienes tienen la culpa de la disminución de los niveles de vida. Ellos, como todos los demás trabajadores, simplemente están luchando para ganarse la vida, para ganar suficiente dinero para alimentarse a sí mismos y a sus hijos. A su vez, no son los trabajadores y los jóvenes de Gran Bretaña, ni de los Estados Unidos, ni de Australia o Nueva Zelanda, quienes tienen la culpa del sufrimiento de los pueblos de Oriente Medio. Quienes deben responsabilizarse de esto son los capitalistas de estos países, que explotan a sus propios trabajadores en el país y llevan a cabo una política imperialista en el exterior.
En su búsqueda de ganancias, recorren el mundo en busca de mercados y esferas de influencia. Para promover sus intereses, fomentan divisiones; invaden y bombardean países con el objetivo final de garantizar rutas comerciales y fuentes de materias primas. Hablan de democracia, pero cuando la revolución levanta la cabeza, no dudan en desatar la barbarie. Esto fue evidente en Siria y Libia. En Yemen, permiten que sus amigos en el régimen saudí procedan a matar de hambre a todo un pueblo, mientras que en Somalia han promovido la absoluta barbarie. Mientras tanto, en casa, en los países capitalistas avanzados, fomentan el racismo como una herramienta útil para descarrilar la creciente lucha de clases.
En el pasado, cuando se enfrentaba una grave crisis económica en Alemania, el antisemitismo se consideraba una herramienta útil para distraer la atención de los verdaderos culpables, los capitalistas. Hoy en día han encontrado en la islamofobia una herramienta igualmente útil. Es un medio por el cual esperan permanecer en el poder a medida que se proponen atacar a la clase trabajadora, reduciendo los salarios, la educación, la salud... Así sufren todos los trabajadores, musulmanes y no musulmanes.
La única fuerza que realmente puede poner fin a todo esto es la clase trabajadora organizada. Los trabajadores de diferentes países y raíces étnicas descubren que tienen un interés común en el proceso de luchar contra el ataque a sus condiciones de vida. Acontecimientos como la masacre de la semana pasada también ponen de manifiesto la solidaridad natural entre los trabajadores comunes. En Nueva Zelanda, hemos visto una manifestación de tal solidaridad en todas las comunidades con las víctimas de la masacre, mientras que se han recaudado más de 6 millones de dólares neozelandeses en campañas de apoyo en internet. Alumnos de la escuela se reunieron en grandes cantidades en Christchurch para realizar el Haka en homenaje a los muertos en los ataques. Estos ejemplos revelan la genuina solidaridad de los trabajadores comunes y corrientes.
El hecho es que ya existen recursos para proporcionar empleos, viviendas, salarios dignos, hospitales y educación para todos. El problema es que esos mismos recursos están en manos de una pequeña minoría de capitalistas súper ricos, que usan su riqueza para unos pocos y no para la mayoría. Para poder usar esos recursos se requiere la eliminación de la clase capitalista, la clase que está destruyendo la base misma de la civilización que tenemos y que nos empuja hacia la barbarie.
La unidad de la clase obrera significa la unidad contra el enemigo real: las clases dominantes capitalistas de todos los países que se benefician, mientras que los que están debajo se enfrentan entre sí. Significa la unidad de todos los trabajadores, independientemente de sus creencias religiosas, de su idioma, de su color de piel, contra el sistema que se basa en maximizar los beneficios para unos pocos.

Fred Weston
Domingo 31 de Marzo de 2019 02:30

Un gol a la impunidad. Abogado de DDHH Pablo Chargoñia en Fiscalía

El proceso judicial que comenzó con una denuncia del represor Zuluaga contra el vocero de la campaña “un gol a la impunidad”, Richard Mariani, puede revertirse y que por el contrario se terminen activando las causas contra Zuluaga y los represores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNII).
El día martes, y con el apoyo de personas y organismos de derechos humanos que se acercaron a la Fiscalía, declararon testigos y víctimas del accionar represivo en ese centro de tortura y represión incriminando al personal de la DNII en crímenes de Lesa Humanidad.

Zuluaga, de denunciante a denunciado

En medio de la indignación por las declaraciones de Silveira y Gavazzo, el represor Zuluaga pasó de denunciante a denunciado. Hay que continuar la lucha contra la impunidad.

El proceso judicial que comenzó con una denuncia del represor Zuluaga contra el vocero de la campaña “un gol a la impunidad”, Richard Mariani, puede revertirse y que por el contrario se terminen activando las causas contra Zuluaga y los represores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNII).
El día martes, y con el apoyo de personas y organismos de derechos humanos que se acercaron a la Fiscalía, declararon testigos y víctimas del accionar represivo en ese centro de tortura y represión incriminando al personal de la DNII en crímenes de Lesa Humanidad.
La conmoción provocada por las confesiones y declaraciones de Silveira y Gavazzo abren la posibilidad de retomar con más fuerza la lucha contra la impunidad. La organización y la movilización popular independiente son el camino para que se haga justicia con los responsables civiles y militares de los crímenes de la dictadura.

Transcribimos el comunicado de los organizadores de la campaña “un gol a la impunidad”.

Informe del caso Zuluaga 3/4 -2019

Zuluaga pasó de denunciante a denunciado

El proceso que empezó con una denuncia de Zuluaga contra el vocero de la campaña “un gol contra la impunidad” comenzó a dar un giro de 180 grados cuando declararon durante tres horas, las organizaciones de DDHH y ex detenidos en la DNII. Todo indica que no sólo podría archivarse la denuncia contra Richard Mariani (vocero de la campaña) sino que se abre la posibilidad de activar causas contra Zuluaga y los represores de la DNII.
Afuera de la fiscalía en la calle Misiones cientos de carteles de detenidos desaparecidos esperaban junto a banderas de organizaciones sociales y sindicatos.
Adentro, mientras tanto, la fiscal Puppo iba recibiendo uno a uno los testigos que presentó Iván Almeida, abogado por el lado de las org. De DDHH.
El primero en presentarse fue el Dr. Pablo Chargoña (abogado del Observatorio Luz Ibarburu) quien desplegó una amplia argumentación por la cual Zuluaga, y todos los policías que operaron en la DNII durante la dictadura serían co-autores de los delitos de Lesa Humanidad acaecidos en esas dependencias.
Lo siguieron los ex detenidos en la DNII (Diego Damián, Luis Libschitz y Ruben Waisrub) que testimoniaron con lujo de detalle el horror de lo ocurrido en la DNII durante el período en que Zuluaga operó allí, llegando a ser sub-comisario.
Finalmente Ignacio Errandonea (por Familiares de Detenidos Desaparecidos) ratificó la convicción de que Zuluaga tenía responsabilidad en la represión, y la importancia que tuvo para la sociedad la campaña que terminó con la desafectación del represor de la órbita de la AUF. Se hizo presente también Fernanda Aguirre por la Secretaria de Derechos Humanos del Pit- Cnt a quien la fiscal optó por no tomarle testimonio.
A la espera de una resolución concreta sobre la denuncia por difamación que presentara el represor, los abogados y las organizaciones de DDHH se mostraron optimistas con la posibilidad de haberle puesto un freno a la criminalización de la protesta y sentar las bases para posibles causas contra el exjefe de Seguridad de la AUF Miguel Zuluaga, y los represores de la DNII.
Esto podría ser otro gol contra la impunidad.
Permanecemos expectantes y movilizados.
HAGÁMOSLE OTRO GOL A LA IMPUNIDAD

La Izquierda Diario Uruguay

La economía que se enlentece y un gobierno que se aferra cada vez más a UPM2

Astori y la estrella que se apaga. El FLS va con dos listas al senado. Las elecciones en el Partido Socialista. Mujica y su juego autónomo. Y una opinión de los hechos represivos del viernes pasado en la Marcha por el Día Internacional del Agua.

A mitad de la semana pasada, el Ministro de Economía habló de la marcha de la economía en el tradicional almuerzo de ADM. Frente a empresarios nacionales y extranjeros, Astori resaltó los ‘logros’ en materia de empleo e inversión que registró nuestro país desde 2005. Sin embargo, no pudo eludir la situación actual que es de caída de la actividad, menor inversión y caída del empleo. Aquí el ministro reconoció que es uno los problemas que lo ‘desvela”. Desde las variables ‘macro’ también podemos encontrar la explicación del gobierno por concretar la inversión de UPM2, ya que impactaría en algunas décimas del PBI y permitiría mostrar variables estables.
Algunas calificadoras de riesgo ya colocan a Uruguay en el puesto más bajo entre los países con grado inversor. El gobierno se encuentra en este momento en la delgada línea entre realizar el ajuste que el mercado le exige y aguantar las variables macroeconómicas hasta el balotage de noviembre. Analistas económicos y consultores ligados a los negocios rurales siguen planteando los problemas de competitividad. Pero reconocen que un ajuste en el tipo de cambio, repercutirá en la inflación. Por el momento, la apuesta de este sector se basa en terminar el año con un tipo de cambio nominal alrededor de entre 35 y 37 pesos por dólar. Algo que destacan del gobierno es la inversión realizada en logística y caminos, lo cual mejora la productividad del campo. Una vez más, es el ‘maldito estado’ que asfixia de impuestos a los pobres productores rurales, el que pone las obras para maximizar sus ganancias.
Una ventaja con la que ya cuenta el gobierno es que la Reserva Federal de EEUU ya anunció que no subirá la tasa de interés, lo que asegura financiamiento relativamente barato por lo que queda del año. De hecho, el estado uruguayo ya colocó la mayor parte de la deuda en enero, pagando un interés bajo (4,5%) y festejando por esto.
El ritmo de desaceleración de la economía, la creciente impopularidad de Astori y el deterioro del Frente Líber Seregni, parecen ir de la mano. Rafael Michelini anunció la presentación de una lista propia del Nuevo Espacio al senado, planteando una ruptura al menos con la línea de mantener un perfil electoral del FLS. Por su parte, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista presentarán una lista conjunta. Un nuevo golpe en el ala moderada del gobierno, que en estas elecciones tendrá que evitar la fuga de votos a La Alternativa, por un lado, y el retorno al batllismo colorado liderado por Sanguinetti, por el otro.

Elecciones en el PS

Este domingo se realizaron las elecciones a Secretario General del Partido Socialista. Las tensiones que recorren la interna ‘lata’ son las mismas que recorren al conjunto del FA. Nuevamente se presenta como una batalla entre ‘renovadores’ y ‘ortodoxos’, representados en los nombres de Santiago Soto y Gonzalo Civila. Entre social-liberales adeptos al PSOE español y al SPD alemán, y los que se emparentan con procesos ‘nacionales y populares’, como el kirchnerismo. En los últimos años estas tensiones también se han llevado al terreno del marco de alianzas del partido. Los ‘ortodoxos’ más cercanos al Grupo de los 8 liderado por Mujica y el PCU, mientras los ‘renovadores’ con marcadas inclinaciones hacia el FLS. Este equilibrio mantuvo al PS por el callejón del medio en los últimos años, con tensiones importantes a su interna y ruptura de sectores ligados a la gestión del gobierno.
Pero estas elecciones se dan en un momento singular: hay un candidato del PS con posibilidades muy reales de acceder nuevamente a la presidencia. Esto plantea un escenario de que gane quien gane, la unidad partidaria estará por encima de todo. Porque lo que viene para el PS ‘será grande’. Es decir, la posibilidad de poblar masivamente al estado en un gobierno de Martínez. Según el conteo primario, habría ganado Gonzalo Civila.

¿A qué juega Mujica?

En menos de 48hs el líder del MPP tuvo dos gestos que golpearon de lleno contra la candidatura de Carolina Cosse. Primero fue la reunión con Daniel Martínez. Y segundo sus dichos referentes a la construcción del Antel Arena. Posiblemente “no lo hubiera hecho” si sabía los costos que significaba la construcción del estadio. La candidatura de Cosse se basa en dos símbolos o ideas fuerza: que es mujer y que construyó el Antel Arena. Y los dichos de Mujica impactan sobre el segundo. Quizás Mujica esté ‘bajandole el precio’ a la candidatura de una Cosse que nunca vio como figura propia de su sector y que en el gabinete de Vázquez siempre estuvo identificada con el actual mandatario.
Recordemos que Cosse termina siendo la candidata que apoyó el MPP a regañadientes luego de que fracasaran las gestiones por Ernesto Murro y de las reuniones de Martínez con Mujica. Ante la negativa del intendente de Montevideo a ciertos requerimientos de Mujica ¿será que el MPP se vio obligado a ir a la interna a disputar al menos una porción de poder estatal en el próximo gobierno? Es una interrogante. Lo que se ve es un Mujica haciendo su propio juego.

La represión a la protesta

El viernes pasado se realizó la marcha por el Día Internacional del Agua. La misma transcurrió en condiciones normales y absolutamente pacíficas. Al terminar la marcha en Torre Ejecutiva, un grupo de activista de Al Costado de la Vía, colectivo que se opone a la construcción del tren de UPM2,fueron abordados por particulares y luego por agentes del PADO.
La situación se tornó por demás violenta en contra de los manifestantes, siendo golpeados y arrastrados en plena vía pública, con un saldo de dos personas detenidas. De la situación constan los registros fílmicos. Pese a esto, ninguno de los grandes medios de comunicación se hizo eco de la noticia. Hay un gran cerco mediático con respecto a UPM2. ¿Por qué será? Distintas organizaciones sindicales, sociales y de DDHH repudiaron el hecho.
Paradójicamente en el mismo momento que la movilización del viernes llegaba a la Presidencia, el Ministro Eduardo Bonomi se encontraba a media cuadra, en un Teatro Solís repleto, aplaudiendo a la histórica luchadora antirracista y contra la violencia policial, Angela Davis. Un caso para psicoanalistas.
En un nivel más general, este hecho represivo es parte de una deriva que ya lleva varios años. Desde la infiltración en los conflictos de los docentes en 2013 y 2015, a la actuación del DOE realizando detenciones irregulares. Junto a la adquisición de software como El Guardián, la instalación de cámaras y la tecnificación de la policía. Todas medidas destinadas a fortalecer el aparato represivo del estado.
Desde un punto de vista político, con este accionar el gobierno intenta mostrar a todo movimiento que se oponga a la instalación de la segunda planta de la multinacional finlandesa, que este proyecto se concreta, y si es necesario, con persecución y represión.

Damián Recoba

Un nuevo episodio de una crisis que parecía cerrada

Cuando parecía cerrarse el capítulo de confrontación y tensiones entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, surge un nuevo episodio que nuevamente pone en cuestión la relación entre el gobierno y la oficialidad. Enfrentamiento entre Presidencia y Defensa por las omisiones ¿quién dice la verdad?

El mes pasado la crisis de Manini Ríos evidenció la necesidad de intervenir en política de sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Este, es un nuevo episodio de una crisis con una institución del estado que, si bien se preservó de intervenir en política desde el fin de la dictadura, fue ganando paso a paso posiciones en el régimen político a tono con su propia impunidad.
Los dirigentes de los distintos partidos del arco político apoyaron la decisión presidencial, aunque le reprochan a Vázquez su omisión al no leer lo que estaba firmando. No importa si son partidos que han defendido la impunidad desde el principio. Este apoyo surge de la necesidad de mostrar a la ciudadanía que los principales partidos “no defienden esas prácticas” (las declaradas por Gavazzo y las faltas del Tribunal) y también de mostrarse un tanto despegados de las ambiciones de las Fuerzas Armadas que ya en tiempos de Manini Ríos había comenzado a trazar un discurso con cierta línea divisoria entre políticos y militares.
Desde las filas del gobierno se encargaron insistentemente en afirmar que el presidente no conocía el contenido de las actas del fallo al momento de homologarlo. Habrá que ver. Permítasenos el beneficio de la duda. Es difícil poder confiar en la palabra de un gobierno que tuvo a Fernández Huidobro como Ministro de Defensa. Por lo pronto, nos queda que desde el Ministerio de Defensa se alega que Vázquez siempre tuvo en su poder la información sobre las declaraciones de Gavazzo. En la jornada de hoy también se conoció en febrero Menéndez y sus dos abogados concurrieron con el expediente a Presidencia, donde habrían recomendado hacer la denuncia penal. Basta ver las declaraciones del secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma publicadas en El País, donde es incapaz de contestar las preguntas del periodista de forma coherente.
La imagen del octogenario inepto que actuó de buena fe que el entorno presidencial intentó construir, en pocas horas podría ser sustituida por la del político fríamente calculador, dotado de un cinismo como pocos.
La conclusión lógica que surge de esto último es que el gobierno en conocimiento de las declaraciones de Gavazzo apostó a que se mantuviera el secreto. La filtración de las actas en los medios de prensa con el contenido sanguinario de las declaraciones, plantearon la necesidad de tomar la decisión que se tomó. Es decir, no fue una medida producto de un giro a izquierda del gobierno en materia de DDHH, sino como respuesta de contragolpe a una situación (la designación de José González) que ya se había tornado escandalosa e impresentable.
De paso, y en el marco de la campaña electoral el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo intentaron utilizar la crisis a su favor. El desenlace con el descabezamiento de la cúpula militar puede ser leído como un guiño a las bases sociales de izquierda que aún sostienen al gobierno y que en este tema no ha tenido muchos argumentos para su defensa.
Este nuevo episodio nos vuelve a plantear la interrogante: ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? En un país pequeño, sin hipótesis de conflicto serias y sin un rol geopolítico de relevancia, las Fuerzas Armadas en tiempos de “paz” quedan reducidas a ser un mero aparato de decoración. Fue en los momentos de la historia donde la situación social y política no podía ser contenida por los márgenes del régimen democrático, que se recurrió a las Fuerzas Armadas para garantizar la represión interna persiguiendo, asesinando, torturando, violando y desapareciendo activistas sindicales o estudiantiles. Las razones por las que no se ha desmantelado política y organizativamente a la institución militar está, por un lado en su defensa férrea de su interés como casta (y con políticos que han luchado por ellos a “brazo partido”, desde García Pintos a Huidobro), y por otro a la necesidad de las clases dominantes de nuestro país de mantener un aparato profesional preservado y re prestigiado para cuando se vuelva a plantear la hipótesis de conflicto con “enemigos internos”.
Por último. En la declaración del día de ayer Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos plantea un punto importante: “5 – Visto lo anterior confirmamos una vez más que es completamente improcedente e inaceptable la creación de una “Guardia Nacional” integrada por efectivos de estas mismas Fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía; según la propuesta que se plebiscitará este año.” Dada también la extraña concepción de “honorabilidad” de las FFAA, resulta cada vez más importante alertar más claramente sobre los peligros de la creación de esta Guardia Nacional que se impulsa desde la campaña “Vivir Sin Miedo”. Los allanamientos nocturnos ya configuran un retroceso de nuestras libertades democráticas, sea bajo el gobierno que sean. ¿Se imagina el lector si los allanamientos los realiza la fuerza que absuelve a Gavazzo?

Damián Recoba

La responsabilidad de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en la impunidad de los militares

La impunidad se destapa y salpica tanto a militares como al mismo partido de gobierno. Maniobras y pujas por el poder operan minuto a minuto. La imposibilidad del progresismo de enfrentar a la derecha y la necesidad de la movilización popular.

El pueblo uruguayo se alegró al conocerse la noticia de la remoción de los militares integrantes del Tribunal Especial de Honor Militar que dejó pasar las declaraciones de Gavazzo. También estuvimos de acuerdo en que el gobierno debía echar al Ministro de Defensa y a su vice, por no actuar en consecuencia sabiendo el contenido de las actas. Pero de todo esto, aún queda un sabor amargo, y es la necesidad de que se corte de una buena vez con el manto de impunidad que abarca no solo a los militares que asesinaron, torturaron, violaron e hicieron desaparecer, sino también a quienes hoy los siguen encubriendo.

El poder de las Fuerzas Armadas y el sostenimiento de la impunidad

Lo que demuestra todo el escándalo de encubrimiento de los militares, que salpicó a Poder Ejecutivo mismo, son básicamente dos cosas. La primera es el poder mafioso de las Fuerzas Armadas que, al mantenerse sus privilegios y conservando intacto su poder, operan y desafían al poder político buscando imponer una relación de fuerzas a favor de preservar la impunidad. Se trata de sectores que se niegan a retractarse de lo ocurrido en la dictadura, y a brindar información sobre los desaparecidos; que juegan con los familiares, que justifican las torturas y el Terrorismo de Estado poniendo como enemigo la “amenaza comunista”, y que hoy día defienden la Doctrina de Seguridad Nacional. Estamos hablando que quienes perpetraron los peores crímenes realizados en territorio uruguayo – operando regionalmente desde el Plan Cóndor y amparados, financiados y promovidos por los Estados Unidos – hoy se preservan y pujan por seguir manteniendo sus nichos de poder.
Es inevitable hacer un paralelismo con la intención del presidente de Brasil Jair Bolsonaro de querer conmemorar el aniversario del golpe de estado de 1964 con lo que pasó en nuestro país. Esa reivindicación a ultranza de la dictadura y del poderío militar es la misma que hoy la cúpula militar uruguaya hace en la pulseada con el gobierno. Son las mismas fuerzas porque nadie les sacó su poder en todos estos años desde la restitución de la democracia.
La segunda constatación que se demuestra es que los años de impunidad han domesticado a las fuerzas gobernantes, ya sean estas de derecha o de izquierda, y todas mantienen la impunidad como “cuestión de Estado”. En especial el Frente Amplio, que hoy en las elecciones se postula como la alternativa al avance de la derecha en la región y en el país, se encuentra involucrado en una serie de encubrimientos de los peores criminales.
Tanto se les permitió la sobrevida a los militares golpistas que hasta figuras emblemáticas, presos políticos, rehenes de la dictadura, dirigentes con prestigio y reconocimiento como José Mujica o Eleuterio Fernández Huidobro los protegieron personalmente, haciendo que la sociedad se reconcilie con ellos y de vuelta la página.
Hoy Tabaré aparece como el adalid de la democracia, como aquel que quiso enfrentar al poder mafioso anidado en las Fuerzas Armadas, pero en realidad no hizo más que salvar la institución presidencial de un escándalo mayor, y actuó “de contragolpe” cuando se terminaron filtrando las declaraciones de Gavazzo.
Esta maniobra le costó tener que hacer renunciar a su Ministro de Defensa y su vice, y hoy pende de un hilo el puesto de Secretario de la presidencia Miguel Ángel Toma.
El Frente Amplio en el poder, durante sus tres mandatos, no facilitó ni aceleró los juicios de lesa humanidad, es más, ha puesto trabas desde el Ministerio de Defensa en los pedidos de la Justicia. El FA relevó de su cargo a la Jueza Mariana Motta que investigaba las causas de derechos humanos y estaba especializada en eso. No anuló la Ley de Caducidad mientras tuvo mayoría parlamentaria. Propició la reconciliación con las Fuerzas Armadas lavando su cara y mostrándolas como aliadas del pueblo. Además de toda la política represiva que implementó (represión en el Codicen, decreto antipiquetes, mega-operativos en los barrios pobres, espionaje e infiltración en las marchas, detenciones arbitrarias como en la Marcha del Agua) que, por supuesto, contribuye a generar un clima propicio para la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos.

Es imposible que Vázquez no supiera

El mismo comunicado de la Presidencia del 1 de abril, aunque es bastante confuso, es terminante en que “El expediente administrativo referido al contenido de los fallos emitidos, fue puesto a consideración de la Presidencia de la República a los efectos de pronunciarse sobre la homologación o no de dichos fallos”.
Según el mismo comunicado, el 12 de marzo se homologaron los actos administrativos correspondientes, aunque con observaciones formuladas por la Presidencia donde se respondía al cuestionamiento de Manini Ríos respecto del accionar del Poder Judicial. Crítica que le valiera su destitución.
Y el comunicado sigue diciendo “El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”.
O sea que, como mínimo, el presidente Vázquez tenía en su poder las actas que contenían las declaraciones de Gavazzo desde el 12 de marzo, pero recién la Fiscalía General de la Nación intervino luego de que las declaraciones se filtraran a la prensa. ¿Por qué Presidencia dejó pasar tantos días (19 días) para dar conocimiento a la Justicia? Es, como mínimo, raro.
Todo el sector frenteamplista ha venido culpabilizando – correctamente - a los integrantes del Tribunal Especial de Honor por no informar a la Justicia sobre la declaración de Gavazzo, ya que es obligación hacerlo, más si se ejerce un cargo público. Pero esa misma obligación le cabe al Ministro de Defensa y al mismo Poder Ejecutivo que sabían de esto, como mínimo desde el 12 de marzo. Es más, en la prensa ha trascendido que Menéndez le habría informado al Presidente acerca de las declaraciones de Gavazzo desde el mes de febrero, cuando funcionó el Tribunal Especial de Honor.
En el marco de lo importante que son las declaraciones de este asesino, “rata humana” como lo llaman los sobrevivientes de sus crueles torturas y dejaciones, no podemos concebir que el Presidente Tabaré Vázquez no se tome un minuto para leer las actas. Demuestra la poca preocupación sobre los temas del pasado reciente.
La reacción de Vázquez de destitución tanto de los militares como del Ministro y vice, debería ser seguida por exigir que se conozca la verdad, que los militares destituidos digan todo lo que saben y luego deberían detenerlos y juzgarlos por encubrimiento.

“Asumo la responsabilidad”

Si bien en el día de hoy el Presidente Tabaré Vázquez asumió la responsabilidad por no haber leído las actas, esto no minimiza el problema, y mantiene un dejo de duda respecto a lo que verdaderamente pasó.
El Frente Amplio opera para dejar intacta la figura del Presidente, máxime en medio de la campaña electoral. Pero no puede responder a la pregunta de por qué en todos estos años mantuvo a los militares sin juzgamientos. Tampoco puede responder por qué designó a José González como reemplazante de Manini siendo el primero parte del Tribunal Militar y por ende responsable de haber sobreseído a Gavazzo y a Silveira de los crímenes cometidos. Tampoco pueden responder por qué tardaron tanto en dar comunicación a la Justicia de las declaraciones de Gavazzo.
Esta situación de encubrimiento e impunidad, no solo es muy dolorosa, sino que es tan grave que nadie puede quedar de brazos cruzados. Las organizaciones de derechos humanos, el PIT-CNT y la FEUU y todas las organizaciones de base deben convocar a la mayor de las movilizaciones para acabar con la impunidad. Una movilización independiente de todos los partidos que integran este régimen político basado en el Pacto del Club Naval, que exija el procesamiento y la cárcel para los encubridores de los militares asesinos, que pida la apertura de los archivos que todavía siguen en manos de las Fuerzas Armadas, que reclame la anulación de la Ley de Caducidad y el fin de los privilegios de los militares condenados. Si no acabamos de verdad con la impunidad, el pasado está condenado a repetirse, aunque siempre más trágicamente.

Karina Rojas

Che Guevara, la gran Patria latinoamericana Discurso ante la ONU

Vázquez desplaza al ministro de Defensa pero sigue la impunidad

Ante las filtraciones de las actas del Tribunal de Honor a Silveira y Gavazzo con detalles de distintos crímenes de la dictadura Vázquez destituyó a la cúpula del Ministerio de Defensa y al recientemente nombrado comandante José González.

La divulgación de actas del Tribunal de Honor (en los que los militares se juzgan a sí mismos) realizado a los represores José "Nino" Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira da cuenta, a partir del propio relato de los genocidas, de las atroces torturas y crímenes cometidos en la última dictadura militar (1973-1985). Ante tal horror y el hecho de que el propio Tribunal violó la normativa al no informar a sus superiores sobre la presunción de delitos, Vázquez no tuvo otra salida que relevar al recién nombrado comandante y los otros generales que integraron el Tribunal y por lo tanto estaban al tanto de las declaraciones.
Vázquez también pidió la venia del Senado para el pase a retiro obligatorio de los generales: Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo (uno de los integrantes del llamado “Tribunal de Honor”).
El desplazamiento del ministro y vice ministro evidencia la pérdida de confianza de Vázquez hacia la dirección política que se desempeñaba hasta ahora, lo cual también es un intento de lavarse las manos ante lo sucedido con el “Tribunal de Honor”.
Según el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, Vázquez le informó que no tenía conocimiento del contenido de las actas del tribunal, una maniobra burda para intentar quitarse responsabilidad de haber dejado pasar y homologado, sabiendo lo declarado por Silveira y Gavazzo, el fallo del tribunal de honor.
Por su parte la Fiscalía General de la Nación casi en simultaneo con el Ejecutivo impulsa la investigación sobre el accionar del llamado “Tribunal de Honor” por considerar que se cometió el delito penal de flagrancia por omitir la presunción de delito a partir de las confesiones de Gavazzo y Silveira, ante lo cual estaban obligados a informar a sus superiores.
El texto de la normativa en el artículo 77 del decreto 55/1985 dice que el tribunal que: "intervenga en un asunto en el que exista presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie".

Se quiere tapar el encubrimiento y la complicidad

En el comunicado del Poder Ejecutivo se señala la responsabilidad del cuerpo de oficiales (incluido el ex comandante en jefe Manini Ríos) en omitir comunicar a las autoridades esta información que es evidencia clara de presunción de delitos: “La grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente”.
Pero se omite la responsabilidad de las propias autoridades gubernamentales en el ocultamiento de información. Textualmente el Ejecutivo dice: “El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación.” Malabares argumentativos que la fiscalía debería investigar para esclarecer el posible encubrimiento del que fueron parte como mínimo el ministro y vice ministro de Defensa.
De esta forma tratan de salvar el enchastre general protegiendo hasta donde pueden los servicios prestados a la impunidad por parte de los ahora ex ministro y vice, como a su vez mediante la renuncia de estos se trata de proteger a Vázquez que había homologado las resoluciones si bien luego entró en conflicto con el informe de Manini Ríos.
Insólitamente Vázquez a través del presidente del Frente Amplio Javier Miranda arguye que no tenía conocimiento del contenido de las actas. Lo cual como mínimo significa una total negligencia o un intento de lavarse las manos.

Lo que se quiso ocultar

Durante las actuaciones, por ejemplo, Gavazzo reconoció que arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro para hacerlo desaparecer y dio detalles del asesinato de este militante preso y torturado en instalaciones del grupo de artillería Nº 1.
En el cuartel La Paloma, sede del grupo de artillería Nº 1 también murió otro militante tupamaro, Eduardo Pérez Silveira. De acuerdo al testimonio de “pajarito” Silveira al Tribunal de Honor militar, Gavazzo gaseó al detenido con una granada de gas para luego ser llevado en grave estado producto de las torturas al Hospital Militar donde murió. Pérez Silveira aún está desaparecido.
El genocida “pajarito” Silveira también acusó a Gavazzo de tener responsabilidad y participación en el segundo vuelo de la muerte que trasladó presos políticos desde Buenos Aires y lo incriminó en la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Increíblemente y luego de este tipo de confesiones y relatos, los miembros del “Tribunal de Honor”, José González (hasta ahora nuevo comandante del Ejército), Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún, omitieron esa obligación de la normativa y entendieron que no había pruebas suficientes para condenar a Silveira y Gavazzo por estos crímenes aberrantes, así como que los hechos no estaban lo suficientemente aclarados. El tribunal condenó a ambos a la ridícula medida de “no usar el uniforme” por no haber declarado que el Coronel Gómez (que estuvo 3 años preso por la causa Gomensoro) era inocente.
El fallo, una antología de impunidad y encubrimiento, fue refrendado luego por otros 3 militares (Romano, Salaberry y Sequeiro) y luego por el propio excomandante Manini Ríos o sea que en total 7 de los 16 generales del Ejército lo hicieron. Posteriormente, con dudas y salvedades, también fue homologado por el Poder Ejecutivo.

La complicidad del gobierno

Las revelaciones de los pormenores de las actas del “Tribunal de Honor” vuelven a poner en primer plano las responsabilidades de los distintos gobiernos del Frente Amplio en la impunidad del terrorismo de Estado y de la reivindicación de esa época que realizan las Fuerzas Armadas.
Luego de haber dejado a actuar durante años a Manini Ríos con su injerencia en asuntos políticos y sus conductas profundamente antidemocráticas poniendo en su lugar a un claro continuador de ese mismo pensamiento como José González, que al asumir reivindicó la obra de Manini y fue partícipe directo en el “Tribunal de Honor”.
¿Cómo puede ser que un militar que ampara, protege y silencia las confesiones y revelaciones de Silveira y Gavazzo sea “premiado” por el Frente Amplio dándole el cargo de Comandante del Ejército? ¿Cuál es el grado de acuerdos y negociaciones que tiene el Frente Amplio con estas Fuerzas Armadas ejecutoras del terrorismo de Estado que reivindican su accionar en la dictadura y obstaculizan de todas las maneras posibles el accionar de la Justicia?
Esta política del Frente Amplio, que va en el sentido de la reconciliación y la "vuelta de página" muestra la actualidad del Pacto del Club Naval (1984) con la que todo el régimen político quiso preservar al aparato represivo del Estado y evitar cualquier cuestionamiento.

El juego a la derecha

El nombramiento de un continuador como González, del que ahora se conoce que fue incapaz de la más mínima crítica ante las revelaciones de torturas y crímenes políticos, revela también que las Fuerzas Armadas guardan tal autonomía que son capaces de imponer nombramientos por encima del poder político.
En el día de ayer sectores del oficialismo (Michellini, Nuñez, Puig, Castillo entre otros) se escandalizaban y pedían la renuncia de González. Pero antes de estas terribles declaraciones no dijeron nada, aun sabiendo que el nombramiento de González era más de lo mismo, y que más allá de los nuevos datos conocidos ya se sabía que el nuevo comandante era la continuidad de Manini y que la protección de genocidas y torturadores está amparada por las Fuerzas Armadas de conjunto y sostenida por el gobierno que ellos mismos integran.
Tras la resolución tomada por Vázquez, muchos saludaron la decisión, pero otros remarcaron que el presidente debió haber leído las actas del tribunal militar.
Cuando el mandatario homologa los textos del tribunal, lo hace señalando que se vieron los fallos de las actas, en los que debería figurar las confesiones de Gavazzo y Silveira y su integración (el destituido comandante estaba allí).
Algunos dirigentes políticos, como el diputado Ope Pasquet, dijo que la resolución había sido acertada, pero criticó que haya sido "tarde", ya que consideró que Vázquez leyó efectivamente las actas en donde todo quedó esgrimido. También Larrañaga es otro que salió a posar descaradamente en este asunto.
Las declaraciones hipócritas de estos dirigentes derechistas buscan deslindarse de responsabilidades cuando son los que con el conjunto del régimen han sostenido y defendido la impunidad de los genocidas.
Pero en tiempos de avances derechistas en la región ¿Quién realmente le está haciendo el juego a la derecha? ¿Quién la deja actuar para que se envalentone y tome fuerza?
¿Cómo no relacionar el silencio cómplice ante las declaraciones que surgen del tribunal de honor (que como mínimo merecían una condena absoluta y su paso a la Justicia Ordinaria) con la propia represión de hace unas pocas semanas a los que se manifestaron en la Marcha por el Agua?

¡Acabar ya con la impunidad!

No se trata de simples hechos del pasado, como los militares y los propios dirigentes del Frente Amplio nos quieren hacer creer.
Las fuerzas represivas han sido alimentadas, profesionalizadas y modernizadas por este gobierno a lo largo de sus 3 periodos. Es el propio gobierno quien ha fortalecido a la Dirección de Información e Inteligencia (DII) y el Departamentos de Operaciones Encubiertas, organismos que se encargan de fichar, infiltrar y perseguir opositores.
Su cometido no es otro que atacar la protesta social, vigilar y criminalizar a todos los que resisten los ataques del capital y su sed de ganancia y explotación.
No se trata simplemente de destituir a González y algunos otros, hay que ir a fondo contra toda una organización que protege criminales de lesa humanidad. Para empezar deben ir presos también toda la oficialidad (empezando por Manini Ríos) y funcionarios civiles que intentaron ocultar esta información surgida del llamado “Tribunal de honor”, como a su vez todos los genocidas civiles y militares de la dictadura que todavía permanecen impunes. Se debe también cuestionar la función de la institución Fuerzas Armadas y el conjunto del aparato represivo.

Hernán Yanes
Sebastián Artigas

Malvinas: una guerra justa, en manos de cobardes genocidas

Ayer la ocupación de Malvinas por los ingleses y hoy el saqueo que el capital financiero internacional y el FMI le imponen a nuestro país son actos de agresión imperialista contra la soberanía nacional. Revisamos las causas e intereses en juego y los fundamentos de quienes aún sostenemos que Malvinas era una guerra justa.

Desterrar de la cultura política nacional la posibilidad de encarar una guerra antiimperialista ha sido el centro de la llamada política de “desmalvinización”, cuyo núcleo central consiste en olvidar la guerra de Malvinas como suceso bélico anticolonial capaz de alcanzar la victoria. Esta operación ideológica y política está al servicio de transformar en “sentido común” la idea de que los países oprimidos como el nuestro no tienen más destino que negociar su grado de sometimiento.
En este sentido, el proceso de restauración democrática de 1983 imprimió en la conciencia nacional un sentimiento derrotista y pacifista. Desde la postdictadura, los diferentes gobiernos nacionales fueron variando los discursos sobre la reivindicación de la soberanía de Malvinas en una línea de continuidad que no promoviera ninguna medida antiimperialista para lograrla.

Los intereses en juego

El desenlace bélico de Malvinas no fue un rayo en el cielo sereno, se inscribe en un momento histórico más amplio que excede el suceso de la guerra. Los años ´80 estuvieron marcados por un contexto latinoamericano de inestabilidad y crisis económica, agudizados en nuestro país por la mayor integración y dependencia nacional al capital financiero externo heredado de la etapa de Martinez de Hoz. Esta crisis se tradujo en recesión, la elevación de las tasas de desempleo y desigualdad social. La clase trabajadora comenzó a desafiar al gobierno militar de manera más abierta, sumándose sectores de las clases medias afectadas por la crisis financiera. Aunque esta confluencia de factores no implicaba una amenaza inmediata, el despertar de la movilización política daba muestras de la pérdida de estabilidad del régimen militar, desgastado ya en otros frentes como el de los reclamos por los desaparecidos y contra el terrorismo de Estado, encabezados por las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos.
El acto y la movilización convocada por la CGT hacia finales de marzo de 1982 profundizaron las señales de alarma para el régimen militar. La dictadura buscó recuperar la iniciativa reformulando el plan original sobre Malvinas elaborado por el titular de la Armada, el almirante Jorge Isaac Anaya, desde enero de 1982, que ahora encontraba aliados en sectores del Ejército identificados con Leopoldo Fortunato Galtieri. [1] Aunque desde marzo se preparaba la orden de desembarco, el momento de concretarlo se decidió a partir de la escalada diplomática con Gran Bretaña y las necesidades del frente interno, apelando al genuino odio anticolonialista contra la ocupación británica. [2] La hoja de ruta prevista no se proponía la recuperación de las islas sino obligar mediante un acto de fuerza como el desembarco, una negociación con Gran Bretaña.
En el plano internacional la Junta Militar suponía asegurado el apoyo norteamericano a la estrategia argentina. El arribo del comandante en jefe del ejército Galtieri al frente de la Junta en reemplazo de Roberto Viola, en diciembre de 1981, había contado con el aval de la administración republicana de Ronald Reagan, con el que se compartía un ferviente anticomunismo y del que se esperaba una cierta retribución a cambio de la colaboración en las acciones de contrainsurgencia practicadas en Centroamérica.
Los cálculos fallaron en varios campos. Respecto a EEUU se confundió alineamiento ideológico con intereses imperialistas pues se mantuvo aliado a Gran Bretaña, colaborando militarmente con información de inteligencia y logística y promoviendo sanciones económicas. [3] Tampoco esperaban que Gran Bretaña respondiera militarmente, pues el gobierno de Margaret Thatcher atravesaba una situación económica y política crítica. Sin embargo, la respuesta belicista británica fue un gesto de reafirmación de su experiencia, dominio histórico de los mares y poderío imperialista además de un intento de contrarrestar su debilidad declarando la ofensiva en el Atlántico Sur, iniciada el 2 de mayo a partir del hundimiento del crucero General Belgrano.

Hay guerras y guerras...

El debate en el caso de Malvinas se suscita no especialmente en la complejidad del escenario bélico o la reconstrucción completa de los hechos sino en el posicionamiento político y la intervención a los que toda guerra obliga. Aquí se entra en un terreno de arenas movedizas. Si es firme el consenso en cuanto al carácter aventurero de la política desplegada por la Junta militar, este se diluye a medida que nos aproximamos a definir cuál fue el carácter de la guerra y la política hacia la misma.
La primera consideración parte de reconocer el estatus de Malvinas como un enclave colonial, aceptado incluso por la ONU - resolución 2065 (XX): “el caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que debe ponerse fin” -, usurpadas históricamente por los ingleses desde 1833, ocupando una parte del territorio nacional. En este sentido, la declaración de guerra por la Junta Militar implicó una acción anticolonial más allá de sus propósitos políticos. Una vez declarada la guerra por ambos bandos había que tomar partido.
Esta situación abrió varios posicionamientos, entre los que podríamos distinguir varias vertientes. La mayoritaria, avalada por los grandes partidos burgueses, especialmente agrupados en la Multipartidaria, [4] y las principales organizaciones sindicales - tanto la CGT Brasil como la más oficialista CGT Azopardo - respaldaron el reclamo soberano subordinándose a la dirección política de la Junta Militar, postergando cualquier reclamo sectorial en pro de la unidad nacional detrás de la causa patriótica. [5] Los mismos que una vez finalizada aceptaron la subordinación y protección de los intereses imperialistas en el país.
Otra hipótesis planteaba que la guerra constituía un acto de continuidad del Proceso y el terrorismo de Estado por otros medios. [6] Por ese motivo, la guerra estaba condenada a la derrota antes de iniciarse. Una posición que se transformó luego en sustento para la imposición de una conciencia pacifista [7] en los años ochenta, con efectos que ensombrecieron la experiencia de un país semicolonial que defendía su soberanía. Lejos de transformarse en un factor moralizador para América Latina, el triunfo inglés implicó una mayor subordinación al imperialismo, el fortalecimiento del colonialismo británico, dando impulso al neoliberalismo encabezado por Reagan y Thatcher en todo el mundo.
En la guerra de Malvinas se ponía en juego algo más que “la popularidad” de la dictadura. Y eso nos lleva a plantear una tercera posición, que los marxistas revolucionarios sostenemos para definir el carácter de toda guerra, partir de la situación internacional y las relaciones entre los Estados en pugna porque el mundo no es una sumatoria de Estados nacionales sino una realidad económica, social y política jerárquicamente integrada. Esto implicaba reconocer que Inglaterra pertenece al reducido grupo de países imperialistas que someten al resto del mundo semicolonial como el nuestro. En ese sentido, la guerra de Malvinas se trataba de una “guerra justa” de un país oprimido contra sus opresores colonialistas sin negar en este acto las contradicciones que implicaba que fuera la dictadura quien la declarara. [8]
Era necesario entonces estar en el campo militar del país oprimido sin someterse a su dirección política. Estar por la derrota de la intervención militar inglesa contribuiría a debilitarla como potencia imperialista y “si hubiera sido derrotado el imperialismo, una renovada conciencia nacional y democrática hubiese dado un fuerte impulso al movimiento de masas para derrotar en forma revolucionaria la dictadura y evitar la transición pactada”. [9]
Los socialistas no le otorgamos ningún liderazgo a las burguesías nacionales ni a sus Fuerzas Armadas en la lucha de liberación nacional. Por el contrario, sostenemos que la pelea por las demandas democráticas y de liberación nacional sólo puede ser llevadas hasta el final (su resolución íntegra y efectiva) bajo el liderazgo de la clase obrera, manteniendo su independencia política y perspectiva estratégica.

La política por otros medios

Toda guerra como fenómeno social y político abre escenarios y dinámicas imprevisibles. La definición de la guerra como continuación de la política por otros medios, es decir a través de la violencia, implica que las relaciones de fuerza entre las clases que participan en ella pueden ir modificándose a lo largo del conflicto y es la política la que define su norte estratégico.
La guerra es un fenómeno cambiante que se desenvuelve en el tiempo. Aunque no desapareció la desconfianza hacia la Junta Militar, la reivindicación de Malvinas logró una fuerte adhesión en todo el país y fueron incansables las acciones solidarias para derrotar a los ingleses y el apoyo a los soldados. Los 74 días que duró el conflicto fueron suficientes para dar muestras del rechazo de los soldados a la oficialidad, como relatan muchos excombatientes, a partir del maltrato, el castigo y la tortura de sus superiores, la falta de planificación y la improvisación de la conducción militar.
No está de más recordar que toda guerra implica una experiencia excepcional, de condiciones hostiles y privaciones que de desarrollarse podrían haberse convertido en factores que profundizaran el odio hacia la dictadura y las tendencias a acciones independientes. Como señala Federico Lorenz “a pequeña escala (nuevamente en las cartas, pero también en los informes de los servicios de inteligencia), aparecen resistencias, cuestionamientos y oposiciones que matizan una de las imágenes más fuertes construidas en relación con la guerra: la de una sociedad homogénea y dócil manejada por los dictadores”. [10]
Otra contradicción para la “aventura militar” era la existencia de la conscripción militar obligatoria, la mayoría de las tropas destinadas a Malvinas estuvieron formadas por soldados conscriptos entre 18 y 20 años. A diferencia de los ejércitos profesionales implicaba el reclutamiento masivo entre los sectores populares permitiendo que los lazos entre los soldados y el pueblo, previos a la guerra, no se interrumpieran. Estaba planteado profundizar esos vínculos, alentando el alistamiento general de todo hombre y mujer en condiciones de hacerlo. No lo iba a hacer la dictadura genocida, era necesario imponerlo desde las organizaciones obreras para que los trabajadores y el pueblo, los únicos verdaderamente interesados en derrotar a los colonialistas, conscientes de la justeza de la guerra que emprendían, ganaran autonomía y organización, ampliando los objetivos militares del conflicto.
Es decir, sin ignorar las consideraciones tácticas propias de toda guerra, se trataba de dotarla de otra estrategia. Pelear en todos los terrenos por una política independiente de la clase trabajadora, que buscara respaldarse en la movilización de nuestros hermanos latinoamericanos solidarios con el reclamo del país y debilitara los intereses imperialistas, dejando de pagar la deuda externa, bloqueando sus inversiones, expropiando sus empresas. Como rescatan los investigadores Pablo Bonavena y Flabián Nievas, “Un signo inconfundible del carácter limitado del enfrentamiento promovido por la dictadura, que desnuda su incompatibilidad con una política seria contra el imperialismo, se hace evidente a partir de la falta de cualquier tipo de acción sobre los intereses británicos en el suelo argentino continental durante la conflagración. Por ejemplo, la CGT de Chubut y la Regional Trelew de la misma organización reclamaron la incautación de todas las empresas británicas de la provincia y hubo denuncias sobre la provisión de petróleo desde el sur del país para proveer a la flota inglesa. Estos intereses se mantuvieron impolutos.” [11]
La lucha contra el colonialismo inglés era solo el inicio de los objetivos y el programa político de los socialistas revolucionarios. La clave consistía en desarrollar la movilización, aspecto indispensable para la realización de estas medidas, y la autoorganización de los trabajadores y el pueblo, para derrotar la agresión imperialista y crear las condiciones de la caída revolucionaria de la dictadura, en la perspectiva de instalar un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Liliana O. Caló

[1] Ver Cardoso Oscar, Raúl, Kirschbaum, Ricardo van der Kooy, Malvinas. la trama secreta, Buenos Aires, Editorial Planeta, 1992.
[2] Federico Lorenz responde a la pregunta sobre por qué Malvinas señalando que desde la década del treinta del siglo XX se había transformado en el símbolo de una causa nacional. "Las islas se constituyeron en un territorio irredento que debía ser recuperado para la soberanía nacional, en el marco de una visión general de la historia que colocaba a la República Argentina como víctima de sucesivos despojos territoriales por parte de países limítrofes como Chile y el Brasil." Federico Lorenz, Malvinas. Una guerra argentina, Editorial Sudamericana, 2009.
[3] Francia optó por el mismo camino, a inicios de abril dispuso la prohibición de la venta de armas y el cese de toda asistencia militar, una señal clara hacia sus posesiones en el continente americano.
[4] Creada en julio de 1981 estuvo integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo para discutir la transición con la dictadura, se negó a recibir a las Madres y avaló el llamado de la Iglesia Católica a la reconciliación.
[5] Ver La Guerra de Malvinas. Por Dios y por la Patria
[6] Así lo entendieron intelectuales como León Rozitchner y Beatriz Sarlo. Ver León Rozitchner, Las Malvinas: de la guerra “sucia” a la guerra “limpia, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985; Beatriz Sarlo, “¿La voz universal que toma partido? Crítica y autonomía”, en Revista Nueva Sociedad Nº 150. Julio-Agosto, 1997.
[7] La intervención del Papa Juan Pablo II, que viajó días antes de la rendición argentina, fue crucial para preparar “los ánimos para la derrota” y “pacificar” el estado de movilización que despertó la guerra.
[8] En la época el Partido Socialista de los Trabajadores planteaba "en el conflicto militar entre el ”democrático” imperialismo inglés y el ultrarreaccionario gobierno de una nación oprimida, sin vacilar ni por un minuto, combatiremos y llamaremos a la clase obrera y los pueblos oprimidos de todo el mundo a combatir en el campo militar de la dictadura argentina.", en Panorama Internacional, año VI, N° 20, mayo de 1982, revista del PST.
[9] Venezuela y la ofensiva recolonizadora en América Latina
[10] Federico Lorenz, “El malestar de Krímov. Malvinas, los estudios sobre la guerra y la historia reciente argentina”, Revista Estudios N° 25 -ISSN 0328-185X (Enero-Junio 2011) pp. 47-65.
[11] Pablo Bonavena y Flabián Nevas, “Una guerra inesperada: el combate por Malvinas en 1982”, en Cuadernos de Marte. Revista latinoamericana de Sociología de la Guerra, Año 2, N°. 3, julio 2012.

Brexit: naufragio de May e incertidumbre en el Reino Unido

El día tan temido llegó. El 29 el Reino Unido tenía que retirarse de la Unión Europea tras el proceso de negociaciones conducidos por la primera ministra, Theresa May, y sus socios europeos en Bruselas. Desde que el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que se inician las negociaciones con Bruselas para su retirada de la Unión Europea, solo hubo malas noticias para May. Además, lejos de una “salida ordenada” las últimas semanas se transformaron en un caos político. La mandataria, acorralada por su propia ineficacia política, llegó incluso a ofrecer su propia dimisión.
Las negociaciones del plan de salida sacaron a la superficie las viejas divisiones internas del partido conservador. Dos hechos anecdóticos ejemplifican esta fractura. En la noche del referéndum de 1975, sobre la pertenencia o no al mercado común, Margaret Thatcher, la entonces líder de los conservadores, apareció con un suéter adornado con la bandera de los nueves países que en ese momento conformaban la Comunidad Europea en un ostentoso acto de desafío al ala europeísta de su partido. Casi una década después, en su discurso en Bruselas en 1988 la “dama de hierro” afirmó: “el destino del Reino Unido está en la Comunidad Europea”.
Desde entonces, la relación con sus socios europeos es lo que está detrás de la aguda crisis del partido conservador. En 2016, el primer ministro de entonces, David Cameron, convocó un segundo referéndum con el objetivo de aplacar al sector euroescéptico de su formación y evitar una sangría de diputados a las filas del nacionalista y xenófobo UKIP. Visto en retrospectiva, podría pensarse que Cameron convocó el referéndum de una manera precipitada. Con una arrogancia propia de la elite dirigente pensó que iba a ganar, pero no fue así. Ayer Cameron, hoy los dirigentes euroescépticos, recurren al Brexit para dirimir sus luchas internas. En los últimos meses se confirmó la hipótesis de una tendencia a la profundización de la polarización y la fractura.
El partido histórico de la clase dominante se encuentra dividido entre el sector europeísta, que favorece las relaciones comerciales con sus socios continentales del cual el capitalismo británico es cada vez más dependiente y el sector más ortodoxo, que quiere tener las manos libres para comerciar a su antojo con quien le plazca. Este último, al igual que UKIP, el recientemente formado “Brexit Party” liderado por Nigel Farage y demás formaciones de la extrema derecha en Europa, coinciden en un discurso populista, antiinmigrante y de neoliberalismo económico. Sus referentes hablan de ejercer el mandato popular de salir de la UE y de romper las cadenas que atan a Bruselas para ser nuevamente una nación libre y poder comerciar con quien se quiera en las condiciones que se quieran.
El efecto Brexit traspasa las fronteras nacionales ya que representa un golpe para el bloque europeo que no quiere que se concrete el divorcio. La partida de uno de sus principales socios no es un síntoma de buena salud. Después de todo, el Reino Unido es la 10ª mayor economía de exportación en el mundo y, después de Estados Unidos, los principales destinos de las exportaciones de este son Alemania, los Países Bajos, Francia y China. Los principales orígenes de sus importaciones son Alemania, los Países Bajos, Estados Unidos y Francia.
El momento político tampoco parece ser el oportuno, sobre todo si tenemos en cuenta que la figura de Emmanuel Macron está cuestionada por el movimiento de los chalecos amarillos y Angela Merkel, uno de los pilares del proyecto europeísta ha anunciado que no volverá a presentarse a la presidencia de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU)
En el plano interno, May se ha convertido en un cadáver político. Su intento de jugar de árbitro entre las dos alas fracasó. Su acuerdo está prácticamente muerto. Está por verse quien quedará al mando de su formación. El parlamento decidió tomar las riendas del asunto y así erosionó su autoridad a nivel nacional. Sin embargo, el hecho de que ninguna de las alternativas del proceso de votaciones indicativas del miércoles haya obtenido mayoría habla de la crisis orgánica abierta.
El opositor partido laborista también está atravesado por fracturas internas. Por una parte, sectores de su histórica base obrera en el referéndum del 2016 votaron irse: no solo aquellos afectados por la desindustrialización sino también con empleo, seducidos por un discurso proteccionista y antiinmigrante. Luego de la elección de Jeremy Corbyn como líder, esta formación recibió un afluente de votos de la juventud organizada alrededor de Momentum. Esta organización cuenta con casi 40.000 afiliados y una consulta a 6.500 miembros de noviembre de 2018 arrojó que un 89% considera que un Brexit sin acuerdo debe ser rechazado y el 82% considera que el Brexit empeorará la situación de sus amigos, su familia y su comunidad. La juventud de Momentum, que participa de las huelgas de trabajadores precarios en distintos sectores es favorable a mantener la unidad con Europa y se moviliza contra la xenofobia y organiza acciones de defensa de inmigrantes y refugiados. Corbyn, trata de hacer acrobacia entre estos dos sectores.
Otro aspecto de la profundidad de la crisis está relacionado con la unidad estatal del Reino Unido. En Escocia, donde el “remain” ganó con un 62%, han aumentado las tendencias separatistas del país, varias encuestas realizadas muestran que los indecisos estarían más inclinados a votar por la independencia si hay un Brexit sin acuerdo.
Por otra parte, en Irlanda del Norte, el voto por “remain” conquistó un 55,8% de los votos. Una serie de encuestas realizadas en esta región arrojó un aumento en el deseo de separase del Reino Unido y unificarse con la República de Irlanda. Nadie quiere volver a la frontera blindada, ni volver a escribir el Acuerdo de Viernes Santo, con el que Tony Blair desactivó el conflicto entre las dos Irlandas en 1998.
Todo indicaría que en la situación política actual el Reino Unido se encamina a un Brexit sin negociación —una salida salvaje—, el escenario más temido para los líderes de Bruselas y para el sector empresarial británico. Si bien no se puede descartar que encuentren alguna fórmula de último momento que combine algunos de los aspectos contemplados en el voto indicativo, en particular, un mercado único o una unión aduanera, el tiempo no actúa a favor. Por ahora parece que no hay una propuesta de consenso que unifique las distintas alas, ni una figura que se ubique por encima para presentar una alternativa a la crisis del Brexit. A solo dos semanas de la fecha de salida no sé sabe con certeza quien llevará adelante la compleja tarea del divorcio con la UE. Lejos de una “salida ordenada”, como prometió May, lo que hay es una receta para el desastre.

Alejandra Ríos